SE CONSTITUYE NODO DE WIKIPOLÍTICA NUEVO LEÓN

La plataforma nacional Wikipolítica ha llegado a Nuevo León con la constitución del grupo denominado “nodo en incubación”, que buscará generar un espacio para todas las personas en el que puedan participar y construir proyectos de participación e incidencia en el ámbito público.

Wikipolítica es un esfuerzo de muchas personas por devolver a sí mismas el protagonismo de la política, privilegiando las ideas y el discurso como fundamentos de la democracia real que queremos para México.

El término Wiki, se utiliza hoy en día como sufijo de plataformas o conceptos que buscan transmitir una idea de horizontalidad y apertura. Esto tiene su origen en la palabra hawaiana WikiWiki que significa informal, sin protocolos, pero también alude a la idea de veloz y sin trabas.




Esta plataforma tiene presencia nacional a través de nodos formales en la Ciudad de México, Jalisco y Baja California Sur, así como nodos en incubación en Chihuahua, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y San Luis Potosí. El rostro más conocido de Wikipolítica es Pedro Kumamoto, quien logró la hazaña de ganar la Diputación del Distrito 10 de Jalisco, con cabecera en Zapopan, a través de una candidatura independiente.

En Wikipolítica, todos los nodos tratan de insertarse en este proceso para transformarlo y construir una vía alterna, en la que lo institucional y lo cívico convivan siguiendo los siguientes principios:

  •  Democracia real: todas las acciones, ideas, propuestas, problemas y liderazgos de la organización se deliberan y se deciden colectivamente.
  •  Respeto a los Derechos Humanos: todas las ideas y acciones de Wikipolítica van en línea con el respeto a la Carta Internacional de Derechos Humanos.
  • Construcción colectiva: todas las acciones y propuestas de Wikipolítica pasan por un proceso en el que todos los miembros de la organización pueden criticar, aportar y discutir.
  • Localismo: nos enfocamos en el desarrollo de proyectos y la discusión de ideas basadas principalmente en los territorios locales, y planteamos rutas de acción desde la vía institucional y la no institucional.




Wikipolítica es un esfuerzo joven en muchos sentidos, que tiene la oportunidad de florecer de la mano de quienes, desde sus propias redes quieran modificar la infraestructura de cómo participamos, de cómo generamos conocimiento y de cómo conquistamos mayor libertad política.

Wikipolítica es la libertad de poder hacer política en red, para atacar en conjunto los problemas de la vida en común. Ahora en Nuevo León, Wikipolítica buscará generar agenda pública a través de dinámicas y proyectos desde la ciudadanía para generar soluciones a problemas que vivimos cotidianamente en nuestro estado.

En el nodo en incubación de Wikipolítica Nuevo León participan liderazgos de distintas organizaciones de la sociedad civil como Ganemos Monterrey, Alianza Cívica Nuevo León, Evolución Mexicana, Praxis Santa Catarina, San Nicolás en Común, Orgullo Juvenil, entre otras.

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DIALOGAN SOBRE LOS DIEZ AÑOS DEL FÓRUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS MONTERREY 2007

Debido a que este año se cumple el décimo aniversario de la celebración de la II Edición del Fórum Universal de las Culturas, la organización ciudadana Ganemos Monterrey dio inicio a una serie de eventos conmemorativos que buscarán revivir el legado de dicho acontecimiento y formular iniciativas que den continuidad a los acuerdos tomados durante los encuentros y diálogos realizados en aquella ocasión.

A la cita acudieron personas que participaron como voluntarios, trabajadores y espectadores del evento y a través de una dinámica grupal, compartieron sus experiencias y reflexiones acerca de lo que significó el Fórum para ellos, cómo transformó sus vidas y lo que ellos esperan que pueda continuarse como legado diez años después.




En la reunión, también se hizo presente Mireia Belil, Directora de la Fundación Fórum Universal de las Culturas, quien envió un videomensaje desde Barcelona. En el video aseguró que a pesar de que el Fórum no es una solución para todos los problemas de la humanidad, contribuye a generar un mundo más justo buscando crear acciones que se transformen en agenda política y que derive en ciudadanos comprometidos con su entorno y su futuro.

La Directora de la Fundación Fórum también recalcó que el evento cambió el entorno, la imagen y la autoestima de Monterrey, y refrendó el apoyo del organismo que encabeza hacia este esfuerzo ciudadano de conmemorar los diez años de la fiesta cultural.

Por su parte José Antonio Hernández Griego, Portavoz de Ganemos Monterrey, dijo que como organización sienten la motivación de impulsar este décimo aniversario por el deseo de reforzar la identidad de la ciudad y generar un serio debate acerca de lo que el Fórum Universal de las Culturas implicó para la capital de Nuevo León, con sus luces y sombras.

Afirmó que la organización sintió la responsabilidad de no permitir que ocurriera lo mismo que en el 2014 con el décimo aniversario del Fórum de Barcelona. A pesar de que la capital catalana fue la creadora e impulsora del evento, los escándalos de corrupción empañaron la imagen del mismo a tal grado, que decidieron guardar silencio para su conmemoración.

Hernández Griego confirmó que, sabiendo todos los problemas y escándalos que también vivió el Fórum en su segunda edición, consideran que debe hacerse un balance justo de lo positivo y lo negativo, y convocaron a una serie de eventos similares donde buscarán dialogar con la ciudadanía y generar una reflexión colectiva que permita a la ciudad reencontrarse con el legado Fórum y generar acciones que contribuyan a que perdure para la posteridad.




Las actividades que Ganemos Monterrey plantea realizar, se llevarán a cabo del 20 de septiembre al 8 de diciembre, como lo fue el Fórum Monterrey 2007, aunque aseguraron que como organización de la sociedad civil, no tendrán capacidad para presentar eventos diarios.

La mayoría de estos, girarán en torno a diálogos con las temáticas que se presentaron hace diez años: Paz y Espiritualidad, Educación, Ciencia y Tecnología, Ciudades y Población, Recursos Naturales, Desarrollo basado en el conocimiento, Cultura de la Salud y calidad de vida, Gobernabilidad y Participación, Derechos Humanos y Justicia, Comunicación, Identidad y Diversidad.

Dichos diálogos se celebrarán en recintos Universitarios, donde se invitarán a expertos en cada temática para que importan una charla o participen en un panel de acuerdo a cada eje del Fórum 2007, retomando las conclusiones realizadas en los diálogos de hace 10 años.

También se planea un festival cultural los primeros días de diciembre, donde las familias puedan disfrutar de expresiones musicales, teatrales, de danza o cinematográficas.

Además, Ganemos Monterrey dio a conocer que existe la probabilidad de celebrar de nueva cuenta el Campamento de la Paz, una iniciativa que reúne a 100 chicas y chicos de entre 13 y 14 años provenientes de 28 ciudades del mundo durante 10 días en los que debaten y trabajan sobre los problemas que nos conciernen a todos.

El objetivo del encuentro es que los campistas compartan y conozcan diferentes opiniones y realidades para encontrar formas de construir un mundo mejor para todos.

El Proyecto Campamento de la Paz nació en Barcelona el 2004 con el primer Fórum Universal de las Culturas, un evento internacional de y para los ciudadanos para trabajar en la promoción de la diversidad cultural, el desarrollo sostenible, y el desarrollo de las condiciones para la paz y la convivencia a nivel local y global.

El Fórum Universal de las. Culturas cuenta con el patrocinio de la UNESCO.

Para ello, Ganemos Monterrey se lanzará a la búsqueda de los empresarios regiomontanos para conseguir los patrocinios necesarios para su realización a finales de 2017 o principios de 2018.

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Fidel: Segunda parte

Este es la segunda parte del especial sobre Fidel Castro aquí en Altavoz. En esta parte vamos a discutir los logros de la Revolución a la luz del 2016.

La semana pasada hablábamos del régimen castrista como característico del comunismo pero especial que merecía un análisis diferente. ¿Pero en cuanto a su economía, como quedó el “escore”?

Me parece que el logro educativo y de salud que conocemos es innegable. En principio, sabemos que no hay sistema perfecto y que en general, América Latina está lejos del nivel de Suecia o Finlandia, pero Cuba no está tan lejos en algunos aspectos.

El problema de Cuba en general es económico que se traduce en un impacto tecnológico. El embargo tiene mucho que ver aquí e históricamente la derecha del continente ha negado u olvidado ese factor que influye mucho.

Alguna vez dijo Fidel, “Los mexicanos conocen más a Mickey Mouse que a Benito Juárez”, el nivel académico cubano es muy superior al mexicano y no porque en México no tengamos gente brillante, sino por la inequidad y la desigualdad social que vivimos.

Sin poner a Cuba como una panacea social, efectivamente tiene cosas que muchos países podemos envidiar. Y aquí es donde va la reflexión, en Cuba usted tiene garantizadas muchas cosas y otras en franca limitación. Es una materia de prioridades y funcionalidades. Probablemente, usted lector, pertenece a la clase media mexicana que tiene acceso a Internet y que ha tenido la posibilidad de estudiar. Usted es afortunado.




En este país tan desigual y disparejo, no todos partimos de las mismas condiciones. Nuestros pobres se hacen cada día más pobres, con pobreza de ingresos, estructural, de seguridad social, etc. Los cubanos no tendrán los ingresos ni el standard de vida de Holanda, pero algo sí le digo, un hijo de un campesino en Camagüey tiene la posibilidad de ser ingeniero, algo que un indígena en la sierra de Chiapas difícilmente pudiera imaginar.

El cubano no sale a la calle pensando si lo van a matar o asaltar como en algunas ciudades mexicanas. No tienen lugares como Apatzingán o Nueva Italia, Michoacán que comparten muchas similitudes con Iraq o Bosnia en los años 90s.

Decía Yoani Sánchez, la bloguera cubana en Nexos, que en Cuba tenía cosas impuestas, que libros leer, que cosas creer o no, que comer o no, que hacer o no. Algunas personas me debatieron el argumento que contesté que fue el siguiente: “Mientras Yoani se queja de un libro o una comida impuesta, en México, nuestros pobres no conocen ni el libro ni la comida”.

El punto aquí no es ni vanagloriar ni criticar a alguien, es valorar el logro cubano en medio del continente más desigual del mundo, donde nuestros niños mueren de hambre y el atraso en casi cualquier aspecto es enorme.

La gran asignatura pendiente del régimen cubano sin duda alguna es la libertad de expresión y de prensa. Confío en que la Revolución tiene que evolucionar en ese marco de derechos humanos; sin embargo, y sin afán justificante, el comunismo ejerce control en medios, no es algo de Castro o algo nuevo.




Aun así, por el mismo bien de Cuba y de su gente, el gobierno debe abrirse a nuevos temas y lo más importante, abrirse a nuevos debates que enriquezcan su proceso como país. Estoy francamente seguro que el pueblo cubano tiene muchas ideas por ofrecerle a su gobierno, ideas que sigan con el ideal de la Revolución, pero con miras del siglo XXI.

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Padre Solalinde: La cara progresista en la política de la Iglesia Católica

A lo largo de la historia, no ha existido estructura con mayor número de adeptos, así como mayor influencia en los asuntos políticos de México, como lo es la iglesia católica. Si bien los esfuerzos emprendidos por personajes como el presidente Benito Juárez contribuyeron a establecer un distanciamiento entre los asuntos del clero y del estado, así como el nacimiento de un auténtico estado laico, es indudable el peso que dicha institución continua ejerciendo en los aparatos estatales.




Sea por medio de figuras de autoridad que establecen una postura rígida frente a los asuntos que competen al poder legislativo (como lo que se presenció no hace mucho con las declaraciones del Cardenal Norberto Rivera en relación a la iniciativa presidencial sobre el matrimonio igualitario); así como a través de grupos fachada defensores de posturas conservadoras (véase Frente Nacional x la Familia o ConParticipación), una considerable parte de la iglesia ha mostrado una defensa por visiones tradicionalistas, contrarias al progresismo predicado en décadas previas bajo la óptica de la teología de la liberación.

No obstante, si bien resulta verdadero lo anteriormente dicho, es cierto que también existe un sector eclesiástico con una concepción más apegada a un progresismo y a una ruptura con el tradicionalismo predicado por variadas congregaciones. Entre los miembros de tal sector, se puede mencionar al Padre Alejandro Solalinde.

Ministro de culto, activista, defensor de los derechos humanos y defensor de los migrantes, Solalinde representa lo contrario al fundamentalismo actual: a una figura religiosa, que si bien se involucra en los asuntos políticos, lo hace bajo el estandarte de la lucha por recuperar la dignidad del prójimo; más allá de contribuir a mantener la influencia eclesial en los asuntos públicos, Solalinde contribuye más como ciudadano que como representante religioso deseoso de mantener su poder en los poderes de la unión.

Fungiendo como un ejemplo de solidaridad y valor en momentos de gran impacto, como la exigencia de que no quedaran impunes los crímenes cometidos en Ayotzinapa y las acciones de políticos como Javier Duarte, Alejandro nos hace recordar aquella teología de la liberación que orientaba hacia un progresismo en la visión del catolicismo.

Igualmente, es la sinceridad, el coraje y la calidez humana lo que distingue a dicho sacerdote de otros personajes relativos a la creencia predominante de nuestro país, los cuales se valen de su estatus para influir en las decisiones que dirigen el rumbo de la nación.

Tal ejemplo es lo que habría de hacer replantear a la iglesia sobre su postura sobre los asuntos públicos, y hacerlos ver lo fundamental que resulta un cambio en sus formas, el cual debería observarse en contemplar a una Iglesia Católica que ya no se entrometa más, de forma directa, en las decisiones de nuestros legisladores, sino que, como lo ejemplifica Solalinde con su acción diaria, actúen de forma directa en los problemas que aquejan a la población.




Es hora de ver, no solo un cumplimiento verdadero del concepto de la separación iglesia-estado, sino que también de apreciar el surgimiento de una iglesia que verdaderamente se preocupa por el bienestar de su prójimo, y en lugar de contribuir a la realización de marchas que buscan limitar los derechos de un determinado grupo, busquen la forma de ayudar a los desprotegidos y luchen por garantizar el cumplimiento de un piso mínimo de dignidad que supuestamente nos garantiza nuestra Carta Magna.

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TIEMPOS DE REFLEXIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA

La salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido vía referéndum popular, el rechazo del acuerdo de paz con las FARC propuesto al pueblo colombiano mediante plebiscito, y ahora la elección popular del candidato por el Partido Republicano, Donald J. Trump, como Presidente de los Estados Unidos de América. ¿Difícil año para la democracia en el mundo?

Este tipo de decisiones, que no han sido ni populares ni bien recibidas por los sectores intelectuales de las poblaciones respectivas de sus países (y diría yo, no solo en sus países, sino en el resto del mundo), han traído severos cuestionamientos a esta forma de gobierno, cuyos orígenes se remontan a la antigua Atenas.

Pareciera ser que después de más 2,500 años de historia y progreso, aún no ha terminado de comprenderse la naturaleza y características inherentes al sistema político más utilizado del mundo.

Es por todos conocido que la democracia parte de una premisa fundamental: La igualdad, misma que en los últimos 100 años ha alcanzado tal importancia que además de ser un concepto ineludible al hablar de cualquier tipo de justicia, incluso se ha reconocido como un derecho humano, inherente a la propia dignidad de las personas.

 




Errónea resultaría la apreciación de esta sola parte del rompecabezas, pues existe otra característica, mucho menos popular y muchas veces difícil de digerir (como en estos casos), que le es inherente al sistema griego: La solidaridad.

La democracia obliga a quienes no fueron mayoría al momento de manifestar su voluntad en una decisión (por ejemplo, una elección popular) a someterse y sujetarse a lo decidido por quienes conformaron la mayoría, sin importar si la decisión cumple con los estándares mínimos aceptables de racionalidad, moralidad e inteligencia.

 




Podrán pensar muchos en que lo anterior le da la razón a los críticos de esta forma de gobierno, pero se equivocan. La solidaridad democrática, antes de constituir una falla, representa una fortaleza porque nos obliga a todos los integrantes de una sociedad a crecer juntos en conciencia, sensibilidad y educación. Impide que un sector de la población más consciente que el resto se aisle del resto de la sociedad y avance por sí solo, pues lo obliga a compartir su progreso intelectual.

Los líderes políticos del Reino Unido, el Presidente de Colombia y el Presidente de Estados Unidos, todos le fallaron a su sociedad. Les faltó trabajar en la educación de la gente, les faltó trabajar en su sensibilización, y les faltó mucha inteligencia a ellos mismos por no anticipar estos resultados.

La democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno en el mundo, y el día de ayer, por tercera vez este año, nos mandó un fuerte mensaje a todos. ¿Ya iremos a responder, o hasta cuándo?

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La crítica, la confrontación de ideas y la democracia

“En una democracia es necesario que la gente aprenda a soportar que ofendan sus sentimientos”

-Bertrand Russell

A raíz de los recientes posicionamientos en contra de las pretendidas reformas al artículo cuarto respecto al matrimonio igualitario, se ha observado una postura, por parte de diversos colectivos, la cual establece que “debe respetarse su manifestación de ideas”, al momento de criticarse esta misma. De esta forma, ante tal situación resulta inevitable recordar algo que, no se ha llevado a cabo desde hace tiempo en nuestro país: la crítica y la confrontación de ideas.

Y es que un sano ejercicio de la libertad de expresión, el cual va de la mano con una democracia real, implica una discusión de ideas, implica además una confrontación por parte de las mismas; por esto mismo, resulta propiamente pobre el terminar, ante una opinión distinta a la que se sostiene, el recurrir al “respeto”, para terminar con dicha discrepancia.

Es necesario recalcar que, respetar las posiciones contrarias en torno a un tema determinado (cualesquiera que sea), no quiere decir que uno deba quedarse callado, sino que el respeto debe referirse más, hacia una valoración de la dignidad de la persona que emite su postura; de esta manera, habría de entenderse el respeto a los posicionamientos opuestos como el no coartar el derecho del otro, ni menoscabar su persona.

Mientras esto prevalezca, no se tendría problema en llevar una discusión, con el fin de desarrollar y enriquecer al intelecto humano, pues más ganamos cada uno de nosotros con una confrontación de ideas distintas, a con un pensamiento uniforme.




Por lo tanto, si queremos conseguir un sentido progresivo de la libertad de expresión, así como de la democracia, es necesaria la creación de más espacios para los debates de cualquier tipo de ideas (religiosas, políticas, sociales), con el fin de generar un intercambio de concepciones sobre distintos tópicos, así como la creación de proyectos ligados al llegar a un punto medio de parte de los participantes en dichas intervenciones.

Igualmente, ante dicha propuesta se implica un avance en el sentido de la tolerancia, entendiéndose esta, como una valoración la cual no impida el ejercicio de la libertad de expresión, ni impida el ver al ser humano como lo que realmente es: un ser que merece un trato digno, sin importar su etnia, ideas, orientación sexual o religión.

Asimismo, el progreso en la libertad de expresión, implica algo que no ha llegado a ver en su totalidad el país: una crítica autentica, hacia el gobierno en turno. Esto, se entendería como el tener todos los medios disponibles (televisivos, de radio, etc) para poder establecer una crítica (también, por qué no, una sátira) real hacia los poderes de la unión, sin temor a ser censurado.




Finalmente, al considerar esta libertad de expresarse, de criticar y de confrontar, se podrán ver materializados los frutos de este derecho, lo cual se traduce a la concepción de una democracia más sana, más congruente, en la que no solo se respete la libertad para explayarse del otro, sino que se consagre el ciudadano a aquella máxima (equivocadamente atribuida a Voltaire) de la autora Evelyn Beatrice Hall: “No estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”.

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LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA

Más que un insulto, se trató de una mirada condescendiente que mezcló pobreza, raza, e ignorancia. En una cena en casa, uno de los invitados se refirió despectivamente hacia los africanos. El comentario no duró cinco segundos, pero fue suficiente para que decidiera, en ese momento, que esa persona no volvería, pues no abalaría ni aprobaría, ni siendo ni dejando ser, el racismo en cualquiera de sus formas.

La decisión la tomé allá por 2002, y me hizo descubrir lo que luego llamé la “Paradoja de la Tolerancia”: la mejor forma de contribuir a la construcción de un mundo más tolerante, es denunciando pública y enérgicamente a los intolerantes, entre ellos, por supuesto, a los racistas.

Que no se malentienda: mi lucha es por un mundo más tolerante, y si existiera otra forma de contribuir activamente a ese ideal, la promovería. Hoy, retomo este tema en el contexto de la discusión sobre la familia diversa en México, y lo hago en dos partes: primero recuerdo algunos de los hechos que han acontecido recientemente al respecto; luego, golpeo en el Talón de Aquiles del movimiento.  

Los hechos

El 17 de mayo de 2016, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa federal conocida como de “matrimonio sin discriminación”. La misma busca modificar el primer párrafo del artículo 4 de la constitución, para garantizar que cualquier persona mayor de 18 años, residente en México, pueda casarse sin ser discriminada por cuestiones étnicas, de género, de discapacidad, por su condición social, su salud, su religión, o sus preferencias sexuales, entre otros.

También propuso un decreto para reformar el Código Civil Federal para asegurar el “matrimonio igualitario”. Algo de Pink Washing Político – estrategia marketing que consiste en mostrarse gay-friendly para ganar simpatía ante la opinión pública y desviar así la atención sobre otros problemas – hay en las iniciativas, pero igual, existen criterios jurídicos que obligan al gobierno a moverse en esa dirección.

 Por un lado, es innegable que existe discriminación entre los gays residentes en los estados en donde sí se reconoce el matrimonio igualitario (Campeche, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, y Quintana Roo), y en los que no.

México es una federación, y cada Estado posee un código civil que regula la cuestión del matrimonio. Pero el acceso a los derechos no puede ni debe variar en función del Estado de residencia. ¿Qué sucede con las parejas legalmente casadas en un Estado que se mudan a uno en donde su matrimonio no es válido?

Por el otro, la Resolución de Jurisprudencia 43 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (12/06/2015) señala que no es idóneo, en términos constitucionales, defender que la finalidad del matrimonio es la procreación.

Es entonces imposible vincular los requisitos del mismo a las preferencias sexuales, pues se excluyen injustificadamente del acceso al matrimonio (con ello se discrimina) a los gays. En los principios de igualdad ante la ley de las que se inspiran las sociedades modernas, la discriminación basada en la orientación sexual está prohibida.

Por lo tanto, ningún juez en México, incluso en un Estado en donde no se permite el matrimonio igualitario, puede negar ese derecho. En ambos casos, la acción del gobierno federal es pertinente y necesaria, y la misma deberá ser discutida en el congreso mexicano en un futuro cercano.

Ahora bien, a fines de agosto de 2016, la “Coordinadora Nacional Pro Familia” anunció que el movimiento mexicano contra el matrimonio gay, aglutinaba 250,000 firmas. Se advierte que la inclusión de la “ideología” de género en la educación de los niños y adolescentes, y la inclusión de México en la lista de países que desean promover esa “ideología” a nivel mundial, genera problemas.

Marcial Padilla, Director de la Asociación Conciencia y Participación, señaló que “la ideología de género es una forma de oponerse a la biología, donde el género de una persona se describe como un hombre o una mujer, sin embargo, con la nueva ideología se establece que los seres humanos son una entidad psíquica y pensante”.

Indica el movimiento que la sociedad debe saber que el gobierno federal planea entregar a niños en adopción a parejas del mismo sexo, incorporar el divorcio exprés, eliminar los exámenes prenupciales, y permitir el cambio legal de sexo a cualquier ciudadano.

Los que defendieron las manifestaciones adujeron que no se trataba de una actitud homofóbica, sino que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos y a incidir sobre el contenido de los libros de texto educativos. Al fin y al cabo, México es una democracia; el respeto a la diversidad, que tanto defienden los gays, debe ser una actitud que va en ambas direcciones, pues existe libertad de pensamiento.  

El pensamiento

Antes de continuar, desearía aclarar que “género” no es una ideología, sino un campo de estudios interdisciplinario académico-científico, compuesto por diversas corrientes teóricas, en donde se incluye, en efecto, estudios LGBT y, a veces, la sexualidad, pero en donde también se desarrollan estudios feministas y sobre masculinidad. No se necesita un PhD. para saber esto: esta definición viene de Wikipedia y la obtuve googleando “teoría de género”.

Existe, además, una serie de resoluciones internacionales y de documentos para proteger a la comunidad LGBT, porque se le vulneran una serie de derechos humanos, entre los que se encuentra, precisamente, la discriminación en relación al acceso de servicios básicos como la vivienda y la asistencia sanitaria. Cualquier intento del Gobierno Federal por cambiar el artículo cuarto de la constitución, para adecuarlo a las normas internacionales en la materia, no es mera coincidencia, como se verá más adelante.

A nivel internacional, se acepta hoy que la orientación sexual forma parte de la dignidad de la persona. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que se trata de una parte fundamental de la vida privada de las personas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la misma forma también parte del concepto de libertad y del derecho de auto-determinación individual.

Los Principios de Yogyakarta (Indonesia, 2007), que buscan facilitar la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, indican, en su principio # 24, que “toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y responsabiliza al Estado para crear el contexto normativo que lo permita.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas, y en los tratados internacionales en la materia.

Es decir, sabíamos que la tierra es redonda y que somos nosotros los que damos la vuelta alrededor del sol. Ahora, nos enteramos que existen diversas configuraciones familiares, que existen derechos internacionales (que México, por cierto, ha firmado), y que los Estados deben actuar para proteger.  

Claro, con un poco de perspicacia, se podría señalar que el famoso artículo 4 no aborda la cuestión del “matrimonio”, y aunque sí hace referencia a la “familia”, en ningún lado se indica que el mismo debe ser obligatoriamente entre hombre y mujer. Entonces, si se desean defender los derechos de los heterosexuales, habría que cambiar la constitución para que restrinja claramente este derecho. El asunto, precisamente, es que no se puede restringir el acceso a la familia. Sería inconstitucional.

También se podría señalar que al ser el matrimonio un concepto religioso, se debería poder preservar la integridad de la institución. Es decir, la unión entre personas del mismo sexo podría llamarse “Unión Civil” o cualquier otra analogía. Al fin y al cabo, si se pide respeto: ¿Por qué no darlo? ¿Y qué más da si se le cambia el nombre con tal que elimine la discriminación?

Ahora bien, el susodicho artículo 4 indica que todos tienen derecho, además de la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable, a la cultura, a vivienda digna y decorosa, y a una alimentación sana, a decidir sobre el número y ritmo de los hijos. Confiere también al Estado la labor de cumplir con el principio de interés superior de la niñez (los derechos de los niños pasan primero). Y este es el meollo del asunto. No es una cuestión religiosa: es una cuestión de educación.  

Como el matrimonio está a la base de la familia, la cual es el entorno de la niñez, entonces si se desea proteger la infancia, se debe evitar que las uniones entre personas del mismo sexo sean consideradas “familia”, para lo cual se debe impedir el matrimonio igualitario. Como los mismos manifestantes lo dicen, no se trata de discriminar a parejas gays, sino de proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Claro, no hay discriminación, solo preocupación: no vaya a ser que “se les pegue” esa “condición”, que se “vayan a confundir” por tener ese tipo de “modelos”, o que vayan a ser víctima de acoso en las escuelas (porque claro, la sociedad va a continuar siendo igual de intolerante). Pero no es discriminación. Y aquí es en donde el argumento cae por su propio peso.

Este movimiento lo que intenta es preservar el “derecho” de esos padres para educar a sus hijos de forma tal que no sean gays. O a evitar que haya “mal suertudos”, infantes dados en adopción, que podrían caer en ambientes gays. Tal vez no todos lo ven así, pero sospecho que muchos sí adhieren implícitamente a esta idea.

En el momento en que se defiende la idea que los gays no nacen, sino que se hacen, se asumen posturas homofóbicas en donde sí se discrimina. Un homosexual, no es, digamos, como un gordo, el cual, en la gran mayoría de los casos, no nace, sino que se hace (excepción hecha a casos de tiroides o de metabolismos lentos).

Un gay nace y, si se le respeta su derecho de auto-determinación y a su privacidad, vivirá su vida gay, bien gay, aunque haya sido educado en un ambiente heterosexual. Lo contrario también es cierto: así como lo heterosexual no es contagioso, lo homosexual tampoco lo es.  

Conclusión: me declaro en contra de la ideología de la gordura

Quisiera yo que esta columna fuera una pérdida de tiempo, que no sirviera para nada. Pero no es así. Todavía falta mucha educación, aunque la paradoja de la intolerancia no nos deja mucho espacio para caminar hacia atrás. Señalo que me declaro en contra del matrimonio entre las personas obesas. No es natural tener sobrepeso. La ciencia es clara sobre cuál es el índice de grasa corporal “normal” y saludable.

Además, y sin tomar en cuenta el “bullying” al que pueden ser expuestos en las escuelas los niños de condición redonda, todos sabemos que por comer chatarra se contraen enfermedades crónicas incurables, como la diabetes. ¿No castiga así “Dios” la gula? El objetivo primero de la alimentación es nuestra supervivencia.

 

 

Comamos entonces sencillito, en las proporciones recomendadas. Y no nos hagamos de la vista gorda: en varias partes de la Biblia se intuye que la gordura es pecado. Para muestra varios ejemplos: bebedores y comelones empobrecerán; el hijo glotón es vergüenza de su padre; no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen; y la habilidad de decir “no”, el “auto-dominio”, es uno de los frutos del Espíritu.

¿Quién ha visto a un Jesús regordete? Nadie, porque nuestro Cristo es flaco. Así lo quiso nuestro Señor. Y como él también quiere que seamos a su imagen y semejanza, entonces todos debemos ser delgados. Imagínese la degeneración de un mundo en donde infantes, inocentes criaturas, se contagien de la gordura de sus padres.

La paradoja de la intolerancia me lleva hoy a ponerle un alto a los eufemismos, y a llamar las cosas como son. Tolerar la homofobia escondida detrás de la defensa de la “diversidad del pensamiento” es dar un paso atrás. La “ideología de género” que tanto incomoda, es la misma que censura la ablación de clítoris (por razones culturales o religiosas) en Asia y África.

Comencemos a defender los relativismos culturales, y perderemos entonces los avances universales que hemos alcanzando durante el siglo XX, y que diferencian el mundo moderno de otras etapas de la historia humana. Hoy, debemos denunciar la intolerancia para parar su progreso. Por cierto, se me olvidaba aclarar: no soy “gordofóbico”: no tengo nada en contra de los gorditos.

De hecho, tengo varios amigos y amigas con ese estilo de vida (o “condición”). Los quiero mucho, (no los promuevo, pero) los tolero e, incluso, los respeto. ¿O ahora resulta que no puedo ejercer mi “derecho humano” a no estar de acuerdo con la “ideología” de la gordura?    

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México, octubre de 2016

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¡Cuidado, México! La guerra puede empeorar




Ha pasado ya una década desde que empezó la guerra contra las drogas en México, y vaya que hemos sufrido las consecuencias. Oficialmente, se estima que entre 2007 y 2014 fueron asesinadas más de 164,000 personas y, para que se den una mejor idea de la magnitud de esta cifra, lo pongo en el siguiente contexto: en Afganistán e Irak fueron asesinadas 103,000 personas en total durante ese mismo periodo [1].

Aunque a paso de tortuga, todo indica que el mundo occidental está abriéndose al debate de estrategias alternas. La guerra contra las drogas no se puede ganar, y esto ha sido evidenciado en el estable incremento de consumo de narcóticos. Un número cada vez mayor de académicos y políticos busca que se le atienda como un tema de salud pública, y no de defensa nacional [2].

Enrique Peña Nieto se abrió al debate [3], pero el gobierno mexicano ha mantenido una postura bastante conservadora, lejos del ejemplo del ex-presidente uruguayo, José Mujica [4]. Pero a esta administración le quedan dos años, y por eso es importante conocer las posturas de quienes pretenden sustituirla. Si no tenemos cuidado, la guerra pudiera ponerse peor.

¿Cómo es que nuestra situación actual puede empeorar? Es cuestión de mirar hacia Filipinas. Filipinas ya tiene tiempo con problemas de drogas; de acuerdo con la ONU, en 2012 este país era el mayor consumidor de metanfetaminas en Asia del este [5]. La guerra contra las drogas en este país apenas va por su tercer mes, y se estima que la cifra de muertos fue de casi 1,800 personas en sus primeras siete semanas [6].




El presidente, recientemente electo, Rodrigo Duterte, es conocido a nivel internacional por sus comentarios desatinados, como: “estaba enojado porque la violaron (…) Pero era tan bonita, que [Duterte] debió haberlo hecho primero. Qué desperdicio.” [7] O, la semana pasada, cuando llamó al presidente Barack Obama “hijo de perra,” provocando la cancelación de su reunión en Laos [8].

Además de ofrecernos titulares escandalosos, este hombre también sirve como una advertencia para México. Las tácticas de guerra de Duterte deben ser evitadas por nuestro país a toda costa. En Filipinas se le ha dado libertad a autoridades y civiles de matar bajo el cobijo del ejecutivo a quienes se sospeche de comercializar o consumir drogas.

A Duterte no le interesan los derechos humanos y ha sido vocal al respecto, ignorando las protestas de la comunidad internacional [9].

Dejemos de lado la cuestionabilidad de la misma guerra contra las drogas, además de las violaciones a los derechos humanos que la estrategia particular de Duterte implica, la falta de un debido proceso judicial pone en duda la criminalidad de los asesinados. Cómo confiar en policías y justicieros que no se basan en evidencias sólidas al fijar un objetivo. Cómo respaldar una estrategia que puede llegar a camuflajear de heroísmo alguna vendetta personal. Es una estrategia explosiva, y no cabe duda que los estragos de la misma se dejarán ver en los próximos meses.

A pesar de esto, Duterte cuenta con la aprobación de la mayoría de los filipinos; del 91% para ser exactos [10]. El pueblo mexicano debe rechazar a candidatos con propuestas parecidas a las de Duterte. La guerra debe terminar ya, y una táctica así la prolongaría indefinidamente.

Analicemos con cuidado a los presidenciables, desde hoy, vigilemos las posturas que tienen ante la guerra contra las drogas. Apoyemos a un candidato que abogue por el diálogo y el debate, y que base sus decisiones en investigaciones científicas; un candidato que pretenda limpiar y reforzar el sistema judicial, en lugar de hacerlo a un lado; un candidato que sea incluyente y que busque parar esta guerra que vamos perdiendo desde hace 10 años.




[1] Jason M. Breslow. “The Staggering Death Toll of Mexico’s Drug War.” PBS. 27 julio 2015. http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-staggering-death-toll-of-mexicos-drug-war/.

[2] Eduardo Porter. “Numbers Tell of Failure in Drug War.” The New York Times. 2 julio 2012. http://www.nytimes.com/2012/07/04/business/in-rethinking-the-war-on-drugs-start-with-the-numbers.html?_r=0.

[3] Presidencia de la República. “Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana.” 21 abril 2016. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conclusiones-del-debate-nacional-sobre-el-uso-de-la-marihuana-29292.

[4] Gerardo Lissardy. “José Mujica sobre la legalización de la marihuana: ‘Los retrógrados se van a asustar’.” BBC Mundo. 7 mayo 2014. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140506_uruguay_entrevista_jose_mujica_jgc.

[5] Manuel Mogato y John Chalmers. “As Duterte takes over in Philippines, police killings stir fear.” Reuters. 29 junio 2016. http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-killings-idUSKCN0ZE300?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=
Social&utm_campaign=
Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
.

[6] Rishi Iyengar. “Almost 1,800 People Have Died in Seven Weeks in the Philippines’ War on Drugs.” Time. 23 agosto 2016. http://time.com/4462382/philippines-duterte-1800-killed-drug-war/.

[7] Travis M. Andrews. “Leading Philippine presidential contender: Gang rape victim ‘so beautiful’ he wishes he had ‘been first’.” The Washington Post. 18 abril 2016. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/18/leading-philippines-presidential-contender-gang-rape-victim-so-beautiful-he-wishes-he-had-been-first/?tid=a_inl.

[8] Sheena McKenzie y Kevin Liptak. “After cursing Obama, Duterte expresses regret.” CNN Politics. 6 septiembre 2016. http://edition.cnn.com/2016/09/05/politics/philippines-president-rodrigo-duterte-barack-obama/

[9] Simon Lewis. “U.N. Experts Condemn Duterte’s ‘Incitement to Violence’ in the Philippines.” Time. 7 junio 2016. http://time.com/4359466/un-duterte-philippines-incitement-violence/.

[10] Miguel Syjuco, “This Is Why Philippine President Rodrigo Duterte Will Get Away With Murder.” Time. 16 agosto 2016. http://time.com/4453587/philippines-rodrigo-duterte-dictator-impunity-marcos/.

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LA DICTADURA HETEROSEXUAL

Este sábado 10 de septiembre es la marcha nacional organizada por el “Frente Nacional por la Familia“, entre comillas, porque no se están manifestando a favor de ella, sino en contra de todas las familias.

Las personas que promueven este tipo de marchas no se manifestan por “sus derechos”, sino en contra de los de otras personas.

Si un grupo de hombres saliera hoy a manifestarse en contra del voto de las mujeres y promoviera una iniciativa de ley para removerlo, ello no sería manifestar una opinión, sino promover un discurso de odio por razón de género. El caso de ahora es el mismo, pero con discriminación por orientación sexual.

Se habla de una “dictadura gay” que viene a “meterse con nuestros hijos”, cuando al parecer la “dictadura” real es la heterosexual.

En México, la Suprema Corte se tardó, pero ya declaró inconstitucional la norma que prohiba a las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Este criterio es jurisprudencia obligatoria.

Asimismo, la Corte también declaró en jurisprudencia obligatoria la inconstitucionalidad de la norma que incluya la procreación como finalidad del matrimonio.

No obstante lo anterior, aún hay personas que eligen discriminar y odiar sin fundamento real.

El Frente quiere promover una iniciativa de ley para impedir a las personas del mismo sexo casarse y formar una familia. Ésto sería totalmente inconstitucional y no tendría validez, por lo que el “esfuerzo” es inútil.

Se supone que el Frente está “armado” con abogados y abogadas. Si ésto es cierto, seguro están conscientes de que su iniciativa discriminatoria no tiene sentido. ¿Por qué insisten en meterse en la vida de las demás personas aun y sabiendo que no van a lograr nada?

¿Realmente es la comunidad LGBTTTIQ la que se está metiendo con sus hijos e hijas? ¿O son las mismas personas del Frente quienes les están inculcando abiertamente la desigualdad a sus propios hijos e hijas, adoctrinándoles para pensar que la ciudadanía no es única, sino que se divide en clases?

La lucha por los derechos de las personas LGBTTTIQ es la batalla de los derechos civiles de nuestro tiempo: estas personas no son ciudadanas de segunda clase frente a las personas heterosexuales. Se trata de derechos humanos, no de privilegios, como este Frente se ha empeñado en difundir.

Si las personas heterosexuales tienen derecho a casarse con la persona que aman, buscar lo mismo para las personas homosexuales no es privilegio, es igualdad de derechos.

Exactamente lo mismo es con la adopción. No es posible que una persona soltera pueda adoptar, pero si resulta que esta persona soltera es homosexual, automáticamente pierde su derecho.

Está comprobado científicamente (por estudios de la Universidad Clark de Massachusetts, la de Melbourne, la de Cambridge, la de Washington, etc.) que los niños y niñas que crecen en una familia de una pareja del mismo sexo tienen el mismo nivel de desarrollo que los de una familia de una pareja heterosexual.

Se ha comprobado (según estudios de la Universidad de California, de Padova, de Lethbridge, etc.) que la homosexualidad no es una decisión, sino una combinación de factores epigenéticos, hormonales y ambientales.

Empero, si la orientación sexual de una persona es una cuestión biológica o una decisión es irrelevante porque si resultase que indubitablemente es una decisión, esto no le quitaría sus legítimos derechos.

La conversación no debe girar en torno a si la orientación sexual es biológica o no, sino en torno a si todas las personas tenemos los mismos derechos humanos, independientemente de nuestras condiciones biológicas y de nuestras decisiones de la vida diaria. Y la respuesta es sí: sí tenemos los mismos derechos y hay que respetarlos.

Las parejas del mismo sexo no se meten con los derechos de las parejas de distinto sexo; tampoco se meten con sus hijos e hijas. ¿Qué les hace creer a las personas heterosexuales que tienen ese derecho? No lo tienen.

El problema no es el entorno familiar de la niñez que vive con una pareja homosexual, sino el estigma social y la discriminación que estas familias sufren por parte de la sociedad heteropatriarcal.

De acuerdo a varias disposiciones de la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las conductas discriminatorias en las que incurre el Frente pueden ser materia de sanciones administrativas y de medidas de reparación, además de ser violatorias de la Constitución federal.

Resulta preocupante que se esté promoviendo un discurso de odio en las calles, pero es más preocupante aún que esta homofobia que mata –porque sí mata– se esté promoviendo dentro de casa.

La niñez no peligra con el reconocimiento ni la promoción de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ, la niñez peligra con la tolerancia a la homofobia y, en general, a todo tipo de discriminación y de odio.

mariasantosv.blogspot.mx

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”