Sin mujeres no hay Constitución

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¿Qué hubiera sucedido en México si el Constituyente de Querétaro (1917) hubiera estado conformado de forma paritaria por mujeres y hombres? Para empezar, no se nos hubiera negado el reconocimiento de nuestra plena ciudadanía, bloqueando nuestro derecho a votar y ser votadas, derecho que se reconoció hasta 1953.

También pienso que nuestra Constitución no hablaría exclusivamente en masculino desde entonces, sino que se hubiera garantizado que en este importante documento que rige la vida democrática de nuestro país, la palabra “mujeres” estuviera bien inscrita y, junto con ella, la garantía de todos sus derechos. 

Si las mujeres hubieran sido parte esencial para el proceso de escribir nuestra Constitución desde aquél entonces, quizá nuestras causas hubieran estado mejor cimentadas, con un fuerte énfasis en resolver, prevenir y atender las distintas violencias de las que aún somos objeto. 

Por ello, hoy celebro que con el “Sí” alcanzado este domingo en Chile para una nueva Constitución, venga a la par un gran triunfo: la conformación de un órgano constituyente integrado en paridad de género. Es decir, un órgano en donde las voces y las vivencias de las mujeres cuenten, en donde se materializarán en una visión incluyente de un nuevo país que busca alejarse de su pasado dictador y represor. 

Con esto, Chile ha hecho historia de maneras numerosas y nos deja un claro ejemplo de cómo debe reconstruirse un país: con la participación real, justa y equitativa de todas las personas, de todas las visiones, de todas las necesidades.

Pisos, no techos

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Nuestra democracia se encuentra en construcción y ¿por qué no decirlo? en deconstrucción. Cada proceso electoral es una nueva oportunidad para repensar la representación y el poder y, en el caso mexicano, esto ha ido a la par de integrar cada vez de manera más efectiva, el principio de igualdad y no discriminación. 

Hablo de deconstruir y de re-pensar, pues las resistencias más frecuentes se encuentran en argumentos como la autodeterminación de los partidos políticos y la protección de su vida interna. Pero ¿por qué ésta no podría ser compatible con la igualdad de oportunidades para todas las personas? ¿por qué no avanzar hacia nuevas y mejores formas de hacer democracia? ¿por qué no re-imaginar la representación política para que sea más parecida a su ciudadanía? ¿por qué no acoger las reglas y lineamientos que son más protectoras para los derechos político electorales de las mujeres, las juventudes, las personas con discapacidad y las personas indígenas, entre otros grupos? ¿por qué resistirse a la mejora de la calidad de nuestra democracia, en la que quepamos y aportemos todas las personas?

Ocurre que la historia relegó a diversos grupos, cada uno de ellos ha enfrentado distintas formas de resistencia para acceder al poder y así poder modificar su realidad a través de reformas legislativas eficientes que se apeguen a sus vivencias y realidades. 

En ese contexto, se han impulsado acciones afirmativas para hacer posible una democracia incluyente. Las acciones afirmativas son una manera de buscar soluciones prácticas e innovadoras para derribar obstáculos y resistencias que ocurren, en el caso electoral, para garantizar un piso parejo y de igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas y la integración de órganos. Se ha probado con el tiempo que las acciones afirmativas son necesarias, pues las resistencias y los obstáculos con que cuentan los institutos políticos no necesariamente se eliminan por voluntad propia. 

Tal es el caso de las cuotas de género y de la reciente paridad de género ya inscrita en nuestra propia Constitución, pues a cada medida implementada para garantizar los derechos político electorales de las mujeres, llegaba una nueva forma de resistencia. 

Ahora nos encontramos ante nuevos avances: los organismos públicos locales electorales, como es el caso de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, se encuentran impulsando también acciones afirmativas para otros grupos que históricamente han estado en desventaja como las juventudes, las personas con discapacidad y las personas indígenas. 

Como en el caso de las acciones afirmativas para la participación de las mujeres, estas medidas enfrentarán, sin duda, resistencia por parte de los institutos políticos y de la sociedad en general. Ante ello, recientemente, la Sala Regional Xapala declaró que “las acciones afirmativas son pisos mínimos para garantizar la protección e inclusión de personas circunscritas a grupos que se han visto históricamente relegados en el ejercicio de sus derechos”. 

Y es que, si ya nos encontramos re-imaginando una democracia más incluyente, habrá que migrar a pensar estas acciones como esenciales y no limitativas, como pisos mínimos y no techos. Las acciones afirmativas serán necesarias mientras no solucionemos las causas que generan estas desigualdades y resistencias. Es el tiempo de los grupos que han sido históricamente relegados de los espacios de toma de decisiones. Es el tiempo de volver a construir y a idear las mejores formas de hacer democracia sin discriminación, sin estereotipos y sin violencia. 

Violencia de género y las respuestas del gobierno

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Me duele vivir en un México en el que a las mujeres y a las niñas las violentan, las violan, las desaparecen, las matan, las dejan tiradas en campos valdíos, en sus propias casas, en el terreno de sus universidades, en las calles. Un país en donde reina la impunidad para los  múltiples (¡y diarios!) casos de feminicidios. 

Un México en el que, cuando las mujeres se levantan y toman las calles exigiendo justicia, el Estado les responde con:

 1. Represión de la protesta, como sucedió en los casos de Guanajuato (22 de agosto), Cuidad de México (28 de septiembre), Estado de México (11 de septiembre), por mencionar algunas.

2. Detenciones arbitrarias en el marco de las manifestaciones (como ejemplo, las más recientes protestas llevadas a cabo en Guanajuato y Chihuahua).

 3. Desligitimación del movimiento feminista, llamándolas infiltradas, falsas feministas, entre otros (des)calificativos en las conferencias mañaneras y en el discurso público.

4. Invisivilización de las cifras reales de violencia de género, como cuando se declaró en el más reciente Informe Presidencial que los feminicidios habían disminuido, mientras que, contrario a lo ahí expuesto y de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2020 se registraron 556 feminicidios, lo que representa un incremento de 5.4 por ciento con respecto a 2019.

5. Desacreditación de quienes apoyan al movimiento feminista, resultando en el despido de una mujer que donó a la Okupa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (como resultado de las declaraciones de Jefa de Gobierno de CDMX).

6. Bloqueo de recursos para refugios de mujeres en situación de violencia de género durante la pandemia.

7. Propuesta de reducción del presupuesto de INMUJERES para 2021. 

8. Propuesta de extinción de fideicomisos, incluyendo apoyo a protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Y sigue la lista. 

Y, mientras tanto, no hay propuestas puntuales para fortalecer las alertas de género, no se habla de impulsar políticas públicas más eficientes en materia de acceso a la justicia para las mujeres, no se impulsan nuevos programas para prevenir la violencia de género, para construir nuevas masculinidades; no se comprenden las razones de las protestas ni se construyen propuestas con perspectiva de las víctimas, de las mujeres que buscan a sus hijas e hijos, que quieren justicia para sus hijas, para sus familiares víctimas de feminicidio.

Siempre a medias

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En días anteriores se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales el H. Congreso del Estado de Nuevo León para la revisión de las iniciativas de reforma encaminadas a la garantía de la paridad total y del rezagado tema de violencia política en razón de género. 

Una vez más, las discusiones transitaron hacia un avance entorpecido, un avance “a medias” que no resarce la deuda histórica que se tiene para con las mujeres del estado. 

Si miramos un poco la historia reciente encontraremos que al Legislativo local le falta mucho por estar a la par de los avances en México en materia de derechos humanos e igualdad de género, específicamente en el tema de los derechos político electorales y las medidas que a nivel nacional parecieran avanzar con un paso diferente. 

Cuando en el país se estaba avanzando para hacer que la paridad de género en diputaciones locales fuera efectiva mediante distintas reglas que garantizaran que las mujeres no fueran postuladas exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político jamás hubiera ganado, en Nuevo León esto no se incluyó en la legislación electoral. Fue el organismo local electoral quien empujó el tema a través de lineamientos que, desde el proceso de 2015, incluían la división por partido de los distritos electorales conforme a su rentabilidad electoral histórica. Finalmente, en la reforma de 2017, el Congreso de NL agregó criterios cualitativos para diputaciones locales a la legislación.

Lo mismo sucedió en las modificaciones a la ley electoral en 2017, cuando el Legislativo local tenía la oportunidad para integrar la paridad en presidencias municipales (paridad horizontal), como sucedía en el resto del país. Tampoco sucedió. Una vez más, fue a través de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral, que esto fue avanzando, ya que las reglas del juego para las postulaciones incluyeron por esta vía la obligación de postular 50% mujeres y 50% hombres para presidencias municipales, y no sólo para regidurías y sindicaturas. La labor del organismo público local electoral para ir más allá a través de lineamientos estuvo basada en la jurisprudencia electoral en la materia.

Pero aún con ello, Nuevo León iba un paso atrás que muchísimas entidades mexicanas que no sólo implementaban ya la paridad horizontal, sino que le agregaban reglas cualitativas para que, al igual que en el caso de las candidaturas a diputaciones locales, en los municipios también se garantizara que las mujeres no fueran relegadas a candidaturas sin importancia. Algunas entidades siguieron el ejemplo de la competitividad electoral histórica en municipios. Otros, como Coahuila, agregaron criterios con una mirada distinta: entendiendo la importancia de las administraciones municipales en relación a la cantidad de población a la cual dirigirían. 

Esto no sucedió en Nuevo León en las elecciones pasadas, y parece que el Congreso local tampoco reforzará la legislación electoral local para que suceda en la próxima. 

Lo mismo ocurre con el tema de violencia política que viven las mujeres que quieren insertarse en la vida pública. A falta de un marco normativo sólido que atendiera este tema, instituciones locales se unieron el proceso electoral anterior para impulsar un Protocolo de atención conjunta que pudiera sentar las vías de canalización y atención al tema de manera proactiva. Aun así, su atención sería muchísimo más eficaz si el Congreso local empujara las reformas necesarias para que la violencia política de género sea considerada un delito, y para implementar sanciones específicas al respecto. 

Por último, el Congreso local tiene la oportunidad histórica de derribar todo obstáculo y resistencia existente para el nombramiento de mujeres a los puestos de toma de decisiones en la entidad, al integrar la obligación de designar en igualdad a mujeres y hombres para todos los altos puestos de todos los organismos e instancias de la entidad. 

Esto tampoco se vio durante las discusiones vertidas en la sesión de la Comisión mencionada, al contrario, la “paridad en todo” se fue diluyendo poco a poco, desechándola para algunos organismos y “procurándola” para otros.

Las discusiones que se dieron en la Comisión de Puntos Constitucionales este 26 de junio, nos dan a entender que, una vez más, en Nuevo León vamos un paso atrás para que el marco normativo proteja los derechos político electorales de las mujeres, garantizando el efecto útil y material de la paridad. Las discusiones nos dan a entender que la legislación electoral está avanzando, pero avanzando a medias. 

#ParidadEnTodo: deuda pendiente con las mujeres

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A la histórica integración paritaria de las Cámaras Alta y Baja, le siguieron una serie de reformas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Una de ellas fue la reforma constitucional para marcar la obligación de la integración de todos los organismos, de todas las instancias, en paridad. Esto quiere decir que tanto mujeres y hombres ocuparían, en igualdad de condiciones y de oportunidades, los puestos del poder público. Con ello, México tomó pasos firmes para poner fin a una deuda histórica con las mujeres en relación a su obstaculización para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Al interior de la República mexicana, la paridad en la integración de órganos legislativos se vio materializada en varias entidades, incluida Nuevo León. 

Hoy, a unos días del vencimiento del plazo para la armonización legislativa sobre las reformas de paridad en los tres poderes del Gobierno estatal, el Congreso de NL aún no ha tomado cartas en el asunto. 

Recordemos que fue apenas en 1953 cuando el reconocimiento al sufragio femenino fue efectivo en nuestro país. Recordemos también que, a partir de ahí, una serie de nuevos obstáculos y barreras se han presentado en el camino para que las mujeres puedan acceder a candidaturas y al poder público.  Con la reforma #ParidadEnTodo México demostró un claro compromiso para derribar dichas barreras. 

El problema no es que no haya mujeres capaces, es que no las voltean a ver. El problema no es llegar “gracias a una cuota”, el problema es esa enorme resistencia a nombrar mujeres para dirigir, administrar, decidir. El problema también consiste en seguir viendo la paridad como algo nocivo para alguna de las partes, cuando en realidad presenta igualdad de oportunidades para ambas. 

Necesitamos un Congreso local que entienda que la paridad de género no es parte de ninguna agenda política, sino un esfuerzo de reconocimiento a la igualdad de derechos, a la igualdad al acceso a un cargo público: un tema de contrarrestar la deuda pendiente con las mujeres del estado. 

Urge que los Congresos estatales, incluido el de Nuevo León, demuestren que la garantía de la igualdad de género forma parte de sus prioridades. Urge que diputadas y diputados aprueben los cambios legislativos que nos ayuden a acercarnos a una democracia de calidad, una democracia en la que las mujeres participemos en igualdad. 

La violencia de género también se da en política

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Llegar a los puestos de toma de decisiones fue una de las primeras metas (y posteriormente conquistas) del movimiento feminista en el mundo. Había que estar en el poder para incidir en los cambios legislativos que repercutirían en las vidas cotidianas de las mujeres: el acceso a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, a mejores condiciones laborales y salarios dignos, etc.

Poco se imaginaban las sufragistas que en 2020 las mujeres nos seguiríamos enfrentando a numerosos obstáculos en esta esfera: cuando ya podíamos votar, era difícil ser candidata. Cuando se exigió a los partidos políticos dejar de obstaculizar las carreras políticas de sus militantes colocándolas como candidatas, les pedían renunciar al ser electas para dar paso a su suplente hombre. Cuando se bloqueó la posibilidad de este escenario, continuaron reforzando los mitos: “no hay mujeres”, “es cuestión de capacidad”… invisibilizando a las mujeres con larga trayectoria política y grandes capacidades entre sus filas. Cuando se dictó que las candidaturas debían realizarse en paridad (50% mujeres, 50% hombres) no sólo se resistieron sino que dieron paso a nuevos (y viejos) retos… las mujeres en campaña no accedían a la misma cantidad de recursos que sus contrapartes masculinas, tampoco se hablaba de ellas con la misma frecuencia en los medios y, cuando se hablaba, los comentarios contenían estereotipos de género, se enfrentaron a todo tipo de violencia dentro de su actuar político: descalificaciones por su género, amenazas, malos tratos, abusos sexuales, secuestros y hasta feminicidios. Cuando llegaron al poder, les obstaculizaron la toma de puestos importantes como la llegada a presidencias de Comisiones estratégicas.

Todo esto, es violencia política en razón de género. Y obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Les impide participar en la vida pública de este país en igualdad de condiciones.

Las instituciones mexicanas ya han tomado cartas en el asunto desde hace un par de años, mediante la conjunción de esfuerzos y el lanzamiento de protocolos para atender y sancionar este tipo de violencia. Sin embargo, su investigación y la resolución de los casos se obstaculiza al no existir un tipo penal.

Ayer, la Comisión de Igualdad de Género del Senado aprobó la tipificación de este delito y, aunque faltan pasos a seguir dentro del proceso legislativo, el suceso ya es digno de informarse al ser un paso que significará un cambio importantísimo en la vida de las mujeres, en la consolidación de espacios libres de violencia también en la arena pública. Tener un marco normativo sólido que garantice y proteja nuestros derechos políticos es un paso fundamental para el alcance de una verdadera democracia, en la que todas las personas estemos representadas, incluidas y en el que nuestra participación no se vea obstaculizada. 

“Que las niñas del futuro que sueñan con gobernar, legislar y administrar este país no sean nunca víctimas de violencia política en razón de su género. Que tengan herramientas para denunciar a sus agresores”– Indira Kempis, Senadora de la República. 

¿Qué esperamos del 9M?

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El Paro Nacional convocado por la colectiva “Brujas del Mar” y que se volvió viral en un par de días, ha dado mucho de qué hablar.

Encontramos debate entre mujeres y hombres sobre los pormenores de la convocatoria, así como instituciones que han alzado a la voz para expresar su solidaridad por el movimiento.

Pero, ¿realmente qué estamos esperando las mujeres mexicanas que suceda?

Esperamos empresas que vayan más allá del discurso y trasladen sus palabras de solidaridad a la acción. Es decir, queremos empresas en donde se haga todo lo necesario para erradicar el acoso sexual y laboral y cualquier forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Para ello es necesario la aplicación de protocolos efectivos, que den respuesta inmediata a las posibles víctimas, que no las re-victimicen en el proceso y que se apliquen sanciones transparentes. Necesitamos también directivas y directivos que dejen claro que no se tolerará ningún caso, y dejen de encubrir a quienes son señalados. Necesitamos empresas que le otorguen el mismo valor al desarrollo y carrera de sus hombres y mujeres, con salarios iguales, con igualdad de oportunidades de ascenso, con igualdad de escaños en los consejos, en los puestos directivos.

Esperamos también un cambio en las respuestas institucionales, un giro que nos permita visualizar que la garantía y protección de la vida de las mujeres es una prioridad. Un cambio que incluya un esfuerzo real de capacitación en perspectiva de género a quienes atienden víctimas, a quienes juzgan, a quienes escriben las políticas públicas que enmarcan nuestra vida cotidiana. Necesitamos que la norma de igualdad y no discriminación para espacios laborales deje de ser algo aspiracional, para convertirse en algo obligatorio. 

Esperamos partidos políticos que más allá de aprovechar el momento de manera mediática, lo utilicen para reformar sus institutos, reforzando sus políticas anti-acoso, creando espacios seguros para quienes quieran contender en la política, sancionando cualquier expresión u acción de violencia política basada en género en campañas. Urgen partidos que destinen de manera eficaz su 3% del presupuesto para actividades que impulsen las carreras políticas de las mujeres y siembren un piso de igualdad, y se dejen de realizar actividades que perpetúan estereotipos de género. 

Esperamos también un cambio en lo cotidiano, en lo privado. Buscamos “traidores del patriarcado” (como diría Catalina Ruiz Navarro) que se atrevan a incomodar a los amigos al repudiar sus chistes machistas o sus acciones violentas y acosadoras. Hombres que reinventen lo que significa la masculinidad, que busquen un mejor mundo.

Esperamos un movimiento que solidifique el significado de sororidad entre mujeres, que logre permear en la sociedad detonando el cambio. 

Esperamos una sociedad que pase del discurso a la acción. 

La gran ausente en las elecciones 2019: la participación ciudadana

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Este dos de junio se celebraron elecciones ordinarias y una extraordinaria en seis entidades de la República. 

Es una realidad que, en aquellas elecciones recurrentes con la presidencial, la ciudadanía acude en mayores cantidades a emitir su voto a las urnas el día de la jornada. Sin embargo, excluyendo quizá el caso de Durango con un 45.34% de participación, las cinco entidades restantes presentaron niveles de participación alarmantes. 

Es decir que, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, sólo un 22.15% de la población tomó en sus manos la tarea de empoderar ciudadanas y ciudadanos para representar sus intereses en el Congreso local. Que sólo un 29.95% de la población de Baja California cumplió con su deber cívico de acudir a elegir a quienes se postulaban para gubernatura, diputaciones y Ayuntamientos. Que la ciudadanía tamaulipeca sólo acudió en un 33.15% a escoger a quienes legislarían por los temas más importantes de su comunidad. Que sólo un 33.41% en Puebla reclamó su derecho a votar por la persona que tendrá las riendas de su entidad en los próximos años y que sólo un 38.9% en Aguascalientes votó por quienes manejarán el presupuesto de sus Ayuntamientos y velarán por su seguridad, por sus servicios públicos, su calidad de vida. 

Esto significa que quienes lleguen al poder se enfrentarán ante un reto imponente, pues habrán triunfado con un porcentaje mínimo de la población y será su deber demostrar los mejores resultados durante su gestión. 

Sin duda, la apatía hacia la política juega un papel importante, la decepción ante los numerosos escándalos de corrupción, o el pensar incluso que el voto de una persona no hace la diferencia. 

Pero ese voto es parte fundamental de nuestra democracia, ese voto es un derecho de cada uno de nosotros por el que lucharon tantas y tantos antes de nuestra llegada, ese voto es la promesa del cambio, del progreso y también es una herramienta poderosa. El voto permite empoderar una agenda política, impulsar mediante la reelección a quienes han hecho bien su trabajo, o castigar a quienes abusaron del poder, ya sea en lo individual o colectivo. Ese voto es la herramienta de rendición de cuentas que nos empodera como ciudadanas y ciudadanos y, sin embargo, la desperdiciamos. 

 

El Senado por nosotras: #ParidadEnTodo

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El pasado primero de julio colocó a México en los primeros lugares del mundo con más mujeres en la Cámara alta y baja. Tal parece ser que, con la llegada de más mujeres, se alcanzó una masa crítica que busca impulsarnos a las demás.

Con 120 votos a favor, el día martes el Senado de la República aprobó el dictamen de reforma constitucional que busca paridad en los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, incluyendo órganos autónomos. 

Aplaudo a las mujeres que llegaron al poder por reconocer la lucha de quienes les antecedieron y entender la oportunidad histórica de continuar abriendo más espacios para las futuras generaciones. Aplaudo a las mujeres que trabajan por nosotras pues, una vez más, esto se ha logrado con la unión entre ellas, sin importar colores ni ideologías. Aplaudo también a los hombres por entender que la agenda de género no debe ser sólo cuestión ni responsabilidad de las mujeres, y a todas las senadoras y senadores por comprender que sin mujeres no hay democracia y que son parte esencial del funcionamiento de este país. 

Paridad en todo significa igualdad de oportunidades para acceder a la totalidad de puestos de toma de decisiones. Paridad en todo significa que, quienes no podían aún llegar por lo que se ha denominado como “techo de cristal”, puedan llegar, aportar, incidir, impactar. 

Ahora esta iniciativa se quedará en la trinchera de la Cámara de Diputados, de quienes esperamos tomen decisiones a la altura del momento histórico en el que nos encontramos. 

Las nuevas Juanitas

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El proceso electoral 2017-2018 puede ser denominado como histórico por un sinfín de razones. Para empezar, ha sido el más grande y, por ende, complejo de la historia contemporánea de México. También ha traído consigo grandes triunfos para la democracia en el país, como el número récord de mujeres que arribaron a los parlamentos, tanto a nivel nacional como local, logrando la paridad en algunos casos. 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues el proceso se encuentra marcado también por claros retrocesos a los derechos político electorales de las mujeres, como lo es el preocupante caso de la renuncia de más de 40 mujeres a los cargos para los que fueron electas el pasado 1 de julio en el estado de Chiapas. 

La lucha de las mujeres no ha sido fácil, apenas hace 65 años se reconoció nuestro derecho a votar y ser votadas y a partir de ello las mexicanas se han enfrentado a numerosos obstáculos en sus carreras políticas, desde no tener oportunidades reales para ser postuladas, hasta convertirse en candidatas relegadas a aquellos espacios en donde el partido político ha perdido históricamente. Otro de los casos negros de nuestra historia fue aquel de las mujeres denominadas “Juanitas”, quienes inmediatamente después de tomar protesta para sus respectivos cargos, emitían su renuncia para ceder su lugar a su suplente masculino. Este suceso fue contrarrestado por la icónica sentencia 12624 en la que se dicta que las fórmulas para diputaciones debían ser homogéneas, es decir, cuando la persona que ocupara la candidatura propietaria fuera mujer, la suplente también debía serlo. 

Fue y ha sido así como las mujeres mexicanas, sin importar colores ni ideologías, han construido y fortalecido el camino para que las mujeres que aspiran a un puesto de elección popular tengan oportunidades reales de ocuparlo. A pulso de sentencias y de acciones afirmativas se ha forjado este camino. Hoy, con mucha tristeza observamos que la paridad de género ha traído consigo mucha resistencia, resistencia que ha tomado la forma de distintas expresiones de violencia política en razón de género. 

En el caso chiapaneco, aunque las renuncias aparentan ser voluntarias, es la masividad y su componente de género lo que las delata: las mujeres en 2018 aún no tenemos las mismas oportunidades que los hombres para gobernar, aún se piensa de la política como un espacio masculinizado, aún se tienen resistencias cuando se trata de la inclusión de nuestro género. Estos 40 espacios conquistados a pulso por mujeres no pueden ni deben convertirse en otro caso más al estilo de las “Juanitas”. No permitamos que el caso chiapaneco sea otra forma de simulación de la paridad en candidaturas y exijamos un cambio real para el alcance de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la política.