¿Quieres democracia? ¡Paga por ella!




Cuando me encontraba en Suiza en el verano del 2012 tuve un debate muy interesante con un estadounidense sobre la forma en la cual cada uno de nuestros países financiaba las elecciones presidenciales (recordemos que en aquel año Estados Unidos y México tuvieron elecciones a la Presidencia). ¿Por qué el debate? Te explico a continuación.

En México todos sabemos que cada año cierta cantidad de dinero del erario público se destina al Instituto Nacional Electoral (INE). Después de asignar el presupuesto, el INE se encarga de repartirlo entre los partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido a nivel nacional en los comicios de un año anterior. A diferencia de nuestro país, en la Unión Americana, las cosas se manejan de una manera muy diferente, debido a que tú como ciudadano y votante decides si quieres o no aportar dinero en las campañas de recolección de fondos de los partidos políticos y si se da el caso también a los candidatos que se estén postulando a diferentes cargos públicos.

A diferencia de nuestro país, en la Unión Americana, las cosas se manejan de una manera muy diferente, debido a que tú como ciudadano y votante decides si quieres o no aportar dinero en las campañas de recolección de fondos de los partidos políticos y si se da el caso también a los candidatos que se estén postulando a diferentes cargos públicos.

Con esta explicación y el debate que tuve en ese verano del 2012, llegué a la conclusión que en México parece que hay un sistema de que si queremos democracia, debemos pagar por ella. En las elecciones de hace un año el INE dio un total de 5.199 mmdp a los partidos políticos, ya sea para sus campañas electorales, para actividades específicas y para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes. De hecho el presupuesto asignado en ese año ha sido el mayor desde 1997, esto según información del INE.




Para las campañas que terminan ya este próximo 5 de junio se asignaron 3.953 mmdp y de igual manera son para gastos de campaña, y sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Realmente viendo este tipo de cifras quedé asustado, pero de igual manera me doy cuenta de cuanto se gasta por año para mantener el sistema democrático en el que vivimos y que muchos dudan que funcione correctamente, opinión que en lo personal no comparto.

Lo que sí creo es que es exagerada la cantidad de dinero que se va a los partidos políticos, y aunque viene siendo cierto que muchos sí hacen campañas de recolección de fondos y reciben en muchas ocasiones donativos, estos no son representativos a comparación de la cantidad que reciben de nuestros impuestos.

Por esto mismo se ha manejado ya en varias ocasiones que tener un partido político es absolutamente todo un negocio y muy redituable. No por nada vemos que en cada periodo de elecciones que nacen nuevos partidos políticos, que en muchas ocasiones carecen de ideología e incluso estructura. En el caso de Nuevo León el año pasado tuvimos el Partido Cruzada Ciudadana que tenían como candidato a la gubernatura a Luis Farías. La familia Farías lleva décadas viviendo del erario público teniendo un partido político – Cruzada Ciudadana – y no dudemos que para el 2018 resurja y nuevamente reciba una parte del pastel y con eso viven.

Ahora si vamos a ejemplos a nivel nacional, podemos hablar del famoso Partido Verde Ecologista de México, que desde su registro en 1986 ha pertenecido a una sola familia, la Familia González. También nos encontramos con ejemplos como Andrés Manuel López Obrador, que aclarando no tengo nada en contra de esta figura política, resulta imposible no cuestionar de donde ha podido sostener sus recorridos por toda la República Mexicana, siendo la respuesta muy obvia, con el presupuesto que se le asigna a los partidos políticos que ha pertenecido y al que actualmente dirige. De igual manera otros negocios disfrazados de partidos políticos son el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) el cual fue fundado por la controvertida Maestra Elba Esther Gordillo.

De igual manera otros negocios disfrazados de partidos políticos son el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) el cual fue fundado por la controvertida Maestra Elba Esther Gordillo.

Para evitar casos como los antes mencionados, lo que propongo es alejarnos de un sistema que se ha vuelto un negocio para unos pocos y ver hacia el sistema que tienen países como los Estados Unidos. Eso sí, el debate siempre ha estado en que si vamos a un sistema de donaciones y recaudación de fondos es muy probable que ciertos grupos de poder apoyen a partidos y candidatos a cambio de favores. Aunque viene siendo cierto que es una debilidad de ese sistema, no lo hace más diferente que el que tenemos actualmente, pues repito que los partidos políticos son negocios incluso en ocasiones familiares y que poco reditúan en la vida política de nuestro país.

Es hora de despertar y ver alternativas en el manejo de la democracia en nuestro país, el sistema bajo el que nos regimos actualmente lleva muchas décadas y tiende a quedar obsoleto, necesitamos mecanismos que hagan que la voz del ciudadano no se escuche solamente el día de las elecciones sino muchos meses e incluso años antes de emitir el voto. Solamente con un sistema de recaudación de fondos y donaciones podemos combatir la invasión de partidos políticos e incluso mejorar el tipo de candidatos a puestos públicos que tenemos hoy en día.

¿Tú qué opinas?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Representación indígena en el congreso

Como consecuencia del legado que actualmente se conserva de la cultura prehispánica, se puede concebir como uno de los pilares de la sociedad mexicana la pluralidad en sus diversas manifestaciones, como lo son las tradiciones, lenguas, valores y una diversidad de ideologías de cada pueblo originario. Es esa conservación de la pluralidad la que contribuye a legitimar cualquier sistema democrático, así como legitimar el compromiso que cualquier nación haya hecho, mediante acuerdos internacionales y reformas a la constitución propia, respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos, como es el caso de México.

A lo anterior se entiende “conservación de la pluralidad” como un compromiso progresivo en cuanto a la defensa, promoción, y aceptación de las variadas características pertenecientes a todo grupo étnico que integra un país. Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso?

Asimismo, hoy en día es observable como la población originaria, a pesar de poseer autonomía en cuanto al modo de administrar variadas regiones, no cuentan con una mínima representación en el ámbito democrático correspondiente a los poderes de la unión. Al contar con un ínfimo número de legisladores, la comunidad nativa pierde de manera considerable la posibilidad de ver reflejados sus intereses en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, lo cual genera que no sean tomados en cuenta de la misma forma, a como podrían serlo si tuvieran un número decente de personas de su propia comunidad fungiendo como sus portavoces y velando por ellos, junto a los demás legisladores. Son por estos motivos, que se entiende como totalmente necesario el reformar preceptos constitucionales, los cuales garanticen la inclusión de los habitantes de pueblos indígenas en el congreso; considero que, luego de haber perdido sus territorios, así como parte de sus culturas, lo menos que se puede hacer es brindar (al menos mientras el panorama social progresa) un espacio a aquellos herederos de las culturas prehispánicas dentro del poder legislativo.

Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

Por otra parte, en cuanto al sustento basado en antecedentes, si ya existen reformas vinculadas a solventar el problema de la desigualdad de género en el reparto de candidaturas de los partidos políticos, las cuales han resultado fructíferas en mejorar esa distribución, ¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso? En otras palabras, es indispensable comprometerse a la elaboración de reformas que garanticen la inclusión de los ciudadanos de los pueblos originarios en el ámbito legislativo.

Puntualizando, la inclusión de las personas procedentes de comunidades indígenas, solo podrá ser garantizada mediante una serie de reformas a la Ley Suprema de México, las cuales promuevan y a su vez, exijan a los partidos políticos a cumplir con su objetivo principal de integrar al pueblo a la democracia; lo que, solo podrá ser cumplido de forma auténtica una vez que se tome en cuenta la particularidad presente en lo expuesto con anterioridad y se proceda a sumar propuestas que confronten tal problemática. Solo mediante el uso de mecanismos que se encuentren sustentados en la carta magna, es como se podrá progresar en nuestra estructura social, y al mismo tiempo, se podrá legitimar de forma óptima nuestro estado de derecho, que tan quebrado se encuentra hoy en día.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”