La apatía queda fuera de nuestra lucha contra la corrupción

“Todos somos parte de la solución en el combate a la corrupción”, parecía una sentencia tan desgastada en un contexto social y político, como el de México, basto de ejemplos escandalosos y recientes. Sin embargo, en Nuevo León están sucediendo cosas distintas.

Más allá de la voluntad política por erradicar la crisis endémica de la corrupción, son los propios ciudadanos quienes estamos ejerciendo el derecho a participar de manera activa y propositiva en la creación de nuevas herramientas que contribuyan a cambiar nuestra realidad y erradicar la impunidad.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, luego de más de cinco meses de esfuerzos constantes de un grupo de ciudadanos, organizaciones civiles y cámaras integradas en la Coalición Anticorrupción.

En las reformas, en las que se incluyen el 90% de las propuestas de la Coalición, estamos demostrando que somos una ciudadanía participativa en busca de soluciones comunes para problemas que nos afectan a todos. Y si bien se trata del primer paso, ha sido preciso y acertado para tener leyes más eficaces.

¿Pero qué sigue ahora?, y ¿cómo puedo sumarme para que mi voz sea escuchada? Durante las próximas semanas, desde el Congreso local se estará legislando en la Leyes Secundarias del Sistema Anticorrupción, y tienen hasta julio de 2017 para culminar este proceso.




Y la demanda se apuntala con la exigencia nacional para que los sistemas estatales se lleven a cabo bajo el esquema de #ParlamentoAbiertoVSCorrupción. Esto es que los procesos legislativos se realicen bajo los pilares de transparencia y acceso a la información; participación ciudadana; rendición de cuentas y el uso de las tecnologías de la información.

Lo anterior es exigir que toda la información del proceso legislativo sea publicada de manera clara y oportuna vía online; que se realicen mesas de trabajo y audiencias públicas que fomenten la participación de los ciudadanos; que se explique con claridad los razonamientos sobre las leyes; y claro, transmitir las reuniones o encuentros de trabajo por medios electrónicos.

Es por eso fundamental que sigamos poniendo el ejemplo y dejemos la apatía fuera de esta lucha contra la corrupción, consideramos que se necesita la participación de todas y todos para dar legitimidad, transparencia y participación ciudadana a la reforma de estas ocho leyes.

Y también para cambiar nuestra realidad desde los entornos cotidianos diciendo “no a la corrupción”, recordemos que los grandes cambios inician desde casa, desde lo más básico de nuestros entornos.




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Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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Acabemos con el mal gobierno y la corrupción

Los primeros días del 2017 están marcados por el descontento social generalizado en todo el país y Nuevo León no ha sido la excepción.

Es así que ante la irritación ciudadana por alzas desmedidas en impuestos e impunidad en casos de corrupción, desde la sociedad civil demandamos atacar las causas raíz de nuestra frustración.

La misiva lanzada por integrantes de diversas organizaciones y colectivos en la entidad y dirigida a todos los niveles gubernamentales sigue recibiendo amplio respaldo desde la página de Change.org https://goo.gl/QwqVb y es contundente.

1.- CONDENAMOS los actos de vandalismo contra patrimonio público y privado, y exhortamos a las autoridades a hacer cumplir la ley castigando a los responsables.

2.- RECONOCEMOS que, detrás del entendible encono e irritación ciudadanos por medidas gubernamentales federales, estatales y municipales, se encuentra un grave y añejo problema de corrupción, impunidad, ineficiencia y dispendio en el ejercicio de la función pública.

3.- CREEMOS en la exigencia y en la crítica propositiva, y apostamos al diálogo institucional, reconociendo que las autoridades legal y democráticamente constituidas son las responsables en dar solución a las demandas ciudadanas expresadas en las calles.




4.- DEMANDAMOS atacar las causas raíz de nuestra frustración ciudadana empezando con la siguiente agenda:

a. Un Sistema Estatal Anticorrupción que acabe con los privilegios y protecciones a corruptos.

b. Prisión y Confiscación de bienes a quienes saquearon los fondos públicos estatales y municipales. Exigimos la cooperación federal en este propósito.

c. Saneamiento Perenne en finanzas públicas, con reducción inmediata del gasto corriente y en burocracia.




d. Compromiso irrestricto con la transparencia y la rendición de cuentas.

e. Auditoría por terceros a los procesos de impartición de Justicia de la Procuraduría General del Estado y corrección de los problemas.

Las organizaciones civiles agrupadas desde Consejo Cívico consideramos que éstas no son exigencias menores y de acatarlas significa la voluntad de atender el problema de fondo.

Es así que invitamos a los ciudadanos, en el marco de la Legalidad, a seguir pendientes y participando en el seguimiento a autoridades en estas demandas, y además pedimos denunciar cualquier acto de corrupción de que seamos testigos; sólo siendo mejores ciudadanos lograremos tener mejores gobiernos.

 

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Más recursos para el estado y municipios, necesitan de más vigilancia ciudadana

Además de la Tenencia, el Congreso aprobó al estado más deuda, más impuestos y derechos, a los municipios se les autoriza incrementar el predial y el ISAI, en suma se carga la mano al ciudadano y en el gobierno no se mueven sus sueldos y mantienen una burocracia VIP con prestaciones exorbitantes.




Estado, Congreso, Poder Judicial, Municipios y los órganos autónomos tendrán más ingresos en 2017, por lo que hacemos un llamado a los ciudadanos de Nuevo León para que visiten, naveguen y consulten las páginas de transparencia del Gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial y los Municipios, y ejerzan el derecho humano de acceso a la información pública (que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información) y así verifiquen de primera mano en qué se están gastan los recursos públicos,  ya que solo de esta forma se puede hacer material la rendición de cuentas.

A partir de la segunda semana de enero, en Redesquintopoder daremos capacitaciones gratuitas a los ciudadanos, para que conozcan la importancia de la Ley de Acceso a la información y con tutoriales aprendan cómo y por qué medios pueden realizar una solicitud de información pública, cuándo y cómo deben contestarles y como realizar recursos de inconformidad.

LA TENENCIA

Para el cambio en la fórmula de la tenencia, abundan las justificaciones que van desde las financieras, que se trata de uno de los mejor impuestos pues es progresivo y otras que son las medio ambientales,

En el Congreso los diputados le endilgaron el costo político, de cambiar la eliminación de la tenencia, al gobernador, la cual Jaime Rodríguez aceptó (sin ponerse bronco).

La ciudadanía ve este cambio como una traición, esto tendrá como consecuencia un incremento de la desconfianza en los representantes, no es un tema de popularidad o asumir costos políticos, el cambio en la tenencia afecta seriamente la relación entre gobernante y gobernados, se dijo una cosa hace un año y ahora se dice otra (nada garantiza que no hagan lo mismo en 2017).




Es como cuando en la relación de pareja hay un engaño, se puede hablar, reflexionar e inclusive perdonar, pero nunca será lo mismo.

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¿De qué se quejan?

En definitiva, estos días han sido algunos de los más caóticos en cuestión de grilla política en nuestro estado. Desde el sábado en la madrugada que se aprobó el aumento de los valores catastrales en varios municipios y luego el domingo se acordara mantener solo el 20% de descuento en el impuesto de la tenencia, en redes sociales han llovido quejas por parte de los ciudadanos inconformes.

Lo que muchas de nuestras autoridades estatales, municipales y legislativas parece que no logran comprender, es la naturaleza de las quejas.

Para muchos, la queja nace por el hecho de que los ciudadanos van a tener que pagar más, o tal vez por qué son morosos y no piensan pagar tenencia o predial. Para mí, el tema va más allá.

Aunque las autoridades presumen que necesitan los recursos para poder mantener servicios públicos, pavimentación, nómina, entre otras cosas necesarias para el sostenimiento del estado o municipios. La verdad es que los ciudadanos no ven esto reflejado en su día a día.




No hay motivación tangible para pagar prediales más altos y seguir costeando la tenencia. Cuando se les pregunta a los mandatarios en que se gasta el dinero, citan la página de transparencia o “programas sociales en beneficio de la sociedad”.

La realidad es que caer en baches es algo diario, tener luminaria pública que no funciona o en otros casos es inexistente, es constante. ¿Problemas de inseguridad? Este año hubo un auge en delitos del fuero común y graves.

Si esa es la situación, ¿cómo esperan nuestras autoridades que los ciudadanos paguen impuestos más altos? Mientras tanto, muchos de los programas sociales (aclaro no la mayoría) tienen el objetivo de motivar el voto para el partido político en las próximas elecciones.

Lo que deben de hacer los alcaldes y el Gobernador es en verdad gastar el dinero como dicen que lo hacen. Hacer un programa completo de repavimentación, pero no solo eso, mejorar el transporte público, que ha decir la verdad está muy deteriorado.

Pagando mejores salarios a los policías, lo que lleve a mejores índices de seguridad. También mejorar los salarios de los bomberos y que estos no tengan que estar vendiendo boletos para una rifa. Solo dándole resultados tangibles a los ciudadanos, es probable que las quejas bajen de volumen, pero por obvias razones no se callen.




El año que viene no pinta nada bien para la economía familiar, eso claro está. Lo mejor que pueden hacer nuestras autoridades es hacer que nuestros impuestos funcionar y no gastarlos en tontería y media y menos para imagen propia para la reelección.

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Funcionarios de primer nivel también deben apretarse el cinturon

Si van elevar la carga impositiva y cargarle la manos a los ciudadanos de Nuevo León, los servidores públicos también deben apretarse el cinturón.




En Nuevo León, no solo son los diputados quienes en Diciembre reciben una jugosa bolsa integrada por sueldo y prestaciones como aguinaldo, esto se repite en el ejecutivo, en el gobierno central cientos de empleados públicos de quienes la mayoría de ciudadanos ignoran su existencia y por ende sus funciones, reciben incluso mayores sueldos los diputados, y consecuentemente mayores prestaciones aguinaldo.

Es importante mencionar que abundan, coordinadores, analistas, asistentes administrativos, choferes mensajeros, secretarias, y decenas de servidores públicos con sueldos superiores a los 100 mil pesos, la páginas de transparencia no se ofrece detalles de que es lo qué específicamente realizan estos servidores públicos.

En dependencias como la coordinación de enlace con la sociedad civil duplican funciones de otras como Desarrollo Social, DIF y la Dirección de Participación Ciudadana, además de burocratizar el acercamiento entre sociedad civil y gobierno, pues se creo un intermediario.




Antes de cumplir un año de trabajo, a los empleados de confianza que entraron con esta administración se les entregó un aguinaldo correspondiente a 15 días de trabajo, cuando un empleado –que no sea de gobierno- debe cumplir 12 meses completos para tener derecho a los mismos días de prestación, en diciembre de 2015 y en marzo de 2016 -de acuerdo a transparencia- los funcionarios del gobierno ciudadano recibieron esta los 15 días de prestación a la que no tenían derecho.

Aún no sabemos cuánto recibirán de aguinaldo este diciembre de 2016, esperamos que la prestación que reciban los funcionarios de confianza sea acorde al discurso del titular del ejecutivo, que ha dicho que el estado necesita dinero con tanta urgencia que inclusive está dispuesto asumir el costo político de mover los plazos de eliminación de la tenencia, todo por la necesidad de los recursos.

Hacemos además un llamado a los ciudadanos de Nuevo León para que en 2017 visiten, naveguen y consulten las páginas de transparencia del Gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial y los Municipios, y ejerzan el derecho humano de acceso a la información pública (que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información) y así verifiquen de primera mano en que se están gastan los recursos públicos, ya que solo de esta forma se puede hacer material la rendición de cuentas.

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7 pesos para el pueblo, 450 mil para diputados

Aunque año tras año, los mecanismos de transparencia en México se han ido mejorando, esto no ha combatido los desfalcos injustificados de los funcionarios. Tal es el caso del bono “legal” que se están asignando esta semana los 500 diputados federales.

Cada diputado, según lo reportado, recibirá $450 mil pesos de bonos, aunque también se dice que el bono será de $781 mil pesos. Mientras tanto, los ciudadanos recibieron un aumento de siete pesos al salario mínimo, ¿ven la incongruencia?

Lamentablemente, se ha vuelto una “tradición navideña” que los 500 diputados federales se den este tipo de bonos. A pesar de que la economía del país no está en el mejor de sus tiempos, los legisladores se siguen sirviendo con la cuchara grande.




Este año los diputados se darán el regalito de $140 mil pesos de aguinaldo cada uno, $160 mil pesos de “dieta mensual” o “apoyos económicos” y $150 mil pesos en el llamado “bono inventado”. En total cada legislador recibirá $450 mil pesos, representando un total de $225 millones de pesos, que salen de tus impuestos y de los míos. Todo esto, tras 6 meses y medio de trabajo duro.

Mientras tanto, el mexicano promedio, recibirá un aguinaldo de $2 mil pesos, aproximadamente, y claro también un súper regalazo de 7 pesos más en el salario mínimo, pasando así de $73.04 pesos a $80.04 pesos. Vivimos en el país de las incongruencias.




Mientras los expertos en finanzas piden al país que se vaya amarrando el cinturón. Los diputados federales de este país continúan haciendo un desfalco. Además, todavía tienen el descaro de decir que estos bonos son una “tradición” y que están “100% transparentados”. Es decir, en otras palabras, “ciudadano te desfalque millones de pesos, pero mira, es transparente, puedes ver cuánto nos tocó a cada quien.”

Tal y como escribía ayer la periodista Sanjuana Martínez, “no por qué no sea ilegal, significa que es correcto…”, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Los diputados y senadores, a ellos les toco bono de $200 mil pesos a cada quien, ahora justifican y le dan mérito de “limpieza” a sus tranzas, diciendo que todo es “transparentado” en el sitio web de sus respectivas cámaras.

El detalle está en que según el periódico El Universal, el bono que se darán los diputados no será de $450 mil pesos, sino de $781 mil pesos, representando un total de $390 millones de pesos, por lo tanto, no todo el “paquete de regalo” está transparentado, como presumen.

En un país donde existen 70 millones de pobres, la clase política se sigue sirviendo con la cuchara grande, haciéndonos recordar esas épocas donde la monarquía era rica y el pueblo a veces ni pan tenía para comer.

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Dimes y Diretes: “Transparencia al caño”

Justamente en el momento que nuestro país está necesitado de transparencia y funcionarios que estén comprometidos con ella, salen nuestros queridos diputados federales a hacer todo lo contrario.

Ayer un periódico de prestigio dio a conocer que 14 de los 21 diputados federales de Nuevo León, no quisieron dar a conocer a quien o quienes, destinaron los “fondos de moches”.

Así es, dos tercios de nuestros flamantes diputados federales no quieren que la ciudadanía sepa a quien le dieron esos fondos que son, millones de pesos. Cada año los curulecos reciben hasta 66.1 millones de pesos del Presupuesto federal para que los asignen al estado o a los municipios.

Hace tiempo a este dinero se le llamaba “fondos de los moches”, después de que alcaldes y gobernadores se quejaran que los diputados, les pedían moches a cambio de los fondos. Ahora estos milloncitos tienen nombres bien fancy, se llaman Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Ampliaciones de Proyectos de Desarrollo Regional y Ampliaciones de Cultura.

 




Pero para no hacerles el cuento largo, fueron en su mayoría los diputados federales del PRI y su coordinador Álvaro Ibarra (sí, el que tiene una mansión en Olinala en San Pedro), quienes no quisieron revelar los montos y a quiénes le asignaron los milloncitos.

De hecho, entre los que quisieron mantener la “discreción” está otro discípulo de Rodrigo “Golden Boy” Medina, Federico “El Bailador” Vagas (con el sí bailo la transparencia).

 




No entiendo cuál es el fin de mantener los recursos que recibieron en secreto, ¿qué tienen que ocultarle a la ciudadanía? ¿Acaso los están asignando en campañas políticas para el 2018? Todos es una incógnita cuando se habla de estos diputados federales, pero pues por qué no decimos la verdad y es que probablemente los asignaron a sus compadres, con el fin de que este les dé un buen moche de los milloncitos que le están dando.

Es increíble que el país pide a gritos transparencia a sus funcionarios, pero diputados como estos tengan el descaro de ocultarle información muy valiosa a los ciudadanos, que al final de día son los dueños de la lana que ellos están repartiendo y también (y sin sonar muy Gilberto Lozano) son sus patrones.

¡Ahí Se Leen!

P.D. Así como critico, aplaudo a los diputados que si transparentaron a donde fue la lana: Waldo Fernández, Brenda Velásquez, Carlos de la Fuente, Baltazar Martínez, Tanía Arguijo, Ricardo Canavati y Mirna Saldívar. Bravo por ellos, ejemplos de funcionarios transparentes.

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Primer año de gobierno de Jaime Rodríguez: cambio de Forma pero no de Fondo

Destacamos dos aspectos positivos en el gobierno de “El Bronco":

Por un lado, es innegable el hecho que el actual gobernador lo pueden abordar los ciudadanos. Antes esto era casi imposible, pero ahora el gobernador posibilita que exista una cierta interacción con la ciudadanía. Además, quitaron las arcos detectores de metales en el Palacio de Gobierno. La eliminación de esta barrera física le hace entender a los nuevoleoneses que ahora se pueden acercar con mayor facilidad a los servidores públicos que despechan desde el Palacio de Cantera.

Por otro lado, Rodríguez Calderón ha disminuido notablemente el gasto en imagen en los medios tradicionales como la TV o las estaciones de radio. Esto supone un ahorro de los recursos públicos que puede ser destinado a otros asuntos importantes en Nuevo León.

Por citar un ejemplo, el gobierno de Rodrigo Medina gastó cerca de 4000 millones de pesos por concepto de servicios de publicidad en su sexenio. De esto se desprenden los interrogantes: ¿dónde está invirtiendo el actual gobierno ese dinero?




En lo que respecta a los aspectos negativos señalamos lo siguiente:

En primer lugar, en alusión a las Redes Sociales, estas se siguen utilizando para promocionar la imagen del gobernador pues se han dejado a un lado las cuentas institucionales y ahora se pagan anuncios desde las cuentas del titular del Ejecutivo. Además es casi imposible identificar en la nómina estatal a las más de 20 empleados públicos que (como el propio gobernador lo ha mostrado) se encuentran atendiendo sus redes sociales. Por otro lado es importante señalar que se está haciendo mal uso de los canales oficiales, uno de estos emblemáticos ejemplos es un video que retrata la Parodia entre El Bronco y un Presidente Nacional de un Partido.

En segundo lugar, en referencia a la página de Internet del gobierno del Estado, allí eliminaron todo vestigio de la administración de Rodrigo Medina, a excepción de la Sección de Transparencia en donde no solo están igual que la pasada administración sino además alegando ataques virtuales incumplen con lo que la Ley les Obliga. La información es pública, pero no es accesible y mucho menos abierta.




En tercer lugar, en relación al combate a la corrupción, transparencia y la rendición de cuentas, consideramos que son temas reiterativos en el discurso del gobernador, pero no se aplican en la realidad. En efecto, en el discurso de toma de protesta de El Bronco, él afirmó que “se les acabó la fiesta a los bandidos. Se acabaron los moches y las tranzas, se acabaron los lujos a costillas de la gente." No obstante, aún se está a la espera de una sanción ejemplar por el Cobijagate.

Cabe aquí plantear cuál es la co-responsabilidad de la Coordinación Ejecutiva encabezada por don Fernando Elizondo ¿qué hace? ¿Para qué se creo?. Además ¿por qué los contribuyentes de Nuevo León tienen que pagar casi medio millón de pesos al mes por la oficina de "enlace con la sociedad civil" cuando existe una Sub Secretaría de Participación Ciudadana?

En suma, consideramos que el primer año de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón representa en el más amplio sentido un cambio de forma por tratarse de un gobierno sin el respaldo de los partidos políticos tradicionales (el primero de este tipo en toda la República), no pactar con medios tradicionales, pero no de fondo, dado que persisten las peores prácticas de la administración pública, esas que tanto señaló a los rudos (partidos políticos) durante su campaña.

Redesquintopoder IDEA
Identifica, Denuncia y Actúa

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La hora de la Rendición de cuentas

Redes Quinto Poder, El Barzon y Evolución Mexicana explicaron el día de ayer la estrategia para combatir la resolución del famoso caso del #Cobijagate, Redes Quinto Poder envío el siguiente comunicado a los medios de comunicación:

En Nuevo León se habla todos los días del combate a la corrupción, la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas pero el discurso está lejos de la realidad, recientemente el gobierno del estado prácticamente exoneró a funcionarios públicos involucrados en el caso de compra de cobijas a precios inflados, conocido como el #Cobijagate.

Consideramos que el perdón no está apegado a derecho, una vez que recibamos la información solicitada de manera formal, determinaremos las acciones legales a seguir, esto para que la rendición de cuentas deje de ser solo parte del discurso y se convierta en una realidad en Nuevo León.

Redesquintopoder solicitó de manera formal lo siguiente:

AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRIMERO.- Solicitar a la Comisión Anticorrupción (en los términos del Art. 39 Fracción XXI inciso B, del reglamento para el gobierno interior del Congreso) realizar una investigación, haciendo uso entre otros de la figura de comparecencia de los funcionarios involucrados en la transacción, y en los que determinaron una sanción administrativa al caso denominado cobijagate (descrito ampliamente en la consideración PRIMERA de esta documento) a fin de que los ciudadanos tengamos mayor información y una investigación imparcial del caso.

A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Copia simple o versión electrónica o en el formato que esté disponible de los documentos que contengan el Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales del caso denominado Cobijagate en la que involucra la Comercializadora MIROF y al Estado de Nuevo León.

De acuerdo con el artículo 30 de Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, el Estado integrará el Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales el cual estará a disposición de la ciudadanía en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.

A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
Copia simple o versión electrónica o en el formato que esté disponible de los documentos que contengan la totalidad del procedimiento derivado de la investigación del caso denominado Cobijagate en la que involucra la Comercializadora Mirof S.A. En caso de que contengan datos personales solicito la versión pública del mismo. Adicionalmente hago saber que dicho procedimiento ha concluido con una resolución por lo que no puede alegarse que hay una reserva.

Con base en lo estipulado en el Artículo 4 y 6 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información y el Estado debe garantizar el efectivo acceso a la información de toda persona en posesión de cualquier entidad.

A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Realice una una Revisión de Situación Informe Excepcional y en su caso determinar promover sanciones a los funcionarios involucrados en el caso conocido como Cobijagate.

Copias:

Además las activistas:
LILIANA FLORES BENAVIDES
A la Subprocuraduría Anticorrupción:
Una queja formal contra la Subprocuraduría Antitocurrupción por la ilegalidad de haber hecho la figura de intermediación en la resolución del Cobijgate

TATIANA CLOUTHIER
A la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado
Los documentos relacionados al proceso de compra, recibo de bienes, pago y toda la información pública relacionada a la compra de 200 mil cobertores por parte de la ex subsecretaria de administración y finanzas a la Comercializadora MIROF

Redesquintopoder IDEA
Identifica, Denuncia y Actúa

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