En los últimos días, un tema que ha venido tomando relevancia en medios nacionales es el presupuesto aprobado por el INE para el financiamiento público de partidos políticos en nuestro país, que alcanza una cifra record desde que se tiene registro. Se aprobó una bolsa acumulada (30% distribuido equitativamente entre partidos y 70% en proporción con los votos obtenidos en la última elección federal) de 6,788 millones de pesos para repartir entre los partidos políticos ($1,689,000,000 para el PRI, $1,281,000,000 para el PAN, 773 millones para el PRD, 650 millones para MORENA, 578 para el verde y 537 para el Movimiento Ciudadano, entre otros.
Esta bolsa además no contempla los recursos que recibirá a nivel local cada partido de parte de los OPLES lo cual eleva la bolsa acumulada a un gasto de 11,904 millones de pesos en total para el 2018. El INE argumenta que se trata del presupuesto más alto de la historia porque la Ley General de Partidos Políticos estipula una fórmula donde se multiplica la Unidad de Medida y Actualización (en 2016 reemplazó al salario mínimo) por el número de ciudadanos en el padrón. Este monto además se incrementa en un 50% si hay elección presidencial o 30% si son elecciones intermedias. Esta misma fórmula aplica desde 2014 gracias a la Reforma Político-Electoral en todos los estados del país a nivel local, por lo cuál el incremento será aún mayor. Dato curioso si consideramos que desde la Reforma Electoral del 2007 los partidos políticos ya no gastan en spots de radio y televisión lo cual antes les consumía hasta la mitad de sus presupuestos en los casos más extremos.
Contrario a lo que pudiésemos pensar, si existen argumentos de porque debiese de haber financiamiento público para partidos políticos. De hecho de los países de la OCDE, 34 de 35 dan financiamiento público a partidos (todos excepto Suiza), además el 65% obliga a los institutos políticos a transparentar el gasto de los mismos. 17 de estos 35 países prohíben donaciones anónimas a partidos y 13 las regulan con límites, 10 naciones no permiten aportaciones de los ciudadanos y 14 establecen límites para estas. El financiamiento público para partidos políticos tiene como fin incentivar la participación dándole oportunidad a las fuerzas políticas menores y buscando generar condiciones más parejas para las distintas fuerzas políticas para evitar cacicazgos de partido que pudiesen darse en algunos estados.
Lamentablemente en nuestro país la realidad que vivimos es muy distinta, la gente esta cansada de los partidos políticos y la confiabilidad que tienen en ellos es muy poca, según estudios y encuestas realizadas a nivel nacional por distintas instituciones. Este aumento programado desde hace tiempo del gasto público en partidos viene a ser todavía más polémico si consideramos que somos un país con más de 57 millones de pobres y que desde la caída en el precio del barril de petróleo en 2013 los gobiernos federal, estatales y municipales han estado pugnando por medidas de austeridad que han venido perjudicando inversiones importantes en infraestructura y programas sociales.
Soy un convencido que la discusión debería estar más enfocada en cual debería de ser el esquema de financiamiento y los mecanismos para transparentar el gasto en este rubro. Debemos de evitar caer en el discurso populista de eliminar el financiamiento público a partidos políticos pero también hay que evitar el otro extremo y defender las cosas como están. Considero que los partidos políticos tienen un gran reto y creo que combatiendo a la corrupción y con políticas más sociales pueden recuperar la confianza de la gente y talvez obtener su aprobación para que parte de sus impuestos se gasten en este tipo de actividades.
Fuentes: El Norte, INE, OCDE.