La izquierda dividida (Primera Parte)

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En diciembre del 2019, Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda mexicana y fundador del partido Partido de la Revolución Democrática (PRD), en una entrevista para el diario español El País, hizo una serie de declaraciones sumamente importantes para entender ese viejo problema que amenaza día con día a la izquierda mexicana: la división y fragmentación. En dicha entrevista, el “Ing, Cárdenas” afirmó que “MORENA no es la izquierda de México[…] hay muchas izquierdas y no ve una izquierda organizada en este momento”. 

El análisis del ex-candidato a la presidencia en 1988, resulta oportuno ante la coyuntura actual donde por primera vez en el siglo XXI, un partido autodenominado de izquierda, gobierna en México. Ante una oleada de inestabilidad y reacomodo de los tableros políticos de America Latina  y Norteamérica,  legitimidad y gran apoyo social con el que cuenta MORENA y López Obrador, resulta imperativo que el actual gobierno establezca un proyecto de nación a la altura de la situación para consolidar una política progresista y liberal a largo plazo. 

La izquierda mexicana, como expone el académico Carlos Illades en su obra “El futuro es nuestro: Historia de la izquierda en México”, desde los inicios institucionales, los movimientos de liberales para transformarse en partidos competitivos, han tenido una dificultad en mantener una uniformidad y solidificación para perseguir un proyecto único, esto ante su naturaleza diversa ya que es difícil mantener posturas homologadas. A diferencia de su contraparte ideológica, la derecha y los partidos de centro, tienen puntos en común mucho más sólidos y detectables, lo cual mantiene el conflicto interno con mayor control y sólo se aprecia en la lucha electoral, sin embargo, la izquierda tiene diversas expresiones, posiciones, movimientos y filosofías. Lo anterior se ha mantenido hasta nuestro tiempos, cómo se aprecia con los comentario de Cardenas. Actualmente, podemos apreciar que dentro de MORENA existen diversas manifestaciones políticas, desde personas que apoyan completamente al Presidente López Obrador como líder, y también existen otros que son más neutrales con las posiciones de su partido e incluso otros que se han mostrado autocríticos. 

Desde diversas trincheras, las distintas manifestaciones de la izquierda mexicana se han mostrado en conflicto, no sólo por comentarios por otros líderes de izquierda como Agustín Basave o los colectivos que defienden los derecho de los pueblos indígenas, sino también por académicos o personajes ligados a la izquierda como José Woldenberg, nos dejan ver que los choques internos de MORENA y/o de visión ideológica, son síntoma y efecto de esta división que desde sus inicios tiene la izquierda en México. 

Amnistía en México y su futuro

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“La justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las injusticias[…]” – Louise Arbour, Ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos

En días recientes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de Amnistía en nuestro país, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, este hecho se puede ubicar desde la campaña, cuando el entonces candidato mencionó por primera vez dicha propuesta, ahora podemos analizar con detalle las características de la ahora iniciativa, que tiene como panorama general, la violencia en México y sus víctimas indirectas. En la discusión legislativa, vimos que la oposición (Partido Acción Nacional) realizó una estrategia nacional en donde se construyó una narrativa de peligro ante la inminente aprobación de la Ley; sin embargo, su estrategia no tuvo los efectos deseados y no construyó desde un aspecto o aportaciones jurídicas.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Ejecutivo tiene como principal sujeto a los grupos vulnerables, identificados especialmente para efectos de esa Ley, a las mujeres, jóvenes y personas indígenas. De igual manera, se hace referencia a un hecho histórico, cuando en 1810,  Don Miguel Hidalgo y Costilla liberó presos de la cárcel de Dolores, Hidalgo para que se unieran al movimiento independentista. Se puede vislumbrar, que el origen de la iniciativa está relacionado a un fenómeno vislumbrado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el cual refleja que la mayoría de delitos cometidos en el paìs son del fuero común, osea, delitos simples, y al existir un panorama general de violencia y desigualdad, el sistema de justicia debe adaptarse en medida para brindar prerrogativas para  todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo y cabe recalcar, que los beneficios de esta iniciativa no serán para personas reincidentes, o aquellas que hayan cometido un delito grave (estipulados en el artículo. 19 constitucional) .

Antes que nada, debemos entender que Amnistía es una “forma de perdón general otorgada por el Poder Legislativo”(Antemate Mendoza Ángel, 2018), que a diferencia de un indulto o perdón presidencial, la Amnistía tiene que ser procesada a través del procedimiento legislativo; sin embargo, no se traduce esto en una impunidad, ya que la figura entiende la dinámica del origen de estos delitos, que puede ser un conflicto en específico o una situación de desigualdad. Esto no es algo nuevo en nuestro país, ya que desde 1994 el presidente Carlos Salinas propuso una Ley de Amnistía dirigida a aquellas personas involucradas en el levantamiento zapatista del EZLN en Chiapas, y anterior a esa  se dio en 1978 por López Portillo durante la guerra sucia. Es importante precisar a quienes va dirigida la iniciativa de Ley: para aquellas mujeres (e incluso médicos) que hayan sido sentenciados por el delito de aborto; aquellos que fueron obligados por la pobreza, discriminación o exclusión a pertenecer al crimen organizado, como por ejemplo los agricultores que trabajaban forzosamente en plantíos de marihuana, amapola, etc.; a quienes no contaron con traductor y pertenecen a una etnia; los que cometieron robo simple sin violencia, como aquellos que robaron comida para poder comer; personas consumidoras de narcóticos que hayan sido detenidos por posesión con cantidades superiores a dos veces la cantidad máxima, y también  tiene delitos de orden político como sedición. La autoridad que tendrá la facultad de aplicar esta ley, será la Fiscalía General de la República.

Esta iniciativa, pertenece a un fenómeno denominado “justicia tradicional”, que podemos entender como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la conciliación”(Naciones Unidas Derechos Humanos, Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2014). En ese entendido, puede funcionar como una opción para aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados. Incluso, en un documento de la CNDH y el CIDE en 2018, ya identificaban que estos mecanismos deben ser urgentes en un Estado donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Sin duda, el Legislativo tiene una tarea importante para afinar detalles dentro del sistema de justicia penal, para que esta iniciativa pueda ser completamente funcional. Los temas de presupuesto en materia de seguridad y justicia deben ser parte obligada de la discusión legislativa, y podría ser un momento histórico en México para revisar la injusticia y dolor que muchas personas han sufrido.

Yucatán: La impunidad y violencia silenciadas

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En tiempos recientes, Yucatán se convertido desde un aspecto narrativo político y  social, como un referente obligado a nivel nacional e internacionales  en  materia de seguridad, paz  y bienestar. Esto lo podemos ver en los múltiples reconocimientos  como el otorgado por los Readers Choice Awards por la editorial de revistas Condé Nast Traveler a la Ciudad de Mérida, Yucatán, como Mejor Ciudad del Mundo en la categoría de Ciudades Pequeñas, superando a lugares como Dresde, Alemania, Québec, Canadá entre otras, el pasado 7  de octubre de este año. Este fenómeno que incluso pareciera mercadológica, se puede ver en paginas inmobiliarias donde supuestamente “Mérida es una de las mejores ciudades para vivir en nuestro país… debido a su calidad de vida, cohesión social, desempeño de autoridades y satisfacción respecto a los servicios públicos”. Esto tiene varios efectos muy importantes dentro del imaginario colectivo yucateco, que si bien, por supuesto que la realidad en Yucatán es distinta a la nacional y existen ciertos privilegios de vivir en esta región, uno de las consecuencias más graves y  en la que me quiero centrar es en la invisibilización de los distintos tipos de violencia, la cual no necesariamente deviene del aparato de gobierno,  sino  está conjugado con la reflexión o como la sociedad se asume sin violencia y  tranquila. La percepción de paz y seguridad que vive Yucatán, se tiene debido a los bajos índices delictivos y los casi inexistentes hechos de violencia relacionados al crimen organizado, sin embargo, la violencia tiene diversas formas de manifestarse, y en ese sentido, vemos que en la entidad existe una alta incidencia en violencia de género; discriminación de diversos grupos en situación de vulnerabilidad como muestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2018  del INEGI, que 1 de cada 5  personas en Yucatán se ha sentido discrminado siendo las mas recurrentes el color de piel, manera de hablar, sexo y orientación sexual; la depresión y suicidios;  los cuales son silenciados e invisibilizados debido a esta idea de paz absoluta.

Sobre este fenómeno, podemos remitirnos a un texto escrito por Octavio Paz el 8 de mayo de 1937 para el periódico El Nacional durante su primera visita a Mérida, como parte de una campaña de alfabetización para las comunidades indígenas. Paz describe a una Mérida colorida y llena de vida, pero después de un tiempo se da cuenta de la división por “clases sociales, por la miseria y servidumbre; toda una orgullosa arquitectura de castas” (Paz, 1937, 28-31). Lo que más llamó la atención al autor de “El Laberinto de la Soledad” fue la forma en cómo el color de piel jugaba un papel fundamental en el reparto de ganancias; una sociedad que hablaba con entusiasmo del racismo alemán y su renuncia a “mezclar sangre” con lo indígena, considerado inferior y como todo lo grave sucedía a puerta cerrada para que nadie lo viera. Y podemos ver los temas que más preocupan a la sociedad de la entidad, son: el desempleo, la pobreza y la corrupción, de acuerdo con la organización Massive Caller en su encuesta con fecha de 15 de junio de este año. Como podemos apreciar, a diferencia de otras partes del país, dentro del imaginario colectivo yucateco, la inseguridad no es parte de los temas de mayor preocupación local, y ello también se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI en junio de 2019, donde Mérida se coloca dentro de las ciudades con menor índice de percepción social sobre la inseguridad. Sin embargo, tenemos que recalcar que la corrupción sí se sitúa dentro de lo urgente (socialmente hablando), y el combate a la corrupción conjugado con la violencia, son síntomas de una degradación del estado de derecho.,  y por lo tanto, un tipo de violencia silenciosa.

Yucatán en ese sentido, no posee síntomas graves de un desgaste institucional  o jurídico, pero sí tenemos señales de alerta dentro de algo sumamente fundamental  y que está estrechamente relacionado a otros tipos de violencia y deficiencia institucional: la procuración e impartición de justicia. Respecto a esto, los yucatecos tenemos una alta confianza en el ministerio público, y somos el segundo estado con mayor índice en este rubro, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI. Esto resulta prometedor, ya que al contar una alta legitimad social con los ministerios públicos, existen buenas oportunidades de generar nuevas prácticas que abonen a un mejor estado de derecho y seguimiento de los delitos cometidos.

Algo importante es no olvidar el escenario nacional, ya que México se encuentra en el lugar 115 de 126 países evaluados en el índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index 2019), que investiga “la efectividad de en la investigación, prevención del delito y reinserción social, no discriminación, imparcialidad, ausencia de corrupción, injerencia política y debido proceso, todas del sistema de justicia penal”. Dentro de este  panorama, vemos que nuestro país tiene una agenda pendiente y crítica con la justicia penal y el combate de la impunidad, a pesar de contar un nuevo sistema de justicia penal, que privilegia un mayor respeto a los derechos humanos de los detenidos, indiciados, imputados o sentenciados, así como de las víctimas. Es preocupante que en todas las entidades federativas de la república mexicana, se rebasa el 90% de impunidad de la totalidad de delitos cometidos entre 2010 y 2016. Esta reforma estructural del 2008 del sistema penal mexicano, modificó completamente los principios y procesos, generando un nuevo modelo de justicia, o al menos esa era la intención. Debemos señalar que Yucatán fue de los primeros estados en implementar las reformas necesarias para instaurar este nuevo de procuración e impartición de justicia. Nuestro estado tiene un avance a nivel nacional destacable, ya que es la cuarta entidad federativa con el mayor número de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, generado un mayor acercamiento y atención de los aparatos estatales para y con los ciudadanos. Sin embargo, este dato contrasta con el hecho de que a nivel nacional, el gobierno Yucateco es el sexto con menor presupuesto en procuración de justicia (IMPUNIDAD CERO 2019, 34). Afortunadamente, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, nos encontramos por debajo de la media nacional en el lugar 9 de 32 de cargas de trabajo promedio por ministerio público, lo  que se traduce que dentro de los ministerios públicos yucatecos no existe una sobrecarga preocupante como en otros estados, pero tenemos que señalar que esto no puede  leerse como que no exista una alta demanda de justicia penal o pocos avances de las institucionales con las investigaciones. Si conjugamos otros factores como la capacitación de los operadores, infraestructura y avance legislativo en la materia, tiene como resultado que Yucatán tenga la mejor puntuación a nivel nacional en el índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019 (IEDPF 2019), elaborado por la organización IMPUNIDAD CERO y los investigadores Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez. En este sentido, el Indice de Procuración de Justicia 2019 muestra que tenemos la segunda mejor procuración de justicia del país. A pesar de los datos alentadores, existen cifras preocupantes sobre que tan efectivos han sido los operadores en el nuevo sistema de justicia penal (acusatorio adversaria), ya que conforme al IEDPF 2019, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional, en el puesto 13 del país, y si una persona es víctima de un delito, solo tiene el 1.5% de probabilidad de que se esclarezcan los hechos, teniendo un porcentaje de impunidad del 90.4%; esto nos reprueba en términos de la efectividad del modelo acusatorio en la procuración de justicia, estando nuevamente por debajo de la media nacional. Por otro lado, un tema pendiente es el desarrollo policial y los encargados de encarar y combatir la delincuencia menor en la entidad. En este tema, la organización Causa en Común desarrolló el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), que evalúa la carrera policial, como es el perfil de los cargos; la profesionalización, entendiéndose como una academia que prepare a los elementos policiacos; el régimen disciplinario, como sus exámenes de control de confianza; la seguridad social, que es una parte de las prestaciones a las que deberían tener acceso; y la certificación, lo cual es la promoción dentro de la institución según el desempeño mostrado. De acuerdo con este INDEPOL 2018, Yucatán tenemos una calificación reprobatoria (-54 puntos conforme a la evaluación del índice) en los puntos antes mencionados, pero existen mejoras y avances en temas de transparencia y acceso a la información pública a cargo de la  Secretaria de Seguridad. Según esta evaluación, dentro de la corporación policial yucateca, es necesario y fundamental consolidar el régimen de seguridad social y ademas prestaciones laborales; generar un mecanismo de profesionalización de los elementos para que se conviertan y consoliden como profesionales de la seguridad ciudadana, así como operativos de control de confianza, ya que en 2016 se detectaron 282  elementos que no aprobaron dicha evaluación, y en 2017 no se reportaron bajas por el tema. En último término, es primordial instrumentar mecanismos disciplinarios como un código de ética, catalogo de faltas y sanciones y acompañamiento a policías por asuntos psicológicos o de otra Indole.

Mientras persista esta idea de un estado donde “no pasa nada “, no podemos visibilizar los distintos fenómenos institucionales que están sucediendo. La crítica y presión ciudadana es fundamental para construir nuevos y mejores escenarios. En Yucatán tenemos una violencia desde el aspecto institucional relacionado a la impunidad. Esto no va a mejorar mientras pensemos que solo la violencia relacionada al crimen organizado cuenta, existen condiciones de desigualdad y fenómenos como la violencia de genero que tienen una presencia importante en la realidad social, el cual Yucatán se encuentra en el puesto número 16 de 32 entidades con mayor violencia contra las mujeres, y un 66.8% de mujeres reportó haber sufrido algún tipo de agresión y la entidad de situar dentro de las primeras a nivel nacional en violencia economía y  patrimonial, según el  Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres del INEGI. Nos urge cambiar la narrativa y el discurso porque el seguir perpetuando como “la entidad más segura”, invisibilidad de manera permanente las muchas manifestaciones de violencia e impunidad.

La terna de AMLO para la SCJN: todo se puede desconfigurar en el Senado

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de conocimiento público la terna que enviará al Senado de la República para sustituir a Eduardo Medina Mora, quien renunció a su cargo a principios de Octubre de este año. Este era un tema en el cual todos estábamos a la expectativa y espera desde lo sucedido con la CNDH y el proceso caprichoso, ilegitimo y sin tacto político en la designación de Rosario Piedra Ibarra como ombudswoman nacional. La 4T traía consigo la niebla antidemocrática y sin transparencia en los procesos de designación de cargos con naturaleza autónoma o  imparcial o de constante vigilancia al poder actual. Sin embargo, de manera sorpresiva durante una mañanera, el presidente dijo que la terna para la Suprema Corte está conformada exclusivamente por mujeres y ellas son: la Dra. Margarita Ríos Farjat, Diana Álvarez y la Dra. Ana Laura Magaloni. Debemos mencionar que dentro de dicha terna para Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , el cual es nuestro máximo órgano garante de la constitución y contrapeso constitucional, dos de las tres las candidatas resultan sumamente respetables tanto en el servicio público como la academia. Otro acierto de la presidencia  fue el nombrar una  terna exclusiva de mujeres, ya que formalmente abona a una equidad de género dentro del máximo tribunal del país y sería un hecho sin precedentes el contar con 3 mujeres en la SCJN. Por supuesto que esto no se traduce de manera automática y absoluta en una mejoría de la perspectiva judicial en la protección de los derechos de las mujeres, pero impacta de manera positiva en una composición más equilibrada desde el aspecto del género.

Sin embargo, “la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias” (Garza Onofre Juan y Martín  Reyes Javier, 2019). Y es dentro de este aspecto en el que me quiero centrar, ya que si bien vemos que las Doctoras Margarita Ríos y  Ana  Laura tiene un excelente perfil profesional, y esta última sería una ministra que elevaría el nivel de discusión constitucional de la Corte, no podemos dejar pasar el pobre diseño jurídico-constitucional de los procesos de designación de ministros y ministras en los casos anteriores, como el de Medina Mora o el más reciente, en donde no se generaron mecanismos efectivos desde el aspecto legislativo. En la constitución se le otorga la facultad al Presidente de formular una terna y enviarla al Senado para que designen a un candidato en un plazo de 30 días, sin embargo, es el Senado donde no se cumple una dinámica de inspeccionar y garantizar que los candidatos y  candidatas posean un perfil de máxima idoneidad y credenciales profesionales, donde se privilegie de igual manera desde esa naturaleza de contrapeso legislativo, perfiles que abonen a la autonomía de la Corte y el Poder Judicial, siendo que la “independencia judicial es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento  de las altas cortes (Ríos García, 2019).

Retomo el tema del Senado, ya que conforme al artículo 96 constitucional de manera artificial y en primera lectura, pensaríamos que  el Senado tiene el papel protagónico, pero todo empieza desde la conformación de las ternas cuando dentro de ellas encontramos un perfil más fuerte desde el ámbito político y profesional que otros, generando poco equilibro y visibilizando una cierta preferencia del ejecutivo a ciertos candidatos y candidatas. Urge modificar el proceso de designación ante el senado para garantizar “transparencia y  costo político” (Martín Reyes Javier, 2015), ante coyunturas  de nuevas mayorías y régimen político, institucionalizar la autonomía de la corte desde el proceso de designación de sus miembros será fundamental para la consolidación de una verdeara democracia mexicana.

reneramirezbenitez@gmail.com   

Dreamers, la Suprema Corte y su futuro migratorio

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Durante la semana pasada, un tema sumamente importante para México y nuestros connacionales con estatus migratorio irregular se discutió en los Estados Unidos, ya que la Suprema Corte de Justicia de dicho país, inició la sesión de argumentos orales para la sentencia: Departamento de Seguridad Nacional vs Regentes de la Universidad de California (Department of Homeland Security v. Regents of the University of California). Antes de explicar los puntos jurídicos y políticos más importantes del caso, tenemos que entender la naturaleza de este grupo de jóvenes que son el tema de fondo del asunto. Los dreamers son jóvenes que llegaron a los Estados Unidos desde pequeños o “aquellos que crecieron como estadounidenses, se identifican asimismo como estadounidenses, primordialmente sólo hablan inglés y no tienen memoria o conexión con los países donde nacieron” (ADL, 2019). Estos jóvenes se beneficiaron de una Acción Ejecutiva emitida por el Presidente Barack Obama en el 2012, conocida como DACA por sus siglas en inglés o Acción Diferida para los Llegados en la infancia (Deferred Action on Childhood Arrivals), cuyo centro de esta política pública consistente en otorgar prerrogativas o beneficios, así como una permanencia temporal en los Estados Unidos siempre y cuando no tengan antecedentes penales, estén estudiando y acrediten su estatus migratorio respecto de haber llegado antes de los 16 años a los Estados Unidos.

Esta acción del Presidente Obama, benefició cerca de 800 mil jóvenes y detuvieron procesos de deportación sumamente injustos, debemos recordar que esta Acción Ejecutiva se dio de manera sorpresiva y extraordinaria ante el rechazo del Congreso de aprobar la llamada “Ley DREAM” por sus siglas en inglés (Development, Relief and Education for Alien Minors). Sin embargo, el Presidente Donald Trump ordenó la terminación de DACA en septiembre del 2017, generando que los jóvenes beneficiados fueran candidatos a una posible deportación. Por supuesto, los efectos de esta decisión por parte de la administración Trump, ocasionó que varios afectados y organizaciones combatan la decisión ante las Cortes de Apelaciones y por último, el caso fue atraído por la Suprema Corte de los Estados Unidos. La litis del caso o análisis central, es determinar si la acción del Presidente Obama era legal o no, y de igual manera la determinación de acabar la política por parte de Trump. La Corte debe determinar si un Presidente tiene la facultad de emitir Acción Ejecutivas relacionadas al tema migratorio, y si otro Presidente puede modificar una Acción con otra para eliminar la anterior. El Gobierno de Trump argumenta que lo hecho por Obama es ilegal y debía ser temporal y no permanente, por lo que debían eliminar DACA; por otro lado, los defensores de los Dreamers sostienen que la terminación de DACA debía ser proporcional ante los miles de beneficiarios, y en ese sentido, no se puede terminar una política para efectos retroactivos ya que vulnera derecho adquiridos, y la Agencia de Seguridad no tiene las facultades para eliminar esta política de manera discrecional.

Independientemente de los debates legales, es claro que los resultados afectan a miles jóvenes cuya vida puede cambiar para siempre. La jueza Sonia Sotomayor, la primera jueza latina de la Corte Suprema, bien dijo en la sesión: “Se trata de nuestra elección de destruir vidas” y este es realmente el tema preocupante. Claramente la decisión por parte de Trump tiene una connotación política, ya que la eliminación de DACA fue una de sus promesas de campaña, sin embargo, durante la campaña electoral del 2018, el 58% de los votantes se oponen a la deportación de los Dreamers, y estos números siguen manteniéndose sobre el apoyo social a estos jóvenes. De igual manera, la oposición (los demócratas) pueden generar un bloque de apoyo, ya que “decidir que el gobierno de Trump tiene la potestad de terminar el programa, eso podría vigorizar a los votantes demócratas y llevar a los activistas por los derechos de los inmigrantes a hacer una campaña aún más agresiva en contra de la reelección de Trump” . Sin duda, estamos ante un escenario incierto y peligroso que podría tanto ayudar a los dreamers como consolidar las políticas del gobierno Trump e iniciar una nueva violación a los derechos humanos.

¿Autoritarismo y derecho penal?

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Uno de los puntos principales de la Cuarta Transformación es la eliminación del autoritarismo de la vida pública de México; al menos desde el discurso, este movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desea distanciarse del pasado y de lo realizado por las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin embargo, existen pequeñas acciones que ponen en entredicho dicha narrativa, deseos o intentos de evitar el retorno al pasado. Baso esta afirmación desde un análisis poco utilizado pero sumamente útil y fácil para detectar acciones autoritarias por parte de gobiernos o grupos políticos.

En el Derecho Penal, vemos que se protegen los bienes jurídicos más importantes para una sociedad, y ¿qué es un bien jurídico? son valores socialmente fundamentales, y por dicha importancia, consideramos que hasta  debemos privar de la libertad a una persona que transgredió dichos bienes jurídicos, tanto como para  proteger a la víctima, la comunidad y al agresor mismo. En ese sentido, podemos entender que el Derecho Pena tiene una misión de protección, sin embargo, en el ánimo de proteger  a la sociedad, podemos malinterpretar y llevar a Cabo acciones en el derecho penal que violan la libertad, el estado de derecho y la democracia.

Dentro de las diversas teorías de esto, existe  la llamada “Derecho Penal del Enemigo”, y es cuando “el legislador no dialoga con sus ciudadanos , sino que amenaza a sus enemigos, conminando sus delitos con penas draconianas, recortando las garantías procesas y ampliando las posibilidades de sancionar conductas muy  alejadas de  la lesión de un bien jurídico”(Jakobs Gunther) , esto lo podemos traducir como esa forma de poner como delito cualquier cosa, incluso acciones que no deberían ser delitos y  reducimos los derechos de las personas.

El Derecho Penal del Enemigo conlleva consigo un tema de radicalización y empezar a restringir derecho o llevar a cabo políticas sumamente agresivas contra un grupo específico o la sociedad en general,  y también, se menciona desde la discusión política y pública que son acciones “legítimas  y necesarias”  para combatir cierto fenómeno. Un claro ejemplo de esto es el terrorismo, cuando en  el 2001 sucedió el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, el gobierno norteamericano generalizó una serie de políticas contra la población musulmana y torturó a diversos detenidos; en México, lo vemos ejemplificado en la supuesta lucha contra el crimen organizado, en donde el arraigo, que es la detención de una persona  solo por ser vinculada al crimen organizado sin pruebas o evidencia de ello. En tiempos recientes de un anunciado cambio, vemos que nuevamente espasmo cayendo en este Derecho Penal del Enemigo, con  la Ley de Extinción de Dominio en donde la autoridad  mediante un proceso puede quitarte sus bienes o las nuevas facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas sin necesidad de una orden judicial o llevar a cabo acciones financieras en tu contra  sin tener que llevar a cabo un procedimiento judicial.

Vemos como se está intentado legitimar nuevamente una forma sumamente delicada de restricción o disminución de derecho. Este tipo de Derecho Penal lo podemos encontrar en regímenes sumamente autoritarios, como en Venezuela, Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte, en donde sin importar una ideología política, los gobiernos implementan nuevas formas penales o políticas públicas que vulneran derechos humanos y garantías procesales. Debemos observar con cuidado las propuestas que tengan este tipo de características, y de igual manera, la 4T no debería recaer en este tipo de populismo penal que en nada beneficia su proyecto de gobierno y a la sociedad mexicana. 

Gobernar con mayorías

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Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con un distintivo peculiar que  las anteriores administraciones no tuvieron: legitimidad. Los famosos 30 millones de votos y la alta incidencia en la participación electoral, llevaron a un lugar privilegiado a esta administración federal; un amplio margen de votos generan comodidad en el arte de gobernar, ya que cuentan con el dicho margen, le permite a la llamada “Cuarta Transformación” mover el tablero de juego del escenario político. El  poder tiene una naturaleza expansiva, y en ese sentido, la 4T  se encuentra en un proceso de instaurar un nuevo régimen afines a su  ideología y pilares por los cuales llegaron al poder mediante el voto popular. En ese sentido, la victoria de este movimiento de regeneración tiene una responsabilidad fundamental de dejar atrás las prácticas autoritarias y antidemocráticas del pasado. La expectativa es muy alta, no solo por lo propuesto en campaña, sino por  el cambio que conlleva una transición política de este calado, y de ser supuestamente el primer gobierno de izquierda o índole social en  el México del siglo XXI. Como hemos podido observar con lo sucedido en Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Argentina y demás países, en America Latina se observa una urgente necesidad de un estado social que pueda subsanar las nuevas necesidades sociales; y por ello el gobierno de López Obrador tiene aun mayor relevancia al ser foco  de atención a nivel regional. 

La Dra. María Amparo Casar y el Dr. Ignacio Marván en el libro “Gobernar sin mayoría, plantean si un gobierno puede funcionar con gobiernos divididos, y encontraron que no existe un riesgo  de parálisis de gobierno; funciona en otros lugares como Estados Unidos; y genera una alta actividad legislativa y sanos contrapesos. Como podemos observar, a diferencia de lo plasmado por los autores mencionados, la 4T posee una mayoría que permite cualquier flujo legislativo y generar reformas a fines a su estilo de gobierno, sin embargo y en sentido opuesto, una de sus conclusiones es que al tener un gobierno dividido, “se generan serios problemas desde el punto de vista de logros y acuerdos”. Por ello, la nueva administración federal está a en un paso a instaurar nuevas formas democráticas de gobierno o un totalitarismo como aquellos tiempo del partido  oficial. 

En la popular obra “Como mueren las democracias” de los autores de Levitsky y Ziblatt proponen una nueva responsabilidad a los partidos políticos para mantener a una democracia sana: contención. ¿a qué se refieren con esto?, de manera, para dichos académicos, en cualquier democracia pueden surgir lideres cuyas  posturas e ideas pueden ser contrarias al bienestar de un país y de una forma republicana, demócrata y con respeto al estado de derecho, y   debido a esta fragilidad inherente a esta forma de gobierno, por lo cual los partidos políticos deben postular y mantener como lideres a aquellas personas que vayan en armonía con estas ideas, por si las organizaciones políticas no mantiene una contención contra este tipo de liderazgos, el escenario puede provocar un autoritarismo. También, cuando un partido se encuentra liderando al país, debe hacer todo lo institucionalmente posible para favorecer una democracia liberal. Andrés Manuel tiene una responsabilidad preocupante y también alentadora. Tiene una oportunidad única de ir alcanzar la “tierra prometida” o de regresar al pasado. 

El debate de la objeción de conciencia en México

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La objeción de conciencia se ha convertido en el centro de debate nacional, ello porque el Congreso Estatal de Nuevo León aprobó una modificación a su ley local en materia de salud, para incorporar dicha figura jurídica para los miembros del sistema de salud. El tema ocasionó un fuerte debate en redes sociales, programas de opinión, columnistas y mesas de café, teniendo como punto de partida una presunta intención ideológica detrás de la mencionada iniciativa, sin embargo, existe una serie de imprecisiones que se propagaron por el internet, ya que si bien, es un tema en el cual existe una discusión desde un aspecto filosófico o axiológicos en materia de derechos, pero es innegable que existe una obligación constitucional para legislar en la materia. En primer termino, debemos señalar que la objeción de conciencia es un mecanismo que “supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también de obrar de manera conforme a los imperativos de la misma”(Sanchís, Luis Prieto 2006)

El derecho de la objeción de conciencia tiene origen dentro de nuestra legislación nacional en la reforma que se dio en el Senado de la República y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, donde se incorporó esta figura jurídica en la Ley reglamentaria en la materia, y de igual manera en sus artículos transitorios se estipuló que las entidades federativas debían modificar sus legislaciones para armonizarlas con la modificación al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. Con dicha modificación, se abrió la puerta a reglamentar la responsabilidad de hacer o no hacer, el respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, así como los límites, en todo nuestro país. Antes que nada, debemos definir la objeción de conciencia, y  podemos definirla como el respeto del pensamiento o reflexión personal o moral cuando este contravenga una acción a la cual tiene que ejecutar. Podemos ver  que es una ponderación del ejercicio de la libertad personal e incluso religiosa sobre una acción que pudiera lesionar su sentir o forma de pensar y “en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación o rechazo de la posición iusfundamental a la vista de la presencia  en el caso de otras razones más fuertes en favor de tal deber jurídico”(Sanchís, Luis Prieto 2006). 

En el aspecto jurídico, hay que enfatizar que este mecanismo es un derecho humano que se ha visto en diversos ámbitos como el militar, empresarial o de la  administración pública. Ello también trae a colación dos derechos, el derecho del acceso a la salud previsto en el artículo 4 constitucional y el derecho a la libertad ideológica, pensamiento o creencia, señalado en el artículo 24 de nuestra carta magna, y es dentro de este derecho donde podríamos ubicar a la objeción de conciencia como derecho protegido por la constitución. Independiente de los titulares tendenciosos y la polarización social respecto a este tema, la objeción de conciencia atiende a procurar al personal del sistema de salud y puede ser encontrado en todas las democracias con estado de derecho, y debería ser visto como una medida mediadora ante diferentes visiones o cosmovisiones sociales, y una herramienta fundamental en la preservación de la diversidad de pensamiento y creencia. También, es imperativo  aclarar que al momento de plasmar la objeción de conciencia se debe tener en claro que no se objeta a la persona y sus características físicas o personales, ya que ello claramente recae en una discriminación, contrario a lo estipulado en el articulo primero constitucional y violatorio de derechos humanos,  precisando que debe objetarse la acción que contravenga el pensamiento del objetor.  

Nuestro máximo órgano de impartición de justicia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en temas de a través de garantías de protección  y abstención el Estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa”(AR 1049/2017). En el ámbito internacional, encontramos este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a la libertad  de pensamiento, conciencia y religión”; lo anterior también lo podemos vislumbrar en el artículo 18  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9no y el 10o de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De igual manera, es innegable la existencia del conflicto ante este derecho, ya que podría ejercerse cómo medida que limitaría el acceso a ciertos servicios, pero debemos vislumbrar que no todo derecho es absoluto. Si vemos los antecedentes en México, la objeción de conciencia se introduce federalmente, en una serie reformas realizadas por la Secretaría de Salud a la Norma Oficial Mexicana 046, con la cual se reconoce el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras para la práctica de abortos en el caso de violación, sobre lo anterior es importante precisar, que en diversas entidades no permiten y penalizan dicho acto,  como es el caso de  Nuevo León, por lo cual no se presenta la iniciativa en un ámbito  prohibicionista de la interrupción del embarazo, ya que no es la intención del legislador. De la misma manera, encontramos que, en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, aprobada en el 2011, en su artículo 42 se reconoce el mismo derecho de objeción para el personal de salud que quiera abstenerse a intervenir en la atención de pacientes terminales. Tenemos que ver que dicha reforma en también contempla limitantes, como son cuando esté en riesgo la vida del paciente o el caso de una urgencia médica. Podemos ver que debe garantizarse el derecho de acceso a la salud en todo momento,  y en ese sentido, al ejercer dicha objeción se debe realizar de manera previa y procurar de proveer al paciente de otro personal  de salud que garantice la atención,  también enfatizar el hecho  que no  debe objetarse con relación al sujeto (paciente) sino al acto; si logramos dilucidar  esto, podemos ver la objeción de conciencia como una medida extraordinaria y un derecho  y no desde un plano ideológico que abone a una polarización innecesaria. 

reneramirezbenites@gmail.com 

Bibliografía 

Amparo en Revisión 1049/2017.  Oposición a que se realice a su menor hija una transfusión sanguínea  por  pertenecer a  la comunidad cristiana  “Testigos  de Jehova”, posible colisión de  derechos a salud de un menor de edad y el derecho a libertad  religiosa de sus padres. Ministro Ponente: Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Primera Sala de la  Suprema Corte de  Justicia de la Nación. 15 de agosto de 2018 

ONU. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. 2012. La objeción de conciencia al servicio militar. Nueva York  y Ginebra. Naciones Unidas

Sanchís, Luis Prieto. 2006. “Libertad y objeción de conciencia”. Revista Persona y Derecho 54. (2006): 259-273. 

Soberanes Fernández, José Luis. 1998. “La  Objeción  de conciencia ante la justicia constitucional  en México”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. (1998): 137-151. 

¿Nuevos tiempos del Poder Judicial?

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La autodenominada Cuarta Transformación, a pesar de sus aciertos o desaciertos, ha desencadenado una serie de debates o nuevas reflexiones sobre la concepción de diversos hechos, instituciones y posicionamientos. En el imaginario colectivo, así como la comentocracia y sujetos políticos, hemos entrado en una nueva dinámica de preguntarnos y cuestionarnos si verdaderamente nuestro Estado funciona como debería o como se establece en la constitución, leyes o conforme a las necesidades sociales. Una de esas interesantes nuevas reflexiones, tiene que ver con el Poder Judicial, en específico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su papel en el Estado-Moderno. A lo anterior, me refiero a las nuevas dinámicas en cómo se relacionan y accionan las instituciones públicas, el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad moderna con sus nuevas exigencias. 

Este repensar respecto al papel de la Corte, tienen como origen la renuncia de Medina Mora como Ministro, y la serie de comentarios, injerencias, acusaciones y advertencias sobre la autonomía e independencia de nuestro máximo tribunal respecto con otros poderes públicos. En algo sin precedentes y ante el panorama crítico, el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, utilizó las redes sociales para declarar que el Poder Judicial Mexicano no debe ser oposición sino contrapeso, y que dichos términos no pueden confundirse, ya que “la Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos”, y remató contundentemente: “los contrapesos deben estar en el Congreso”. 

La declaración del Ministro Presidente, generó una serie de controversias que podemos resumir en dos posiciones principales; para cierto grupo de personas, la Corte debe y es un contrapoder del Ejecutivo y Legislativo, y otro grupo que coincide con el Dr. Arturo Zaldívar. El declaración no coincide plenamente con los postulados básicos de los tres poder establecido por Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”,  ya que desde la concepción del filósofo político, en todos los Estados se encuentran tres poderes (los antes mencionados) porque “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan en reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas al mismo modo”. En términos sencillos, debe de existir un poder dividido y no concentrado. En otro plano, Alexis de Tocqueville en “La Democracia en America” analizó la naciente y joven democracia estadounidense, en dicha obra dice que “la mayor dificultad no era saber cómo se iba a constituir el gobierno federal, sino como obedecerían las leyes”. Desde la perspectiva de Tocqueville la teoría debería llevarse a la práctica, por ello, necesitaron constituir un poder judicial independiente, ya que  “en los jueces descansa incesantemente la paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión, sin ellos, la Constitución es letra muerta” y en ese sentido, hacen un ejercicio de defensa de la constitución y del poder público. 

A pesar de todo lo anterior, lo que expresa el Ministro Presidente es también cierto, la Corte no es oposición, ya que no debe estar en constante conflicto de los demás poderes, sino accionarse cuando dichos entes han vulnerado la constitución, y en cambio, si pensamos que el Poder Judicial es oposición, se traduce en una dinámica repetitiva de oponerse, lo cual no es así. Lo que no está en debate, es la necesidad de consolidar una Corte y Poder Judicial independiente y separado del poder político. Sin duda, son tiempos complejos en los cuales estaremos en un continuo análisis de hasta lo que creíamos que era y no es. Cómo alguna vez escribió John Adams: “el Ejecutivo nunca ejercerá los poderes legislativo y judicial o uno de ambos, a fin de que sea un gobierno de leyes, y no de hombres”. 

¿Sigma o hecho anunciado?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad judicial y nuestro Tribunal Constitucional. Desde la concepción de Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu, cuando en 1748 publica su conocida obra “Del Espíritu de las leyes”, donde vislumbra y contempla la separación de poderes. Charles decía que “si no estuviera separado el poder, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos[…]”. En ese sentido, la SCJN ha tenido un largo, difícil y complejo recorrido para consolidarse lo que es en estos momentos. En días recientes, el Ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Corte, el cual hubiera concluido en el año 2030. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, de un lado están aquellos que gritan y aluden a una crisis dentro de la Corte; y por otro lado, aquellos que mencionan que el Ministro Medina Mora era un persona con un pasado denunciable y un presente aún peor, por lo cual no debe tomarnos por sorpresa este hecho. 

Podemos especular respecto al motivo del Ministro para renunciar a su cargo, sin embargo, ya que conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución, la renuncia de un ministro sólo es procedente por “causas graves” y debe enviarse al Presidente de la República para que, en su caso, acepte o niegue dicha renuncia. Sin embargo, el motivo de fondo que la opinión pública y la mayoría de los analistas atribuye a este hecho sin precedentes, es la columna de opinión escrita por Salvador García Soto y publicada en El Universal el 5 de mayo de este año. En dicha columna, el periodista hace publico un reporte de la National Crime Agency (Agencia Nacional del Delito) del Gobierno del Reino Unido, en donde detectan una actividad sospechosa respecto a “transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro Medina Mora, en el Banco HSBC del Reino Unido de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que fueron depositados en los últimos 2 años”. También, el periodista hace mención al Reporte emitido por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos el cual “documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años”:  

El tema generó en su momento tal nivel de controversia, que desde el Congreso de la Unión se tomaron tribuna por diversos legisladores para solicitar que el Ministro aclare dichos señalamientos. Lo cierto, es que estamos ante un hecho sin precedentes desde la reforma de 1994 que crea a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. El único registro conocido fue en 1989 con el retiro voluntario del entonces Ministro Ernesto Díaz Infante por “motivos de salud”, sin embargo, estaba involucrado por la prensa en temas de corrupción.  

Si bien, el tema del Ministro y su desempeño como servidor público es en sí mismo un tema, los motivos de su renuncia otro y independencia del Poder Judicial de la Federación otro. El Presidente de la SCJN, el Ministro Arturo Zaldívar, tuiteó de manera inmediata a este hecho, que “la SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos todas y todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad”, y en ese sentido debemos dirigir la discusión. Es equívoco pensar que la renunciar de Medina Mora es una influencia del Ejecutivo para cooptar, secuestrar o influir el máximo tribunal, ya que el pasado y desarrollo profesional de este personaje eran una carga que restaba credibilidad a la Corte, y que renuncia alguien que nunca debió llegar. Y de igual manera, este hecho se da en un contexto judicial interno en el cual el actual Presidente Zaldívar, tiene una política frontal contra la corrupción y los conflicto al interior del Poder Judicial, y por ello existe una probabilidad que la presión de su dimisión viniera desde dentro de la institución y no de fuera. 

Es de celebrar que el origen del debate respecto a este hecho, es porque en México estamos entendiendo, comprendiendo y asimilando el importante e imperativo papel que la SCJN tiene en el desarrollo jurídico, institucional, constitucional y democrático en toda nuestra vida pública. Pero como escriben Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre en The Washington Post el 4 de octubre: “Se trata no sólo de la primera renuncia de este tipo en 25 años en México, sino también de la dimisión de un político poderoso que abre la puerta a una reconfiguración del tribunal constitucional mexicano”. El proceso de designación de Ministros de la Corte como está estipulado en el artículo 96 constitucional, en el cual establece que el Presidente enviará al Senado una terna de donde se designará a un candidato, como hemos sido testigos (incluso con el proceso para designar a Medina Mora), es un proceso jurídico y político para designar a los miembros de la Corte que no es lo suficientemente estricto, que permita la contradicción y un escrutinio profundo, que tenga como consecuencia que el candidato designado por el Senado sea el idóneo y se procure la independencia e imparcialidad de la SCJN. Es evidente que los ojos estarán centrados en el Senado y en la terna que envié el Presidente Lopez Obrador para llenar la vacante, y será una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar.