Siempre a medias

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En días anteriores se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales el H. Congreso del Estado de Nuevo León para la revisión de las iniciativas de reforma encaminadas a la garantía de la paridad total y del rezagado tema de violencia política en razón de género. 

Una vez más, las discusiones transitaron hacia un avance entorpecido, un avance “a medias” que no resarce la deuda histórica que se tiene para con las mujeres del estado. 

Si miramos un poco la historia reciente encontraremos que al Legislativo local le falta mucho por estar a la par de los avances en México en materia de derechos humanos e igualdad de género, específicamente en el tema de los derechos político electorales y las medidas que a nivel nacional parecieran avanzar con un paso diferente. 

Cuando en el país se estaba avanzando para hacer que la paridad de género en diputaciones locales fuera efectiva mediante distintas reglas que garantizaran que las mujeres no fueran postuladas exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político jamás hubiera ganado, en Nuevo León esto no se incluyó en la legislación electoral. Fue el organismo local electoral quien empujó el tema a través de lineamientos que, desde el proceso de 2015, incluían la división por partido de los distritos electorales conforme a su rentabilidad electoral histórica. Finalmente, en la reforma de 2017, el Congreso de NL agregó criterios cualitativos para diputaciones locales a la legislación.

Lo mismo sucedió en las modificaciones a la ley electoral en 2017, cuando el Legislativo local tenía la oportunidad para integrar la paridad en presidencias municipales (paridad horizontal), como sucedía en el resto del país. Tampoco sucedió. Una vez más, fue a través de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral, que esto fue avanzando, ya que las reglas del juego para las postulaciones incluyeron por esta vía la obligación de postular 50% mujeres y 50% hombres para presidencias municipales, y no sólo para regidurías y sindicaturas. La labor del organismo público local electoral para ir más allá a través de lineamientos estuvo basada en la jurisprudencia electoral en la materia.

Pero aún con ello, Nuevo León iba un paso atrás que muchísimas entidades mexicanas que no sólo implementaban ya la paridad horizontal, sino que le agregaban reglas cualitativas para que, al igual que en el caso de las candidaturas a diputaciones locales, en los municipios también se garantizara que las mujeres no fueran relegadas a candidaturas sin importancia. Algunas entidades siguieron el ejemplo de la competitividad electoral histórica en municipios. Otros, como Coahuila, agregaron criterios con una mirada distinta: entendiendo la importancia de las administraciones municipales en relación a la cantidad de población a la cual dirigirían. 

Esto no sucedió en Nuevo León en las elecciones pasadas, y parece que el Congreso local tampoco reforzará la legislación electoral local para que suceda en la próxima. 

Lo mismo ocurre con el tema de violencia política que viven las mujeres que quieren insertarse en la vida pública. A falta de un marco normativo sólido que atendiera este tema, instituciones locales se unieron el proceso electoral anterior para impulsar un Protocolo de atención conjunta que pudiera sentar las vías de canalización y atención al tema de manera proactiva. Aun así, su atención sería muchísimo más eficaz si el Congreso local empujara las reformas necesarias para que la violencia política de género sea considerada un delito, y para implementar sanciones específicas al respecto. 

Por último, el Congreso local tiene la oportunidad histórica de derribar todo obstáculo y resistencia existente para el nombramiento de mujeres a los puestos de toma de decisiones en la entidad, al integrar la obligación de designar en igualdad a mujeres y hombres para todos los altos puestos de todos los organismos e instancias de la entidad. 

Esto tampoco se vio durante las discusiones vertidas en la sesión de la Comisión mencionada, al contrario, la “paridad en todo” se fue diluyendo poco a poco, desechándola para algunos organismos y “procurándola” para otros.

Las discusiones que se dieron en la Comisión de Puntos Constitucionales este 26 de junio, nos dan a entender que, una vez más, en Nuevo León vamos un paso atrás para que el marco normativo proteja los derechos político electorales de las mujeres, garantizando el efecto útil y material de la paridad. Las discusiones nos dan a entender que la legislación electoral está avanzando, pero avanzando a medias. 

#ParidadEnTodo: deuda pendiente con las mujeres

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A la histórica integración paritaria de las Cámaras Alta y Baja, le siguieron una serie de reformas para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Una de ellas fue la reforma constitucional para marcar la obligación de la integración de todos los organismos, de todas las instancias, en paridad. Esto quiere decir que tanto mujeres y hombres ocuparían, en igualdad de condiciones y de oportunidades, los puestos del poder público. Con ello, México tomó pasos firmes para poner fin a una deuda histórica con las mujeres en relación a su obstaculización para acceder a los puestos de toma de decisiones.

Al interior de la República mexicana, la paridad en la integración de órganos legislativos se vio materializada en varias entidades, incluida Nuevo León. 

Hoy, a unos días del vencimiento del plazo para la armonización legislativa sobre las reformas de paridad en los tres poderes del Gobierno estatal, el Congreso de NL aún no ha tomado cartas en el asunto. 

Recordemos que fue apenas en 1953 cuando el reconocimiento al sufragio femenino fue efectivo en nuestro país. Recordemos también que, a partir de ahí, una serie de nuevos obstáculos y barreras se han presentado en el camino para que las mujeres puedan acceder a candidaturas y al poder público.  Con la reforma #ParidadEnTodo México demostró un claro compromiso para derribar dichas barreras. 

El problema no es que no haya mujeres capaces, es que no las voltean a ver. El problema no es llegar “gracias a una cuota”, el problema es esa enorme resistencia a nombrar mujeres para dirigir, administrar, decidir. El problema también consiste en seguir viendo la paridad como algo nocivo para alguna de las partes, cuando en realidad presenta igualdad de oportunidades para ambas. 

Necesitamos un Congreso local que entienda que la paridad de género no es parte de ninguna agenda política, sino un esfuerzo de reconocimiento a la igualdad de derechos, a la igualdad al acceso a un cargo público: un tema de contrarrestar la deuda pendiente con las mujeres del estado. 

Urge que los Congresos estatales, incluido el de Nuevo León, demuestren que la garantía de la igualdad de género forma parte de sus prioridades. Urge que diputadas y diputados aprueben los cambios legislativos que nos ayuden a acercarnos a una democracia de calidad, una democracia en la que las mujeres participemos en igualdad. 

La violencia de género también se da en política

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Llegar a los puestos de toma de decisiones fue una de las primeras metas (y posteriormente conquistas) del movimiento feminista en el mundo. Había que estar en el poder para incidir en los cambios legislativos que repercutirían en las vidas cotidianas de las mujeres: el acceso a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, a mejores condiciones laborales y salarios dignos, etc.

Poco se imaginaban las sufragistas que en 2020 las mujeres nos seguiríamos enfrentando a numerosos obstáculos en esta esfera: cuando ya podíamos votar, era difícil ser candidata. Cuando se exigió a los partidos políticos dejar de obstaculizar las carreras políticas de sus militantes colocándolas como candidatas, les pedían renunciar al ser electas para dar paso a su suplente hombre. Cuando se bloqueó la posibilidad de este escenario, continuaron reforzando los mitos: “no hay mujeres”, “es cuestión de capacidad”… invisibilizando a las mujeres con larga trayectoria política y grandes capacidades entre sus filas. Cuando se dictó que las candidaturas debían realizarse en paridad (50% mujeres, 50% hombres) no sólo se resistieron sino que dieron paso a nuevos (y viejos) retos… las mujeres en campaña no accedían a la misma cantidad de recursos que sus contrapartes masculinas, tampoco se hablaba de ellas con la misma frecuencia en los medios y, cuando se hablaba, los comentarios contenían estereotipos de género, se enfrentaron a todo tipo de violencia dentro de su actuar político: descalificaciones por su género, amenazas, malos tratos, abusos sexuales, secuestros y hasta feminicidios. Cuando llegaron al poder, les obstaculizaron la toma de puestos importantes como la llegada a presidencias de Comisiones estratégicas.

Todo esto, es violencia política en razón de género. Y obstaculiza el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Les impide participar en la vida pública de este país en igualdad de condiciones.

Las instituciones mexicanas ya han tomado cartas en el asunto desde hace un par de años, mediante la conjunción de esfuerzos y el lanzamiento de protocolos para atender y sancionar este tipo de violencia. Sin embargo, su investigación y la resolución de los casos se obstaculiza al no existir un tipo penal.

Ayer, la Comisión de Igualdad de Género del Senado aprobó la tipificación de este delito y, aunque faltan pasos a seguir dentro del proceso legislativo, el suceso ya es digno de informarse al ser un paso que significará un cambio importantísimo en la vida de las mujeres, en la consolidación de espacios libres de violencia también en la arena pública. Tener un marco normativo sólido que garantice y proteja nuestros derechos políticos es un paso fundamental para el alcance de una verdadera democracia, en la que todas las personas estemos representadas, incluidas y en el que nuestra participación no se vea obstaculizada. 

“Que las niñas del futuro que sueñan con gobernar, legislar y administrar este país no sean nunca víctimas de violencia política en razón de su género. Que tengan herramientas para denunciar a sus agresores”– Indira Kempis, Senadora de la República. 

¿Qué esperamos del 9M?

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El Paro Nacional convocado por la colectiva “Brujas del Mar” y que se volvió viral en un par de días, ha dado mucho de qué hablar.

Encontramos debate entre mujeres y hombres sobre los pormenores de la convocatoria, así como instituciones que han alzado a la voz para expresar su solidaridad por el movimiento.

Pero, ¿realmente qué estamos esperando las mujeres mexicanas que suceda?

Esperamos empresas que vayan más allá del discurso y trasladen sus palabras de solidaridad a la acción. Es decir, queremos empresas en donde se haga todo lo necesario para erradicar el acoso sexual y laboral y cualquier forma de violencia y discriminación hacia las mujeres. Para ello es necesario la aplicación de protocolos efectivos, que den respuesta inmediata a las posibles víctimas, que no las re-victimicen en el proceso y que se apliquen sanciones transparentes. Necesitamos también directivas y directivos que dejen claro que no se tolerará ningún caso, y dejen de encubrir a quienes son señalados. Necesitamos empresas que le otorguen el mismo valor al desarrollo y carrera de sus hombres y mujeres, con salarios iguales, con igualdad de oportunidades de ascenso, con igualdad de escaños en los consejos, en los puestos directivos.

Esperamos también un cambio en las respuestas institucionales, un giro que nos permita visualizar que la garantía y protección de la vida de las mujeres es una prioridad. Un cambio que incluya un esfuerzo real de capacitación en perspectiva de género a quienes atienden víctimas, a quienes juzgan, a quienes escriben las políticas públicas que enmarcan nuestra vida cotidiana. Necesitamos que la norma de igualdad y no discriminación para espacios laborales deje de ser algo aspiracional, para convertirse en algo obligatorio. 

Esperamos partidos políticos que más allá de aprovechar el momento de manera mediática, lo utilicen para reformar sus institutos, reforzando sus políticas anti-acoso, creando espacios seguros para quienes quieran contender en la política, sancionando cualquier expresión u acción de violencia política basada en género en campañas. Urgen partidos que destinen de manera eficaz su 3% del presupuesto para actividades que impulsen las carreras políticas de las mujeres y siembren un piso de igualdad, y se dejen de realizar actividades que perpetúan estereotipos de género. 

Esperamos también un cambio en lo cotidiano, en lo privado. Buscamos “traidores del patriarcado” (como diría Catalina Ruiz Navarro) que se atrevan a incomodar a los amigos al repudiar sus chistes machistas o sus acciones violentas y acosadoras. Hombres que reinventen lo que significa la masculinidad, que busquen un mejor mundo.

Esperamos un movimiento que solidifique el significado de sororidad entre mujeres, que logre permear en la sociedad detonando el cambio. 

Esperamos una sociedad que pase del discurso a la acción. 

La gran ausente en las elecciones 2019: la participación ciudadana

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Este dos de junio se celebraron elecciones ordinarias y una extraordinaria en seis entidades de la República. 

Es una realidad que, en aquellas elecciones recurrentes con la presidencial, la ciudadanía acude en mayores cantidades a emitir su voto a las urnas el día de la jornada. Sin embargo, excluyendo quizá el caso de Durango con un 45.34% de participación, las cinco entidades restantes presentaron niveles de participación alarmantes. 

Es decir que, en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, sólo un 22.15% de la población tomó en sus manos la tarea de empoderar ciudadanas y ciudadanos para representar sus intereses en el Congreso local. Que sólo un 29.95% de la población de Baja California cumplió con su deber cívico de acudir a elegir a quienes se postulaban para gubernatura, diputaciones y Ayuntamientos. Que la ciudadanía tamaulipeca sólo acudió en un 33.15% a escoger a quienes legislarían por los temas más importantes de su comunidad. Que sólo un 33.41% en Puebla reclamó su derecho a votar por la persona que tendrá las riendas de su entidad en los próximos años y que sólo un 38.9% en Aguascalientes votó por quienes manejarán el presupuesto de sus Ayuntamientos y velarán por su seguridad, por sus servicios públicos, su calidad de vida. 

Esto significa que quienes lleguen al poder se enfrentarán ante un reto imponente, pues habrán triunfado con un porcentaje mínimo de la población y será su deber demostrar los mejores resultados durante su gestión. 

Sin duda, la apatía hacia la política juega un papel importante, la decepción ante los numerosos escándalos de corrupción, o el pensar incluso que el voto de una persona no hace la diferencia. 

Pero ese voto es parte fundamental de nuestra democracia, ese voto es un derecho de cada uno de nosotros por el que lucharon tantas y tantos antes de nuestra llegada, ese voto es la promesa del cambio, del progreso y también es una herramienta poderosa. El voto permite empoderar una agenda política, impulsar mediante la reelección a quienes han hecho bien su trabajo, o castigar a quienes abusaron del poder, ya sea en lo individual o colectivo. Ese voto es la herramienta de rendición de cuentas que nos empodera como ciudadanas y ciudadanos y, sin embargo, la desperdiciamos. 

 

El Senado por nosotras: #ParidadEnTodo

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El pasado primero de julio colocó a México en los primeros lugares del mundo con más mujeres en la Cámara alta y baja. Tal parece ser que, con la llegada de más mujeres, se alcanzó una masa crítica que busca impulsarnos a las demás.

Con 120 votos a favor, el día martes el Senado de la República aprobó el dictamen de reforma constitucional que busca paridad en los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, incluyendo órganos autónomos. 

Aplaudo a las mujeres que llegaron al poder por reconocer la lucha de quienes les antecedieron y entender la oportunidad histórica de continuar abriendo más espacios para las futuras generaciones. Aplaudo a las mujeres que trabajan por nosotras pues, una vez más, esto se ha logrado con la unión entre ellas, sin importar colores ni ideologías. Aplaudo también a los hombres por entender que la agenda de género no debe ser sólo cuestión ni responsabilidad de las mujeres, y a todas las senadoras y senadores por comprender que sin mujeres no hay democracia y que son parte esencial del funcionamiento de este país. 

Paridad en todo significa igualdad de oportunidades para acceder a la totalidad de puestos de toma de decisiones. Paridad en todo significa que, quienes no podían aún llegar por lo que se ha denominado como “techo de cristal”, puedan llegar, aportar, incidir, impactar. 

Ahora esta iniciativa se quedará en la trinchera de la Cámara de Diputados, de quienes esperamos tomen decisiones a la altura del momento histórico en el que nos encontramos. 

Las nuevas Juanitas

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El proceso electoral 2017-2018 puede ser denominado como histórico por un sinfín de razones. Para empezar, ha sido el más grande y, por ende, complejo de la historia contemporánea de México. También ha traído consigo grandes triunfos para la democracia en el país, como el número récord de mujeres que arribaron a los parlamentos, tanto a nivel nacional como local, logrando la paridad en algunos casos. 

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues el proceso se encuentra marcado también por claros retrocesos a los derechos político electorales de las mujeres, como lo es el preocupante caso de la renuncia de más de 40 mujeres a los cargos para los que fueron electas el pasado 1 de julio en el estado de Chiapas. 

La lucha de las mujeres no ha sido fácil, apenas hace 65 años se reconoció nuestro derecho a votar y ser votadas y a partir de ello las mexicanas se han enfrentado a numerosos obstáculos en sus carreras políticas, desde no tener oportunidades reales para ser postuladas, hasta convertirse en candidatas relegadas a aquellos espacios en donde el partido político ha perdido históricamente. Otro de los casos negros de nuestra historia fue aquel de las mujeres denominadas “Juanitas”, quienes inmediatamente después de tomar protesta para sus respectivos cargos, emitían su renuncia para ceder su lugar a su suplente masculino. Este suceso fue contrarrestado por la icónica sentencia 12624 en la que se dicta que las fórmulas para diputaciones debían ser homogéneas, es decir, cuando la persona que ocupara la candidatura propietaria fuera mujer, la suplente también debía serlo. 

Fue y ha sido así como las mujeres mexicanas, sin importar colores ni ideologías, han construido y fortalecido el camino para que las mujeres que aspiran a un puesto de elección popular tengan oportunidades reales de ocuparlo. A pulso de sentencias y de acciones afirmativas se ha forjado este camino. Hoy, con mucha tristeza observamos que la paridad de género ha traído consigo mucha resistencia, resistencia que ha tomado la forma de distintas expresiones de violencia política en razón de género. 

En el caso chiapaneco, aunque las renuncias aparentan ser voluntarias, es la masividad y su componente de género lo que las delata: las mujeres en 2018 aún no tenemos las mismas oportunidades que los hombres para gobernar, aún se piensa de la política como un espacio masculinizado, aún se tienen resistencias cuando se trata de la inclusión de nuestro género. Estos 40 espacios conquistados a pulso por mujeres no pueden ni deben convertirse en otro caso más al estilo de las “Juanitas”. No permitamos que el caso chiapaneco sea otra forma de simulación de la paridad en candidaturas y exijamos un cambio real para el alcance de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la política. 

#NoFueTuCulpa

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En un clima de luto, el día de ayer acudimos a tomar las calles de Nuevo León para alzar nuestras voces de indignación ante un caso más de feminicidio en nuestro país: el caso de Mara Castilla.

Con los gritos de: “Ninguna agresión sin respuesta, la calle y la noche también son nuestras” “ni una menos, vivas nos queremos” y “Mara hermana, tu muerte será vengada”, mujeres y hombres nos unimos haciendo uso de uno de los mecanismos sociales de defensa de los derechos humanos más comunes: la protesta.

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras del machismo, de la institucionalización de la impunidad”, así leía el cartel que convocaba a una de las marchas que se llevaron a cabo a lo largo del país.

Tomamos las calles para hacer eco de nuestras voces y hacer exigibles nuestros derechos.

Porque no sólo ha sido Mara, son las más de 50 mujeres asesinadas por razones de género en nuestra entidad, es aquella terrible estadística que lanza The Geneva Declaration (2015) estimando que alrededor del mundo suceden 60 mil feminicidios por año, y es la región latinoamericana aquella con las mayores tasas.

Y son aquellas voces silenciadas, víctimas de la violencia machista a las que ya no podemos hacer oídos sordos. La visibilización de los casos es importante para dar a conocer el peso de la problemática, algunos casos han sido más mediáticos que otros (las razones son cuestionables) pero todos igual de importantes, todos igual de dolorosos.

“Queremos que nos dejen de tratar como ciudadanas de segunda clase” comentaba una de las activistas al finalizar la marcha en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Necesitamos que las alertas de género se conviertan en mecanismos eficaces y logren trascender su parte discursiva, jueces y fiscales que laboren con perspectiva de género, ciudadanía bien informada que no re victimice a las víctimas, programas y políticas con enfoque de derechos humanos con mayores tintes de prevención y de atención a la capacitación y educación en materia de nuevas masculinidades.

Por último, hablar de estos temas no es moda, las cifras demuestran un escenario adverso para nosotras. Aún hay mucho por hacer: “disculpe las molestias: nos están matando”.

Histórico paso en Túnez contra la violencia de género

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“Es un momento muy emocionante y estamos orgullosos de Túnez, de haber podido unirnos alrededor de un proyecto histórico”, declaró la ministra de la Mujer en Túnez, Naziha Laabidi.

Las declaraciones surgen tras la aprobación de una ley para prevenir y castigar “todas las violencias contras las mujeres” en el país la semana pasada. La legislación ha sido considerada como histórica por un sinnúmero de razones, entre las cuales destaco las siguientes:

  1. Una reforma largamente esperada: El consenso es logrado después de tres años de intensas negociaciones entre sociedad civil, Gobierno y partidos políticos, impulsado por una presión trasnacional constante e inagotable en la materia. Destaca además que se trata de una legislación pionera en la región, dedicada de manera integral a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
  2. La participación de la sociedad civil en el diagnóstico y la construcción de la legislación: El producto final acogió las recomendaciones efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, se obliga a proporcionar refugio a las mujeres maltratadas y a dar seguimiento a los casos a pesar de que se retire la demanda. Además, la normativa hace frente a grandes problemáticas como los matrimonios infantiles y las bodas celebradas para evadir la pena de una violación, situaciones señaladas de manera constante por organizaciones como Amnistía Internacional.

El resultado final del proceso legislativo fue aplaudido y reconocido en el país por una coalición de las principales asociaciones tunecinas de defensa de Derechos Humanos de las mujeres, entre las que se encuentran la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD), la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH), y las asociaciones feministas “Beity”, AFTUR y LET.

  1. Endurecimiento de sanciones y nuevos delitos: La nueva legislación busca acabar con la impunidad de los agresores al intensificar las penas por violación sexual, incluir la tipificación del delito del acoso sexual y reconocer la violencia psicológica.
  2. Adhesiones innovadoras: Cuenta con adhesiones innovadoras como la posibilidad de demandar a una empresa por remunerar de forma distinta a sus empleadas y empleados basándose en su género. También prevé la creación de un cuerpo especial de la policía constituido y formado en materia de violencias sexistas que registre y comunique las denuncias de las víctimas al ministerio público y se incluyen medidas de prevención mediante el desarrollo de material educativo obligatorio en materia de derechos humanos de las mujeres.

En palabras de la Unión Europea la consolidación de esta reforma significa “un gran paso en el proceso de transición democrática a través de la adopción unánime de una ambiciosa ley contra la violencia machista”.

Y lo es, la legislación es fruto de un esfuerzo continuo y constante desde diferentes frentes, materializado en los derechos en principio, mediante su inclusión en una normativa federal. Ahora, la lupa internacional deberá enfocarse en el cumplimiento de dichos derechos, en la práctica de lo ya estipulado para el alcance de una sociedad más justa. Para ello, la participación de la sociedad civil local e internacional será clave en el establecimiento de mecanismos de evaluación

Radiografía anticorrupción: reformas locales pendientes

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Quizá de manera generalizada podamos afirmar que un fiel protagonista de las campañas políticas en los últimos 3 procesos electorales ha sido el discurso de la lucha contra la corrupción y las distintas promesas o estrategias que abanderaba cada candidata o candidato en la materia.

Por ello me parece particularmente importante destacar que a tan solo 14 días del plazo límite que tienen las entidades para la implementación de su propio sistema anticorrupción (derivado de la reforma federal que crea el Sistema Nacional Anticorrupción), el número de los estados que carecen de avances al respecto asciende a la cantidad de 13.

Para dejar el punto bastante claro, estamos hablando de un rezago presentado en el 40 por ciento de las entidades en México.

El IMCO, COPARMEX y Transparencia Mexicana desarrollaron una herramienta amigable y de gran utilidad para medir la calidad legislativa tanto de la reforma constitucional como de las leyes locales que dieran vida a los sistemas locales anticorrupción. De acuerdo a los datos arrojados por el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción”, Sonora y Baja California son los punteros en cuanto al desarrollo de legislaciones locales calificadas como “satisfactorias” (mediante la medición de 31 indicadores que reflejan aspectos relevantes de armonización con la norma federal). La herramienta identifica además las constantes deficiencias encontrada en relación a los comités coordinadores.

Como mexicanas y mexicanos preocupados por este tema, resulta de gran relevancia estar al pendiente del proceso de implementación de estos sistemas, ya que de ellos dependerá la efectividad en el combate de la corrupción en nuestro escenario más cercano: lo local.