La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

#HojaDeRuta: “El que se va y el que llega”

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¿Cómo pasó la administración de EPN de ser una locomotora del reformismo a tener el presidente más repudiado en la historia contemporánea del país? ¿La narrativa de la Cuarta Transformación funcionará como un vehículo inspirador durante todo el gobierno de AMLO?

En el marco de la Cuarta Semana de la Comunicación, llevada a cabo en la Facultad de la disciplina de la UANL, tuve oportunidad de moderar un diálogo sobre la comunicación política de dos gobiernos federales: el que se va, comandado por EPN; y el que está por llegar, encabezado por AMLO.

Participaron Víctor Martínez, Director de Noticieros de Multimedios; Alejandra del Toro, ex candidata a Diputada Local y consultora en comunicación, y Luis Mendoza, también consultor en comunicación y articulista.

A continuación, algunos de los puntos que destaco de la charla:

– El sexenio de EPN tuvo un inicio a todo vapor basado en la narrativa reformista, para después derrumbarse por completo. Inició con el Pacto por México como gran gesto simbólico-político, logrando destrabar dos sexenios de letargo legislativo y buscando un relato de “salvamento” del país desde la prensa internacional. Se tomó la decisión estratégica de sacar la seguridad del centro de la comunicación, después de un sexenio de “guerra” como fue el de Calderón. El encanto duró poco. Los puntos de inflexión fueron la infame “casa blanca” y la masacre de Ayotzinapa, así como la pila de casos de corrupción de gobernadores de extracción priista.

– La narrativa del reformismo no era cautivadora ni emocionante, y la reacción a las crisis fue terrible. Angélica Rivera dando la cara para explicar la “casa blanca”; la “verdad histórica” y el “ya me cansé” de Jesús Murillo Karam en el Caso Ayotzinapa, así como la falta de condena y acción contundente ante la corrupción de los gobernadores, fueron factores que consolidaron la percepción de la administración peñista como corrupta.

– EPN desperdició la mejor oportunidad de recuperación de capital político e imagen: en lugar de enfrentar a Donald Trump, le ayudó. En el marco de la campaña presidencial norteamericana en 2016, el gobierno federal mexicano tomó la aún hoy inexplicable decisión de invitar a Donald Trump al país, dándole tratamiento de Jefe de Estado. Esto fue percibido no solo como una humillación al presidente, sino a las y los mexicanos. Aunque se trató de justificar la medida una vez que triunfó el magnate norteamericano, el repudio popular al acto y la actitud fue generalizado.

– La estrategia de comunicación de EPN en la segunda mitad del sexenio fue un mea culpa que no funcionó. Dos frases ejemplifican lo anterior: la oficial, que fue “lo bueno cuenta, y cuenta mucho”; y una de las que marcó el sexenio, dicha de forma espontánea, casi un pensamiento en voz alta con los dientes apretados: “Ya sé que no aplauden”. Un gobierno que realizó, más que una petición, un ruego a la ciudadanía de no ver solamente los errores, sino reconocerle algunos aciertos. Nunca sucedió.

– AMLO capitalizó haber sido el principal vocero de la lucha contra la corrupción ante una realidad que le dio la razón. La oposición en general cobró caro los errores al peñismo. El repudio ciudadano tuvo su expresión climática en el contundente resultado del primero de julio. Habrá que agregar que uno de los pocos aciertos de EPN en el cierre del sexenio vino de una inacción: se mantuvo al margen de la elección presidencial y reconoció rápidamente el triunfo, dando lugar una transición tersa que contrastó contra los conflictos y polémicas que se vivieron en 2006 y 2012.

– La narrativa de la cuarta transformación encabezada por AMLO cobró sentido en un país molesto y deseoso de cambio. El equiparar la nueva administración federal con los principales momentos de cambio histórico en el país tiene heroísmo y emoción, pero habrá de contrastarse contra la realidad y desgaste de gobernar a partir del próximo diciembre.

También se discutieron temas como la conversión de EPN en un meme, AMLO como una máquina de generación de notas, el papel de las redes y la transformación de los medios en un contexto de desconfianza. Un gran espacio para un enorme tema.

gilberto@altiusconsultores.com

AMLO emitiría decreto por caso Iguala

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Ante padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a emitir un decreto en los primeros días de gobierno por el caso Iguala.

Este miércoles e cumplen cuatro años de la desaparición de los normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, por lo que el futuro mandatario se reunión con familiares y representantes en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Los padres le solicitaron que una vez que este en la Presidencia emita un decreto para instruir a toda la Administración federal a comprometerse en la investigación del caso.

López Obrador, estuvo acompañado de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y de Alejandro Encinas, quien es propuesto como subsecretario de Derechos Humanos. Los tres se comprometieron a también a crear una comisión de investigación para el caso.

Padres de los 43 se reúnen con López Obrador

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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este miércoles con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecido hace 4 años.

La cita fue en el Museo de Memoria y Tolerancia en la CDMX, los padres de los normalistas comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana, aunque el evento comenzaba hasta las 10 de la mañana.

Previo a la reunión con López Obrador, los padres celebraron una ceremonia religiosa, misma que en años anteriores era realizada en las instalaciones del Centro Prodh.

“Queremos ver cuál va a ser su trabajo en la lucha que tenemos, queremos ver su punto de vista, a ver qué nos dice”, dijo Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez.

Los representantes de los padres, dieron a conocer, que en el encuentro con el político tarasque, le expondrán acciones que podría tomar en sus primeros 100 días de Gobierno para mostrar una voluntad diferente que la del Mandatario saliente Enrique Peña Nieto.

Por otro lado, también se prevé que se reitere el anuncio de la creación de una comisión especial para el caso en la próxima Administración federal.

(Con información de Grupos Reforma)

Toman protesta diputados federales en San Lázaro

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Esta mañana se dio inicio a la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados de San Lázaro.

En medio de aplausos, gritos, lágrimas y hasta protestas, los diputados y diputadas tomaron protesta para convertirse diputados federales por los próximo 3 años.

Los diputados de Morena, que son ahora la mayoría en la cámara baja, gritaron “¡Morena! y ¡Es un honor estar con Obrador!” con el puño en alto.

Mientras tanto, la fracción panista se manifestó en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado sobre las elecciones de Monterrey y Guadalupe, con pancartas en las que se leía, “Justicia para Monterrey y Guadalupe”.

Los morenistas después siguieron contando hasta el 43, en referencia a los estudiantes desapareces de Ayotzinapa.

El secretario general, Mauricio Farah, expuso un informe sobre la elección de integrantes de San Lázaro, esto antes de la toma de protesta.

En su discurso, destacó que la 64 Legislatura tendrá tres características: mayor cercanía a la paridad de género, en la historia del Congreso mexicano, con 241 legisladoras de 500 integrantes de la Cámara, el reconocimiento político a la realidad indígena, y la consolidación de nuevas fuerzas políticas mayoritarias.

Padres de normalistas piden a AMLO ruta de trabajo sobre Iguala

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Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resista las presiones del Ejecutivo al resolver los recursos interpuestos por éste, contra la orden de un Tribunal Colegiado de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso.

Padres y madres de los estudiantes llamaron a las y los ministros del Máximo Tribunal a estar del lado de la verdad y de las víctimas, ante la ofensiva legal del gobierno federal contra la sentencia del tribunal colegiado y previendo que será la Suprema Corte la que resuelva varios de los más de 100 recursos legales interpuestos por la administración de Enrique Peña Nieto.

“Las familias denunciaron que es una vergüenza que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos pero sí estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas“, informaron en un comunicado los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Serapaz y Fundar.

Además, lamentaron que el magistrado titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas haya tenido una actitud “sumisa” al Ejecutivo al resolver que existe una “imposibilidad jurídica” para que las autoridades cumplan una sentencia que es, de origen, inatacable, y recordaron que el camino no se acaba aquí.

Hicieron también un llamado al equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para tener una reunión en la que se fije una ruta de trabajo y señalaron las coincidencias entre los mensajes de la administración que está por llegar y la sentencia del tribunal colegiado.

Anaya asegura que PRI y Gobierno Federal le tienen miedo

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El candidato a la Presidencia por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, aseguró que el PRI y el Gobierno Federal tienen miedo de que el llegue a la Presidencia, y que con toda razón, debido a que una vez que el gané se investigara la corrupción en el gobierno Enrique Peña Nieto.

Durante su discurso de cierre de campana en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, Anaya, aseguró que durante esta campaña el “régimen priista utiliza de manera ilegal y facciosa a las instituciones como nunca había ocurrido en la democracia reciente de nuestro país”.

“Saben porque nos ataca el régimen de Peña Nieto por que nos tienen miedo, y nos tienen miedo con toda razón, porque cuando sea presidente de México habrá una fiscalía que investigará al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción de este sexenio, no quedará impune lo ocurrido en Ayotzinapa”, manifestó el panista ante miles de personas que se dieron cita en el cierre de campaña.

Anaya, también destacó que las coaliciones electorales han permitido que se acabe con la impunidad como ocurrió en Veracruz y Quintana Roo, donde los ex gobernadores priistas están actualmente tras las rejas.

Junto al presidenciable, la candidata a la Jefatura de la CDMX, Alejandra Barrales, también hizo su cierre de campaña.

Padres de normalistas desaparecidos en Iguala reclaman verdad en la CIDH

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Padres de dos de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, México, desaparecidos en 2014, reclamaron hoy verdad y justicia en este caso, durante la segunda jornada de las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Santo Domingo.

Joaquina García, madre de Martín Sánchez, acusó al Gobierno de su país de “no hacer nada” para esclarecer este caso y decir a los familiares “solo puras mentiras”.

En México, agregó, “no hay justicia” pero sí “miles de desaparecidos”, al tiempo que se expresó opuesta a que las audiencias sobre este caso se realicen fuera de su país.

“Queremos verdad y justicia y que el Estado no se siga burlando de nosotros”, subrayó en la audiencia.

Mientras que Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó que continuarán su lucha “hasta llegar a la verdad pase lo que pase”.

“Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto”, se preguntó Navarrete, quien señaló que el Gobierno “quiere cerrar cada línea haciendo como que investigan” e invitó a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México sobre este caso.

Precisamente ayer, el Gobierno de México destacó sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.

El Ejecutivo indicó que ha entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Ginebra, Suiza, un documento con las observaciones al reporte “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa“, divulgado el 15 de marzo y que también fue remitido este lunes al mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

Por su parte, Santiago Aguirre, activista de los derechos humanos y acompañante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, expresó su temor de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto cierre este caso “dadas las altas posibilidades de que quienes confeccionaron la llamada comisión de verdad histórica salgan del poder” tras las próximas elecciones.

La representación del Estado de México dijo, sin embargo, en la audiencia de hoy que “nunca se ha detenido el esfuerzo” de la búsqueda de los 43 estudiantes y que espera “brindar las respuestas que legitimamente exigen los familiares” de los desaparecidos.

La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel “ilustra la determinación de fortalecer la comunicación con los beneficiarios y sus representantes y nos permite reiterar el compromiso indeclinable del Gobierno de México con el esclarecimiento de este caso con la seguridad de que se haga justicia y con procurar la atención integral a las víctimas”, dijo.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.

El caso de Ayotzinapa formó parte del segundo día de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

La CIDH abrió ayer una semana de audiencias públicas en Santo Domingo cuya agenda incluye audiencias sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

PGR ha gastado 75 mdp en búsqueda de los 43 normalistas

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La Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado 75 millones 272 mil pesos en la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo a la investigación de la PGR, los normalistas fueron atacados por el grupo criminal Guerreros Unidos y sus cuerpos fueron incinerados en un basurero de la población de Cocula.

El gasto reportado por la Procuraduría, es el más alto en lo que va en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y se debe en gran parte a gastos que se han hecho en traer grupos y personas expertas en investigaciones forenses, entre las que destaca la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), el equipo argentino de Antropología Forense (EAAF), y el apoyo de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria.

Entre los expertos contratados están John DeHaan, quien fue traído para que determinara si se podían incinerar a 40 personas, José Luis Torero, quien había en el pasado participado en casos como los atentados del 11 de septiembre y el caso de 81 muertos en un incendió en la cárcel de San Miguel en Chile.

Hasta el momento solamente la Universidad de Innsbruck a quien se le pago 16 mil euros, ha podido identificar a dos de los normalistas, siendo esto Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

la PGR también ha gastado un millón 307 mil 265 pesos en 2014 y un millón 905 mil 475 pesos en 2015, con motivos de hospedaje, alimentación y traslado para las diligencias ministeriales.

Aunque se subrayó en su momento que la versión ella PGR era la “verdad histórica”, poco se sabe sobre que paso en realidad en aquella noche de septiembre.

La sociedad civil responde así a criticas de AMLO

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La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) respondió, a través de un comunicado, los dichos del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sobre su desconfianza hacia la sociedad civil.

La COPARMEX argumentó que desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad, y recordó 10 cambios que, en primera instancia, fueron propuestas y exigencias de la sociedad:

  1. La creación del Instituto Federal Electoral y las políticas de paridad en el sistema electoral
  2. La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humano y del Banco de México
  3. La reforma política de la Ciudad de México, sin la cual los habitantes de la capital no podrían elegir a sus autoridades
  4. La evaluación educativa y el servicio profesional docente basado en el mérito
  5. La evaluación independiente de la política social y la creación del CONEVAL
  6. La creación del INAI y la agenda de transparencia y rendición de cuentas
  7. La reforma en Derechos Humanos y denuncias de violaciones graves a los mismos (Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato)
  8. La Ley 3de3, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la denuncia de grandes casos de desvío de recursos como los de ChihuahuaNuevo León, Quintana Roo, SonoraVeracruz o la Estafa Maestra
  9. El amparo que condujo a la obligación de legislar en materia de publicidad gubernamental
  10. La iniciativa de reforma legal para contar con una Fiscalía verdaderamente independiente

“Más que suspicacia y recelo, el trabajo de la sociedad civil debería ser considerado como una aportación para diagnosticar y resolver los problemas colectivos. Sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”.