Dimes y Diretes: “El “Mello” a los Penales de NL”




Antier los curulecos de Nuevo León, le dieron marcha atrás a las visitas que tenían programadas a los centros penitenciarios del estado. Esto se debió a que el mismísimo Gobierno del Estado, no les garantizo su seguridad una vez adentro de los penales. ¿Apoco creía usted que era por qué algunos diputados tenían miedo de quedarse tras las rejas? Pa’ nada.

La cuestión en esto, es que el que queda más mal parado con esta decisión de los diputados, es nada más y nada menos que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco. Imagínese compadre y comadre, a pesar de lo sucedido en febrero del año pasado en el Penal del Topo Chico, donde murieron 49 personas.

A pesar de los dos motines o como diría Aldo “El Fácil” Fasci “protestas”, que dejaron cuatro reos muertos y más de 20 heridos, en el Penal de Cadereyta. Y a pesar, de los videos en el Penal de Apocada donde se muestra claramente el autogobierno. El estado no puede garantizarle la seguridad, ni a unos invitados de “lujo”.

El tema aquí es que ya paso un año desde lo sucedido en el Penal del Topo Chico, vez en la que “el Bronco” dijo que así le había dejado los centros penitenciarios la pasada administración de Rodrigo “Golden Boy” Medina, pero que eso iba a cambiar, más nada ha cambiado en realidad.

Ahora los pretextos para no apagar la olla exprés, que no ha terminado de explotar, es falta de recursos (¿y los ahorros de miles de millones ‘apa? ¿el dinero de la federación que dijo “el ChinoChong?) y claro falta de personal en los penales.

El estado todavía puede controlar al caballo desbocado que son los penales de Nuevo León, la cosa aquí, es que en verdad quieran y más que la verdad que tengan al personal experimentado para hacerlo. Sino esto será el talón de Aquiles a las aspiraciones presidenciales de nuestro querido gober.

¡Ahí Se Leen!




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El amigo incomodo del Bronco

Esta no ha sido la mejor semana para la administración de Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco. Entre los motines, ahora mejor conocidos como “protestas” en el Penal de Cadereyta, que dejaron como saldo cuatro muertos y más de veinte heridos. Además de esto, debemos de agregarle el arresto en los Estados Unidos del Fiscal de Nayarit y compadre de Jaime, Édgar Veytia, acusado de ser “narcotraficante a gran escala” por una corte en Nueva York y ser un asociado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El arresto de Veytia, no se debe a otra cosa, más a que Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo ya comenzó a soltar la sopa a las autoridades de Estados Unidos, tal y como lo anticipaban muchos expertos en la materia.




Aunque el arresto de un fiscal, involucrado en el narcotráfico puede ya hasta sonar “pan de cada día” en nuestro país, Veytia podría llevarse de encuentro a varios de sus asociados políticos.

De entrada, el Partido Revolucionario Institucional, se encuentra ante otra crisis, en pleno año electoral en el estado de Nayarit. Aunque el gobernador de aquella entidad, Roberto Sandoval, ha negado que el supiera de las actividades ilícitas de su aliado político y fiscal, esto no deja bien parada a la administración priista ante la opinión pública. Pero, otro que se podría llevar daño colateral es nada más y nada menos que el gobernador independiente de Nuevo León.

Ayer mismo, el Bronco, admitió su cercana amistad con Veytia y además de esto, aseguro que el fiscal acusado de narcotráfico, comprobaría su inocencia. Eso sí, dejo en claro, que desconocía “sus malas acciones” y solo lo conocía por “sus buenas acciones”.

La cuestión aquí es que Veytia no es acusado de cualquier cosa. Está siendo acusado, por tráfico de drogas, pero en gran escala. El gobierno estadounidense busca confiscarle bienes por 250 millones de dólares. Lo malo para Jaime en todo esto, es que el veía a Veytia como un posible miembro de su gabinete, después de haber ganado las elecciones a la gubernatura del estado en el 2015. Incluso, consideró ponerlo como Procurador del Estado, en lugar del abogado Roberto Flores.

Todo esto se debe a dos razones, una, es bien sabido que el Fiscal de Nayarit, dio dinero para la campaña de Jaime en el 2015 y también, Jaime quería traer la estrategia de combate a la inseguridad de Nayarit a Nuevo León. De las dos, la primera es la que considero más grave.




Si la campaña de “el Bronco” recibió dinero de Édgar Veytia en el 2015, es muy probable que ese dinero venía directamente del narcotráfico, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, mismo con el que se liga al fiscal.

Por más que uno quiera minimizar este hecho, no se puede. De esto mismo se le ha acusado por años a Enrique Peña Nieto, de haber recibido dinero del narco en su campaña, en específico de Humberto Moreira y Los Zetas.

Por otro lado, la defensa que ha comenzado a montar Jaime alrededor de su amigo, vuelve la situación más preocupante. Jaime debió de haberse limitado ayer a admitir la amistad, pero no decir que está seguro que Leytia comprobara su inocencia, ni mucho menos hablar de sus buenas o malas acciones.

Ciertamente el gobernador tiene que responder claramente, cuáles fueron sus nexos con el Fiscal de Nayarit, y decir si este, dono o no, dinero para su campaña en el 2015. Y admito que me parecería poco creíble que Jaime, teniendo una amistad tan estrecha con Édgar Leytia, no supiera sobre los turbios negocios en los que estaba metido su compadre y sus nexos con uno de los cárteles más importantes a nivel nacional.

Bien dice la frase, “dime con quién andas y te diré quién eres…”.

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Cinco años de Lucha: Reforma Constitucional de Derechos Humanos

El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia y pudiera llegar a ser la más importante, aunque eso depende de que realmente se lleve a la práctica.

La importancia de la reforma radica no sólo en sus contenidos, sino en que por primera vez, quizá desde la propia expedición de la Constitución en 1917, se plantea una reforma estructural al catálogo de derechos humanos. Hasta antes de la del 2011, las reformas de derechos humanos se caracterizaban por ser adiciones puntuales para incorporar o reglamentar uno o varios derechos, en forma aislada y a veces inconsistente.

La reforma de 2011, en cambio, intenta estructurar en un sistema coherente y funcional, los múltiples derechos ya reconocidos. Lo hace a través de poner en el mismo nivel a los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Pero también estableciendo principios que obligan a las autoridades a interpretar los derechos en forma coherente, considerando su interdependencia y garantizando la mayor protección.

Sin embargo, reformar la Constitución no implica automáticamente cambiar la realidad. A cinco años de la reforma la realidad de los derechos humanos en México ha continuado deteriorándose. La desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres de los penales de Cadereyta y el Topo Chico y del Casino Royale en Nuevo León, son sólo algunos ejemplos de hechos atroces de violación a derechos humanos ocurridos bajo la vigencia de la reforma.

A ello habría que sumar la situación de amenaza constante en la que periodistas y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, la cooptación política de las ombudsperson, la crisis financiera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, generada por el desinterés de los Estados –entre ellos México– que se traduce en aportaciones económicas raquíticas para su sostenimiento y un largo etcétera.

¿Quiere esto decir que la reforma es un fracaso? A mi modo de ver no. Al contrario, la reforma es en sí misma valiosa y mucho puede contribuir a que saquemos al país de esta grave crisis. En todo caso, la realidad que enfrentamos pone en evidencia que la reforma es insuficiente por sí sola para revertir el deterioro en la situación de los derechos humanos en México.

Para ello, un aspecto clave y que hasta ahora se ha descuidado es la educación para generar una cultura de derechos humanos en autoridades y ciudadanos. Es esta, me parece, la única estrategia que ataca el problema de raíz y la que en el mediano y largo plazo puede dar los mejores resultados.

En este sentido son sumamente destacadas resoluciones protectoras de derechos humanos dictadas por organismos y tribunales internacionales, federales y locales; la capacitación en derechos humanos a funcionarios públicos que llevan a cabo instancias como la Secretaría de Gobernación y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como el CEEAD que promueven cambios en la educación jurídica para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, son todavía esfuerzos aislados que necesitan potencializarse a partir de un mayor compromiso de autoridades y ciudadanos con la causa de los derechos humanos.

La reforma penal de 2008 es un buen ejemplo de una mala práctica para su implementación. Si la implementación hubiera iniciado por la capacitación en el nuevo sistema en vez de por su infraestructura necesaria, quizá ahorita, cuando está por agotarse el plazo para su plena entrada en vigor, estaríamos afinando los detalles técnicos de las salas de audiencia en vez de estar capacitando policías.

A cinco años de la reforma de derechos humanos, estamos aún a tiempo de cambiar la estrategia para su implementación y reforzar la educación en derechos humanos como la única herramienta que permite una solución sostenible en el largo plazo a la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos y de la que la reforma por sí sola no nos salvará.

Eduardo Román González
Investigador y Responsable del Programa de Derechos Humanos del CEEAD A.C.
eroman@ceead.org.mx

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