Ineficiencia en el Sistema Anticorrupción

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La reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), estableciendo una nueva regulación en el ámbito de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, fiscalización y control de recursos públicos; lo que implicó la inclusión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) al Comité Coordinador del SNA, otorgándole la responsabilidad de determinar las sanciones a los servidores públicos y a los particulares que participen en faltas administrativas graves.

De manera particular, las atribuciones conferidas al TFJA consisten en: 

i) Sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares vinculados con estas.

ii) Fincar a los responsables del pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales.

Para los fines enunciados, se estableció que el TFJA funcionaría mediante una tercera sección de la Sala Superior integrada por cinco magistrados; y en cinco Salas Especializadas con quince magistrados; en ambos casos, la designación de los magistrados está reservada al Titular del Ejecutivo Federal, pero su ratificación debe realizarla el Senado de la República.

Sin embargo, a pesar de la importancia que en el papel juega el contenido de la reforma en cuestión, el intento por combatir actos de corrupción ha resultado ineficaz, dado que a la fecha el TFJA no ha podido operar de forma total, pues no han sido aprobados los nombramientos de los magistrados encargados de desarrollar tales funciones.

Es decir, han transcurrido más de cuatro años sin que los Senadores ni el Presidente en turno, puedan coordinarse para designar y aprobar las Magistraturas correspondientes.

Al respecto, cabe señalar que si bien el 24 abril de 2017, el entonces Presidente de la República Enrique Peña Nieto, envió al Senado las propuestas de Magistrados, no fue sino hasta el 31de julio de este año, que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resolvió no ratificar dicha designación.

Por lo que el 17 de septiembre de 2019, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó al TFJA le remitiera las nuevas propuestas para los cargos referidos, o en su caso se confirmaran las ya presentadas, a fin de que por su conducto fueran sometidas a consideración del Presidente de la República.

Razón por la cual, en sesión de fecha 22 de octubre de 2019 la Junta de Gobierno y Administración del TFJA, emitió el Acuerdo G/JGA/70/2019 denominado “convocatoria al concurso interno de oposición para la selección de candidatos para ocupar cargos de magistrados de salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y magistrados de la tercera sección de sala superior”; que implica el comienzo de un proceso de evaluación y selección de candidatos para hacerse del conocimiento del Presidente de la República.

Es por lo anterior, que considero indispensable no se postergue más el proceso de designación y ratificación para que el TFJA pueda cumplir con los fines que la reforma Constitucional persigue, consistente en la disuasión en los servidores de no cometer faltas administrativas ni actos de corrupción; garantizar que éstos desempeñen sus funciones, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, eficiencia y acorde a los más altos estándares de integridad pública; así promover el mejoramiento permanente de la actividad administrativa en general. 

En tal virtud, debe materializarse de forma inmediata dicho mecanismo legal; o en su caso, definirse el que va prevalecer, en tanto en julio de este año el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, presentó una iniciativa que retoma los postulados enunciados, buscando se cree un Tribunal Federal Anticorrupción.

Cualquiera que sea la denominación de la institución, no hay tiempo para postergar su funcionamiento, dado que el combate a los actos de corrupción, es un tema de orden público e interés social.

Predicar con el ejemplo: Las designaciones anticorrupción

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“Predicar con el ejemplo”, “el buen juez por su casa empieza”, “candil de la calle…, obscuridad de su casa”, son expresiones cuyo significado se relaciona con ciertas situaciones decisionales relevantes, en las cuales las personas decisoras tienen un deber mayor que otras porque la decisión por sí misma es un ejemplo para más personas o para otras situaciones. 

Así, por ejemplo, en la vida cotidiana se exige de padres y madres que las decisiones que tomen sean ejemplares para sus hijas e hijos. En la vida pública, por su parte, se espera que los juzgadores sean justos no solamente en sus sentencias, sino incluso en su actuar dentro del tribunal o juzgado que dirigen. Las designaciones anticorrupción caen, sin duda, en este supuesto de mayor exigencia que cualquier otra designación. 

Recientemente, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han puesto el parámetro de exigencia mayor respecto de designaciones de magistraturas anticorrupción en al menos dos aspectos: Primero, por lo que hace a un nivel de justificación elevado en cuanto a los méritos y las capacidades de las personas designadas y, segundo, en cuanto a la necesidad de convocatorias públicas para justificar precisamente dichas calidades.

El primer criterio se deriva de la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 311/2018 (Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Este asunto deriva del amparo estratégico que presentaron las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en el cual el Juez Octavo de Distrito del Primer Circuito Judicial del país les concedió la razón en el sentido de que las designaciones debían justificarse en cuanto a su idoneidad por parte del Ejecutivo y la Cámara de Senadores estaba obligada a motivar de forma reforzada la ratificación de dichos nombramientos (Amparo Indirecto 589/2018).

El 4 de abril el Tribunal Colegiado antes señalado confirmó la obligación de que las designaciones y ratificaciones de las Magistraturas Anticorrupción del Tribual Federal de Justicia Administrativa están sometidas a un deber mayor de las autoridades que participan en dicho proceso, por la naturaleza del sistema anticorrupción (71). En este mismo sentido, para este tipo de designaciones no es suficiente con enunciar datos curriculares y experiencia personal como prueba de idoneidad (89); esto es, no se trata de una obligación meramente formal, sino que debe justificarse suficientemente que las personas propuestas son las idóneas para el puesto. Pero no en términos genéricos, sino incluso, señala el Tribunal Colegiado, en razón de los atributos de idoneidad de servidores públicos especializados (85). En suma, la designación y ratificación debe contar con una motivación reforzada, porque se trata de una decisión que involucra derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos (99), como son las designaciones en el SNA.

El segundo criterio deriva de la sentencia que se dictó el pasado 26 de marzo por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito del país en el Amparo en Revisión 35/2019. Este asunto también se relaciona con designaciones de magistraturas administrativas, pero del estado de Colima, y también dentro del Sistema Local Anticorrupción. En esencia, el quejoso en este asunto se inconformó porque la designación llevada a cabo por el Ejecutivo y el Congreso de dicho estado se fundó en normas que no contemplaban la expedición de una convocatoria para ser designado para dichos cargos, con lo cual se violentaba su derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad y la independencia judicial de dicho tribunal.

El referido órgano judicial de circuito le dio la razón al quejoso. En efecto, en la sentencia se confirma que “las disposiciones impugnadas al no prever la participación de la sociedad en igualdad de circunstancias, por no contemplar que se emita una convocatoria en el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa llevado a cabo por las autoridades responsables, es inconstitucional e inconvencional, pues transgreden el derecho del quejoso a participar, en igualdad de condiciones, para acceder al cargo de Magistrado…” (120). Debe señalarse que en este caso las normas aplicadas para las designaciones impugnadas no contemplaban expresamente la obligación de la expedición de una convocatoria, es por ello que tanto las reglas como el acto de nombramiento son contrarios a la Constitución porque no se respeta plenamente el derecho a la igualdad de todas las personas que hubieren deseado concursar para el cargo.

Como puede apreciarse, designaciones tan importantes como las magistraturas del SNA deben contar con una motivación reforzada para justificar la prueba de idoneidad, de méritos y capacidades de las personas designadas y ratificadas. Y por lo que hace a los nombramientos correspondientes a las magistraturas de los SLA, éstos deben ser consecuencia de una convocatoria pública en donde se respete y garantice la igualdad de oportunidades de todas las personas interesadas en participar. En otras palabras, es en las designaciones anticorrupción en donde debemos esperar parámetros de designación con mayores niveles de transparencia, de pruebas de idoneidad especializada y de decisiones regladas. Esto, por la importancia constitucional de las designaciones y, además, porque tales nombramientos deben ser la guía para todo el sistema y, así, evitar los riesgos de captura de tales cargos.

Es en este último sentido que, como señalé en mi colaboración anterior, en Nuevo León está pendiente la resolución de un juicio de amparo al efecto de que se resuelva, por un lado, la obligatoriedad de la emisión de una convocatoria pública para la propuesta y designación de la persona más idónea para la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL) y, por la otra, que sí existe un real conflicto de interés cuando un integrante del Comité de Selección es designado como Secretario Técnico con el voto de aquellos a los que él mismo nombró como miembros del Comité de Participación Ciudadana.

En suma, esperamos que en las designaciones anticorrupción en Nuevo León, y en todo el país, se predique con el ejemplo.

Los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción

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A casi cinco años de la reforma constitucional que lo creó, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) acumula pendientes que lo hacen ineficaz. En primer término, aún está por aprobarse la política nacional anticorrupción; tampoco se han consolidado normativa y orgánicamente los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA); y recientemente el Comité Coordinador del SNA prorrogó hasta diciembre de este año la entrada en vigor del formato para las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos. Tres temas que sin su operación completa impiden la eficacia de lo ideado en ese ya lejano 2015.

La política nacional anticorrupción debe ser aprobada por el Comité Coordinador del SNA, según se indica en la Ley General del SNA (art. 9, fr. III). Existe una propuesta de política nacional elaborada después de un proceso de más de un año (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421406/Propuesta_Pol_tica_Nacional_Anticorrupci_n.pdf). En ella se definen 4 ejes estratégicos: a) la impunidad, b) la arbitrariedad, c) el involucramiento de la sociedad y d) las interacciones gobierno y sociedad; además, para la articulación de estos ejes se definen 4 principios transversales: i) coordinación institucional, ii) derechos humanos, iii) apertura institucional y iv) inteligencia y tecnología; por último, se expresan 60 prioridades de política pública.

En este tema advierto dos pendientes del SNA: por un lado, la formalidad de la aprobación de la propuesta lo más pronto posible, para poder operar las prioridades definidas de política pública. Por otro lado, y más urgente aún, es que la propuesta sea verdaderamente integrada desde un enfoque de derechos humanos, esto es, que sin indecisión alguna se afirme y se defina la política bajo la premisa de que la corrupción implica una violación directa o indirecta a los derechos humanos. No es suficiente mencionar en 32 ocasiones la palabra “derechos humanos” para considerar que tiene un enfoque en este sentido. Por el contrario, la política debería contemplar, al menos, el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad y la incorporación de la perspectiva de género (Fundar 2011), lo cual, desafortunadamente, no se aprecia en la propuesta.

Por otra parte, el SNA no logra articularse completamente porque la construcción normativa y orgánica de los SLA aún no finaliza. Si bien a la fecha ya todas las entidades han adecuado sus constituciones y han expedido su ley anticorrupción correspondiente, sí es de señalarse el caso de Hidalgo y Nuevo León, cuyos Congresos no han adecuado la ley de responsabilidades administrativas (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447821/Avance_Marco_Normativo___25.03.2019.pdf). La ley de responsabilidades administrativas local, dado que pertenecemos a un sistema nacional, debe respetar las reglas de la ley general, pero debe de cualquier forma ser adecuada por el Congreso del Estado.

Un pendiente más está en los órganos de los SLA. La primera dimensión de este problema consiste en completar la integración de todas las instancias anticorrupción en el estado; en este rubro deben nombrarse 6 instancias en cada estado: 1) Comité de Selección, 2) Comité de Participación Ciudadana, 3) Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 4) Magistratura en Responsabilidades Administrativas, 5) Comité Coordinador y 6) Secretaría Ejecutiva. Preocupan los casos de Chiapas, con 2 instancias completas de las 6, y la Ciudad de México que sólo tiene 1, aunque también faltan de finalizar el entramado orgánico las dos Bajas, Campeche, Chihuahua, Morelos, S.L.P. y Tlaxcala (http://sna.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Seguimiento_32SLA_22.03.2019.pdf).

Sin embargo, una dimensión adicional tiene que ver con los intentos de captura de algunas instancias de los SLA o en violaciones a procedimientos o derechos de aspirantes a ciertos cargos. Así, por ejemplo, ha sucedido con las magistraturas de responsabilidades administrativas en los estados de Colima y Michoacán, en donde se ha ordenado por jueces de amparo la reposición de procedimientos de designación (https://www.proceso.com.mx/576650/destituyen-a-tres-magistrados-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-colima y https://www.mimorelia.com/juez-ordena-al-congreso-reposicion-del-proceso-de-seleccion-de-magistrados-anticorrupcion/). Un caso más es el de la designación del titular de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, en donde se espera pronto una resolución de un juzgador de amparo al efecto de que determine que sí era obligatorio emitir una convocatoria pública para el cargo y que sí existe impedimento para que un integrante del Comité de Selección sea designado como Secretario Técnico con el voto de aquellos a los que él mismo nombró como miembros del Comité de Participación Ciudadana (https://altavz.com/tag/secretaria-tecnica-del-sistema-estatal-anticorrupcion/). 

Finalmente, la otra institución pendiente de operar plenamente en el SNA se refiere a los nuevos formatos para la declaración patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos. De acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Comité Coordinador aprobar los formatos, manuales e instructivos correspondientes; para ello, el 16 de noviembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo respectivo del Comité Coordinador, en el cual se fijó como fecha de obligatoriedad del formato cuando fuesen interoperables el sistema de declaraciones con el de la Plataforma Digital Nacional, lo cual debía acontecer a más tardar el 30 de abril próximo. Sin embargo, el pasado 21 de marzo, en su primera sesión extraordinaria el Comité aprobó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 la señalada interoperabilidad y, por ende, el formato será exigible…, ¡hasta enero del 2020!

Si bien las razones para mover el inicio del formato pueden parecer plausibles (no contempla los otros dos tipos de declaraciones -de conclusión y de modificación-, tenía errores o imprecisiones…), preocupa la explicación de que, según la Secretaría de la Función Pública, se aumentaría exponencialmente el número de servidores públicos obligados, incluso médicos, enfermeras, maestros. Primero, porque esta complejidad ya estaba resuelta en el formato e instructivo aprobados en noviembre pasado; en efecto, ahí se determinó que habría una segmentación de tres grupos o niveles de servidores públicos. Y segundo, porque el prolongar aún más la entrada en vigor impide que cumpla su función “para la prevención de conflictos de intereses como para la detección e investigación de ciertos delitos asociados a la corrupción pública, especialmente el enriquecimiento ilícito de funcionario público.” (http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/ley_explicativo.pdf).

En síntesis, los pendientes del SNA que lo hacen por ahora ineficaz son: i) una política nacional anticorrupción cuya aprobación no es aún una realidad y que no está propuesta con un enfoque de derechos humanos; ii) los Sistemas Locales Anticorrupción inconclusos en cuanto a sus normas y sometidos al riesgo de la captura o de repetir vicios pasados en cuanto a violaciones procedimentales o de derechos en las designaciones, y iii) la eterna prórroga de la entrada en vigor del formato de declaración patrimonial y de intereses. 

Parecería ser que la implementación de la coordinación ha resultado mucho más compleja de lo pensábamos.

Auditorías locales son presionadas por gobernadores para evitar lucha anticorrupción: ASF

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El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, señaló que en las entidades prevalece el control de los gobernadores sobre los órganos de auditoría locales, lo que ha impedido avanzar en un sistema efectivo de fiscalización.

No hay seriedad en el combate a la Corrupción

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Queda cada vez más claro que el supuesto Sistema Nacional (y Estatal) Anticorrupción es una simulación que armaron Peña Nieto y la partidocracia para aplacar la indignación cada día mayor que despertó tantos hechos vergonzosos, desde la casa blanca hasta el escándalo Odebrecht, pasando por el tren rápido a Querétaro y los despilfarros de los senadores y diputados. 

Basta decir que antes de nacer, contemplaba un Comité Nacional de Ética integrado por el Presidente de la República y los Gobernadores de los Estados. ¡Un Comité que hubiera sido la risa del planeta entero! ¡La ética en manos de los más corruptos del país! Preocupa que el nuevo régimen ni siquiera se moleste en simular; su filosofía es de perdonar a los corruptos contra los cuales armó su campaña para ganar la presidencia de la República. Entre perdonar a los corruptos de ayer y proteger a los corruptos de mañana hay poca diferencia y pronto sabremos si existe tal diferencia. 

Es engañoso el discurso cotidiano del Presidente que afirma que por ser honesto él, (lo que es obvio solamente para él mismo; ¿honesto quién invitó a los tabasqueños a no pagar la luz hasta crear adeudos por casi 20 mil millones de pesos con la CFE?) el régimen es honesto e insospechable. AMLO da por asentado que ganó, o está ganado el combate al huachicoleo, pero no hemos sabido de un solo nombre de huachicolero detenido. Y siguen ardiendo los ductos. ¿Igual les va a perdonar haciéndoles prometer que se van a portar bien? ¿Pasará el mismo fenómeno con los “factureros”? 

No hay seriedad en el combate a la corrupción. ¿La habrá en el combate a la inseguridad? A nivel estatal, con el apoyo de los diputados de la partidocracia, están rápidamente transformando el Sistema Estatal Anticorrupción en un elefante blanco, refugio de los protegidos de Paco Cienfuegos, y de sus compinches de la partidocracia. 

El Comité de Participación Ciudadana, cuestionado mediante amparos que piden su nulidad por no cumplir con los requisitos de la convocatoria, se dedica a patrocinar eventos de análisis de la movilidad en el área metropolitana, cómo si no hubiera permanentemente hechos de corrupción por denunciar. Guadalupe Rivas, presidenta de dicho Comité está más presente en actos que no le corresponden que dando cuentas de las labores del Comité que preside. Resulta más preocupada por el sistema de transporte público que por el combate a la corrupción. 

Un Sistema que iba a ser eminentemente ciudadano resulta ser un monumento a la inutilidad y al despilfarro. Su Comité Coordinador sigue integrado sin que nadie proteste, por un Contralor carente de  legitimidad que el Congreso ni siquiera se ha dignado en ratificar, violando la Constitución del Estado de Nuevo León. Corrupción es también aceptar puestos y responsabilidades públicas para las cuales uno no está preparado. 

Que rectifiquen el Gobernador, el Congreso y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Urge por simple congruencia. Nuevo león lo exige.   

Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

Le saca PGR a informar de caso Odebrecht

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Esta mañana el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó que la Procuraduría General de la República (PGR) evitó dar a conocer el estatus de la investigación del caso Odebrecht, argumentando que es información reservado.

Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del SNA, informó que la PGR le notificó que solamente la víctima y el imputado pueden tener acceso al expediente, por lo que estaba impedido legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.

El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA, envió un exhorto a la PGR para que se diera a conocer el estado de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, y informara si seguía abierta o cerrada y de ser la primera opción, se diera un estimado de cuanto tiempo más tomaría la investigación.

Salgado informo que la PGR remitió al Comité los boletines de prensa que ha emitido, para señalar que la investigación sigue abierta, y que en cuanto al tiempo que estuviera abierta la investigación, no había fecha definida, ya que aún faltaban actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público.

En diciembre de 2016 directivos de la empresa brasileña Odebrecht admitieron haber dado 10.5 millones de dólares al entonces Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a cambio de contratos con la paraestatal.

La sociedad civil responde así a criticas de AMLO

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respondió, a través de un comunicado, los dichos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre su desconfianza hacia la sociedad civil.

La COPARMEX argumentó que desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad, y recordó 10 cambios que, en primera instancia, fueron propuestas y exigencias de la sociedad:

  1. La creación del Instituto Federal Electoral y las políticas de paridad en el sistema electoral
  2. La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humano y del Banco de México
  3. La reforma política de la Ciudad de México, sin la cual los habitantes de la capital no podrían elegir a sus autoridades
  4. La evaluación educativa y el servicio profesional docente basado en el mérito
  5. La evaluación independiente de la política social y la creación del CONEVAL
  6. La creación del INAI y la agenda de transparencia y rendición de cuentas
  7. La reforma en Derechos Humanos y denuncias de violaciones graves a los mismos (Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato)
  8. La Ley 3de3, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la denuncia de grandes casos de desvío de recursos como los de ChihuahuaNuevo León, Quintana Roo, SonoraVeracruz o la Estafa Maestra
  9. El amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental
  10. La iniciativa de reforma legal para contar con una Fiscalía verdaderamente independiente

“Más que suspicacia y recelo, el trabajo de la sociedad civil debería ser considerado como una aportación para diagnosticar y resolver los problemas colectivos. Sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”.

El crear nuevas reformas y mejorar las existentes, tiene que ser el reto del nuevo presidente: OCDE

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Dar continuidad a las reformas estructurales, mejorarlas y complementarlas, junto con el desarrollo de una segunda ola de reformas, son las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa para quien sea el próximo presidente de México.

En su discurso inaugural del Foro OCDE México 2018, el ejercicio que el organismo internacional realiza por tercera ocasión en el periodo previo a elecciones presidenciales en México, el funcionario destacó los beneficios que ya están dando las reformas estructurales implementadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además de dar continuidad y mejorarlas, el líder de la organización destacó que el próximo jefe del ejecutivo debe lanzar una segunda ola de reformas complementarias en áreas clave como fortalecer las instituciones y del Estado de Derecho, la puesta en práctica del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional, el funcionamiento expedito y transparente del Sistema Judicial y el combate a la inseguridad.

En la presentación del reporte ‘Prioridades Estratégicas para México’, el secretario de la OCDE habló de los retos que se identifican como la alta dependencia del petróleo que obliga a ampliar la base tributaria para poder hacer frente a las necesidades sociales.

El funcionario del organismo internacional, señaló que ya ha tenido acercamiento con los candidatos tanto independientes como con los respaldados por las diferentes coaliciones de los partidos políticos para entregarles el informe.

El único con el que no han coincidido en tiempos ha sido con Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que en los procesos electorales de 2008 y de 2012 que se hizo este ejercicio, si se le otorgó.

Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, destacó la importancia de hacer una evaluación rigurosa de las reformas para fortalecer la economía porque “el crecimiento económico es condición necesaria para mejorar los niveles de vida del pueblo mexicano”.

Apuntó que las reformas logradas constituyen un buen camino para seguir avanzando y sería adverso que por protagonismos se vinieran abajo ya que el país requiere continuidad y que se logren consensos para la implementación de las políticas públicas.

En su intervención, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, calificó el ejercicio que realizó el equipo de la OCDE para identificar los retos del país como “un balance interesante”, pero señaló que es igual de importante reconocer los avances.

Cae México en índice global de corrupción

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Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 -entre 180 países- y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero al 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.

El año pasado, en el informe anual 2016, México había descendió 28 posiciones con respecto a informe de 2015, que ubicó al País en la posición número 95 de los evaluados en materia anticorrupción.

La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró; los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a países como República Dominicana, Honduras, Kazajistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, lugar 96, con una calificación de 37 puntos; Argentina, lugar 85, con una calificación de 39 puntos, y Colombia, lugar 96, con 37 puntos.

México es además el país peor evaluado tanto del G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

De acuerdo con Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana esos resultados se explica por las “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país, y la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones.
“Estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción. De acuerdo con el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.