#ElTalónDeAquiles: “Ortega”

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Lo que pasa en Nicaragua es imperdonable. Por seis meses, la crisis en ese país ha nutrido las noticias internacionales. Lo que inició como protesta contra de las reformas al Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS) – se proponía aumentar las contribuciones de patronos, empleados, y pensionados al seguro social para evitar su quiebra (la cual, según previsiones del Fondo Monetario Internacional, acontecerá en 2019) – se convirtió en una lucha por la justicia y la democracia. Hoy, la precariedad de Ortega proviene dos factores.

Primero, su estilo, autoritario, cansó. Si bien en un inicio las protestas fueron entre la coalición opositora, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y la Juventud Sandinista, los primeros muertos y el despliegue del ejército caldearon los ánimos. Pronto, los campesinos llamaron a la huelga y solicitaron la renuncia del polémico presidente. Luego, con la aparición de paramilitares y el uso intensivo de antimotines, los manifestantes pidieron el cese de la violencia, la liberación de detenidos (se denuncian torturas) y el cese de la censura (cuatro canales de televisión fueron sacados del aire temporalmente). En mayo, patronos y sindicatos, adversarios al principio, hacían frente común para condenar “las masacre”, la censura, y la represión. Buses, camiones, y camionetas se unieron al movimiento. La cantidad de muertos, la mayoría por la represión del Estado, se calcula hoy en alrededor de 400; el número de heridos ronda los 2500. 

Segundo, los apoyos a Ortega se disiparon. A nivel internacional, ya desde antes de la crisis, su gobierno no era bien visto, sobre todo entre aquellos países con los que ha mantenido contenciosos por razones diversas. Ningún Castro está hoy al frente de Cuba, Rafael Correa vive en Bélgica, y la Venezuela de Maduro es un desastre. Además, ordenar la salida de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no ayudó a mostrar la buena voluntad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido investigando hechos de violencia (su presencia fue exigida por los universitarios como parte del diálogo) y se ha referido en múltiples ocasiones al tema.

A nivel interno, Ortega tampoco pisa terreno firme. Por un lado, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobierna es un trozo del existente en las décadas 1970 y 1980. Muchos de sus excompañeros, que por cierto lo acusan de aventar al FSLN hacia el populismo, están en la oposición (Movimiento Renovador Sandinista, MRS). Por el otro, en un marco en donde el gobierno aceptó la entrada de la CIDH al tiempo que siguió desplegando los antimotines, la Iglesia suspendió el diálogo, con lo que se generó mayor frustración, y más protestas. Ortega, quien desde la campaña de 2006 comenzó a hacer constantes referencias a Dios, y que había logrado mantener relaciones cordiales con la Iglesia, recibió un ultimátum de la Conferencia episcopal. Cansada de intentar inútilmente de propiciar el diálogo, le exigió que generara las condiciones necesarias para el éxito del mismo. 

Las reformas al seguro social fueron revocadas menos de una semana después de la detonación inicial. Pero ya era demasiado tarde. La olla de presión explotó porque lo que Ortega ha hecho a Nicaragua, es imperdonable. Olvidemos que este privilegiado líder tuvo tres oportunidades para cambiar su país. Perdonémosle sus dos primeros intentos: el inicial, porque la Junta de Reconstrucción Nacional (1979-85) fue un grupo heterogéneo que dificultó la adopción de una agenda común. Y el segundo, como presidente democráticamente electo (1985-90), porque enfrentó una contrarrevolución financiada por la administración de Ronald Reagan. Aún en tales circunstancias, el legado de Ortega es inaceptable.

Además de querer perpetuarse en el poder, a este líder de oposición a la dictadura de Anastasio Somoza se le ha acusado de querer adueñarse de los bienes del FSLN, de acumular fortuna, e incluso de haber abusado sexualmente de su hijastra, Zoila América Narváez. También se le califica de nepotista, al haber propuesto como candidata a la vicepresidencia en su última reelección a su esposa, la poeta y exguerrillera, Rosario Murillo. También se le achaca el haber perdido la brújula ideológica. El Ortega del siglo XXI es corporatista: no solo gobierna a la derecha, con el apoyo de empresarios y de los sectores más conservadores de la Iglesia católica, sino que además cuenta con el apoyo tácito de sindicatos (que se acostumbraron a su tajada del pastel). Es también este Ortega el que negoció con el expresidente Arnoldo Aleman (1997-2002), un exomosista considerado uno de los políticos más corruptos del mundo, condiciones más favorables para la aplicación de su pena, a cambio de apoyo político.

¿Alguien mencionó “pensamiento progresista”? Porque si algo brilla por su ausencia en este país desde hace décadas, es esa noción. El presidente Ortega debe irse antes de terminar como Somoza, el dictador que, en su juventud, ayudó a derrocar. Y debe hacerlo rápido, porque la verdad, la dignidad ya se le acabó. 

Para información sobre la situación en Nicaragua, consulta:

Fernando A. Chinchilla 

Nouakchott (Mauritania), 23 de septiembre de 2018

Abogado de Elba Esther Gordillo presenta queja ante la CIDH

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Este lunes Marco Antonio del Toro, abogado defensor de Elba Esther Gordillo, presentó una queja ante la CIDH, en la que afirma que autoridades judiciales se confabularon con la PGR para convertir una “presa política” a la ex presidenta vitalicia del SNTE.

Del Toro justificó que está situación derivó de la oposición de la maestra a la reforma educativa.

Luego recordó que la averiguación previa que llevó a la cárcel a Gordillo fue integrada, con el apoyo de jueces a modo, en sólo siete días y con delitos “fabricados”.

El litigante también dijo que ya existen pruebas de que algunos “malos” funcionarios del Poder Judicial se confabularon con la PGR y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para convertirse en jueces a modo, dictando resoluciones abiertamente ilegales y con una sola finalidad: “Buscar la condena a toda costa”.

El defensor informó que el próximo miércoles a las 17:00 horas, tiempo de Washington, se reunirá con el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, a quien entregará la información sobre el caso de la ex presidenta nacional del PRI.

También se conoció que, entre los funcionarios denunciados, se encuentran el recientemente fallecido juez sexto de distrito de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, y su ex secretario de acuerdos, Jorge Bernal Reyes, actualmente candidato por Morena a edil de Chignahuapan, Puebla.

Además, los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México y Martha María Hernández, la consejera de la Judicatura Federal.

Padres de normalistas desaparecidos en Iguala reclaman verdad en la CIDH

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Padres de dos de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, México, desaparecidos en 2014, reclamaron hoy verdad y justicia en este caso, durante la segunda jornada de las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Santo Domingo.

Joaquina García, madre de Martín Sánchez, acusó al Gobierno de su país de “no hacer nada” para esclarecer este caso y decir a los familiares “solo puras mentiras”.

En México, agregó, “no hay justicia” pero sí “miles de desaparecidos”, al tiempo que se expresó opuesta a que las audiencias sobre este caso se realicen fuera de su país.

“Queremos verdad y justicia y que el Estado no se siga burlando de nosotros”, subrayó en la audiencia.

Mientras que Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó que continuarán su lucha “hasta llegar a la verdad pase lo que pase”.

“Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto”, se preguntó Navarrete, quien señaló que el Gobierno “quiere cerrar cada línea haciendo como que investigan” e invitó a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México sobre este caso.

Precisamente ayer, el Gobierno de México destacó sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.

El Ejecutivo indicó que ha entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Ginebra, Suiza, un documento con las observaciones al reporte “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa“, divulgado el 15 de marzo y que también fue remitido este lunes al mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

Por su parte, Santiago Aguirre, activista de los derechos humanos y acompañante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, expresó su temor de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto cierre este caso “dadas las altas posibilidades de que quienes confeccionaron la llamada comisión de verdad histórica salgan del poder” tras las próximas elecciones.

La representación del Estado de México dijo, sin embargo, en la audiencia de hoy que “nunca se ha detenido el esfuerzo” de la búsqueda de los 43 estudiantes y que espera “brindar las respuestas que legitimamente exigen los familiares” de los desaparecidos.

La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel “ilustra la determinación de fortalecer la comunicación con los beneficiarios y sus representantes y nos permite reiterar el compromiso indeclinable del Gobierno de México con el esclarecimiento de este caso con la seguridad de que se haga justicia y con procurar la atención integral a las víctimas”, dijo.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.

El caso de Ayotzinapa formó parte del segundo día de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

La CIDH abrió ayer una semana de audiencias públicas en Santo Domingo cuya agenda incluye audiencias sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

Detienen a Presunto implicado en desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Esta tarde la Procuraduría General de la República (PGR) informo la detención de Erick Uriel “N”, uno de las personas con las tuvieron contacto los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014.

La detención por parte de elementos de la Policía Federal se realizó en las inmediaciones del municipio de Cocula, Guerrero, así lo informó el titular de la Unidad Antisecuestro de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez.

De acuerdo a autoridades, Erick Uriel “N”, tuvo una “intervención decisiva”, en la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ramírez Gutiérrez señaló que el detenido es un probable integrante del grupo criminal Guerrero Unidos, mismos que están ligados al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Erick “N” es también señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas.

El detenido es acusado y tiene orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro, por oposición que el titular de la SEIDO anunció que será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.

El pasado 3 de marzo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz Cabañas, dijo durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Bogotá, Colombia que la PGR esperaba cerrar el caso Ayotzinapa antes de que concluya el sexenio de Peña Nieto.

(Con información de Animal Político)

Publicidad oficial y violencia afectan la libertad y seguridad de los periodistas en México: ONU

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Los periodistas en México están aterrorizados por las desapariciones y agresiones a compañeros. A esto se suma el control de la libertad de expresión del gremio a través de la publicidad oficial, señalaron los relatores especiales de la ONU.

Los relatores de la ONU se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, de 21 estados del país.

Los relatores pidieron mayor eficacia de la autoridades federales y locales y del Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que dijeron, hasta ahora, no ha tenido los resultados esperados.

Señalaron como deficiencias del Mecanismo, la falta de presupuesto y que esta figura no tenga comunicación permanente con periodistas beneficiados con la protección.

De acuerdo con la organización Artículo 19, durante el primer semestre de 2017, cada 15.7 horas ha sido agredido a un periodista en México, siendo los funcionarios públicos en el 50% de los casos los principales responsables de los ataques.

Destacan los asesinatos de los periodistas Cecilio PinedaRicardo MonluiMiroslava BreachMaximino RodríguezJavier Valdez y Jonathan Rodríguez, atacados con armas de fuego y a plena luz del día.

Ante los señalamientos de los relatores, el gobierno mexicano señaló que “los distintos representantes de las instituciones del Estado mexicano ofrecieron analizar y dar seguimiento a las recomendaciones de dichos funcionarios internacionales, considerando la guía y el aporte que significan para fortalecer las acciones a nivel federal y estatal“.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, “reiteró que el Estado mexicano mantiene un firme compromiso con los derechos humanos y dio la bienvenida a las recomendaciones de los Relatores Especiales de la ONU y de la CIDH para fortalecer toda acción que beneficie la labor de los y las periodistas en México“.

Con información de Animal Político. 

 

Moreira niega ante la CIDH tener vínculos con ‘Los Zetas’

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El ex gobernador de CoahuilaHumberto Moreira, reiteró que no tiene vínculos con el cartel de Los Zetas ni con alguna otra organización delincuencial, como fue señalado por diversas organizaciones de derechos humanos.

A través de una misiva que envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizó que el informe “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), contiene acusaciones falsas en su contra.

El ex priista escribió una carta al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la que señala que considera necesario aclarar que dicho informe lo pretende vincular con hechos delictivos durante su sexenio, basados en artículos periodísticos o información difundida de forma descontextualizada o sesgada, con “estimonios de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, sospechosos de haber sido obtenidos a cambio de beneficios penitenciarios”.

Recordó que esta precisión ya la hizo en un escrito similar ante la Físcalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por lo que estimó que es importante que también la CIDH tenga conocimiento de los hechos que, indicó, afectan su honor y el de su familia.

Moreira incluso envió al secretario ejecutivo de la CIDH un extracto de la sentencia de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, como prueba judicial de que no está ni estuvo relacionado con el cartel de Los Zetas.

PGR y Gobierno Federal aseguran que indagaciones por los 43 de Ayotzinapa continúan

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A través de comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno Federal aseguraron que las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, continúan. Esto debido a que hoy se cumple tres años desde el este suceso que conmociono a la opinión pública y que hasta el momento pocas respuestas ha tenido.

La PGR informo que seguirán agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a víctimas y sus familiares.

También la institución aseguro que en estos tres años se ha continuado avanzando en las investigaciones y la búsqueda de los 43 estudiantes, que desaparecieron en la noche del 26 de septiembre, pero siempre teniendo una amplia comunicación con sus familiares y representantes, ademas de la atención a los requerimientos del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).”, dijo la PGR en el comunicado de prensa.

Exige la CIDH investigación independiente en intento espionaje al GIEI

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El tema del espionaje por parte del gobierno federal sigue en punta de lanza, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano una investigación independiente sobre los presuntos espionajes realizados en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa, el cual intenta ubicar responsables.

José Eguiguren, presidente de la CIDH, declaró que: “debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales del espionaje”.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que en marzo del 2016 uno de los miembros del GIEI fue víctima del programa de espionaje Pegasus, donde se realizaron llamadas con el fin de infectar su móvil y así extraer información. Cabe resaltar que, durante estas fechas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba preparando su informe final sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El programa de espionaje Pegasus, es un software creado por el grupo israelí NSO, con el fin de persecución de criminales y terroristas, el cual este software se vende únicamente a gobiernos con el fin antes mencionado.

Gobierno Federal ha intentado volcar la realidad sobre el uso del programa Pegasus.

Dilemas normativos de la reelección

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En 2018 no solamente acudiremos a las urnas para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la República. En algunos estados, como en Nuevo León, también saldremos a votar por la posible reelección consecutiva de Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías. No es menor la decisión polítca que en el orden local deberemos de tomar: Ahora más que nunca debemos tener información confiable para refrendar, o no, a ciertas personas en sus cargos públicos electivos.

Sin embargo, para que la institución de la reelección consecutiva opere jurídicamente, como en muchas otras ocasiones, se precisa de la labor de desarrollo normativo del legislador ordinario, en este caso, del Congreso del Estado de Nuevo León.

Aunque puede existir un número importante de situaciones a regular jurídicamente, me parece que las esenciales son las siguientes cuatro:

Primero, si la reelección consecutiva es un derecho de las personas o es un derecho de los partidos políticos. Segundo, si las personas electas en 2015 vía una candidatura independiente pueden ser reelectas y, en su caso, si deben volver a recabar firmas de apoyo ciudadano. Tercero, si la reelección es una excepción para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. Y cuarto, ¿qué reglas específicas deberá seguir una persona a reelegirse para no afectar la equidad en la competencia? Si bien cada uno de estos problemas tiene de por si respuestas complejas, ensayo en las siguientes líneas algunas propuestas de solución.

Primer dilema normativo

El primer dilema normativo se deriva de la manera en que se redactaron las normas constitucionales que ahora permiten la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, para los Ayuntamientos, la disposición constitucional establece que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partidos político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (art. 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM).

 




 

Sin embargo, cualquier intento de las élites partidistas de interpretar estas palabras en el sentido de que la titularidad de este derecho recae en los partidos se desvanece frente al reconocimiento claro del derecho humano a ser votado para todos los cargos de elección popular en la propia Constitución (art. 35, fracción II CPEUM), y en el artículo 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es decir, los titulares del derecho a ser reelecto, como faceta inobjetable del derecho a ser votado, son las personas, no los partidos políticos.

Segundo dilema normativo

Esta propuesta de respuesta al primero de los dilemas, en cierta forma, nos ayuda a responder que una persona electa por la vía de candidaturas independientes, también tiene reconocido el derecho a ser reelecta de forma consecutiva, porque de lo contrario se haría una distinción injustificada entre personas electas a propuesta de los partidos políticos y personas electas por la vía independiente.

Y, además, porque las candidaturas independientes, una vez reconocidas constitucionalmente, son un mecanismo más de refortalecimiento de los derechos políticos y de la democracia, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 204).

 




Sin embargo, ello implica que los gobernantes electos a través de candidaturas independientes deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano, porque ese es su vehículo normativo para la postulación, tal como las personas propuestas por partidos políticos deben cumplir con los estatutos para ser postulados por sus partidos (incluso participar en contiendas internas).

Tercer dilema normativo

La posibilidad de ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones. Esto en razón de que el principio de paridad en la postulación reconoce una necesidad de igualación material entre mujeres y hombres.

Asumir una posición distinta podría reeditar problemas de incumplimiento de la paridad en razón de la faceta mayoritaria de la democracia, desatendiendo la cara de la garantía de derechos de igualdad substancial y no meramente formal.

Cuarto dilema normativo

Por último, si uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la equidad en la competencia, las reglas que se delimiten por el legislador local deben buscar inhibir conductas de utilización de recursos públicos a favor de las personas postuladas para ser reelectas.

 




En otras palabras, a diferencia del sistema norteamericano en donde el Presidente Obama pudo trasladarse en el Air Force One para su campaña de reelección, en México, en Nuevo León, deben crearse reglas específicas para mantener un piso igual para todas las personas contendientes.

En resumen, la reelección es un derecho de las personas y no de los partidos políticos. Las personas electas en 2015 a través de candidaturas independientes sí pueden ser reelectas, aunque deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano. La postulación para ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género.

Y, por último, Las personas que sean postuladas para ser reelectas deben cumplir reglas claras y estrictas para no desequilibrar la equidad en la competencia.

Por si esto no fuera suficiente, además, todo debe quedar legislado en el primer semestre de 2017. Una tarea por demás compleja tiene el Congreso del Estado.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

México: el país donde nada pasa

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El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 65/209 declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para la Asamblea General en su resolución 47/133, son víctimas de desaparición forzada, las personas que sean arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra manera por agentes estatales, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno, ya sea con su apoyo directo o indirecto, autorización o asentimiento, y que después se niegan a revelar la suerte o el paradero de estas personas o niegan reconocer que están privadas de la libertad.

Las desapariciones forzadas comenzaron siendo una práctica común de las dictaduras militares con el propósito de infundir terror en la sociedad y como método de represión política. En la actualidad se considera un problema mundial, es decir no solamente le afecta a una región o país; es una enfermedad que la padecen o padecieron países, entre los que se encuentran Siria, Egipto, España, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Camerún, Ruanda y muchos más.

En nuestro país ha sido una realidad constante, una práctica por parte de las autoridades que se fue haciendo más frecuente, hasta el punto de convertirse en costumbre. Si eres sospechoso de estar involucrado en actividades políticas, sociales, o delictivas, método de solución es la desaparición.

La CIDH señaló en su último informe, que México atraviesa una preocupante crisis de derechos humanos, existe una brecha abismal entre el marco jurídico y su situación social. Mencionó que en los años de la guerra sucia, las autoridades gubernamentales, utilizaban la desaparición forzada para reprimir a los activistas políticos y en la actualidad se extendió a cualquier persona.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para el año del 2015 se reportaban 26.789 no localizadas. La Secretaría de Gobernación determinó que el número eran de 16, 000 y la CNDH estableció que hasta el momento no existe certeza ni cifras claras, o estadísticas claras de personas desaparecidas.

El Estado mexicano solo ha demostrado su incapacidad para realizar investigaciones concretas, sancionar, y garantizar justicia a las víctimas y sus familiares. En vez de realizar y activar mecanismos efectivos para realizar búsquedas serias, imparciales y expeditas a las víctimas, el gobierno se ha enfocado en intentar “desmentir” a todos los organismos protectores de derechos humanos, internacionales como nacionales.

Cuando el relator para la tortura de la ONU Juan Méndez, manifestó que en México la tortura es una práctica generalizada, la SRE solo se limitó a contestar: “eso es incongruente, esto no corresponde con la realidad”.

En la última recomendación que emitió la CNDH respecto a las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán respecto a las 22 ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y manipulación de evidencia, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló de “radical” el informe, estableció que los policías se encontraban actuando en legítima defensa. Respuestas como estas ocurren cada vez que alguien cuestiona a la autoridad, vivimos en un país donde cuestionar y pedir justicia se traduce en exageraciones por parte de la sociedad.

Para el gobierno mexicano, aquí nada pasa. ¿Desapariciones? No, ¿tortura? No es generalizada, ¿muertes extrajudiciales? No existe el tipo penal. Desconocer y justificarse ha sido el único método de solución para la autoridad. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?

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