La gran ausente en las elecciones 2019: la participación ciudadana

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Este dos de junio se celebraron elecciones ordinarias y una extraordinaria en seis entidades de la República. 

Es una realidad que, en aquellas elecciones recurrentes con la presidencial, la ciudadanía acude en mayores cantidades a emitir su voto a las urnas el día de la jornada. Sin embargo, excluyendo quizá el caso de Durango con un 45.34% de participación, las cinco entidades restantes presentaron niveles de participación alarmantes. 

Es decir que, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, sólo un 22.15% de la población tomó en sus manos la tarea de empoderar ciudadanas y ciudadanos para representar sus intereses en el Congreso local. Que sólo un 29.95% de la población de Baja California cumplió con su deber cívico de acudir a elegir a quienes se postulaban para gubernatura, diputaciones y Ayuntamientos. Que la ciudadanía tamaulipeca sólo acudió en un 33.15% a escoger a quienes legislarían por los temas más importantes de su comunidad. Que sólo un 33.41% en Puebla reclamó su derecho a votar por la persona que tendrá las riendas de su entidad en los próximos años y que sólo un 38.9% en Aguascalientes votó por quienes manejarán el presupuesto de sus Ayuntamientos y velarán por su seguridad, por sus servicios públicos, su calidad de vida. 

Esto significa que quienes lleguen al poder se enfrentarán ante un reto imponente, pues habrán triunfado con un porcentaje mínimo de la población y será su deber demostrar los mejores resultados durante su gestión. 

Sin duda, la apatía hacia la política juega un papel importante, la decepción ante los numerosos escándalos de corrupción, o el pensar incluso que el voto de una persona no hace la diferencia. 

Pero ese voto es parte fundamental de nuestra democracia, ese voto es un derecho de cada uno de nosotros por el que lucharon tantas y tantos antes de nuestra llegada, ese voto es la promesa del cambio, del progreso y también es una herramienta poderosa. El voto permite empoderar una agenda política, impulsar mediante la reelección a quienes han hecho bien su trabajo, o castigar a quienes abusaron del poder, ya sea en lo individual o colectivo. Ese voto es la herramienta de rendición de cuentas que nos empodera como ciudadanas y ciudadanos y, sin embargo, la desperdiciamos. 

 

El Senado por nosotras: #ParidadEnTodo

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El pasado primero de julio colocó a México en los primeros lugares del mundo con más mujeres en la Cámara alta y baja. Tal parece ser que, con la llegada de más mujeres, se alcanzó una masa crítica que busca impulsarnos a las demás.

Con 120 votos a favor, el día martes el Senado de la República aprobó el dictamen de reforma constitucional que busca paridad en los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, incluyendo órganos autónomos. 

Aplaudo a las mujeres que llegaron al poder por reconocer la lucha de quienes les antecedieron y entender la oportunidad histórica de continuar abriendo más espacios para las futuras generaciones. Aplaudo a las mujeres que trabajan por nosotras pues, una vez más, esto se ha logrado con la unión entre ellas, sin importar colores ni ideologías. Aplaudo también a los hombres por entender que la agenda de género no debe ser sólo cuestión ni responsabilidad de las mujeres, y a todas las senadoras y senadores por comprender que sin mujeres no hay democracia y que son parte esencial del funcionamiento de este país. 

Paridad en todo significa igualdad de oportunidades para acceder a la totalidad de puestos de toma de decisiones. Paridad en todo significa que, quienes no podían aún llegar por lo que se ha denominado como “techo de cristal”, puedan llegar, aportar, incidir, impactar. 

Ahora esta iniciativa se quedará en la trinchera de la Cámara de Diputados, de quienes esperamos tomen decisiones a la altura del momento histórico en el que nos encontramos. 

Las nuevas Juanitas

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El proceso electoral 2017-2018 puede ser denominado como histórico por un sinfín de razones. Para empezar, ha sido el más grande y, por ende, complejo de la historia contemporánea de México. También ha traído consigo grandes triunfos para la democracia en el país, como el número récord de mujeres que arribaron a los parlamentos, tanto a nivel nacional como local, logrando la paridad en algunos casos. 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues el proceso se encuentra marcado también por claros retrocesos a los derechos político electorales de las mujeres, como lo es el preocupante caso de la renuncia de más de 40 mujeres a los cargos para los que fueron electas el pasado 1 de julio en el estado de Chiapas. 

La lucha de las mujeres no ha sido fácil, apenas hace 65 años se reconoció nuestro derecho a votar y ser votadas y a partir de ello las mexicanas se han enfrentado a numerosos obstáculos en sus carreras políticas, desde no tener oportunidades reales para ser postuladas, hasta convertirse en candidatas relegadas a aquellos espacios en donde el partido político ha perdido históricamente. Otro de los casos negros de nuestra historia fue aquel de las mujeres denominadas “Juanitas”, quienes inmediatamente después de tomar protesta para sus respectivos cargos, emitían su renuncia para ceder su lugar a su suplente masculino. Este suceso fue contrarrestado por la icónica sentencia 12624 en la que se dicta que las fórmulas para diputaciones debían ser homogéneas, es decir, cuando la persona que ocupara la candidatura propietaria fuera mujer, la suplente también debía serlo. 

Fue y ha sido así como las mujeres mexicanas, sin importar colores ni ideologías, han construido y fortalecido el camino para que las mujeres que aspiran a un puesto de elección popular tengan oportunidades reales de ocuparlo. A pulso de sentencias y de acciones afirmativas se ha forjado este camino. Hoy, con mucha tristeza observamos que la paridad de género ha traído consigo mucha resistencia, resistencia que ha tomado la forma de distintas expresiones de violencia política en razón de género. 

En el caso chiapaneco, aunque las renuncias aparentan ser voluntarias, es la masividad y su componente de género lo que las delata: las mujeres en 2018 aún no tenemos las mismas oportunidades que los hombres para gobernar, aún se piensa de la política como un espacio masculinizado, aún se tienen resistencias cuando se trata de la inclusión de nuestro género. Estos 40 espacios conquistados a pulso por mujeres no pueden ni deben convertirse en otro caso más al estilo de las “Juanitas”. No permitamos que el caso chiapaneco sea otra forma de simulación de la paridad en candidaturas y exijamos un cambio real para el alcance de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la política. 

#NoFueTuCulpa

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En un clima de luto, el día de ayer acudimos a tomar las calles de Nuevo León para alzar nuestras voces de indignación ante un caso más de feminicidio en nuestro país: el caso de Mara Castilla.

Con los gritos de: “Ninguna agresión sin respuesta, la calle y la noche también son nuestras” “ni una menos, vivas nos queremos” y “Mara hermana, tu muerte será vengada”, mujeres y hombres nos unimos haciendo uso de uno de los mecanismos sociales de defensa de los derechos humanos más comunes: la protesta.

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras del machismo, de la institucionalización de la impunidad”, así leía el cartel que convocaba a una de las marchas que se llevaron a cabo a lo largo del país.

Tomamos las calles para hacer eco de nuestras voces y hacer exigibles nuestros derechos.

Porque no sólo ha sido Mara, son las más de 50 mujeres asesinadas por razones de género en nuestra entidad, es aquella terrible estadística que lanza The Geneva Declaration (2015) estimando que alrededor del mundo suceden 60 mil feminicidios por año, y es la región latinoamericana aquella con las mayores tasas.

Y son aquellas voces silenciadas, víctimas de la violencia machista a las que ya no podemos hacer oídos sordos. La visibilización de los casos es importante para dar a conocer el peso de la problemática, algunos casos han sido más mediáticos que otros (las razones son cuestionables) pero todos igual de importantes, todos igual de dolorosos.

“Queremos que nos dejen de tratar como ciudadanas de segunda clase” comentaba una de las activistas al finalizar la marcha en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Necesitamos que las alertas de género se conviertan en mecanismos eficaces y logren trascender su parte discursiva, jueces y fiscales que laboren con perspectiva de género, ciudadanía bien informada que no re victimice a las víctimas, programas y políticas con enfoque de derechos humanos con mayores tintes de prevención y de atención a la capacitación y educación en materia de nuevas masculinidades.

Por último, hablar de estos temas no es moda, las cifras demuestran un escenario adverso para nosotras. Aún hay mucho por hacer: “disculpe las molestias: nos están matando”.

Histórico paso en Túnez contra la violencia de género

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“Es un momento muy emocionante y estamos orgullosos de Túnez, de haber podido unirnos alrededor de un proyecto histórico”, declaró la ministra de la Mujer en Túnez, Naziha Laabidi.

Las declaraciones surgen tras la aprobación de una ley para prevenir y castigar “todas las violencias contras las mujeres” en el país la semana pasada. La legislación ha sido considerada como histórica por un sinnúmero de razones, entre las cuales destaco las siguientes:

  1. Una reforma largamente esperada: El consenso es logrado después de tres años de intensas negociaciones entre sociedad civil, Gobierno y partidos políticos, impulsado por una presión trasnacional constante e inagotable en la materia. Destaca además que se trata de una legislación pionera en la región, dedicada de manera integral a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
  2. La participación de la sociedad civil en el diagnóstico y la construcción de la legislación: El producto final acogió las recomendaciones efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, se obliga a proporcionar refugio a las mujeres maltratadas y a dar seguimiento a los casos a pesar de que se retire la demanda. Además, la normativa hace frente a grandes problemáticas como los matrimonios infantiles y las bodas celebradas para evadir la pena de una violación, situaciones señaladas de manera constante por organizaciones como Amnistía Internacional.

El resultado final del proceso legislativo fue aplaudido y reconocido en el país por una coalición de las principales asociaciones tunecinas de defensa de Derechos Humanos de las mujeres, entre las que se encuentran la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD), la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH), y las asociaciones feministas “Beity”, AFTUR y LET.

  1. Endurecimiento de sanciones y nuevos delitos: La nueva legislación busca acabar con la impunidad de los agresores al intensificar las penas por violación sexual, incluir la tipificación del delito del acoso sexual y reconocer la violencia psicológica.
  2. Adhesiones innovadoras: Cuenta con adhesiones innovadoras como la posibilidad de demandar a una empresa por remunerar de forma distinta a sus empleadas y empleados basándose en su género. También prevé la creación de un cuerpo especial de la policía constituido y formado en materia de violencias sexistas que registre y comunique las denuncias de las víctimas al ministerio público y se incluyen medidas de prevención mediante el desarrollo de material educativo obligatorio en materia de derechos humanos de las mujeres.

En palabras de la Unión Europea la consolidación de esta reforma significa “un gran paso en el proceso de transición democrática a través de la adopción unánime de una ambiciosa ley contra la violencia machista”.

Y lo es, la legislación es fruto de un esfuerzo continuo y constante desde diferentes frentes, materializado en los derechos en principio, mediante su inclusión en una normativa federal. Ahora, la lupa internacional deberá enfocarse en el cumplimiento de dichos derechos, en la práctica de lo ya estipulado para el alcance de una sociedad más justa. Para ello, la participación de la sociedad civil local e internacional será clave en el establecimiento de mecanismos de evaluación

Radiografía anticorrupción: reformas locales pendientes

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Quizá de manera generalizada podamos afirmar que un fiel protagonista de las campañas políticas en los últimos 3 procesos electorales ha sido el discurso de la lucha contra la corrupción y las distintas promesas o estrategias que abanderaba cada candidata o candidato en la materia.

Por ello me parece particularmente importante destacar que a tan solo 14 días del plazo límite que tienen las entidades para la implementación de su propio sistema anticorrupción (derivado de la reforma federal que crea el Sistema Nacional Anticorrupción), el número de los estados que carecen de avances al respecto asciende a la cantidad de 13.

Para dejar el punto bastante claro, estamos hablando de un rezago presentado en el 40 por ciento de las entidades en México.

El IMCO, COPARMEX y Transparencia Mexicana desarrollaron una herramienta amigable y de gran utilidad para medir la calidad legislativa tanto de la reforma constitucional como de las leyes locales que dieran vida a los sistemas locales anticorrupción. De acuerdo a los datos arrojados por el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, Sonora y Baja California son los punteros en cuanto al desarrollo de legislaciones locales calificadas como “satisfactorias” (mediante la medición de 31 indicadores que reflejan aspectos relevantes de armonización con la norma federal). La herramienta identifica además las constantes deficiencias encontrada en relación a los comités coordinadores.

Como mexicanas y mexicanos preocupados por este tema, resulta de gran relevancia estar al pendiente del proceso de implementación de estos sistemas, ya que de ellos dependerá la efectividad en el combate de la corrupción en nuestro escenario más cercano: lo local.

Gabinete paritario: primer acierto de Macron

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El pasado miércoles, la presidencia francesa anunció a quienes integrarían el nuevo gobierno tras las históricas elecciones que dieron el triunfo a Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron.

De 24 vacantes, 12 serán ocupadas por el género femenino y lo más interesante es que Macron no se limitó a asignar a las mujeres en los puestos “feminizados” (aquellos que tengan que ver con la igualdad, la cultura, la niñez, la juventud, etcétera) sino que habrá féminas al frente de la secretaría del trabajo y de las fuerzas armadas, por mencionar algunas.

Lo anterior constituye un gran avance hacia una democracia paritaria en Francia, la cuna de los ideales de igualdad, libertad y fraternidad.

Pero la universalidad que hoy nos cobija a todas y todos, no existía antes como la conocemos: la normatividad internacional y local se encontraba redactada exclusivamente para que los hombres fueran sujetos de derechos, claro ejemplo de ello fue la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano (1789), un documento clave en la historia de la construcción de los derechos humanos y producto de la Revolución Francesa, pero que excluía a las mujeres.

Nicolás de Condorcet, conocido filósofo durante la época de la Ilustración, argumentaba que el alcance del progreso requería de la igualdad de género y, más a profundidad, sostenía la importancia de la inclusión de las mujeres en la función pública para evitar la restricción de la libertad de los electores y la privación de las mujeres de las ventajas concedidas a los hombres, planteando: “¿No han violado todos el principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho a concurrir a la formación de las leyes, al excluir a las mujeres del derecho a la ciudadanía?”

Hoy las mujeres pueden votar y ser votadas gracias al movimiento sufragista. Pero pareciera que aún hay grandes batallas que conquistar para que la voz de ellas sea efectiva y tenga eco, es decir, para lograr colocarse en puestos de poder.  Por ello, esfuerzos como éste causan singular esperanza.

El presidente francés no es el primero en demostrar su compromiso por el alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.  Por ejemplo, tan solo hace dos años, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, defendió su decisión por la integración 50/50 de su gabinete al declarar que estaba compuesto de esta manera “porque es 2015”.

Y tiene razón, en pleno 2015 (y ahora en 2017) el panorama debería ser distinto, la igualdad entre géneros debería ser ya una realidad. No debería extrañarnos que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de incidir, de administrar, de tomar las decisiones. Ante la ausencia de ello, existen luchas que buscan transformar las relaciones de poder y erradicar esta práctica de discriminación de las mujeres en el campo de la política. Mucho le tienen que aprender otros países a decisiones como éstas, en las que se actúa más allá de la norma con el objeto de garantizar efectivamente el acceso a los derechos civiles y políticos de las mujeres. Enhorabuena por Francia que se suma a este esfuerzo.

Alerta de género

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Esta semana Michoacán se convirtió en la cuarta entidad de la República Mexicana en activar la Alerta de Violencia de Género. La declaración de alerta la emitió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong durante la Primera Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia en dicho estado. El funcionario indicó que son 14 municipios los que cuentan con la alerta.

Con ello, Michoacán se suma a los 11 municipios del Estado de México, 8 municipios del estado de Jalisco y 8 municipios de Morelos que cuentan con su activación.

De acuerdo a la CONAVIM, la alerta de género se declara cuando “en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad”.

Ante ello, la alerta surge como un mecanismo de protección a los derechos humanos de las mujeres que consiste en el impulso de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para garantizar la seguridad de mujeres y niñas y poner fin a la violencia en su contra.

Esta violencia cobra numerosas formas, sin embargo, la alerta se enfoca en la violencia feminicida. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta violencia se refiera a “la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

Según información de la Red de Mujeres en contra de la Violencia Feminicida, de 2013 a 2015 se registraron en Michoacán 750 feminicidios. ¡Aterrador!

Creo, ante todo, que hace falta muchísimo trabajo de visibilización de las problemáticas que aún nos aquejan. Vivimos en un país con cuatro entidades que han activado una alerta que indica emergencia en materia de violencia contra las mujeres y, a pesar de ello, perdura aun el ya cotidiano escepticismo sobre las desigualdades de género que colocan a las mujeres en una posición de desventaja.

Aplaudo acciones gubernamentales como la aquí mencionada, cuyo enfoque consiste en el cese de la violencia de género y el trabajo en la prevención de la misma. Pero, como siempre, reitero la importancia de realizar un cambio desde nuestra propia trinchera. El feminicidio es quizá la manifestación más brutal de la estructura patriarcal en la que nos desarrollamos por lo que considero necesario reflexionar sobre la toxicidad de las construcciones culturales basadas en estereotipos de género que tanto daño nos han hecho como sociedad, así como identificar estos estereotipos y los patrones de cultura que los acompañan y erradicar su práctica en todo espacio en el que nos desenvolvamos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿#MatarGaysNoEsDelito?

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49 personas asesinadas y 53 gravemente heridas en el club gay “Pulse” en Orlando. Una noticia horrífica que nos ha estremecido a todas y todos… ¿o no?

Es preocupante que un hecho como éste reciba reacciones tan contrastantes. Por una lado la solidaridad de ciudadanas y ciudadanos alrededor del mundo que mandan sus condolencias de una u otra forma. Por otro lado, aquellos que minimizan y ridiculizan la situación.

Es preocupante que un hecho como éste reciba reacciones tan contrastantes. Por una lado la solidaridad de ciudadanas y ciudadanos alrededor del mundo que mandan sus condolencias de una u otra forma. Por otro lado, aquellos que minimizan y ridiculizan la situación.

Prueba de ello fueron los numerosos tweets que circulaban el día de antier con el hashtag #MatarGaysNoEsDelito.

Algunos ejemplos de los más retwiteados fueron los siguientes:

• “#MatarGaysNoEsDelito es nuestro deber limpiar la sociedad”
• “#MatarGaysNoEsDelito, más bien debería ser un delito no matar a esas aberraciones de la humanidad”
• “#MatarGaysNoEsDelito y es que no se sabe cómo es que hay tantos si entre ellos no se reproducen”

Broma o no, este hashtag es una muestra más del camino que nos falta por recorrer para el alcance de la igualdad, de una vida justa basada en el respeto de los derechos humanos. Este hashtag es evidencia clara de que como seres humanos nos falta aún mucho por aprender de la historia.

En palabras de Alejandro Brito, activista social: “La fuerza de la homofobia es tal que deriva en la restricción y la cancelación de derechos. Derechos que son puestos en duda y constantemente vulnerados por quienes desde el prejuicio y la intolerancia pretenden establecer jerarquías inadmisibles de valoración y trato diferenciado hacia las personas tan sólo por su orientación sexual e identidad y expresión de género.”

Broma o no, este hashtag es una muestra más del camino que nos falta por recorrer para el alcance de la igualdad, de una vida justa basada en el respeto de los derechos humanos. Este hashtag es evidencia clara de que como seres humanos nos falta aún mucho por aprender de la historia.

Aunque este caso haya ocurrido en Estado Unidos, aprovecho este espacio para hacer conciencia sobre la gravedad actual que se vive en nuestro propio país:

De acuerdo al Informe de Crímenes de Odio por Homofobia realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de 1995 al 2015 se han registrado un total de 1310 casos de asesinatos de personas de la comunidad LGBTTI. Según la organización “los patrones de violencia parecen responder a la identidad sexual y de género de las víctimas”. 81 de estos casos han ocurrido en Nuevo León, convirtiéndonos en la cuarta entidad más homofóbica del país.

¡Abramos los ojos! el problema existe. Es tiempo de reflexionar y de negarnos a ser parte de esta cultura de odio, de discriminación y de segregación. El respeto a las ideas, creencias u opiniones ajenas es la clave de todo.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Derechos en pausa: el nombramiento de la presidencia de la CEDH

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Hace unos días recibí un mensaje de un grupo de Whatssap en el que una compañera de la Universidad preguntaba si Eduardo Román era ya el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Muchos de mis colegas y ex compañeros de la licenciatura pronto respondieron “creo que sí” “lo nombraron desde hace mucho” “me parece que sí”, entre otras afirmaciones similares.

Y claro, sus respuestas parecían bastante lógicas en el entendimiento de que hace más de un mes Román resultó victorioso como primer candidato a la presidencia elegido por la academia y la sociedad civil. Habiendo transcurrido tanto tiempo y sin tener noticias de lo contrario, asumo que mis compañeros no fueron los únicos que llegaron a pensar que el Congreso le habría dado prioridad al tema y que, seguramente, la CEDH ya contaba con nuevo dirigente.

Sin embargo, el caso es muy distinto y aún no está claro el panorama sobre el futuro de la Comisión.

Para poner un poco en contexto a quien no está familiarizado con el tema, profundizaré en algunos puntos:

El proceso

Para la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se lleva a cabo un proceso idéntico al establecido para la designación de Magistrados. Éste, se encuentra descrito en la Constitución del Estado en el artículo 99.
Explicado de manera muy sencilla, el Poder Ejecutivo manda al Congreso local una propuesta para ocupar el puesto. La candidata o el candidato deberán comparecer ante los diputados y para el nombramiento, deberán contar con una aprobación de dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

Si el Congreso decide rechazar o abstenerse de resolver la propuesta, o bien, no reúne la votación necesaria, el Ejecutivo mandaría una segunda opción para someterse a consideración de los diputados. Si la segunda opción vuelve a ser rechazada, el Ejecutivo podrá designar de manera directa a una tercera opción, que deberá ser distinta a las anteriormente propuestas.

Transparencia y Participación Ciudadana

El 16 de diciembre de 2015, el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, inició con este proceso de designación lanzando una convocatoria abierta para atraer los perfiles de quienes estuvieran interesados en fungir como titulares de la CEDH. Una acción congruente con el discurso de transparencia y gobierno abierto que ha manejado el gobernador independiente desde su campaña.

Adicionalmente, se realizaron dos ejercicios de comparecencias, en donde 15 interesadas e interesados expusieron ante académicos y representantes de la sociedad civil, sus propuestas y motivaciones para ocupar el cargo.

El 12 de enero de 2016, se dieron a conocer las tres mejores opciones elegidas por el jurado: Eduardo Román González, Magda Yadira Robles Garza y Sofía Velasco Becerra. Las propuestas se mandarían en este orden para ser avalados por el Congreso del Estado de Nuevo León.

La polémica

1.Los tiempos

El artículo 99 de la Constitución establece que el Congreso del Estado deberá votar el nombramiento del titular de la Comisión, cinco días después de su comparecencia y, de no estar sesionando en periodo ordinario, convocar a una reunión de carácter extraordinario.

Sin embargo, esta comparecencia ni si quiera se ha llevado a cabo, después de más de un mes de que el Ejecutivo propusiera a Eduardo Román para el puesto.

Incluso, a pesar de que los mismos legisladores establecieron en su Agenda Mínima para el primer periodo de su legislatura desahogar el nombramiento de la presidenta o el presidente para la Comisión (periodo que concluyó en diciembre). Lo cual puede consultarse en el siguiente enlace: http://bit.ly/1oul9De

Esta semana, el secretario de Gobierno, Manuel González, fue personalmente al Congreso a solicitar la atención necesaria al nombramiento. Por su parte, los diputados miembros de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública declararon que el funcionario interrumpió la sesión y “atropelló la autonomía de poderes”. Se dice que este hecho entorpecerá aún más el proceso ya estancado.

2.Cambios legislativos

El 19 de diciembre de 2015, el Congreso local aprobó en primera vuelta una reforma a la Constitución Estatal para modificar el proceso de designación del ombudsman de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La reforma presentada por la panista Eva Margarita Gómez Tamez abstrae la Facultad del Poder Ejecutivo para realizar esta tarea.

Personalmente, considero que la iniciativa del PAN es congruente con el proceso que se sigue para el nombramiento quien ocupa la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que tiene que ser una propuesta que prospere en nuestro Estado.

Estos cambios seguramente serán positivos para los futuros procesos, sin embargo, el tema del nombramiento de un titular para la Comisión de la que hablamos, merece la prioridad de los legisladores respetando el proceso que ya dio inicio desde diciembre del año pasado, días antes de que se sometiera a discusión esta Iniciativa en Pleno.

Sobre todo, es estrictamente necesario que se atienda la coyuntura actual, golpeada por los recientes hechos presentados en el Penal del Topo Chico. Una Comisión que atiende dicha investigación no puede ni debe quedar acéfala mientras se resuelve la lucha de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Además, aunque el actual proceso no es el óptimo, sí se debe de reconocer el esfuerzo del Poder Ejecutivo por realizar un ejercicio distinto y sin precedentes de manera transparente y en completa colaboración con la ciudadanía, dándoles voz y voto para el impulso de propuestas.

Aunado a esto, considero que la terna de finalistas propuestos por la ciudadanía y enviados por el Ejecutivo está consolidada por perfiles que cuentan con una trayectoria profesional sólida, y , sobre todo, que han demostrado poseer un fuerte compromiso con el tema de los derechos humanos.

Por lo que uno se pregunta ¿qué es lo que está deteniendo el proceso?

Como ciudadana, me uno a las voces que han externado su preocupación por el estancamiento de esta designación de tanta relevancia para nuestro Estado.