Expediente no incluye imputación a Lozoya: SFP

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En el expediente por el que se sancionó al director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, no contiene la imputación que éste hizo en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, aseguró la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En un comunicado, la dependencia sostuvo que la inhabilitación de dos años y tres meses para participar en la obtención de contratos en el Gobierno federal, derivó de la comisión de una irregularidad administrativa, que fue haber hecho simulaciones e incumplimientos contractuales.

“En los expedientes de investigación de la SFP no constan las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll, las cuales fueron rendidas ante las autoridades brasileñas en materia penal”, indicó.

Este jueves, Reforma publicó sobre la sanción impuesta a Meneses Weyll y al director de finanzas, Gleiber José de Faria, así como una nueva inhabilitación y multa a una de las filiales de Odebrecht en México.

Meneses Weyll fue quien reveló ante las autoridades de Brasil el pago de un soborno por 10 millones de dólares en el 2012 a Lozoya, en ese entonces coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña y, posteriormente, director de Pemex.

La SFP indicó que las sanciones que hasta ahora ha impuesto han sido en el ámbito de su competencia y en el marco de la revisión de los contratos que la firma brasileña y sus filiales suscribieron con Pemex.

“Por tanto, las sanciones impuestas por esta autoridad son estrictamente en el ámbito administrativo y son autónomas a las investigaciones que se realicen por probables conductas delictivas, como sería un supuesto cohecho, las cuales corresponden a las instancias en materia penal”, señaló.

Oposición respalda en Senado a Corral

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La oposición en el Senado de la República mostró su respaldo al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y reprochó que el Partido Revolucionario Institucional haya frenado una discusión en el pleno sobre el Mandatario.

En el patio de la Cámara alta, legisladores del PAN, PRD y el bloque PTMorena recibieron a Corral, quien acusa al Gobierno federal de encubrir a su predecesor, el prófugo César Duarte.

El coordinador panista Fernando Herrera; Manuel Bartlett, del bloque PT-Morena; y Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática, así como la independiente Martha Tagle, hablaron en favor del Gobernador.

Bartlett hizo el mismo llamado, pero al coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa, y acusó al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, de incumplir el acuerdo firmado con el Gobernador de Chihuahua.

En tanto, Corral informó que hoy presentó un recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, por la resolución judicial que ordenó llevar al fuero federal el proceso que inició la Fiscalía de Chihuahua contra Alejandro Gutiérrez, ex Secretario General Adjunto del PRI, por desvío de recursos.

En ese sentido acusó al Gobierno federal de encubrir a César Duarte, ex Gobernador prófugo que se presume que está en Estados Unidos.

“No sólo chicanean el proceso de extradición de César Duarte, lo protegen y, como ustedes saben, la propia PGR lo ha exonerado de varias de las acusaciones que se le presentaron hace más de tres años”, planteó.

El Gobernador agregó que el foro anticorrupción que anunció el domingo en una asamblea en la ciudad de Chihuahua se realizará en aquel estado el 18 y 19 de mayo.

Ahí, especialistas, investigadores, defensores de derechos humanos e intelectuales discutirán casos como el de Chihuahua, pero también el caso de la Casa Blanca, el de Odebrecht, el de OHL, el tren México-Querétaro y el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

Aunque apoya abiertamente a Ricardo Anaya rumbo a la Presidencia, Corral rechazó que el movimiento que encabeza en exigencia de justicia tenga tintes electorales.

Comunicación Social: Ley de Publicidad

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Esta semana se aprobó con el apoyo de las bancadas del PRI, PVEM y PANAL en la Cámara de Diputados la controversial ley de publicidad oficial también apodada por los activistas como “Ley Chayote”. En resumen, lo que busca esta nueva normatividad es poner orden a los tres niveles de gobierno, en sus 3 poderes y a los órganos autónomos en sus gastos de comunicación social para que se cometan menos abusos con gastos en ese rubro. La ley establece que toda comunicación social debe cumplir con varios criterios de eficacia, economía, veracidad, transparencia y honradez. Se obliga a las instituciones a elaborar un programa anual de comunicación social, el cual debe incluir medios de comunicación que estén incluidos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación que también se crea con el mismo fin de tener un mayor control.

Cientos de asociaciones civiles y organizaciones de activistas ciudadanos se expresaron en contra de la polémica ley, al argumentar que no resuelve de tajo el problema ya que no establece topes ni en cantidad, ni en porcentaje en los gastos de comunicación social que en muchos casos son exagerados y representan un “boquete” para las finanzas de la nación y de muchos estados y municipios. La ley no define tampoco criterios de que tipo de espacios se pueden o no contratar ni limita la aparición de funcionarios públicos, no mete el gasto de comunicación social dentro de los informes anuales de labores ni promueve la diversidad y el pluralismo de medios, al contrario lo centraliza en la SEGOB presentando un posible riesgo para medios que no sean afines a ciertos grupos.

Para nadie es secreto que la libertad de expresión en nuestro país ha ido evolucionando de manera acelerada, en las últimas décadas con el surgimiento de la competencia política y la maduración de la democracia en nuestro país, pero también ha traído consigo retos como el hecho que México es el primer o segundo país (sin guerra, dependiendo del año) con más periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión. No está de más la frase que los medios de comunicación representan un cuarto poder, su influencia es tal que pueden construir o destruir reputaciones e influir elecciones a su criterio o al criterio del mejor postor. Al final aunque si bien los medios son un negocio por la publicidad, también debería existir (y muchos medios lo tienen, tampoco hay que generalizar) un sentido de responsabilidad en el ejercicio del periodismo en nuestro país.

Yo no creo que sea justo calificar a esta ley como mala o como buena, soy un convencido que debemos reconocer que representa un primer paso hacía un mayor control en el gasto gubernamental en publicidad (sin entrometerse en el ejercicio periodístico), pero aún falta mucho por hacer para evitar los abusos por parte de ciertos gobernantes que en 3 o 6 años quieren hacerse más famosos que Luis Miguel, por decirlo de manera coloquial. Vigilar el gasto de publicidad no solamente en gobiernos sino también en campañas es muy importante, cuantos candidatos no hay que se quejan de que si no pagan a tal o tal medio no salen en ningún lado, en ese caso los medios están en su derecho de cobrar por publicidad pero tampoco hacer un cobro excesivo, que inclusive por debajo del agua pudiese ser hasta mayor que el propio tope de gastos del candidato.

#PolíticaAPie: “El cambio inteligente para México”

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Hoy las redes son solo ecos de los vestigios de la precampaña, las pláticas familiares o de amigos solo hablan de rumores que se leen o escuchan, en las noticias solo vemos, en ocasiones, lo que algunos medios quieren que veamos. Lo que es una realidad es que estamos a unas horas de que el proceso electoral 2018 inicie. Para muchos es una oportunidad para contrastar las opciones que nos ofrece la política mexicana y elegir la que más les parece, para otros, una oportunidad para reafirmar lo que creen, y para muchos más, continuar con esa incertidumbre para elegir a quien poner en “la grande”.

Después de una reunión con amigos, a sabiendas de que mi voto será para la alianza de PAN-PRD-Movimiento Ciudadano (El Frente Por México), encabezado por Ricardo Anaya, muchos de los asistentes llegaron a dos conclusiones, la primera es que México necesita un cambio, sin duda alguna; la segunda, que los momentos que vive nuestro país no necesitan tampoco experimentos, algo no probado no significa que sea lo que necesitamos.

Antes de mencionar a quien decidimos, al menos en esa reunión, dimos una radiografía de los tres punteros en esta contienda, sin desestimar a los demás competidores.

Empezamos por José Antonio Meade (o “Mit”, si tardaste más de 5 años en acabar tu carrera profesional y no eres medico) quien destaca por haber estado en dos administraciones federales sin tener afiliación partidista visible. En las semanas previas a la definición, Meade empezaba a tener los reflectores del Gobierno Federal, un preámbulo de la noticia: el Precandidato del PRI a la Presidencia de la República estaba listo. El “cinco veces Secretario” es un funcionario efectivo, técnico y con resultados positivos en su paso en el gabinete de dos Presidentes; sin embargo, su primer rival, es el mismo partido que lo postula, ya que la loza del PRI es la más pesada de todas. Rodeado de escándalos de corrupción por años y un Presidente Priista que lo mejor que le puede pasar es que el sexenio termine, Meade sabe que la marca del PRI es muy difícil de quitar, aunque públicamente reitera que no es militante tricolor. La tarea es complicada, lo cual hace que muchos pongan a su campaña presidencial en ruinas, esto acompañado con las “figuras” que conforman al PRI, pasando por la Casa Blanca, el repunte histórico de la violencia, la pésima política hacendaria, gasolinazos, los escándalos de Emilio Lozoya, los desvíos de los Duartes, Borges, los nuevos de Rosario Robles, quien por cierto preside a Secretaria de Estado que Meade tuvo, por lo cual la sospecha lo rodea. En fin, el enemigo lo tiene en casa, lo Priista se pega y no se quita, aunque no seas miembro.  

Llegando con el candidato del partido de la izquierda pero con miembros de derecha, tocó el turno de Andrés Manuel López Obrador, el eterno aspirante, casi mártir de la democracia, genera empatías particularmente con los jóvenes, ya que su propuesta al ser desconocida (y poco real) hace que lo volteen a ver y considerar seriamente para este año. Sus opositores lo tachan de socialista o de mesiánico en su propuesta a la Presidencia de México. Vemos a AMLO como una persona con más de 12 años en campaña, con toda su vida sin poder aclarar de donde provienen sus ingresos, un precandidato eterno que cuando ha llegado al poder lo ha hecho de una manera poco eficiente. Considerando que el 90% de la población lo conoce, aún con eso, López Obrador sostiene su histórico 30% o 32% en el mejor de los casos. El tabasqueño llega a la contienda con el primer lugar en las encuestas, aunque así también fue en el 2006 y 2012, una cosa es la precampaña y otra la campaña en forma; es en ese punto donde Andrés Manuel ha demostrado ser su propio enemigo.

Otro factor que podría mermar su desempeño en la campaña podría ser la “mafia del poder” que ahora lo acompaña. MORENA se ha convertido en el club de los segregados de muchos partidos con ideologías distintas, incluso contradictorias, lo cual le resta credibilidad al mensaje anti sistema, ahora los nuevos “morenos” se valen del “efecto AMLO” para seguir en la vida política, muchas veces solo con esa intención. Con esto MORENA dejó de lado a lo que según ellos era lo más importante, su militancia, ya que al menos en Nuevo León, la gran mayoría de sus aspirantes, provienen del PAN, PRI, independientes, (esos que solo les duro 3 años su independencia) y si eres de Veracruz con María Elena Saldaña “la güereja” o de Morelos con Cuauhtémoc Blanco.

El 80% de los mexicanos concuerdan que nuestro país necesita un cambio. Una opción que es la única con tendencias ascendentes reales en las encuestas y quien presenta una opción de cambio diferente a las demás, es sin duda, Ricardo Anaya. El aspirante ha logrado tejer la alianza política más grande de la historia de México, compuesta por el PAN, quien ya gobernó nuestro país, el PRD, una facción de la izquierda con una visión diferente a AMLO y el partido Movimiento Ciudadano, quien ha tomado relevancia en el panorama nacional, así como en Nuevo León. Estas tres fuerzas han conformado el Frente Ciudadano de México. Es cierto que las alianzas enriquecen los proceso electorales, estas han dado buenos resultados, como en Chile, por ejemplo, las alianzas electorales han dado estabilidad política después de la crisis de la dictadura, en Alemania, las coaliciones de partidos socialdemócratas han consolidado a este país como potencia europea. Ricardo Anaya apuesta todo al desarrollo tecnológico, energético y el combate a la corrupción. México por su ubicación y condiciones naturales tiene una posibilidad de acelerar el cambio a energías limpias. La transformación de un país, es necesaria para elevar las condiciones de vida de su población y su futuro, esto lo plasma Ricardo Anaya en su proyecto, uno que luce sólido y posible.

Hoy sabemos que la corrupción es el problema a resolver. El Gobierno Federal, actualmente esta hasta el cuello, no puede sostenerse más, aunque intento sostenerse con el apoyo del fiscal carnal. Ahora Ricardo Anaya y su Coalición buscan una Fiscalía Autónoma, con un fiscal electo para que el ejecutivo no pueda intervenir en las decisiones de este órgano, dejando a los casos de corrupción con la claridad y su debido castigo en evidencia.

Sin duda el cambio en nuestro país es inevitable, tenemos dos vías, una con visión al pasado, con ideas viejas y otra vía con una visión de progreso e inteligente, lo suficiente como para saber que México cambia si cambia también su gobierno. En esa reunión, coincidimos nuevamente, en que Ricardo Anaya es quien tiene la opción de cambio inteligente, con los conocimientos necesarios para dejar de pensar “ojalá esto pasara en México”.

Fiscalía de Chihuahua asegura otro rancho de César Duarte

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La Fiscalía General de Chihuahua aseguró el pasado fin de semana otro inmueble al ex gobernador César Duarte, como parte de las investigaciones que llevan en su contra.

Se trata del rancho “San Isidro”, que se localiza en el municipio de Hidalgo del Parral, con el que suman 21 propiedades aseguradas, como parte de la Operación Justicia Para Chihuahua.

En su visita hoy a Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral Jurado, dijo que el inmueble se incautó el pasado sábado y con este, son 17 ranchos propiedad del ex mandatario, y que varios de ellos fueron adquiridos al término de su administración.

Reiteró que en algunos casos, como fue en la compra del rancho Santa Rita, que se ubica en el municipio de Camargo y tiene una extensión similar a la de la ciudad de Chihuahua, se utilizaron métodos coercitivos para obligar a los propietarios a vender, aunque la FGE no ha reportado la recepción de denuncias en ese sentido.

Reclamó que a pesar de los elementos que hay en contra de Duarte Jáquez, el Gobierno federal ha incumplido con el compromiso de solicitar al de Estados Unidos su detención con fines de extradición por las once órdenes de aprehensión giradas en su contra, como parte del acuerdo firmado con el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida el pasado 4 de febrero.

El documento consideraba además la entrega de los 900 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno del Estado; el gobierno de Corral por su parte, se comprometió a no continuar más con la Marcha por la Dignidad que recorrió doce estados del país y a permitir el traslado a un penal federal, del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.

Lo anterior con la condición de que le fuera aplicado el protocolo de Estambul, para confirmar que no ha sido víctima de tortura, como el acusado de peculado lo denunció en su momento, situación que tampoco ha sido cumplida.

Diputados acusan que PGR dejó caer caso Odebrecht

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Diputados del PAN, PRD y Morena acusaron que la PGR dejó caer el caso Odebrecht al actuar tardíamente y dejarse ganar ante el Poder Judicial, por lo que exigieron que dé resultados como se ha hecho en otros países tocados por los sobornos de la empresa brasileña.

Deploraron la forma en que la dependencia evita dar avances en la investigación y no impugna los resolutivos que le impiden judicializar la indagatoria contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha sido señalado de haber recibido los sobornos para canalizarlos a la campaña presidencial del PRI en el 2012.

El vocero de la fracción del PAN, Jorge López Martín, afirmó que la Procuraduría General de la República incurre en omisiones por no actuar con rigor técnico ante las instancias correspondientes para defender su investigación contra el ex funcionario.

Señaló que la institución actúa políticamente y ha abandonado su representación social para defender a la sociedad mexicana de los actos de corrupción.

La diputada de Morena Rocío Nahle consideró increíble que una juez federal le esté dando la razón a Lozoya, mientras que la PGR no es capaz de precisar cómo va su investigación.

Recordó que el año pasado su bancada ganó un amparo que obliga a la dependencia a darle información sobre las indagatorias de Odebrecht, lo cual ha sido desacatado.

Explicó que tuvo una cita con el titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para hablar sobre el fallo, ante lo cual hubo el compromiso de proporcionar la información, sin que hasta la fecha se haya concretado.

Nahle citó que la Fiscalía que lleva el caso en Brasil le informó que todo el expediente del caso lo tenía la Procuraduría, donde está el testimonio de la entrega de los sobornos de 10 millones de dólares y el señalamiento contra Lozoya.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, aseveró que la dependencia federal no va a dar ningún avance sobre el caso durante el periodo electoral porque se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno federal.

Martínez Neri expresó que es inútil pedirle a la PGR que haga su trabajo porque está operando políticamente.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya en la indagatoria que lleva a cabo por enriquecimiento ilícito y cohecho.

Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de distrito en Amparo Penal de la CDMX, concedió al ex director de Pemex la suspensión definitiva contra la judicialización del caso que lleva a cabo la Subprocuraduría de Delitos Federales hasta en tanto no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.

Muestra PGR video de Ricardo Anaya en sus instalaciones

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La Procuraduría General de la República (PGR) difundió a través de Youtube un video que muestra la llegada de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, para entregar un escrito sobre la investigación por un supuesto esquema de lavado de dinero que lo habría beneficiado.

Los hechos ocurrieron el domingo 25 de febrero en instalaciones de la PGR, cuando Anaya entregó un escrito dirigido a Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría, en el que reclamaba la utilización de esa dependencia por parte del gobierno federal para dañar a opositores.

Anaya y su comitiva, en la que estaban Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel y Damián Zepeda, entre otros, fue recibida por trabajadores de la PGR, quienes también recibieron el escrito.

Horas después la PGR emitió un comunicado informando que Anaya había acudido a instalaciones de la Procuraduría “donde se le invitó públicamente, en repetidas ocasiones, a rendir declaración ministerial para lo que a derecho convenga, lo cual fue rechazado por el candidato“.

El panista declaró el lunes en entrevista con varios medios que la PGR mentía al decir que él se había negado a declarar: “se acercó un joven chaparrito, amablemente a preguntar (…) que si yo quería declarara algo más. Le dije, ‘lo que tengo que decir está contenido en mi escrito’ y de manera facciosa, mentirosa, tramposa emiten un boletín de prensa para decir que me negué a declarar. Eso es falso”.

El video difundido por la PGR muestra que unos ocho minutos y medios después de la entrada de Anaya y sus acompañantes llega Mauro Fernando Rodríguez Leóntitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ramo 23, el “cajón de gastos” del gobierno, que aumenta en elecciones y se usa para “castigar”

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El Ramo 23 es “un cajón de gastos, el único que no está regulado por la ley. Ha venido operando desde 2009 tres programas discrecionales, con base en los cuales Hacienda entrega recursos… con criterios no documentados”, señaló Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En la dispersión de recursos identificaron “un sesgo político“, pues “estos gastos aumentan en momentos electorales”. Por ejemplo, en 2011 los estados que más recibieron dinero eran gobernados por el PAN; en los próximos meses de este año, son los estados priistas los que recibirán más recursos.

Retomó el caso de Chihuahua, donde “el gobernador Javier Corral nos permitió ver de manera muy viva cómo se sufre, cómo suceden y cómo se utilizan estos convenios”.

Otro caso es el Estado de México, que aunque históricamente ha recibido más recursos que ninguno, en 2017 “no lo toca el recorte” que a otras entidades sí (como a Chihuahua) y esto coincide con la elección de gobernador; en 2011, con un gobierno federal del PAN, “le fue muy mal” al estado posiblemente porque no había una simpatía política.

En su estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, México Evalúa expuso: “México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública. Todo esto repercute negativamente en la calidad del gasto. Se observa que algunos conceptos y rubros de gasto que podrían clasificarse como “no prioritarios” han aumentado consistentemente, y recurrentemente gastan más de lo que el Congreso les aprobó.

Las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades; tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

El estudio apunta que “más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

Los sobreejercicios con la “caja negra” son una constante: “La Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. Es decir, el Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso

PGR “ya localizó” a empresario “vinculado” con el caso Anaya

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Manuel Barreiro, el empresario queretano supuestamente ligado a una operación de compra-venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. perteneciente al candidato presidencial Ricardo Anaya, fue localizado en Canadá a pesar de una alerta migratoria emitida por la Procuraduría General de República (PGR) el día de ayer en su contra.

No obstante, un Juez federal concedió una suspensión provisional al empresario con lo que ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra. Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo Penal, concedió un amparo a Barreiro y otras personas, cuya identidad se desconoce, para que la PGR no pueda ejercer acción penal contra ellos.

Medios nacionales informaron más tarde que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) citó desde el día ayer a declarar al empresario Manuel Barreiro Castañeda por la presunta red de lavado.

A esa misma PGR se le escaparon en este sexenio cinco ex gobernadores de Partido Revolucionario Institucional (PRI): Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge.

 

Hoy, el candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro SocialAndrés Manuel López Obrador, dijo que es un avance que la PGR haya iniciado una investigación por el posible delito de lavado de dinero contra de Ricardo Anaya, pero pidió que la Procuraduría investigue los presuntos desvíos que involucran a Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu.

La PGR solicitó ayer al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, con el objetivo de mantener vigilados sus movimientos.

El empresario Manuel Barreiro Castañeda está involucrado en el escándalo de supuesto lavado de dinero de la una empresa Juniserra S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Anaya.

El abogado Adrián Xamán McGregor dio a conocer que entre 2016 y 2017, el empresario queretano contrató a sus clientes, de quienes se reservó su identidad, para simular la venta de una nave industrial de la empresa Juniserra S.A. de C.V. a la presunta empresa fantasma Manhattan Masterplant Development.

La empresa de Ricardo Anaya adquirió el inmueble en 10 millones de pesos, y lo vendió en 54 millones de pesos.

Ayer, la PGR informó que investiga el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente efectuadas en una empresa del candidato de la coalición “Por México al frente”.

La dependencia además solicitó al Instituto Nacional de Migración activar la alerta migratoria contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, con el objetivo de mantener vigilados sus movimientos.

Por su parte, el PAN resaltó que Ricardo Anaya Cortés no ha sido “objeto de diligencia alguna y no está acusado de delito alguno”.

El blanquiazul puntualizó que en la “política no hay casualidades”, y que el PRI y el Gobierno federal pretenden crear una cortina de humo para distraer la atención de los millonarios desvíos de recursos señalados por la Auditoría Superior de la Federación revelados esta semana.

INE me persigue como a un delincuente.- Bronco

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Ante las irregularidades que se le han señalado en torno al acopio de firmas para su candidatura presidencial, el Gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez, defendió la validez de sus apoyos y acusó al INE de una persecusión.

Al arribar a la Ciudad de México, Rodríguez fue abordado en el aeropuerto, donde habló de las dificultades a las que se han enfrentado para recabar firmas y que no tienen acceso a la información que ingresan los gestores.

“La aplicación fue una buena idea, sin embargo, ellos no previeron que esa no la manejamos nosotros, nosotros no tenemos acceso a la información que tiene el INE, y esa es una dificultad porque nosotros no podemos saber quién nos hace o no alguna trampa”, argumentó.

Sobre las denuncias que se han interpuesto ante el INE y la Fepade por el acopio de firmas por parte de funcionarios en horario laboral, el Mandatario estatal con licencia señaló que son libres de participar siempre y cuando no empleen recursos públicos.

En cuanto a los reportes de fiscalización del INE sobre anomalías en sus gastos, estimó que gastará cerca de 20 millones de pesos y acusó una persecución por parte del organismo electoral.

Rodríguez fue cuestionado también sobre el planteamiento de que los aspirantes independientes a la Presidencia se unan bajo la figura de uno de ellos.

Es algo que tenemos que platicar”, dijo.

Incluso, señaló que se reunirá el jueves con el aspirante presidencial Armando Ríos Piter y que buscará un encuentro también con la ex panista Margarita Zavala.

Añadió que en esta visita a la Ciudad de México, donde estará hasta el jueves, sostendrá reuniones con empresarios, con jóvenes de redes sociales y que buscará reunir firmas en lugares de encuentro como iglesias y cantinas.

Jaime Rodríguez afirmó que su homólogo de Chihuahua, el panista Javier Corral, es un hablador al que el Gobierno federal calló con dinero.

Sostuvo que la lucha del panista no fue contra la corrupción, sino por recursos económicos.

Aseguró que el chihuahuense chantajeó a la Federación, que finalmente accedió a transferir al Gobierno estatal un adeudo de 900 millones de pesos.