Dimes y Diretes: “El “Mello” a los Penales de NL”

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Antier los curulecos de Nuevo León, le dieron marcha atrás a las visitas que tenían programadas a los centros penitenciarios del estado. Esto se debió a que el mismísimo Gobierno del Estado, no les garantizo su seguridad una vez adentro de los penales. ¿Apoco creía usted que era por qué algunos diputados tenían miedo de quedarse tras las rejas? Pa’ nada.

La cuestión en esto, es que el que queda más mal parado con esta decisión de los diputados, es nada más y nada menos que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco. Imagínese compadre y comadre, a pesar de lo sucedido en febrero del año pasado en el Penal del Topo Chico, donde murieron 49 personas.

A pesar de los dos motines o como diría Aldo “El Fácil” Fasci “protestas”, que dejaron cuatro reos muertos y más de 20 heridos, en el Penal de Cadereyta. Y a pesar, de los videos en el Penal de Apocada donde se muestra claramente el autogobierno. El estado no puede garantizarle la seguridad, ni a unos invitados de “lujo”.

El tema aquí es que ya paso un año desde lo sucedido en el Penal del Topo Chico, vez en la que “el Bronco” dijo que así le había dejado los centros penitenciarios la pasada administración de Rodrigo “Golden Boy” Medina, pero que eso iba a cambiar, más nada ha cambiado en realidad.

Ahora los pretextos para no apagar la olla exprés, que no ha terminado de explotar, es falta de recursos (¿y los ahorros de miles de millones ‘apa? ¿el dinero de la federación que dijo “el ChinoChong?) y claro falta de personal en los penales.

El estado todavía puede controlar al caballo desbocado que son los penales de Nuevo León, la cosa aquí, es que en verdad quieran y más que la verdad que tengan al personal experimentado para hacerlo. Sino esto será el talón de Aquiles a las aspiraciones presidenciales de nuestro querido gober.

¡Ahí Se Leen!




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿A quién le importan los penales?

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En los últimos días hemos sabido de noticias respecto a fugas de los penales de Ciudad Victoria y de Culiacán. La prensa sigue especulando al respecto y como siempre, el gobierno da informaciones a medias y hace investigaciones que terminan inconclusas o sin ningún dato interesante.

El problema de las cárceles en el país es una situación que el gobierno sigue sin poner en la agenda de seguridad y que, sin embargo, sigue abonando al desprestigio sistemático de nuestras autoridades.

En las prisiones mexicanas tenemos unq diversidad de problemas y causalidades, pero tal parece que son bombas de tiempo que en cualquier momento revientan, sea en Nuevo León o en Sinaloa.

La carencia de cuidado y de seguimiento a la infraestructura carcelaria nacional es un mal común en todos los estados.




En el gobierno de Calderón se buscó seguir una política penitenciaria que abogaba por una creación de más centros, sin embargo, su gobierno fue extremadamente punitivo y el uso de la cárcel no debe ser para cualquier cosa.

Con el nuevo modelo penal se busca un cambio, pero no existe mención alguna sobre una reforma del sistema penitenciario.

Mientras siga gente de distintos fueros, procesados, sentenciados y en espera de juicio en la misma cárcel nada bueno se puede esperar de ahí.

Solo con ver los reportes de la CNDH y del INEGI se puede ver que en NL la crisis penitenciaria es terrible, pero tal parece que ningún gobierno local ni el estatal tienen ganas de entrarle.

Los hombres y mujeres que están privados de su libertad también son ciudadanos y como tales también merecen políticas públicas que aboguen por sus derechos.

Hoy el “Azulito”, mañana un líder Zeta de Apodaca o de Escobedo… cualquier cosa puede pasar y el tema seguirá en la congeladora.

Lo dicho, dicho está.




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URGENTE RETOMAR EL CONTROL DE LAS PRISIONES EN MÉXICO

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¿Cómo es posible que haya sucedido un enfrentamiento tan cruento dentro de un recinto bajo la responsabilidad total del estado?

El motín de la madrugada del jueves 11 de febrero en el penal del Topo Chico, en Monterrey, N.L., es una muestra de la decadencia del sistema penitenciario en México. Menospreciado como parte fundamental de cualquier estrategia de seguridad ciudadana y olvidado como eslabón en la cadena de justicia.

La autoridad debería tener control absoluto de lo que sucede al interior de las prisiones, pero hechos tales demuestran todo lo contrario. No se tiene el control de las prisiones.

El problema tiene raíces en el uso indebido que se ha hecho de la prisión, al llevar a reclusión a una gran cantidad de personas sin contar con una sentencia, y no considerar otras alternativas a la privación de la libertad.

El problema tiene raíces en el uso indebido que se ha hecho de la prisión, al llevar a reclusión a una gran cantidad de personas sin contar con una sentencia, y no considerar otras alternativas a la privación de la libertad. La sobrepoblación ha minado los recursos, servicios y la capacidad de control de las autoridades penitenciarias.

Tal saturación penitenciaria desencadena un sinfín de problemas al interior de las prisiones como hacinamiento, violencia, contaminación carcelaria, violación de derechos humanos, y pone en riesgo la vida e integridad de internos y custodios.

Tal saturación penitenciaria desencadena un sinfín de problemas al interior de las prisiones como hacinamiento, violencia, contaminación carcelaria, violación de derechos humanos, y pone en riesgo la vida e integridad de internos y custodios.

Pero también el deficiente funcionamiento de las prisiones afecta la seguridad ciudadana, pues vulnera a las familias de las personas internas, y propicia que desde dentro se cometan delitos cuyo objetivo, incluso, es la comunidad al exterior.

En marzo de 2015, Renace convocó a los candidatos y candidata a la gubernatura del Estado —incluyendo al actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón— para que firmaran diez compromisos para retomar el control de las prisiones en Nuevo León.

En marzo de 2015, Renace convocó a los candidatos y candidata a la gubernatura del Estado —incluyendo al actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón— para que firmaran diez compromisos para retomar el control de las prisiones en Nuevo León.

Para nosotros, era evidente que el penal del Topo Chico, al igual que los otros penales estatales, estaba en una situación que requería atención inmediata. A cuatro meses desde la toma de posesión del gobernador independiente, y habiendo participado él mismo en la firma de los diez compromisos, aún no se han llevado a cabo las acciones necesarias para retomar el control de las prisiones. La tragedia nos alcanzó. Este 11 de febrero quedó demostrado que esta situación no puede esperar más.

La situación de las prisiones en Nuevo León, al igual que en México, requiere de la pronta actuación de la autoridad, para llevar a cabo un plan de acción estratégico y garantizar la inversión necesaria para hacerlo realidad.

No bastará con trasladar personas internas a otros reclusorios. Es momento de que los gobiernos estatales trabajen en conjunto con el Gobierno Federal, para colaborar hombro con hombro en la mejora integral del sistema penitenciario.

Por mucho tiempo, se ha dejado de lado el tema, y hoy somos testigos de sus consecuencias. Desde la sociedad civil hemos señalado la magnitud de la problemática, pues el óptimo funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México requiere de la respectiva reforma al sistema penitenciario.

Esta crisis es una oportunidad para retomar el control de las prisiones con base a un plan estratégico que se anticipe a los problemas. El gobierno no puede seguir reaccionando ante fatalidades.

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El Sistema Penitenciario. El problema que todos vemos y del que no se hace nada al respecto

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El Estado de Nuevo León cuenta con 3 centros penitenciarios, a saber: el Penal de Topo Chico (Centro Preventivo de Reinserción Social, CE.PRE.RE.SO); así como los penales de Apodaca y Cadereyta (Centros de Reinserción Social, CE.RE.SO), en los cuales, todos han sido foco de atención no por sus políticas de reinserción y tratamiento penitenciario, sino por ser escenarios de violencia entre sus internos.

El día de ayer, una pelea por el control del centro penitenciario de Topo Chico dejó un saldo de 49 internos sin vida y 12 heridos de gravedad.

El día de ayer, una pelea por el control del centro penitenciario de Topo Chico dejó un saldo de 49 internos sin vida y 12 heridos de gravedad. No es el único hecho de violencia; en 2012, en el Penal de Apodaca ocurrió uno similar con 44 muertos y la fuga de 29 internos.

El Estado, a sabiendas de la deficiente y precaria infraestructura penitenciaria, continúa privilegiando la pena draconiana de prisión sobre las otras alternativas penales (como ya se había mencionado), lo que genera un hacinamiento dentro de las instituciones penitenciarias.

Entre los tres centros penitenciarios, se tiene un 50 por ciento de sobrepoblación y un déficit del 65 por ciento en custodios.

Datos con lo que se cuenta, señalan que el Penal del Topo Chico presentaba hasta hace algunos meses una sobrepoblación aproximada de 24.25 pro ciento, mientras que Apodaca y Cadereyta registraban una sobrepoblación de 27.79 y 51.45 por ciento, respectivamente. Asimismo, entre los tres centros penitenciarios, se tiene un 50 por ciento de sobrepoblación y un déficit del 65 por ciento en custodios.

Pero el hacinamiento, si bien es uno de los factores más relevantes, no es el único.

El autogobierno que tienen las prisiones por parte de los internos, y donde el Gobierno del Estado ha señalado que efectivamente no tienen el control al 100 por ciento de las instituciones, produce que estos sean considerados una “bomba de tiempo”.

El autogobierno que tienen las prisiones por parte de los internos, y donde el Gobierno del Estado ha señalado que efectivamente no tienen el control al 100 por ciento de las instituciones, produce que estos sean considerados una “bomba de tiempo”.

El Penal de Topo Chico como el de Apodaca cuentan con un autogobierno por parte del grupo de los zetas, mientras que el de Cadereyta podría considerarse que está bajo control del Gobierno del Estado, debido a que este es considerado como la institución “más tranquila” del Estado.

¿La solución está en construir otro centro penitenciario como el que se tenía proyectado en el municipio de Mina? No. La solución está en poner orden y control en las instituciones penitenciarias, en cumplir el traslado de internos del fuero federal a instalaciones que puedan albergar este tipo de internos y a reforzar el sistema penitenciario como tal, considerado el pattit

Es común, para aquellos quienes han entrado a los centros penitenciarios, ver en el Penal de Topo Chico caminar a internos de un lado a otro en los pasillos y en los patios, teniendo áreas donde la autoridad no interviene por temor a agresiones.
El penal de Apodaca no se queda atrás. Son muchos los rumores (que podrán ser ciertos… o no) sobre las fiestas, excesos y permisos que disfrutaban los internos, quienes tenían el control del centro penitenciario.

¿Cuál ha sido la constante entre los brotes de violencia en los centros penitenciarios? El control del mismo, entre los grupos de la delincuencia organizada.

Si la autoridad no se mete de lleno a poner orden en los centros penitenciarios, cada vez será más común este tipo de hechos.

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