Detienen a Presunto implicado en desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Esta tarde la Procuraduría General de la República (PGR) informo la detención de Erick Uriel “N”, uno de las personas con las tuvieron contacto los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014.

La detención por parte de elementos de la Policía Federal se realizó en las inmediaciones del municipio de Cocula, Guerrero, así lo informó el titular de la Unidad Antisecuestro de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez.

De acuerdo a autoridades, Erick Uriel “N”, tuvo una “intervención decisiva”, en la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ramírez Gutiérrez señaló que el detenido es un probable integrante del grupo criminal Guerrero Unidos, mismos que están ligados al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Erick “N” es también señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas.

El detenido es acusado y tiene orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro, por oposición que el titular de la SEIDO anunció que será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.

El pasado 3 de marzo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz Cabañas, dijo durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Bogotá, Colombia que la PGR esperaba cerrar el caso Ayotzinapa antes de que concluya el sexenio de Peña Nieto.

(Con información de Animal Político)

Publicidad oficial y violencia afectan la libertad y seguridad de los periodistas en México: ONU

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Los periodistas en México están aterrorizados por las desapariciones y agresiones a compañeros. A esto se suma el control de la libertad de expresión del gremio a través de la publicidad oficial, señalaron los relatores especiales de la ONU.

Los relatores de la ONU se reunieron con más de 250 periodistas y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, de 21 estados del país.

Los relatores pidieron mayor eficacia de la autoridades federales y locales y del Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que dijeron, hasta ahora, no ha tenido los resultados esperados.

Señalaron como deficiencias del Mecanismo, la falta de presupuesto y que esta figura no tenga comunicación permanente con periodistas beneficiados con la protección.

De acuerdo con la organización Artículo 19, durante el primer semestre de 2017, cada 15.7 horas ha sido agredido a un periodista en México, siendo los funcionarios públicos en el 50% de los casos los principales responsables de los ataques.

Destacan los asesinatos de los periodistas Cecilio PinedaRicardo MonluiMiroslava BreachMaximino RodríguezJavier Valdez y Jonathan Rodríguez, atacados con armas de fuego y a plena luz del día.

Ante los señalamientos de los relatores, el gobierno mexicano señaló que “los distintos representantes de las instituciones del Estado mexicano ofrecieron analizar y dar seguimiento a las recomendaciones de dichos funcionarios internacionales, considerando la guía y el aporte que significan para fortalecer las acciones a nivel federal y estatal“.

El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, “reiteró que el Estado mexicano mantiene un firme compromiso con los derechos humanos y dio la bienvenida a las recomendaciones de los Relatores Especiales de la ONU y de la CIDH para fortalecer toda acción que beneficie la labor de los y las periodistas en México“.

Con información de Animal Político. 

 

Moreira niega ante la CIDH tener vínculos con ‘Los Zetas’

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El ex gobernador de CoahuilaHumberto Moreira, reiteró que no tiene vínculos con el cartel de Los Zetas ni con alguna otra organización delincuencial, como fue señalado por diversas organizaciones de derechos humanos.

A través de una misiva que envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizó que el informe “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), contiene acusaciones falsas en su contra.

El ex priista escribió una carta al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la que señala que considera necesario aclarar que dicho informe lo pretende vincular con hechos delictivos durante su sexenio, basados en artículos periodísticos o información difundida de forma descontextualizada o sesgada, con “estimonios de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos, sospechosos de haber sido obtenidos a cambio de beneficios penitenciarios”.

Recordó que esta precisión ya la hizo en un escrito similar ante la Físcalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, por lo que estimó que es importante que también la CIDH tenga conocimiento de los hechos que, indicó, afectan su honor y el de su familia.

Moreira incluso envió al secretario ejecutivo de la CIDH un extracto de la sentencia de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, como prueba judicial de que no está ni estuvo relacionado con el cartel de Los Zetas.

PGR y Gobierno Federal aseguran que indagaciones por los 43 de Ayotzinapa continúan

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A través de comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno Federal aseguraron que las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, continúan. Esto debido a que hoy se cumple tres años desde el este suceso que conmociono a la opinión pública y que hasta el momento pocas respuestas ha tenido.

La PGR informo que seguirán agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a víctimas y sus familiares.

También la institución aseguro que en estos tres años se ha continuado avanzando en las investigaciones y la búsqueda de los 43 estudiantes, que desaparecieron en la noche del 26 de septiembre, pero siempre teniendo una amplia comunicación con sus familiares y representantes, ademas de la atención a los requerimientos del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).”, dijo la PGR en el comunicado de prensa.

Exige la CIDH investigación independiente en intento espionaje al GIEI

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El tema del espionaje por parte del gobierno federal sigue en punta de lanza, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano una investigación independiente sobre los presuntos espionajes realizados en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa, el cual intenta ubicar responsables.

José Eguiguren, presidente de la CIDH, declaró que: “debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales del espionaje”.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que en marzo del 2016 uno de los miembros del GIEI fue víctima del programa de espionaje Pegasus, donde se realizaron llamadas con el fin de infectar su móvil y así extraer información. Cabe resaltar que, durante estas fechas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba preparando su informe final sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El programa de espionaje Pegasus, es un software creado por el grupo israelí NSO, con el fin de persecución de criminales y terroristas, el cual este software se vende únicamente a gobiernos con el fin antes mencionado.

Gobierno Federal ha intentado volcar la realidad sobre el uso del programa Pegasus.

Dilemas normativos de la reelección

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En 2018 no solamente acudiremos a las urnas para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la República. En algunos estados, como en Nuevo León, también saldremos a votar por la posible reelección consecutiva de Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías. No es menor la decisión polítca que en el orden local deberemos de tomar: Ahora más que nunca debemos tener información confiable para refrendar, o no, a ciertas personas en sus cargos públicos electivos.

Sin embargo, para que la institución de la reelección consecutiva opere jurídicamente, como en muchas otras ocasiones, se precisa de la labor de desarrollo normativo del legislador ordinario, en este caso, del Congreso del Estado de Nuevo León.

Aunque puede existir un número importante de situaciones a regular jurídicamente, me parece que las esenciales son las siguientes cuatro:

Primero, si la reelección consecutiva es un derecho de las personas o es un derecho de los partidos políticos. Segundo, si las personas electas en 2015 vía una candidatura independiente pueden ser reelectas y, en su caso, si deben volver a recabar firmas de apoyo ciudadano. Tercero, si la reelección es una excepción para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. Y cuarto, ¿qué reglas específicas deberá seguir una persona a reelegirse para no afectar la equidad en la competencia? Si bien cada uno de estos problemas tiene de por si respuestas complejas, ensayo en las siguientes líneas algunas propuestas de solución.

Primer dilema normativo

El primer dilema normativo se deriva de la manera en que se redactaron las normas constitucionales que ahora permiten la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, para los Ayuntamientos, la disposición constitucional establece que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partidos político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (art. 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM).

 




 

Sin embargo, cualquier intento de las élites partidistas de interpretar estas palabras en el sentido de que la titularidad de este derecho recae en los partidos se desvanece frente al reconocimiento claro del derecho humano a ser votado para todos los cargos de elección popular en la propia Constitución (art. 35, fracción II CPEUM), y en el artículo 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es decir, los titulares del derecho a ser reelecto, como faceta inobjetable del derecho a ser votado, son las personas, no los partidos políticos.

Segundo dilema normativo

Esta propuesta de respuesta al primero de los dilemas, en cierta forma, nos ayuda a responder que una persona electa por la vía de candidaturas independientes, también tiene reconocido el derecho a ser reelecta de forma consecutiva, porque de lo contrario se haría una distinción injustificada entre personas electas a propuesta de los partidos políticos y personas electas por la vía independiente.

Y, además, porque las candidaturas independientes, una vez reconocidas constitucionalmente, son un mecanismo más de refortalecimiento de los derechos políticos y de la democracia, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 204).

 




Sin embargo, ello implica que los gobernantes electos a través de candidaturas independientes deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano, porque ese es su vehículo normativo para la postulación, tal como las personas propuestas por partidos políticos deben cumplir con los estatutos para ser postulados por sus partidos (incluso participar en contiendas internas).

Tercer dilema normativo

La posibilidad de ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones. Esto en razón de que el principio de paridad en la postulación reconoce una necesidad de igualación material entre mujeres y hombres.

Asumir una posición distinta podría reeditar problemas de incumplimiento de la paridad en razón de la faceta mayoritaria de la democracia, desatendiendo la cara de la garantía de derechos de igualdad substancial y no meramente formal.

Cuarto dilema normativo

Por último, si uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la equidad en la competencia, las reglas que se delimiten por el legislador local deben buscar inhibir conductas de utilización de recursos públicos a favor de las personas postuladas para ser reelectas.

 




En otras palabras, a diferencia del sistema norteamericano en donde el Presidente Obama pudo trasladarse en el Air Force One para su campaña de reelección, en México, en Nuevo León, deben crearse reglas específicas para mantener un piso igual para todas las personas contendientes.

En resumen, la reelección es un derecho de las personas y no de los partidos políticos. Las personas electas en 2015 a través de candidaturas independientes sí pueden ser reelectas, aunque deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano. La postulación para ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género.

Y, por último, Las personas que sean postuladas para ser reelectas deben cumplir reglas claras y estrictas para no desequilibrar la equidad en la competencia.

Por si esto no fuera suficiente, además, todo debe quedar legislado en el primer semestre de 2017. Una tarea por demás compleja tiene el Congreso del Estado.

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México: el país donde nada pasa

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El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 65/209 declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para la Asamblea General en su resolución 47/133, son víctimas de desaparición forzada, las personas que sean arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra manera por agentes estatales, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno, ya sea con su apoyo directo o indirecto, autorización o asentimiento, y que después se niegan a revelar la suerte o el paradero de estas personas o niegan reconocer que están privadas de la libertad.

Las desapariciones forzadas comenzaron siendo una práctica común de las dictaduras militares con el propósito de infundir terror en la sociedad y como método de represión política. En la actualidad se considera un problema mundial, es decir no solamente le afecta a una región o país; es una enfermedad que la padecen o padecieron países, entre los que se encuentran Siria, Egipto, España, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Camerún, Ruanda y muchos más.

En nuestro país ha sido una realidad constante, una práctica por parte de las autoridades que se fue haciendo más frecuente, hasta el punto de convertirse en costumbre. Si eres sospechoso de estar involucrado en actividades políticas, sociales, o delictivas, método de solución es la desaparición.

La CIDH señaló en su último informe, que México atraviesa una preocupante crisis de derechos humanos, existe una brecha abismal entre el marco jurídico y su situación social. Mencionó que en los años de la guerra sucia, las autoridades gubernamentales, utilizaban la desaparición forzada para reprimir a los activistas políticos y en la actualidad se extendió a cualquier persona.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para el año del 2015 se reportaban 26.789 no localizadas. La Secretaría de Gobernación determinó que el número eran de 16, 000 y la CNDH estableció que hasta el momento no existe certeza ni cifras claras, o estadísticas claras de personas desaparecidas.

El Estado mexicano solo ha demostrado su incapacidad para realizar investigaciones concretas, sancionar, y garantizar justicia a las víctimas y sus familiares. En vez de realizar y activar mecanismos efectivos para realizar búsquedas serias, imparciales y expeditas a las víctimas, el gobierno se ha enfocado en intentar “desmentir” a todos los organismos protectores de derechos humanos, internacionales como nacionales.

Cuando el relator para la tortura de la ONU Juan Méndez, manifestó que en México la tortura es una práctica generalizada, la SRE solo se limitó a contestar: “eso es incongruente, esto no corresponde con la realidad”.

En la última recomendación que emitió la CNDH respecto a las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán respecto a las 22 ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y manipulación de evidencia, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló de “radical” el informe, estableció que los policías se encontraban actuando en legítima defensa. Respuestas como estas ocurren cada vez que alguien cuestiona a la autoridad, vivimos en un país donde cuestionar y pedir justicia se traduce en exageraciones por parte de la sociedad.

Para el gobierno mexicano, aquí nada pasa. ¿Desapariciones? No, ¿tortura? No es generalizada, ¿muertes extrajudiciales? No existe el tipo penal. Desconocer y justificarse ha sido el único método de solución para la autoridad. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?

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¿Ocupa “dientes” la CNDH?

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No es ningún secreto que nuestro país tiene, desde hace varias décadas, una crisis en lo concerniente al respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eventos como la matanza de Tlatelolco, Acteal, Ayotzinapa, y más recientemente, Nochixtlán, corroboran el latente problema que hoy se vive, el cual es causado en numerosas ocasiones por las mismas autoridades (nótese que, en todos los casos mencionados, existen supuestos de la participación de funcionarios públicos, además de las sospechas de intervención policial y militar).

Por otra parte, ¿qué medidas ha llevado a cabo el gobierno para solucionar esta evidente crisis? Desde hace tiempo, México se ha incorporado a organismos internacionales que velan por la protección a los derechos humanos, tales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), o bien, el CDH (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

Dichos organismos han señalado, en más de una ocasión, la falta de consideración que se tiene en torno al aseguramiento de los derechos fundamentales para con su población; ¿cuáles han sido las repercusiones de la integración de México a estas agrupaciones internacionales?

Si bien cabe destacar que, desde que México comenzó a fungir como miembro de diversos grupos de cooperación para el resguardo y protección de las antes llamadas garantías individuales, este ha tenido que darle una mayor ponderación a las mismas, así como aceptar la intervención de aquellos grupos, en casos que han causado gran difusión mediática, el problema no ha logrado disminuir más que de forma tenue.

A pesar de este supuesto “compromiso” para mejorar la defensa de nuestros derechos por medio de la subscripción antes dictada, los ataques y la represión continúan formando parte de la vida diaria de los mexicanos, sin importar si estos tienen como profesión el periodismo (México es calificado como el país con mayor riesgo para tal empresa), o si son maestros o aspirantes a los mismos (previamente mencionado de Ayotzinapa), o bien si son campesinos (San Quintín).

Ahora bien, ¿qué es lo que falta hacer para mejorar esta situación y garantizarle la dignidad y la existencia a cada miembro de la nación? Lo primero que habría que hacer es, reforzar nuestras instituciones antes de estar firmando acuerdos que sabemos, no vamos a cumplir; actualmente tenemos instituciones como la CNDH, la cual tiene por objeto la defensa de derechos humanos. No obstante, ¿cómo es posible que esta misma pueda defender nuestros derechos si su función se encuentra limitada a la “emisión de recomendaciones”?

Es preocupante observar casos, como lo ocurrido en Veracruz, donde pudimos ser testigos de una abierta represión hacia el periodismo y hacia todo aquel que se opusiera al gobernador, Javier Duarte, en donde las recomendaciones del organismo mencionado no trascendieron, a lo mucho, a un “jalón de orejas”.

Si en verdad queremos mejorar esta deplorable situación por la que pasamos, si en verdad queremos construir una nación más prospera y garantista de derechos, deberíamos empezar por darle “dientes” a nuestras instituciones protectoras de derechos fundamentales.

¿Cómo empezar con dicho cambio? Con algo tan simple como hacer de carácter vinculatorio (obligatorio) aquellas “recomendaciones” de la CNDH, para que así el poder judicial se encuentre obligado a investigar a los servidores públicos que la comisión ha señalado como posibles responsables de violaciones hacía los derechos reconocidos en la carta magna.

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Machismo que re victimiza

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No tenemos ninguna evidencia nosotros, solamente que pase y no lo denuncien, puede ser. Pero denuncia nosotros no tenemos ninguna de un secuestro o una desaparición forzada sobre alguna mujer”, declaró el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” al ser cuestionado este lunes pasado sobre las desapariciones de las mujeres en Nuevo León.

Vamos por partes.

Es un hecho que la mayoría de los casos no se denuncian: la cifra negra de las desapariciones forzadas es altísima. El Informe de “Misión a México”, grupo de trabajo de las Naciones Unidas, presentado en 2011, estimó que la cifra negra por estos delitos supera el 75%. Ésto quiere decir que se denuncian menos del 25% de los casos que se dan y, a demás, los que resultan en sentencia condenatoria son del 2%. Cabe recalcarse que este grupo lamentó la carencia de información pública disponible sobre mujeres víctimas de desaparición forzada.

Empero, aunque la mayoría de los casos no se denuncien, existen datos concretos de personas desaparecidas en Nuevo León y, más concretamente, de mujeres desaparecidas.

Empero, aunque la mayoría de los casos no se denuncien, existen datos concretos de personas desaparecidas en Nuevo León y, más concretamente, de mujeres desaparecidas.

Según el Informe “Situación de Derechos Humanos en México” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 2015, respecto a desapariciones del fuero común, se registraron de 2011 a abril de 2015 un total de 7 mil 060 mujeres desaparecidas o extraviadas en México, de las cuales 549 desaparecieron en Nuevo León.

Asimismo, respecto a desapariciones del fuero federal, se registraron de 2014 a abril de 2015 un total de 125 en todo el país, de las cuales 2 desaparecieron en Nuevo León. Esta información la sacó la CIDH de lo que le fue proporcionado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas (con base en datos de averiguaciones previas, carpetas de investigación, etcétera).Entonces, junto con fuero federal y común han desaparecido 551 mujeres en el estado, de acuerdo a la CIDH. Ésto es sin contar la cifra negra.

Nosotros no tenemos ninguna denuncia del secuestro de una mujer, quizás se van con el novio, no tenemos ninguna denuncia sobre el secuestro de una mujer en lo que va de la administración, puede ser que el novio se las lleve sin el permiso de los papás, sí hay eso que una adolescente se enamora de un mayor de edad y se va con él”, sentenció el Gobernador.

Asimismo, respecto a desapariciones del fuero federal, se registraron de 2014 a abril de 2015 un total de 125 en todo el país, de las cuales 2 desaparecieron en Nuevo León.

Claro que tienen denuncias de desapariciones de mujeres; tan es así, que en marzo pasado se reunieron integrantes de la Procuraduría General de Justicia del estado con personas de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León (FUNDENL) y Agrupación de Mujeres por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) para revisar el avance de 33 expedientes que incluyen a 88 personas desaparecidas en el estado, de las cuales 19 son mujeres.

Nuevo León es el tercer estado de la República con más personas desaparecidas. ¿En serio no tienen datos? Aunado a lo anterior, está la información actualizada a abril de este año del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la cual muestra que hay 3 averiguaciones previas abiertas del fuero federal y 564 del fuero común por mujeres desaparecidas, sin contar la cifra negra.

Nuevo León es el tercer estado de la República con más personas desaparecidas. ¿En serio no tienen datos?…

Habiendo expuesto los datos, paso al tema de la ignorancia y la misoginia en las declaraciones del Gobernador.

Para empezar, el decir que las mujeres desaparecidas se van con el novio denota discriminación heteronormativa. Además, denota machismo que minimice la situación y reduzca la importancia, estigmatizando a las víctimas. En último lugar, preocupa que de cómo solución a su paradero el que se encuentren con el novio, lo que termina por ser un deslinde de su gobierno a actuar para resolver el problema.

Rodríguez Calderón prometió poner en funcionamiento las Fiscalías Especializadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas a partir de enero del presente año, de acuerdo a una carta abierta de integrantes de FUNDENL, y hasta el momento es otra promesa no cumplida.

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizaron un estudio sobre las desapariciones de mujeres en el estado este 2016. El Dr. Arun Kumar Acharya, parte de este grupo y experto en la materia, explicó este lunes pasado que las desapariciones de mujeres van en aumento y que en el 70% de los casos son menores de 15 años. Éstos datos lo llevan a considerar que se debe al alza en la demanda de mujeres jóvenes por parte de los tratantes.

Rodríguez Calderón prometió poner en funcionamiento las Fiscalías Especializadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas a partir de enero del presente año, de acuerdo a una carta abierta de integrantes de FUNDENL, y hasta el momento es otra promesa no cumplida.

En todos los delitos de los que las víctimas son mujeres, estas sufren de revictimización por parte de las autoridades cuando denuncian. En el caso de las desapariciones, son las familias de las víctimas las que sufren de ello y además de tortura psicológica al ver que el gobierno no hace nada para encontrar a sus hijas.

El Gobernador ignora los datos oficiales, la presión por parte de organizaciones de la sociedad civil, la angustia de las familias y la opinión de los expertos y termina por dar una opinión altamente discriminatoria, sexista, misógina, ignorante e insensible.

El machismo del mandatario revictimiza a las mujeres desaparecidas y a sus familias y termina por propagar pensamientos, actitudes y conductas misóginas que contribuyen a perpetuar la violencia machista de la que todas las mujeres sufrimos día con día y que muchas personas feministas luchamos para erradicar.

La situación está muy mal cuando un mandatario es sujeto activo de violencia de género.

A leer, que se ocupa, Gobernador.

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Caso Ayotzinapa: El desinterés en su máxima expresión

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El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surge a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de las víctimas con el propósito de brindar asistencia técnica para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Su trabajo comenzó desde marzo de 2015 y por decisión del gobierno mexicano de no renovar por segunda vez, concluyó este fin de semana.

En el mes de diciembre del año pasado cuando el gobierno mexicano decidió renovar el mandato del GIEI, éste presentó nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República. El GIEI afirmó en su informe “Informe Ayotzinapa II : Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” que efectivamente se tuvieron avances en el mes de diciembre, pero todo esto cambio drásticamente en enero, [1] el gobierno optó constantemente por obstaculizar el trabajo del grupo, con ello limitando la investigación, además de no contar con la independencia ni información necesaria y primordial para poder llevar a cabo su investigación.[2]

En la conferencia del domingo pasado el GIEI sentenció dilación y demora intencional por parte del Estado al no haber realizado las pruebas solicitadas, además de la obstrucción para acceder a la información, así como a las declaraciones realizadas, incluyendo también que existieron pruebas con las cuales contaba la PGR y no les permitieron acceso.

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos.

El segundo informe contempla la posible manipulación de evidencia por parte de la PGR, se dio a conocer un video en donde el directo de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón se ve recolectando información un día después de los hechos y ésta no estaba incluida en el expediente, así como el incumplimiento por parte del gobierno a las líneas de investigación propuestas en el informe pasado, y por último manifestaron que en el basurero de Cocula no había sido posible llevar acabo el acto atroz de quemar a los estudiantes. El GIEI concluyó que en el sistema mexicano existía una formalidad y burocracia que entorpece a las investigaciones, se consideró que existe una deficiencia para el análisis de pruebas, además de encontrar una ausencia por parte de las autoridades al análisis del contexto de los hechos. [3]

Ayer leí la columna de Jorge Fernández Menéndez titulada “GIEI: al diablo con la realidad” en donde decidió tajantemente desacreditar el trabajo realizado por el grupo, alegó que, su informe es de “pena ajena, algo indigno de llamarse producto de grupos expertos”. Para él el informe sólo sembró desconfianza, se basó en meras hipótesis, en esta misma línea argumentativa se sumó Carlos Marín defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam llamándola: “precisa y concisa”.

Yo quisiera saber cómo se le puede exigir un informe completo a un grupo que no dejaron trabajar, que desacreditaron con constantes mensajes en los medios de comunicación, cuando todo indica a que el gobierno sólo esperaba de ellos una absurda aprobación de su parte de su tan querida verdad histórica.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala…

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos. El Estado no entiende que realizar más cambios legislativos no significa garantizar los derechos humanos, sino que deben de existir una serie de mecanismos efectivos y eficientes los cuales permitan acceder a la justicia.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, porque 19 meses después los familiares y el país entero queremos y exigimos saber la verdad histórica, y no una débil, contradictoria y parcial verdad histórica.

México tiene un claro desinterés por el caso Ayotzinapa, tanto así que nadie del gobierno se presentó a la conferencia ofrecida por el GIEI. Al Presidente Enrique Peña Nieto sólo le alcanzó para escribir un tweet agradeciendo al GIEI por su informe.

[1] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág. 161, 2016. Disponible en: https://drive.google.com/a/udem.edu/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view
[2] Id.
[3] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág.

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