Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por red de lavado

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El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de ese estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias.

La denuncia incluye al medio hermano de Blanco, Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de Gobierno sin ser funcionario y quien actualmente dirige el Partido Encuentro Solidarios (PES) en Morelos.

En la denuncia también figuran Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del mandatario, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex futbolista y apoderado de la marca “Cuauteminha”.

Cabe mencionar que en junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco.

Las operaciones que se señalan en esta nueva denuncia datan desde el periodo en que Blanco fue presidente Municipal de Cuernavaca, de 2016 a 2018.

La denuncia fue interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo, quien en su momento extendió a Blanco la constancia de residencia en Morelos que le permitió postularse como alcalde.

De acuerdo al nuevo expediente, los señalados presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos.

Comercializadora Saime, señalada como empresa fachada, forma parte de las triangulaciones financieras denunciadas y está relacionada con Ulises Bravo.

En tanto que Tamayo Godínez es representante legal de cuatro sociedades mercantiles, una de ellas denominada Calipso Comunicaciones y Sistemas, también señalada como firma fachada.

En el expediente se reportó que Tamayo ha realizado transacciones millonarias en su cuenta 9133572945 de Banamex, lo mismo que en la 50048914915 de Inbursa, donde registró depósitos por 43,6 millones de pesos y retiros por 40.2 millones de pesos.

Además, de agosto de 2016 a octubre de 2018, registró depósitos por 505.4 millones de pesos en la cuenta 60557555418 de Santander.

Bronco dice que vendieron dron para evitar criticas

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El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que tomó la decisión de cancelar la adquisición del dron de seguridad para no causar más polémica y así evitar más críticas.

“El Bronco” admitió que se ha causado gran controversia sobre el proceso de la compra y el costo de la aeronave no tripulada, por lo que consideró que deben rectificar en ello. Adelantó que no habrá daño al patrimonio de Nuevo León con la inversión que fue realizada.

“(Cancelar el Dron fue) porque la decisión que tomamos es para ya no causar polémica, creo que es importante que reconozcamos que ha causado polémica y listo, vamos a rectificar en ese sentido y que ya sea un tema pasado.

“No habrá daño patrimonial, vamos a buscar que no se dé nada de ese tipo, estamos ahorita viendo las reglas de cómo hacerlo, yo di instrucciones a Aldo (Fasci, secretario de Seguridad) y al secretario de Administración para que vean eso”, indicó.

Agregó que los pocos recursos para ese fin serán redirigidos para la adquisición de más tecnología, aunque no dio detalles.

Tras denuncias penales, la controversia  por la opacidad con la que se manejó y una investigación en la Fiscalía Anticorrupción, el gobierno de Nuevo León se vio obligado a cancelar el vuelo del dron millonario.

Manuel González, secretario general de gobierno, y Aldo Fasci, secretario de Seguridad Pública,  rechazaron ante la tribuna del Congreso local en la Glosa del Informe de Gobierno que la compra por casi 30 millones de pesos de la aeronave se haya realizado con algún acto de corrupción.

Sin embargo, ambos dieron versiones distintas sobre los motivos para cancelar la adquisición del dron. González afirmó que se hizo porque no estaban las condiciones para ponerlo en operación, mientras que Fasci señaló que esto se debió a que los habitantes de Nuevo León no lo querían.

 

Con información de Grupo Milenio. 

 

 

ASE presenta denuncia penal por “broncofirmas”

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La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) ha presentado una denuncia a nivel penal por el caso de las “Bronco-firmas” al haber detectado que el programa fundado y creado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón (alias “el Bronco”), Aliados Contigo, había realizado actividades político-electorales en el 2018. El titular de la ASENL, Jorge Galván, ha informado este martes 3 de diciembre que presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La revisión llevada a cabo por el órgano fiscalizador encontró que el programa fue usado durante tiempos electorales para favorecer la recaudación de firmas a favor de candidatos independientes, pero principalmente a favor del Bronco, ya que en el 2018 fue candidato a la presidencia sin partido.

“En base a una denuncia, se hicieron auditorías de desempeño al programa Aliados Contigo, en donde nos dimos cuenta de que durante el periodo electoral se estuvieron recolectando firmas, bueno, en el periodo que marca el Trife (Tribunal Electoral federal) se estuvieron recolectando firmas, los empleados no estuvieron haciendo el trabajo que tenían que hacer en cuanto al programa, no cumplieron con los fines del programa, no hicieron trabajo en relación a eso”, dijo Galván al Congreso local. “Nos llamó mucho la atención que exactamente en los meses en que se recolectan firmas no hubo trabajo relativo a ese programa; entonces, procedimos a hacer una denuncia penal, que ya se presentó el día de ayer (lunes) ante la Fiscalía en Combate a la Corrupción”.

Galván incluso mencionó que esta es la primera denuncia que la ASENL hace de carácter penal. “Ahí están ya los resultados que obtuvimos. Se hizo una denuncia penal el día de ayer ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y no podemos ahorita revelar más, aparte de lo que está plasmado en el informe de resultados, ya que ya forma parte de una investigación por parte de la fiscalía. Va contra quien resulte responsable”.

El Tribunal Electoral federal ya resolvió que el Bronco utilizó recursos públicos de Nuevo León para “concretar su candidatura presidencial independiente, por lo que él y su secretario de Gobierno, Manuel González, deben ser sancionados. Sin embargo, hasta ahora la sanción se encuentra detenida gracias a que ‘el Bronco’ y González han obtenido suspensiones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

 

(Con información de Expansión Política)

Bronco asegura que sanción directa es ilegal

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, aseguró que el procedimiento que le iniciará el Congreso por el desvío de recursos para la recolección de firmar para su candidatura presidencial está fuera de la ley.

“Están metidos en una complicación. Ningún Poder puede ejercer nada fuera de la ley y el procedimiento no está establecido en la ley”, aseguró Rodríguez Calderón.

El mandatario detalló que la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debió de haber sido turnado hacia una autoridad con atribuciones.

“El Tribunal debió haberlo mandado a otra autoridad, pudo haber sido la Fiscalía Anticorrupción, o haberme demandado y yo ser sometido a la denuncia t tener derecho de la defensa”.

Por otro lado, “el Bronco” consideró ilegal estar sometido a dos proceso distintos por la misma acusación.

“Hay dos juicios: uno que se está siguiendo en la Fiscalía Anticorrupción, donde ya han sido citados la mayoría de los que se dice incumplieron con la ley, y este. Estamos siendo juzgados dos veces, y eso la Constitución no lo permite”, afirmó.

Rodríguez Calderón rechazó que vaya a discutir públicamente su estrategia de defensa, y esperará a ser notificado del procedimiento acordado por el Congreso para analizar su decisión.

“Doña Tere” se pone brava… Defenderá su pensión y hasta demandará a organizaciones

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María Teresa Martínez, “Doña Tere”, quien es suegra del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública con u sueldo de 70 mil pesos, aseguró que defenderá su pensión, además, rechazó que haya cometido alguna irregularidad, pues de acuerdo a ella no recibió ninguna ayuda de su yerno para tener ese ‘sueldazo’.

Martínez adelantó que acudiría a la Fiscalía Anticorrupción para presentar pruebas y de esa manera poder pelear por su pensión de 238 mil 622 pesos.

Por otro lado, dijo que procederá legalmente en contra de los representantes de organismos ciudadanos y contra el periódico El Norte por los señalamiento hechos en su contra.

“Ya tengo toda mi carpeta y voy a presentarme en la Fiscalía y en todas partes. Estoy viendo a un abogado para todo eso y también contra quienes están haciendo las denuncias, también me a ir en contra el periódico también para que diga la verdad y no nada mas especule, porque me han juzgado”, dijo la “Broncosuegra”.

El pasado miércoles la Contraloría del Estado informó a organismos ciudadanos que pidió al Isssteleón recortar la pensión de Martínez mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga la legalidad del aumento de salario que le permitió jubilarse con caso el doble de lo que le correspondía con su anterior sueldo.

La que fuera coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró que el alza de 144 por ciento que tuvo en el periodo de dos años, se lo ganó por su antigüedad de 26 años como empleada del Gobierno.

“¿Sabe cuál fue mi único pecado? Ser suegra del Gobernador. El Isssteleón tiene dos meses que no me han dado pensión. Indebidamente. Están violando mis derechos… yo fui y reclamé y me dijeron que estaba en trámite”.

(Con información de Grupo Reforma)

Por presunto soborno, cesan a secretario del Trabajo de Querétaro

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José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo del estado de Querétaro, fue despedido por cometer presuntos actos de corrupción en los que habría recibido un soborno de 100 mil pesos, además de haber realizado amenazas de muerte.

De acuerdo con el diario Reforma, el gobernador queretano, Francisco Domínguez Servién, cesó a Aguilera Rico luego de ver un par de videos donde el éste acepta haber recibido los 100 mil pesos por parte del Sindicato de Transportistas Astrac para hacer gestiones a favor de los transportistas, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Aguilera Rico ocupaba el cargo desde octubre de 2015 y no era la primera vez que era señalado por actos de corrupción.

Los videos fueron presentados por la dirigente nacional del Sindicato de Transportistas Astract, Cecilia Ojeda Elizalde, quien además denunció que junto a su hermano Noé Ojeda, fue amenazada de muerte por Aguilera Rico.

En uno de los videos el funcionario cesado acepta tener el dinero en su poder y estar dispuesto a regresarlo. “Yo con mi dinero no tengo ningún problema, te doy al rato los cien mil pesos (…) A mí me vale m#$# si me graban o no me graban. Yo pierdo mucho dinero siendo secretario, gano más dinero afuera que aquí. Así de fácil”.

Ante estas pruebas, el gobernador Francisco Domínguez destituyó a José Luis Aguilera durante la mañana de este lunes. El mandatario lamentó el acto de corrupción y aseveró que, el ahora ex funcionario, tendrá derecho a defenderse “como más le convenga”, además de que la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal iniciarán las investigaciones correspondientes.

Diputados locales exigen a Bronco vetar ‘tarifazo’

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El Congreso local de Nuevo León, pidió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, que vete el acuerdo aprobado el día ayer por el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) que contempla el aumento a las tarifas del transporte público, ademas los diputados locales anunciaron que denunciaran a Elizabeth Garza, Directora Ejecutiva del órgano.

El presidente del Congreso local, el priista Marco González, aseguró que el aumento a los precios del transporte se dieron sin tomar en cuenta estudios sociales, el mal servicio que se presta, por lo que exigieron que “el Bronco” no lo publique para que no entre en vigor.

Por otro lado, el legislador priista, dio a conocer que denunciaran a la titular del CETyV ante la Fiscalía Anticorrupción, esto por haber cobrado un sueldo mensual de 84 mil pesos con cargo al erario público y sin trabajar, esto debido a que la sesión del lunes fue la primera del organismo en 46 meses.

“Los 46 meses de inactividad derivan en que hoy no haya mejoras en el transporte, pero sí para que en escasas cuatro aprueben un golpe en el bolsillo de los nuevoleoneses. El Congreso no puede ser omiso ante el incumplimiento”, dijo González.

Los coordinadores de las ocho bancadas que conforman el congreso local, suscribieron el punto de acuerdo.

Se salva Medina de acusación por caso KIA

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Esta mañana un juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso por los delitos de peculado y daño contra el patrimonio del Estado a favor del ex Gobernador Rodrigo Medina, esto dentro del caso de la armadora automotriz KIA.

La sesión que inició a las 9 horas de este martes, duro poco menos de una hora.

En el fallo, el juez de control determinó que la Fiscalía Anticorrupción no dio con detalles al ex mandatario los hechos delictivos que le atribuía, y con ellos no se le respetó su derecho de una adecuada defensa.

De igual manera, el juez resolvió que no existen pruebas que demuestren que Medina dio instrucciones, al entonces Secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán, para que cometiera un delito al otorgar incentivos para la empresa coreana.

Al salir der la sesión, el ex gobernador dijo que como siempre lo ha dicho, el es inocente de los delitos que se le imputan.

Actualmente solamente le queda un proceso por el uso de un helicóptero del Estado, del cual ya ganó un amparo contra la vinculación a proceso, y está en revisión en un tribunal colegiado federal.

Acuerdan AMLO y Peña impulsar nueva SSP y Fiscalía General

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Durante el segundo encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pactaron adelantar reformas legales para integrar la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General.

“Llegamos al acuerdo que para ganar tiempo del inicio del nuevo periodo de sesiones se van a presentar iniciativas de reforma a las leyes con el propósito principal y específico de que se apruebe la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, de modo que el día primero de diciembre que tomemos posesión tengamos ya este instrumento, esta secretaría, que no perdamos tiempo”, apuntó López Obrador al término del encuentro.

Sin entrar en detalles, López Obrador dijo que la iniciativa se enviará una vez que entre en funciones la nueva Legislatura, pero no tendrá el carácter de preferente, insistiendo en qué hay tiempo para sacar adelante las reformas.

“Lo mismo en el sentido de iniciar el proceso para la elección del nuevo fiscal general de la República, queremos tener desde el inicio de gobierno la SSP y la Fiscalía General con las dos fiscalías complementarias, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía electoral“, complementó López Obrador.

Afirmó que mantendrá las propuestas a las diferentes fiscalías anunciadas a principios de año, pero sin mencionar si llegó a un acuerdo con la administración saliente.

En la primera reunión con Peña Nieto ya como presidente electo y segunda desde que ganó la elección, duró alrededor de dos horas, respecto a las cuales López Obrador fue insistente en que hubo un trato cordial y respetuoso.

Sistema anticorrupción, a dos años continua incompleto

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A dos años de su aprobación en el Congreso de la Unión, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) todavía no ha logrado concretarse totalmente a nivel federal ni estatal.

El 18 de julio del 2016 se aprobaron las leyes que creaban el SNA y, a nivel federal, falta completar dos órganos principales del Sistema: la Fiscalía Anticorrupción y las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Completar ambos órganos es responsabilidad del Senado, donde no se llegó a un acuerdo para hacer estos nombramientos.

Pendientes quedan la elección del fiscal anticorrupción; y de los 18 magistrados especializados en juzgar delitos de corrupción.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, señala que en los estados también hay un retraso importante para que el SNA funcione al 100 por ciento.

Solo en 22 estados se han instalado los comités de Participación Ciudadana; y en 22 casos se cuenta con fiscal anticorrupción.

Aunque en las 32 entidades ya se hicieron los cambios a su Constitución Política, solo 25 ya tienen aprobadas las leyes secundarias que conforman el paquete legal que da forma al SNA.

Se trata de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (aprobada por 32 estados); cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública (ya en 29 entidades); y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa (aprobada en 30 estados).

En ese paquete entran también la Ley Orgánica de la Fiscalía General o de la Procuraduría General de Justicia (en 28 estados); la Ley de Responsabilidades Administrativas (ya en 27 entidades); la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (en 26 estados); y cambios al Código Penal (en 25 entidades).

El IBD señala que como no se ha completado en su totalidad, la efectividad del SNA todavía no se puede apreciar, a pesar de que han pasado dos años de su creación.

“Esto tiene implicaciones importantes para que el Sistema funcione a cabalidad y, por consiguiente, para que sea posible contar con evidencia que permita valorar su pertinencia y efectividad”, expone el análisis.