Financiamiento Público a Partidos Políticos 2018

En los últimos días, un tema que ha venido tomando relevancia en medios nacionales es el presupuesto aprobado por el INE para el financiamiento público de partidos políticos en nuestro país, que alcanza una cifra record desde que se tiene registro. Se aprobó una bolsa acumulada (30% distribuido equitativamente entre partidos y 70% en proporción con los votos obtenidos en la última elección federal) de 6,788 millones de pesos para repartir entre los partidos políticos ($1,689,000,000 para el PRI, $1,281,000,000 para el PAN, 773 millones para el PRD, 650 millones para MORENA, 578 para el verde y 537 para el Movimiento Ciudadano, entre otros.

Esta bolsa además no contempla los recursos que recibirá a nivel local cada partido de parte de los OPLES lo cual eleva la bolsa acumulada a un gasto de 11,904 millones de pesos en total para el 2018. El INE argumenta que se trata del presupuesto más alto de la historia porque la Ley General de Partidos Políticos estipula una fórmula donde se multiplica la Unidad de Medida y Actualización (en 2016 reemplazó al salario mínimo) por el número de ciudadanos en el padrón. Este monto además se incrementa en un 50% si hay elección presidencial o 30% si son elecciones intermedias. Esta misma fórmula aplica desde 2014 gracias a la Reforma Político-Electoral en todos los estados del país a nivel local, por lo cuál el incremento será aún mayor. Dato curioso si consideramos que desde la Reforma Electoral del 2007 los partidos políticos ya no gastan en spots de radio y televisión lo cual antes les consumía hasta la mitad de sus presupuestos en los casos más extremos.

Contrario a lo que pudiésemos pensar, si existen argumentos de porque debiese de haber financiamiento público para partidos políticos. De hecho de los países de la OCDE, 34 de 35 dan financiamiento público a partidos (todos excepto Suiza), además el 65% obliga a los institutos políticos a transparentar el gasto de los mismos. 17 de estos 35 países prohíben donaciones anónimas a partidos y 13 las regulan con límites, 10 naciones no permiten aportaciones de los ciudadanos y 14 establecen límites para estas. El financiamiento público para partidos políticos tiene como fin incentivar la participación dándole oportunidad a las fuerzas políticas menores y buscando generar condiciones más parejas para las distintas fuerzas políticas para evitar cacicazgos de partido que pudiesen darse en algunos estados.

Lamentablemente en nuestro país la realidad que vivimos es muy distinta, la gente esta cansada de los partidos políticos y la confiabilidad que tienen en ellos es muy poca, según estudios y encuestas realizadas a nivel nacional por distintas instituciones. Este aumento programado desde hace tiempo del gasto público en partidos viene a ser todavía más polémico si consideramos que somos un país con más de 57 millones de pobres y que desde la caída en el precio del barril de petróleo en 2013 los gobiernos federal, estatales y municipales han estado pugnando por medidas de austeridad que han venido perjudicando inversiones importantes en infraestructura y programas sociales.

Soy un convencido que la discusión debería estar más enfocada en cual debería de ser el esquema de financiamiento y los mecanismos para transparentar el gasto en este rubro. Debemos de evitar caer en el discurso populista de eliminar el financiamiento público a partidos políticos pero también hay que evitar el otro extremo y defender las cosas como están. Considero que los partidos políticos tienen un gran reto y creo que combatiendo a la corrupción y con políticas más sociales pueden recuperar la confianza de la gente y talvez obtener su aprobación para que parte de sus impuestos se gasten en este tipo de actividades.

Fuentes: El Norte, INE, OCDE.

Sigue la novela, INE confirma que partidos no reportaron gastos en tres entidades

De acuerdo con la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los partidos político en Coahuila, Estado de México y Nayarit tomaron la decisión de no reportar a las autoridades electorales un gasto de campaña de 200.4 millones de pesos, en las pasadas elecciones donde se eligió gobernador.

Cabe resaltar, que en un comunicado publicado por el INE, se expresa que la UTF ha detectado que del total de lo gastado en las campañas a la gubernatura, el 28.69 por ciento no había sido reportado.

Las cifras son preliminares, porque después del periodo de vacaciones, en agosto, el INE analizará el tema del pago a los representantes de los partidos políticos en las casillas, y dará sus cifras definitivas de fiscalización.

En el caso de las campañas para la gubernatura de Coahuila, “no se reportaron gastos por un monto total de 8 millones 803 mil 544.2 pesos, correspondientes a un 15.35 por ciento del total de los gastos realizados”.

En el caso del Estado de México, apuntó el INE, se registró el mayor gasto no reportado, el cual asciende a 170 millones 47 mil 400.90 pesos, equivalentes al 28.86 por ciento del total.

Respecto a Nayarit, “el gasto no reportado suma 27 millones 601 mil 501.38 pesos, equivalentes al 37.77 por ciento de todo lo erogado en las campañas a la gubernatura”.

Hay que resaltar que según lo establecido en la Reforma Político-Electoral del 2014, la cual fue la reguladora en las pasadas elecciones, es causa de nulidad de una elección el hecho de que un candidato rebase por más de 5 por ciento el tope de gasto de campaña, y la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor a 5 por ciento de la votación.

El origen del gasto electoral

El fin de semana pasado culminamos un proceso electoral en el que más de 30 millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar en elecciones para elegir a 12 gobernadores, 966 alcaldes y los representantes de 13 congresos estatales. Además, nuestro país vivió un momento histórico al elegir a los integrantes de la asamblea que habrá de diseñar la Constitución de la Ciudad de México. Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Según el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, en México es posible recibir recursos económicos por dos fuentes: el financiamiento público que es aquel otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento privado que son las aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Con la fiscalización se monitorea el origen del dinero utilizado por los partidos políticos y candidatos, el cual debe provenir de fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.

No obstante, durante las campañas políticas se mueven grandes cantidades de dinero en efectivo, las cuales no están permitidas por la ley porque es difícil llevar un control de quién otorga el apoyo y para qué es utilizado. Además, los partidos o candidatos que reciben el recurso económico pueden estar incentivados a otorgar beneficios una vez que resulten electos. La cifra oficial del gasto que se realiza en los procesos electorales puede discrepar de la real.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010. El gasto en las elecciones se ha incrementado de forma importante en los últimos años, principalmente derivado de la reforma político-electoral. Permitir la participación de candidatos independientes, fomentar el voto en comunidades alejadas y llevar una mayor fiscalización de los recursos implica un gasto adicional para la nación. Incentivar la democracia en el país cuesta.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010.

Como toda inversión, se espera que el gasto durante las campañas electorales brinde un beneficio. Como país esperamos que el financiamiento público a los partidos políticos nos permita fomentar la democracia y tener a los gobernantes que queremos. Pero el financiamiento privado puede ser visto de la misma forma, por lo que surge la interrogante de qué es lo que se espera recibir con el apoyo brindado por particulares en época electoral.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La nueva era político-electoral de México

Estamos viviendo el inicio de una nueva era político-electoral, las modificaciones efectuadas a la constitución y a las leyes y reglamentos complementarios en esta materia hacen que nuestro país atraviese por grandes cambios que dan inicio a una nueva forma de gobernar. La reforma constitucional que ahora permite que los alcaldes y diputados locales extiendan su periodo en el gobierno pretende crear mayores incentivos para tener mejores gobiernos.

La reelección es un tema sensible en nuestro país, desde la época de Francisco I. Madero cuando surge el movimiento revolucionario con el lema “sufragio efectivo y no reelección” nuestra cultura ha rechazado la alternativa de permitir que los gobernantes extiendan en más de un periodo su gestión. Sin embargo, para muchas naciones ha resultado benéfico permitir la reelección bajo condiciones reguladas. Algunos países han optado por poner un tope al número de años o periodos que una persona puede gobernar, así como implementar un tiempo de separación del cargo durante la época de campaña electoral. Tomando esto como referencia fue que nuestro país modificó la constitución y emitió reglamentos complementarios para permitir la reelección.

A pesar de que ya se llevó a cabo la reforma a la constitución en materia político-electoral, lo cierto es que aún no hemos tenido las primeras elecciones con candidatos que estén buscando la reelección.

No todos los puestos de elección popular son sujetos a reelección. Con la nueva legislación, los diputados locales podrán permanecer hasta 4 periodos consecutivos en su cargo, lo que equivale a 12 años. Por su parte, los presidentes municipales podrán extender 3 años más sus gobiernos. Uno de los aspectos positivos de esta reforma político-electoral es que permite dar continuidad a los proyectos, y que la ciudadanía pueda extender el periodo de los gobernantes que se hayan desempeñado de forma más satisfactoria.

La reelección es un tema sensible en nuestro país, desde la época de Francisco I. Madero cuando surge el movimiento revolucionario con el lema “sufragio efectivo y no reelección” nuestra cultura ha rechazado la alternativa de permitir que los gobernantes extiendan en más de un periodo su gestión.

A pesar de que ya se llevó a cabo la reforma a la constitución en materia político-electoral, lo cierto es que aún no hemos tenido las primeras elecciones con candidatos que estén buscando la reelección. En el caso de Nuevo León, los diputados locales y alcaldes que asumieron sus puestos el año pasado son los primeros en tener la opción de reelegirse. En caso de optar por buscar la reelección, la forma en que lleven a cabo su gobierno en los próximos dos años y medio es lo que evaluará la sociedad para decidir si los mantiene en su cargo u opta por otra opción.

Más allá del rechazo histórico que nuestro país ha tenido hacia el tema de la reelección, es importante evaluar los casos de éxito en otras naciones como Estados Unidos y analizar la falta de controles que ha llevado a otros países a tener gobernantes que permanecen en el poder más tiempo que el deseado por su sociedad. Es una buena decisión esperar a ver qué pasa con los gobiernos municipales y con el Congreso Local antes de llevar el tema de la reelección a una presidencia nacional o una gubernatura. Los próximos años serán muy importantes para México, sin duda alguna la reforma político-electoral es un parteaguas en el gobierno de nuestro país.

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