Saca Reino Unido a México de su lista roja de países de riesgo por COVID-19

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El Gobierno de Reino Unido reducirá a siete países su lista roja de territorios de riesgo por coronavirus, que a partir del próximo lunes incluirá solo a Venezuela, Perú, Panamá, Haití, Ecuador, República Dominicana y Colombia.

Otros 47 países a los que hasta ahora se les aplicaban las máximas restricciones de viaje para evitar contagios de COVID-19 se retirarán de esa categoría, entre ellos México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Paraguay y Uruguay.

En el caso de México, el canciller Marcelo Ebrard agradeció a Liz Truss, secretaria de Estado británica, por su participación para que deje de exigirse cuarentena a connacionales que visiten tal “país amigo”.

Solo ciudadanos británicos y personas con permiso de residencia en Reino Unido pueden acceder al país desde un destino incluido en la lista roja, y se les exige además una cuarentena de diez días en un hotel designado por el Gobierno a su llegada.

Reino Unido eliminó este mes las categorías verde y ámbar de su semáforo de viajes, por lo que los viajeros procedentes de cualquier otro destino deben someterse a un único test de coronavirus tras su llegada al país en caso de estar vacunados.

El ministro de Interior británico, Sajid Javid, anunció por su parte que ese test podrá ser a partir de ahora una prueba de antígenos, en lugar de la más costosa PCR.

Para los no vacunados, continúa siendo obligatorio dar negativo en un test tres días antes de viajar y someterse a otras dos pruebas una vez en territorio británico, al segundo y octavo día tras la llegada, además de cumplir una cuarentena de diez días en un lugar elegido por el viajero.

“Las medidas anunciadas hoy marcan el siguiente paso de la apertura a los viajes. Ofrecen estabilidad a los pasajeros y a la industria”, afirmó en un mensaje en Twitter el ministro de Transporte británico, Grant Shapps.

El Gobierno ha avanzado además que reconocerá como válidos los certificados de vacunación de 37 nuevos territorios, incluidos Brasil, Hong Kong, India, Pakistán, Sudáfrica y Turquía.

(Fuente: EFE)

Estados Unidos donará 80 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19; Maduro los llama “miserables”

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Estados Unidos anunció el jueves que donará 80 millones de dosis de vacunas anticovid para ser distribuidas globalmente, el 75% de las cuales serán repartidas por el programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en regiones como América Latina.

“Compartimos estas dosis no para asegurar favores u obtener concesiones” sino “para salvar vidas y liderar al mundo para poner fin a la pandemia, con el poder de nuestro ejemplo y con nuestros valores”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado.

Para las dosis compartidas a través del Covax, el gobierno de Biden dijo que priorizará a países de América Latina y el Caribe, así como del sur y sureste de Asia y África.

“El proceso para exportar los primeros 25 millones está en marcha”, dijo a periodistas el coordinador de respuesta de la covid-19 para la Casa Blanca, Jeff Zients. “Cumpliremos el compromiso del presidente de 80 millones de dosis para fines de junio”.

El primer tramo proviene del suministro federal de dosis y estará compuesto por una combinación de las tres vacunas anticovid que actualmente cuentan con autorización de uso de emergencia de Estados Unidos: las de Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer/BioNTech.

Casi 19 millones se entregarán a través del Covax: unos 6 millones serán para América Latina y el Caribe, cerca de 7 millones para Asia y unos 5 millones para África.

En el continente americano, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití, países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y República Dominicana, recibirán inmunizaciones según esta asignación.

Además, el gobierno de Biden destinará 6 millones de dosis directamente a socios regionales, como México y Canadá; a países y territorios “con necesidades inmediatas”, como Haití, Cisjordania y Gaza, Ucrania, Kosovo y Yemen, entre otros; y a trabajadores de primera línea en las Naciones Unidas.

Estados Unidos quiere “mantener cierta flexibilidad” sobre la asignación de dosis fuera de la fórmula de Covax según sea necesario, explicó el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.

– “Muy agradecido” –

El anuncio de Biden, que inicialmente se había comprometido a enviar al extranjero 60 millones de dosis y luego lo amplió a 80 millones, fue muy bien recibido.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo estar “muy agradecido” por la iniciativa, mientras que la titular de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, exhortó a otros países con excedentes de vacunas a seguir “el ejemplo de Estados Unidos”.

Etienne recordó que en Latinoamérica y el Caribe solo el 4% ha completado su esquema de inoculación y dijo que la región, “epicentro del sufrimiento por la covid-19, debería ser también un epicentro de vacunación”.

Y mientras unos agradecieron, otros, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deploraron no haber sido incluido en el reparto.

“¡Miserable! Miserable, no solo persiguen para que no le vendan vacunas a Venezuela, si no que además cuando pueden abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos y las venezolanas”, acusó Maduro.

“Odian y desprecian a Venezuela”, añadió el mandatario, que insistió que su país está sometido a una “persecución horrorosa” para que no lleguen vacunas.

El embajador estadounidense para Venezuela, James Story, que está basado en Bogotá, pues Washington y Caracas carecen de relaciones, explicó que la exclusión obedece a que el país “carece de una transparencia de la entrega de las vacunas a las personas que necesitan”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contó que habló del tema con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien viajará a México la próxima semana.

“Tuvo la gentileza de informarnos, antes del anuncio que hicieron en Estados Unidos, la decisión de enviarnos un millón de vacunas Johnson & Johnson de una sola dosis”, tuiteó.

El presidente costarricense, Carlos Alvarado, que esta semana recibió al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en su primer viaje a la región, celebró “el plan del presidente Biden para proveer más vacunas contra covid-19 a nivel global y fortalecer el mecanismo Covax”.

También India, uno de los países más golpeados por la pandemia, expresó su gratitud.

“Agradezco profundamente la garantía de suministro a India como parte de la estrategia de Estados Unidos”, dijo el primer ministro, Narendra Modi, tras hablar con Harris.

El Covax, codirigido por la OMS, la alianza para las vacunas Gavi y la coalición para la preparación ante epidemias Cepi, se creó en junio de 2020 para garantizar una distribución equitativa de las vacunas anticovid, especialmente en los países de bajos ingresos que reciben las inmunizaciones gracias a donaciones.

“Este anuncio nos permite llevar rápidamente más dosis a los países en un ambiente de suministro global tenso”, dijo el director ejecutivo de Gavi, Seth Berkley, al saludar la decisión de Biden.

El objetivo del Covax es suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante este año.

A través del Covax ya se entregaron 80 millones de dosis en 127 países y territorios. El 97% son de la vacuna AstraZeneca, aún no autorizada por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, y en el resto de Pfizer-BioNTech.

La OPS, que facilita la adquisición de vacunas del Covax en el continente americano, dijo que hasta el momento, más de 18,9 millones de dosis fueron enviadas a través de este mecanismo a 31 países de las Américas.

(Fuente: AFP)

AMLO entre los Presidentes que más hostigan a la prensa en AL, según la SIP

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El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra entre los Mandatarios de América que más hostigan a los medios de comunicación, junto con el de Brasil, Jair Bolsonaro; de El Salvador Nayib Bukele, y Alberto Fernández, de Argentina. 

Así lo refieren las Conclusiones de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que sostuvo una reunión virtual ante las condiciones actuales que impidieron celebrar el encuentro en Coahuila. 

Desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas. Los Mandatarios Nayib Bukele, de El Salvador; Jair Bolsonaro, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador, de México, y Alberto Fernández, de Argentina, son quienes más hostigan al periodismo”, señaló la SIP. 

Ahí, también revelaron que los presidentes de Bolivia, Venezuela, Cuba, El Salvador y Nicaragua utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas.

En el encuentro, condenaron el asesinato de ocho periodistas, cuatro en México y los demás en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras. 

Además, se insistió a los gobiernos de Brasil, México, Ecuador, Guatemala y Honduras a que cumplan con la responsabilidad de determinar responsables materiales e intelectuales en casos de asesinato o desaparición de periodistas, y se criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos, por negarse a sancionar al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, por el asesinato en 2018 del columnista Jamal Khashoggi.

En el caso de Estados Unidos destacó que la violencia contra periodistas en el ejercicio de sus funciones continuó durante coberturas de protestas sociales, hubo 133 arrestos o detenciones de periodistas durante el ejercicio de su profesión, la mayoría durante las protestas de Black Lives Matter.

También alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas por los constantes ataques relacionados con estereotipos y roles, de las que son sujeto tanto en coberturas presenciales como en línea.

En este sentido instó a las empresas periodísticas a eliminar todo tipo de diferenciación por género en materia de beneficios y derechos, mejorar los protocolos contra el hostigamiento sexual laboral y asegurar un ambiente libre de acoso.

Respecto a la actividad periodística en la pandemia, la Sociedad subrayó que ha habido un esfuerzo constante por parte de los periodistas y los medios de comunicación, y lamentó la muerte de más de 500 de sus elementos en medio de la crisis sanitaria actual. 

De ruptura y división

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Lo que vive México hoy en día no es nuevo, ni tampoco es único en el mundo, pero es difícil y doloroso. La división que caracteriza estos tiempos modernos es producto de años, décadas, de injusticias y abusos hacia el pueblo mexicano.

Se puede notar en lo más básico como lo es una conversación con tus padres o tus amigos a la hora de la comida. Es común que conforme se vaya desenvolviendo la plática, se acabe tocando el tema de la política o de los conflictos sociales. Notas que hay división al instante: hay dos o más posturas en la mesa que parecen ser irreconciliables. El video que se viralizó esta semana de los insultos hacia el presidente en un vuelo comercial son el ejemplo perfecto de que nuestra sociedad se partió en dos. Y ambas partes pueden tener su pedazo de razón. Y así es también a gran escala.

El presidente López Obrador ha dedicado su vida a luchar en contra de lo que él llama la mafia del poder, del periodo neoliberal. Ganó en 2018 en gran parte por el voto de castigo al PRI y al PAN, y también porque supo unir a todo mexicano decepcionado. Ganó y contundentemente, pero su discurso informal de “conmigo o contra mí” no beneficia en lo absoluto a la nación, y nos aleja del pensamiento de una eventual reconciliación.

Él y su gente repiten constantemente que los partidos antiguos abusaron de México, lo saquearon y lo dejaron lastimado, roto y vulnerable. Y objetivamente, es verdad. La corrupción que caracterizaba a aquellos partidos era, y es, descarada y brutal.

Del otro lado, los opositores a la llamada “Cuarta transformación” argumentan que las medidas del nuevo gobierno son dañinas, anticuadas, poco efectivas, caras y muchas veces innecesarias. Y, objetivamente, también tienen razón.

No puedes hablar de un país en progreso sin energías limpias, sin inclusión, sin ciudades accesibles, sin impartición de justicia. Todos estos parecen temas secundarios en este gobierno. Duele ver cómo lo único seguro es que todas las mañanas se van a quejar del pasado.

La división política y social no es fenómeno exclusivo de México. De hecho es muy frecuente en el mundo. El ejemplo más notorio es Estados Unidos y su sociedad dividida. Venezuela también. Ecuador está atravesando por un proceso electoral de dos bandos opuestos. En Brasil, Jair Bolsonaro se volvió presidente como resultado de una profunda ruptura social, causada por problemas de corrupción en los altos círculos políticos. 

Cada país debe responsabilizarse y hacerle frente a la sociedad dividida. Buscar, por medio del diálogo y de puntos medios, la reconstrucción de la unidad en miras al bien común.

Aquí en México, tenemos que involucrarnos como ciudadanos en la construcción de una sociedad unida y proactiva. Involucrarnos todas y todos significa que con el paso del tiempo tendremos mejores gobiernos, mejores procesos, mejores avances, mejores comunidades y mejores oportunidades. La división se resuelve desde lo más esencial: la familia y la comunidad. Trabajemos en la reconciliación y el acuerdo, que aunque sea un camino largo, será eventualmente la solución a lo que necesita nuestro país.

Al final del día, mexicanas y mexicanos somos todos, y el bien común debe ser siempre nuestra meta.

¿Qué opinas al respecto?

Ordenan en Ecuador la detención del expresidente Correa

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Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó la localización y captura del ex Presidente Rafael Correa, condenado a ocho años de prisión por cohecho en un caso conocido como “Sobornos 2012-2016“, por el cual también perdió su derecho a participar en elecciones.

El juez Iván León dispuso que este mismo miércoles se cursen los oficios respectivos a las autoridades policiales para la inmediata localización y captura de los sentenciados.

El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el Palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.

El pasado día 7, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recurso interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.

La condena también impidió a Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde hace tres años, contender por la Vicepresidencia el próximo año, como aspiraba.

Además de Correa, la orden pesa contra su ex Vicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de corrupción), y otros ex funcionarios y varios empresarios también envueltos en la trama de corrupción, que ellos niegan.

Entre ellos figuran Alexis Mera, María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.

El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone “la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena”.

Asimismo, decidió enviar al Ministerio de Economía una orden para que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas, en calidad de ex mandatarios.

También ordena que las instituciones pertinentes tomen nota de los montos sobre la indemnización a las víctimas del delito-en este caso, el Estado-sobre el comiso de bienes para cumplir con la “reparación integral” por un monto global de 14 millones 745 mil 297.16 dólares.

En el caso de Correa y otros condenados como autores o coautores del delito, se impone un pago de 778 mil 224.017 dólares a cada uno, mientras que una cuantía de 368 mil 632.43 dólares a los cómplices.

 

(Con información de El Norte)

Revocación de mandato del Presidente de la República

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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Pandemia económica

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Alcanzados los dos millones de contagiados a nivel mundial, los servicios de salud a nivel mundial se ven rebasados por el desafío que supone contener la fuerza de la pandemia. Aquellos que se decían estar más preparados entierran a sus cuerpos en fosas comunes de la misma forma que aquellos que menos tienen.

Sin afán de ser más optimista de la cuenta, considero congruente pensar que la pandemia terminará y que llegará el día en que podremos retomar nuestras actividades, salir a las calles y continuar con nuestras vidas, lo que no significa bajo ninguna base que “volveremos a la normalidad”. Los pronósticos hechos para dentro de los próximos meses y años tendrán que ajustarse y, desafortunadamente, los primeros en hacerlo son los de materia económica.

El BID da a conocer que para América Latina, la crisis supondrá una contracción de hasta un 5.5% del PIB en 2020, algo de dimensiones históricas y perfectamente comparable con eventos como la Gran Depresión. Ecuador (dolarizado) y México son los que aumentan el promedio (contracción por encima del 6% en ambos casos), seguidos de Argentina (con su propia crisis a nivel interno desde hace años) y Brasil (economía más grande de Latinoamérica).

Llamada “la región más desigual del mundo”, América Latina debe prestar especial atención a su propio futuro económico, pues los efectos post-crisis no tendrán precedente. Si bien la Gran Recesión tuvo un impacto global, los estragos de ésta se concentraron en los países desarrollados (Estados Unidos y Europa) y en menor medida en nuestra región. Inclusive en algunos casos se vivió sin efectos tangibles. A diferencia de entonces, las consecuencias económicas de la actual pandemia sí tendrán injerencia directa en nuestros países, pues la poca infraestructura y la debilidad institucional están siendo puestas a prueba y el escenario no es el más alentador.

La crisis sanitaria está consumiendo al continente y, detrás de los esfuerzos de los gobiernos, se está creando una bola de nieve. En Panamá, donde no existe una banca central, la única salida de la crisis consiste en endeudamiento. El gobierno ha tenido que pedir préstamos al FMI, BID, Banco Mundial y otros organismos internacionales, además de utilizar en casi un 80% sus reservas de ahorros para hacer frente a la crisis y ni siquiera han alcanzado el pico de contagios. Otro importante caso es el de El Salvador donde, a pesar de que comunicativamente Bukele transmite confianza y seguridad con su firmeza y las famosas medidas sociales, es el primero del mundo que podría recibir un préstamo de $400 millones de le los $50,000 millones ofertados por el FMI como “préstamos de emergencia”.

Hay que recordar que ya hace unos meses en Ecuador y Argentina se vivieron intensas protestas por el mal manejo de las administraciones en turno para ajustar sus líneas de crédito con el FMI. En el caso argentino, los compromisos contraídos estaban calculados para ser pagaderos de aquí a los próximos cien años. Colombia recientemente anunció que renovará su línea de crédito de 11,000 millones de dólares y el gobierno de Duque, que también se enfrentó a movilizaciones en la llamada “Primavera Latinoamericana”, poco a poco cava su propia tumba.

Si las administraciones no tienen el rigor suficiente para organizarse y hacer eficientes tanto los recursos con los que cuentan como los adicionales que están solicitando, el estrés de la población por vivir en cuarentena seguramente será el peor de los males de aquí a los siguientes años.

Confirman primer muerte por COVID-19 en Nuevo León

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El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó sobre la primera defunción en la entidad por COVID-19.

En rueda de prensa, De la O señaló que se trata de un hombre de 77 años que padecía tabaquismo crónico y sobrepeso.

El paciente tenía antecedentes de viaje a Madrid y desde l 1 de abril estaba hospitalizado en la Clínica 6 del IMSS, en San Nicolás, a donde ingresó con síntomas de coronavirus.

El funcionario también reportó el fallecimiento de otro hombre, de 66 años, procedente de Monclova, donde hubo un brote de COVID-19 en una clínica del IMSS. Detalló que el fallecimiento fue por una infección en la válvula del corazón, pero que el caso era sospechoso de coronavirus y que hasta anoche estaba pendiente el resultado de su prueba.

Por otro lado, indicó que por el protocolo funerario estipulado para pacientes que fallecen por este virus, se prohibe la relación del cuerpo y se procede a la cremación.

“Los pacientes que fallecen por esta enfermedad tienen que ser colocados en una bolsa de aislamiento, de plástico sellada. El personal de Semefo que va a recogerlo tiene que llevar equipo de protección especial”.

El titular de Saludo dijo que no se debe de bajar la guardia, que esto apenas empieza y que se debe de ver escenario que ha tenido España, que ha tenido Italia y Ecuador.

Gobernar con mayorías

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Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con un distintivo peculiar que  las anteriores administraciones no tuvieron: legitimidad. Los famosos 30 millones de votos y la alta incidencia en la participación electoral, llevaron a un lugar privilegiado a esta administración federal; un amplio margen de votos generan comodidad en el arte de gobernar, ya que cuentan con el dicho margen, le permite a la llamada “Cuarta Transformación” mover el tablero de juego del escenario político. El  poder tiene una naturaleza expansiva, y en ese sentido, la 4T  se encuentra en un proceso de instaurar un nuevo régimen afines a su  ideología y pilares por los cuales llegaron al poder mediante el voto popular. En ese sentido, la victoria de este movimiento de regeneración tiene una responsabilidad fundamental de dejar atrás las prácticas autoritarias y antidemocráticas del pasado. La expectativa es muy alta, no solo por lo propuesto en campaña, sino por  el cambio que conlleva una transición política de este calado, y de ser supuestamente el primer gobierno de izquierda o índole social en  el México del siglo XXI. Como hemos podido observar con lo sucedido en Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Argentina y demás países, en America Latina se observa una urgente necesidad de un estado social que pueda subsanar las nuevas necesidades sociales; y por ello el gobierno de López Obrador tiene aun mayor relevancia al ser foco  de atención a nivel regional. 

La Dra. María Amparo Casar y el Dr. Ignacio Marván en el libro “Gobernar sin mayoría, plantean si un gobierno puede funcionar con gobiernos divididos, y encontraron que no existe un riesgo  de parálisis de gobierno; funciona en otros lugares como Estados Unidos; y genera una alta actividad legislativa y sanos contrapesos. Como podemos observar, a diferencia de lo plasmado por los autores mencionados, la 4T posee una mayoría que permite cualquier flujo legislativo y generar reformas a fines a su estilo de gobierno, sin embargo y en sentido opuesto, una de sus conclusiones es que al tener un gobierno dividido, “se generan serios problemas desde el punto de vista de logros y acuerdos”. Por ello, la nueva administración federal está a en un paso a instaurar nuevas formas democráticas de gobierno o un totalitarismo como aquellos tiempo del partido  oficial. 

En la popular obra “Como mueren las democracias” de los autores de Levitsky y Ziblatt proponen una nueva responsabilidad a los partidos políticos para mantener a una democracia sana: contención. ¿a qué se refieren con esto?, de manera, para dichos académicos, en cualquier democracia pueden surgir lideres cuyas  posturas e ideas pueden ser contrarias al bienestar de un país y de una forma republicana, demócrata y con respeto al estado de derecho, y   debido a esta fragilidad inherente a esta forma de gobierno, por lo cual los partidos políticos deben postular y mantener como lideres a aquellas personas que vayan en armonía con estas ideas, por si las organizaciones políticas no mantiene una contención contra este tipo de liderazgos, el escenario puede provocar un autoritarismo. También, cuando un partido se encuentra liderando al país, debe hacer todo lo institucionalmente posible para favorecer una democracia liberal. Andrés Manuel tiene una responsabilidad preocupante y también alentadora. Tiene una oportunidad única de ir alcanzar la “tierra prometida” o de regresar al pasado. 

Exige América Latina

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A lo largo del mes de octubre el mundo fue testigo de las protestas surgidas en Latinoamérica, las cuales son consecuencia de la incompetencia de los gobiernos latinoamericanos por atender la presente frustración económica de sus ciudadanos.

En Chile, la crisis desató cuando el gobierno de Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro por vigésima vez en los últimos 12 años. La tarifa estaba en 800 pesos chilenos (equivalentes a 1,13 dólares) y fue aumentada a 830 pesos (1,17 dólares), altamente costoso si se tiene en cuenta que el salario del 70% de la población no alcanza los 770 dólares al mes.

 Muchos consideran el alza de precio como “la punta del iceberg” de los problemas de desigualdad económica que actualmente enfrentan los chilenos. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Además los chilenos protestaban ante la desigualdad económica, bajas jubilaciones, alzas en la energía eléctrica y costos de la salud, presuntos casos de corrupción en la Policía y en el ejército, ¿Familiar?

 A modo de protesta, los estudiantes comenzaron a realizar “evasiones masivas”. La situación se agravó cuando comenzaron a incendiar estaciones de metro y buses, saquear supermercados y atacar oficinas de gobierno e instalaciones publicas. Como respuesta, el gobierno decretó estado de emergencia, ordenando por primera vez después de que Chile recuperó la democracia 1990, a los militares a salir a las calles y establecer un toque de queda.

A pesar que Piñeda anunció la suspensión del incremento al precio del pasaje, las protestas continuaron, dejando un saldo de al menos 18 muertos. 

Por otro lado, en Ecuador el gobierno declaró el estado de excepción en todo el país en respuesta a las protestas callejeras por la eliminación de subsidios a los combustibles. Tras haber suspendido la producción de tres pozos petroleros en medio de las manifestaciones que se oponían al plan de ajuste económico propuesto por Lenin Moreno que pone fin a los 40 años de subsidio a los combustibles. 

El país ha comenzado a ver los primeros efectos económicos de la crisis política, pues carreteras han sido bloqueadas, inició el desabastecimiento de gasolina en algunas zonas del país, derivando de la misma una escasez de productos y una gran especulación de alza al precio de alimentos y fletes. 

No es coincidencia que Latinoamérica se levante de manera simultánea, el presente panorama obedece a la teoría de mimética de René Girard. Varios argumentan que es el resultado de la incompetencia de los gobiernos de sostener un crecimiento económico tras la crisis financiera del 2008. Pues en lugar de otorgar garantías sociales, los gobiernos se han dedicado a aumentar los niveles de pobreza.

Después de haber leído a Jeremy Adelma, concuerdo que las protestas son necesarias y parte esencial de la democracia. Lo alarmante, sin embargo, son las respuestas represivas por parte de los gobiernos latinoamericanos. El presente panorama contrasta con el avance de la democracia en América Latina durante la década pasada. 

No me queda mas que decir, 

Querida América Latina: exige y exige mas fuerte, que te escuchen tus vecinos, que ese hartazgo, lo padecemos muchos.