Organizaciones civiles y especialistas urgen a Corte frenar Ley de Seguridad

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Decenas de organizaciones civiles y especialistas integrados en el colectivo #SeguridadSinGuerra demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El posicionamiento está firmado por organizaciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Idheas, entre otras, así como por el académico Alejandro Madrazo, del CIDE; la politóloga Denise Dresser, y la religiosa Consuelo Morales, quien fue Premio Nacional de Derechos Humanos.

El colectivo también recuerda que se han presentado acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior, por actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Así como por el Gobierno de Chihuahua, diversas comisiones estatales de derechos humanos, y los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctun, en Yucatán; Ahuacatlan, San Pedro Cholula y Tepeyahualco, en Puebla, e Hidalgo del Parral, en Chihuahua.

“Consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, agregaron.

En su posicionamiento, #SeguridadSinGuerra insiste en que la Ley de Seguridad Interior contiene conceptos vagos e imprecisos, que facultan a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia.

Además de que afianzaría una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia.

“No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos”, argumenta.

“Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.

Pide Cadhac control en los Penales de Nuevo León

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La violencia en el penal del Topo Chico no cesa, dado que el día de ayer falleció otro reo en las instalaciones del penal.

La víctima, Francisco Iván Mateos falleció el lunes a las 2:30 horas, sin embargo su muerte se  reportó 36 horas después. A lo anterior la AC Cadhac ha señalado la impunidad que se vive y da inicio con el gobierno interino de Manuel González.

“Las autoridades de Nuevo León no están garantizando la protección que por mandato constitucional tienen hacia las personas recluidas en los penales, así como para sus familiares”.

Francisco Mateos cumplía una condena por secuestro y narcotráfico, acusado del secuestro y asesinato del empresario Ruiz Leal en San Pedro.

“Vale la pena recordar que el 30 por ciento de las personas recluidas no cuenta con un proceso penal fijo, es decir, están bajo proceso de investigación, por lo que no se sabe si son culpables o no”, señaló Cadhac.

Por lo anterior es de suma importancia que se cumpla con la protección de derechos humanos de los reos y se actúe en apego total a la ley.

Cadhac ha solicitado que se repare el daño a los familiares de la víctima del penal y que se ponga un énfasis en la protección de los derechos de los reclusos, evitando así en hechos futuros la negligencia presentada.

Basan versión de 50 muertos en Penal de Cadereyta… En familiares de internos…

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Tras haber afirmado el día de ayer que en el motín del 10 de octubre en el, Penal de Cadereyta, no murieron 18 sino 50 reos, la Hermana Consuelo Morales, directora de Cadhac, dijo hoy que esa versión se atribuía a testimonio s de familiares de los internos.

“No tenemos una lista, lo que estamos diciendo es que no es nuestra opinión, es el testimonio de los internos… El número exacto, el nombre exacto, yo no lo tengo”, dijo la activista.

Morales también dijo que se basaron en el testimonio de 170 personas, mismas que coincidieron con la cifra de 50 muertos en el motín del mes pasado.

Además afirmó, que cuentan con testimonios sobre abusos sexuales, amenazas y otros delitos hechos por policías en el momento de controlar los disturbios.

Nuevo León, sus desaparecidos, y la tarea pendiente del gobierno estatal

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Este martes, en entrevista con SIN EMBARGO.MX, Jaime Rodríguez Calderón habló de los diferentes retos que enfrenta en este sexenio que comienza. Entre otros temas, se habló de la seguridad y de las desapariciones forzadas en el estado de Nuevo León.

A propósito del tema, declaró que existía incomprensión por parte de los familiares acerca de la labor del estado, mencionando que la búsqueda de desaparecidos se complica ante la existencia de madres de familia que no señalan “en qué andaba su hijo”.

“El Bronco” manifestó: “…Fue una etapa muy difícil del país [la lucha contra el crimen organizado] en la que la mayoría de los desaparecidos tienen o tuvieron alguna razón para estar desaparecidos.”

En tanto, “El Bronco” manifestó: “..Fue una etapa muy difícil del país [la lucha contra el crimen organizado] en la que la mayoría de los desaparecidos tienen o tuvieron alguna razón para estar desaparecidos.”

La declaración causó indignación (y algo más) entre la ciudadanía neolonesa, y organizaciones como “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León” se pronunciaban en contra de las afirmaciones del mandatario.

Al respecto, Jaime Rodríguez “El Bronco” ofreció una disculpa a través de redes sociales, en donde comentaba: “Alguien toma un comentario y lo tergiversa tratando de confundirlos, ustedes me conocen y saben que jamás me expreso así, esa frase no expresa mi sentir sobre un tema tan doloroso como ese. Por todo ese tema que se está malinterpretando les ofrezco una disculpa a quienes se hayan sentido lastimados.”

Sería prudente exigirle al mandatario la adopción de un discurso con mayor seriedad, exento de generalizaciones, pues se criminaliza a las víctimas antes de conocer a fondo cada caso en lo particular.

A pesar de esto, sería prudente exigirle al mandatario la adopción de un discurso con mayor seriedad, exento de generalizaciones, pues se criminaliza a las víctimas antes de conocer a fondo cada caso en lo particular. Adoptar un lenguaje con enfoque al respeto, protección y densa de los derechos humanos es oportuno y necesario para quien nos representa.

Según Consuelo Morales, directora de CADHAC, la sensibilidad de los funcionares públicos que trabajan estos casos es determinante para trascender perjuicios en la materia y “dejarse tocar por el dolor ajeno”. Aunque la directora hizo este comentario en el mes de enero, el mensaje continúa vigente para la presente administración. Hablar de un tema como éste no puede, ni debe ser abordado sin la delicadeza que se merece.

Nuevo León se posiciona como la octava entidad con el mayor número de registros de desapariciones.

La desaparición en cifras: de acuerdo con un estudio del Senado dado a conocer en abril, Nuevo León se posiciona como la octava entidad con el mayor número de registros de desapariciones. Del 2009 al 2015 Cadhac registró a 939 personas desaparecidas de Nuevo León y 336 de otros Estados. De esta cifra, sólo se han localizado a 107 personas, 47 de las cuales se encontraron sin vida.

Los avances: en el estado de Nuevo León se reconoció el delito de desaparición forzada y se aprobó la Ley Estatal de Víctimas de Nuevo León.

En su mensaje, el gobernador también menciona que buscará reunirse con los familiares de los desaparecidos “lo más pronto posible”, enfatizando el compromiso y el apoyo que el gobierno brindará para la atención del tema.

Como ciudadanos, debemos exigir que este compromiso se materialice y se traduzca en acciones concretas para la atención de la problemática en nuestra entidad. Ocupamos un gobierno que se “ponga a jalar” en la resolución de una de las crisis más importantes de derechos humanos que atraviesa tanto el estado como el país.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”