En Nuevo León taxistas amenazan con cerrar vialidades

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Líderes de consorcios de taxistas y otros sindicalizados CROC han amenazado al Gobierno del Estado y a la Agencia Estatal de Transporte con cerrar vialidades e incrementar movilizaciones en calles y avenidas de la ciudad en caso de que no cedan a sus peticiones.

Líderes sindicales y taxistas han ingresado a hablar con funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado, a quienes les han pedido una reunión con Jaime Rodríguez Calderón (el Gobernador), Noé Chávez (director la Secretaría de Gobierno del Estado) y Manuel González (Secretario de Gobierno).

Argelia Montes Mendoza, presidenta y miembro de Tribuna de Vigilancia Ciudadana, amenazó diciendo que “Van a continuar las movilizaciones y le van a subir de tono porque ya está la gente desesperada, sino quiere el Gobernador más problemas o más manifestaciones, que dé la cara”.  Otro taxista dijo, “Necesitamos cerrar calles para que la misma autoridad nos pueda recibir, prueba de ello aquí estamos ahorita que sí fuimos recibidos. Si las autoridades siguen ignorándonos vamos a seguir en las calles”.

 

(Con información de El Norte)

Waldo Fernández deja la Coordinación General de Gobierno de Nuevo León

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Esta mañana, mediante un comunicado, el encargado del despacho de la Coordinación Ejecutiva del Estado, Waldo Fernández, ha renunciado a su cargo de manera inmediata e irrevocable. 

Le presentó una carta al Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, explicando las razones de su renuncia, en las cuales, menciona que principalmente, su retirada se debió a asuntos personales;

“No obstante, razones personales me llevan a separarme de la encomienda que tuvo a bien hacerme, y presentar el día de hoy mi renuncia con el carácter de irrevocable al cargo que hasta ahora venía ejerciendo dentro de la Administración Pública del Estado de Nuevo León”

Adicionalmente, menciona en su comunicado que la situación en caída del estado es una de las razones por las cuales parte caminos. Así como se tomara un tiempo para meditar sobre la posibilidad de aparecer como candidato a la gubernatura del 2021 y en general a la política estatal. 

 

Con información de “El Norte”

¿Transporte público o privado? El debate de UBER

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El pasado martes 2 de julio, cerca de la media noche, el Gobierno del Estado, vía la Agencia Estatal de Transporte (AET) y Fuerza Civil implementaron un operativo para decomisar las unidades, y en caso de ser necesario, detener a los choferes de las aplicaciones de Uber, Didi y Cabify bajo el principal argumento de que están prestando un servicio de transporte público con placas particulares.

Lo anterior, ha provocado una gran molestia, no solo en los choferes, quienes muchos de ellos, cabe resaltar, su único ingreso económico es generado por prestar este servicio, si no también en los usuarios, quienes el día de ayer, ambos se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado de Nuevo León para pedir el apoyo de sus legisladores locales, ante lo que ellos consideran, una injusticia por parte del Gobierno estatal.

Pero, ¿Cuál es el conflicto?, y ¿Qué argumentan las partes involucradas?, básicamente los taxistas argumentan que no existe un “piso parejo” de competencia y exigen que se regule la tarifa de las aplicaciones y se les impongan los mismos requisitos que a los autos públicos (permisos, placas, etc). En contra parte, los socios conductores de las plataformas digitales, señalan principalmente que ellos no son transporte público, si no transporte privado y que están violando sus derechos fundamentales al retirarles sus vehículos y negarles una fuente legal de trabajo.

La realidad aquí es que efectivamente Uber o sus equivalentes, no deben ser considerados como “transporte público”, si no como “transporte privado”, pues el servicio que estos ofrecen no es el mismo que el de un taxi tradicional por muchas razones; por poner solo un ejemplo que lo distingue: ellos no recogen pasaje de las calles, únicamente a quien pide el servicio por medio de la aplicación móvil.

Ahora bien, -ojo aquí- eso no los exenta de que sean regulados, el transporte privado también debe ser legislado en la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León -próxima a reformarse en el Congreso estatal-. Lo anterior, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que apenas el año pasado resolvió que los servicios privados de transporte son completamente distintos a los servicios tradicionales de transporte público (reconociendo la naturaleza privada/civil de los primeros, contra la naturaleza pública/administrativa de los segundos) y por ende, no se les puede comparar, exigir o limitar tomando en consideración la realidad regulatoria de los taxis en tanto es un servicio completamente distinto a aquél. 

En el mismo sentido, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), emitió opinión para los Gobernadores y las Legislaturas estatales en 2015, donde recomienda precisamente que se reconozca una nueva categoría para la prestación de un servicio de transporte, limitando el marco normativo de estas empresas a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario, evitando restricciones como crear la obligación de autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas.

Precedentes existen, el problema de fondo aquí, es que quienes exigen que se regularicen estas aplicaciones, tienen muy poca autocrítica o no se han dado cuenta de que si el usuario prefirió migrar a utilizar otra alternativa de movilidad, es precisamente porque el servicio que ellos estuvieron prestando por décadas no es de calidad: taxímetros alterados, unidades antiguas y en mal estado, en algunas ocasiones con olores desagradables, algunos sin clima, el peligro del pago obligatorio en efectivo, y sin duda lo más importante, que el usuario no se siente completamente seguro de que llegará a su destino, pues no hay algo que respalde, cuide y garantice la integridad física del usuario como si existe en la aplicación móvil, al poder seguir en todo momento el trayecto del vehículo e incluso poder compartir con algún familiar/amigo la ruta.

En fin, las empresas de redes de transporte como Uber, NO deben ser legisladas como transporte público, y el derecho de los ciudadanos de Nuevo León a elegir la alternativa de movilidad que más se adapte a sus necesidades, debe ser garantizado.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Igualdad para todas

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Todos los días conocemos casos de violencia contra la mujer y pareciera que cada vez aumenta y se normaliza en nuestra sociedad, sin embargo, es este un problema que nos involucra a todos y que debemos de dejar de la hipocresía y simulación para actuar de forma contundente.

El que hoy en día en 2019 todavía sigamos discutiendo este tema, y en el que observamos claramente que el Estado mexicano y las instituciones no han sido capaces de garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres, es verdaderamente desconcertante. Urge la implementación de políticas públicas en todos los niveles de gobierno para garantizar que las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades que los hombres, y más aún, que se les garantice su libre traslado y desarrollo con completa seguridad. 

Estos temas nos obligan a analizar las políticas públicas y acciones que se están implementando en nuestra comunidad las autoridades, podemos observar a un Instituto Estatal de las Mujeres que se queda muy corto a las demandas y necesidades que la ciudadanía requiere. Las mujeres de Nuevo León deben contar con un instituto que realmente atienda y resuelva sus problemáticas, cercano a la comunidad y que construya de la mano con la gente. Por otro lado, en el municipio de Guadalupe que cuenta con alerta de género y teniendo a una mujer como alcaldesa, se limitan a lanzar una aplicación para celular, que costó miles de pesos, llamada “Mujer Segura”, a la cual claramente no todos los ciudadanos tienen acceso a estas herramientas móviles, y lejos de realizar políticas públicas para evitar que se sigan suscitando actos de violencia contra la mujer, la reacción del gobierno municipal es lanzar esta aplicación.

Ante la mediocre reacción de las autoridades e instancias correspondientes de atender esta problemática, la ciudadanía organizada debemos cuestionar ampliamente las acciones que se están implementando por parte de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado y los municipios para prevenir la violencia de género, porque es un hecho que existe personal, dependencias y programas que son pagados con el dinero de los ciudadanos y que claramente no está dando resultados de raíz. Debemos poner a las instituciones al servicio de la ciudadanía. 

Como sociedad debemos entender que este es un problema real y que nos afecta a todos, y en el momento en que exijamos a las autoridades que hagan su trabajo en este tema, pero también en el momento en que pongamos de nuestra parte para cambiar esta lamentable realidad cultural en nuestro país y estado, vamos a vivir en una mejor sociedad donde se garantice la igualdad de oportunidades a todas y todos.

Respalda Treviño a su director de policía

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Tras la detención de un mando sampetrino, en rueda  de prensa Miguel Treviño de Hoyos alcalde de San Pedro, sostuvo que al no haber delito en fragancia ni nada que perseguir en la detención de su director de policía Raúl Leal Tamez, este seguiría en su cargo.

Ante este panorama y tras la dentición que dejó conmocionados a los sampetrinos, el edil independiente señaló que el gobierno estatal podría dar disculpas y no manchar la imagen del director de Policía y Tránsito, así como de la corporación.

Treviño de Hoyos apuntó que el jefe policiaco detenido la noche del miércoles y ayer liberado este jueves por presuntamente haber intervenido en la liberación de extorsionadores, no se le pudo vincular con estos hechos.

Ante este panorama, indicó que como Alcalde de San Pedro su posición no era más que la de respaldar a su oficina y advertir de manera pública que este caso:”No de habrá de prejuzgar”.

“México necesita de buenos policías que hagan bien su trabajo, no hubo fragancia en estas acciones porque no había no delito que perseguir, por eso estoy yo aquí dando la cara y respondiendo por mis oficiales”.

“Este caso no se va ha prejuzgar y el Gobierno del Estado y todos habremos de dar la cara por él.

México necesita respetar la credibilidad de nuestros policías por eso estamos aquí. México necesita de policías que hagan su trabajo con vocación”.

Treviño de Hoyos indicó que la situación jurídica de su director de policía es estable y si puesto estar esperándolo a que pase este trago amargo.

Subrayando que este habrá de decidir si regresa a su cargo o no y en el tiempo en el que el desee.

Reveló el Alcalde que el jefe policiaco nunca ha  cometido delito alguno y esta vez no la excepción, ello en medio de una polémica sobre su detención por oficiales de Fuerza Civil la noche del pasado miércoles cuando supuestamente ordenó la liberación de extorsionadores, cosa que no fue comprobada.

Para la Ciudad de San Pedro el tema de la Inseguridad ha sido cosa de todos los días, si no por robos, ejecuciones y narcomensajes, y hasta ahora contratiempos con los directores de áreas de seguridad pública municipal.

Inclusive la seguridad de San Pedro está en manos de Fuerza Civil desde hace tiempo atrás, en que al faltar pruebas de control de confianza de sus oficiales no se cuenta con toda la flotilla laborando en la calle.

Dejan migrantes del Gimnasio Nuevo León

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El grupo de migrantes que dejó esta mañana la caravana en Coahuila y llegó alrededor de las 10:30 horas a Monterrey, ya salió del Gimnasio Nuevo León.

Familiares de por lo menos 10 centroamericanos acudieron a las instalaciones por ellos, y el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Migración permitieron su salida.

En una unidad de Fuerza Civil, siete centroamericanos fueron llevados a la Central de Autobuses para seguir su camino a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y nueve trasladados al albergue Casa INDI de la Parroquia Santa María Goretti.

El primero en salir a las 14:15 horas fue Jesús Orlando Alegría, 16 años, originario de Progreso, Honduras, por quien acudió su mamá, quien vive en Monterrey desde hace un año.

Junto a Jesús Orlando viajó su pareja Maylin Gisela, de 18 años.

“Trabajar, es lo que queremos. En Honduras no hay nada y para arriba (Estados Unidos) está muy difícil llegar”, dijo Jesús Orlando.

Personal del INM tomó los datos de todos y posteriormente elementos de Fuerza Civil les realizaron preguntas, tomaron fotografías y luego los dejaron salir.

Hasta ahora, a los centroamericanos no se les brindó ningún documento oficial para proteger su estancia en México.

Pero según las autoridades, la información recabada es para posteriormente otorgarles algún permiso.

Sólo un centroamericano pidió su repatriación a su país por el grave estado de salud de su mamá.

En el Gimnasio Nuevo León se les brindaron alimentos y revisiones médicas. Además a su salida les dieron una bolsa con comida y agua.

Unos hondureños salieron a la Avenida Manuel L. Barragán a esperar a que sus familiares pasaran por ellos.

Minutos más tarde 10 migrantes también abandonaron el recinto.

CNTE actúa de manera provocadora, asegura AMLO

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de actuar de manera provocadora por continuar con los bloqueos a vías férreas en Michoacán.

“Hago un llamado a los maestros en general. A veces también los dirigentes no consulta a las bases y cómo es eso, pero no consulta a los maestros, ¿por qué no les piden opinión a los maestros?. Una vez que estamos resolviendo el problema, ellos mantienen sus protestas, actuando de manera provocadora, eso no ayuda a una organización democrática, eso es un distintivo del conservadurismo”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Por otro lado, el mandatario acusó al gobierno estatal que encabeza Silvano Aureoles de no atender la crisis magisterial por estar de gira en Europa, además de ser en un momento en que se presentó a la Federación el desabasto de combustible en varios puntos del País.

“De repente se da este bloqueo a las líneas de ferrocarril, en momento en que se nos presentó el desabasto de combustible, fue así muy sorpresivo, con esta demanda que no corresponde resolver al Gobierno federal. Es un asunto de falta de pago a maestros estatales, es responsabilidad del Gobierno del Estado. Al mismo tiempo el Gobernador se va a una gira de trabajo a Europa, no se atiende el problema”.

Por  último, el político tabasqueño insistió en que no se va reprimir a los maestros y que el trabaja a favor del magisterio.

“Hemos atendido a maestros que fueron víctimas de represión, maestros que estaño saliendo de la cárcel. Nosotros no somos represores. Si es un asunto de otro tipo, pues va a quedar descubierto”.

Admite Edil de Ciudad Juárez que recibió pago de César Duarte

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El Alcalde de Ciudad JuárezChihuahua, el independiente Armando Cabada, aceptó haber recibido dinero del ex Gobierno priista de César Duarte, pero aseguró que fue una contraprestación y que se realizó de forma legal.

“Les puedo decir que fue una contraprestación, que no fue de ninguna manera algún tipo, un reembolso indebido. Contra eso hubo el apoyo para la creación del palenque en su momento aquí en Ciudad Juárez“, comentó Cabada, quien antes de ser Edil se desempeñaba como conductor de noticias del Canal 44 y como promotor de eventos.

“Le hicimos la propuesta al Gobierno del Estado en su momento de que necesitábamos apoyo, contraboletos, se entregaron dos a uno”, declaró a medios esta tarde en un centro comunitario en la Colonia Galeana, en el poniente de esta frontera.

Este lunes, Periódico Reforma reveló que una nueva indagatoria del Gobierno de Chihuahua concluyó que César Duarte usó como “caja chica” una cuenta bancaria del Estado, desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos en pagos en efectivo para partidos políticos, legisladores, opositores, familiares, clérigos, periodistas estatales y líderes sociales.

En la indagatoria, se reportan 394 operaciones realizadas entre 2012 y 2015, en las que se incluyen una lista de supuestos beneficiarios y pagos.

En el caso de Cabada, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, se le entregaron 4.3 millones de pesos.

De acuerdo con el Alcalde de Ciudad Juárez, al entregar los boletos al Gobierno del Estado, éste a su vez los otorgaba de la forma que decidiera.

“La verdad es que yo estoy muy tranquilo en cuanto a eso porque este recurso se utilizó con ese único objetivo”, aseveró el Presidente Municipal.

“Fue una contraprestación, se tiene plenamente justificado y hasta ahí lo voy a dejar”, agregó.

“Si se necesita más información que la requieran, la habré de atender con mucho gusto”.

Al indicarle que en la investigación se indica su nombre directamente, recalcó que sí lo recibió.

“Y lo estoy aceptando, yo era promotor de espectáculos en aquel tiempo, eran tiempos más difíciles de la ciudad, muy pocos se animaban a hacer eventos públicos, masivos”.

“Nosotros lo hicimos y claro que buscamos el patrocinio por parte del Estado, pero fue una contraprestación”, reiteró.

¿Todo es legal?, se le preguntó.

“Sí, claro. No fue ni una dádiva ni fue ni mucho menos. Estoy diciendo que contra el dinero que se entregó, que marcan ahí esa cantidad. Yo tengo que revisar todos los documentos que se tienen, contra eso se entregó doble el costo de los boletos a valor comercial”.

“Obviamente, para que el Estado hiciera con esos boletos lo que ellos quisieran”.

A pregunta expresa sobre si estaría dispuesto a mostrar tales pruebas, recalcó que no es investigado.

“No hay una denuncia en mi contra, el día que me llamen para eso con mucho gusto lo haré”, agregó.

Coordinadores piden a CEE usar sus ahorros en elección

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Los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y Morena pidieron a la Comisión Estatal Electoral utilizar los ahorros del árbitro electoral para realizar la elección extraordinaria del municipio de Monterrey.

Mario Garza, presidente de la CEE, dijo que el presupuesto que tienen ahorrado es para adquirir un nuevo edifico, pues pagan 15 millones de pesos anuales en rentas.

Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, aseguró que el Poder Legislativo revisará utilización del ahorro de la CEE para las elecciones.

“No veo por qué el Congreso tiene que avalar el uso de ese recurso salvo que esté etiquetado, lo vamos a revisar, hay que ver cómo se etiquetó ese recurso, si nada más se dejó abierto el recurso para la Comisión o si se especificó para algo.

“Definitivamente la prioridad es la elección en el municipio de Monterrey y ya después podremos encontrar los recursos para cualquier otra necesidad que tenga la Comisión“, recalcó el panista.

Al respecto, Francisco Cienfuegos, líder de la fracción del PRI, coincidió en que es necesario el uso de dichos recursos para darle certeza a los regiomontanos, por lo que exhortó a la CEE para que llegue a un acuerdo con la Auditoría Superior del Estado y el Gobierno del Estado.

“Si el proceso administrativo no requiere al Poder Legislativo nosotros exhortamos a la Comisión Estatal Electoral a que haga uso de los recursos, que vea las vías necesarias, con sólo la autorización de la Auditoría Superior del Estado y la solicitud del Gobierno del Estado, se pueden poner de acuerdo para que con voluntad se fije el mecanismo de cómo se van a garantizar los recursos y que haya una elección extraordinaria en el municipio de Monterrey“.

Por su parte el coordinador de MorenaRamiro González, se pronunció a favor para que la Comisión use sus recursos para los comicios.

“La elección extraordinaria tiene que manejarse como algo extraordinario y si efectivamente ahorita estos recursos están ahí y no se están utilizando, o en un tiempo muy cercano no se van a utilizar, pues su uso ahorita sería la viabilidad para que se realice la elección”, concluyó González.

 

Gobierno estatal sigue sin un Contralor debidamente nombrado

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A más de dos meses de los cambios en la Contraloría estatal, los ciudadanos organizados, cámaras de la iniciativa privada e instituciones académicas agrupados en la Coalición Anticorrupción pedimos al Congreso de Nuevo León y al Gobernador iniciar de manera urgente el proceso de nombramiento del Contralor, con estricto apego a la letra y espíritu de nuestra Constitución.

El Artículo 63, fracción XXIII, de la Carta Magna de Nuevo León, establece claramente que la facultad de aprobar el nombramiento del titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental corresponde al Congreso, con base en la propuesta que le sea remitida por el Gobernador. La Constitución no prevé excepciones, dilaciones o condiciones para el cumplimiento de este requisito.

Sin embargo, tras la salida de la Dra. Nora Elia Cantú como titular de la Contraloría, ni el Congreso local ni el Gobierno estatal han iniciado el proceso establecido con las reformas en materia de anticorrupción para nombrar a la cabeza de este órgano fundamental para el combate a la corrupción. El gobierno estatal ha estado operando por más de dos meses con un contralor interino, una figura que no está prevista en la Constitución.

Por lo tanto, con carácter urgente exhortamos a los diputados y al titular del Ejecutivo estatal, como representantes y autoridad democráticamente electos, a cumplir con esta obligación fundamental, a través de un proceso transparente y con apego a los principios de parlamento abierto. 

Es importante resaltar que el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental formará parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y tendrá un rol medular en éste, al ser el órgano de control interno del gobierno. Para poder cumplir con estas responsabilidades, el Contralor debe actuar de manera imparcial y profesional, por lo cual el artículo 85, fracción VIII, de la Constitución estatal prevé que tendrá autonomía de ejercicio presupuestal y de gestión para organizar la estructura y funcionamiento de dicha Secretaría. El perfil de esta persona será clave para mostrar compromiso con la integridad, honestidad y apego a derecho que se requiere en este importante órgano.

No existe justificación alguna para retrasar o eludir un claro mandato constitucional. La situación actual constituye una flagrante violación al estado de derecho, y exige que nuestras autoridades cumplan con las obligaciones del cargo que ocupan. No se puede pretender luchar contra la corrupción si no se tiene a todas las autoridades responsables debidamente nombradas e instaladas.