Sanchez Cordero acuerda limpiar los nombres de alumnos del Tec asesinados en 2010

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a limpiar los nombres de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados el 19 de marzo del 2010 en el campus central de la institución.

Alberto Arnaut, director del documental “Hasta los Dientes”, que narra el episodio trágico ocurrido en esta ciudad, señaló que la disculpa pública será efectuada precisamente el próximo 19 de marzo, cuando se cumplan nueve años del homicidio.

El cineasta, quien era amigo personal de Javier Francisco, y ha acompañado a los padres de las víctimas en su demanda de justicia, señaló que desde el año pasada, la ex ministra de la Suprema Corte, que era parte del equipo de transición cuando era presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a ofrecer una disculpa pública de parte del Gobierno de México y afirmar que los jóvenes masacrados eran estudiantes y no sicarios como, inicialmente, señalaron autoridades estatales y federales.

Ahora que ya es secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas se reunieron con los padres de Jorge Antonio, Rosy y Joel, para expresarles que los directivos del Tecnológico de Monterrey aceptaron que el campus donde ocurrió la ejecución sea el escenario donde las autoridades cumplan con el acto de reparación.

En la reunión de los padres de la víctima con los funcionarios también estuvo Paulina Suárez, directora del Festival Ambulante, que ha impulsado la laureada película que fue estrenada en el presente año.

Fue en una de estas presentaciones de la cinta, a las que asistió Sánchez Cordero, donde se comprometió, como futura funcionaria federal, a limpiar los nombres de los jóvenes que fueron acribillados por elementos del Ejército, homicidio doble que derivó en un juicio que ha estado marcado por la opacidad y la impunidad.

“Ahí hicimos la solicitud formal a Olga Sánchez Cordero, diciéndole que queríamos una disculpa pública, para que se limpiaran los nombres de Jorge y Javier. Aceptaron desde el primer momento, sólo que entonces ella no era secretaria de Gobernación, por lo que nos esperamos a que tomara el cargo y  apenas ayer se volvieron a reunir y ratificó el compromiso”, señaló en entrevista telefónica el cineasta.

Lo que se espera en ese acto es que acudan representantes de los tres Poderes de la Unión, de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, muy probablemente, de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó Arnaut Estrada.

“Básicamente se espera que se diga lo que le pasó a Jorge y Javier: que su muerte fue por una ejecución extrajudicial y que se limpien sus nombres, que se diga que eran estudiantes y no sicarios, como se manejó en un principio”, manifestó.

En los próximos días, los familiares darán a conocer más detalles sobre el acto protocolario, concluyó.

Gobierno de EPN gastó 102 mdp en tres años para promocionar en medios el NAIM

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Entre 2015 y 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 102 millones 103 mil 940 pesos en cuatro campañas de promoción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra cancelada en noviembre pasado.

Los recursos, ejercidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, fueron utilizados para la producción y difusión de promocionales en medios de comunicación que destacaban las ventajas de la obra.

El NAIM se proyectó como la mayor obra de infraestructura del sexenio de Peña Nieto. Según la SCT era un proyecto admirado en el mundo “por su modernidad, tamaño y complejidad”, además de que sería “un potente motor de crecimiento económico de México y de bienestar de las y los mexicanos”.

En la obra participaban 321 empresas y se proyectaba que tendría un costo de 13,300 millones de dólares.

La Secretaría de Gobernación respondió, en diversas solicitudes de información, los montos ejercidos por concepto de publicidad de 2015 (año en que comenzó la obra), 2017 y 2018. De 2016 no otorgó información.

Del 13 de enero al 1 de marzo de 2015, la SCT gastó 56 millones, 257 mil 980 peso en la campaña de lanzamiento de las obras del NAIM que incluyó dos promocionales: uno sobre Norman Foster, el arquitecto que diseñó el proyecto de Texcoco.

Y otro sobre el lanzamiento de la obra, en el que se destacaba los empleos que generaría y el número de operaciones anuales que albergaría.

La campaña, denominada “Aeropuerto”, fue difundida en parabuses, radio, periódicos, revistas y televisión.

Ese año, las dos principales televisoras fueron las que más recursos recibieron por la difusión del aeropuerto: Televisa recibió 8 millones 500 mil pesos; mientras que TV Azteca 6 millones 85 mil 340 pesos.

En prensa, el diario Excélsior obtuvo 1 millón 500 mil pesos y El Universal 1 millón 30 mil pesos. La compañía 5M2, dueña de los espacios publicitarios en el Metrobús, Mexibús y Tren Ligero, recibió 800 mil pesos, entre otras.

En total, en 2015 la SCT repartió más de 56 millones de pesos entre 86 medios, agencias y periodistas.

Para 2017, el Grupo Aeroportuario erogó 22 millones 619 mil 720 pesos en la campaña “La construcción de la obra de infraestructura más grande de México..es una realidad”, y lo repartió entre 57 medios y agencias.

Esta campaña fue difundida entre el 1 de agosto al 31 de diciembre de ese año.

El GACM gastó 9 millones 255 mil 490 pesos en la producción de promocionales denominados sensibilización, acciones y logros. Las empresas contratadas para realizarlos fueron Estudios Churubusco Azteca, que recibió 8 millones 430 mil 990 pesos en tres contratos, y Roberto Gaudelli y Asociados, que obtuvo 824 mil 500 pesos.

Ese año el mayor monto publicitario se lo llevó la empresa 5M2, encargada de la publicidad en transporte público con un monto de 1 millón 461 mil 630 pesos.

En 2018, el Grupo Aeroportuario erogó 10 millones 650 mil 150 pesos en la campaña llamada “Beneficios”, la cual tuvo tres versiones de mensajes: sectores productivos, sustentabilidad y exportaciones.

Esta campaña estuvo en medios solo 18 días, del 12 al 29 de marzo de este año, y se dieron contratos a 44 medios agencias. El de mayor monto fue el otorgado a 5M2, por 1 millón 218 mil pesos.

Entre el 17 de septiembre y el 31 de octubre se lanzó la campaña “Grandes avances”, la cual tuvo un costo de 9 millones 76 mil pesos, y para la que se otorgaron 48 contratos a medios y agencias.

Para esta campaña el GACM destinó 3 millones 500 mil pesos en costos de producción a través de un contrato con Estudios Churubusco Azteca.

En estas dos campañas se gastaron 23 millones 226 mil 240 pesos.

Durante la campaña, López Obrador prometió cancelar el NAIM por su alto costo y presunta corrupción en los contratos para construirlo. Su opción fue construir dos pistas en lo que ahora es la base militar de Santa Lucía para complementarse con el actual aeropuerto, Benito Juárez, cuya capacidad ya se ve sobrepasada por la demanda de usuarios.

En octubre, tras una consulta ciudadana, se decidió cancelar las obras en Texcoco, que hasta ese momento tenía un 37% de avance.

Niega AMLO que vaya a donar su salario

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que vaya a donar su salario, debido a que si lo hace, no podrá mantener a su familia.

“En mi caso yo vivo de mis ingresos, yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas”, aseguró el político tabasqueño durante su conferencia matutina.

La pregunta de la prensa se debió a que ayer la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, anunció que donaría su sueldo como funcionaria a una casa hogar de Querétaro y se mantendría con la pensión que recibe como ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Si renuncio no tendría yo para mantener a mi familia. Me iría a trabajar”, comento López Obrador a los reporteros en Palacio Nacional.

 

Sanchez Cordero señala dificultades en recorte a jueces

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La reducción salarial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un tema fácil, por lo que hay que dialogar con ellos, consideró Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

“Desde la Secretaría de Gobernación vemos el respeto irrestricto del Poder Judicial“, comentó la también ex Ministra de la Corte.

“¿Pero cree que deberían bajarse los sueldos?, se le preguntó.

“El tema es un poco complicado porque tenemos una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es tan fácil decir que se los bajen”, admitió.

Recordó que en la Cámara de Diputados dos legisladores expresaron que la Ley de Remuneraciones tiene que ser acorde con la Constitución federal y reconocieron que el artículo 94 protege las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros mientras estén en funciones.

“Entonces no es un tema que podamos decidir rápidamente, sino que tiene todo un fundamento constitucional”, reiteró.

“Hay dialogar con ellos”, dijo.

Adelantó que el próximo miércoles se reunirá con representantes de los medios de comunicación en Bucareli, donde explicará más a fondo su postura.

La Secretaria fue entrevistada brevemente en Palacio Nacional, antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregue el Premio Nacional de Derechos Humanos a Héctor Fix Zamudio.

El evento se realiza en el salón Tesorería, donde el Mandatario ofrece sus conferencias de prensa matutinas y firmó el decreto para crear una comisión especial para el caso Ayotzinapa.

Llega al Senado iniciativa propuesta por AMLO para eliminar fuero

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El Senado recibió la primera iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, relativa al fuero del Ejecutivo Federal.

Zoé Robledosubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación,  hizo entrega a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Por la mañana, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para aumentar las causas por las que el presidente de la República puede ser objeto de desafuero, que incluye delitos electorales y corrupción.

La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 108 y 111 prevé que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.

Asimismo, propone que para proceder penalmente contra el presidente de la República únicamente habrá lugar al acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, y en este supuesto, dicha cámara resolverá con base a la legislación aplicable.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, argumenta que la Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer gobernante del país para que dé respuesta de su actuación y de su conducta.

“El fuero nació con la finalidad de proteger el funcionamiento de las instituciones no como un privilegio para los encargados de ellas”, expone Monreal Ávila en la propuesta.

Firma AMLO decreto para crear comisión para caso Ayotzinapa

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana de lunes, el decreto para la creación de una comisión especial que investigara el caso Ayotzinapa.

Acompañado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y ante padres de los 43 normalistas desaparecidos de Iguala, Guerrero, López Obrador firmó el decreto.

Mientras el mandatario firmaba el documento, los padres de los estudiantes, contaron has el número 43 y al finalizar gritaron “¡Justicia!”.

Sánchez Cordero, titular de la Segob, dijo que con la firma del decreto, López Obrador esta cumpliendo su palabra de lugar a la verdad de lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y hacer justicia.

Por su parte, Encinas, quien estará a cargo de la conformación de la comisión, aseguró que el grupo autónomo e interdisciplinario trabajará sobre lo ya investigado.

Aseguró, que con la firma del decreto, se da una señal muy clara al País, a los familiares de las víctimas, de que se va a trabajar por hacer justicia y conocer la verdad.

#HojaDeRuta: “Oponerse con razón”

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Era bien sabido que vendrían reformas a la ley orgánica previas al inicio del nuevo gobierno federal. Es lógico que una nueva administración busque cambiar la arquitectura institucional del aparato federal para que este se adecúe al plan de gobierno que se ejecutará. De hecho esto suele suceder cada sexenio.

Si bien es natural que la oposición polemice con la naturaleza de estos cambios, no deja de sorprender el encuadre político que se ha buscado darle en este caso: el de prevenir una dictadura. 

Los legisladores de Acción Nacional tomaron la tribuna previo a la aprobación de estas reformas, sosteniendo una manta que rezaba “No a la Dictadura Obradorista”, acompañada de una imagen del presidente electo con uniforme militar y una bandera venezolana de fondo, obviamente referenciando al ex mandatario de ese país, Hugo Chávez.

Como táctica, la comparación de AMLO con Chávez dio excelentes dividendos al PAN, pues desde 2006 buscó hacer un símil entre ambos personajes bajo un discurso del miedo, en aquella infame campaña del “Peligro para México”, a pesar de que las supuestas similitudes no resistían el escrutinio. 

En el proceso electoral de 2018 se buscó nuevamente generar una liga similar, que no funcionó ante un electorado lleno de hartazgo y enojo hacia las opciones tradicionales y las agudas problemáticas del país, desde la corrupción hasta la violencia.

Como cualquier tema público, la creación de la figura de los delegados federales y cualquier otra decisión que tome la administración de AMLO -y cualquier otra, para ese propósito- es debatible. Sin embargo, afirmar que estas reformas están llevando al país hacia una dictadura es un exceso que carece de responsabilidad institucional hacia la República.

Para dimensionar los cambios que están ocurriendo, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá que recordar que en 2012, al entrar la administración del Presidente Peña Nieto, también se hicieron reformas a la Ley Orgánica que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y crearon la Comisión Nacional de Seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia quedó como responsable tanto de la política interior como del aparato de seguridad no militar del Estado Mexicano, es decir, reunió en un solo ente la operación política y la seguridad pública.

En aquél momento se criticó de diversos sectores la maniobra, pero no se habló de una dictadura. Cabe también traer a la memoria pública el exposé que publicó el New York Times en junio de 2017, cuando dio a conocer que el Estado Mexicano, a través del software Pegasus (en el que habría gastado alrededor de 80 millones de dólares), estaba espiando a activistas de Derechos Humanos y periodistas, cuando se suponía que esa herramienta solo debería ser utilizada para investigar a criminales y terroristas. Esa sí que era una práctica propia de una dictadura: espiar a quienes un régimen considera enemigos políticos.

La oposición tiene derecho de ejercer crítica y presión política como mejor le parezca, dentro del marco de la ley, pero también de un marco ético: el de no desinformar ni tergiversar la realidad, pues vivimos una época donde los hechos comprobables son cada vez más frágiles, mientras se fortalecen percepciones políticas basadas en la desinformación y la discordia.

Una dictadura implica la desaparición de garantías, censura a la prensa, represión ante la disidencia, la utilización del aparato estatal para amedrentar e incluso asesinar. Significa la destrucción de las instituciones democráticas y el imperio de la ley. 

La tragedia es que, aunque no de forma generalizada, estas atrocidades han venido ocurriendo durante los últimos años en México: se violan Derechos Humanos; se asesinan periodistas; se espía a activistas; se realizan ejecuciones extrajudiciales; se cometen actos de corrupción y fraude de forma sistemática; se pisotea la ley.

Personajes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y el mismo Trump significan una regresión hacia fantasmas del pasado que creímos expiados en el siglo XX, pero retornan de las sombras de donde se escondían. Hoy México tiene el reto compartido desde el nuevo gobierno federal, las autoridades a todos los niveles, la oposición, la prensa y la sociedad en su conjunto, de conducir la vida democrática dentro de la institucionalidad.

Más valdría concentrarse en fortalecer nuestra frágil democracia para evitar la polarización, que andar azuzando y sembrando la sedición sin fundamentos. Puede estarse de acuerdo o no con la agenda del Presidente electo, pero no existe ningún elemento objetivo para afirmar que se está avanzando hacia un régimen totalitario.

Vivimos un momento complejo, donde las polarizaciones pueden agudizarse y mutar en extremismos. Lo mejor que puede hacer la oposición es precisamente serlo, de manera crítica, responsable y con la dureza que considere necesaria, pero dentro de un marco democrático, es decir, con hechos y dentro de la ley.

gilberto@altiusconsultores.com

Avalan facultad presidencial para comisiones presidenciales de investigación

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La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó con 20 votos a favor y 5 en contra el predictamen de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con la cual se plantea la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como el cambio de nombre de la Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría del Bienestar.

Este predictamen será sometido a votación ante el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados para crear el andamiaje de las instituciones con las que gobernará el próximo presidente de la RepúblicaAndrés Manuel López Obrador, y además de cambios de nombre a algunas secretarías, propone que la Secretaría de Gobernación deje las responsabilidad de la seguridad federal en el país, y estas facultades pasen a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, misma que tendrá las facultades de Protección Civil, y vigilancia e inteligencia gubernamental que tenía el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN); en cambio, la Secretaría de Gobernación será responsable, únicamente, de conducir el diálogo de la política interior con los diferentes actores sociales.

La nueva Secretaría de Seguridad será encargada de “formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal“, así como “coadyuvar a la prevención del delito”, de acuerdo al predictamen.

En cuanto a los llamados super delegados estatales, estos pasarán a cargo de la Secretaría del Bienestar y no a la Oficina de la Presidencia de la República, como originalmente se planteaba, sin embargo, estos 32 funcionarios federales seguirán siendo subordinados del presdente de la República, toda vez que el dictamen señala que “el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con la Coordinación General de los Programas para el Desarrollo“.

Durante la sesión ordinaria de trabajo de dicha comisión, se aprobó también el dictamen por el que se modifica al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y con el que se da pie a la creación de comisiones presidenciales, de modo que con esto, el próximo presidente podrá cumplir con su compromiso de implementar Comisiones de la Verdad.

Aplazan otra vez presentación del plan de seguridad de AMLO

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Aunque estaba previsto que se presentara esta semana, el Gobierno electo informó que su plan de seguridad se dará a conocer públicamente el próximo 14 de noviembre.

La razón, explicaron Alfonso Durazo, futuro Secretario de Seguridad Pública, y Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, consiste en que aún deben afinarse y revisarse detalles de la estrategia.

“No se está atorando absolutamente nada, es un proceso de afinamiento de los contenidos, de los planteamientos y en esa etapa estamos”, dijo Durazo.

“Y no vamos a precipitar la presentación a riesgo de incurrir en algún error, se va a presentar el 14 de noviembre, que es el miércoles si no me equivoco de la próxima semana”.

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy en la casa de transición con su próximo Gabinete de seguridad con el objetivo de afinar los detalles de su plan en la materia.

Además de Durazo y Sánchez Cordero, a la reunión acudieron los futuros Secretarios José Rafael Ojeda, de Marina, y Luis Cresencio Sandoval, de Defensa.

“Somos un equipo extraordinariamente bien integrado de trabajo y cada uno de los titulares de los futuros secretarios, estamos haciendo nuestra aportación poniendo sobre la mesa nuestra visión, nuestras propuestas, nuestros argumentos y finalmente hay un posicionamiento colectivo”, mencionó Durazo.

“Estamos todos de acuerdo encontrando la mejor forma de sumar nuestros esfuerzos para optimizar los recursos que tiene el estado mexicano para garantizar la seguridad a los mexicanos”.

En tanto, Sánchez Cordero confió en que la estrategia de seguridad logrará pacificar al País y atender la crisis humanitaria que padecen los mexicanos.

¿Se va a sacar de la crisis de seguridad y la crisis humanitaria? La respuesta es sí, sostuvo.

Promete AMLO amnistía a presos políticos

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Durante su visita en el estado de Quintana Roo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que se decretará amnistía a presos políticos, analizando “caso por caso” desde el primero de diciembre.

Tras recibir una carta del ex gobernador de esta entidad, Mario Villanueva Madrid, entregada por el diputado local de PES-Morena e hijo del exmandatario, Carlos Mario Villanueva Tenorio, López Obrador aseguró que “va a haber justicia”.

Al ser cuestionado por la prensa sobre si Villanueva saldrá de la cárcel, dio a conocer la amnistía a presos políticos.

“Eso se va a revisar de acuerdo con el procedimiento legal que existe en el poder judicial, pero ya no va a haber represalias en contra de nadie, ya nos e va a reprimir a nadie, no se va a castigar a nadie por consigna y también les adelanto, el día 1 de diciembre, voy a dar a conocer un acuerdo para que salgan de la cárcel los presos políticos”, contesto a los medios.

Por otro lado, el político tabasqueño, dijo que se va a establecer un procedimiento para saber quienes resultarán beneficiados por la amnistía y que ya se le solicito a la futura titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que sea la que diseñe dicho procedimiento.

“Se creará un acuerdo, decreto, ley, de conformidad con lo que corresponda, que se dejen las condiciones para dar esta amnistía a presos políticos a partir del análisis expedito caso por caso”.

Los reporteros insistieron sobre su Villanueva sería uno de los beneficiados, a lo que el futuro presidente contesto que se analizaran todos los casos.