La importancia del 6 de junio

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Seguramente ya a estas alturas escuchas día tras día algo relacionado a las elecciones del 2021. Yo ya te platiqué sobre la magnitud de este proceso y la cantidad de cargos que se están en juego. Pero hay cosas que normalmente a primera vista no se notan, y que vale la pena resaltar, con la finalidad de que en nueve meses el voto de la ciudadanía sea informado y responsable.

Antes que nada, la importancia que se le debe de dar al proceso de renovación de la Cámara de Diputados. En primera, se juega la mayoría que mantiene la alianza de la Cuarta Transformación, que de perderla dificultaría que muchos de los proyectos del Presidente avancen. Los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD, MC y posiblemente México Libre) buscan diversificar el voto para romper con el altísimo número de diputadas y diputados que la 4T mantiene, con la finalidad de restarles poder legislativo. 

Al Artículo 84 Constitucional, que habla sobre los escenarios en caso de la falta del Presidente, se le añadió lo siguiente el 20 de diciembre de 2019:

“En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional.”

La revocación de mandato, según lo estipulado, se llevará a cabo en 2022. Si López Obrador es revocado de su sexenio, y la oposición en ese entonces ocupara la mayoría en la Cámara de Diputados, existe la posibilidad de que asuma el Ejecutivo Federal un político ajeno a MORENA, según lo establece la Constitución. De ahí la razón por la cual la 4T no se puede permitir perder.

También el presidente y los partidos ya iniciaron sus movimientos de cara al siguiente año:

Sabemos que la campaña de firmas para “enjuiciar a los expresidentes” es grilla electoral, pues en este país se puede enjuiciar si hay suficientes pruebas sólidas en su contra, no hace falta una encuesta. Todo este tema es para medir la popularidad del Presidente, nada más. También la rifa del avión.

El partido del gobierno, MORENA, se encuentra en un proceso interno para elegir a sus dirigentes, aquellos que guíen al partido a mantener y aumentar su presencia en toda la República. Las divisiones internas se tienen que resolver para evitar una ruptura profunda que termine por significar su derrota electoral, apenas tres años después de ascender a la cima.

PRI y PAN, por su parte, lanzan campañas de desprestigio en contra del gobierno federal por el pésimo manejo de la pandemia, de la seguridad y de las finanzas, para posicionarse como opciones capaces de gobernar y legislar a partir de 2021. Ambos partidos se mantienen punteros en algunos distritos y municipios donde MORENA no ha podido establecerse del todo.

Movimiento Ciudadano este mes ha anunciado que competirá sólo en las elecciones en todos los niveles, y se establecen como una oposición ordenada y cercana a la gente, lo que descarta una alianza con el PAN o el PRD, y que les abre las puertas a aumentar su presencia en San Lázaro y buscar ganar algunas gubernaturas.

México Libre sigue luchando contra corriente para consolidarse como partido político. El PVEM reafirma su alianza (sin sentido) con el bloque de la Cuarta Transformación.

Consideren, estimados lectores, que de lo que suceda el 6 de junio de 2021 se establecerá el rumbo de la nación por al menos los siguientes tres años. Tenemos aún mucho tiempo para informarnos, involucrarnos de así quererlo, y votar responsablemente.

¿Qué opinas?

Contrapeso o Mera Formalidad

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Desde el 27 de febrero de 2020, nuestro País se encuentra en una lucha sin cuartel contra un enemigo peligroso, silencioso y a veces letal al que resulta imperativo derrotar denominado COVID-19.

Aunque al día de hoy, el panorama aparentemente es alentador en comparación con lo que experimentaron otros países como Italia, España, Estados Unidos, etc., los mexicanos debemos seguir preparados y no bajar la guardia, pues todavía no ha pasado la peor parte de esta batalla.

Sin embargo, como en todas las batallas, esta situación ha vuelto patente algunas de nuestras fortalezas, como por ejemplo la solidaridad que internacionalmente nos ha sido reconocida y que ha sido pieza fundamental en esta lucha, pues entre todos hemos apoyado siguiendo las recomendaciones de aislamiento voluntario, sana distancia, ayuda entre vecinos, apoyos alimentarios, donaciones de sangre, entre otras.

Por su parte, también se han evidenciado algunas de nuestras flaquezas, dentro de las cuales identifico como la más destacada la fragilidad material de nuestro sistema de división de poderes.

Sobre todo, tratándose del servilismo villano que el poder Legislativo realiza para el poder Ejecutivo en las Entidades federativas y la Federación.

Al respecto, en nuestro País el principio de división de poderes se encuentra en el artículo 49 de la Constitución y esencialmente tutela que el poder público para su ejercicio se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Dicho principio, históricamente tiene su base en los postulados de Aristóteles, Locke, y Montesquieu, quienes advirtieron la necesidad de dividir el poder público a fin de impedir su abuso, generando contrapesos pues solo el poder puede detener al poder.

Y es que hoy, al igual que hace 272 años vale la pena preguntarnos “cómo un gobierno puede no ser tiránico si el encargado de hacer ejecutar las leyes es al mismo tiempo el legislador”, “qué protección pueden tener los ciudadanos contra la arbitrariedad si en una sola mano se reúnen confundidos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (El espíritu de las Leyes – Montesquieu).

Lo anterior, pues si bien es cierto, en nuestro País la separación de poderes obedece a la necesidad de contar con contrapesos, equilibrio y erradicar la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y; aunque formalmente cumplimos con el referido principio al contar con un Presidente de la República, Cámara de Diputados (federal) Cámara de Senadores y Juzgadores, así como Gobernadores y Legislaturas Locales, la realidad es que materialmente el poder Legislativo a nivel federal y en las Entidades federativas resultan una mera o insignificante formalidad para la aprobación de determinadas acciones del poder Ejecutivo.

Esto, pues basta observar cómo esta pandemia que hoy nos aqueja ha sido un nicho de oportunidad para el titular del poder Ejecutivo federal proponiendo realizar modificaciones al presupuesto y para los titulares de los Ejecutivos estatales solicitando endeudamientos y ejerciendo acciones que desde su redacción se advierte que no necesariamente servirán para contrarrestar al COVID-19 y que han sido aprobadas, o lo serán, sin debatir, razonar u opinar por los poderes Legislativos.

Evidenciando así, la fragilidad material de nuestro sistema de división de poderes, en tanto el poder Legislativo más que un verdadero contrapeso que sirva para enriquecer las decisiones y el ejercicio del poder público, se ha convertido en un paso más que el Ejecutivo debe realizar antes de ejercer determinada acción.

Siendo oportuno precisar, que tampoco se trata de enfrentar ambos poderes como muchos legisladores de oposición (respectivamente) realizan su función, sino por el contrario, de enriquecer la toma de decisiones.

Ante esto, como ciudadanos resulta válido preguntarnos si verdaderamente nuestros Diputados Locales, Diputados Federales y Senadores ejercen un contrapeso o bien, si únicamente resultan una formalidad necesaria.

Finalmente, los legisladores deben tomar en cuenta que pertenecer a un partido político o grupo parlamentario nunca puede significar renunciar a su indormia o capacidad de razonar.

Revocación de mandato. Una realidad.

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El día de hoy, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma Constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato para el Presidente de la República, Gobernadores y Jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

Para tal efecto, fueron reformados los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de nuestra Constitución.

Sobre el particular, se precisó que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

Siendo oportuno aclarar, que no se trata de un medio para fincar una sanción que se ubique en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, sino, de un mecanismo de democracia participativa, que busca empoderar a la ciudadanía.

Ahora bien, el procedimiento para llevar a cabo referida revocación con el Presidente de la República deberá atender los lineamientos siguientes:

– Será convocado por el INE a petición de la ciudadanía.

– Los peticionarios, deberán ser mínimo el 3% de los inscritos en la lista nominal, que correspondan a por lo menos 17 Estados y a su vez, que representen el 3% de la lista nominal de cada uno de ellos.

– Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

– Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha del punto anterior, a través de los formatos, medios y lineamientos que expida el INE.

– Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con elecciones federales o locales.

Para la validez del proceso deberá haber por lo menos la participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal y únicamente procederá por mayoría absoluta.

– El INE tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación.

– El resultado podrá ser impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

– En caso de impugnación la Sala Superior del Tribunal Electoral realizará el cómputo final del proceso y en su caso, emitirá la declaratoria respectiva.

– De darse la revocación asumirá provisionalmente la Presidencia quien ocupe la Presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo Constitucional.

Cabe mencionar, que aún esta pendiente la emisión de la Ley Reglamentaria en materia de revocación de mandato, misma que el Congreso de la Unión deberá expedir dentro de los 180 día siguientes.

Asimismo, los Congresos Locales, dentro de los 18 meses siguientes deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su legislación interna, a efecto de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de Gobernadores.

Tratándose de revocación de mandato a Gobernadores, deberá solicitarlo por lo menos un número equivalente el 10% de la lista nominal, en la mitad más uno de los municipios de la Entidad.

Ahora, como se dijo anteriormente esta reforma empodera a la ciudadanía, fortalece la democracia participativa y materializa el derecho contenido del artículo 39 Constitucional que dispone que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno, en tanto establece una figura al alcance del elector, para que se determine si el representante popular es merecedor de la confianza ciudadana.

Finalmente, aunque queda pendiente figura análoga para revocación de ayuntamientos, considero que este mecanismo de participación ciudadana nos obliga como mexicanos no sólo a actuar con responsabilidad y acudir a las urnas en caso de suscitarse un procedimiento de revocación, sino también a convertirnos en verdaderos vigilantes del correcto ejercicio del poder público.

La 4T también debe ser ambiental

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Pese al ímpetu transformador reflejado en el discurso y en diversas acciones implementadas por el gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia de corrupción y de combate a la pobreza, parece que el medio ambiente ha quedado fuera de la agenda durante esta administración, en donde las instituciones especializadas en estos temas (SEMARNAT y PROFEPA)  han pasado a un segundo plano y en cierta medida, se han visto sometidas en temas como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas. Si bien, sería aventurado aseverar que a este gobierno le resulta de poca relevancia y hasta incómodo el tema del medio ambiente, se puede decir que a casi un año del inicio de la administración, no se han mostrado avances significativos en esta materia tan importante para el desarrollo pleno de la actividad humana.

Lo anterior de ninguna manera quiere decir que los grandes proyectos de infraestructura de la 4T carezcan de sustento para llevarse a cabo, pues si bien es cierto que el fundamento en materia ambiental de las dos principales obras del gobierno federal se han visto marcado por un manejo poco usual del impacto ambiental, tanto en la práctica como en el discurso, también es cierto que ambos buscan impulsar el desarrollo del sur del país, el cual ha tenido un crecimiento marginal en los últimos años, siendo Tabasco y Campeche claros ejemplos de esta situación; sin embargo, y pese a las condiciones críticas en las que se encuentra el sureste mexicano, el desarrollo de empresas de gran escala como estas no debe ir en detrimento de la riqueza natural que posee México, la cual nos coloca como uno de los países más importantes en  materia de biodiversidad a nivel global.

Sería importante que con el mismo ánimo con que se ha buscado el combate a la corrupción, se procure el cuidado y la protección del medio ambiente, el cual por años ha sido víctima del dúo, al cual, el presidente, ha responsabilizado de la mayor parte de los problemas del país: impunidad y  corrupción.

Si bien, se ha abierto una esperanza en las últimas semanas tras el caso del derrame de ácido en el Mar de Cortés y la posterior clausura de la planta de Grupo México, mismo que se ha convertido en uno de los principales símbolos de la depredación ambiental y la impunidad tras casos como el derrame tóxico en el Río Sonora en 2014, lo importante es que casos como este dejen de ocurrir, y casos del pasado sean castigados. La presente administración debe tener en claro que si se busca una Cuarta Transformación, esta debe ser integral, y que sin el cuidado del medio ambiente, cualquier proyecto a futuro fracasará de forma inminente en un país sin recursos en donde la contaminación rampante y degradación del entorno natural se han vuelto parte del día a día.

Con toda prudencia, sería responsable y un signo de respeto a las instituciones, permitir que las instancias responsables realicen su trabajo de forma libre y no iniciar trabajos hasta contar con su aval, tomando en cuenta las recomendaciones emitidas para el desarrollo de las obras, como lo pueden ser las modificaciones de ruta y la mitigación de los impactos, los cuales, no implican la cancelación de ninguno de los dos proyectos.

Esperemos que se corrija el rumbo y se encuentre la manera de llegar al equilibrio entre el desarrollo de estos y otros planes a futuro, teniendo como prioridad el cuidado y la preservación del medio ambiente.

Un presidente en campaña permanente

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El Presidente de la República sigue en su campaña (electoral)  permanente y no hay fin de semana que no visite algún hospital regional o algún centro de empleos que mantienen al país en su condición de semi desarrollo y de economía informal. 

Pero se contenta de enviar un mensaje a la asamblea de la CONCAMIN, asegurando a los industriales del país de su apoyo incondicional y de la protección arancelaría que puedan requerir. Imitando a Trump. Inaugurando campeonato de beisbol, pero descuidando los principales inversionistas de México, que son los dueños de empresas manufactureras que aseguran trabajo para las familias mexicanas. 

Como candidato en campaña, sigue fustigando el pasado y no vacila en calificar de masoquistas a quienes aseguran que los tiempos neoliberales eran tiempos mejores. Puede ser que tenga razón. Salvo que la cuarta transformación no demuestra todavía un desempeño mejor que el desempeño anterior. Precisamente, porque no fluye la inversión. Pero en lugar de dar seguridad a la inversión, sigue reclamando los defectos del pasado. 

Gobernar viendo hacia atrás no es lo mejor. ¿Cuándo aprenderá a gobernar viendo hacia delante? Sigue reclamando el desempeño del país durante los últimos treinta años, pero pretende hacerlo regresar  a los últimos cincuenta años, sin percatarse que el mundo ha cambiado, que las fronteras cerradas fueron sustituidas por la globalización de las economías y que los países progresistas de hoy son los que han educado a las nuevas generaciones para emprender y no para tender la mano en búsqueda de una dadiva gubernamental. 

En lo que sí avanza con certeza, es en la concentración del poder. Después del poder legislativo, está a punto de someter al poder judicial. La próxima víctima de sus embates será el poder electoral que será un estorbo para sus diseños futuros. No creo que el proceso electoral del 2021 sea tal y cómo lo imaginamos. 

No tardaremos en enterarnos de propuestas “novedosas” para que los procesos electorales sean controlados por el pueblo bueno y sabio y no por un organismo autónomo nada confiable para un gobierno que no dejará que alguien más que él pueda decidir de la suerte de las elecciones. Los peligros se  intensifican.  

Defensa de Rosario Robles impugnará resolución de la SFP

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El abogado Julio Hernández Barros, defensor de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, informó que impugnaría la resolución de las Secretaría de la Función Pública (SFP) por inhabilitar a su cliente durante 10 años para desempeñarse en un cargo público.

El litigante negó que Robles haya omitido información en su declaración patrimonial, esto después de que la SFP sancionó a la ex funcionaria por ocultar una cuenta con 2 mil 887 pesos. Hernández Barros afirmó que dicha acción carece de fundamento administrativo y legal. Acusó que otros funcionarios omiten declaraciones de propiedades por más de 800 millones de pesos.

“Y es que, sin mayor fundamento administrativo y mucho menos legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a nuestra defendida por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con $2,887.86 pesos en su declaración patrimonial, lo que contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanciono alguna”, se lee en la carta del abogado.

Por otro lado, acusó a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval de mentir y afirmar que la sanción en contra de Robles fue por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos convencidos de que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval miente al afirmar que está resolución fue una instrucción del Presidente de la República, tal y como lo aseveró en su comunicado de prensa, pues estamos convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una tropelía tan injusta y absurda como la resolución de la SFP”.

El otro México

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El Presidente de la República escogió no entregar personalmente el Premio al Mérito Exportador. Por su significado económico y por la importancia de las exportaciones en el desarrollo económico de México, desde su creación, este premio siempre había sido entregado por el Presidente, en persona. No por persona interpuesta cómo sucedió este viernes, cuando el Jefe de la Oficina de la Presidencia , el regio Alfonso Romo fue delegado para realizar la entrega. 

Desgraciadamente, al ser cuestionado sobre la ausencia del Presidente, Alfonso Romo tuvo esta respuesta bastante desafortunada: “Esto, yo no lo puedo responder, es su agenda, pero va a todos los eventos de empresarios y nos reunimos con todas las mesas sectoriales. Pero, agregó, tiene que dedicarle también en sus giras espacios al otro México, que es el pueblo!” 

Este tipo de respuestas profundizan la división promovida por el presidente entre el “pueblo bueno”, el de los trapiches de San Luis Potosí, el “otro México” representativo de la economía que pretende empujar el presidente y unos empresarios que generan divisas a través de sus exportaciones frutos de inversiones cuantiosas, pero que no merecen el apoyo ni e interés del presidente. 

Desgraciadamente, no se pierde ninguna oportunidad de resaltar las diferencias entre este “otro México” el México del pasado, el México que exhibe la imagen oficial del gobierno y lo que nos gustaría ver de un México del futuro, un México pujante, partícipe de la globalización, peleando los avances tecnológicos del siglo XXI, en lugar de resaltar las bondades de los héroes del siglo XIX y del siglo XX. 

El trapiche de San Luis Potosí con su caballo demacrado y medio ciego no deja de ser folclórico y tradicional. Pero “el otro México” no será capaz de generar los recursos para generalizar el bienestar del cual nos hablan a cada rato. ¿Queremos que el México exportador desaparezca y se identifique con el “otro México”, de los trapiches y de las milpas familiares? Entonces, que el presidente siga visitando el “otro México” cada fin de semana. Ojalá haya quien aporte los recursos para entregar las dadivas que recibe el “otro México”.  

La gallina de los huevos de oro necesita comer y ser apapachada. Sin los cuidados necesarios, podría dejar de poner los huevos de la abundancia que necesita el presidente para sostener “el otro México.”

AMLO y la nueva legitimidad democrática

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La opción política que representa Andrés Manuel López Obrador (AMLO) goza de una legitimidad electoral indiscutible. AMLO fue electo Presidente de la República con el 53.19 por ciento de los votos expresados en las urnas el 1º de julio del año pasado; y, además, algo que no sucedía en México en casi una generación, su partido, MORENA, obtuvo el 51.40 por ciento de los asientos en la Cámara de Diputados y el 46.09 por ciento en el Senado de la República, lo que le ha asegurado una cómoda relación con el Poder Legislativo.

Las dificultades del gobierno amloísta no están en su origen legitimado democráticamente en las elecciones. Los problemas comienzan cuando su gobierno se vincula con una nueva legitimidad democrática cuyo sustento se encuentra en tres pilares: la imparcialidad de los órganos del Estado; la reflexividad de visiones críticas acerca del bien común; y, por último, la proximidad que reconoce diversas singularidades. El gobierno del Presidente se mueve cómodamente en la tercera dimensión legitimadora, pero muy pobremente en las dos primeras. A continuación explico este punto de vista. El marco teórico de esta colaboración se sustenta en Pierre Rosanvallon y su obra La legitimidad democrática: Imparcialidad, reflexividad y proximidad (Paidós 2010).

Rosanvallon parte de la premisa consistente en que si bien las elecciones continúan siendo el fundamento de la vida democrática, hay “la necesidad de volver a fundar la legitimidad de los regímenes democráticos.” (109). Los fundamentos de la nueva legitimidad están, justamente en la imparcialidad, la reflexividad y la proximidad.

El primer sustento de la nueva legitimidad democrática, la imparcialidad, se encuentra en la implantación de “instituciones independientes encargadas de tareas de control o de regulación antes confiadas a las Administraciones <<comunes>>“. (113). Se trata de agencias reguladoras y de órganos autónomos, incluso constitucionales. En todo caso, su legitimidad deriva de sus procedimientos de decisión, de la deliberación racional que promueven, de la inamovilidad de sus miembros, de su colegialidad, de su autonomía presupuestaria.

AMLO parece no reconocer en este tipo de instituciones del estado mexicano una forma de legitimidad democrática por imparcialidad. El más reciente conflicto fue el tema del ex titular del CONEVAL, el cual de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Federal es un órgano autónomo con la importantísima función de medir la pobreza en México y de evaluar los programas de la política de desarrollo social. 

Con todo y la legitimidad electoral del Presidente, y con todos los problemas que pudiese tener en cuanto a resultados institucionales o su costo presupuestal, ¿en verdad podríamos entender nuestra imperfecta democracia sin instituciones como el IFE-INE-OPLES? Si los órganos autónomos fueron creados precisamente para acotar funciones que originalmente correspondían al Ejecutivo (Salazar Ugarte), ¿podría la democracia mexicana absorber el riesgo de debilitar o eliminar este tipo de autoridades?

El segundo sustento de la nueva legitimidad democrática es la reflexividad. Para ello se precisan de instituciones como las cortes constitucionales (191). Este tipo de legitimidad es muy importante para la democracia porque explicita una forma de representación de índole funcional o moral que resulta ser “estructuralmente diferente de la expresión inmediata de las opiniones o de los intereses que procura expresar la representación electoral” (196), y, además, porque aumenta “indirectamente el poder ciudadano sobre las instituciones.” (193).

La posición beligerante hacia el Poder Judicial de la Federación con respecto a las suspensiones en amparos relacionados con uno de sus proyectos clave, esto es, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es una expresión del poco respeto que tiene AMLO hacia la legitimidad democrática basada en la reflexividad, en el “saludable freno” de los jueces, en la “vigilancia activa” del poder judicial sobre los poderes, particularmente sobre el Ejecutivo, en la riqueza de la deliberación política que implica la argumentación jurídica.

Finalmente, la nueva legitimidad democrática tiene un tercer basamento: La proximidad. Lo cual significa contar con “presencia, atención, empatía, compasión…” Implica también hacer oír y tomar en consideración la voz del público y, sobre todo, “una atención a la particularidad de cada situación.” (234). Este tipo de legitimidad democrática debe asegurar que cada cual ha sido escuchado, que su problema es reconocido y que, de alguna manera, cuenta. (252). Ahora, desde este punto de vista, “el representante ideal es (…) el que piensa, habla y vive como sus mandantes.” (253). Por ello, desde este tercer fundamento legitimador, “representar significa (…) dar (…) un lenguaje articulado a lo que vive cotidianamente la gente, y constituirla, por eso mismo, plenamente en su condición de ciudadana.” (258-9). En suma, esto configura una política de la presencia cuyo objetivo principal “no es ya organizar un vínculo de obligaciones entre gobernados y gobernantes, sino manifestar que estos últimos comprenden lo que viven los primeros.” (268).

La forma de hablar del Presidente (…magínense, me canso ganso); su manera de vestir; su decisión de no contar con el Estado Mayor Presidencial o de prescindir del avión presidencial para viajar en líneas comerciales; sus conferencias mañaneras; sus frases (no puede haber gobierno rico con pueblo pobre); sus constantes viajes por el país y su política de no salir de él para atender conferencias u compromisos internacionales; son, sin duda, los mejores ejemplos de que AMLO, además de sus votos, solo reconoce como forma de legitimidad democrática la proximidad.

Ojalá, por el bien de todas y todos, el Presidente logre reconocer también la importancia de la imparcialidad y de la reflexividad como expresiones de la legitimidad democrática en México. No obstante, las señales no son positivas, antes bien todo parece encaminarse hacia una nueva consulta electoral legitimadora a la mitad de su gestión.

PAN llama a AMLO a dejar de gobernar con memorándums

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El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de gobernar con memorándums y apueste por modificar las políticas públicas en seguridad, economía y justicia para lograr que el País avance hacia mejores niveles de crecimiento, desarrollo y bienestar.

“Que deje de gobernar con bandos o memorándums. Es fundamental que el Ejecutivo apegue su Gobierno a las leyes y el respeto a las instituciones, aunque no le guste. De lo contrario, no sólo se agravarán los problemas del País, sino también la polarización social”, afirmó el líder blanquiazul en un comunicado.

Ante el aumento de los índices delictivos durante el primer trimestre del año, Cortés señaló que es forzoso poner en marcha una nueva estrategia basada en la prevención, el uso de métodos científicos, equipos tecnológicos, así como la profesionalización y el fortalecimiento de las policías locales y municipales.

Es imprescindible la actualización y profesionalización de los Ministerios Públicos para la atención oportuna de las denuncias ciudadanas y la persecución eficaz de los delincuentes, apuntó.

“Si a esta parte esencial de la procuración e impartición de justicia se añade el trabajo eficiente de la recién formada Guardia Nacional, se podrían tener mejores resultados frente a la creciente violencia e impunidad”, consideró.

Abucheos a AMLO dividen opiniones entre los políticos

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La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que los abucheos lanzados ayer contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la inauguración de un estadio de beisbol, son parte de la libertad de expresión.

Entrevistada en Palacio Nacional, luego de la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la funcionaria sostuvo que la respuesta del Mandatario contra la llamada “porra fifí” también se escribe en el marco de ese derecho.

“El Presidente ha sostenido siempre la libertad de expresión irrestricta y esto es parte de la diversidad y de las manifestaciones de la libertad de expresión. El Presidente siempre ha sido respetuoso de las libertades”, dijo Sánchez Cordero.

Pero se molestó y culpó a la “porra fifí”, se le cuestionó.

“Está en su derecho de manifestarse y también a la libertad de expresión, así como también ellos lo tienen”, respondió la titular de la Segob.

¿No es un indicio de que se acabó la luna de miel?, se le volvió a preguntar.

“Creo que el Presidente tiene muy claros sus objetivos y va tras ellos, independientemente de cualquier cosa. Tiene una claridad verdaderamente impecable de lo que quiere en su Gobierno y hacia dónde va”, mencionó Sánchez Cordero.

Entrevistado por separado, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, atribuyó la rechifla a los sectores de la población que aún no han superado el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial.

“Lo que sucede es que todavía hay a quien le duele que ganamos contundentemente en el País. No me atrevo a calificar (si fue orquestado) porque son situaciones que se pueden presentar”, aseveró.

El Gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, sostuvo que la reacción de los aficionados en el estadio pone en evidencia que el Presidente y su equipo se han tardado en cumplirle a los ciudadanos.

“Pues, ya está siendo Presidente. Se necesitan más acciones y más velocidad en las acciones”, señaló “El Bronco”.

“La luna de miel en el matrimonio dura 15 días, una semana, aquí el tema es que el Presidente tiene que urgir a su equipo, la mayoría de los recursos no llegan a los estados, están detenidos, son anuncios, está detenida la inversión pública”, comentó el Gobernador.

Sin embargo, Jaime Rodríguez consideró que cualquier funcionario puede ser abucheado en los estadios, porque los asistentes van en busca de un espectáculo y no de integrantes de la clase política.

“La raza va a ver el espectáculo, la gente va a ver el beisbol, no al Presidente. En el beisbol se le grita a todos, la raza ya quería ver el juego más que los discursos de un político”, manifestó.

En contraste, otros Gobernadores condenaron la rechifla contra el Jefe del Ejecutivo tras advertir que el País requiere de un clima de conciliación y no de agresiones verbales.

El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reprobó el abucheo y aseguró que hay otras maneras de expresar inconformidades sin convertir a los actos públicos en algo desagradable.

El priista recordó que los Mandatarios locales también han sido vilipendiados en los actos de Presidencia, por lo que llamó a dejar de lado esas conductas que sólo llevan a “la chacota”.

“A mí no me gusta que nadie abuchee al Presidente de la República, tiene que haber un respeto por las instituciones y por las personas. Así como no me gusta que a los Gobernadores los abucheen”, expresó.

“Debe haber un respeto por las instituciones y por las personas. Espero que nadie abuchee ni al Presidente, ni a los Gobernadores, ni a las autoridades, para que esto no se convierta en una chacota, en una práctica de chacota que no es sana absolutamente para nadie”.

El Gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que las manifestaciones contra López Obrador no son sanas.

“No es bueno eso, yo creo que lo que tenemos que (hacer), como él mismo lo ha dicho, buscar que haya una reconciliación, que haya diálogo, entendimiento, en lugar de descalificaciones y abucheos”, indicó.