Pide “Cómo Vamos Nuevo León” a autoridades estatales reducir índice de delitos y violencia

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La plataforma “Cómo Vamos Nuevo León” sostuvo el tercer diálogo sobre seguridad, con autoridades estatales, a quienes pidieron pactar estrategias para reducir el índice de homicidios, violencia familiar, robo, entre otros delitos.

El encuentro que se llevó a cabo junto a México Evalúa, Renace y Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se realizó un diagnóstico y se detectaron diferentes retos para la nueva administración liderada por el gobernador Samuel García.

La plataforma señaló que Fuerza Civil perdió cerca de mil elementos policiales de 2018 a 2021 y la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes de 2021 creció 121% en comparación con la de inicios del sexenio anterior.

Por su parte, Samuel García fijó la meta de fortalecimiento de Fuerza Civil en 7 mil 500 elementos para este sexenio, , además enfatizó que la prevención será una prioridad.

“Hay que dejar lo que se ha hecho bien y meterle todo el recurso para obtener las metas que se plantearon, le he pedido a Aldo Fasci que se llegue a los 7 mil 500 elementos”, dijo García durante su intervención en el evento.

Por otro lado, se informó que el 28.1% de los hogares en Nuevo León fueron víctimas de algún delito en 2020, sin embargo, el 92% de los delitos no fueron denunciados y el 93.9% de los delitos que sí se denunciaron y se investigaron quedaron impunes de acuerdo con el reporte “Hallazgos desde lo local: Nuevo León”, hecho por México Evalúa.

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, se comprometió a hacer prioritario para este gobierno fortalecer a la Defensora y la Atención de Víctimas, esto después de que se revelara que la Defensora Pública brindó atención a un total de 113 mil 956 personas en el transcurso del año, es decir cada defensor representó en promedio a 418 personas, lo que implicó una carga de trabajo excesiva.

Mientras tanto, el Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Guerrero y el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci se comprometieron a coadyuvar en conjunto con las organizaciones civiles para identificar los desafíos de raíz y mejorar la percepción de la ciudadanía.

En el evento participaron también Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León; Angélica Elizondo, directora de Renace A.B.P; Javier Pérez Rolón, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Jesús Herrera, presidente de Cómo Vamos Nuevo León. El Presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, también fue invitado al evento pero declinó su participación.

El Cuarto Diálogo de Seguridad y Justicia será convocado en octubre de 2022 con el objetivo de que las autoridades puedan dar cuenta de los compromisos realizados.

Monterrey anuncia mega brigadas de servicios sociales

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El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, anunció este domingo que todos los lunes realizarán mega brigadas de servicios sociales en la Plaza Zaragoza, ubicada enfrente del Palacio de Ayuntamiento.

Colosio dijo que se van a conjuntar los servicios municipales, estatales, de organizaciones sociales e incluso de la iniciativa privada para apoyar a la ciudadanía.

“En el municipio quizá no podamos resolver todos los temas solos pero si podemos ayudar a que la ciudadanía encuentre múltiples servicios en un solo lugar, si podemos facilitar que las organizaciones se acerquen más a los regiomontanos”, dijo el Edil.

Las mega brigadas se realizarán los lunes entre las 9:00 y las 14:00 horas en la Plaza Zaragoza.

En la primera edición estarán organizaciones como Supera, Renace, Paso de la Esperanza, entre otras.

Por parte del Gobierno Estatal, estará la Unidad de Nutrición Móvil de la Subsecretaría de Prevención y un módulo de Agua y Drenaje.

Además, el municipio tendrá área de apoyo para emprendedores, para personas que buscan trabajo y personal de la dirección de testamentos.

La mega brigadas estará visitando diversas colonias una vez por semana.

Plantean “El Futuro Florece” vivir sin miedo

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Los cuatro candidatos independientes impulsados por el colectivo El Futuro Florece (EFF), Daniel Darío, Roberto Alviso, Mariana Villasuso y Kristian Macías presentaron su segundo bloque de propuestas titulado “Vivir Sin Miedo”. 

“Durante estas elecciones, las personas que nos han gobernado durante los últimos 10 años, han dicho que ahora si van a arreglar el problema de violencia e inseguridad en el que vivimos (…) pero las personas estamos cansadas de las mismas estrategias de siempre que no han dado resultado y de tirar millones en este saco sin fondo; en el que por más que se compran chalecos, uniformes y cámaras, seguimos viviendo con miedo en nuestro estado”, señaló Roberto Alviso.

“Vivir sin miedo” buscara atender la seguridad en el estado de una manera integral y desde un enfoque de prevención y no de la reacción.

La propuesta constará de 3 acciones principales:

La primera será fortalecer legalmente y con un mayor presupuesto el modelo de la policía de barrio y justicia cívica.

La segunda, buscará atender las causas de violencia juvenil e implementará acciones para prevenirla.

La tercera acción será la creación de una comisión especializada en la Alerta de Género vigente en el estado.

“Nuevo León es el tercer estado con más feminicidios en todo el país y es el cuarto lugar en violencia familiar. Esto, a pesar de que llevamos 5 años con la alerta de género y que hay millones de pesos invertidos desde la federación. Y aún así, las mujeres seguimos sin estar seguras en nuestras propias casas y calles”, afirmó Villasuso.

Por último, los candidatos se comprometieron a que, de llegar al Congreso, trabajarán por la seguridad de loa ciudadanos desde estrategias preventivas comprobadas como exitosas.

“Estamos convencidos que con estas acciones, desde el Congreso, por fin lograremos que nuestros cuerpos de seguridad nos protejan y nos hagan sentir seguros en lugar de amenazados, por fin tendremos una vida libre de violencia para todos y todas en Nuevo León, por fin podremos vivir sin miedo”, aseguró Alviso.

 

Cierra operaciones penal del Topo Chico: Historia de autogobierno, privilegios y corrupción.

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El día de ayer, 30 de septiembre, en punto de las 10:30 horas se dieron cita autoridades estatales para presenciar el cierre oficial de operaciones del Centro Preventivo y de Reinserción Social “Topo Chico”. Penal, que fue inaugurado en 1943 y que por décadas los reclusos vivieron, algunos llenos de privilegios y otros en condiciones infrahumanas.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 (DNSP) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en escala del 1 al 10, Nuevo León y sus 4 penales en promedio alcanzan una calificación de 6.03, siendo el mejor evaluado el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo con 7.08, seguido del Centro de Reinserción Social de Apodaca con 6.18, ambos en el semáforo marcados en amarillo; y en rojo, con calificación reprobatoria, está tanto el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico con 5.51 y el Centro de Reinserción Social de Cadereyta con 5.32 de calificación. 

Lo bajo que está evaluado Nuevo León en materia penitenciaria no debe resultarnos extraño, pues sus dos penales peor evaluados, han sido protagonistas nacionales de motines realmente bochornosos y testigo de historias de violencia que han dejado un sin fin de muertos y heridos.

Dichas calificaciones, la CNDH las establece de acuerdo a cinco rubros importantes que considera de acuerdo a estándares internacionales para el funcionamiento adecuado de una prisión, los cuales son: 1.- Aspectos que garantizan la integridad personal del interno; 2.- Aspectos que garantizan una estancia digna; 3.- Condiciones de gobernabilidad; 4.- Reinserción social del interno; y 5.- Atención a internos con requerimientos específicos. 

Las deficiencias del penal del Topo Chico eran evidentes, la CNDH apenas el año pasado marcó en color rojo, es decir, reprobatorio, a dicho penal en 4 de los 5 rubros antes mencionados, señalando que en esa prisión existían deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamiento, inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, así como del área de cocina y/o comedores, además de deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; y lo más preocupante, que existían condiciones de autogobierno/cogobierno y presencia de actividades ilícitas como cobros (extorsión y sobornos).

En pocas palabras, el Topo Chico era prácticamente inoperante, incumplía con una muy amplia parte de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mándela) -llamadas así en homenaje a Nelson Mandela que pasó 27 años encarcelado con motivo de su lucha por los Derechos Humanos-. A lo cual asociaciones civiles locales como RENACE ya se habían pronunciado en varias ocasiones pidiendo especial atención a este penal.

Esperemos que el traslado de los 2,782 internos del Topo Chico al penal de Apodaca II, no muden consigo el autogobierno, si no que realmente sea este la extinción de privilegios y corrupción que por años imperó, y que finalmente, ésta estrategia de reingeniería penitenciaria y las certificaciones internacionales que vendrán, garanticen el estricto respeto a los Derechos Humanos al interior y se sienta la rectoría del Estado. 

Cabe resaltar que estas condiciones no son exclusivas del “Topo” -como coloquialmente se le conoce-, 77 de 183 penales del país tienen una baja calificación, todos con un común denominador: el autogobierno en las prisiones. 

Como bien lo dijo el asesor penitenciario Eduardo Guerrero: “Si no gobiernas las cuatro paredes que tiene una prisión, no puedes salir a gobernar la calle”.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Tláloc Cantú asegura que Ernesto Canales lava dinero

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Tláloc Cantú, diputado por el PRI en el Congreso del Estado de Nuevo León, acusó a Ernesto Canales, el Subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León, de lavar dinero por medio de asociaciones altruistas.

Cantú, también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad agregó que Canales debería ser investigado por el SAT ya que ha cometido actos irregulares.

El diputado local comentó que tiene información de muchas denuncias sobre como las asociaciones civiles de Canales lavan dinero y también que “hacen un montón de cosas para que los ricos no paguen impuestos”.

Tláloc añadió que algunas de las asociaciones involucradas son Renace y Pronatura,

Así mismo, el priista dijo que Canales mintió al decir que la denuncia por despojo de un inmueble era una cuestión de hace treinta años ya que realmente es del 2010,  además de que cuando fue a comparecer al Congreso, dijo que no tenía ningún proceso abierto en su contra lo cual resultó ser mentira.

Cantú añadió que en Nuevo León la justicia no es aplicada de la manera correcta ya que al ser denunciado Canales el proceso se congela.

Además, Cantú solicitó que Canales le entregara sus pruebas de control y de confianza ya que cree que ni si quiera las ha realizado.

 

Con información de El Norte

 

 

URGENTE RETOMAR EL CONTROL DE LAS PRISIONES EN MÉXICO

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¿Cómo es posible que haya sucedido un enfrentamiento tan cruento dentro de un recinto bajo la responsabilidad total del estado?

El motín de la madrugada del jueves 11 de febrero en el penal del Topo Chico, en Monterrey, N.L., es una muestra de la decadencia del sistema penitenciario en México. Menospreciado como parte fundamental de cualquier estrategia de seguridad ciudadana y olvidado como eslabón en la cadena de justicia.

La autoridad debería tener control absoluto de lo que sucede al interior de las prisiones, pero hechos tales demuestran todo lo contrario. No se tiene el control de las prisiones.

El problema tiene raíces en el uso indebido que se ha hecho de la prisión, al llevar a reclusión a una gran cantidad de personas sin contar con una sentencia, y no considerar otras alternativas a la privación de la libertad.

El problema tiene raíces en el uso indebido que se ha hecho de la prisión, al llevar a reclusión a una gran cantidad de personas sin contar con una sentencia, y no considerar otras alternativas a la privación de la libertad. La sobrepoblación ha minado los recursos, servicios y la capacidad de control de las autoridades penitenciarias.

Tal saturación penitenciaria desencadena un sinfín de problemas al interior de las prisiones como hacinamiento, violencia, contaminación carcelaria, violación de derechos humanos, y pone en riesgo la vida e integridad de internos y custodios.

Tal saturación penitenciaria desencadena un sinfín de problemas al interior de las prisiones como hacinamiento, violencia, contaminación carcelaria, violación de derechos humanos, y pone en riesgo la vida e integridad de internos y custodios.

Pero también el deficiente funcionamiento de las prisiones afecta la seguridad ciudadana, pues vulnera a las familias de las personas internas, y propicia que desde dentro se cometan delitos cuyo objetivo, incluso, es la comunidad al exterior.

En marzo de 2015, Renace convocó a los candidatos y candidata a la gubernatura del Estado —incluyendo al actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón— para que firmaran diez compromisos para retomar el control de las prisiones en Nuevo León.

En marzo de 2015, Renace convocó a los candidatos y candidata a la gubernatura del Estado —incluyendo al actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón— para que firmaran diez compromisos para retomar el control de las prisiones en Nuevo León.

Para nosotros, era evidente que el penal del Topo Chico, al igual que los otros penales estatales, estaba en una situación que requería atención inmediata. A cuatro meses desde la toma de posesión del gobernador independiente, y habiendo participado él mismo en la firma de los diez compromisos, aún no se han llevado a cabo las acciones necesarias para retomar el control de las prisiones. La tragedia nos alcanzó. Este 11 de febrero quedó demostrado que esta situación no puede esperar más.

La situación de las prisiones en Nuevo León, al igual que en México, requiere de la pronta actuación de la autoridad, para llevar a cabo un plan de acción estratégico y garantizar la inversión necesaria para hacerlo realidad.

No bastará con trasladar personas internas a otros reclusorios. Es momento de que los gobiernos estatales trabajen en conjunto con el Gobierno Federal, para colaborar hombro con hombro en la mejora integral del sistema penitenciario.

Por mucho tiempo, se ha dejado de lado el tema, y hoy somos testigos de sus consecuencias. Desde la sociedad civil hemos señalado la magnitud de la problemática, pues el óptimo funcionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México requiere de la respectiva reforma al sistema penitenciario.

Esta crisis es una oportunidad para retomar el control de las prisiones con base a un plan estratégico que se anticipe a los problemas. El gobierno no puede seguir reaccionando ante fatalidades.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”