Estados derrochan más de lo presupuestado y se endeudan más: IMCO

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En 2017 los estados de la República gastaron 294 mil 998 millones de pesos adicionales más a lo presupuestado (17%) y se endeudan más de lo establecido, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Durante la presentación del estudio de presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad. Índice de Información del Ejercicio del Gastos (IIEG 2018).

El cual mide el cumplimiento de la calidad de la información sobre el ejercicio del gasto de los 32 poderes ejecutivos estatales de 2015 a 2017.

Refiere que los estados gastaron más en ceremonias (91%); publicidad (83%); gastos y artículos de oficina (38%); en traslados y viáticos (12%) y en burocracia (11%).

Los tres estados con mayor cumplimiento son Puebla (96%), Campeche (88%) y Querétaro (87%).

Los de menor incumplimiento son Michoacán (32%), Ciudad de México (31%) y Nayarit (15%), siendo está última entidad que no ha cumplido con la publicación de los 51 de 72 documentos correspondientes al primero, segundo y cuarto trimestre de 2017.

En conferencia de prensa, Juan Pardinas, director general del IMCO, dijo que los estados al no alcanzar el 100% de desempeño, ninguna entidad esta cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicó que el estudio refleja la falta de planeación, un incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales.

“La falta de acción por parte de los congresos locales es una muestra de que no son un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarias de Finanzas“, resaltó.

El IMCO propone reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos; mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto, cumplir su función de contra peso; mejorar la calidad de la información financiera.

Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

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Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”