Dimes y Diretes: “Orange is the New PRI”

Que sorpresita nos llevamos el día de ayer en la mañana con la noticia que Rodrigo “Golden Boy” Medina había sido internado en el Penal del Topo Chico. Para muchos algo que iba a ser imposible ha logrado (no podemos celebrar eso si) Medina estuvo por un tiempo detrás de las rejas.

Para el medio día de ayer ya teníamos una foto de “Rorro” Medina vestido de naranja, confirmando así que el naranja es el nuevo PRI.

Haga por favor sus cuentas, y hasta el momento de todos los ex gobernadores y gobernadores acusados de corrupción, son en su gran mayoría priistas o lo fueron, pues ya Javier “Ñoño” Duarte, por ejemplo, fue expulsado del partido.

Muchos de los acusados de corrupción y hasta asesinatos, son o fueron parte del “Nuevo PRI” que tanto presumió Enrique “Henry Monster” Peña Nieto en un programa de televisión.

Creo yo que nuestro querido Presidente necesita cambiar su frase, y poner que por definitiva el naranja es el nuevo PRI. Todos estos gañanes acusados de corrupción deberían de estar vestidos de naranja y tras las rejas, como Guillermo Padrés y ahora Rorro Medina. ¿Pero qué pasa? Simplemente el partido no los quiere soltar, no los quiere entregar, en especial a “Ñoño” Duarte.

Pero en fin, así las cosas con el PRI Naranja. Pero muy aplaudible las acciones de la Sub Procuraduría Anticorrupción del gobierno de “el Bronco”, pero en definitiva esta es una victoria para la ciudadanía de Nuevo León, que durante todo el gobierno no ha quitado el dedo del renglón y sigue exigiendo que Medina y sus secuaces sean encarcelados.

Eso sí, no cantemos victoria hasta que en verdad Rorro y sus ex colaboradores estén donde deben de estar, en una cárcel.

¡Ahí Se Leen!

*Título Crédito: Roberto Gallardo

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

Más libertad, por favor




Después de una incansable lucha por reconocer y transformar el sistema penal conforme a estándares internacionales de derechos humanos, en junio de 2008 se aprobó la Reforma Constitucional en materia penal. Específicamente fortaleciendo el sistema en seguridad y justicia. Dicha reforma consistió principalmente en pasar de un sistema inquisitivo (considerado obsoleto) a uno acusatorio.

El Poder Legislativo determinó que la entrada del nuevo sistema tendría un plazo de ocho años. Plazo que hace dos meses expiró, dando entrada formal al nuevo sistema acusatorio.

Además de entrar en vigor de la reforma en todo el país, también se aprobó en el mismo mes la Ley Nacional de Ejecuciones Penales (LNEP), la cual tiene como objetivo restaurar la administración y operación de los Centros Penitenciarios, y sobre todo procurar la reinserción de las personas privadas de la libertad, la cual consiste principalmente en la capacitación de áreas: sociales, deportivas, educativas, de salud y trabajo, atendiendo en todo momento al respeto de los derechos fundamentales del interno(a).

LNEP contempla dos beneficios que se le pueden conceder a las personas privadas de la libertad; los cuales son la libertad condicionada y la libertad anticipada (1).

Para poder acceder a cualquiera de alguno de los beneficios penitenciarios las y los internos deben de cumplir con una serie de requisitos, entre los que se encuentran: que no exista un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, tener buena conducta, cumplir con el plan de actividades, haber cubierto la reparación del daño, y no estar sujeto a otro proceso penal.




En el caso de la libertad condicionada, haber cumplido con la mitad de la pena y para la libertad anticipada haber cumplido con el setenta por ciento de la pena impuesta en caso de delitos dolosos y la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.

Para ambos beneficios se tiene como limites los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Es decir, las personas que fueron sentenciadas por un delito de alto impacto, no puede acceder a ningún beneficio penitenciario.

En los últimos días se desató una serie de noticias en periódicos importantes de la región con titulares cómo: “Liberarán a mil 987 reos”, “Alcalde discrimina a reos”, “Acuerdan ver casos de reos que serían liberados”; En primer lugar, referirse como “reos” a una persona que esta privada de la libertad, es discriminatorio y despectivo, los términos correctos son: persona privado de la libertad o interno(a); y en segundo, las y los jueces no liberan por liberar.

El objetivo de los beneficios penitenciario es lograr disminuir la sobrepoblación y el hacinamiento que existen actualmente en las prisiones mexicanas, el cual fue provocado por el uso desmedido de la prisión por parte los operadores del sistema. La sobrepoblación y el hacinamiento se traduce a problemas cómo: el autogobierno, malas condiciones de vivienda e higiene dentro de los Centros, desigualdad, abuso de poder, y violaciones a derechos humanos, esto por solo mencionar algunos.

Cuando una persona privada de la libertad ha demostrado que está plenamente interesada en su reinserción social, y ha trabajado arduamente en su plan de actividades durante el tiempo solicitado, claro que se le debe conceder un beneficio penitenciario.

Atendiendo a la concepción del sistema de justicia penal y su finalidad.

El sistema de justicia penal, no es para castigar y quitarle todos los derechos a una persona que se le fue impuesta una sanción por cometer un delito. Es para reinsertar y vincular a una persona en la sociedad, no alejarlo(a) de ella.

Si pensamos lo contrario, entonces no estamos conscientes que nosotros(as) también somos parte del problema. Por lo tanto, si una persona demostró durante un tiempo considerable que ha trabajado para lograr su reinserción, ¿por qué no concederle su libertad anticipada? Si la finalidad del sistema penal no es castigar por castigar, es reinsertar a la persona a la sociedad.

Al hablar sobre las cárceles es importante comprender y observar la situación que se vive. Una realidad que lamentablemente existe en un mundo donde no debería.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) monitoreando el desarrollo del sistema penitenciario en el Estado de Nuevo León ha determinado dentro de sus resultados, cómo a través del tiempo nuestro sistema ha ido decayendo cada vez a nivel estratosféricos.

En el año 2006 se contaba con una calificación de 7.27 (considerándose “buena”) para nuestras cárceles, para el año 2010 se obtuvo un resultado de 7.02 y a tan solo dos años después se bajo hasta 5.81, terminando para el 2014 con una calificación de 5.2. (considerándose muy mala) (2)

Del último diagnóstico realizado al Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, la CNDH le otorgó una calificación de 5.72, exponiendo en dicho informe, el problema sobrepoblación, hacinamiento, la mala separación entre mujeres y hombres, así como la separación en área de ingreso, C.O.C., talleres, áreas escolares, servicios médicos, entre otros.

De igual forma, se obtuvo calificaciones de 5.59 en prevención de delito y atención de actos violentos dentro del penal, 5.57 en prevención y atención de la tortura y 4.23 en la remisión de quejas de violaciones a los derechos humanos de los internos ante la instancia competente. Sobre los aspectos para garantizar una vida “digna” dentro del Penal, se encuentra con una calificación de 2.27 en condiciones de materiales e higiene de las instanciales para alojar internos, es decir dentro de los dormitorios. (3)

Además no hay que olvidar los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, el 11 de febrero y 1 de junio de 2016. En donde en el primero 49 internos perdiendo la vida, y en el segundo, 3 personas y 19 resultaron heridos. Eventos que solo reflejan la situación preocupante de un sistema penitenciario plagado por la corrupción y violencia.

La responsabilidad y manejo de los penales le corresponden directamente al gobierno del Estado, el cual es el encargado de garantizar las condiciones necesarias para que una persona pueda vivir dignamente dentro de prisión. Por ello, es indispensable conocer y comprender la grave situación de los centros penitenciarios, sobre todo en Nuevo León.

Los acontecimientos ocurridos y las condiciones faltales que existen dentro del penal Topo Chico, son solo el resultado de una mala administración por parte de las autoridades. Además de la fuerte presencia de la delincuencia organizada, la cual en ningún momento ha sido fiscalizada.

Es indispensable recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar todos y sin excepción alguna los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, entre los que se encuentran derecho a una vida digna, libertad e integridad personal, y su seguridad dentro de los penales.

¿De qué sirve que las cárceles estén repletas de personas si su finalidad no se logra? Debemos de dejar de tener la mentalidad que la única manera en que una persona puede cumplir con su sanción es la pena privativa de la libertad, ese pensamiento solo ha ocasionado la creación de una sistema pesado y poco efectivo.

Debemos optar por la justicia restaurativa, y/u otras sanciones (4) las cuales sí reparen a la víctima u ofendido, así como procuran la reinserción verdadera de la persona privada de la libertad.

(1) Los beneficios penitenciarios consisten en: se le concede a una persona privada de la libertad para que pueda salir antes de cumplir su sentencia, dichos beneficios contemplan una serie de requisitos y limitantes, así como reglas para su revocación en caso de incumplir con alguna de los impuesta por las y los jueces de ejecución.

(2) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(3) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Diagnostico por Entidad Federativa, 2014. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2014.pdf; http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21

(4) Pueden ser: multa, trabajo a beneficio de la comunidad, inhabilitación, suspensión y privación de derecho, caución de no ofender, amonestación, publicación especial de sentencia, confinamiento, suspensión, disolución o intervención de sociedades, prohibición de realizar determinados actos, pérdida a favor del Estado.

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Dimes y Diretes: “¿Qué sucede en el Topo Chico?”

El lunes en la noche se dio un nuevo caso de violencia en el Penal de Topo Chico, el tercer en menos de un año y el tercero en la administración del gober, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”.

El mal manejo de los medios de la situación se hizo notar en instantes, pues comenzaron a reportar muertos y heridos. También las críticas no esperaron y varios diputados sobre todo del partido tricolor cuestionan la competencia del gobierno dentro de los penales del estado… ¿Es en verdad un problema nuevo?

Desde antes de que iniciara el gobierno de Jaime, el problema de los penales era más que sabido por todas las autoridades. Los penales en Nuevo León eran ya desde el gobierno de Medina una bomba de tiempo, cuestión que poco le preocupo al “Golden Boy” durante su mandato. Las cosas vinieron a estallar con Jaime y por más que se ha hecho desde el lamentable incidente donde 49 personas perdieron la vida, los intentos de motín persisten.




¿De quién es la culpa? Le puedo comentar estimado lector que la culpa ya no es del gobierno del “Golden Boy” Medina, la responsabilidad ya recae 100% en “el Bronco” y su gobierno. Es hora que se hagan ya modificaciones contundentes en el Penal de Topo Chico, sino incidentes cómo el de la noche del lunes continuaran sucediendo y no dudemos que en el futuro haya una tragedia como la del pasado mes de febrero donde 49 personas perdieron la vida.

Entre las soluciones que deben de implementarse es reducir la cantidad de presos en el penal, esto se puede lograr haciendo transferencia de reos a otros penales del país.

También se deben de separar los reos de alta peligrosidad de otros que cometieron delitos menores o que siguen en proceso penal y no han sido sentenciados.

Otro de los temas que se habla mucho es la cantidad de custodios, es hora que el gobierno de “el Bronco” se deje de cosas y comience a incrementar la cantidad de custodios en el penal, pues actualmente se ven rebasados por la cantidad de reos.

Finalmente a ponerse a jalar en el nuevo penal en Mina, que no quede todo en simples palabras.

Buen miércoles.

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Dimes y Diretes: “No que no tronabas pistolita”

¡Por fin! ¡Estamos cerca! ¡A todos les llega su hora! Margarita “Margará” Arellanes, mejor conocida como la diva regiomontana ha sido vinculada a un proceso penal en su contra por la contratación de una firma de abogados por un costo de $7.5 millones de pesos. Con esto se hace historia en Nuevo León, pues en ningún otro momento del pasado había sido un alcalde y su equipo vinculados a un proceso legal.

Ocho horas tuvieron que pasar para poder saber cuál era el futuro legal de la diva regiomontana. Pero parece que no tuvo ni cómo defenderse, a pesar de que hace unos días había acogido a los beneficios del Artículo 20 para no declarar, el día de ayer esto ya no le funcionó y probablemente anoche estuvo escuchando en sus sueños el sonido de las rejas.

Lo que demuestra este triunfo, no para el Estado, sino para los ciudadanos que buscamos justicia en Nuevo León, es que los casos sí están bien cimentados y que es muy probable que a finales de este mes estemos escuchando que Rodrigo Medina y otros miembros de su gobierno estén igual, soñando con el Penal del Topo Chico, o el de Apodaca, no sabemos.

Lo que sí sabemos, es que ahora nosotros, tendremos que estar muy al pendiente del proceso en contra de Margará, pues resulta que tiene que estar yendo al Palacio de Justicia a firmar, y de no hacerlo luego, luego le van a girar una orden de aprehensión. No perdamos el dedo del renglón.

¡Suerte hoy con las marchas! Tanto a manifestantes y automovilistas, por qué luego se me enojan. ¡Chalé!

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Cinco años de Lucha: Reforma Constitucional de Derechos Humanos

El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia y pudiera llegar a ser la más importante, aunque eso depende de que realmente se lleve a la práctica.

La importancia de la reforma radica no sólo en sus contenidos, sino en que por primera vez, quizá desde la propia expedición de la Constitución en 1917, se plantea una reforma estructural al catálogo de derechos humanos. Hasta antes de la del 2011, las reformas de derechos humanos se caracterizaban por ser adiciones puntuales para incorporar o reglamentar uno o varios derechos, en forma aislada y a veces inconsistente.

La reforma de 2011, en cambio, intenta estructurar en un sistema coherente y funcional, los múltiples derechos ya reconocidos. Lo hace a través de poner en el mismo nivel a los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Pero también estableciendo principios que obligan a las autoridades a interpretar los derechos en forma coherente, considerando su interdependencia y garantizando la mayor protección.

Sin embargo, reformar la Constitución no implica automáticamente cambiar la realidad. A cinco años de la reforma la realidad de los derechos humanos en México ha continuado deteriorándose. La desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres de los penales de Cadereyta y el Topo Chico y del Casino Royale en Nuevo León, son sólo algunos ejemplos de hechos atroces de violación a derechos humanos ocurridos bajo la vigencia de la reforma.

A ello habría que sumar la situación de amenaza constante en la que periodistas y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, la cooptación política de las ombudsperson, la crisis financiera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, generada por el desinterés de los Estados –entre ellos México– que se traduce en aportaciones económicas raquíticas para su sostenimiento y un largo etcétera.

¿Quiere esto decir que la reforma es un fracaso? A mi modo de ver no. Al contrario, la reforma es en sí misma valiosa y mucho puede contribuir a que saquemos al país de esta grave crisis. En todo caso, la realidad que enfrentamos pone en evidencia que la reforma es insuficiente por sí sola para revertir el deterioro en la situación de los derechos humanos en México.

Para ello, un aspecto clave y que hasta ahora se ha descuidado es la educación para generar una cultura de derechos humanos en autoridades y ciudadanos. Es esta, me parece, la única estrategia que ataca el problema de raíz y la que en el mediano y largo plazo puede dar los mejores resultados.

En este sentido son sumamente destacadas resoluciones protectoras de derechos humanos dictadas por organismos y tribunales internacionales, federales y locales; la capacitación en derechos humanos a funcionarios públicos que llevan a cabo instancias como la Secretaría de Gobernación y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como el CEEAD que promueven cambios en la educación jurídica para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, son todavía esfuerzos aislados que necesitan potencializarse a partir de un mayor compromiso de autoridades y ciudadanos con la causa de los derechos humanos.

La reforma penal de 2008 es un buen ejemplo de una mala práctica para su implementación. Si la implementación hubiera iniciado por la capacitación en el nuevo sistema en vez de por su infraestructura necesaria, quizá ahorita, cuando está por agotarse el plazo para su plena entrada en vigor, estaríamos afinando los detalles técnicos de las salas de audiencia en vez de estar capacitando policías.

A cinco años de la reforma de derechos humanos, estamos aún a tiempo de cambiar la estrategia para su implementación y reforzar la educación en derechos humanos como la única herramienta que permite una solución sostenible en el largo plazo a la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos y de la que la reforma por sí sola no nos salvará.

Eduardo Román González
Investigador y Responsable del Programa de Derechos Humanos del CEEAD A.C.
eroman@ceead.org.mx

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