México deporta a 204 migrantes de regreso a Honduras

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El Gobierno mexicano deportó a Honduras a 204 migrantes de este país, entre los que se encontraban menores de edad, que fueron regresados por vía aérea, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con el INM, los dos centenares de migrantes de origen hondureño “tenían una condición de estancia irregular en México“.

Este grupo de migrantes fue trasladado por vía aérea desde la ciudad de Minatitlán, en Veracruz, hacia la hondureña San Pedro Sula, cerca de la frontera con Guatemala, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Honduras.

En su comunicado, el INM sostuvo que cumplió “con las normas y procedimientos migratorios vigentes”.

Una nueva caravana migrante cruzó este viernes de madrugada la frontera entre Guatemala y México de manera irregular.

El Instituto informó entonces que “un grupo de aproximadamente 350 personas irrumpió de manera violenta en la frontera” puesto “rompieron el candado que cierra la reja fronteriza” y luego se le sumaron más personas, hasta ser unos 800 en total.

El Gobierno mexicano creó una visa especial por razones humanitarias que autoriza a los migrantes centroamericanos entrar y trabajar en México.

Sin embargo, varios grupos de migrantes han accedido al país sin cumplir el trámite de esperar en la frontera con Guatemala para que las autoridades mexicanas les entreguen esta tarjera.

En octubre de 2018, miles de centroamericanos -en su mayoría hondureños y salvadoreños- abandonaron sus países en distintas caravanas y atravesaron México con el afán de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, en un éxodo que causó choques diplomáticos entre ambos países.

¡El descaro! Odebrecht reclama 2 mil 245 millones de pesos al gobierno mexicano

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Odebrecht se envalentona y ahora pretende cobrar al Gobierno mexicano 2 mil 245 millones de pesos por el finiquito por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo y en Salamanca, Guanajuato.

La constructora brasileña que ha sido sancionada en múltiples países latinoamericanos acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quejarse por violaciones a sus garantías.

Entre los reclamos se encuentra el cálculo del finiquito que busca cobrar a Pemex por la terminación anticipada de los contratos en las dos refinerías.

Sacando sus cuentas, Odebrecht estima que se le deben casi 432 millones de pesos por el finiquito en Salamanca, y por el de Tula, 1 mil 813 millones de pesos.

Así que, si el Gobierno de México pretende cobrarle más de 1 mil millones de pesos por finiquitar los contratos, la empresa alega ahora tener saldo a favor.

Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma asegura que “el Poder Ejecutivo federal pretende que mis representadas realicen un pago de más de 1 mil 149 millones 289 mil 878.08 pesos con base en actos sin sustento y de manera unilateral”.

Pero asegura que “en realidad existe un saldo a favor de mis representadas de aproximadamente 2 mil 245 millones de pesos” derivado de daños y saldos de obra pendiente en Tula y Salamanca.

Y detalla que en relación al contrato para el desarrollo de la Fase 1 del proyecto de conversión de residuales de la refinería de Salamanca, firmado en 2014, la constructora señala que Pemex Transformación Industrial desconoce adeudos por 32 millones 451 mil 908 dólares con los contratistas.

En tal convenio, ICA Flour Daniel y Flour Enterprises participaron con Odebrecht, la cual reclama 22 millones 369 mil 503 dólares, equivalentes al actual tipo de cambio a 431 millones 955 mil 102 pesos.

La empresa sudamericana se quejó ante la CNDH que en el acta de finiquito del 14 de enero de 2019 (la cual acusa que Pemex ya tenía elaborada, previo a la reunión) de manera unilateral la petrolera impuso un supuesto saldo a su favor por 51 mil 453.57 dólares, que al tipo de cambio actual son 993 mil 568 pesos.

Los 1 mil 813 millones de pesos restantes que reclama Odebrecht corresponden al contrato de construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

Esta cifra está estimada al tipo de cambio actual, que es más bajo que el que presentó la empresa en diciembre pasado, cuando dieron a conocer una demanda civil por este caso y calculó los adeudos en 1 mil 878 millones de pesos.

Desde su queja original del 14 de diciembre en la CNDH, Odebrecht se quejó de un dictamen contable presuntamente ilícito, empleado por la Secretaría de la Función Pública para inhabilitarla por cuatro años, derivados del contrato de plataformas de Tula.

Como van las cosas, en una de esas no solo nadie terminará en la cárcel por la corrupción relacionada a los sobornos, que la empresa reconoció como práctica recurrente para conseguir contratos sino hasta terminaremos pagándole y ofreciendo disculpas.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Los pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción

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A casi cinco años de la reforma constitucional que lo creó, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) acumula pendientes que lo hacen ineficaz. En primer término, aún está por aprobarse la política nacional anticorrupción; tampoco se han consolidado normativa y orgánicamente los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA); y recientemente el Comité Coordinador del SNA prorrogó hasta diciembre de este año la entrada en vigor del formato para las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos. Tres temas que sin su operación completa impiden la eficacia de lo ideado en ese ya lejano 2015.

La política nacional anticorrupción debe ser aprobada por el Comité Coordinador del SNA, según se indica en la Ley General del SNA (art. 9, fr. III). Existe una propuesta de política nacional elaborada después de un proceso de más de un año (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421406/Propuesta_Pol_tica_Nacional_Anticorrupci_n.pdf). En ella se definen 4 ejes estratégicos: a) la impunidad, b) la arbitrariedad, c) el involucramiento de la sociedad y d) las interacciones gobierno y sociedad; además, para la articulación de estos ejes se definen 4 principios transversales: i) coordinación institucional, ii) derechos humanos, iii) apertura institucional y iv) inteligencia y tecnología; por último, se expresan 60 prioridades de política pública.

En este tema advierto dos pendientes del SNA: por un lado, la formalidad de la aprobación de la propuesta lo más pronto posible, para poder operar las prioridades definidas de política pública. Por otro lado, y más urgente aún, es que la propuesta sea verdaderamente integrada desde un enfoque de derechos humanos, esto es, que sin indecisión alguna se afirme y se defina la política bajo la premisa de que la corrupción implica una violación directa o indirecta a los derechos humanos. No es suficiente mencionar en 32 ocasiones la palabra “derechos humanos” para considerar que tiene un enfoque en este sentido. Por el contrario, la política debería contemplar, al menos, el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad y la incorporación de la perspectiva de género (Fundar 2011), lo cual, desafortunadamente, no se aprecia en la propuesta.

Por otra parte, el SNA no logra articularse completamente porque la construcción normativa y orgánica de los SLA aún no finaliza. Si bien a la fecha ya todas las entidades han adecuado sus constituciones y han expedido su ley anticorrupción correspondiente, sí es de señalarse el caso de Hidalgo y Nuevo León, cuyos Congresos no han adecuado la ley de responsabilidades administrativas (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447821/Avance_Marco_Normativo___25.03.2019.pdf). La ley de responsabilidades administrativas local, dado que pertenecemos a un sistema nacional, debe respetar las reglas de la ley general, pero debe de cualquier forma ser adecuada por el Congreso del Estado.

Un pendiente más está en los órganos de los SLA. La primera dimensión de este problema consiste en completar la integración de todas las instancias anticorrupción en el estado; en este rubro deben nombrarse 6 instancias en cada estado: 1) Comité de Selección, 2) Comité de Participación Ciudadana, 3) Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, 4) Magistratura en Responsabilidades Administrativas, 5) Comité Coordinador y 6) Secretaría Ejecutiva. Preocupan los casos de Chiapas, con 2 instancias completas de las 6, y la Ciudad de México que sólo tiene 1, aunque también faltan de finalizar el entramado orgánico las dos Bajas, Campeche, Chihuahua, Morelos, S.L.P. y Tlaxcala (http://sna.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Seguimiento_32SLA_22.03.2019.pdf).

Sin embargo, una dimensión adicional tiene que ver con los intentos de captura de algunas instancias de los SLA o en violaciones a procedimientos o derechos de aspirantes a ciertos cargos. Así, por ejemplo, ha sucedido con las magistraturas de responsabilidades administrativas en los estados de Colima y Michoacán, en donde se ha ordenado por jueces de amparo la reposición de procedimientos de designación (https://www.proceso.com.mx/576650/destituyen-a-tres-magistrados-del-tribunal-de-justicia-administrativa-de-colima y https://www.mimorelia.com/juez-ordena-al-congreso-reposicion-del-proceso-de-seleccion-de-magistrados-anticorrupcion/). Un caso más es el de la designación del titular de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, en donde se espera pronto una resolución de un juzgador de amparo al efecto de que determine que sí era obligatorio emitir una convocatoria pública para el cargo y que sí existe impedimento para que un integrante del Comité de Selección sea designado como Secretario Técnico con el voto de aquellos a los que él mismo nombró como miembros del Comité de Participación Ciudadana (https://altavz.com/tag/secretaria-tecnica-del-sistema-estatal-anticorrupcion/). 

Finalmente, la otra institución pendiente de operar plenamente en el SNA se refiere a los nuevos formatos para la declaración patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos. De acuerdo al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al Comité Coordinador aprobar los formatos, manuales e instructivos correspondientes; para ello, el 16 de noviembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo respectivo del Comité Coordinador, en el cual se fijó como fecha de obligatoriedad del formato cuando fuesen interoperables el sistema de declaraciones con el de la Plataforma Digital Nacional, lo cual debía acontecer a más tardar el 30 de abril próximo. Sin embargo, el pasado 21 de marzo, en su primera sesión extraordinaria el Comité aprobó prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 la señalada interoperabilidad y, por ende, el formato será exigible…, ¡hasta enero del 2020!

Si bien las razones para mover el inicio del formato pueden parecer plausibles (no contempla los otros dos tipos de declaraciones -de conclusión y de modificación-, tenía errores o imprecisiones…), preocupa la explicación de que, según la Secretaría de la Función Pública, se aumentaría exponencialmente el número de servidores públicos obligados, incluso médicos, enfermeras, maestros. Primero, porque esta complejidad ya estaba resuelta en el formato e instructivo aprobados en noviembre pasado; en efecto, ahí se determinó que habría una segmentación de tres grupos o niveles de servidores públicos. Y segundo, porque el prolongar aún más la entrada en vigor impide que cumpla su función “para la prevención de conflictos de intereses como para la detección e investigación de ciertos delitos asociados a la corrupción pública, especialmente el enriquecimiento ilícito de funcionario público.” (http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/ley_explicativo.pdf).

En síntesis, los pendientes del SNA que lo hacen por ahora ineficaz son: i) una política nacional anticorrupción cuya aprobación no es aún una realidad y que no está propuesta con un enfoque de derechos humanos; ii) los Sistemas Locales Anticorrupción inconclusos en cuanto a sus normas y sometidos al riesgo de la captura o de repetir vicios pasados en cuanto a violaciones procedimentales o de derechos en las designaciones, y iii) la eterna prórroga de la entrada en vigor del formato de declaración patrimonial y de intereses. 

Parecería ser que la implementación de la coordinación ha resultado mucho más compleja de lo pensábamos.

Asegura PEMEX no dar marcha atrás

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Petróleos Mexicanos (PEMEX) aseguró que no darán marcha atrás en el plan de Gobierno para acabar con el robo de combustible.

“La nueva estrategia del Gobierno de México para acabar con el llamado huachicoleo es efectiva, y no daremos marcha atrás contra el robo de combustible, ilícito que daña la economía nacional y el bolsillo de los mexicanos”. afirmó la compañía Mexicana en un comunicado.

Agregó que seguirán implementado las medidas necesarias para reforzar la vigilancia y cuidado de sus instalaciones.

“Continuaremos ejecutando el plan alternativo de distribución por pipas hasta que se regularice el suministro”.

“Nuestras refinerías y Terminales de Almacenamiento y Despacho continúan surtiendo diariamente los 800 mil barriles de gasolina para asegurar el cumplimiento de la demanda requerida en el País”. expuso.

Exhortaron a las comunidades por donde pasan los ductos colaborar con la empresa y que no sean cómplices de las actividades delictivas.

Tras asesinato de Javier Valdez, colaboradores fueron espiados con ‘Pegasus’

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Dos días después del asesinato del periodista Javier Valdez, quien fue director del semanario Río Doce, sus colaboradores recibieron mensajes de texto infectados con el software Pegasus, el cual se utiliza para espionajes, informó este martes el Instituto Citizen Lab.

El afamado periodista, falleció el 15 de mayo de 2017, tras ser atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa.

El 17 de mayo, Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, jefe de información y director de Río Doce, respectivamente, recibieron mensajes de texto en los que afirmaban que los asesinos de su colega habían sido detenidos.

“El CJNG habría sido el responsable de la ejecución del periodista en Culiacán. Ver nota (exploit link)”, decían los mensajes que recibieron, de acuerdo a la investigación realizada por Citizen Lab.

Ambos periodistas sospecharon del origen de esos textos, por lo que no dieron click en los links.

“Cuando Villarreal y Bojórquez fueron atacados por RECKLESS-1 (versión para México) en mayo de 2017, había quedado claro durante casi ocho meses que se estaba abusando de Pegasus en México”, dice el reporte de Citizen Lab.

Pegasus fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group, de acuerdo a Citizen LAB, el software fue usado por el gobierno mexicano para espiar a periodistas y activistas, entre los que destacan, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, y abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Pegasus sigue activo en México: Citizen Lab

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En un nuevo informe Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, dio a conocer que el software espía Pegasus sigue funcionando en México.

En el documento presentado el día de hoy, los epecializastas dieron a conocer que identificaron que en el mundo hay 36 diferentes operadores de spyware, de los cuales tres están activos en México.

En el informe, reconocen que después de que dieran a conocer el año pasado que el programa espía, que supuestamente sólo es vendido a autoridades era usado para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, una parte de la infraestructura fue dada de baja parcialmente, pero nuevo servidores fueron activados en los meses siguientes.

De acuerdo a la evidencia recabada por los investigadores, en México hay vigentes 17 posibles infecciones de Pegasus.

Debido a este nuevo informe, la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (RD3), exigió una investigación imparcial.

“En virtud de los nuevos hallazgos, reafirmamos nuestra exigencia para que se constituya un panel de expertos y expertas internacionales que investigue de manera imparcial, independiente y exhaustiva el uso de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, demandó RD3 en un comunicado.

Pegasus es un spyware que es desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

(Con información de Grupo Reforma)

21 niños mexicanos han sido separados de sus familias: Videgaray

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El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que la red consular de México en Estados Unidos reportó que 21 niños migrantes mexicanos han sido separados de sus familias de abril a la fecha y que sólo siete de estos menores permanecen en albergues temporales.

En conferencia de prensa desde las oficinas de la dependencia, el canciller detalló que esta cifra es similar a los 25 casos de niños mexicanos dados a conocer por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos la semana pasada.

“Quiero compartirles que de los mil 995 casos que han sido informados por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos de niños que han sido separados de sus padres con motivo de la aplicación de la política de tolerancia cero desde el mes de abril, menos de 25 casos, es decir menos de 1%, son niños de origen mexicano“, destacó.

Reiteró que del grupo de menores mexicanos, actualmente sólo siete permanecen en albergues y que el resto ya fueron repatriados o entregados a familiares residentes en Estados Unidos; sin embargo, advirtió que esta cifra podría cambiar constantemente pues las detenciones de migrantes mexicanos continua diariamente.

Por otro lado, dio a conocer que la mayoría de los menores que fueron separados de sus padres provienen de Guatemala, el Salvador y Honduras, por lo que el gobierno mexicano puso a disposición de estos países su asesoría y apoyo a través de la red consulares en EU para la identificación y repatriación de los menores.

Videgaray caso condenó esta política migratoria de separación de familias y la calificó como cruel e inhumana porque viola y vulnera los derechos de los hijos de los padres deportados.

México reconoce y respeta la soberanía de Estados Unidos. México en ningún momento promueve la migración ilegal; sin embargo, no podemos ser indiferentes a un hecho que viola los derechos humanos y pone en situación de vulnerabilidad a niños“, manifestó.

Acompañado del subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, abundó que el gobierno mexicano ya envió una nota diplomática a Estados Unidos con sus reclamos por esta política migratoria, e informó, que agotará todos sus recursos en instancias internacionales para detener esta situación.

Asimismo, exhortó a las autoridades estadounidenses a tener una mejor comunicación entre las agencias de seguridad y los albergues de modo que sea más fácil la identificación de los menores, y así proceder a una repatriación o entrega a familiares más rápida.

Por último, el encargado de la política exterior mexicana, afirmó que seguirán en contacto permanente con todos los niveles de gobierno en Estados Unidos, con los consulados y con la embajada de México en Washington, para reiterar la posición de México y hacer los esfuerzos diplomáticos en todos los frentes a fin de brindar la atención que requieran.

#Verificado2018: Trump no dijo que construirá el muro para que el gobierno de EPN trabaje en serio

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“Voy a construir el muro para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio” son las primeras palabras falsas que una publicación le atribuye al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la publicación, Donald Trump afirmó que en entrevista con la periodista Barbara Walters que: “Voy a construir el muro para obligar al gobierno mexicano a trabajar en serio porque un país inmensamente rico en recursos naturales y humanos no necesita exportar trabajadores ilegales. Es una aberración saber que políticos de ese país tienen cuentas millonarias en dólares y son dueños de grandes empresas. Conozco a muchos en el mundo de los negocios que tienen penthouses en la zona más exclusiva de New York y otros con Chalet en París o castillos en Europa. México es uno de los 5 grandes países petroleros a nivel mundial y pagan las gasolinas mas caras y eso no puede ser. Quiero que el gobierno de México se ponga a trabajar en serio y deje de exportar trabajadores ilegales”.

La información falsa fue publicada en la página de Facebook Nación Unida y hasta el momento cuenta con 158 mil reacciones y ha sido compartida 210 mil veces.

Verificado 2018 revisó el video original y constató que la única referencia que Donald Trump hace al muro es en el minuto 4:09, al decir que “primero que nada debemos de construir un muro y proteger la frontera, debemos tener un muro, vamos a tener un muro y va a ser un muro real, no un muro pequeño en el que puedan poner rampas sobre él, y no será difícil de construir y quién es mejor para construir que yo, sé exactamente qué hacer”.

Fuente: Verificado 2018 y Montserrat Sánchez

Nuestro Rol dentro de la Gobernanza

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La gobernanza es un concepto que todos deberíamos conocer; no porque abre un nuevo campo teórico en la ciencia política o porque el uso de esta palabra te hace sonar más elocuente, sino porque nosotros como sociedad jugamos un papel clave dentro de este término.

Últimamente se habla de corrupción, violaciones de derechos humanos, degeneración del medio ambiente, entre otros temas, y todo esto lo atribuimos a un solo actor: el gobierno. Pero la verdad es que no todo puede recaer en el gobierno; sería fatal vivir en un lugar donde todo es controlado y ordenado por la administración pública. Esto nos lleva al concepto de gobernanza, que es la interacción entre el gobierno y actores no gubernamentales como empresas, sociedad civil, organismos nacionales e internacionales, etc. La gobernanza trasciende la idea de que solo el Estado puede y debe manejar la política del país.

La integración de estos actores es vital para la solución de los problemas que enfrenta México. La situación en nuestro país es que hay una sociedad civil débil, mientras que le dejamos las decisiones a otros grupos de interés.

No podemos exigir un gobierno sin corrupción si nosotros no somos íntegros en nuestras acciones. No podemos exigir el cumplimiento de los derechos humanos si nosotros somos los que seguimos fomentando prácticas machistas, racistas o xenófobas. No podemos quejarnos de la calidad ambiental si nosotros somos los que no reducimos la cantidad de basura y no alentamos el reciclaje. Si bien dice el dicho que tenemos el gobierno que nos merecemos, entonces buena parte del trabajo en el país recae en la sociedad. Nosotros tenemos el deber de actuar como ciudadanos responsables. Sí, el gobierno es el que legisla, crea las políticas públicas y administra los recursos de la nación, pero queda en nosotros exigir y participar para que haya un debido cumplimiento de la ley y una buena gobernanza en México. 

Gobierno responde a informe de ONU sobre Ayotzinapa

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En un comunicado, el Gobierno de México señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte, presentado hoy, “información relevante” que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo “los más altos estándares”.

La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.

En el escrito, el Gobierno mexicano dijo hoy estar preocupado “de manera especial” porque el informe “arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial”.

Explicó que el informe se “limita a abordar cuestiones” que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.

Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió “consideraciones y puntualizaciones importantes” sobre el contenido del reporte, tanto por su “metodología” como por los “vacíos de información” que contiene.

El Gobierno aseveró que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

El Gobierno “reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso”, concluyó.

Además, el Ejecutivo atiende el mecanismo de seguimiento al caso, y la investigación del mismo constituye un “esfuerzo sin precedentes”.

El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, dijo que en las investigaciones de las denuncias por tortura “la respuesta del Estado se ha centrado principalmente en la práctica de Protocolos de Estambul“, con “tan solo dos dictámenes positivos” confirmando la existencia de este delito.

No obstante, Jarab recordó que tanto instituciones internacionales como el relator especial sobre la tortura Juan Méndez han expresado sus preocupaciones por “la forma incorrecta de utilización del Protocolo de Estambul” en el país, empleado “como instrumento único”.

Realmente, este ha de ser utilizado en el contexto de “otras pruebas y fuentes”, por lo que “un resultado negativo no significa necesariamente la ausencia de tortura”.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero padres y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abrieran nuevas líneas de investigación.