Dimes y Diretes: “Juicio político a Samuel y Concha”

Comparte este artículo:

Así como lo dice el título del artículo, todo parece indicar que los diputados por Movimiento Ciudadano, Samuel “Samy boy” García y Concepción “Concha” Landa, se enfrentaran a un juicio político en el Congreso Local del Estado.




Esto después de una denuncia que interpusieron hace unos meses los abogados Enrique Ogaz y Miguel Ángel Cervantes, contra los curulecos naranjas ante la Comisión Electoral. Esto debido a la promoción personal y fuera de los tiempos que dictan la ley.

Según información en poder de este autor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de una sentencia definitiva, corrigió la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, misma que daba lugar a una amonestación para los diputados de Movimiento Ciudadano.

Al no estar de acuerdo con la resolución, los amonestados decidieron acudir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Justicia de la Federación.

La impugnación no fue favorable para Samuel y Concha y, según el documento que a continuación se anexa, el TEPJ ha resuelto que no hay lugar a una amonestación únicamente, si no que el  H. Congreso del Estado de Nuevo León será el que tendrá en su poder la decisión sobre  que sanción es la adecuada para los diputados.




Lo anterior, sin duda genera ruido ya que dicha sanción estará en poder de los diputados de las otras bancadas, y como sabemos, los diputados de MC no tienen la mejor de las relaciones con todos.

La realidad es que no se le puede llamar persecución política a lo que enfrentan los dos curulecos.

La decisión de la impugnación, que ellos mismos interpusieron, quedó en manos de un tribunal que no está en el estado y aunque lo estuviera, sí es cierto que tanto Samuel y Concepción violaron la ley electoral al estar haciendo promoción de sus labores legislativas fuera de los tiempos que establece la ley.

Aunque no es 100% seguro que ambos diputados sean desaforados y enfrenten un juicio político por la falta que cometieron; sí, les puedo asegurar que de esta no saldrán limpios, pues para poder evitar sanciones severas, los curulecos tendrán probablemente tener que hacer acuerdos políticos, en otras palabras, deberán favores políticos. Por lo tanto, su margen de maniobra quedará muy limitado.

¡Ahí Se Leen!

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Renuncia: La “solución” mexicana

Comparte este artículo:

De acuerdo a la Real Academia Española, renunciar significa dejar voluntariamente, dimitir, o apartarse de algo que se tiene.

La renuncia puede ser una solución correcta cuando los hechos en los que se ve involucrado el servidor público se presentan en una esfera meramente política. Así, por ejemplo, puede leerse la renuncia de Luis Videgaray como Secretario de Hacienda como consecuencia del fiasco del entonces candidato Donald Trump.

En México se ha acostumbrado que cuando un servidor público es señalado por presuntamente haber transgredido las normas jurídicas, es suficiente con la renuncia al cargo que ostentaba para “solucionar” la violación del orden jurídico.

No obstante, estimo que no puede calificarse como “solución” cuando la renuncia deja sin castigo una probable violación al orden normativo o, más aún, en los casos en que aun renunciando el riesgo de transgresión sigue latente.

Este último caso es, desde mi perspectiva, lo que aconteció con la renuncia al cargo de Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral que ostentaba hasta principios de noviembre pasado el Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, como consecuencia de las declaraciones misóginas en las cuales afirmó que las mujeres deben llegar a los cargos públicos porque saben mandar, saben tomar decisiones, saben hacer una sentencia, y no por que “están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas.”




Por ello, Senadoras y Senadores exhortaron al Consejo de la Judicatura a investigar si esas declaraciones ameritaban ser sancionadas incluso con la destitución. Para el Senado “es aberrante que las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan por violentar a las mujeres” (Reforma).

En el mismo sentido, las y los integrantes recién designados de la Sala Superior prácticamente se estrenaron no con un caso jurisdiccional, sino con un posicionamiento al respecto de estas declaraciones. Es cierto que inmediatamente deslindaron al Tribunal Electoral de las afirmaciones del Magistrado Regional (Excélsior), sin embargo, parecería que esto no es suficiente.

En este sentido, no es suficiente con la renuncia. No lo es por lo siguiente.

Primero, porque las expresiones del Magistrado constituyen una forma de violencia hacia las mujeres. Es violencia si se expresa en privado y en el bar. Es violencia agravada cuando se manifiestan en un evento público acerca de la paridad de género. Peor aún, si el autor de las palabras es un impartidor de justicia.




Segundo, en razón de que quien expresó dichas voces es, justamente, un juez que necesariamente deberá juzgar temas de género, y, peor aún, en una circunscripción en la cual hay que agregar el tema indígena y el rezago social. ¿Qué justicia puede esperar una mujer indígena que acuda ante el Magistrado aduciendo violencia política en contra de ella?

Tercero, ¿qué efecto pedagógico puede tener que alguien encargado de impartir justicia con perspectiva de género emita dichas declaraciones y no sufra consecuencia alguna? ¿Vale la pena seguir invirtiendo tanto en la justicia electoral cuando impunemente se pueden tener conductas como las descritas? ¿Puede alguien creer que cumplir la Ley es benéfico cuando quien la incumple no tiene castigo alguno?

Las palabras formuladas por el Magistrado no fueron una broma. A fin de cuentas, el mundo lo conocemos a través de las palabras, por eso, no se trató de un mal chiste: Se trató de un hecho de violencia hacia las mujeres expresado por un funcionario judicial encargado de impartir justicia electoral.

Por ello, la “solución” mexicana a este hecho de violencia hacia las mujeres no debe quedar sólo como una anécdota más. Debe investigarse y, en su caso, sancionarse. De lo contrario, seguiremos abonando a una cultura de impunidad contraria al Estado de Derecho que deseamos consolidar en nuestro país.

______________________________

– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”