Alertan que AMLO alista iniciativa para desaparecer Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción

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Este jueves, el presidente consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Francisco Ciscomani Freaner, advirtió que el presidente López Obrador enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que busca desaparecer la Secretaría Ejecutiva de ese sistema. 

Durante su participación en la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del SNA, Ciscomani Freaner afirmó que llegó a sus manos un proyecto de iniciativa presidencial para desaparecer la Secretaría Ejecutiva y fusionar aproximadamente 16 organismos desconcentrados en diversas secretarías. 

Ha llegado a mis manos un proyecto de iniciativa y la intensión del señor Presidente, la cual yo respeto en este clima de austeridad, de eventualmente proponer que algunas instituciones es sean básicamente fusionadas, que tiene grados de autonomía distintas, con secretarías de Estado, pero en el caso de la Secretaria Ejecutiva del SNA, viene pues prácticamente desaparecido“, indicó.

Ciscomani Freaner alentó a los integrantes de ese órgano para hacer un exhorto al titular del Ejecutivo a que “repiense” esta iniciativa y la Secretaría Ejecutiva del SNA continúe.

Yo sé que ustedes conocen a diferentes agentes políticos, cercanos a la Presidencia, muchos de ustedes conocen al presidente, yo quisiera plantearles esta situación, reflexionar con ustedes y realmente ver si eventualmente, no de forma oficial, podemos hacer un exhorto para que se repiensen estas iniciativas y la Secretaría Ejecutiva del SNA prevalezca como lo ha hecho hasta ahora haciendo un trabajo sistemático, un trabajo que nos sirve, un trabajo contundente que  auxilia y que nos lleve pues a un mejor estadio“, comentó.

La iniciativa me preocupa, porque si bien es cierto, la intensión del presidente que respeto, es loable, de tener economías para destinarlas a programas de todo tipo, programas que tiene él dentro de su esquema de gobierno particularmente programas sociales, sí me parece que la Secretaria Ejecutiva del SNA ha demostrado por mucho ser una institución eficiente no solamente en términos presupuestales, sino de logros en las construcción de un SNA que es complejo, que tarda, y que estamos ahora en vías de pasar a la nueva etapa por así decirlo“, expresó.

Por otra parte adelantó que el Comité de Participación Ciudadana del SNA pedirá al presidente López Obrador que retire esta iniciativa ya que la Secretaría Ejecutiva “es un pilar del Sistema Nacional Anticorrupción“.

Asimismo, resaltó que la Secretaría Ejecutiva ha seguido “el clima de austeridad al pie de la letray señaló que su presupuesto cada año tiene recortes. En 2017 fue de 224 millones de pesos, mientras que para 2022 tiene un presupuesto de 124 millones de pesos.

En la reunión que se realizó de manera virtual, participó también el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo; la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos; el auditor superior de la Federación, David Colmenares; la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures, quienes evitaron dar un posicionamiento sobre el proyecto de iniciativa.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

El monstruo de la corrupción

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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

La Política Nacional Anticorrupción y los derechos humanos

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El 29 de enero del 2020 el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA o la Política). Si bien la propuesta de PNA se presentó desde diciembre del 2018, los resultados de las elecciones de ese año muy probablemente postergaron su aprobación hasta un año después. La presente colaboración se centrará en explicar por qué considero que se vislumbra una señal esperanzadora para el enfoque de derechos humanos (EEDH) en la recién aprobada Política. 

En primer término, considero muy positivo que en la PNA se reconozca claramente en el árbol del problema de la corrupción en México que la consecuencia final de la corrupción es la restricción en “(…) el ejercicio efectivo de los derechos de las personas.” (174-5). Sin duda, este es un avance significativo. Más aún cuando uno de los cuatro principios transversales de la Política lo constituyen los Derechos Humanos (177-8). En unos breves párrafos se expresa el cada vez mayor consenso que existe acerca de la vinculación entre la corrupción y la violación de los derechos humanos. Además, identifica la posible vulneración de los derechos a la salud y a la educación en trámites y servicios en los cuales se presenten conductas de soborno y cohecho (178) y enfatiza, lo que es muy acertado desde el EEDH, que la afectación a los bienes y servicios protegidos por dichos derechos es mucho más grave en las poblaciones em situación de vulnerabilidad (178); este reconocimiento está, sin duda, alineado a colocar como un objetivo central de las políticas con EEDH “(…) a los grupos que se encuentran en situación de desventaja en términos del acceso a los derechos.” (CIDH 2019: 190).

En segundo lugar, es también positivo y esperanzador para el empoderamiento de las personas víctimas de la corrupción, la inclusión de los derechos humanos en las prioridades de política pública. Así por ejemplo, en la prioridad número 22: “programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción” (187); en la prioridad número 31 se hace mención de “una agenda estratégica con un enfoque incluyente y perspectiva de género…” (189), lo cual, indudablemente, se articula con el principio de la inclusión de la perspectiva de género y diversidad contemplado por la CIDH (2019: 193; 2018: 30-2); y en la prioridad número 40: “Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en mtaeria de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos” (190). Además de esto, resultan muy positivas para un EEDH las acciones sugeridas en el Anexo 3 de la Política. En primer término, las acciones relacionadas con las víctimas de la corrupción: “Fomentar el desarrollo de una estrategia para resarcir el daño de víctimas por hechos de corrupción, bajo un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos” (3); así como “[a]segurar la existencia de mecanismos de defensa legal, seguridad e integridad para (…) víctimas, así como sus familiares, (…) al igual que de su situación laboral” (6). Y, con relación a la prioridad 31, son de destacarse las acciones sugeridas siguientes: “Definir brechas y estrategias de involucramiento social en el combate a la corrupción (…)” y [g]enerar mecanismos de participación para grupos en situación de vulnerabilidad; estas sugerencias de actividades refuerzan, a no dudarlo, el principio de una política anticorrupción con EEDH relativo a la participación e inclusión social (CIDH 2019: 191).

A pesar de estos avances, me he referido a que estas aportaciones solamente vislumbran el EEDH en la Política, porque, si bien se moviliza un marco teórico de libros y artículos de una de las referencias académicas de las políticas con enfoque de derechos humanos y de la corrupción y los derechos humanos, Luis Daniel Vázquez Valencia (FLACSO México), no se aprecian en el marco teórico de la PNA referencias expresas a los documentos de la CIDH que he citado en estas colaboraciones (2019; 2018); además, tampoco hay consulta ni referencia a otro documento pionero en el tema: Corrupción y derechos humanos, autoría de Anne Peters (2015). Por otro lado, si la metodología para el diseño de políticas con EEDH implica, en primer término, la identificación y el desempaque de los derechos, no se explica por qué en la PNA únicamente se mencionan las Convenciones directamente relacionadas con la corrupción (Interamericana, OCDE y Naciones Unidas), pero no se hace uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de su Protocolo Adicional (Protocolo de San Salvador), de la Convención de Belem do Pará, etc. La respuesta a esto tal vez la encontremos en lo expresado el día de la aprobación de la Política por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Dra. María de la Luz Mijangos: “A mí me gustaría ver en las modificaciones o ajustes (…) que en la futura política anticorrupción hubiera un hilo conductor que la vincule con los derechos humanos.  Por ejemplo, cómo priorizar los casos en lo que la corrupción afecta a comunidades en situación de pobreza, en los que la corrupción genera violencia contra las mujeres, en los que la corrupción es detonante de la violación a los derechos humanos de los migrantes. (Versión estenográfica: 22-3).

En todo caso, las señales positivas de la PNA con EEDH que resumí, además de que una persona integrante del Comité Coordinador exprese la necesidad de incluir completamente el enfoque de derechos humanos en la Política Nacional Anticorrupción, es, a no dudarlo, una noticia esperanzadora para estructurar plenamente la metodología del enfoque de derechos humanos en la política nacional anticorrupción y en las políticas estatales anticorrupción ahora en curso de diseño. Además, para reconocer en todos sus efectos irradiadores en el ciclo de la política anticorrupción en México los efectos nocivos que la corrupción produce en el goce y disfrute efectivo de los derechos de las personas que transitan o residen en nuestro país. 

Esperemos que muy pronto, tanto el talento que existe en los órganos del SNA y de los sistemas locales anticorrupción, como las alianzas con las Comisiones de Derechos Humanos, con instituciones académicas, con organismos de los sistemas regional y universal de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, la alianza con las víctimas de la corrupción, permitan dar pasos acelerados hacia la completa aceptación del siguiente principio: “[L]los derechos humanos no son elementos complementarios de las políticas públicas sino el núcleo y razón de ser de la acción estatal.” (CIDH 2018: 48).

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.,

doc. 191, 15 de septiembre, español.

PETERS, Anne. 2015. Corrupción y derechos humanos. S.l.e.: Basel Institute on Governance.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Anexo 3. Acciones sugeridas asociadas a las 40 prioridades de la PNA. Aprobadas el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA llevada a cabo el 29 de enero del 2020. Disponible en: https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/Versi%C3%B3n_Esteno_1a_SO_CC_2020.pdf (consultada el 10 de mayo del 2020).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.

Presentan Incorruptible, plataforma ciudadana contra la corrupción

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El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción abre nuevas oportunidades de colaboración en el combate a la corrupción. Por ello es que, para involucrar más a los ciudadanos e incluso a servidores públicos, Consejo Cívico en alianza con Borde Político, lanzaron el día de hoy la plataforma Incorruptible en la que se podrán recibir denuncias de actos de corrupción. El lanzamiento se da en el marco del Día Internacional Contra la corrupción, este 09 de diciembre.

A tres años de su lanzamiento, Yo di un moche, primera plataforma de su género en México, evoluciona y se une a los esfuerzos ejercidos en varios estados por Incorruptible.mx para lograr un vínculo estrecho con las autoridades locales encargadas de combatir los actos de corrupción.

Incorruptible.mx es una iniciativa desarrollada por Borde Político adoptada en la Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Coahuila y ahora Nuevo León para ofrecer a los ciudadanos una página web y una app para dispositivos móviles, que son herramientas de vanguardia para la denuncia de casos de corrupción.

Destaca que, gracias a la tecnología que la respalda, con esta plataforma podrás realizar denuncias individuales y colectivas de forma anónima y añadir evidencias; podrás hacerlo en tiempo real de manera georeferenciada; dar seguimiento puntual a los casos de corrupción; recibir notificaciones de estado y conocer los diferentes actos de corrupción en los que se incurre diariamente. En el sitio también encontrarás artículos de opinión, infografías, videos y noticias que muestran la imperante necesidad de combatir y denunciar esta dañina práctica en Nuevo León.

Adicionalmente, la app cuenta con la facilidad de monetizar los actos de corrupción. Y es que, aunque existen datos acerca de los índices de percepción al respecto, hoy en día es difícil saber a ciencia cierta cuánto nos cuesta la corrupción en México.

Su alcance es muy importante, ya que la plataforma ofrece un enlace hacia la Contraloría Estatal y las Municipales, así como a la Auditoría Superior del Estado con el objetivo de dar seguimiento y respuesta a las denuncias, sin perder su estatus de anonimato. Además, al programa se han sumado aliados entre los que se encuentran Hagámoslo Bien, Creando Espacios, Cívica Digital, Despierta Cuestiona y Actúa, Ciudadanos Contra la Corrupción, así como Canaco Monterrey, Caintra y Coparmex Nuevo León.

De esta manera, Consejo Cívico, a través de Incorruptible.mx, busca una mejor articulación entre autoridades, sociedad civil organizada, medios de información y ciudadanos que quieran combatir la corrupción a través de la denuncia, para juntos colaborar en el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Este es un esfuerzo de la sociedad civil organizada que sale a la luz luego de la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativa como parte de todo el andamiaje del Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción, para socializar las nuevas reglas del juego.

Para conocer más, ingresa a: https://app.incorruptible.mx/. La app se encuentra disponible para su descarga en iOS y Android.

ONG acusa “Franco Boicot” al Sistema Nacional Anticorrupción

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La directora por la Rendición por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales Canales, acusó que hay un “franco boicot” contra la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, durante la discusión “Diálogos vs la corrupción”, realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de la Semana Anticorrupción.

La académica señaló que el hecho que no se hayan nombrado a los fiscales y magistrados anticorrupción y que hasta la fecha sólo 14 estados hayan armonizado sus legislaciones a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) — cuando

La experta señaló que en cuanto al marco normativo, sí se están impulsando reformas en la materia, pero no se han podido concretar. “Es muy frustrante como activista, académica (…) que frente a la realidad veamos todo esto capturado y en juego por las elecciones”, agregó.

La académica acusó que de acuerdo con el Semáforo Anticorrupción de las organizaciones Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al 24 de noviembre 14 estados habían homologado sus legislaciones que tenían que haber completado el pasado 18 de julio y sólo 11 entidades cuentan con consejos de participación ciudadana.

Morales refirió que existen cuatro temas fundamentales para combatir la corrupción en el contexto actual: corrupción de ventanilla, el acceso a la función pública, justicia administrativa y redes de corrupción.

En esta primer mesa participaron Max Kaiser, director anticorrupción del Imco, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofksy, y la investigadora de la UNAM Issa Luna Pla, mientras que en al segunda que se realizará el 8 de diciembre contará con la asistencia del profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio; de la directora general de Suma Urbana A.C., Josefina Mac Gregor; y del director general de Data4, José Merino.

Fuero, gasolinazo y austeridad, fueron los primeros temas que se planteo el Frente Ciudadano.

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Integrantes del Frente Ciudadano por México, conformado por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, anunciaron la agenda legislativa que propondrán en el Congreso de la Unión, la cual está integrada por 15 iniciativas.

En conferencia de prensa, los líderes del PAN, Ricardo Anaya; PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, así como los coordinadores de dichos partidos en el Senado y Cámara de Diputados, indicaron que con ello se busca reforzar las mejoras del país en materia de combate a la corrupción y en seguridad.

Los temas que impulsarán son: aprobar en la actual legislatura la Ley de Gobiernos de Coalición, eliminar el “pase automático” del procurador a fiscal general, eliminar el fuero de todos los servidores públicos, reformar la legislación en materia de adquisiciones y obra pública.

También buscarán eliminar los seguros de gastos médicos privados de altos servidores públicos, garantizar un presupuesto equitativo para los gobiernos estatales y municipales emanados de los partidos de oposición, establecer una política de mejora salarial en el país, aprobar la minuta en materia de desapariciones forzadas.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Fernando Herrera Ávila, manifestó que junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sumarán esfuerzos para aprobar los temas que le corresponden a esta Cámara del Congreso de la Unión.

En tanto, el líder de los diputados panistas, Marko Cortés Mendoza, mencionó que todos los gobiernos, independientemente de colores, deben ajustarse a los principios, de tener fiscales autónomos, independientes, que sirvan a sus estados, a su gente, porque eso es lo que esperan del Sistema Nacional Anticorrupción millones de mexicanos.

#ContraPortada: “Una Luz al Final del Túnel: El Sistema Nacional Anticorrupción”

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La corrupción es el problema más grande que tiene México, según la percepción de los ciudadanos. El INEGI afirma que en el país se realiza un acto de corrupción cada 3.5 segundos, vaya rapidez.

A pesar de haber aumentado el presupuesto asignado para combatir la corrupción en el país, la realidad es que año con año ocupamos los primeros puestos del ‘corruptómetro’ en comparación con otros países de la OCDE.

Sí, es la época donde Javier Duarte se ríe de las autoridades mexicanas mientras desfalcó a Veracruz y lo convirtió en un cementerio de periodistas. Sí, es la época donde Rodrigo Medina hundió las finanzas de Nuevo León y se pasea por el mundo sin un gramo de preocupación. Sí, es la época de las casas blancas, de los yates de los junior de la política, la época donde la riqueza se muestra en redes sociales sin importar el origen donde provenga.

Hay una relación directa entre los resultados que se obtienen en la prueba PISA sobre matemáticas, lectura y ciencias entre los países con las peores calificaciones en la percepción de corrupción. En ambas, México ocupa las peores calificaciones.

Entre el 2014 y 2016 aumentó un 94% el presupuesto asignado al combate a la corrupción para las instituciones públicas, mientras el INE pierde estrepitosamente su credibilidad con las acusaciones de fraude en las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Lo cierto es que como nunca antes hemos integrado esfuerzos de diversos elementos sociales que, luego de un hartazgo profundo y de una conciencia cada vez más activa, que ahora se traduce en un cúmulo de exigencias capaces de articular el Sistema Nacional Anticorrupción.

Un Sistema Nacional Anticorrupción que es aún demasiado perfectible, pero que nos genera una luz, aunque todavía opaca, al final del túnel. Una luz que hemos creado sociedad, IP, gobiernos con voluntad o por necesidad y un inevitable ajuste a las exigencias ciudadanas por derrumbar, piedra por piedra, el monstruo de mil cabezas llamado corrupción.

#ElPípila: Diputados a la yugular de Canales; Y hay que tener fe en la PGR

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Diputados contra Canales

Los que se le lanzaron ayer a la yugular al subprocurador anticorrupción del estado, Ernesto Canales, fueron los diputados locales, pero del PRI, en especial Héctor “La Bruja” García, quien dijo que si era necesario sus compañeros y el estaban más que puestos para ir a comparecer a la Ciudad de México en contra de Canales.

Según García, Canales miente al decir que él no recibió 6 millones de dólares, puesto que hace unos meses, durante una comparecencia en el Congreso, el subprocu anticorrupción aceptó haber recibido ese dinero, pero como “honorarios”.

La cuestión aquí es que, desde hace varios meses, es más, les puedo decir que desde hace un año como que los diputados locales del PRI andan medios ardiditos y de todo le tiran a Canales. No olvidemos los desagradables comentarios de Gabriel “Me cuelgo de todo” Tláloc sobre Canales, donde hasta lo acuso de homosexual y tener una relación con “el Bronco”.

Claro está, que todo esto lo hacen con el fin de defender a su patrón, Rodrigo “Rorro” Medina, ¿o no?

Ex escolta de Roberto Flores involucrado en secuestro 

El empresario y director general de Ladrillera Mecanizada, Agustín Villarreal Budnik, denunció el día de ayer que uno de los ex escoltas del ex procurador de Nuevo León, Roberto “Biker” Flores, estuvo involucrado en su secuestro el año pasado. Además del escolta, el empresario regiomontano asegura que 21 agentes ministeriales también participaron.

Villarreal Budnik, logro identificar al escolta Javier Alejandro Rodríguez Rodríguez como uno de los autores de su secuestro. El problema, y si aquí es donde la historia se pone muy oscura, es que Javier Alejandro nunca pudo atestiguar, ya que fue asesinado en el ataque del 9 de mayo del 2016 en una tienda de artículos de oficina en San Pedro Garza García.

El empresario solicito desde el año pasado las fotografías de los agentes ministeriales para reconocer a sus secuestradores, pero estas le fueron proporcionadas hasta la entrada del nuevo Procurador Bernardo González, este año.

El problema en el asunto, es que el gober, minimizo el secuestro y dijo que era “un pleito familiar” y que el secuestrado debía de arreglarse con su papá, mismo que es muy amigo de “el Bronco”. Las declaraciones de Jaime se dan a pesar de que Agustín Villarreal acusa a su papá y hermano de haberlo mandado secuestrar y haber usado al gobierno estatal de “el Bronco” para lograrlo.

Muchas preguntas en el aire, que merecen una pronta respuesta.

Osorio Chong pide tener fe 

El que se pasó de lanza ayer fue el Secretario de Gobernación, Osorio “El Chino” Chong, debido a ayer dijo que se debe de “tener fe” en la PGR. Las declaraciones del “Chino” se dan después de la desastrosa primera audiciencia que tuvieron los fiscales de la dependencia.

Según Osorio, esto apenas empieza y que la PGR tiene todas las de ganar en el caso, además de que han estado trabajando bien e informando a la ciudadanía. ¡’Seas Mamon Chino!

Sistema Nacional Anticorrupción vació… 

Ayer entró en vigor a nivel nacional, el Sistema Nacional Anticorrupción, el único problema es que no hay sistema, pues el Congreso del Unión nunca aprobó un periodo extraordinario para nombrar fiscal anticorrupción y magistrados.

Por cierto, nada que hubo evento masivo para la entrada de vigor, ahí sí, los congresistas y Los Pinos se quedaron bien calladitos. ¡De miedo!

¡Vámonos qué aquí asustan!

Exigen organizaciones Fiscal Anticorrupción Independiente

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Organizaciones ciudadanas, académicas y empresariales, en las que destacan el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., Transparencia Mexicana y Coparmex, convocaron el día de hoy a una conferencia de prensa donde exigirán la creación de una Fiscalía General Independiente, con las que se atiendan las investigaciones de casos de corrupción.

Otras de las demandas que harán los representantes de las organizaciones es transparencia en el nombramiento de funcionarios, la asignación de recursos públicos para combatir la corrupción y una nueva generación de reformas contra esos delitos.

Por último, exigieran al Congreso de la Unión que avance en las reformas y nombramientos que tiene pendientes antes de que termine el sexenio.

La conferencia de prensa se da a unas horas de que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) inicié. Como ya se había mencionado con anterioridad, el Congreso no aprobó un periodo extraordinario para nombrar al fiscal y magistrados que controlaran el SNA, por lo que su inició será sin dientes ni garras para combatir la corrupción.

Senadores dejan sin fiscal ni magistrados al Sistema Nacional Anticorrupción.

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Senadores del PRD, PAN y PT rechazaron realizar un período extraordinario de sesiones,  para designar al fiscal y magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que arrancará funciones el próximo 19 de julio, sin estas figuras.

Con la ausencia de los coordinadores del PVEM y el PRI, y bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) debe entregar una propuesta legislativa que señale las carencias y omisiones de las actuales leyes del SNA, la coordinadora del PRD, Dolores Padierna, dijo que prefirieron esperar antes de aprobar las propuestas de Fiscal Anticorrupción enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto, y que aseguró desconocen.

Ademas Padierna aseguró que se debe analizar la resolución del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que el pasado 3 de junio rechazó solicitar al gobierno federal información sobre el programa espía Pegasus, u otros semejantes en su poder, con el argumento de que el espionaje no es un delito considerado dentro del catálogo de corrupción.

Según la coordinadora del PRD, ante la ausencia de los coordinadores del PRI y PVEM publicarán en próximos días la agenda que seguirán desde la Comisión Permanente.