Judith Díaz, superdelegada en Nuevo León, aseguraron que le irá bien al Estado

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La superdelegado asignada por el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, Judith Díaz, aseguró que a Nuevo León le irá bien en el nuevo gobierno, esto durante la primera entrevista que dio la ex panista.

El 11 de julio Díaz fue designada como una de las próximas 32 coordinadoras general del Gobierno federal, la ex candidata al Senado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, afirmó que impulsarán una coordinación estrecha con el Ejecutivo estatal y los Alcaldes, además se dijo respetuosa de las instituciones.

“Seré una persona que respeta las instituciones, que le gusta trabajar coordinadamente con el Gobernador, los Alcaldes y siempre buscando que le vaya bien al Estado”.

Agregó que a pesar que hasta el momento el Estado no tiene grandes inversiones programada, como lo es el Tren Maya en la Península de Yucatan, si habrá inversión en el estado y que ya hay varios proyectos planteados por López Obrador de los cuales Nuevo León será parte de.

“A Nuevo León le va a ir bien porque, aunque ahorita no se vea gran inversión como el Tren Maya y otras cosas, sí va a haber inversión. Vamos a estar inmersos en muchos proyectos que el Presidente ha planteado”, dijo la superdelegada.

Ante las criticas del G0bernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” hacia los cargos denominados como “superdelegados”, Díaz se dijo respetuosa de la opinión del mandatario, pero le pidió no adelantar vísperas.

“En mi caso no van a encontrar enojos, pataletas, no otro tipo de cosas. Es mi Gobernador. Ni modo que le falte al respeto a mi Gobernador. No voy a caer en provocaciones. Estoy abierta para sentarme a platicar, dialogar, partiendo de que el objetivo principal es que le vaya bien a Nuevo León”.

Díaz además de solicito a “el Bronco” ofrecer respuestas responsables, esto después de que el mandatario amagará con salirse del pacto fiscal federal.

Hasta el momento, la ex panista admitió, no ha tenido reuniones con funcionarios del estado, pero se dijo dispuesta a ir a tocar puertas si es necesario.

Anuncia Estado que apelará resolución sobre Medina

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” dio a conocer esta tarde que su gobierno apelará la resolución por parte de un juez de control que libero al ex gobernador de esa entidad Rodrigo Medina de los delitos de peculado y daño al patrimonio del Estado por los incentivos otorgados a la empresa coreana KIA.

“Nosotros hemos presentado pruebas suficientes, voy a revisar el caso. Tenemos todavía esquemas legales que seguir en ese tema. El juez de control toma una decisión, pero no es la última instancia. Nosotros seguiremos todas las instancias que tengan que darse, mostraremos que hay razones del Estado”, dijo durante conferencia de prensa.

Rodríguez Calderón, se limitó en esta ocasión a acusar al Poder Judicial de dar resoluciones a favor de Medina, y aseguró que se seguirán los procedimientos que les permita la ley.

“Esto es parte del proceso del nuevo sistema de justicia penal acusatorio donde la presunción de inocencia prevalece”.

Por último, rechazó que haya intereses políticos detrás de la no vinculación del priista y dijo que serán los jueces quien decidan la culpabilidad de Medina y no la política.

(Con información de Grupo Reforma)

“El Bronco” tiene 45 días para pagar 20 mdp

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El ex candidato a la Presidencia de México por la vía independiente y Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, tiene un plazo de 45 días para liquidar más de 20 millones de pesos que debe a proveedores y representantes de casilla, establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El Bronco” debe de cumplir con el plazo establecido, ya que si incumple, el organismo electoral contabilizará el adeudo como financiamiento ilícito y Rodríguez estará sujeto a sanciones que pueden ir desde multas hasta procedimientos penales.

Rodríguez Calderón le debe principalmente a cinco proveedores: Rack Star, Expographics, Bmdi, Industrial Equipment Comercial Sales e Industrial Zaravi, lo que suma casi un total de 18 millones de pesos. Además le debe 2.2 millones de pesos a representantes de casilla.

El Gobernador de Nuevo León argumentó que el ya pactó con los proveedores para pagarles antes del 30 de diciembre, pero el INE ordenó hacer en máximo 45 días, es decir que la fecha limite es el 20 de septiembre.

Debido a que “el Bronco” no entregó documentación sobre los adeudos a representantes de casilla, el INE decidió sumar esa falta a otras irregularidades e impuso anoche una multa adicional de 396 mil 310 pesos.

Además, el máximo órgano electoral incidido una nueva indagatoria contra el mandatario nuevoleónes por posible esquema de simulación y triangulación de recursos.

Testigos sociales

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Al tiempo que las reglas de aplicación de la Transparencia se hacen cada día más opacas y confusas,  bajo la indiferencia de una administración saliente que clara y llanamente ya no quiere saber nada, es loable el esfuerzo del Consejo Nuevo León de coordinar recursos académicos para capacitar los “testigos sociales” que de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana deberán ser observadores y garantes de la limpieza de los procesos de adquisiciones y licitaciones de los tres niveles de gobierno.

 El esfuerzo es meritorio y señala un deseo de contribuir a la erradicación de la corrupción que invade generalmente los procesos públicos. Es necesario, pero sabemos que no es suficiente. Falta todavía que del otro lado de la mesa los gobiernos de todos niveles acepten esta vigilancia y supervisión y no inventen cuantas excusas se les ocurra para que los procesos se sigan haciendo en lo oscurito y a espaldas de cualquier testigo.

 ¿Cuántas operaciones se efectúan en secreto por motivos de “seguridad”? ¿Cuántas adquisiciones de supuestos insumos para ser usados por la policía y los diferentes grupos de “seguridad” se hacen en condiciones totalmente inaceptables y a escondidas de todos? ¡Si hasta el salario de la suegra del gobernador está registrado en “Seguridad” para permitir mantenerlo discretamente cubierto por la etiqueta de la secrecía! Bien por el Consejo Nuevo León y los nuevos “testigos sociales”.

Pero, urge ponerse más estricto para evitar las movidas y los asaltos de los grandes corruptos de la función pública. Ellos, se las ingeniarán de cualquier forma. ¿Habrá que aplicar las recomendaciones del candidato Rodríguez Calderón para castigar las movidas ocultas? ¿Mochar o no mochar?

#HojaDeRuta: “7 conclusiones de la elección en Nuevo León”

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La semana pasada abordamos 5 lecciones que dejó la elección presidencial. Esta ocasión la dedicaremos a analizar los efectos que dejó en el panorama sociopolítico de Nuevo León el reciente proceso electoral.

Nuevo León tiene invertidas sus elecciones respecto a lo nacional, es decir, cuando hay elecciones generales en el país y se elige presidente, a nivel local realmente son intermedias, pues tocan justo a la mitad del mandato de quien ostente la gubernatura. Por tanto, en 2021 la entidad vivirá una elección general al cambiar de gobernador, que coincidirá con la elección de medio término de la presidencia de AMLO.

Lo anterior es fundamental, ya que los resultados de esta elección delinean el estado de las fuerzas políticas con miras a la gubernatura que se disputará en 2021. Tomando esto en cuenta, ofrecemos las 7 conclusiones de la elección de 2018 en Nuevo León:

  • El efecto AMLO también fue evidente en el estado. Si bien Nuevo León fue el segundo “peor” estado para López Obrador en margen de triunfo -Guanajuato fue el único que perdió-, la realidad es que el virtual presidente electo subió en alrededor de 70% su votación con respecto a lo obtenido en 2012 en la entidad. La coalición que postuló a AMLO emergió como segunda fuerza en el congreso local, la pregunta es si seguirá unida. Juntos Haremos Historia consiguió la impresionante cantidad de 15 escaños, lo que le dará un enorme poder de negociación, siempre y cuando logre consolidarse como bancada. Existe el escenario de que PT y PES decidan jugar solos o incluso negociar con otras bancadas, sumando a esto el riesgo de divisiones al interior del propio Morena, que aún no ha terminado de madurar en su vida orgánica como partido local y tiene dentro de sí diversos grupos
  • El PAN queda como la fuerza política más fortalecida para enfrentar la elección de 2021. En primera instancia, recuperó Monterrey y Guadalupe, los dos municipios más poblados de la zona metropolitana, y mantuvo San Nicolás y Santa Catarina, aunque perdió San Pedro. Además será la primera fuerza en el congreso local con 16 escaños, apenas uno más que la coalición que encabeza Morena. Nuevo León se mantiene como uno de los estados donde el blanquiazul, a pesar de su guerra intestina, es competitivo, siendo parte del corredor Occidente-Bajío-Noreste que sigue mostrando preferencia por el voto conservador.
  • El PRI local sufrió las consecuencias del rechazo existente tanto hacia la marca como hacia la administración de EPN. Recibió duros golpes en todos los frentes: perdió los dos municipios metropolitanos más poblados; pasó de 15 diputados locales a 6; obtuvo un solo triunfo por mayoría a diputación federal y pasó de tener 3 escaños por Nuevo León en el Senado a ninguno. Tanto a nivel nacional como local, le espera una cirugía mayor de reconstrucción de reputación y estrategia política, pues resulta evidente que la fuerza territorial palidece ante el desprestigio de la institución
  • El Gobierno del Estado iniciará la segunda mitad del mandato aislado políticamente. El grupo político ligado al gobernador Jaime Rodríguez se encuentra debilitado en varios frentes: pagará el costo político de la decisión de contender por la presidencia; no tendrá un solo diputado(a) local para impulsar su agenda; no tendrá un solo diputado(a) federal para bajar recursos, tampoco senadores. Esto significa una notable anomalía a nivel nacional: es el único ejecutivo estatal que no tiene representación legislativa. Además, el gobernador se ha mantenido agresivo hacia AMLO tras la elección, desairando la primera reunión de la CONAGO con el virtual presidente electo y criticando algunas de sus medidas. Ninguna candidatura afín al grupo político del gobernador logró ganar municipios metropolitanos, manteniendo solo García. Lo anterior marca claramente un camino de negociación con alguna de las fuerzas políticas del congreso, o más precisamente, con algunas figuras de esas fuerzas políticas, mientras enfrenta problemáticas como el aumento de la inseguridad y la debilidad financiera de la entidad
  • El triunfo de Miguel Treviño en San Pedro puede significar el inicio de una nueva fuerza política. Este resultado, junto con la victoria de Samuel García al Senado, se convirtió en la novedad de la elección. El triunfo de Treviño resulta simbólico por lo que significa San Pedro a nivel local y nacional, además de ser una amalgama de panistas tradicionales desplazados con diversos liderazgos y organizaciones ciudadanas. El proyecto que se construya en San Pedro podría ser el génesis no solo de ciertas innovaciones en la gestión pública, sino en una fuerza política independiente distinta a la del gobierno estatal
  • La relación del gobierno estatal con la nueva administración federal tendrá un elemento clave en la figura de Judith Díaz, quien ya fue anunciada como “coordinadora” estatal, una suerte de súper-delegada que probablemente se convertirá en el enlace con las secretarías federales y los diputados federales, en particular para el presupuesto de egresos
  • Ya comienzan a perfilarse algunos posibles tiradores por la gubernatura en 2021: Por el PAN, Víctor Fuentes, Felipe de Jesús Cantú y Víctor Pérez. Por Morena, Judith Díaz y Tatiana Clouthier. Por el PRI, Clara Luz Flores, Pedro Pablo Treviño e Ildefoso Guajardo. Por MC, Samuel García. Por el grupo independiente del gobierno estatal, no hay un perfil claro todavía.

Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

#Kleroterion: ¡Comienza la Nueva Representación!

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En estos días tuve la invitación del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, para ser Titular de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México a partir del 11 de julio de 2018.

Por supuesto, en mi compromiso por el crecimiento de nuestro estado, Nuevo León, honraré dicho cargo y aportare todo lo necesario para colaborar con el Gobierno Estatal, fortaleciendo la relación con los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como apoyando a las misiones extranjeras acreditadas en el país y que se vinculen directamente con el Estado.

La finalidad de esta Representación es que a Nuevo León le vaya bien, porque estoy convencido que si el estado crece, la ciudadanía también, soy un servidor público que entiende muy bien las necesidades del ciudadano neoleonés, ya que comprendo la política y sé utilizarla como una arena para llegar a acuerdos que beneficien a todos, sin partidos, sin pactos, sin nada turbio, sin compromisos irreales e ilegales, siempre anteponiendo la legalidad y transparencia, exclusivamente para beneficio de la sociedad.

Dentro de las instrucciones que recibí por parte del Gobernador Jaime Rodríguez, es la de ser factor clave para que Nuevo León reciba el mejor trato posible con el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, asimismo, trabajar de la mano del Congreso para gestionar recursos Federales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 y así lograr un presupuesto digno, fortalecido y útil para las necesidades del Estado, que por supuesto, se verá reflejado en el bienestar de todas y todos sus ciudadanos sin excepción alguna.

Como titular de la Oficina de esta oficina, me encargaré de dar orientación y asistencia a las autoridades de los tres poderes del Estado, cuando por motivos de trabajo tengan que salir de el, así como a cualquier ciudadano de Nuevo León que necesite tratar algún tema o tramite en esa ciudad.

Serviremos como una oficina de enlace, seguimiento y articulación de esquemas de colaboración entre el Gobernador y los Poderes de la Unión en el ámbito federal, seremos vínculo directo con otras entidades federativas y sus respectivas representaciones, así como de otras naciones y organismos internacionales, teniendo, como siempre,  apertura a organizaciones privadas, educativas y de la sociedad civil, con la finalidad de impulsar el desarrollo del estado.

Es de vital importancia fortalecer la presencia del estado a nivel nacional e internacional es todos sus aspectos, culturales, diplomáticos, económicos, turísticos, políticos, por decir algunos, promoviendo que Nuevo León es un semillero para la promoción y enlace para impulsar proyectos de inversión tanto nacionales como internacionales.

Continuaremos siendo un enlace entre las diferentes instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal y fomentaremos acciones que ayuden a elevar los niveles de inversión en el estado, a través de la promoción de los diversos sectores productivos, por su parte robusteceremos la presencia, vinculación, imagen y comunicación con el Gobierno del Estado en la Ciudad de México, promoviéndolo en todas sus instancias, así como apoyar en la Gestión Pública que realicen las dependencias fuera del Estado, coordinando todas y cada una de sus relaciones públicas.

Estoy seguro que el comienzo de esta nueva titularidad, reforzará y contribuirá con el crecimiento de Nuevo León, trabajando de la mano con el gobierno estatal, lograremos avances dignos y propios para el neolonés, unificando esfuerzos con todas y cada una de las instancias antes mencionadas, para continuar siendo un estado puntero para que pueda aportar al desarrollo y bienestar de esta gran Nación.

Finalizo diciendo que mi compromiso como servidor público no ha cambiado, sigo defendiendo mis ideales y ética, que con orgullo puedo decir, me han permitido avanzar en este voraz mundo político con la cara en alto y más cuando se trata de aportar para mi estado, Nuevo León, pero siempre con la finalidad de poder contribuir con un granito de arena para nuestro México.

¡A sus órdenes!

Desconoce “el Bronco” deuda con la CEE

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, desconoció el día de hoy el adeudo por 15 millones de pesos que tiene el estado con la Comisión Estatal Electoral (CEE), al asegurar que no se le autorizó más presupuesto al órgano electoral.

El reclamo de la CEE fue avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero a pesar de la orden de la máxima instancia electoral, Rodríguez Calderón sostuvo que no tiene facultades para hacerlo.

“Le quiero decir muy claro al presidente de la Comisión Estatal Electora: nosotros no tenemos ningún pendiente. Él hizo un planteamiento de crecer el presupuesto nosotros no le aprobabas ese crecimiento porque no tenemos dinero. Él puso una queja ante el Tribunal Electoral no es quien le ordena al Gobierno, el Tribunal Electoral es una instancia electoral”.

De acuerdo al mandatario la ampliación presupuestal no fue aprobada, pero su se entregó 55 de los 70 millones de pesos solicitados, por lo que el reclamo por ese concepto es sólo por 15 millones.

“En las ampliaciones presupuestales hay un procedimiento que se tiene que seguir, no necesariamente porque yo le pido al Presidente Peña Nieto que me dé más dinero, me lo va a dar”, aseveró “el Bronco”.

(Con información de Grupo Reforma)

 

Considera “el Bronco” idiotez plan de coordinadores de AMLO

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El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, calificó de una “idiotez” el plan del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de nombrar coordinadores por cada estado.

“Es más burocracia, le está dando chamba a aquellos que le ayudaron en la política”, dijo “el Bronco”.

Para Nuevo León, se nombro a la ex candidata a la Senaduría y ex panista, Judith Díaz, como coordinadora federal.

“Creo que no es necesario, él debe coordinarse con los Gobernadores, debe haber un respeto del Centro a los Estados, como los Gobernadores respetan a los Alcaldes, imagínate que yo ponga un representante del Gobernador en cada municipio. Es una idiotez eso, a mi me parece una verdadera idiotez”, agregó el gobernador de Nuevo León.

El mandatario no asistió el día de ayer a la reunión de López Obrador con la Conago, y aseguró que en parte se debió al plan de coordinadores del presidente electo.

“Una de las razones por las que no acudí a la conga es esa, no creo que sea un elemento de contrapeso del Presidente. La Conago es un Club de Tobi, nunca ha resuelto nada, y creo que la parte importante del Presidente es reunirse con cada uno de los Gobernadores”.

“El Bronco”, momento después dijo que estaría de acuerdo con el sistema de coordinadores, siempre y cuando se eliminaran las delegaciones federales que existen en los estados.

Hace “el Bronco” cambios en su gabiente

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Esta mañana el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, anunció cambios importantes en su gabinete.

El primer cambio anunciado, fue la llegada de Jesús Hernández, quien fungió como su operador financiero durante la campaña, a la Contraloría del Estado, en lugar de Nora Cantú, que fue nombrada como Subsecretaría de Educación Superior.

Genaro Alanís, quien fuera Secretario General de Gobierno durante el interinato de Manuel González, será ahora el Secretario de Desarrollo social, mientras que el ahora ex titular de estar dependencia, Eugenio Montiel Amoroso, pasa a la dirección de Fomerrey.

Por su parte Adalberto Núñez, pasó a la Subsecretaría del Trabajo.

También se anunciaron nuevas adiciones al gabinete, como es el caso el diputado federal con licencia, Waldo Fernández, quien estará a cargo de la representación del Gobierno de Nuevo León en la Cuidad de México, en lugar de Jorge Arrambide.