Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Sólo 120 mil mexicanos contra la corrupción?

FIRMA EN: www.ley3de3.mx

Para que el proyecto ciudadano Ley 3de3, elaborado por tres acreditados abogados y promovida por variadas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, avance y entre a un proceso legislativo, se requieren de al menos 120 mil firmas de mexicanos.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que busca convertirse en lo que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que formaría parte de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y sería avalada a más tardar en mayo del 2016.

En las elecciones de 2015 se lanzó a los entonces candidatos una propuesta para que de manera voluntaria dieran a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Hoy pretende convertirse en ley a fin de que todo funcionario presente esta información al entrar en funciones, y la actualice anualmente por mandato.

Éste aplicará para los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Además, contempla la clasificación de actos de corrupción como soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que busca convertirse en lo que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas…

Para ser recibida por el Congreso mexicano, cualquier iniciativa ciudadana debe ser respaldada por al menos el 0.13% del electorado, lo cual equivale a más de 100 mil personas, según las reglas que el Senado aprobó en abril de 2014.

Sin embargo, 120 mil firmas son apenas una parte significativa de los 120 millones de personas que habitan nuestro México tan golpeado por este problema, un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales.

Para ser recibida por el Congreso mexicano, cualquier iniciativa ciudadana debe ser respaldada por al menos el 0.13% del electorado, lo cual equivale a más de 100 mil personas…

Y es que la corrupción corroe el estado de derecho de este país, y compromete nuestros aparatos legales y jurídicos en todos los niveles. Es un problema con muchas causas y amplias consecuencias para los ciudadanos, pero no para los corruptos, ya que los casos permanecen entre el olvido y la impunidad, lo que nos lleva a repetir continuamente la misma historia.

Tanto la impunidad como la corrupción han impedido nuestro desarrollo por años, y si algo tenemos en común los mexicanos es el hartazgo por estos males. No desaprovechemos esta oportunidad para pasar de la queja a la acción, súmate al movimiento en ley3de3.mx. Estamos seguros que si hacemos conciencia seremos millones quienes estemos dispuestos a firmar.

Haz algo por Monterrey, por Nuevo León, por México. Se lo debemos.

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