La sentencia que reconfiguró el Congreso del Estado

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Todo sistema electoral busca fundamentalmente “traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos” (Proyecto ACE). Las familias de sistemas electorales, según Colomer (2001), se clasifican en tres tipos: i) sistemas mayoritarios (reglas de un solo ganador); ii) sistemas proporcionales (reglas de múltiples ganadores), y iii) sistemas mixtos. El sistema electoral para integrar el Congreso del Estado de Nuevo León es mixto: 26 diputaciones electas por mayoría relativa (MR) y 16 diputaciones electas por el principio de representación proporcional (RP).

La aplicación de las reglas jurídicas sirvieron de fundamento para que la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinara que para la Legislatura 2018-2021 el Congreso se integraría de la siguiente forma: el PAN con 16 curules (12 de MR y 4 de RP); el PRI, 6  (2 de MR y 4 de RP); el PT, 4 (3 de MR y 1 de RP); el PVEM, 1 (solo RP); MC, 3 (1 de MR y 2 de RP); PNA, 1 (solo RP); MORENA, 8 (5 de MR y 3 de RP); y PES, 3 (solo de MR). (Acuerdo CEE/CG/2017/2018). 

El total de escaños que correspondieron al PRI fue producto de que este partido se encontraba sub representado. En efecto, en el artículo 116, fracción II de la Constitución General se establece que “en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.” Para la CEE, el PRI estaría sub representado con 5.6850 diputaciones, por ende, el cálculo final para este partido fue de 6 curules: 2 de MR y 4 de RP.

En contra del acuerdo se presentaron 11 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), por diversas causas. Una de las que el TEE les dio la razón a los inconformes, fue que la CEE debió estimar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en la entidad como un partido político, para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, incluidas las fórmulas sobre los límites de la sobre y sub representación política. (JI-257/2018 y acumulados). Para ello, el Tribunal estimó aplicable una tesis relevante de 2007 en la cual se establece que los límites de sobrerrepresentación les aplican a las coaliciones como si se trataran de un partido (Tesis XXIII/2007). Un razonamiento esencialmente igual fue utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y con ello se le restaron a MORENA 10 escaños del Congreso de ese estado. (JDCL/434/2028 y acumulados). Incluso, el TEE afirmó en la sentencia que la CEE obró de forma incorrecta porque cuando los partidos coaligados (MORENA, PT y PES)  registraron sus listas plurinominales, debió habérseles advertido que debían presentar una sola lista por la coalición para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional (p. 15). 

Como consecuencia de este criterio del TEE, la nueva distribución se modificó toda vez que para el Tribunal al PRI le correspondían dos diputaciones más de representación proporcional para compensar la sub representación en la que aún se encontraba y, por ende, dichos escaños se tomaron de la Coalición Juntos Haremos Historia, uno de MORENA y otro más del PT. Los demás partidos quedaron exactamente igual que en el acuerdo original de la CEE.

El criterio utilizado por el TEE en su sentencia del 10 de agosto reconfiguró la integración del Congreso del Estado. No obstante, desde mi perspectiva, se trata de una reconfiguración cuya vida será efímera. Enseguida mis razones.

En primer lugar, considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) para efectos de la distribución de escaños y la verificación de límites constitucionales,  desatiende el espíritu de la reforma de 2008 conforme a la cual, las candidaturas que compiten en coalición aparecen en las boletas tantas veces como partidos estén coaligados. Desde este sentido, las labores de escrutinio y cómputo en casilla deben contemplar las distintas formas de combinación de las coaliciones, porque a nivel de casilla lo que importa es saber cuántos votos obtuvo cada candidatura (art. 426 del Reglamento de Elecciones), sin embargo, la distribución de los votos entre los partidos coaligados para efectos de los cómputos y la distribución de escaños, debe realizarse “igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación” (arts. 311.1.c] de la LGIPE y 81 BIS 7 de la Ley Electoral del Estado). Estas normas se crearon para que los partidos coaligados no se otorgaran votos entre sí de forma artificial a través del convenio de coalición, y su fuerza electoral fuese solo el producto de los votos emitidos por los electores, en las diversas combinaciones de votación para cada coalición. En efecto, tal fue la intención del legislador en 2008, según puede corroborarse en la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

La Iniciativa propone que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. (DOF del 14 de enero de 2008).

La sentencia del TEE parece olvidar esta razón y por ello, incorrectamente, considera a la Coalición JHH como un solo partido, cuando la distribución y la sobre y sub representación debe observarse para cada partido coaligado.

En esta misma línea argumentativa, la tesis que usa el TEE para fundar su criterio es, primero que nada, solo un criterio orientador, dado que no constituye jurisprudencia; y en segundo término, su creación como tesis relevante es, precisamente, anterior a la reforma de 2008 que antes señalé, por lo que resultaba inaplicable para la reconfiguración del Congreso.

En segundo lugar, si el TEE hubiese investigado, así fuera de forma superficial, el comportamiento del INE en el acuerdo de distribución y asignación de curules de representación proporcional de la elección de 2015, habría corroborado que la distribución de curules y, por ende, la verificación de la sobrerrepresentación, se realiza por cada partido político, y no considerando a cada coalición como un partido político. De hecho, apenas hace un par de días, el Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente para 2018 y en ningún momento considera a la Coalición JHH como un solo partido político (INE/CG1181/2018); en efecto, en el acuerdo se determina que el PT, no la Coalición JHH, se encontró en sobrerrepresentación (p. 36). Por qué el Tribunal toma un criterio sin sustento en los precedentes del órgano regulador de las elecciones en el país es una incógnita. Lo que me parece claro es que su razonamiento podrá ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En efecto, y este sería mi tercer argumento, recientemente, la Sala Toluca del TEPJF modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México a que hice mención líneas arriba. En su sentencia, la Sala Toluca determinó que MORENA, PT y PES tenían razón en sus agravios porque para efectos de representación proporcional no conforman una unidad y, por ende, los límites de sobrerrepresentación están referidos “a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos que conformaron la coalición.” (ST-JRC-135/2018 y acumulados). Muy probablemente este podrá ser un criterio que utilice la Sala Regional Monterrey y, por tanto, la reconfiguración del Congreso ordenada por el TEE tendrá una muy breve duración.

Por último, no logro explicarme cómo es que un juzgador puede dejar de observar la voluntad expresa del legislador. Como se sabe, en 2017 se aprobó una reforma electoral que, entre otras cosas, introdujo al sistema electoral de Nuevo León la figura de las listas plurinominales. Una de las novedades fue que, además de las candidaturas de mayoría relativa, “cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera simultánea.”  Esta fue la voluntad expresa del legislador: que cada partido político, no cada coalición, registrara las candidaturas plurinominales. El TEE desconoce con su sentencia la voluntad expresa del legislador y, además, obvia el modelo que para la elección de diputaciones federales plurinominales determina la Legislación General: “La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional…” (art. 238.4 LGIPE). De hecho, no solo desconoce la voluntad del legislador, también deja de ser congruente con sus propias sentencias, como la que dictó el 28 de febrero de este año, en el expediente JI-15/2018, en donde, para resolver el problema planteado por el PAN en el sentido de si los partidos estaban obligados a registrar las dos fórmulas plurinominales, el TEE en ningún momento razona en su sentencia que esta obligación corresponde tanto a partidos como a coaliciones.

En síntesis, la sentencia del TEE que reconfiguró el Congreso del Estado tendrá efectos efímeros, porque para la distribución y asignación de diputaciones de representación proporcional, y para la verificación de límites constitucionales como la sobrerrepresentación, no se debe tomar a las coaliciones como un solo partido político.

Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción de Nuevo León

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El Sistema Anticorrupción delineado en la Constitución Política es estructuralmente complejo: Un entramado de órganos que deben estar coordinados entre sí para prevenir, combatir y castigar la corrupción en México. De los tres modelos de instituciones anticorrupción posibles, es decir, a) el de múltiples objetivos pero con facultades para hacer cumplir la ley, b) el exclusivamente con facultades de cumplimiento de la ley y c) el que cuenta con facultades de políticas preventivas y de coordinación, en nuestro país creamos un cuarto modelo: el modelo de la muñeca rusa.

En efecto, el Sistema Anticorrupción contempla la difícil coordinación de órganos y poderes encargados de la investigación y sanción penal y administrativa, de la fiscalización y auditoría, del acceso a la información, y de la creación, implementación y evaluación de políticas públicas de prevención. En Nuevo León contamos ya con algunas de las nuevas piezas de la matruska anticorrupción: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En breve, tendremos en operación un muy importante órgano del Sistema: el Comité de Participación Ciudadana (CPC Nuevo León). La designación de las personas que integren el CPC Nuevo León completará la creación del Comité Coordinador del Sistema. Sin embargo, aún faltará un órgano más, me refiero a la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Como puede apreciarse de este breve recuento, por ahora hemos estado centrados en completar la fase estructural del sistema (integración de órganos y nombramiento de servidores públicos), sin embargo, no hemos debatido respecto a algo de vital importancia para la definición de las políticas públicas anticorrupción: Las implicaciones negativas que tiene la corrupción en el disfrute de los derechos humanos.

Este enfoque toma especial importancia en Nuevo León dado que, como mencioné anteriormente, estamos a pocos días de que se integre uno de los órganos más importantes del sistema, el CPC de Nuevo León. Desde mi perspectiva, las personas que integren este órgano, no sólo deberán abordar la política anticorrupción en nuestra entidad desde una perspectiva punitiva, sino, sobre todo, desde una de índole preventiva. Para esto deben incorporar en el núcleo de su actuación el enfoque de derechos humanos.

¿Por qué debe el CPC de Nuevo León adoptar como una de sus dimensiones de análisis este enfoque?

Primero, porque existe suficiente material doctrinal que sustenta las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute los derechos humanos. En efecto, la corrupción tiene las siguientes consecuencias: a) consecuencias negativas individuales, como cuando se da acceso discriminatorio a un servicio público; b) consecuencias negativas colectivas, por ejemplo, cuando se excluye a personas pobres del acceso a bienes y servicios prestados por la administración pública; y c) consecuencias negativas generales, porque la corrupción reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la primera dimensión, consecuencias negativas individuales, es de resaltarse que “en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares.” Un ejemplo de la segunda dimensión, consecuencias negativas colectivas, y con una afectación al derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad, es el trágico caso de niños en Veracruz a quienes se les administraba agua destilada en lugar de recibir sus quimioterapias para el cáncer que padecían. La tercera dimensión, consecuencias negativas generales, puede fácilmente apreciarse racionalizando todo lo que podría haberse hecho para el desarrollo del país de no haberse capturado fondos públicos para beneficio privado.

Segundo, porque México es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y, por ende, está obligado a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción. 

Desde esta perspectiva, las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y el deber de los Estados antes señalado, ha sido reconocido recientemente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En este caso, la Corte Interamericana concluyó que la debilidad institucional de los órganos de control y una norma flexible e inadecuada facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia y corrupción que propiciaron ilegales adopciones internacionales de niñas y niños guatemaltecos, con lo cual se violaron los derechos a la vida familiar y a la protección de la familia, derechos del niño, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas en ese caso. Esto reafirma las consecuencias negativas que tiene la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos.

Sin duda, las políticas anticorrupción y la protección de los derechos humanos deben ir de la mano, tal como ha sostenido el panel de expertos que convocó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para discutir este tema.

Sostengo que la política anticorrupción en Nuevo León debe incorporar este enfoque porque, como ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2013: La corrupción mata; la corrupción impide el desarrollo; la corrupción golpea primero y con más fuerza a los pobres; la corrupción fomenta la impunidad y debilita el estado de derecho.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción, por ende, debe contemplar al menos los siguientes aspectos: i) la relación entre corrupción y discriminación; ii) la vinculación entre corrupción y pobreza; iii) la inclusión de grupos vulnerables en el monitoreo de servicios y bienes que más les afectan; iv) una metodología de análisis de adquisiciones públicas centrada en los resultados y el contenido, más que en el procedimiento; v) la coordinación con las autoridades competentes para establecer la relación entre corrupción política y vulneración de derechos humanos; vi) el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad; vi) la incorporación de la perspectiva de género. Para todo lo cual, se debe identificar el marco de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.

En suma, para el diseño de políticas públicas de prevención en el Sistema Anticorrupción de nuestro país y de nuestro estado es imprescindible un enfoque de derechos humanos. Los órganos del Sistema Anticorrupción en Nuevo León, en ese sentido, deben dar ejemplo al colocar en el centro de las políticas anticorrupción a las personas y el disfrute de sus derechos humanos. Solo esperemos que la complejidad de operación de la muñeca rusa no sea un obstáculo para incorporar este enfoque en la prevención, combate y sanción de la corrupción en nuestro estado.

La designación de la Magistratura Anticorrupción en Nuevo León: Una oportunidad perdida

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El 24 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado de Nuevo León designó a nueve personas como integrantes del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. La decisión derivó de un procedimiento en donde el Congreso contó con el apoyo técnico del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, lo que dotaría de legitimidad al resultado; además, los perfiles y el origen de las personas nombradas anunciaban que el Comité de Selección sería un filtro ciudadano en los nombramientos de los titulares de órganos esenciales para el Sistema.

Además de designar al Comité de Participación Ciudadana, el Comité desempeñaría una importante labor en las designaciones de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Por lo que hace a la Magistratura Anticorrupción, así como las Fiscalías, el Comité de Selección tiene la atribución de opinar sobre el contenido de la convocatoria pública para ocupar dichos cargos; definir quiénes de los aspirantes cumplen con los requisitos, así como analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos.  Para la evaluación, en las convocatorias se determinó que se llevaría a cabo “mediante una entrevista de sus antecedentes y trayectoria.” 

Todo parecía indicar que la función del Comité de Selección del SLA-NL cumpliría la expectativa de “promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.”

La importancia de la Magistratura Anticorrupción en el SLA-NL deriva del alcance de su facultad sancionadora para combatir la corrupción y la impunidad:  Disuasión de conductas infractoras, cumplimiento forzoso de la ley, castigo y presencia de la autoridad. De ahí justamente lo nuclear de que los procedimientos para su designación fueran abiertos, competidos y transparentes. Como justificaré, el Comité de Selección perdió la oportunidad de constituir un verdadero filtro ciudadano en la designación de la referida Magistratura.

Para la Magistratura Anticorrupción se inscribieron 37 personas. El Comité de Selección del SLA-NL acordó el formato para la entrevista de evaluación de las y los aspirantes. Las entrevistas fueron el 14, 15 y 16 de este año. El 20 de marzo, el Comité acordó la lista de las 36 personas que cumplieron los requisitos; presuntivamente, ese mismo día envió al Congreso del Estado una lista con cinco nombres como finalistas. Por último, y previa comparecencia de las personas integrantes de la terna formada por el Congreso, el 23 de marzo se designó a Mario Treviño Martínez para el cargo.

La oportunidad que perdió el Comité de Selección del SLA-NL se evidencia con lo siguiente:

1).- La entrevista no permitió interacción y fue insuficiente para evaluar los perfiles y el conocimiento técnico de los aspirantes. Este modelo no respondió a la definición de una entrevista, y permitió a las y los aspirantes conocer con antelación las preguntas.

2).- No hubo transparencia en cuanto al contenido de las cédulas a utilizar durante la entrevista y, más grave aún, no hubo parámetros objetivos, claros, previos y públicos para la evaluación.

3).- No se han hecho públicas las razones según las cuales se conformó la lista de los cinco finalistas.

4).- El Comité de Selección no ha rendido cuentas de sus decisiones. No se han publicado las actas o minutas de las sesiones que celebró para este procedimiento de designación.

5).- El Comité se desapega de los principios esenciales de un Gobierno Abierto: Transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, contrario a lo que esperaríamos de un órgano público ciudadano, el Comité se ha mimetizado en un órgano público de servidores públicos tradicionales, por lo que no se ajusta a ninguna de las tres dimensiones de la transparencia: a) pasiva, b) activa y c) focalizada.

El producto de la intervención de este órgano ciudadano en la designación del Magistrado Anticorrupción, dejó de responder a “un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo.”

En suma, una oportunidad perdida de construir una democracia de interacción que “tiene por actores al mundo militante de las asociaciones, cuyo movimiento dibuja una especie de doble cooperador y contradictorio del poder…” 

La intervención del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción de Nuevo León en la designación de la Magistratura Anticorrupción privilegió la cooperación, más que el contrapeso al poder.

Renuncia: La “solución” mexicana

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De acuerdo a la Real Academia Española, renunciar significa dejar voluntariamente, dimitir, o apartarse de algo que se tiene.

La renuncia puede ser una solución correcta cuando los hechos en los que se ve involucrado el servidor público se presentan en una esfera meramente política. Así, por ejemplo, puede leerse la renuncia de Luis Videgaray como Secretario de Hacienda como consecuencia del fiasco del entonces candidato Donald Trump.

En México se ha acostumbrado que cuando un servidor público es señalado por presuntamente haber transgredido las normas jurídicas, es suficiente con la renuncia al cargo que ostentaba para “solucionar” la violación del orden jurídico.

No obstante, estimo que no puede calificarse como “solución” cuando la renuncia deja sin castigo una probable violación al orden normativo o, más aún, en los casos en que aun renunciando el riesgo de transgresión sigue latente.

Este último caso es, desde mi perspectiva, lo que aconteció con la renuncia al cargo de Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral que ostentaba hasta principios de noviembre pasado el Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, como consecuencia de las declaraciones misóginas en las cuales afirmó que las mujeres deben llegar a los cargos públicos porque saben mandar, saben tomar decisiones, saben hacer una sentencia, y no por que “están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas.”




Por ello, Senadoras y Senadores exhortaron al Consejo de la Judicatura a investigar si esas declaraciones ameritaban ser sancionadas incluso con la destitución. Para el Senado “es aberrante que las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan por violentar a las mujeres” (Reforma).

En el mismo sentido, las y los integrantes recién designados de la Sala Superior prácticamente se estrenaron no con un caso jurisdiccional, sino con un posicionamiento al respecto de estas declaraciones. Es cierto que inmediatamente deslindaron al Tribunal Electoral de las afirmaciones del Magistrado Regional (Excélsior), sin embargo, parecería que esto no es suficiente.

En este sentido, no es suficiente con la renuncia. No lo es por lo siguiente.

Primero, porque las expresiones del Magistrado constituyen una forma de violencia hacia las mujeres. Es violencia si se expresa en privado y en el bar. Es violencia agravada cuando se manifiestan en un evento público acerca de la paridad de género. Peor aún, si el autor de las palabras es un impartidor de justicia.




Segundo, en razón de que quien expresó dichas voces es, justamente, un juez que necesariamente deberá juzgar temas de género, y, peor aún, en una circunscripción en la cual hay que agregar el tema indígena y el rezago social. ¿Qué justicia puede esperar una mujer indígena que acuda ante el Magistrado aduciendo violencia política en contra de ella?

Tercero, ¿qué efecto pedagógico puede tener que alguien encargado de impartir justicia con perspectiva de género emita dichas declaraciones y no sufra consecuencia alguna? ¿Vale la pena seguir invirtiendo tanto en la justicia electoral cuando impunemente se pueden tener conductas como las descritas? ¿Puede alguien creer que cumplir la Ley es benéfico cuando quien la incumple no tiene castigo alguno?

Las palabras formuladas por el Magistrado no fueron una broma. A fin de cuentas, el mundo lo conocemos a través de las palabras, por eso, no se trató de un mal chiste: Se trató de un hecho de violencia hacia las mujeres expresado por un funcionario judicial encargado de impartir justicia electoral.

Por ello, la “solución” mexicana a este hecho de violencia hacia las mujeres no debe quedar sólo como una anécdota más. Debe investigarse y, en su caso, sancionarse. De lo contrario, seguiremos abonando a una cultura de impunidad contraria al Estado de Derecho que deseamos consolidar en nuestro país.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dilemas normativos de la reelección

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En 2018 no solamente acudiremos a las urnas para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la República. En algunos estados, como en Nuevo León, también saldremos a votar por la posible reelección consecutiva de Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías. No es menor la decisión polítca que en el orden local deberemos de tomar: Ahora más que nunca debemos tener información confiable para refrendar, o no, a ciertas personas en sus cargos públicos electivos.

Sin embargo, para que la institución de la reelección consecutiva opere jurídicamente, como en muchas otras ocasiones, se precisa de la labor de desarrollo normativo del legislador ordinario, en este caso, del Congreso del Estado de Nuevo León.

Aunque puede existir un número importante de situaciones a regular jurídicamente, me parece que las esenciales son las siguientes cuatro:

Primero, si la reelección consecutiva es un derecho de las personas o es un derecho de los partidos políticos. Segundo, si las personas electas en 2015 vía una candidatura independiente pueden ser reelectas y, en su caso, si deben volver a recabar firmas de apoyo ciudadano. Tercero, si la reelección es una excepción para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. Y cuarto, ¿qué reglas específicas deberá seguir una persona a reelegirse para no afectar la equidad en la competencia? Si bien cada uno de estos problemas tiene de por si respuestas complejas, ensayo en las siguientes líneas algunas propuestas de solución.

Primer dilema normativo

El primer dilema normativo se deriva de la manera en que se redactaron las normas constitucionales que ahora permiten la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, para los Ayuntamientos, la disposición constitucional establece que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partidos político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (art. 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM).

 




 

Sin embargo, cualquier intento de las élites partidistas de interpretar estas palabras en el sentido de que la titularidad de este derecho recae en los partidos se desvanece frente al reconocimiento claro del derecho humano a ser votado para todos los cargos de elección popular en la propia Constitución (art. 35, fracción II CPEUM), y en el artículo 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es decir, los titulares del derecho a ser reelecto, como faceta inobjetable del derecho a ser votado, son las personas, no los partidos políticos.

Segundo dilema normativo

Esta propuesta de respuesta al primero de los dilemas, en cierta forma, nos ayuda a responder que una persona electa por la vía de candidaturas independientes, también tiene reconocido el derecho a ser reelecta de forma consecutiva, porque de lo contrario se haría una distinción injustificada entre personas electas a propuesta de los partidos políticos y personas electas por la vía independiente.

Y, además, porque las candidaturas independientes, una vez reconocidas constitucionalmente, son un mecanismo más de refortalecimiento de los derechos políticos y de la democracia, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 204).

 




Sin embargo, ello implica que los gobernantes electos a través de candidaturas independientes deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano, porque ese es su vehículo normativo para la postulación, tal como las personas propuestas por partidos políticos deben cumplir con los estatutos para ser postulados por sus partidos (incluso participar en contiendas internas).

Tercer dilema normativo

La posibilidad de ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones. Esto en razón de que el principio de paridad en la postulación reconoce una necesidad de igualación material entre mujeres y hombres.

Asumir una posición distinta podría reeditar problemas de incumplimiento de la paridad en razón de la faceta mayoritaria de la democracia, desatendiendo la cara de la garantía de derechos de igualdad substancial y no meramente formal.

Cuarto dilema normativo

Por último, si uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la equidad en la competencia, las reglas que se delimiten por el legislador local deben buscar inhibir conductas de utilización de recursos públicos a favor de las personas postuladas para ser reelectas.

 




En otras palabras, a diferencia del sistema norteamericano en donde el Presidente Obama pudo trasladarse en el Air Force One para su campaña de reelección, en México, en Nuevo León, deben crearse reglas específicas para mantener un piso igual para todas las personas contendientes.

En resumen, la reelección es un derecho de las personas y no de los partidos políticos. Las personas electas en 2015 a través de candidaturas independientes sí pueden ser reelectas, aunque deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano. La postulación para ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género.

Y, por último, Las personas que sean postuladas para ser reelectas deben cumplir reglas claras y estrictas para no desequilibrar la equidad en la competencia.

Por si esto no fuera suficiente, además, todo debe quedar legislado en el primer semestre de 2017. Una tarea por demás compleja tiene el Congreso del Estado.

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Qué hacer con los árbitros de las elecciones locales

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El próximo 5 de junio habrá elecciones en 13 estados: Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Con excepción de Baja California, en todos ellos se renovará la Gubernatura del Estado. Además, en la Ciudad de México los capitalinos seleccionarán a una parte de las personas que redactarán la primera Constitución de la CDMX.

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales: Secretarías Ejecutivas removidas (Veracruz y Durango); elecciones locales atraídas por el INE (Durango); denuncias de intervención de los Gobernadores en turno en las decisiones de las y los Consejeros Electorales de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs); inacción para sancionar, en suma, árbitros electorales sin confianza y sin legitimidad.

También es de mencionarse el caso de Chiapas, en donde la totalidad de sus 7 Consejeras y Consejeros fueron removidos de sus cargos por actuar fuera de la Ley (SUP-RAP-118/2016). De hecho, el próximo 31 de mayo concluirá el concurso para la designación de nuevos integrantes del Consejo General en el OPLE de Chiapas (también se designa en esa fecha a un nuevo Consejero de la CEE, aunque la vacante se deriva de la renuncia de una de sus integrantes, actual Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León).

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales…

Recordemos que en la reforma constitucional de 2014, se expresó como razón para la construcción del nuevo modelo de la administración electoral en México que existía control por parte de los Gobernadores en los Institutos Electorales de los Estados. En este sentido, se aprobó otorgar la rectoría de ciertos procedimientos al nuevo INE (fiscalización, integración de casillas, capacitación, ubicación de casillas, Servicio Profesional Electoral Nacional…).

Una actividad esencial que se atribuyó al INE fue la de nombrar y, en su caso, remover, a las Consejeras y Consejeros en los OPLEs. Esta facultad correspondía antaño a los Congresos Locales en donde, se argumentaba, los Ejecutivos Locales operaban libremente para designar a personas afines a sus proyectos políticos. Ahora, con dos procesos de designación de Consejeros de los OPLEs bajo la conducción del INE (2014 y 2015), tal parece que los problemas siguen siendo los mismos.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción (aunque haya personas que así lo propongan: Consejero Electoral Roberto Ruiz y Magistrado Electoral Flavio Guzmán). La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

En ese sentido, lo primero que debe hacerse es reconocer que, igual que el INE, los OPLEs cuentan con una estructura de doble naturaleza: Una de corte profesional y de carrera. Y otra con una dimensión política. Para los servidores públicos de base profesional ya comienza a operar el Sistema Profesional Electoral Nacional. Para la segunda, aún con los procedimientos implementados por el INE, no se logra generar confianza.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción … La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

Por tanto, una segunda decisión que debe tomarse es asumir la profesionalización completa de quienes deseen ser Consejeras y Consejeros. Esto implica al menos dos decisiones normativas importantes: Por una parte, que la designación recaiga en la mejor opción posible, de acuerdo a parámetros objetivos; y, por la otra, la oportunidad de reelección hasta por un período más de Consejeras y Consejeros, con lo cual pueda garantizarse una trayectoria profesional medianamente estable.

En suma, la clave respecto a lo que se debe hacer con los árbitros electorales en los estados reside en aquello que hemos hecho en el IFE-INE desde 1989-90: La profesionalización y el espíritu de cuerpo que responda a la Constitución, a la Ley y a una ética pública de carácter democrático. En ese sentido, dejemos en el Consejo General del INE la dimensión política de las elecciones y en los OPLEs el aspecto técnico y operativo, bajo estándares profesionales y objetivos.

Si no tomamos ese paso adicional, seguramente en 2017 y 2018 sabremos de más cuestionamientos de los árbitros electorales, de más remociones de Consejeras y Consejeros en los estados, de más elecciones atraídas por el INE o, tal vez…, estaremos discutiendo la creación del Instituto Central Electoral (ICE).

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CEE y Ley de Participación Ciudadana

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El 13 de mayo de 2016 será recordado como un día fundamental en la historia de la participación ciudadana en el estado: Después de más de 10 años de gestiones de organizaciones ciudadanas, y a casi 4 años de la reforma constitucional en la cual se reconoció el derecho de participación a través de consultas populares, en Nuevo León se publicó la Ley de Participación Ciudadana.

Más aún, debe permanecer en nuestra memoria esta fecha tomando en cuenta que para septiembre de 2014, Nuevo León era uno de los tres estados que aún no contaba con una legislación de participación ciudadana (http://www.nexos.com.mx/?p=22324). Festejemos, además, que la legislación no solamente reconoce como instrumento de participación ciudadana a las consultas populares (plebiscito o referéndum), sino que da un paso más e incorpora la revocación de mandato.

Después de más de 10 años de gestiones de organizaciones ciudadanas, y a casi 4 años de la reforma constitucional en la cual se reconoció el derecho de participación a través de consultas populares, en Nuevo León se publicó la Ley de Participación Ciudadana.

Por ahora no me centraré en las bondades o en los laberintos técnico jurídicos de estas dos figuras. Me ocuparé, más bien, del impacto que la expedición de la Ley de Participación Ciudadana tendrá en la Comisión Estatal Electoral. Un primer apunte es respecto de la denominación del organismo. El nombre de Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE) es anterior aún a la reforma electoral fundacional de 1996, esto es, pertenece a una época en que las elecciones no arrojaban resultados confiables, y en la cual el término mismo de participación ciudadana se antojaba inviable en el estado.

Adicionalmente, puede afirmarse que prácticamente no hay un solo Organismo Público Local Electoral en el país en cuya denominación aparezca la palabra “Comisión”; toda proporción guardada, esto sería equiparable a que actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE), aún se llamara Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

El cambio en la denominación de la CEE se deriva obligadamente de sus nuevas facultades. Ahora no solo organiza elecciones en cooperación con el INE; también es ya el responsable de la “organización, desarrollo y cómputo (…), del referéndum o plebiscito; garantizará la equitativa e imparcial difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía. Asimismo, declarará los efectos del referéndum o plebiscito de conformidad con lo señalado en la convocatoria y la Ley” (art. 34). En el mismo sentido, la CEE “llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior a ello, emitirá la declaración de validez de la consulta de revocación de mandato, para lo cual emitirá el resultado y los efectos de la misma” (art. 68).

En suma, el nombre de la CEE debe cambiar. Debe aprovecharse que conforme al Artículo Primero Transitorio del decreto de reforma aún hay tiempo para proponer esta modificación en la Ley Electoral. En segundo lugar, en donde el impacto de la Ley debería tener mayor impacto es, justamente, en la dimensión de fomento y de garatía de la participación ciudadana en la entidad. Un par de ejemplos.

En suma, el nombre de la CEE debe cambiar. Debe aprovecharse que conforme al Artículo Primero Transitorio del decreto de reforma aún hay tiempo para proponer esta modificación en la Ley Electoral.

Según el numeral 22 de la Ley, la jornada de consulta popular deberá realizarse “preferentemente” en la misma fecha que la jornada electoral correspondiente. Parece ser que el legislador da una directriz a fin de que “se prefiera” que las jornadas electoral y de consulta popular sean cada tres años en el mismo día, sin embargo, probablemente esto dependerá de la fecha de la solicitud y de la trascendencia del tema, obra o instrumento normativo consultado. En todo caso, disposiciones como la anterior decantarán las decisiones de política pública que en el tema de la participación ciudadana deberá tomar la CEE.

Un ejemplo más, ¿no debería el organismo electoral consultar a las ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León los nuevos reglamentos que expide? Piénsese por ejemplo en la siguiente norma: “El Presidente de la Comisión Estatal Electoral instruirá se verifiquen las firmas de conformidad con el reglamento correspondiente y certificará la documentación adjunta” (art. 27). ¿Podría la institución encargada de organizar las consultas populares no consultar a su vez, bien que sea por mecanismos electrónicos, las normas que reglamentan una parte de la participación ciudadana?

En síntesis, la Ley de Participación Ciudadana obliga, por una parte, a renombrar a la CEE y, por la otra, compromete a la Institución a fomentar y garantizar la participación ciudadana.

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Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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Es tiempo de una nueva Constitución para México

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En un año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) será centenaria. Si la Constitución fuera una persona, formaría parte del 1.8% de los adultos mayores con cien o más años de edad en nuestro país (INAPAM); y si se viera a sí misma en un espejo, tal vez reconocería muy poco de su cara de recién nacida en aquel lejano 5 de febrero de 1917.

La CPEUM ha acumulado tiempo pero también peso. Tomando en cuenta hasta el mes de febrero del 2014, su texto ha crecido 2.7 veces con relación al original, es decir, pasó de aproximadamente 22 mil palabras a 59 mil (Fix-Fierro); más las que se acumularan esta semana ya que en enero se agregaron dos reformas más a la Constitución (el nuevo régimen de la Ciudad de México y la desindexación del salario mínimo).

Por otro lado, puede resultar más difícil cancelar una tarjeta de crédito que aprobar una reforma para la Constitución. En efecto, la Constitución se modifica con tanta facilidad que las adecuaciones son “discutidas” y aprobadas en los Congresos Locales con la rapidez de un mero trámite procedimental; adicionalmente, nuestra Ley Fundamental cambia con tanta frecuencia que para “conocer” el texto más actualizado es necesario revisar prácticamente todos los días las páginas web de las Cámaras del Congreso de la Unión.

La Constitución tiene tantas memorias y objetivos que es probable que ya se sienta afectada por el mal de Alzheimer. Esto es, hemos incluido tantas cosas en nuestra Constitución que aparentemente es incongruente en algunos temas. Por ejemplo, reconocemos la posibilidad de reelección consecutiva en Ayuntamientos, diputaciones (locales y federales) y senadurías, pero no respecto de los ejecutivos (estatales y federales). Esto es, sí…, pero no. Otro ejemplo es que no se pueden otorgar concesiones en materia de petróleo e hidrocarburos, pero sí pueden firmarse contratos de licencia. Es decir, no…, pero sí.

En efecto, la Constitución se modifica con tanta facilidad que las adecuaciones son “discutidas” y aprobadas en los Congresos Locales con la rapidez de un mero trámite procedimental…

¿No será tiempo de dejar las simulaciones y constituirnos como realmente somos y queremos ser?
Hasta ahora, he señalado únicamente aspectos supuestamente formales que plantean la necesidad política de una nueva Constitución para México: La extensión y complejidad gramatical del texto constitucional, la inutilidad de un procedimiento dificultado para la reforma constitucional que, en los hechos, demerita la supremacía de la Constitución; así como las adecuaciones constitucionales basadas en agendas políticas particulares y sin un debate público nacional.

Sin embargo, un hecho probablemente aún más importante y meritorio de que contemos con una nueva Constitución es que cuando aquella persona centenaria observa al país a través de la ventana de su casa, ya no reconoce las calles del barrio ni a las personas que viven en él. Es, en cierta medida, una extraña para los demás. La Constitución misma desconoce a la sociedad que pretende constituir, dirigir, guiar.

En efecto, siendo México un país de migrantes (expulsor y receptor), aún no aceptamos que un extranjero con residencia legal en nuestro país pueda elegir a sus autoridades locales. Siendo un país con fuerzas locales muy importantes, aún no hemos siquiera formulado, y menos respondido, la pregunta: ¿Qué federalismo deseamos para el siglo XXI? En última instancia, siendo que México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, aceptamos que el artículo 1° constitucional tenga su límite protector de las personas en la propia Constitución y no en un instrumento internacional.

La Constitución misma desconoce a la sociedad que pretende constituir, dirigir, guiar.

La crisis de derechos humanos que vivimos en México (así como la corrupción generalizada, el desconocimiento de la ley, la impunidad de los actores con poder, la simulación en la aplicación de las normas, el temor y la desconfianza en las autoridades…) debe ser motivo de enorme tristeza para quien en un año cumplirá 100 años. Tristeza por ver frustrados algunos de sus planes de juventud, por ver que pocas personas la conocen o la toman en serio, por la ampliación de las diferencias sociales, en suma, tristeza por no ser reconocida como factor de unión y como guía de una comunidad.

Casi podemos escuchar, a lo lejos, una voz orgullosa pero fatigada que nos dice: “Es tiempo de aceptar mis triunfos pero también mis propios límites; es tiempo de unirnos de nuevo y convenir en lo esencial para el país. Es tiempo de una nueva Constitución para México…”

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