INE demanda esclarecer asesinatos de candidatos

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El Instituto Nacional Electoral (INE) demandó a las autoridades federales, locales y municipales investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de los asesinatos de candidatos y precandidatos.

En entrevista, Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo, reiteró su llamado a las autoridades a que garanticen un ambiente de seguridad, paz pública y Estado de Derecho de cara a la jornada electoral del primero de julio.

“Nada peor para enfrentar un proceso electoral que la incertidumbre y la especulación respecto de los propósitos de la violencia que existen en nuestro País“, dijo.

“Tienen que aclararse estos asuntos, tienen que investigarse, tienen que sancionarse a los responsables, de eso se trata al final del día el Estado de Derecho del que depende la democracia“.

REFORMA publicó este lunes que, con 18 candidatos con registro asesinados desde que iniciaron las campañas, en marzo pasado, este proceso electoral se ha caracterizado por la violencia y el debilitamiento de las estructuras del Estado.

Córdova señaló que el asesinato de una sola persona ya debe ser, por sí mismo, un elemento de preocupación en un Estado democrático.

“Es preocupante y es condenable todo acto de violencia, insisto en el punto, la democracia significa la némesis de la democracia“, manifestó.

“Por eso es una responsabilidad del Estado de México, por eso las instancias de seguridad a nivel federal, local y municipal deben generar las condiciones para que la democracia se recree de manera oportuna y que todo crimen sea debidamente esclarecido”.

El consejero presidente informó que, con corte a esta semana, 36 candidatos han solicitado formalmente, a través del INE, que la Secretaría de Gobernación les bride protección.

Pese a ello, Córdova descartó que la elección esté en riesgo por la violencia.

Por el contrario, dijo, se les debe de exigir a los candidatos que, en caso de llegar al Gobierno, centren sus esfuerzos en combatir la inseguridad.

“Es indispensable, como una de las prioridades de los gobiernos que serán electos, el combate a la inseguridad, los procesos electorales se insertaron en un contexto de violencia que ya estaba allí, el año pasado, de por sí, con independencia de las elecciones, fue el más violento en la historia del País“, sostuvo.

“Es en ese contexto en el que lamentable se están realizando las elecciones, pero eso no implica, no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrilarse por la violencia”.

EPN fustiga a quienes cuestionan a ONGs

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El Presidente Enrique Peña Nieto cuestionó a las voces que han puesto en duda las aportaciones de las organizaciones sociales.

“Poner en duda la valía de las organizaciones de la sociedad civil es injusto e irresponsable. Un Gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de expresión es un Gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad civil”, advirtió.

El mensaje de Peña Nieto, en ocasión de la inauguración de la pieza “Muro de Berlín” en el Museo Memoria y Tolerancia, pareció destinado al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien apenas la semana pasada fue criticado por decir que desconfía de las agrupaciones civiles.

Antes de aludir a las organizaciones sociales, el Mandatario habló de la crisis política y social que se vive en Venezuela y recordó que en Lima, Perú, 16 naciones alzaron la voz para reclamar la restauración de la institucionalidad democrática en esa nación y abogar así por el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho.

“Hicimos un exhorto al Gobierno venezolano para que permita la distribución de la ayuda humanitaria. Callar ante lo que está sucediendo en Venezuela es aceptar la violación de los derechos fundamentales; no denunciar la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país significaría ser cómplices de quienes pretenden destruir sus instituciones democráticas”, sostuvo.

“Violencia no se combate con violencia, sino violencia con fuerza legítima de Estado”, dice EPN

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El Presidente Enrique Peña Nieto dijo este día que la violencia que invade al país se combate con el uso legítimo de la fuerza, aunque algunos la confunden con violencia.

Durante un evento donde fueron entregadas Menciones Honoríficas a 32 integrantes del Ejército y a ocho de las Fuerza Aérea, el priista aseveró que la única vía para enfrentar al crimen organizado es con las fuerzas armadas y con la Policía federal.

Acompañado de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivamente, Peña reconoció que utilizar a las fuerzas armadas sólo evidencia la debilidad institucional de sus policías locales.

“Como los han señalado el general Cienfuegos y al almirante Vidal Soberón, las fuerzas armadas no pidieron salir a las calles a combatir al crimen organizado, fueron los gobiernos locales y la población afectada, quienes requirieron el auxilio del Ejército, la fuerza aérea y la armada, para recuperar la paz y el orden en sus comunidades”.

Por su parte,  Cienfuegos Zepeda afirmó que en “el siglo XXI la humanidad  enfrenta nuevos retos, de diversa índole, que afectan el Estado de Derecho, la gobernabilidad y estabilidad de las naciones, y con esto su desarrollo y progreso“.

Pide IP a AMLO diálogo sobre NAIM

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Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó a Andrés Manuel López Obrador a dialogar sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y las reformas estructurales.

Reforma publicó hoy que la cancelación del NAIM prendería focos rojos en los mercados financieros porque inversionistas nacionales y extranjeros adquirieron bonos por 6 mil millones de dólares con la promesa de que se realizaría ese proyecto teniendo como garantía la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

En ese sentido, el líder empresarial aseveró que suspender los contratos no sería una medida adecuada que le dé prestigio al Estado mexicano.

“Queremos discutirlo a profundidad, técnicamente, pero no desde el punto de vista de Estado de Derecho, porque ese está claro, los contratos se deben de honrar”, indicó.

Consideró que el sector empresarial y López Obrador deben de dialogar sobre el modelo de apertura comercial de México y también sobre las reformas estructurales, como la educativa y la energética, a las que se ha opuesto el candidato de Morena.

El presidente del CCE aseguró que los tres abanderados con partido político y la candidata independiente han mostrado interés del diálogo con el sector empresarial.

“Los tres partidos políticos y la candidata independiente tienen el interés del diálogo con el sector empresarial. Tenemos una agenda de encuentros en las distintas organizaciones empresariales, estaremos en la discusión porque nos interesa participar activamente”, manifestó.

Al salir de una reunión privada con embajadores de los países firmantes del TPP y con legisladores sobre el acuerdo comercial, Castañón informó que el sector empresarial mexicano está preocupado por la desventaja que tienen las industrias textil, del calzado y de confección en México frente a Malasia y Vietnam.

Aseguró que tiene que haber un acuerdo de vigilancia aduanal y de reglas de origen para que estos productos puedan estar en México, donde tanto los salarios como la vigilancia de los insumos los hacen ser no competitivos.

“Los salarios en estos dos países son 50 por ciento abajo del promedio salarial en la industria textil de México y además la triangulación de insumos chinos podría tener riesgos para la industria mexicana“.

El crear nuevas reformas y mejorar las existentes, tiene que ser el reto del nuevo presidente: OCDE

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Dar continuidad a las reformas estructurales, mejorarlas y complementarlas, junto con el desarrollo de una segunda ola de reformas, son las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pone sobre la mesa para quien sea el próximo presidente de México.

En su discurso inaugural del Foro OCDE México 2018, el ejercicio que el organismo internacional realiza por tercera ocasión en el periodo previo a elecciones presidenciales en México, el funcionario destacó los beneficios que ya están dando las reformas estructurales implementadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además de dar continuidad y mejorarlas, el líder de la organización destacó que el próximo jefe del ejecutivo debe lanzar una segunda ola de reformas complementarias en áreas clave como fortalecer las instituciones y del Estado de Derecho, la puesta en práctica del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional, el funcionamiento expedito y transparente del Sistema Judicial y el combate a la inseguridad.

En la presentación del reporte ‘Prioridades Estratégicas para México’, el secretario de la OCDE habló de los retos que se identifican como la alta dependencia del petróleo que obliga a ampliar la base tributaria para poder hacer frente a las necesidades sociales.

El funcionario del organismo internacional, señaló que ya ha tenido acercamiento con los candidatos tanto independientes como con los respaldados por las diferentes coaliciones de los partidos políticos para entregarles el informe.

El único con el que no han coincidido en tiempos ha sido con Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que en los procesos electorales de 2008 y de 2012 que se hizo este ejercicio, si se le otorgó.

Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, destacó la importancia de hacer una evaluación rigurosa de las reformas para fortalecer la economía porque “el crecimiento económico es condición necesaria para mejorar los niveles de vida del pueblo mexicano”.

Apuntó que las reformas logradas constituyen un buen camino para seguir avanzando y sería adverso que por protagonismos se vinieran abajo ya que el país requiere continuidad y que se logren consensos para la implementación de las políticas públicas.

En su intervención, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, calificó el ejercicio que realizó el equipo de la OCDE para identificar los retos del país como “un balance interesante”, pero señaló que es igual de importante reconocer los avances.

AMLO pide a Anaya dejar demagogia

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Andrés Manuel López Obrador pidió al candidato panista Ricardo Anaya respetar el Estado de Derecho y que no engañe a la gente con la promesa de meter a la cárcel al Presidente Enrique Peña Nieto, lo cual calificó como demagogia.

El candidato presidencial por Morena, PT y el PES afirmó que hasta ahora sólo se puede procesar a un Presidente en funciones por traición a la Patria o, en todo caso, los constitucionalistas deberían de aclararlo.

Anaya reiteró ayer su promesa de procesar a Peña Nieto y también de crear una comisión anticorrupción con asistencia internacional, como la de Guatemala, donde se logró procesar a un ex Presidente. Lopez Obrador hoy la desestimó.

Afirmó que para procesar a un Presidente por corrupción es necesario modificar el Artículo 108 constitucional.

Al abanderado se le preguntó sobre la afirmación de Enrique Krauze de que el PRI debería de perder la elección por corrupto.

“No, no voy a debatir con Krauze, yo sostengo que la corrupción en México tiene que ver con la mafia en el poder y que esa mafia del poder tiene a dos partidos al PRI y el PAN, al PRIAN, y no sólo esos dos partidos tiene, también hay escritores intelectuales orgánicos al servicio de la mafia del poder”, respondió.

Yunes pidió a la PGR ser testigo del caso Duarte para demostrar con pruebas y vídeos su culpabilidad.

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Monterrey (20 de julio 2017).- Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, pidió a la PGR que lo citaran como testigo del caso Duarte, ya que tiene pruebas que demostraran que el ex mandatario tiene cómplices que lo ayudaron durante su administración y esto ayudara a deostrar que Javier Duarte es culpable.

“Solicitare a la Procuraduría General de la República que me llamen a declarar como testigo, y aportare las pruebas que tengo en mi poder, para acreditar que efectivamente lo que hubo en Veracruz no fue un gobierno, sino una banda de delincuentes organizados”, mencionó Yunes a los medios de comunicación.

“Tuve el cuidado de filmar todas las conversaciones con los cómplices de Duarte, de las mismas, se desprenden elementos probatorios, que de manera indubitable permitirán acreditar que hubo un acuerdo para robar los recursos de los veracruzanos. Los vídeos que aportaré son prueba ilícita, porque yo los grabe y yo los aportaré. Aquí están, en este disco duro, que en su momento entregaré a la Procuraduría General de la República como prueba indubitable, como prueba ilícita”, afirmó.

Yunes también pidió que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, sea llamada a declarar ya que en general debe de tomarse acciones contra todas las personas implicadas que fueron cómplices de Duarte para que los recursos desviados sean devueltos a Veracruz.

“Participó en tareas de gobierno y también en muchas de las acciones que se llevaron a cabo para desfalcar a los veracruzanos, eso consta en las conversaciones que daré a conocer y también los diarios que oportunamente la Fiscalía General del estado encontró y requisó en la ciudad de Córdoba“, agregó.

Yunes exigió que se investigue también el monto total y el origen de los recursos que se pagan los honorarios de los abogados de Duarte.

“Los veracruzando no vamos a admitir que por una triquiñuela ilegal, Duarte obtenga su libertad. Todos, también los jueces, debemos tener muy claro que una decisión en ese sentido, pondría en grave riesgo el Estado de Derecho, y perdería totalmente su credibilidad el nuevo sistema de justicia penal. Sé que no será así”, mencionó Yunes.

Renuncia: La “solución” mexicana

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De acuerdo a la Real Academia Española, renunciar significa dejar voluntariamente, dimitir, o apartarse de algo que se tiene.

La renuncia puede ser una solución correcta cuando los hechos en los que se ve involucrado el servidor público se presentan en una esfera meramente política. Así, por ejemplo, puede leerse la renuncia de Luis Videgaray como Secretario de Hacienda como consecuencia del fiasco del entonces candidato Donald Trump.

En México se ha acostumbrado que cuando un servidor público es señalado por presuntamente haber transgredido las normas jurídicas, es suficiente con la renuncia al cargo que ostentaba para “solucionar” la violación del orden jurídico.

No obstante, estimo que no puede calificarse como “solución” cuando la renuncia deja sin castigo una probable violación al orden normativo o, más aún, en los casos en que aun renunciando el riesgo de transgresión sigue latente.

Este último caso es, desde mi perspectiva, lo que aconteció con la renuncia al cargo de Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral que ostentaba hasta principios de noviembre pasado el Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, como consecuencia de las declaraciones misóginas en las cuales afirmó que las mujeres deben llegar a los cargos públicos porque saben mandar, saben tomar decisiones, saben hacer una sentencia, y no por que “están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas.”




Por ello, Senadoras y Senadores exhortaron al Consejo de la Judicatura a investigar si esas declaraciones ameritaban ser sancionadas incluso con la destitución. Para el Senado “es aberrante que las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan por violentar a las mujeres” (Reforma).

En el mismo sentido, las y los integrantes recién designados de la Sala Superior prácticamente se estrenaron no con un caso jurisdiccional, sino con un posicionamiento al respecto de estas declaraciones. Es cierto que inmediatamente deslindaron al Tribunal Electoral de las afirmaciones del Magistrado Regional (Excélsior), sin embargo, parecería que esto no es suficiente.

En este sentido, no es suficiente con la renuncia. No lo es por lo siguiente.

Primero, porque las expresiones del Magistrado constituyen una forma de violencia hacia las mujeres. Es violencia si se expresa en privado y en el bar. Es violencia agravada cuando se manifiestan en un evento público acerca de la paridad de género. Peor aún, si el autor de las palabras es un impartidor de justicia.




Segundo, en razón de que quien expresó dichas voces es, justamente, un juez que necesariamente deberá juzgar temas de género, y, peor aún, en una circunscripción en la cual hay que agregar el tema indígena y el rezago social. ¿Qué justicia puede esperar una mujer indígena que acuda ante el Magistrado aduciendo violencia política en contra de ella?

Tercero, ¿qué efecto pedagógico puede tener que alguien encargado de impartir justicia con perspectiva de género emita dichas declaraciones y no sufra consecuencia alguna? ¿Vale la pena seguir invirtiendo tanto en la justicia electoral cuando impunemente se pueden tener conductas como las descritas? ¿Puede alguien creer que cumplir la Ley es benéfico cuando quien la incumple no tiene castigo alguno?

Las palabras formuladas por el Magistrado no fueron una broma. A fin de cuentas, el mundo lo conocemos a través de las palabras, por eso, no se trató de un mal chiste: Se trató de un hecho de violencia hacia las mujeres expresado por un funcionario judicial encargado de impartir justicia electoral.

Por ello, la “solución” mexicana a este hecho de violencia hacia las mujeres no debe quedar sólo como una anécdota más. Debe investigarse y, en su caso, sancionarse. De lo contrario, seguiremos abonando a una cultura de impunidad contraria al Estado de Derecho que deseamos consolidar en nuestro país.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Dimes y Diretes: “La triple crisis de confianza en México”

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En México nos han enseñado que el Estado, centro del poder político, se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde éstos Poderes, conformados principalmente mediante elecciones democráticas, se ejerce el Gobierno, todo lo anterior de acuerdo a lo que marca la Constitución.

Por ello, señalan las enseñanzas tradicionales, en nuestro país tenemos una democracia funcional, y un Estado de Derecho basados en el dominio de la Constitución, ejercido por las instituciones del Estado.

Y colorín colorado, este cuento ha terminado.

La realidad es que el sistema político en México nace, crece y se reproduce mediante una serie de prácticas que asignan poder de acuerdo a mecanismos extralegales, mientras que las elecciones son un juego de simulaciones, que por tanto, no aseguran un Estado de Derecho ni constituyen una democracia.




Me explico:

El poder en México se ejerce no por tres Poderes del Estado, sino por tres grupos de operación política, unidos por un pacto de impunidad.

El primer grupo, el más pequeño es la partidocracia. Ésta se compone por el gobierno, los partidos políticos y sus líderes.

Ellos controlan la llave para acceder a los puestos de elección popular, que son la puerta de entrada para robar.

El segundo conjunto, más numeroso, constituye los llamados grupos de interés, que son las cámaras empresariales, los medios de comunicación, los líderes sindicales, empresarios gigantes o grandes corporativos, el narcotráfico, las agrupaciones religiosas, poderes extranjeros y bancos. Ellos se encargan de legitimar social, financiera y mediáticamente a los gobernantes corruptos, a cambio de privilegios de todo tipo.

Finalmente, el conjunto más grande o numeroso, son las bases de apoyo, compuesto por los cientos de miles de afiliados a gremios, centrales obreras, sindicatos, partidos, empleados públicos, asociaciones, clubes, empresas, etc., mismos que son presionados por sus líderes para brindar apoyo electoral a los elegidos del sistema.

Esta manifestación dinámica del poder en México es el legado del PRI, adoptado posteriormente por el PAN, PRD y demás partidos, y es la esencia de la partidocracia mexicana.

Su pacto de impunidad es de lo más sencillo, y tiene solo un mandamiento: “Entre los integrantes de esta mafia, nadie, nunca, estará sujeto a los dictados de la Ley.”

Sin embargo, algo huele a podrido…

Este sistema autoritario pseudo democrático (el más longevo que se haya visto en la historia de la Humanidad), se encuentra actualmente en una profunda crisis, que se manifiesta claramente en el enfrentamiento entre Gobierno, empresarios y maestros de la CNTE y SNTE.

Recordemos: Como parte del Pacto por México, los partidos políticos y Peña Nieto plantearon una “reforma educativa” que evaluaría a los maestros, expulsando a los malos elementos de acuerdo a la Ley.

Esta expulsión de miles de maestros mediocres sería en efecto el fin de los privilegios obtenidos por las mafias sindicales de la educación durante décadas, un golpe maestro que debilitaría mortalmente a la CNTE y el SNTE, principal oposición para privatizar el sistema educativo nacional, dejándolo listo para ser entregado a la agrupación empresarial “Mexicanos Primero”, a quienes se les prometió este coto de poder.

Todo ello constituye, evidentemente, una ruptura del pacto mafioso de impunidad, puesto que los sindicatos de la educación, habiendo apoyado al PRI, al PAN y al PRD durante décadas, no están dispuestos a que sus privilegios hereditarios sean eliminados.

Para estos sindicatos, el sistema educativo es suyo, y no se lo pueden “asignar” a nadie… más que a ellos. Para los empresarios, es suyo, porque se los prometió el gobierno. Y para el gobierno, es suyo, puesto que la Ley le da la autoridad…

El saberse deshonestos, les impide sentarse a negociar.

Así de simple y así de vulgar es la crisis triple crisis de confianza que tiene paralizado a medio México:

Los maestros no confían en el gobierno ni en los empresarios;
Los empresarios no confían en el gobierno ni en los maestros;
El gobierno no confía ni en los maestros ni en los empresarios.

En resumen, los sospechosos de siempre, los que garantizaron la “paz social” a cambio de privilegios, han llegado a un punto de choque que puede ser el epitafio del verdadero sistema político mexicano.

Todos ellos quieren controlar la manzana de la discordia: el sistema educativo nacional. Ninguno está dispuesto a ceder. Por lo anterior, solo la fuerza permitirá que alguno de ellos prevalezca sobre los demás.

Y en este momento, la fuerza está en manos de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra acorralado, en el peor momento de su sexenio y empeorando, mientras el 2018 se acerca rápidamente…

Dios nos agarre confesados.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La cabeza detrás de los Expedientes contra Rodrigo Medina

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Aunque el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, no se presentó al citatorio el día de ayer, donde se le iba a informar de que está siendo acusado y se iba a decir si quedaba vinculado al proceso. Esta semana Altavoz entrevistó al encargado de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Economía y Trabajo, el Lic. Eduardo Alonso Mendívil.

En la entrevista Alonso Mendívil nos explica un poco más a fondo el caso de los terrenos de Pesquería, por los cuales actualmente está siendo acusado el ex gobernador Medina. Además nos explica que otros expedientes se formaron y están el día de hoy en manos de la Fiscalía Anticorrupción:

1. ¿Cuáles han sido tus funciones dentro de SEDEC?

R: 
Ante todo agradecer esta oportunidad de compartir este espacio para compartir las experiencias de este inicio de administración en Nuevo León. 
Hasta hace algunos meses ejercí como Director Jurídico de la extinta Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) donde además de asesorar al Secretario en todos los actos jurídicos en los que participa la dependencia, presidí el comité de auditoría interna cuya función principal fue la detección de irregularidades y la integración de expedientes para la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción del Estado. 
Actualmente, con la creación de la nueva Secretaría de Economía y Trabajo, me encargo de la Dirección General Jurídica, teniendo la responsabilidad de apoyar al Secretario en conducir el actuar de la dependencia con apego a la ley.

2. ¿Cuántos han sido los casos que SEDEC ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción?

R: 

A la fecha integramos 30 expedientes a la Contraloría, de los cuales 23 expedientes ya fueron turnados a la Fiscalía Anticorrupción para su investigación y desahogo.

3. Ya adentrándonos a los casos en específico, ¿qué tipo de anomalías se encontraron en el caso KIA?

R: 

Fundamentalmente se detectaron irregularidades en el proceso de otorgamiento de incentivos, en pasos de ley que no se completaron, operaciones injustificadas o fuera del marco jurídico.

4. Hay otro caso en el cual una subsidiaria de Multimedios está involucrada, ¿nos puedes contar más sobre eso?



R: Se han detectado irregularidades en donde están involucradas diversas empresas locales y extranjeras. Efectivamente, alguna del grupo que comentas está involucrada, y será la Fiscalía Anticorrupción la que realizará las indagatorias correspondientes para llegar a la verdad de los hechos y resolver si existe alguna responsabilidad o ninguna al respecto.

5. ¿Cómo lograron que los coreanos recapacitaran los acuerdos con el gobierno anterior?

El Gobierno del Estado y la empresa Kia han trabajado en conjunto para resolver una situación compleja que necesariamente implicaba un esfuerzo de entendimiento jurídico, comercial y político. La voluntad de esta administración por resolver los temas pendientes y la confianza generada en el trayecto entre la empresa y los funcionarios, considero que fue primordial para llegar a un consenso con miras al mismo objetivo. Sin duda, llegar a un acuerdo fue un camino que tuvo diversas implicaciones, como momentos de discusión y reflexión, en donde la transparencia y la legalidad prevalecieron para brindar certidumbre jurídica a esta importante inversión para Nuevo León.

6. ¿Crees que haya un daño por el conflicto que se tuvo con KIA en la inversión extranjera en el estado de Nuevo León?

Es muy conocido que los indicadores de transparencia internacional, así como los bajos índices de corrupción en un país, son primordiales para garantizar crecimiento económico y atraer inversiones duraderas. El trabajo realizado por esta administración para brindar un Estado de Derecho con transparencia y certidumbre jurídica, es un detonante de inversión extranjera. Las empresas sienten un cambio en la forma que se conduce el gobierno en Nuevo León y ha mostrado su preferencia por la transparencia y la legalidad para producir más y mejor, así lo han manifestado en repetidas ocasiones, y es un compromiso de este gobierno.

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