Sanción a la abstención

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El 24 de octubre de 2019, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de obligación del voto.

Misma, que fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

En la referida iniciativa, esencialmente se propuso reformar los artículos 128, 447 numeral 1 y 456 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de combatir el abstencionismo electoral.

Lo anterior, considerando como nueva causal de infracción la no emisión del voto sin que exista causa justificada y, sancionando al infractor impidiéndole realizar gestiones o trámites ante los entes públicos federales, estatales o municipales durante el lapso que fije la autoridad electoral.

Siendo oportuno precisar, que no se pretende sancionar a quien libremente acude a las urnas y decide anular su voto pues no lo convencen las propuestas de los candidatos, sino por el contrario, únicamente se sancionará a aquellos que sin causa justificada se abstienen de cumplir con su obligación como ciudadanos de la República de acudir a las urnas en las elecciones.

Sobre el particular, considero que esta reforma es necesaria, pero sobre todo congruente con el texto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM). 

Necesaria, puesto que tal y como lo señaló la Senadora Nadia Navarro Acevedo el abstencionismo electoral golpea fuertemente la democracia, siendo imperativo adoptar medidas para su disminución, sin contar el elevado costo financiero que esta práctica representa para el Estado Mexicano.

Máxime, que según se advierte del “estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las Elecciones Federales de 2009, 2012 y 2015“, en México el promedio de participación ciudadana (contando elecciones intermedias y presidenciales) desde 1991 a 2015 es del 57.58%, es decir, existe un preocupante 42.42% de abstencionismo electoral.

Situación anterior, que evidencia la necesidad del Estado Mexicano, por una reforma como la que hoy nos ocupa.

Por su parte, la reforma es congruente con el texto de nuestra CPEUM, pues si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 35 de la CPEUM votar en las elecciones populares es un derecho de la ciudadanía, lo cierto es que el alcance del referido derecho debe interpretarse como la facultad que tiene el ciudadano mexicano para ejercer su voto libremente en las urnas y no así, como la facultad del ciudadano mexicano para decidir sí acude a ejercer el derecho o no.

Lo anterior, puesto que a la par del derecho de la ciudadanía para votar en las elecciones populares, subsiste la obligación contenida en la fracción III, del artículo 36 de la CPEUM, que expresamente establece que son obligaciones del ciudadano de la república votar en las elecciones y en las consultas populares.

Esto, pues tal y como lo señaló, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus “Apuntes de Derecho Electoral” atendiendo a que la norma tiene que permitir el cumplimiento de lo ordenado, y la omisión de lo prohibido, encuentra significado el aserto de que todo mundo tiene el derecho de cumplir con sus obligaciones.

No es óbice, que lo anterior aparentemente resulte una contradicción, pues desde una perspectiva lógico-jurídica, votar se trata de una obligación que se traduce en la función pública de integrar los órganos de elección popular y que funda, a su vez, el derecho del ejercicio obligatorio de votar.

En este orden de ideas, siguiendo con la lógica-jurídica de que a todo incumplimiento de una obligación debe corresponder una sanción, es que resulta congruente la reforma que hoy se comenta.

Finalmente, espero que nuestros legisladores logren advertir la necesidad y congruencia de la reforma propuesta y, sea aprobada a la brevedad con las modificaciones técnicas correspondientes.

¿Muerte civil para las y los servidores públicos corruptos?

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Recientemente, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una de las novedades de la Ley es la posibilidad de que se sancione con inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a las y los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o hechos de corrupción (art. 78, fracción V). Por su parte, el Senado de la República como cámara de origen aprobó en marzo pasado un decreto de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), instituyendo la inhabilitación definitiva; esta iniciativa está ahora en comisiones en la Cámara de Diputados. 

El objetivo de esta colaboración es delinear algunos problemas de lo que se ha denominado en los medios como “muerte civil”. 

Acerca de la formalidad del término, es cierto que periodísticamente resulta muy atractivo usar el término de “muerte civil”, pero este no es exacto, porque la institución no implica la pérdida de otras capacidades como el ejercer el sufragio activo. Lo que implica en verdad es solo la prohibición permanente de incorporarse a un empleo, cargo o comisión de naturaleza pública.

La delimitación de este tipo de sanción de acuerdo con la LGRA (art. 78) es solo temporal y fluctúa en el siguiente rango:

a).- De tres meses a 1 año, si la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno. b).- De 1 hasta 10 años, si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede las 200 UMAS ($16, 898.00). c).- De 10 a 20 años, si se exceden las 200 UMAS.

La nueva LRANL publicada en el Periódico Oficial del Estado el pasado 7 de junio de 2019, agrega también la inhabilitación definitiva. Para ello, segmenta los supuestos de inhabilitación de la siguiente forma:

a).- Inhabilitación temporal de tres meses a 1 año cuando la falta no causa daños o perjuicios y que no exista beneficio o lucro alguno.  b).- Inhabilitación temporal de 1 a 10 años cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 1, 500 el valor diario de la UMA ($126, 735.00). c).- Inhabilitación definitiva cuando el monto de la afectación exceda las 1,500 UMAS.

Este mismo modelo adoptado en Nuevo León fue el aprobado por el Senado en marzo pasado, aunque se mantiene la frontera de la gravedad en 200 UMAS y no en 1,500 como la local.

Considero que es importante preguntarnos como sociedad si 20 años de inhabilitación temporal constituyen un castigo suficiente que garantice la protección del bien común en los casos en que así sea pertinente según la LGRA. Para el Congreso de Nuevo León (norma ya vigente) y para el Senado (norma en proceso legislativo), parecería que la respuesta es negativa. No, no son suficientes 20 años de inhabilitación.

En este sentido, si la corrupción es tan grave como para justificar una sanción gravosa como la inhabilitación permanente para ser funcionario público, ¿no podría ser igualmente plausible como consecuencia penal en algunos de los delitos en los que conforme al artículo 19 constitucional se puede ordenar la prisión preventiva oficiosa, como, por ejemplo, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas…? 

Señalo esto porque el Congreso Local no adecuó el Código Penal del estado para incluir como sanción penal la inhabilitación definitiva; y el Senado sólo se refirió a los delitos por hechos de corrupción (art. 212 del Código Penal Federal), pero no a otras posibles conductas delictivas que pudieran ser responsabilidad de personas que fungen como servidores públicos y que deberían ser más gravosas en cuanto a su sanción, como por ejemplo, cuando el abuso sexual o violación fuese cometida por quien desempeñe un cargo o empleo público (art. 266 Bis Código Penal Federal): ¿No sería igualmente recomendable que un agente de migración abusador sexual o violador de una niña o niño fuera inhabilitado definitivamente para desempeñar cargos públicos, tal como se propone por el Senado para servidores públicos corruptos?

Ahora, estrictamente en el ámbito de las responsabilidades administrativas, en el artículo 109, fracción III de la Constitución Política se establece como posibilidad de sanción a servidores públicos el siguiente catálogo: amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Como puede advertirse, la norma constitucional no especifica claramente que pueda imponerse una inhabilitación definitiva. Dudo que respecto de una restricción de derechos de esta magnitud, la CPEUM haya dejado libertad de configuración al legislador ordinario. Desde esta perspectiva, ¿puede considerarse que la creatividad del Congreso Local está acorde a la CPEUM a pesar de que en esta no se contempla expresamente el supuesto de inhabilitación permanente? En todo caso, aun aceptando que la Constitución permite la libre configuración del legislador, ¿podía el Legislativo Local crear un supuesto novedoso cuando todavía no se aprueba la reforma a la Ley General respectiva, la cual es jerárquicamente superior a la ley local de responsabilidades administrativas? ¿Tenía el legislador local libertad configurativa para crear una frontera sancionatoria no de 200 UMAS, sino de 1,500?

En síntesis, parecería que en este tema debemos exigir a nuestros representantes: Primero, un debate serio y profundo sobre si la inhabilitación de servidores públicos debe aumentarse, en algunos casos, de veinte años a permanente; segundo, si acordamos que así deba ser, la decisión pública acerca de si la inhabilitación permanente o definitiva es un camino sancionador solamente para hechos de corrupción o también para otras conductas delictivas, y, finalmente, el ejercicio efectivo de las y los legisladores como defensores de la Constitución.

¿Por qué la reforma en Baja California resulta inconstitucional?

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El debate público nacional se ha centrado últimamente en una cuestionable decisión tomada por un Congreso Local, mismo que ha encendido las alarmas al respeto a los límites del pacto federal y los controles constitucionales al poder político. El Diputado Víctor Manuel Morán, propuso al Congreso de Baja California, una reforma que amplía el mandato constitucional del gobernador electo, Jaime Bonilla, para transitar de una administración de 2 años a 5. Con el voto de 21 diputados a favor, dicha reforma ha sido avalada incluso por 3 ayuntamientos, a excepción de Tijuana y Mexicali. Si bien, existe la probabilidad de que el actual gobernador de la entidad, Francisco Vega, no promulgue dicha reforma, el Pleno del Congreso puede publicarla en el Diario Oficial Local como una contramedida ante la negativa del ejecutivo estatal. Independientemente de las aristas políticas de esta modificación, en medios de comunicación, distintos académicos y analistas han calificado a dicha reforma como inconstitucional, sin embargo, y haciendo a un lado la obviedad, favoreciendo de antemano el debate y análisis, existe una pregunta importante: ¿Por qué la reforma en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo tiene una naturaleza inconstitucional?

Si bien, la misma pregunta podría parecernos sobrada, es necesario encontrar los puntos jurídicos precisos para declarar que esta reforma efectivamente posee dicha categoría. La modificación no era nueva, el antecedente de esta situación se dio en el Tribunal Electoral de Baja California, el cual  ordenó la inaplicación del decreto No. 112 de la Constitución local, lo que traería como efecto la ampliación del mandato del gobernador a 5 años, sin embargo,  dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC2272019. Al ser cosa juzgada en el aspecto Judicial-Electoral, el debate pasó al Poder Legislativo, presentándose un proyecto de reforma. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, era el disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral, y ampliando el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal. Otro de los argumentos en la exposición de motivos de dicha iniciativa, recae en la facultad de los estados en legislar materia electoral; otro es el volumen de votos con el que fue electo, ya que “si la ciudadanía eligió un opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernar únicamente por 2 años”, y también, esgrimieron que 2 años no son suficientes para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de gobierno. Respecto al contexto del periodo corto, debemos recordar que las autoridades electorales, impulsaron una reforma para homologar y empatar los calendarios electorales y  lograr tener de esta manera, una elección constitucional y una intermedia como sucede en Estados Unidos, el cual sí garantiza un ahorro presupuestal. Es por ello, que la convocatoria electoral de Baja California tiene un origen de temporalidad de 2 años. En primer término, la medida es desproporcionada al supuesto beneficio, ya que la planteada economía, en visión del legislador proponente, tiene un mayor valor que la voluntad popular. Desde un punto de vista axiológico-político, ampliar de esta manera el mandado constitucional de un gobernador electo es modificar los términos y condiciones por los cuales se llevó a cabo la elección, ya que dicho electorado tenía un conocimiento previo de la duración del mandato por el cual los partidos políticos propusieron candidatos, y en ese sentido se está violentado la voluntad popular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, y como podemos ver, el Congreso de Baja California no respetó lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la SCJN.  El artículo 105 en su fracción II de la CPEUM, menciona que, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformas las leyes electorales locales, estas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones. Continuando con el tema de la prórroga, la SCJN en el 2007 estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso, y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.  

Como podemos apreciar, los argumentos sobran para categorizar esta reforma de inconstitucional, sin embargo, estamos a la expectativa de ver el actuar de los diferentes mecanismos constitucionales de control político. En efecto, uno de dichos controles republicanos del poder es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política. Este debe ser un ejemplo de lo dispuesto por Montesquieu de que “por disposición de las cosas, el poder detiene al poder”, y es en esa lógica, que las instituciones pertinentes deben accionarse contra esta medida. En días recientes, la SCJN desechó dos demandas de controversia constitucional en contra de la reforma aprobada por el Congreso Local, presentadas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, por “notoria y manifiesta improcedencia” debido a que la reforma no ha sido publicada aún en el Diario Oficial Local, por lo cual no es derecho positivo impugnable por el momento. 

Otro argumento que han presentado en medios de comunicación los defensores de dicha reforma, es que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California. Sin embargo, las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la CPEUM, y ello no vulnera el Pacto Federal, al contrario, estipulando limites se fortalece, y al violar dichos límites, se está vulnerando la máxima disposición normativa del país, ya que todos los poderes locales (ejecutivo, legislativo y judicial) también son regulados por la constitución federal. 

Levitsky y Ziblatt mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender la constitución, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances instituciones y la debida defensa de la constitución.

Dilemas normativos de la reelección

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En 2018 no solamente acudiremos a las urnas para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la República. En algunos estados, como en Nuevo León, también saldremos a votar por la posible reelección consecutiva de Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías. No es menor la decisión polítca que en el orden local deberemos de tomar: Ahora más que nunca debemos tener información confiable para refrendar, o no, a ciertas personas en sus cargos públicos electivos.

Sin embargo, para que la institución de la reelección consecutiva opere jurídicamente, como en muchas otras ocasiones, se precisa de la labor de desarrollo normativo del legislador ordinario, en este caso, del Congreso del Estado de Nuevo León.

Aunque puede existir un número importante de situaciones a regular jurídicamente, me parece que las esenciales son las siguientes cuatro:

Primero, si la reelección consecutiva es un derecho de las personas o es un derecho de los partidos políticos. Segundo, si las personas electas en 2015 vía una candidatura independiente pueden ser reelectas y, en su caso, si deben volver a recabar firmas de apoyo ciudadano. Tercero, si la reelección es una excepción para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. Y cuarto, ¿qué reglas específicas deberá seguir una persona a reelegirse para no afectar la equidad en la competencia? Si bien cada uno de estos problemas tiene de por si respuestas complejas, ensayo en las siguientes líneas algunas propuestas de solución.

Primer dilema normativo

El primer dilema normativo se deriva de la manera en que se redactaron las normas constitucionales que ahora permiten la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, para los Ayuntamientos, la disposición constitucional establece que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partidos político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (art. 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM).

 




 

Sin embargo, cualquier intento de las élites partidistas de interpretar estas palabras en el sentido de que la titularidad de este derecho recae en los partidos se desvanece frente al reconocimiento claro del derecho humano a ser votado para todos los cargos de elección popular en la propia Constitución (art. 35, fracción II CPEUM), y en el artículo 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es decir, los titulares del derecho a ser reelecto, como faceta inobjetable del derecho a ser votado, son las personas, no los partidos políticos.

Segundo dilema normativo

Esta propuesta de respuesta al primero de los dilemas, en cierta forma, nos ayuda a responder que una persona electa por la vía de candidaturas independientes, también tiene reconocido el derecho a ser reelecta de forma consecutiva, porque de lo contrario se haría una distinción injustificada entre personas electas a propuesta de los partidos políticos y personas electas por la vía independiente.

Y, además, porque las candidaturas independientes, una vez reconocidas constitucionalmente, son un mecanismo más de refortalecimiento de los derechos políticos y de la democracia, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 204).

 




Sin embargo, ello implica que los gobernantes electos a través de candidaturas independientes deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano, porque ese es su vehículo normativo para la postulación, tal como las personas propuestas por partidos políticos deben cumplir con los estatutos para ser postulados por sus partidos (incluso participar en contiendas internas).

Tercer dilema normativo

La posibilidad de ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones. Esto en razón de que el principio de paridad en la postulación reconoce una necesidad de igualación material entre mujeres y hombres.

Asumir una posición distinta podría reeditar problemas de incumplimiento de la paridad en razón de la faceta mayoritaria de la democracia, desatendiendo la cara de la garantía de derechos de igualdad substancial y no meramente formal.

Cuarto dilema normativo

Por último, si uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la equidad en la competencia, las reglas que se delimiten por el legislador local deben buscar inhibir conductas de utilización de recursos públicos a favor de las personas postuladas para ser reelectas.

 




En otras palabras, a diferencia del sistema norteamericano en donde el Presidente Obama pudo trasladarse en el Air Force One para su campaña de reelección, en México, en Nuevo León, deben crearse reglas específicas para mantener un piso igual para todas las personas contendientes.

En resumen, la reelección es un derecho de las personas y no de los partidos políticos. Las personas electas en 2015 a través de candidaturas independientes sí pueden ser reelectas, aunque deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano. La postulación para ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género.

Y, por último, Las personas que sean postuladas para ser reelectas deben cumplir reglas claras y estrictas para no desequilibrar la equidad en la competencia.

Por si esto no fuera suficiente, además, todo debe quedar legislado en el primer semestre de 2017. Una tarea por demás compleja tiene el Congreso del Estado.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Es tiempo de una nueva Constitución para México

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En un año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) será centenaria. Si la Constitución fuera una persona, formaría parte del 1.8% de los adultos mayores con cien o más años de edad en nuestro país (INAPAM); y si se viera a sí misma en un espejo, tal vez reconocería muy poco de su cara de recién nacida en aquel lejano 5 de febrero de 1917.

La CPEUM ha acumulado tiempo pero también peso. Tomando en cuenta hasta el mes de febrero del 2014, su texto ha crecido 2.7 veces con relación al original, es decir, pasó de aproximadamente 22 mil palabras a 59 mil (Fix-Fierro); más las que se acumularan esta semana ya que en enero se agregaron dos reformas más a la Constitución (el nuevo régimen de la Ciudad de México y la desindexación del salario mínimo).

Por otro lado, puede resultar más difícil cancelar una tarjeta de crédito que aprobar una reforma para la Constitución. En efecto, la Constitución se modifica con tanta facilidad que las adecuaciones son “discutidas” y aprobadas en los Congresos Locales con la rapidez de un mero trámite procedimental; adicionalmente, nuestra Ley Fundamental cambia con tanta frecuencia que para “conocer” el texto más actualizado es necesario revisar prácticamente todos los días las páginas web de las Cámaras del Congreso de la Unión.

La Constitución tiene tantas memorias y objetivos que es probable que ya se sienta afectada por el mal de Alzheimer. Esto es, hemos incluido tantas cosas en nuestra Constitución que aparentemente es incongruente en algunos temas. Por ejemplo, reconocemos la posibilidad de reelección consecutiva en Ayuntamientos, diputaciones (locales y federales) y senadurías, pero no respecto de los ejecutivos (estatales y federales). Esto es, sí…, pero no. Otro ejemplo es que no se pueden otorgar concesiones en materia de petróleo e hidrocarburos, pero sí pueden firmarse contratos de licencia. Es decir, no…, pero sí.

En efecto, la Constitución se modifica con tanta facilidad que las adecuaciones son “discutidas” y aprobadas en los Congresos Locales con la rapidez de un mero trámite procedimental…

¿No será tiempo de dejar las simulaciones y constituirnos como realmente somos y queremos ser?
Hasta ahora, he señalado únicamente aspectos supuestamente formales que plantean la necesidad política de una nueva Constitución para México: La extensión y complejidad gramatical del texto constitucional, la inutilidad de un procedimiento dificultado para la reforma constitucional que, en los hechos, demerita la supremacía de la Constitución; así como las adecuaciones constitucionales basadas en agendas políticas particulares y sin un debate público nacional.

Sin embargo, un hecho probablemente aún más importante y meritorio de que contemos con una nueva Constitución es que cuando aquella persona centenaria observa al país a través de la ventana de su casa, ya no reconoce las calles del barrio ni a las personas que viven en él. Es, en cierta medida, una extraña para los demás. La Constitución misma desconoce a la sociedad que pretende constituir, dirigir, guiar.

En efecto, siendo México un país de migrantes (expulsor y receptor), aún no aceptamos que un extranjero con residencia legal en nuestro país pueda elegir a sus autoridades locales. Siendo un país con fuerzas locales muy importantes, aún no hemos siquiera formulado, y menos respondido, la pregunta: ¿Qué federalismo deseamos para el siglo XXI? En última instancia, siendo que México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, aceptamos que el artículo 1° constitucional tenga su límite protector de las personas en la propia Constitución y no en un instrumento internacional.

La Constitución misma desconoce a la sociedad que pretende constituir, dirigir, guiar.

La crisis de derechos humanos que vivimos en México (así como la corrupción generalizada, el desconocimiento de la ley, la impunidad de los actores con poder, la simulación en la aplicación de las normas, el temor y la desconfianza en las autoridades…) debe ser motivo de enorme tristeza para quien en un año cumplirá 100 años. Tristeza por ver frustrados algunos de sus planes de juventud, por ver que pocas personas la conocen o la toman en serio, por la ampliación de las diferencias sociales, en suma, tristeza por no ser reconocida como factor de unión y como guía de una comunidad.

Casi podemos escuchar, a lo lejos, una voz orgullosa pero fatigada que nos dice: “Es tiempo de aceptar mis triunfos pero también mis propios límites; es tiempo de unirnos de nuevo y convenir en lo esencial para el país. Es tiempo de una nueva Constitución para México…”

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