Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, no obtuvieron la información que habían solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a una supuesta intercepción telefónica realizada por el Ejército a un jefe policiaco y un líder del grupo criminal Guerreros Unidos. Esta intercepción sugiere que la noche del 26 de septiembre de 2014 se llevaron a 17 estudiantes.

Vidulfo Rosales, el abogado que representa a los padres, informó que durante la reunión estuvo presente la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien presentó un informe del Secretario de la Defensa Nacional. Sin embargo, este informe no proporcionó respuestas a las solicitudes específicas de los padres, que incluían documentos identificados por números de folio y detalles sobre su ubicación.

Rosales expresó su descontento, afirmando que ni el Presidente ni el informe presentado abordaron adecuadamente la información puntualmente requerida por las familias, incluyendo la transcripción telefónica encontrada en archivos militares.

Mario González, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos, calificó la reunión como una falta de respeto, ya que no se les permitió hacer preguntas ni obtener las respuestas esperadas.

Además, Rosales acusó al subsecretario Encinas de presentar una narrativa que se asemeja más a la «verdad histórica» de la administración anterior que a los hechos recientes. Según Rosales, la narrativa propuesta sugiere que los estudiantes estaban infiltrados y que la desaparición se debió a una disputa entre facciones del crimen organizado, minimizando la responsabilidad de dicho crimen y su alcance local. Además, señaló que aparte del Capitán Martínez Crespo, ningún otro militar fue mencionado como responsable, y no se abordaron aspectos relacionados con la «verdad histórica» previamente presentada por las autoridades.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)