La corrupción mata

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La corrupción mata. La corrupción genera negligencias administrativas y operativas. La negligencia mata. Las negligencias administrativas y operativas provocan irresponsabilidades criminales. La irresponsabilidad mata. La irresponsabilidad resulta de juegos políticos y partidistas que son muy ajenos al bien común que debería ser el fin último de la política. Los juegos políticos y la partidocracia matan. 

Pero Adrián de la Garza es candidato a su propia sucesión. Su porvenir político tiene que estar por encima de las muertes que genera la corrupción de su administración, de las negligencias y de la irresponsabilidad criminales que se generan por la ineficiencia de su administración. Alega que solamente tiene 15 inspectores para Desarrollo Urbano. ¿Cuántos asesores costosos, impuestos por el partido, soporta su administración? Por cada uno de estos asesores inútiles, podría contratar cinco inspectores responsables de vigilar las obras. 

Como alcalde tiene prioridades que le impone la Ley y los Reglamentos municipales. Si no es capaz de estructurar un presupuesto responsable y que prefiere privilegiar los asesores que le indica el partido, si no es capaz de dar la importancia que le corresponde al respecto de las normas de construcción, entonces está en el lugar equivocado. ¿Puede pasar un político de Procurador a Alcalde? O fue un pésimo Procurador o está siendo un pésimo alcalde.  ¿Es alcalde sin rodearse de los expertos en administración municipal capaces y suficientes? ¿Por qué no tiene más inspectores de obras? ¿Le vale o prefiere no darse cuenta de lo que ocurre en las calles y desarrollos nueves de su municipio? 

Monterrey acaba de vivir un episodio vergonzoso, previsible y evitable, fruto de la voracidad de los desarrolladores y de la corrupción de su administración municipal. Y no es el primero en esta administración. 

El Gobernador la tiene fácil exigiendo que se castigue a los culpables, sean quienes sean, él que ha sido incapaz de detener la corrupción en su administración estatal, siendo al mismo tiempo un ejemplo de ineficiencia en el combate a la corrupción de su predecesor y un modelo de desvíos millonarios de recursos públicos para fines particulares bajo pretextos de Seguridad Pública. No le hallamos la cuadratura al círculo. 

En este fin de semana, se presentaron dos libros muy documentados para denostar la corrupción, “Qué tanto es tantito, Análisis de la Corrupción en México 2000-2018” por  Carolina Rocha y Miguel Pulido, y “¿Cómo nos arreglamos” del ex Procurador Anticorrupción del propio Bronco, Ernesto Canales. Testimonios que son igual numero de confesión de impotencia frente a un fenómeno que decidió dos elecciones, en 2015 en Nuevo León, y en 2018 en México, pero cuya solución no se visualiza por  ningún lado. 

¿Será México un país destinado a sucumbir bajo una corrupción sin límites? ¿Será que lo que promete AMLO predicando con el ejemplo será suficiente para erradicar el fenómeno o será que solamente encubrirá una nueva clase de corruptos? Mientras tanto, los corruptos del régimen Peña Nieto podrán disfrutar en toda tranquilidad el fruto de sus robos y saqueos. Rodrigo Medina y Emilio Gamboa podrán seguir citándose en el Hotel Ritz de Madrid con toda la tranquilidad del mundo.   

La democracia abusada en Nuevo León

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En Nuevo León se dan cosas extrañas. En 2015, el voto popular marcó un rechazo total a la partidocracia del PRIAN, sin embargo, parece que el Gobernador electo en nombre del combate a la corrupción está perpetuando la corrupción, insultando así a los electores, quienes se lo devolvieron tres años después, infligiéndole una derrota electoral de la cual no parece haberse percatado. O es o se hace. 

En 2018, en las elecciones para renovar el Congreso estatal, se le dio una paliza ejemplar al PRI, para castigar el desempeño nacional del partido y de su presidente y la corrupción que para este partido es “el” sistema de gobierno. Sin embargo, lo que sembró este partido, a raíz de las raterías y de los desvíos de Rodrigo Medina, de Javier y César Duarte y de tantos otros, parece perpetuarse a través del diputado paracaidista Paco Cienfuegos, diputado por obra y gracia de una ley electoral a modo, ensuciada por la propia partidocracia. 

Siendo minoría parece tener la fuerza suficiente para manipular todos y cada uno de los partidos y de manejar el Congreso a su antojo, con el respaldo de los milloncitos que su partido tiene acumulado gracias a las maniobras de empresas fantasmas y de los milagros que realizó su jefe y cuate Rodrigo Medina que dejó un Estado endeudado sin nunca justificar en que había utilizado el dinero de la mega deuda que nos heredó y que pagarán todavía nuestros nietos y sus propios nietos. 

Parece que Paco Cienfuegos es quien tiene acceso a parte del tesoro. ¿Será? ¿Cómo será que para los observadores se ve que hasta Morena obedece a las instrucciones de Paco Cienfuegos, a través de operadores ex priistas que oportunamente vistieron la casaca morena? Hasta la coordinadora del partido de AMLO fue desbancada por instrucciones del tal Paco. 

¿Se habrá enterado la dirigencia nacional del partido moreno o asistimos a un juego arreglado con anticipación? Que desaparezca el PRIAN y viva el PRIMOR. La democracia mexicana está viviendo horas revueltas en Nuevo León. 

Pronto sabremos si unos cuantos ingenuos sirvieron de pantalla para que reviva la pesadilla del partido único y de sus consecuencias antidemocráticas o si nos aprestamos a ser testigos de un verdadero intento de reequilibrio de la sociedad y de la implementación de las medidas necesarias para que exista justicia social, a través de una sistema de redistribución fiscal equitativo y que dé esperanza a una nación entera y no solamente a los mas favorecidos. 

Lo cierto es que parece que la democracia electoral en Nuevo León no tiene consecuencias y que los mismos pillos de siempre hacen y deshacen a su antojo. ¿Se habrán percatado los electores? La Sociedad Civil debe pronunciarse para no mostrarse sumisa a unos cuantos políticos manipuladores y deshonestos. 

AMLO y las dadivas

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En forma discreta pero muy visible, AMLO sigue su recorrido por la República, visitando sistemáticamente a todos y cada uno de los 32 gobernadores, siempre en presencia de su futuro delegado personal en el estado visitado, muchas veces, un candidato derrotado en las pasadas elecciones del 1º de julio. 

El mensaje que transmite el futuro presidente es transparente pero no por esto aceptable. Su mensaje es una amenaza para el federalismo, y una advertencia acerca del futuro reparto de las prebendas que la política asistencialista que se avecina estará sembrando en todo el país.  El presidente electo informa a sus anfitriones que los fondos para repartir serán vigilados por su delegado especial, no dejando lugar a que los gobiernos estatales los puedan dispersar ni menos desviar a través de empresas fantasmas, de las que tanto le gustaban a Rosario Robles y a Enrique Peña Nieto. 

AMLO cree realmente que regalando dadivas a los más amolados rescatará el país de la pobreza extrema. Esperamos que no tarde seis años antes de darse cuenta que con esto, solamente sigue contribuyendo a hacer de México un pueblo dependiente e irresponsable. Luis Echeverría lo intentó hace 45 años y lo que logró fue un país de limosneros que solamente aprendieron a tender la mano y no a ofrecer trabajo responsable. 

La construcción de un nuevo orden social y económico no puede depender de dadivas. Las dadivas incrementan la irresponsabilidad de quienes las reciben. El nuevo orden social y económico debe respaldarse en la formalización de la economía, en un sistema fiscal que permita la incorporación de todos y al mismo tiempo la fiscalización justa y equitativa de los grandes contribuyentes que ya no pueden seguir escondiendo su responsabilidad tras una consolidación fiscal amañada, criminal y que constituye un engaño y un fraude fatal para el país. 

Si AMLO logra esto, cambiará un México injusto y lleno de desigualdad por un México progresista y capaz de ocupar el lugar que le corresponde dentro de las grandes economías  del planeta. Si no lo logra, solamente prolongará un sociedad desbalanceada, susceptible de reventar con cualquier provocación social.     

Un Auditor que no audita

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Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. 

La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores.

La irracionalidad se transformo en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. 

Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿que le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores?  

Queda una institución trabajosamente  estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respectos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de  analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene cómo objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. 

Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen que hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? 

Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las ordenes del jefe (o socio).  

Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. 

¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es  ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? 

Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, este es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe?

AMLO y Rosario

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Ya se cumplió la mitad del periodo de transición y finalmente, cayeron las máscaras. Al igual que en Nuevo León, el combate a la corrupción resultó ser sólo un pretexto. Solamente esto. Y aquí en Nuevo León cayeron un millón de electores. A nivel nacional, cayeron 30 millones. 

Resulta que todo el discurso de veinte años de AMLO contra la mafia del poder era porque quería ser el nuevo jefe de la mafia. Logró su propósito y ya en su nueva investidura de jefe de la mafia, acuerda perdones y culpabilidades. Ahora, resulta que Rosario Robles, su antigua promotora a la gubernatura del DF, cuando Cuauhtémoc Cárdenas le encargó el despacho para dedicarse por tercera vez a buscar la presidencia de la República, no es más que un “chivo expiatorio” que los “jefes de los jefes” manipularon a su antojo y que la pobrecita no es más que una ejecutante de tercer nivel. 

¿Alguna alusión a que va a perseguir los “jefes de jefes”? ¡No! Porque ya pactó con ellos, y entre mafiosos se tienen que respetar las reglas de la mafia, que durante tantos años denunció. Siendo ahora el nuevo jefe mafioso, se debe de respetar a los que le permitieron ocupar el lugar. Las leyes de la mafia son muy duras y no hay perdón para los traidores.  

Repitió su insulto a sus electores: “nosotros no vamos a perseguir a nadie”. “¿Y es un circo esto de Rosario (Robles), los desvíos?” “Sí, porque no fueron al fondo. Nunca cuestionaron a los responsables, a los jefes del saqueo desde tiempo atrás. Llevan 30 años saqueando el País, ….” Hizo algún planteamiento para cuestionar a los responsables, a los jefes del saqueo?  ¡No! porque en su nueva calidad de jefe de la mafia, tendrá que asumir la simulación que tanto denunció. “Agarrando que al Gobernador de no sé qué Estado, que la Secretaría de no sé qué, que el presidente municipal, y los jefes de jefes gozando de impunidad y sin perder siquiera su respetabilidad. Ya basta de esa simulación”. 

Con su negación de otorgar autonomía a un Fiscal Independiente, en su calidad de nuevo jefe de la mafia, decidirá quien es jefe de jefes, y quien no merece perdón. Todo cambió para que no cambiará nada. México se acerca cada vez más al precipicio. La corrupción solamente cambió de dueño.  

Cómo detener la corrupción en México

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Será particularmente interesante la presentación de la Dra. Irma Erendira Sandoval, futura Secretaría de la Función Pública, el próximo 11 de septiembre en el Club Industrial para que, en presencia de Tatiana Clouthier, nos explique: “Cómo detener la corrupción en México.” 

Esperamos que sus argumentos vayan más allá de los expuestos hasta ahora por su jefe, el Presidente Electo. Debe servir de lección para ella los eventos recientes relacionados a la exoneración del priista Alejandro Gutiérrez por un juez que consideró que no habían presentado elementos suficientes para justificar la acusación y el encarcelamiento preventivo del funcionario involucrado en el desvío de 250 millones de pesos en Chihuahua. 

Si el futuro gobierno no entiende que la impunidad es  y sigue siendo la principal causa de la corrupción desenfrenada de este sexenio que termina, por más autoridad moral que exhiba AMLO con su austeridad republicana, vamos y corremos hacía un abismo de mayor corrupción, encubierta ahora de una hipocresía fatal. 

La Dra. Sandoval está casada con John Ackerman, brillante portavoz de Morena y de AMLO. La suegra de la Dra. Sandoval,  Susan Rose-Ackerman es autora de un magnifico libro de referencia sobre la corrupción, “Corruption and Government, Causes, Consequences, and Reform” cuya primera edición de 1999 fue recientemente complementada en 2016 por una segunda edición con la colaboración de una profesora del Tec de Monterrey, Bonnie J.  Palifka. Las dos ediciones son referencias obligadas para quienes estudian y quieren entender la corrupción del sector público. 

Ahora, a la referencia moral de AMLO, la doctora Sandoval podrá agregar las referencias académicas de su suegra (que nos visitó en Monterrey en junio pasado), y con todo gusto le proporcionaremos nuestras evidencias sobre la correlación entre corrupción e impunidad. 

La corrupción no se combate con un discurso místico; la corrupción se combate con sanciones y con la fuerza de una disuasión efectiva. Los electores condenaron la corrupción en Nuevo León en 2015, sin efecto práctico, por la fuerza remanente de 12 años de una corrupción que dejó huellas profundas hasta la fecha. A nivel nacional en 1º de julio de este año, se repitió la condena indiscutible. 

Ahora corresponde ajustar la fuerza de la Ley a la decisión de los electores. De no darse, los electores buscarán soluciones más drásticas. Soluciones que podrían rebasar el ámbito electoral.     

Prioridades legislativas

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Enrique Peña Nieto está dejando un legado que obliga a colocar el combate a la corrupción como tema principal de cualquier agenda legislativa, en nombre de la decencia nacional. El combate a la corrupción significa cero impunidad; nada de comprensión hacía los desalmados que se llenaron los bolsillos a costas de los causantes y del tesoro público, con la bendición de un presidente que cerró los ojos sobre todo, con tal de que otros no los abrieran sobre sus crímenes. 

Nada de tolerancia hacía quienes construyeron mansiones insultantes y sacaron cientos de millones de dólares fraudulentos del país. Estamos cerrando un ciclo de los peores seis años del México post revolucionario, que dejarán huellas profundas y una escuela de amoralidad sin precedente. 

Pero muy cerca del tema de la corrupción, debe venir el tema electoral. Las leyes electorales actuales, tanto a nivel federal como a nivel estatal, dejan las preferencias de los electores en un segundo plano, para atribuir a una supuesta justicia electoral un rol exageradamente importante para definir la conformación de las Cámaras. Falta menos de una semana para que los integrantes de las Cámaras tomen posesión y todavía los tribunales hacen y deshacen a su antojo y de acuerdo a quienes les dan recomendaciones, para quitar uno acá, agregar otro ahí y cobrar tantas afrentas cómo sembrar venganzas futuras; venganzas que se pagarán a precio de sangre y afrentas que justificarán una vida legislativa que los ciudadanos nunca entenderán. 

Necesitamos mejores presidentes que Enrique Peña Nieto para consolidar una democracia que no alcanza a imponerse, ni con calzador marca INE, calzador costosísimo y que ni siquiera permite distinguir la izquierda de la derecha, pero que sí sabe distinguir una camiseta con marca comercial de una camiseta con logotipo de algún partido político. Habrá muchas cosas que legislar, desde la reforestación hasta la integración de patronatos de museos  inútiles y costosos, pero mientras no seamos capaces de diseñar un modelo electoral simple y transparente, la corrupción y sus consecuencias seguirán asolando el país. 

Mientras prevalezca la impunidad y los compadrazgos políticos de dudoso sustento y de cuestionable contribución al bien común. 

En Nuevo León, la Justicia Electoral asesinó la Democracia

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Manuel Bartlett se ha de quedar estupefacto. Ahora ¡se puede tumbar una elección sin que se caiga el sistema! ¡Cuantos progresos hizo el sistema electoral en treinta años! 

Basta de un par de jueces corruptibles, y de unos cuantos millones de pesos para voltear las situaciones más comprometidas. La mecánica es muy simple: decretas que las elecciones fueron irregulares, y eliminas del conteo final todas las casillas contrarias a tu objetivo, hasta llegar a un resultado matemático satisfactorio, aún que sea con mil votos de diferencia. ¡Genial! Solamente faltaba imaginarlo, disponer de recursos suficientes para las exigencias de los jueces (escogidos a modo hace varios años, nunca sabes cuando te va servir este trique viejo que tenías guardado), y ya está realizado el truco. 

Con estas decisiones anunciadas (sin la menor vergüenza) el viernes 17 de agosto  a mediodía, se obtendrán varios resultados. Uno ya visible, zipizapes electorales bochornosos, dignos de cualquier república bananera (la expresión circula libremente desde el sábado pasado). 

El otro que supongo que veremos en esta semana: la renuncia colectiva y masiva de todos los integrantes de la Comisión Estatal Electoral cuya razón de  ser desapareció. Para qué mantener a costos de cientos de millones de pesos un órgano que puede ser favorablemente sustituido por dos individuos que a pesar del alto valor de los sobornos que requieren, le salen bastante más económico al estado que siete individuos con alto sueldo, numerosos sobresueldos, abundantes prestaciones y ética bastante floja, para no decir que suelta. Además, los sobornos, los pagan los partidos políticos, no el erario público. (Aún si sabemos que los recursos de los partidos políticos salen del erario gracias a empresas fantasmas y universidades condescendientes). (Este resultado, eminentemente deseable, está en veremos, ya que lo que debería ocurrir por dignidad, no ocurrirá, justamente porque la dignidad es un concepto desconocido en estas instancias). 

El otro resultado que observaremos dentro de tres años es que nos podremos ahorrar el costo de la elecciones. Por un lado quién querrá ir a votar sabiendo que existen altas probabilidades que su voto sea descartado por dos individuos al que les habrán regalado el título de “juez”. Por otro lado, el nuevo estado omnipotente muy sabio, considerará que se recortarán muchos gastos al suprimir el INE y los múltiples CEE por unos cuantos jueces bien aleccionados. 

RIP la democracia, RIP la voluntad popular. Los jueces saben mejor. Que desaparezca la democracia, que aparezca la justicia popular y electoral. Ya era tiempo. Pobre México. Pobre Nuevo León. Pobre PRI, pobre PAN. Serán responsables de los tiempos descompuestos que se avecinan. Y los jueces también. Pero a los jueces, los pusieron el PRI y el PAN. A nombre de una falsa democracia.  

Testigos sociales

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Al tiempo que las reglas de aplicación de la Transparencia se hacen cada día más opacas y confusas,  bajo la indiferencia de una administración saliente que clara y llanamente ya no quiere saber nada, es loable el esfuerzo del Consejo Nuevo León de coordinar recursos académicos para capacitar los “testigos sociales” que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana deberán ser observadores y garantes de la limpieza de los procesos de adquisiciones y licitaciones de los tres niveles de gobierno.

 El esfuerzo es meritorio y señala un deseo de contribuir a la erradicación de la corrupción que invade generalmente los procesos públicos. Es necesario, pero sabemos que no es suficiente. Falta todavía que del otro lado de la mesa los gobiernos de todos niveles acepten esta vigilancia y supervisión y no inventen cuantas excusas se les ocurra para que los procesos se sigan haciendo en lo oscurito y a espaldas de cualquier testigo.

 ¿Cuántas operaciones se efectúan en secreto por motivos de “seguridad”? ¿Cuántas adquisiciones de supuestos insumos para ser usados por la policía y los diferentes grupos de “seguridad” se hacen en condiciones totalmente inaceptables y a escondidas de todos? ¡Si hasta el salario de la suegra del gobernador está registrado en “Seguridad” para permitir mantenerlo discretamente cubierto por la etiqueta de la secrecía! Bien por el Consejo Nuevo León y los nuevos “testigos sociales”.

Pero, urge ponerse más estricto para evitar las movidas y los asaltos de los grandes corruptos de la función pública. Ellos, se las ingeniarán de cualquier forma. ¿Habrá que aplicar las recomendaciones del candidato Rodríguez Calderón para castigar las movidas ocultas? ¿Mochar o no mochar?

¿Internet o 300 caminos rurales?

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Hay indicios reales de que el modelo de gobierno que ejercerá AMLO será menos federal y más centralizador. Propuso sustituir las delegaciones federales por 32 coordinadores generales que estarán encargados del vínculo entre la administración federal y los estados. ¿Dónde quedarán los gobernadores, electos en nombre de la soberanía de los estados, cuál será su rol entre un gobierno “federal” y un coordinador responsable de administrar las decisiones del gobierno central? 

Esta figura de coordinador general es válida en países centralizados, como Francia, en donde el coordinador general se denomina “prefecto”, y es nombrado por el Consejo de Ministros. Los prefectos obedecen al Secretario de Gobernación (Interior) y su misión principal es representar el Estado en el gobierno local. ¿Y el Gobernador? En el renglón de seguridad, coordinan las fuerzas de policía y de gendarmería, se hacen cargo en caso de crisis mayor; ¿y el Gobernador? Más vale no seguir con el rol de un prefecto en un sistema centralizado. No es compatible con el rol de un Gobernador en un sistema federal. 

¿Cuál de los dos sistemas escogerá AMLO? En una federación, puede haber gobernadores opositores. Ninguno de los coordinadores Generales puede opinar en forma diferente del gobierno central. Sería removido inmediatamente. ¿Es intención de AMLO acabar con el sistema federal que ha prevalecido en los últimos 180 años? ¿Está seguro de la lealtad de los 32 coordinadores que ya escogió? La elección del 1º de julio abrió la puerta a cambios más profundos que los que hemos vivido en los últimos 35 años. Pueden ser para bien o pueden ser para mal. 

Pueden ser para una verdadera regeneración nacional, o pueden ser para un choque de visiones históricas de un país que todavía no logra encontrar una identidad que lo llevará al futuro. O que lo dejará en indefiniciones del siglo XX. ¿Prevalecerá el México de la Comunicación mediante Internet, o el México de la construcción de los 300 caminos rurales. ¿Son compatibles? ¿Es posible perseguir a los dos México al mismo tiempo?