Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

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Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

“Chapulineo” y otras artimañas políticas para eludir el poder demoráctico

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En la política mexicana bien se sabe que, existen lagunas y privilegios dentro de la ley, los cuales fungen como herramientas para aquellos servidores públicos, cuya hambre de poder se encuentra muy por encima del objetivo principal de su cargo: servir al pueblo. Entre aquellas herramientas se pueden concebir, entre las más escuchadas, al fuero político: entendido como una inmunidad la cual “salva”, por medio del voto del congreso que se erige como juez, a los funcionarios públicos de ser procesados penalmente.

Asimismo, entre tales “artimañas” cabe resaltar al chapulineo; este mismo se comprende como un artilugio a través del cual, un servidor público puede pedir permiso a su partido (y no a la ciudadanía que lo votó) para desocupar su cargo popular, con el objetivo de competir por otro igualmente, designado por el voto. Cabe destacar que, como se ha observado en diversos casos, en la ley no existe ningún impedimento para que, le sea impedido volver a aquel funcionario a su cargo anterior luego de haber perdido la contienda electoral.

…considero que, uno como funcionario público, debe tener la vergüenza y el compromiso suficiente para ocupar el cargo por el que la gente lo eligió, no la mitad de este mismo, o un cuarto o un tercio, sino TODO el tiempo que dura el cargo popular; los ciudadanos no elegimos a una persona para que este una parte del periodo de tal puesto…

Los ejemplos de esta traición hacia la voluntad del pueblo (hay que llamar a las cosas por su nombre) sobran; Ivonne Álvarez, con su conocido “dobleteo” en la materia, primero pediría licencia para dejar su cargo de Presidenta municipal con el fin de competir por la senaduría. Posteriormente, esta misma nuevamente pediría licencia del cargo nombrado previamente para contender por la gubernatura de Nuevo León, resultando en el ya conocido desenlace, donde pierde las votaciones, y como era de esperarse, vuelve al senado sin el más mínimo remordimiento.

Otro ejemplo destacable radica en la ex-alcaldesa de Monterrey: Margarita Arellanes. Como muchos recordarán, a pesar de su pésima administración como presidenta municipal, esta tuvo un mayor deseo por el poder que el del hecho de sentir vergüenza, por lo que decidió imitar los pasos de su contraparte priísta (Ivonne Álvarez), e intentó recurrir al llamado “chapulineo”, con el fin de competir por la candidatura a gobernador por el Partido Acción Nacional. El desenlace fue el esperado: Arellanes teniendo por pérdida la candidatura, con su imagen más golpeada de lo que ya se encontraba, y contemplando el fin de su carrera política.

En la política mexicana bien se sabe que, existen lagunas y privilegios dentro de la ley, los cuales fungen como herramientas para aquellos servidores públicos, cuya hambre de poder se encuentra muy por encima del objetivo principal de su cargo: servir al pueblo.

Estos ejemplos del chapulineo nos hacen reflexionar, a cada uno de nosotros, en el hecho de que como ciudadanos, no nos podemos permitir este tipo de conductas entre nuestros servidores públicos, los cuales como menciona su nombre, son nuestros servidores y no al contrario. Que si daña el derecho a ser votado el luchar por eliminar la posibilidad de chapulinear dirán algunos partidarios de esta práctica. No obstante, considero que, uno como funcionario público, debe tener la vergüenza y el compromiso suficiente para ocupar el cargo por el que la gente lo eligió, no la mitad de este mismo, o un cuarto o un tercio, sino TODO el tiempo que dura el cargo popular; los ciudadanos no elegimos a una persona para que este una parte del periodo de tal puesto, yo voté por una persona para que sea gobernador 6 años, no 5 ni 4, sino 6 años completos. Lo mismo con los alcaldes, diputados, senadores y demás cargos, por lo que si un político desea conservar o recuperar su credibilidad, y le importa un poco su gente, que no “chapulinee”, y respete la decisión de quienes lo votaron.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”