Cinco años de Lucha: Reforma Constitucional de Derechos Humanos

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El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia y pudiera llegar a ser la más importante, aunque eso depende de que realmente se lleve a la práctica.

La importancia de la reforma radica no sólo en sus contenidos, sino en que por primera vez, quizá desde la propia expedición de la Constitución en 1917, se plantea una reforma estructural al catálogo de derechos humanos. Hasta antes de la del 2011, las reformas de derechos humanos se caracterizaban por ser adiciones puntuales para incorporar o reglamentar uno o varios derechos, en forma aislada y a veces inconsistente.

La reforma de 2011, en cambio, intenta estructurar en un sistema coherente y funcional, los múltiples derechos ya reconocidos. Lo hace a través de poner en el mismo nivel a los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Pero también estableciendo principios que obligan a las autoridades a interpretar los derechos en forma coherente, considerando su interdependencia y garantizando la mayor protección.

Sin embargo, reformar la Constitución no implica automáticamente cambiar la realidad. A cinco años de la reforma la realidad de los derechos humanos en México ha continuado deteriorándose. La desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres de los penales de Cadereyta y el Topo Chico y del Casino Royale en Nuevo León, son sólo algunos ejemplos de hechos atroces de violación a derechos humanos ocurridos bajo la vigencia de la reforma.

A ello habría que sumar la situación de amenaza constante en la que periodistas y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, la cooptación política de las ombudsperson, la crisis financiera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, generada por el desinterés de los Estados –entre ellos México– que se traduce en aportaciones económicas raquíticas para su sostenimiento y un largo etcétera.

¿Quiere esto decir que la reforma es un fracaso? A mi modo de ver no. Al contrario, la reforma es en sí misma valiosa y mucho puede contribuir a que saquemos al país de esta grave crisis. En todo caso, la realidad que enfrentamos pone en evidencia que la reforma es insuficiente por sí sola para revertir el deterioro en la situación de los derechos humanos en México.

Para ello, un aspecto clave y que hasta ahora se ha descuidado es la educación para generar una cultura de derechos humanos en autoridades y ciudadanos. Es esta, me parece, la única estrategia que ataca el problema de raíz y la que en el mediano y largo plazo puede dar los mejores resultados.

En este sentido son sumamente destacadas resoluciones protectoras de derechos humanos dictadas por organismos y tribunales internacionales, federales y locales; la capacitación en derechos humanos a funcionarios públicos que llevan a cabo instancias como la Secretaría de Gobernación y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como el CEEAD que promueven cambios en la educación jurídica para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, son todavía esfuerzos aislados que necesitan potencializarse a partir de un mayor compromiso de autoridades y ciudadanos con la causa de los derechos humanos.

La reforma penal de 2008 es un buen ejemplo de una mala práctica para su implementación. Si la implementación hubiera iniciado por la capacitación en el nuevo sistema en vez de por su infraestructura necesaria, quizá ahorita, cuando está por agotarse el plazo para su plena entrada en vigor, estaríamos afinando los detalles técnicos de las salas de audiencia en vez de estar capacitando policías.

A cinco años de la reforma de derechos humanos, estamos aún a tiempo de cambiar la estrategia para su implementación y reforzar la educación en derechos humanos como la única herramienta que permite una solución sostenible en el largo plazo a la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos y de la que la reforma por sí sola no nos salvará.

Eduardo Román González
Investigador y Responsable del Programa de Derechos Humanos del CEEAD A.C.
eroman@ceead.org.mx

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Diálogo vs aplicación de la Ley

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Los grandes cambios en los países, por buenos que sean, generan posturas encontradas, choque de ideas que pueden generar conflictos en el interior de la nación. En este sentido, las reformas estructurales que este gobierno federal ha impulsado han tocado los intereses de muchos grupos de personas y las reacciones siguen presentes en nuestros días. El proceso para implementar estas reformas es quizá el más difícil e importante. Como evidencia de lo anterior es el caso de la reforma educativa, la cual ha generado muchos aplausos en nuestro país, pero también importantes manifestaciones.

Desde hace un par de años, algunos estados del centro y sur de nuestro país atraviesan por un periodo de inestabilidad social que se ha ido intensificando y ha captado la atención de muchos mexicanos. Su principal demanda es que no aceptan la nueva legislación aplicable al sector educativo.

Ante esto, se han hecho escuchar opiniones encontradas, entre ellas hay quienes expresan que la ley debe de ser aplicada sin dar pie a la negociación y otras que están a favor de la promoción del diálogo entre las partes. Considero que ambas posturas no tienen que verse como contradictorias. El diálogo es una herramienta que coadyuva a la aplicación de la ley, es lo que permite que se de la transición necesaria para lograr el cambio.

Todos los grupos sociales tienen derecho a manifestar su postura, así lo prevé la Constitución de nuestro país, pero este derecho termina en el momento en que se afecta el derecho de alguien más. No es posible dialogar a través de la violencia.

Quienes agreden y generan disturbios en nuestra sociedad, no obstante la posición que defiendan, no están contribuyendo con el proceso de transición a un mejor país.

Los hechos violentos que han suscitado en el centro y sur de nuestro país son lamentables, más aun cuando esto proviene de un grupo que es un referente en nuestra sociedad. No está mal que los maestros se quieran hacer escuchar, ni que pretendan influir en otros maestros que piensan de forma distinta, pero no pueden utilizar la violencia para lograrlo.

Los maestros deben de ser ejemplo de buenas prácticas, ocupan un lugar importante en nuestra sociedad e influyen en la calidad de personas que estamos formando en nuestro país.

Es difícil generar cambios en nuestro sistema, más aun cuando queremos modificar aquello que por tantas décadas ha funcionado de una forma, aunque esta ya no sea la óptima. Debemos de luchar por generar los diálogos entre las partes que piensan de forma distinta y al mismo tiempo permitir la aplicación de la Ley, de forma en que podamos tener un proceso de transición en el que todos se sientas partícipes.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”