Auditorías locales son presionadas por gobernadores para evitar lucha anticorrupción: ASF

Comparte este artículo:

El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, señaló que en las entidades prevalece el control de los gobernadores sobre los órganos de auditoría locales, lo que ha impedido avanzar en un sistema efectivo de fiscalización.

No hay seriedad en el combate a la Corrupción

Comparte este artículo:

Queda cada vez más claro que el supuesto Sistema Nacional (y Estatal) Anticorrupción es una simulación que armaron Peña Nieto y la partidocracia para aplacar la indignación cada día mayor que despertó tantos hechos vergonzosos, desde la casa blanca hasta el escándalo Odebrecht, pasando por el tren rápido a Querétaro y los despilfarros de los senadores y diputados. 

Basta decir que antes de nacer, contemplaba un Comité Nacional de Ética integrado por el Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados. ¡Un Comité que hubiera sido la risa del planeta entero! ¡La ética en manos de los más corruptos del país! Preocupa que el nuevo régimen ni siquiera se moleste en simular; su filosofía es de perdonar a los corruptos contra los cuales armó su campaña para ganar la presidencia de la República. Entre perdonar a los corruptos de ayer y proteger a los corruptos de mañana hay poca diferencia y pronto sabremos si existe tal diferencia. 

Es engañoso el discurso cotidiano del Presidente que afirma que por ser honesto él, (lo que es obvio solamente para él mismo; ¿honesto quién invitó a los tabasqueños a no pagar la luz hasta crear adeudos por casi 20 mil millones de pesos con la CFE?) el régimen es honesto e insospechable. AMLO da por asentado que ganó, o está ganado el combate al huachicoleo, pero no hemos sabido de un solo nombre de huachicolero detenido. Y siguen ardiendo los ductos. ¿Igual les va a perdonar haciéndoles prometer que se van a portar bien? ¿Pasará el mismo fenómeno con los “factureros”? 

No hay seriedad en el combate a la corrupción. ¿La habrá en el combate a la inseguridad? A nivel estatal, con el apoyo de los diputados de la partidocracia, están rápidamente transformando el Sistema Estatal Anticorrupción en un elefante blanco, refugio de los protegidos de Paco Cienfuegos, y de sus compinches de la partidocracia. 

El Comité de Participación Ciudadana, cuestionado mediante amparos que piden su nulidad por no cumplir con los requisitos de la convocatoria, se dedica a patrocinar eventos de análisis de la movilidad en el área metropolitana, cómo si no hubiera permanentemente hechos de corrupción por denunciar. Guadalupe Rivas, presidenta de dicho Comité está más presente en actos que no le corresponden que dando cuentas de las labores del Comité que preside. Resulta más preocupada por el sistema de transporte público que por el combate a la corrupción. 

Un Sistema que iba a ser eminentemente ciudadano resulta ser un monumento a la inutilidad y al despilfarro. Su Comité Coordinador sigue integrado sin que nadie proteste, por un Contralor carente de  legitimidad que el Congreso ni siquiera se ha dignado en ratificar, violando la Constitución del Estado de Nuevo León. Corrupción es también aceptar puestos y responsabilidades públicas para las cuales uno no está preparado. 

Que rectifiquen el Gobernador, el Congreso y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Urge por simple congruencia. Nuevo león lo exige.   

Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

Comparte este artículo:

El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

Le saca PGR a informar de caso Odebrecht

Comparte este artículo:

Esta mañana el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó que la Procuraduría General de la República (PGR) evitó dar a conocer el estatus de la investigación del caso Odebrecht, argumentando que es información reservado.

Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del SNA, informó que la PGR le notificó que solamente la víctima y el imputado pueden tener acceso al expediente, por lo que estaba impedido legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.

El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA, envió un exhorto a la PGR para que se diera a conocer el estado de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, y informara si seguía abierta o cerrada y de ser la primera opción, se diera un estimado de cuanto tiempo más tomaría la investigación.

Salgado informo que la PGR remitió al Comité los boletines de prensa que ha emitido, para señalar que la investigación sigue abierta, y que en cuanto al tiempo que estuviera abierta la investigación, no había fecha definida, ya que aún faltaban actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público.

En diciembre de 2016 directivos de la empresa brasileña Odebrecht admitieron haber dado 10.5 millones de dólares al entonces Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a cambio de contratos con la paraestatal.

La sociedad civil responde así a criticas de AMLO

Comparte este artículo:

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respondió, a través de un comunicado, los dichos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre su desconfianza hacia la sociedad civil.

La COPARMEX argumentó que desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad, y recordó 10 cambios que, en primera instancia, fueron propuestas y exigencias de la sociedad:

  1. La creación del Instituto Federal Electoral y las políticas de paridad en el sistema electoral
  2. La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humano y del Banco de México
  3. La reforma política de la Ciudad de México, sin la cual los habitantes de la capital no podrían elegir a sus autoridades
  4. La evaluación educativa y el servicio profesional docente basado en el mérito
  5. La evaluación independiente de la política social y la creación del CONEVAL
  6. La creación del INAI y la agenda de transparencia y rendición de cuentas
  7. La reforma en Derechos Humanos y denuncias de violaciones graves a los mismos (Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato)
  8. La Ley 3de3, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la denuncia de grandes casos de desvío de recursos como los de ChihuahuaNuevo León, Quintana Roo, SonoraVeracruz o la Estafa Maestra
  9. El amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental
  10. La iniciativa de reforma legal para contar con una Fiscalía verdaderamente independiente

“Más que suspicacia y recelo, el trabajo de la sociedad civil debería ser considerado como una aportación para diagnosticar y resolver los problemas colectivos. Sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”.

El crear nuevas reformas y mejorar las existentes, tiene que ser el reto del nuevo presidente: OCDE

Comparte este artículo:

Dar continuidad a las reformas estructurales, mejorarlas y complementarlas, junto con el desarrollo de una segunda ola de reformas, son las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa para quien sea el próximo presidente de México.

En su discurso inaugural del Foro OCDE México 2018, el ejercicio que el organismo internacional realiza por tercera ocasión en el periodo previo a elecciones presidenciales en México, el funcionario destacó los beneficios que ya están dando las reformas estructurales implementadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además de dar continuidad y mejorarlas, el líder de la organización destacó que el próximo jefe del ejecutivo debe lanzar una segunda ola de reformas complementarias en áreas clave como fortalecer las instituciones y del Estado de Derecho, la puesta en práctica del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional, el funcionamiento expedito y transparente del Sistema Judicial y el combate a la inseguridad.

En la presentación del reporte ‘Prioridades Estratégicas para México’, el secretario de la OCDE habló de los retos que se identifican como la alta dependencia del petróleo que obliga a ampliar la base tributaria para poder hacer frente a las necesidades sociales.

El funcionario del organismo internacional, señaló que ya ha tenido acercamiento con los candidatos tanto independientes como con los respaldados por las diferentes coaliciones de los partidos políticos para entregarles el informe.

El único con el que no han coincidido en tiempos ha sido con Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que en los procesos electorales de 2008 y de 2012 que se hizo este ejercicio, si se le otorgó.

Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, destacó la importancia de hacer una evaluación rigurosa de las reformas para fortalecer la economía porque “el crecimiento económico es condición necesaria para mejorar los niveles de vida del pueblo mexicano”.

Apuntó que las reformas logradas constituyen un buen camino para seguir avanzando y sería adverso que por protagonismos se vinieran abajo ya que el país requiere continuidad y que se logren consensos para la implementación de las políticas públicas.

En su intervención, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, calificó el ejercicio que realizó el equipo de la OCDE para identificar los retos del país como “un balance interesante”, pero señaló que es igual de importante reconocer los avances.

Cae México en índice global de corrupción

Comparte este artículo:

Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 -entre 180 países- y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero al 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.

El año pasado, en el informe anual 2016, México había descendió 28 posiciones con respecto a informe de 2015, que ubicó al País en la posición número 95 de los evaluados en materia anticorrupción.

La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró; los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a países como República Dominicana, Honduras, Kazajistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, lugar 96, con una calificación de 37 puntos; Argentina, lugar 85, con una calificación de 39 puntos, y Colombia, lugar 96, con 37 puntos.

México es además el país peor evaluado tanto del G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

De acuerdo con Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana esos resultados se explica por las “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país, y la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones.
“Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.

Presentan Incorruptible, plataforma ciudadana contra la corrupción

Comparte este artículo:

El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción abre nuevas oportunidades de colaboración en el combate a la corrupción. Por ello es que, para involucrar más a los ciudadanos e incluso a servidores públicos, Consejo Cívico en alianza con Borde Político, lanzaron el día de hoy la plataforma Incorruptible en la que se podrán recibir denuncias de actos de corrupción. El lanzamiento se da en el marco del Día Internacional Contra la corrupción, este 09 de diciembre.

A tres años de su lanzamiento, Yo di un moche, primera plataforma de su género en México, evoluciona y se une a los esfuerzos ejercidos en varios estados por Incorruptible.mx para lograr un vínculo estrecho con las autoridades locales encargadas de combatir los actos de corrupción.

Incorruptible.mx es una iniciativa desarrollada por Borde Político adoptada en la Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Coahuila y ahora Nuevo León para ofrecer a los ciudadanos una página web y una app para dispositivos móviles, que son herramientas de vanguardia para la denuncia de casos de corrupción.

Destaca que, gracias a la tecnología que la respalda, con esta plataforma podrás realizar denuncias individuales y colectivas de forma anónima y añadir evidencias; podrás hacerlo en tiempo real de manera georeferenciada; dar seguimiento puntual a los casos de corrupción; recibir notificaciones de estado y conocer los diferentes actos de corrupción en los que se incurre diariamente. En el sitio también encontrarás artículos de opinión, infografías, videos y noticias que muestran la imperante necesidad de combatir y denunciar esta dañina práctica en Nuevo León.

Adicionalmente, la app cuenta con la facilidad de monetizar los actos de corrupción. Y es que, aunque existen datos acerca de los índices de percepción al respecto, hoy en día es difícil saber a ciencia cierta cuánto nos cuesta la corrupción en México.

Su alcance es muy importante, ya que la plataforma ofrece un enlace hacia la Contraloría Estatal y las Municipales, así como a la Auditoría Superior del Estado con el objetivo de dar seguimiento y respuesta a las denuncias, sin perder su estatus de anonimato. Además, al programa se han sumado aliados entre los que se encuentran Hagámoslo Bien, Creando Espacios, Cívica Digital, Despierta Cuestiona y Actúa, Ciudadanos Contra la Corrupción, así como Canaco Monterrey, Caintra y Coparmex Nuevo León.

De esta manera, Consejo Cívico, a través de Incorruptible.mx, busca una mejor articulación entre autoridades, sociedad civil organizada, medios de información y ciudadanos que quieran combatir la corrupción a través de la denuncia, para juntos colaborar en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Este es un esfuerzo de la sociedad civil organizada que sale a la luz luego de la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativa como parte de todo el andamiaje del Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción, para socializar las nuevas reglas del juego.

Para conocer más, ingresa a: https://app.incorruptible.mx/. La app se encuentra disponible para su descarga en iOS y Android.

ONG acusa “Franco Boicot” al Sistema Nacional Anticorrupción

Comparte este artículo:

La directora por la Rendición por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales Canales, acusó que hay un “franco boicot” contra la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, durante la discusión “Diálogos vs la corrupción”, realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de la Semana Anticorrupción.

La académica señaló que el hecho que no se hayan nombrado a los fiscales y magistrados anticorrupción y que hasta la fecha sólo 14 estados hayan armonizado sus legislaciones a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) — cuando

La experta señaló que en cuanto al marco normativo, sí se están impulsando reformas en la materia, pero no se han podido concretar. “Es muy frustrante como activista, académica (…) que frente a la realidad veamos todo esto capturado y en juego por las elecciones”, agregó.

La académica acusó que de acuerdo con el Semáforo Anticorrupción de las organizaciones Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al 24 de noviembre 14 estados habían homologado sus legislaciones que tenían que haber completado el pasado 18 de julio y sólo 11 entidades cuentan con consejos de participación ciudadana.

Morales refirió que existen cuatro temas fundamentales para combatir la corrupción en el contexto actual: corrupción de ventanilla, el acceso a la función pública, justicia administrativa y redes de corrupción.

En esta primer mesa participaron Max Kaiser, director anticorrupción del Imco, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofksy, y la investigadora de la UNAM Issa Luna Pla, mientras que en al segunda que se realizará el 8 de diciembre contará con la asistencia del profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio; de la directora general de Suma Urbana A.C., Josefina Mac Gregor; y del director general de Data4, José Merino.

Fuero, gasolinazo y austeridad, fueron los primeros temas que se planteo el Frente Ciudadano.

Comparte este artículo:

Integrantes del Frente Ciudadano por México, conformado por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, anunciaron la agenda legislativa que propondrán en el Congreso de la Unión, la cual está integrada por 15 iniciativas.

En conferencia de prensa, los líderes del PAN, Ricardo Anaya; PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, así como los coordinadores de dichos partidos en el Senado y Cámara de Diputados, indicaron que con ello se busca reforzar las mejoras del país en materia de combate a la corrupción y en seguridad.

Los temas que impulsarán son: aprobar en la actual legislatura la Ley de Gobiernos de Coalición, eliminar el “pase automático” del procurador a fiscal general, eliminar el fuero de todos los servidores públicos, reformar la legislación en materia de adquisiciones y obra pública.

También buscarán eliminar los seguros de gastos médicos privados de altos servidores públicos, garantizar un presupuesto equitativo para los gobiernos estatales y municipales emanados de los partidos de oposición, establecer una política de mejora salarial en el país, aprobar la minuta en materia de desapariciones forzadas.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Fernando Herrera Ávila, manifestó que junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumarán esfuerzos para aprobar los temas que le corresponden a esta Cámara del Congreso de la Unión.

En tanto, el líder de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza, mencionó que todos los gobiernos, independientemente de colores, deben ajustarse a los principios, de tener fiscales autónomos, independientes, que sirvan a sus estados, a su gente, porque eso es lo que esperan del Sistema Nacional Anticorrupción millones de mexicanos.