Rosario Robles acusa a investigación La Estafa Maestra de violencia política de género

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La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)Rosario Robles, acusó violencia política de género por La Estafa Maestra, investigación realizada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Robles, dijo que aunque la investigación habla de 11 dependencias públicas y ocho universidades, el trabajo se centró en ella y nadie recuerda el nombre de otros funcionarios o rectores.

“La investigación periodística que habla de estos convenios con las universidades habla de 11 dependencias públicas y de ocho universidades. Investigación que está en procedimiento y que hay que solventar.

Y yo le pregunto, ¿se acuerda usted del nombre de algún otro de los funcionarios o de alguno de los rectores? ¿por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género y usted y yo hemos luchado en contra de ello, señora diputada”, respondió la secretaria a los cuestionamientos de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.

“No te equivoques”, reviró Tagle. Señaló que la condición de género no tiene nada que ver con “solapar los actos de corrupción, ni mucho menos con cometerlos”.

En su intervención, Tagle Martínez señaló a Robles como parte de la red de corrupción de la administración federal actual además acusó que su gestión al frente de Sedatu ha sido ineficiente.

También le cuestionó que a pesar de las observaciones hechas a la Sedesol continuó con el mismo personal en Sedatu.

“¿Por qué su Oficial Mayor sigue al frente del cargo cuando hay –sospechas de corrupción– sobre él? y ¿Por qué seguir laborando con las mismas personas que en Sedesol?”.

Además del trabajo de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu, La Estafa Maestra señala las gestiones de Alfredo del Mazo al frente del Banco Nacional de Obras, y de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos. Estas son las principales dependencias responsables de los desvíos de más de 7 mil millones de pesos del gobierno federal a través de 186 compañías entre los años 2013 y 2014.

Otras dependencias y funcionarios señalados en la investigación son: en la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas al frente.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

La diputada de Morena, Sandra Simey Olvera, dijo a Robles que “feminismo no es sinónimo de corrupción”.

Destacó que los entregables documentados sobre los trabajos para los que fueron contratadas las universidades son falsos.

“¿Dónde quedaron los más de dos mil millones de pesos de la Sedesol y por qué fue cómplice de la –Estafa Maestra-, así como sobre el destino de más de seis mil millones de pesos?”, cuestionó.

La diputada panista Adriana Dávila Fernández acusó a Robles de ser orquestadora y cómplice de los desvíos y aseguró que la titular de Sedatu será beneficiada con una amnistía anticipada del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no necesito que nadie me de una amnistía (…) a mí que se me investigue lo que se quiera, que se investigue hasta por debajo de las piedras (…) Si hay alguna responsabilidad con alguna prueba en la mano que se castigue”, respondió Robles.

Robles defendió a las universidades. Aseguró que cree en las dichas instituciones públicas, añadió que no se puede “actuar en función de notas periodísticas”, puso como ejemplo la línea dorada del Metro en Ciudad de México, sobre la cual, dijo hubo más de 139 notas que hablaban de sus fallas y acusaban injustamente al titular del gobierno local, Miguel Ángel Mancera.

Explicó que no hay ninguna denuncia penal contra ella por los desvíos y confió en “que el tiempo dirá la verdad, creo en la justicia y creo que esta justicia es la que va a prevalecer”.

Información de caso Odebrecht pedida por México está bloqueada en Brasil porque PGR no firma acuerdo

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El Ministerio Público de Brasil dijo que la PGR no quiere firmar un acuerdo que le permitiría recibir información sobre el caso de sobornos de la empresa Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

La autoridad brasileña dijo en un escrito a la agencia AP que los países interesados en tener acceso al expediente deben suscribir el acuerdo y respetar reglas como “la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores“.

México, agregaron, no ha explicado las razones de su negativa a firmar, y tampoco ha corregido unos documentos que “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.

AP señaló que pidió a PGR una postura, pero no hubo una respuesta inmediata.

Próximo director de Pemex es acusado de no tener cédula profesional

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Octavio Romero Oropeza, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para asumir la dirección general de Pemex, fue cuestionado en 2001, cuando, siendo Oficial Mayor del Gobierno del entonces Distrito Federal, firmaba documentos como ingeniero sin contar con cédula profesional.

Ahora, 17 años después, el colaborador del Presidente electo sigue sin figurar en el Registro Nacional de Profesionistas.

Romero Oropeza cuenta con el título de Ingeniero Agrónomo, expedido por el Colegio Superior de Agricultura Tropical (ubicado en Cárdenas, Tabasco) y como integrante de la generación 1976-1981.

El 3 de febrero de 1982, Romero Oropeza recibió el título de Ingeniero Agrónomo, con especialidad en Agricultura Tropical, con el registro No. 064, Foja 22 del Libro 1 del Departamento del Registro Académico del Colegio Superior de Agricultura Tropical.

No obstante, conforme a una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas, aún no aparece su cédula profesional.

En octubre de 2001, López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, salió en defensa de Romero Oropeza y aseguró que la solicitud de su cédula profesional estaba en proceso.

El artículo 20 de la Ley de Pemex establece que tanto el director general como los consejeros deben tener título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos.

Además, el titular de la empresa productiva del Estado debe contar con experiencia para cumplir con sus funciones, ya sea en el ámbito profesional, docente o de investigación.

Consultada al respecto, la próxima Secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la experiencia de Romero Oropeza para ocupar el cargo.

Explicó que la misma ley de la empresa petrolera delega en el Ejecutivo federal la facultad de nombrar al director general.

Octavio Romero tiene experiencia en administración, ya lo mostró en la Oficialía Mayor en la CDMX con buenos resultados”.

Como contraste, la también senadora puso como ejemplo el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien, dijo, resultó un economista experto con malos resultados para la compañía.

Romero Oropeza fue profesor de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Tabasco, así como catedrático de álgebra y estadística en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

En su carrera política destacó como presidente del Consejo Estatal del PRD en Tabasco y diputado federal por ese partido.

Fepade afirma que sigue indagatoria a Lozoya

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La investigación al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, sigue su curso y está a la espera información de instancias jurídicas internaciones, afirmó este miércoles el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, Héctor Díaz Santana.

“Ustedes saben que en el sistema penal acusatorio, un sistema muy rígido, las evidencias que presente el fiscal o el ministerio público tienen que estar bien sustentadas.

“Seguimos trabajando, estamos a la espera de asistencia de instancias jurídicas internacionales”, dijo luego de participar en la presentación del estudio “Delitos Electorales Incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.

Para no afectar la investigación, dijo, Díaz declinó revelar qué países coadyuvan con la PGR.

“Pero estamos avanzando en el caso”, añadió.

Indicó que dependerá del avance de las investigaciones y las pruebas que pueda recabar en la investigación para citar Lozoya a comparecer.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió, por lo pronto, pedir la aprehensión de Lozoya o presentar ante tribunales el expediente por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Respecto al Fideicomiso creado por Morena para la atención de afectados por los sismos de septiembre de 2017, el fiscal indicó que investiga todas las denuncias, garantizando la presunción de inocencia.

En cuanto la acumulación de denuncias por delitos electorales Díaz Santana indicó que la Fepade cuenta con 350 funcionarios dedicados a abatir el rezago en las investigaciones, que a enero sumaron unas 2 mil 200 carpetas de investigación y mil 700 averiguaciones previas.

Va Anaya en contra de Meade y Calderón

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El candidato a la Presidencia de México por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), al ex Presidente Felipe Calderón y a ex funcionarios de su gobierno, en donde se incluye a su contrincante, José Antonio Meade.

De acuerdo a la denuncia, el gobierno de Calderón es responsable de ser parte de un “esquema criminal” y de una “sofisticada red de corrupción” para favorecer a la empresa Breskam-Idesa, filial de Odebrecht.

La denuncia, que es parte de lo que los frentistas llaman el “Decreto Calderón-Meade”, asegura que al menos 23 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía, de quien Meade era titular, y de Hacienda. También se involucra a directivos de la firma brasiles Breskam y del grupo mexicano Idesa, pues de acuerdo a la denuncia confabularon para beneficiar ilegalmente al consorcio con el proyecto de construcción de una planta etileno en Coatzacoalcos, Veracruz.

Por otro lado, se asegura que después de firmar el convenio sin tener las condiciones de suministro de gas natural, Calderón y Meade emitieron en el 2012 un decreto para aumentar los aranceles al etileno importado para impedir la competencia de Breskam-Idesa y permitir que ésta vendiera caro su producto.

En al denuncia se pide investigar al Presidente Enrique Peña Nieto, al Canciller Luis Videgaray, al Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, y el directo de Pemex Transformación, Carlos Murrieta Cummings, asó como los calderonistas Bruno Ferrari, Juan José Suárez Coppel y Jordy Herrera.

Dice Odebrecht que impugnará sanciones impuestas por Función Pública

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La empresa constructora brasileña Odebrecht México rechazó las sanciones que le impuso La Secretaría de la Función Pública (SFP) y anunció que “impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones”.

La compañía agregó que las sanciones “son totalmente infundadas e improcedentes”.

La semana pasada, la SFP inhabilitó a dos unidades de Odebrecht para participar en contrataciones públicas por dos años y seis meses, así como sus funcionarios: Gleiber José de Faria, director de Finanzas de la empresa, y a Luis Alberto de Meneses, titular de la compañía en México.

Este último dijo a las autoridades brasileñas que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos y cercano al presidente Enrique Peña Nieto, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de la empresa.

Odebrecht dijo también que las autoridades mexicanas rechazaron la solicitud de cooperación en contraste con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Suiza.

En respuesta, la secretaría publicó: “Como lo han hecho en ocasiones anteriores, que han impugnado los actos de autoridad, la empresa Odebrecht tiene la posibilidad de recurrir las sanciones impuestas la semana anterior, sobre las cuales, las autoridades jurisdiccionales serán las competentes para emitir un pronunciamiento sobre el particular”.

La constructora ha estado en el ojo del huracán en los últimos años acusada de haber sobornado varios gobiernos de América Latina para ganar concesiones de obras.

Le saca PGR a informar de caso Odebrecht

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Esta mañana el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó que la Procuraduría General de la República (PGR) evitó dar a conocer el estatus de la investigación del caso Odebrecht, argumentando que es información reservado.

Ricardo Salgado, secretario ejecutivo del SNA, informó que la PGR le notificó que solamente la víctima y el imputado pueden tener acceso al expediente, por lo que estaba impedido legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.

El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA, envió un exhorto a la PGR para que se diera a conocer el estado de la carpeta de investigación del caso Odebrecht, y informara si seguía abierta o cerrada y de ser la primera opción, se diera un estimado de cuanto tiempo más tomaría la investigación.

Salgado informo que la PGR remitió al Comité los boletines de prensa que ha emitido, para señalar que la investigación sigue abierta, y que en cuanto al tiempo que estuviera abierta la investigación, no había fecha definida, ya que aún faltaban actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público.

En diciembre de 2016 directivos de la empresa brasileña Odebrecht admitieron haber dado 10.5 millones de dólares al entonces Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a cambio de contratos con la paraestatal.

Diputados acusan que PGR dejó caer caso Odebrecht

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Diputados del PAN, PRD y Morena acusaron que la PGR dejó caer el caso Odebrecht al actuar tardíamente y dejarse ganar ante el Poder Judicial, por lo que exigieron que dé resultados como se ha hecho en otros países tocados por los sobornos de la empresa brasileña.

Deploraron la forma en que la dependencia evita dar avances en la investigación y no impugna los resolutivos que le impiden judicializar la indagatoria contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha sido señalado de haber recibido los sobornos para canalizarlos a la campaña presidencial del PRI en el 2012.

El vocero de la fracción del PAN, Jorge López Martín, afirmó que la Procuraduría General de la República incurre en omisiones por no actuar con rigor técnico ante las instancias correspondientes para defender su investigación contra el ex funcionario.

Señaló que la institución actúa políticamente y ha abandonado su representación social para defender a la sociedad mexicana de los actos de corrupción.

La diputada de Morena Rocío Nahle consideró increíble que una juez federal le esté dando la razón a Lozoya, mientras que la PGR no es capaz de precisar cómo va su investigación.

Recordó que el año pasado su bancada ganó un amparo que obliga a la dependencia a darle información sobre las indagatorias de Odebrecht, lo cual ha sido desacatado.

Explicó que tuvo una cita con el titular de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para hablar sobre el fallo, ante lo cual hubo el compromiso de proporcionar la información, sin que hasta la fecha se haya concretado.

Nahle citó que la Fiscalía que lleva el caso en Brasil le informó que todo el expediente del caso lo tenía la Procuraduría, donde está el testimonio de la entrega de los sobornos de 10 millones de dólares y el señalamiento contra Lozoya.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, aseveró que la dependencia federal no va a dar ningún avance sobre el caso durante el periodo electoral porque se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno federal.

Martínez Neri expresó que es inútil pedirle a la PGR que haga su trabajo porque está operando políticamente.

Reforma publicó que una jueza federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya en la indagatoria que lleva a cabo por enriquecimiento ilícito y cohecho.

Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza primera de distrito en Amparo Penal de la CDMX, concedió al ex director de Pemex la suspensión definitiva contra la judicialización del caso que lleva a cabo la Subprocuraduría de Delitos Federales hasta en tanto no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.

El INAI le hace un favorcito a Emilio Lozoya

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ha determinado que la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados, la cual fue efectuada por Pemex en 2013 por un total de 275 millones de dólares, considerada a sobreprecio, debe de quedar reservada ya que argumenta el INAI que “no se utilizó dinero público.”

Según la publicación de REFORMA, se dio a conocer que Pemex bajo la dirección de Lozoya, gastó la cantidad mencionada en la recuperación de instalaciones y máquinas dentro de la empresa.

El argumento de la comisionada Ximena Puente fue que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, mientras que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, por lo que no se les aplica el derecho público.

La comisionada del INAI clasificó como confidenciales los avalúos realizados a la planta de Agro Nitrogenados, ya que no es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal. Se determinó que la filial de Pemex que en 2013 compró la planta, Pro Agro Industria, es un sujeto de derecho privado.

La Auditoría Superior de la Federación reveló que la adquisición de la planta fue con un sobrecosto de 93.1 millones de pesos y que 60% de esta era chatarra, pese a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ya había indicado que el complejo estaba prácticamente inservible.

(Con información de Animal Político)

Analizará el Senado caso Fepade; citan al procurador y a exfiscal

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Monterrey (31 de octubre 2017).- Senadores del PT, PAN y PRD solicitaron en tribuna que no se le dé carpetazo al proceso que se lleva a cabo sobre la destitución del titular de la Fepade, Santiago Nieto, por lo que la Junta de Coordinación Política del Senado acordó citar al exfuncionario y a Alberto Elías Beltran, encargado del despacho de la Procuraduría.

Tras una reunión privada de la Junta, el Partido Verde y el PRI aceptaron citar a Santiago Nieto y Elías Beltran ante la Comisión de Justicia, con el fin de conocer las versiones de cada uno.

No sin antes rechazar la propuesta de los partidos de oposición de realizar una votación abierta, en el tablero electrónico, esto para calificar la actuación de Beltrán y determinar si era procedente la destitución de Nieto.

Por su parte el Senador Zoé Robledo Aburto, comentó que el Senado se esta convirtiendo en una “tapadera” de algo que tiene más implicaciones.

“Quienes tienen miedo están dispuestos a usar el poder, la fuerza, la intimidación, la amenaza y el chantaje para evitar que se conozca esa verdad”, esto en referencia a las acucaciones de los exdirectivos de la contructora contra Emilio Lozoya, ex director de pemex.