El recuento de las reformas constitucionales de AMLO

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El final de un año es generalmente un buen momento para hacer un recuento de las cosas que han acontecido en cierto período. En esta colaboración me referiré a las reformas constitucionales de los primeros dos años de gobierno del Presidente López Obrador, de cómo se votan estos decretos en las Legislaturas Estatales y la manera en que se han aprobado dichas reformas en el Congreso de Nuevo León. Este recuento hace corte de caja el 18 de diciembre del 2020.

Contando el número de artículos modificados o adicionados de la Constitución, durante la administración de AMLO se han reformado 40 artículos constitucionales. Con relación a las cinco presidencias que le antecedieron, este número de cambios le otorga el quinto lugar. La prelación de las administraciones es la siguiente: 1ª Enrique Peña Nieto con 155 artículos reformados; 2ª Felipe Calderón, 110 artículos; 3ª Ernesto Zedillo, 78; 4ª Carlos Salinas de Gortari, 55. En la administración de Vicente Fox Quesada se adecuaron 31 artículos constitucionales. Debe tomarse en cuenta que AMLO tiene dos años en el gobierno; si mantiene este ritmo de artículos reformados, en su tiempo podrían llegar a modificarse ciento veinte artículos, con lo cual terminaría su gestión en el segundo lugar de más artículos constitucionales modificados.

Considerando que ya se han publicado diez decretos de reformas constitucionales en veinticuatro meses de ejercicio del gobierno de López Obrador, esto significa que, en promedio, en esta gestión se culmina un procedimiento de reforma constitucional cada 2.4 meses. Y, asumiendo que esta será la primera presidencia que finalizará su período el 30 de septiembre del 2024, en los cuarenta y seis meses que aún le restan a AMLO todavía podrían aprobarse y publicarse 19 decretos de reformas constitucionales.

Pasemos ahora a las materias que se han reformado en la Constitución en estos dos años.

Los temas de las reformas han sido los siguientes: (1ª) Extinción de dominio (14 de marzo del 2019); (2ª) Guardia Nacional (26 de marzo del 2019); (3ª) ampliación de los supuestos delictivos para la procedencia de la prisión preventiva de oficio (12 de abril del 2019); (4ª) reforma educativa (15 de mayo del 2019); (5ª) paridad de géneros (6 de junio del 2019); (6ª) reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas (9 de agosto del 2019); (7ª) consulta popular revocación de mandato (20 de diciembre del 2019); (8ª) prohibición de condonación de impuestos (20 de diciembre del 2019); (9ª) salud para el bienestar y pensiones no contributivas para personas adultas mayores (8 de mayo del 2020); (10ª) movilidad y seguridad vial (18 de diciembre del 2020).

Debe señalarse que cuatro decretos de reforma constitucional están por finalizar, muy pronto, el procedimiento de reforma constitucional. Los temas que impactarán estos decretos son: Juventud, reforma judicial, nacionalidad y fuero constitucional. De estos decretos falta solamente la aprobación de las Legislaturas, la declaratoria por las Cámaras o la publicación del Ejecutivo. Esto es, en las semanas siguientes se incorporarán cuatro modificaciones más a la Constitución.

Veamos enseguida las votaciones que se han dado en las Legislaturas de los estados para la aprobación de los diez decretos de reforma constitucional publicados en estos primeros dos años de gobierno de AMLO.

Es de remarcar que todos estos decretos han obtenido las votaciones aprobatorias de más de diecisiete entidades federativas, el cual es el mínimo de votos que se requieren para la aprobación de una reforma constitucional (art. 135 CPEUM). También llama la atención que la reforma constitucional de la Guardia Nacional obtuvo la aprobación unánime de las 32 Legislaturas estatales y que sólo en cuatro de ellas ha habido votos en contra de algunos Congresos locales: la correspondiente a la extinción de dominio registró el voto en contra del Congreso de Guanajuato; la relativa a la ampliación de delitos en los que es procedente la prisión preventiva oficiosa contó con dos Legislaturas en contra: Chihuahua y San Luis Potosí; y las que reformaron temas sobre el reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas y la revocación de mandato fueron votadas en contra también por Guanajuato. 

Por lo que hace a la forma de votación del Congreso de Nuevo León, destaco lo siguiente. Los diez decretos fueron aprobados en nuestro Congreso: 6 por unanimidad de votos de las y los diputados presentes (aquí incluyo una votación que registra una abstención y  treinta y siete votos a favor) y 4 por mayoría de votos. También destaco que tanto en la 

Comisión de Puntos Constitucionales como en el Pleno del Congreso del Estado, los dictámenes para la aprobación de los decretos de reforma constitucional prácticamente no tienen discusión y, por ende, son aprobados el mismo día que son presentados en la Comisión o en el Pleno. Por ejemplo, considerando el número de días que corren entre la aprobación en la Comisión y su discusión y aprobación en el Pleno, 3 dictámenes se resolvieron en ambos órganos el mismo día; 2 dictámenes tomaron un solo día entre ambas sesiones; 1 dictamen tomó dos días; 2 dictámenes llevaron siete días; 1, trece días; y 1, 15 días. Los dictámenes en donde se aprecia mayor rechazo por diputadas y diputados locales de Nuevo León es en los referentes a la reforma educativa (24 votos a favor y 15 en contra) y respecto de la reforma sobre salud para el bienestar y pensiones no contributivas para personas adultas mayores (26 a favor y 16 en contra). Ahora, destaco que en cuatro de los decretos de reforma constitucional que conoció nuestro Congreso su votación resultó intrascendente, porque se dio con posterioridad a la publicación del decreto de reforma en el Diario Oficial de la Federación (paridad de géneros, pueblos afromexicanos, revocación de mandato y salud para el bienestar).

En conclusión respecto a este recuento: Nuestra Constitución continúa siendo reformada muy fácilmente. La administración de AMLO podría finalizar en el segundo lugar de modificaciones de las últimas seis presidencias. Los temas de las reformas son muy variados: Muchos de ellos recogen parte del programa político del Presidente, por ejemplo, la revocación de mandato, la prisión preventiva para delitos derivados de hechos de corrupción, la salud para el bienestar y las pensiones para personas adultas mayores, etc.; otros más, son completamente coyunturales, como la prohibición de condonación de impuestos; algunos son muy importantes en cuanto a ampliación de derechos, como la paridad total entre géneros.

Por otro lado, las Legislaturas estatales no están realizando propiamente una función de control sobre las reformas constitucionales. Lo cual no es muy distinto a lo que ha sucedido en recientes períodos presidenciales. En particular, el Congreso de nuestro estado, por lo general, aprueba de forma unánime las reformas constitucionales y destina muy poco tiempo para su discusión y deliberación.

Finalmente, una pregunta que debemos formularnos es cuánto estamos haciendo desde la sociedad civil organizada, desde las universidades, desde los medios de comunicación, para discutir los grandes temas, instituciones y derechos que se están incorporando cada dos meses y medio a nuestra Carta Magna. Tal vez sea tiempo de que no solamente exijamos a las personas que nos representan políticamente que cumplan su función de deliberación y control sobre la reforma constitucional, sino que también nos involucremos cada día más como sociedad en las reformas constitucionales en nuestro país para que, así, poco a poco, podamos pasar a tener una Constitución viva, y no solo un documento ideal en el diseño, pero poco conocido y menos respetado por las personas.

Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

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Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”