AMLO ofrece “todas las garantías” a quien ayude en el Caso Ayotzinapa

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció “todas las garantías” a quien colabore con la Comisión de la Verdad en el Caso Ayotzinapa, establecida en los primeros días de la actual administración y que busca saber el paradero de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

En el marco de la entrega de Becas Bienestar para las Familias en el municipio de Iguala, familiares de José Luis Abarca y Maria de los Ángeles Pineda solicitaron al mandatario revisar el caso que los mantiene en detención por su presunta participación en el caso.

López Obrador aseguró que es prioridad de su gobierno aclaró lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 204 en el municipio de Iguala.

“Ya se integró una comisión y se van a dar todas las garantías a quienes ayuden, a que sepamos la verdad y que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa”.

En referencia a las personas que han sido detenidas por “la verdad histórica”, el mandatario recogió los dichos de sus familiares.

“Hay desde hace tiempo personas encarceladas, hay quienes sostienen que están ahí de forma injusta. Que ellos no son los responsables. Ahora se abre de nuevo la investigación a que todo aquel que quiera ayudar va a tener protección y va a ser considerado como lo permitan las leyes”, dijo el mandatario.

Cuestiona Osorio Chong creación de Comisión de la Verdad

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El coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que más allá de establecer este tipo de comisiones, se requiere fortalecer a las instituciones del país.

Osorio Chong, se pronunció a favor de todas aquellas expresiones que buscan que se conozca la verdad, aunque expresó su respaldo a la investigación realizada por la PGR.

Por otro lado, dijo que si al nuevo gobierno no le gustan las instituciones, lo que debería de hacer es fortalecerlas, profesionalizarlas y otorgarles mayores recursos, ya que dijo que crear “comisiones sobre comisiones” no ayuda.

El senador priista, dijo que se apoyará al nuevo gobierno en la investigación que realice, pero aseguró que la pasada administración, en la que él fue Secretario de Gobernación, actuó con total transparencia para llegar a las últimas consecuencias.

El ex funcionario federal recordó, que en el caso Iguala se tuvo la complicidad de autoridades de un partido distinto al que gobernaba a nivel federal y destacó que prácticamente todos los que participaron en los hechos fueron detenidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Firma AMLO decreto para crear comisión para caso Ayotzinapa

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana de lunes, el decreto para la creación de una comisión especial que investigara el caso Ayotzinapa.

Acompañado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y ante padres de los 43 normalistas desaparecidos de Iguala, Guerrero, López Obrador firmó el decreto.

Mientras el mandatario firmaba el documento, los padres de los estudiantes, contaron has el número 43 y al finalizar gritaron “¡Justicia!”.

Sánchez Cordero, titular de la Segob, dijo que con la firma del decreto, López Obrador esta cumpliendo su palabra de lugar a la verdad de lo sucedido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y hacer justicia.

Por su parte, Encinas, quien estará a cargo de la conformación de la comisión, aseguró que el grupo autónomo e interdisciplinario trabajará sobre lo ya investigado.

Aseguró, que con la firma del decreto, se da una señal muy clara al País, a los familiares de las víctimas, de que se va a trabajar por hacer justicia y conocer la verdad.

#ElTalónDeAquiles: “Los Siete Pecados Capitales de Enrique Peña Nieto”

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El cambio generacional es importante porque supone innovación. El refrescante (aunque limitado) “Pacto por México”, un acuerdo inter-partidario suscrito en diciembre de 2012, que permitió reformas estructurales en educación, telecomunicaciones, y energía, encarna el potencial de Enrique Peña Nieto (EPN) para renovar la política de su país, e ilustra también su fracaso. Pocos son los avances en los ejes de acción definidos en esa iniciativa: el fortalecimiento del Estado, la ampliación de derechos económicos y sociales (democratización político-económica), y la participación ciudadana en el diseño, ejecución, y evaluación de políticas públicas. El primer pecado capital de EPN, un error usual en la política mundial contemporánea, es haber defraudado las esperanzas de cambio de sus votantes. 

En efecto, como líder partidario, su figura acongoja. Su candidatura al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es símbolo de una modernización fracasada. Siempre se podrá argüir que difícil es que una persona transforme sola estructuras internas que empezaron a ser erigidas noventa años atrás. Pero el sexenio 2012-18 es una suma de oportunidades perdidas para cambiar la avejentada y anacrónica cultura priista. “Casa Blanca”, el escándalo por la compra de propiedades por parte de la pareja presidencial, y que simboliza la inmortalidad de las arcaicas formas de hacer política, encarna el segundo pecado capital de EPN. Además de resucitar y perennizar un tema inscrito en el ADN del PRI corporatista -la corrupción- el caso recordó la prepotencia del PRI neoliberal. Nada malo hubo, según EPN: si el gobernante ofreció excusas… es por empañar “la credibilidad de la institución presidencial”. ¡Pues gracias!

La errática política exterior es su tercer pecado capital. Claro, desde que decidió mirar al norte, el México neoliberal de los años 1990s decidió dejar de ser uno de los países más ricos de América Latina para convertirse en el socio (requete) pobre de Norteamérica (reduciendo además a lo económico su mirada multidimensional internacional). Se acabaron las alianzas con los países andinos, la política autónoma hacia el Caribe y el rol de poder subregional en Centroamérica. Por supuesto, EPN no tiene vela en ese entierro, pero sí en cuanto a su fracaso en privilegiar, como lo prometió, el multilateralismo para disminuir la dependencia de Estados Unidos. A decir verdad, todos los presidentes de México desde Carlos Salinas son culpables de lo mismo. Lo que convierte hoy en capital este pecado, es el marco de la ascensión del presidente Trump. La repugnancia nacional y la vergüenza ajena ante el servilismo mexicano en el marco de la cuestión migratoria y de la renegociación comercial norteamericana, fue evidente. La popularidad de EPN nunca se levantará de los deslices diplomáticos cometidos entre 2016 y 2018. 

A nivel económico, un crecimiento anualizado de alrededor de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) y el mantenimiento de la “estabilidad”, son a menudo mostrados como signos de éxito. Cierto es que el crecimiento del PIB mexicano a partir de 2014 es mayor que el de Latinoamérica, que el desempleo urbano abierto 2014-16 bajó en poco más de un punto porcentual, y que el salario medio real, aumentó. Pero los datos formales en un país en donde lo informal representa al menos 25% de la actividad económica son, en el mejor de los casos, parciales. Además, no solo México seguía siendo en 2017 uno de los países más desiguales de la región, sino que el número de pobres permaneció invariable durante el sexenio 2012-18 (43,6% de la población en 2016). Malgastar el potencial económico existente en México para implantar reformas progresistas tendientes a disminuir las desigualdades, es el cuarto pecado capital de EPN. Que alguien me explique por qué es un “éxito económico” dejar un país tan pobre como se le encontró.

La inseguridad ciudadana es sin duda una mancha indeleble de este sexenio, el cual inició con el loable objetivo de privilegiar la prevención sobre la confrontación. Se buscó así dejar de combatir al crimen organizado para esforzarse en disminuir la violencia colectiva que tanto aquejaba a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad superó la ficción. Los 31,174 asesinatos cometidos en 2017 (la tasa fue de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes) hacen de ese año el más mortífero de la historia del país. Peor aún, la tendencia en la violencia generada por los choques entre las autoridades policiales y militares, y los carteles de la droga, sigue siendo hoy, a la alza. El quinto pecado capital de EPN es cuantificable: los homicidios ascendieron en marzo de 2018 a 104,583, superando así los 102,859 registrados durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el cual se desarrolló la infame “Guerra contra el Narcotráfico”.

Con la torpe gestión de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, su sexto pecado capital, EPN hizo exactamente lo contrario a lo firmado en el “Pacto por México”. En vez de reforzar el Estado, extirpó todo amago innovador. En vez de promover la democracia, repitió una hipótesis cuya veracidad fue categóricamente desmentida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): no es cierto que policías corruptos hayan entregado los estudiantes a grupos criminales, quienes los habrían incinerado en un basurero. Esta mentira perpetúa el manto de impunidad que protege a los culpables. En vez de suscitar la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, Ayotzinapa muestra la importancia que EPN dio a la transparencia, la imputabilidad política, y la vigencia del Estado de Derecho: ninguna.

El séptimo pecado capital de EPN, que lo sintetiza todo, es el haberse constituido en el reproductor de los vicios del pasado en vez de convertirse en el arquitecto de las aspiraciones de futuro. En una encuesta publicada en agosto de 2018, el 66,8% de la población desaprobó su gestión, mientras que tan solo 21,2% la aprobó. ¿Qué esperar dados los antecedentes aquí expuestos? México llega al desenlace de un interminable sexenio que la mayoría desea olvidar. Que la guerra contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se detenga. Es tiempo de suspirar y respirar, aunque sea por unos cuantos minutos. 

Fernando A. Chinchilla

Nuakchot (Mauritania), noviembre de 2018

La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

#HojaDeRuta: “El que se va y el que llega”

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¿Cómo pasó la administración de EPN de ser una locomotora del reformismo a tener el presidente más repudiado en la historia contemporánea del país? ¿La narrativa de la Cuarta Transformación funcionará como un vehículo inspirador durante todo el gobierno de AMLO?

En el marco de la Cuarta Semana de la Comunicación, llevada a cabo en la Facultad de la disciplina de la UANL, tuve oportunidad de moderar un diálogo sobre la comunicación política de dos gobiernos federales: el que se va, comandado por EPN; y el que está por llegar, encabezado por AMLO.

Participaron Víctor Martínez, Director de Noticieros de Multimedios; Alejandra del Toro, ex candidata a Diputada Local y consultora en comunicación, y Luis Mendoza, también consultor en comunicación y articulista.

A continuación, algunos de los puntos que destaco de la charla:

– El sexenio de EPN tuvo un inicio a todo vapor basado en la narrativa reformista, para después derrumbarse por completo. Inició con el Pacto por México como gran gesto simbólico-político, logrando destrabar dos sexenios de letargo legislativo y buscando un relato de “salvamento” del país desde la prensa internacional. Se tomó la decisión estratégica de sacar la seguridad del centro de la comunicación, después de un sexenio de “guerra” como fue el de Calderón. El encanto duró poco. Los puntos de inflexión fueron la infame “casa blanca” y la masacre de Ayotzinapa, así como la pila de casos de corrupción de gobernadores de extracción priista.

– La narrativa del reformismo no era cautivadora ni emocionante, y la reacción a las crisis fue terrible. Angélica Rivera dando la cara para explicar la “casa blanca”; la “verdad histórica” y el “ya me cansé” de Jesús Murillo Karam en el Caso Ayotzinapa, así como la falta de condena y acción contundente ante la corrupción de los gobernadores, fueron factores que consolidaron la percepción de la administración peñista como corrupta.

– EPN desperdició la mejor oportunidad de recuperación de capital político e imagen: en lugar de enfrentar a Donald Trump, le ayudó. En el marco de la campaña presidencial norteamericana en 2016, el gobierno federal mexicano tomó la aún hoy inexplicable decisión de invitar a Donald Trump al país, dándole tratamiento de Jefe de Estado. Esto fue percibido no solo como una humillación al presidente, sino a las y los mexicanos. Aunque se trató de justificar la medida una vez que triunfó el magnate norteamericano, el repudio popular al acto y la actitud fue generalizado.

– La estrategia de comunicación de EPN en la segunda mitad del sexenio fue un mea culpa que no funcionó. Dos frases ejemplifican lo anterior: la oficial, que fue “lo bueno cuenta, y cuenta mucho”; y una de las que marcó el sexenio, dicha de forma espontánea, casi un pensamiento en voz alta con los dientes apretados: “Ya sé que no aplauden”. Un gobierno que realizó, más que una petición, un ruego a la ciudadanía de no ver solamente los errores, sino reconocerle algunos aciertos. Nunca sucedió.

– AMLO capitalizó haber sido el principal vocero de la lucha contra la corrupción ante una realidad que le dio la razón. La oposición en general cobró caro los errores al peñismo. El repudio ciudadano tuvo su expresión climática en el contundente resultado del primero de julio. Habrá que agregar que uno de los pocos aciertos de EPN en el cierre del sexenio vino de una inacción: se mantuvo al margen de la elección presidencial y reconoció rápidamente el triunfo, dando lugar una transición tersa que contrastó contra los conflictos y polémicas que se vivieron en 2006 y 2012.

– La narrativa de la cuarta transformación encabezada por AMLO cobró sentido en un país molesto y deseoso de cambio. El equiparar la nueva administración federal con los principales momentos de cambio histórico en el país tiene heroísmo y emoción, pero habrá de contrastarse contra la realidad y desgaste de gobernar a partir del próximo diciembre.

También se discutieron temas como la conversión de EPN en un meme, AMLO como una máquina de generación de notas, el papel de las redes y la transformación de los medios en un contexto de desconfianza. Un gran espacio para un enorme tema.

gilberto@altiusconsultores.com

AMLO emitiría decreto por caso Iguala

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Ante padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a emitir un decreto en los primeros días de gobierno por el caso Iguala.

Este miércoles e cumplen cuatro años de la desaparición de los normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, por lo que el futuro mandatario se reunión con familiares y representantes en el Museo de Memoria y Tolerancia.

Los padres le solicitaron que una vez que este en la Presidencia emita un decreto para instruir a toda la Administración federal a comprometerse en la investigación del caso.

López Obrador, estuvo acompañado de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y de Alejandro Encinas, quien es propuesto como subsecretario de Derechos Humanos. Los tres se comprometieron a también a crear una comisión de investigación para el caso.

Padres de los 43 se reúnen con López Obrador

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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este miércoles con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecido hace 4 años.

La cita fue en el Museo de Memoria y Tolerancia en la CDMX, los padres de los normalistas comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana, aunque el evento comenzaba hasta las 10 de la mañana.

Previo a la reunión con López Obrador, los padres celebraron una ceremonia religiosa, misma que en años anteriores era realizada en las instalaciones del Centro Prodh.

“Queremos ver cuál va a ser su trabajo en la lucha que tenemos, queremos ver su punto de vista, a ver qué nos dice”, dijo Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez.

Los representantes de los padres, dieron a conocer, que en el encuentro con el político tarasque, le expondrán acciones que podría tomar en sus primeros 100 días de Gobierno para mostrar una voluntad diferente que la del Mandatario saliente Enrique Peña Nieto.

Por otro lado, también se prevé que se reitere el anuncio de la creación de una comisión especial para el caso en la próxima Administración federal.

(Con información de Grupos Reforma)

Toman protesta diputados federales en San Lázaro

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Esta mañana se dio inicio a la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados de San Lázaro.

En medio de aplausos, gritos, lágrimas y hasta protestas, los diputados y diputadas tomaron protesta para convertirse diputados federales por los próximo 3 años.

Los diputados de Morena, que son ahora la mayoría en la cámara baja, gritaron “¡Morena! y ¡Es un honor estar con Obrador!” con el puño en alto.

Mientras tanto, la fracción panista se manifestó en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado sobre las elecciones de Monterrey y Guadalupe, con pancartas en las que se leía, “Justicia para Monterrey y Guadalupe”.

Los morenistas después siguieron contando hasta el 43, en referencia a los estudiantes desapareces de Ayotzinapa.

El secretario general, Mauricio Farah, expuso un informe sobre la elección de integrantes de San Lázaro, esto antes de la toma de protesta.

En su discurso, destacó que la 64 Legislatura tendrá tres características: mayor cercanía a la paridad de género, en la historia del Congreso mexicano, con 241 legisladoras de 500 integrantes de la Cámara, el reconocimiento político a la realidad indígena, y la consolidación de nuevas fuerzas políticas mayoritarias.

Padres de normalistas piden a AMLO ruta de trabajo sobre Iguala

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Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resista las presiones del Ejecutivo al resolver los recursos interpuestos por éste, contra la orden de un Tribunal Colegiado de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso.

Padres y madres de los estudiantes llamaron a las y los ministros del Máximo Tribunal a estar del lado de la verdad y de las víctimas, ante la ofensiva legal del gobierno federal contra la sentencia del tribunal colegiado y previendo que será la Suprema Corte la que resuelva varios de los más de 100 recursos legales interpuestos por la administración de Enrique Peña Nieto.

“Las familias denunciaron que es una vergüenza que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos pero sí estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas“, informaron en un comunicado los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Serapaz y Fundar.

Además, lamentaron que el magistrado titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas haya tenido una actitud “sumisa” al Ejecutivo al resolver que existe una “imposibilidad jurídica” para que las autoridades cumplan una sentencia que es, de origen, inatacable, y recordaron que el camino no se acaba aquí.

Hicieron también un llamado al equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para tener una reunión en la que se fije una ruta de trabajo y señalaron las coincidencias entre los mensajes de la administración que está por llegar y la sentencia del tribunal colegiado.