Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

Oposición en tiempos de Coronavirus

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Como cualquier otro asunto público que acapara la discusión y urgencia nacional, las medidas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia de Coronavirus COVID-19 en México también han entrado al complejo campo de la política. En todos los Congresos locales, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, redes sociales y mensajes en medios de comunicación, la oposición tomó una postura de ataque contra el Gobierno Federal. Durante las primeras semanas, hemos visto a actores políticos de la oposición día con día tomar acciones frontales contra las medidas en materia salud, ya sea sobre los modelos de vigilancia epidemiológica, los datos proporcionados, los mensajes técnicos, las iniciativas en el legislativo con el contexto actual, etc. No me malinterpreten, considero imperativa la obligación de análisis, crítica y propuestas de la oposición, ellos son los que tienen una labor fundamental de estar siempre pendientes y exigentes con las acciones del gobierno en turno contra el COVID-19. Sin embargo, en diversas ocasiones, la información y narrativa que muchas veces utilizaba la oposición parecían provenientes de una actitud colérica en lugar de una labor responsable. 

Ante todo esto, surge una pregunta obligada: ¿Cuál debe ser el papel de la oposición durante esta emergencia? Para poder responder esta pregunta, es importante hacer una lectura sobre Portugal y su situación política en estos días de emergencia. En dicho país, el gobierno en el poder es uno identificado con el socialismo, cuyas medidas de administración y gestión sanitaria han sido calificadas como efectivas, y es interesante el rol de la oposición política portuguesa en esta ecuación, ya que el Partido Social Demócrata y los partidos de derecha, iniciaron una estrategia de colaboración con el gobierno. ¿esto se ha traducido en impunidad y falta de crítica? no, simplemente apostaron a la unidad nacional ante una situación sin precedentes. Esta emergencia esta siendo una oportunidad para que la oposición logre generar mayor legitimidad social en ese país, incluso, el líder opositor Rui Rio en un comunicado mencionó que “No es patriótico criticar en estos momentos al Gobierno”. Como bien retrata la editorial del periódico español “El País” del 25 de abril respecto la situación política de Portugal: “toda la oposición ha adoptado desde el primer momento -incluso antes de que empezaran a producirse fallecidos- una actitud crítica, pero un límite claro y explícito: la necesidad de unidad en torno al Gobierno para superar una potencial situación dramática para el país”. Si hacemos un ejercicio comparativo en México, el comportamiento político de la oposición es completamente distinto, y nos da una sensación de que los diversos sectores opositores han aprovechado la emergencia nacional para intentar  capitalizarse y ante embates de sectores empresariales y partidos, es claro que existe una brecha  muy grande entre el gobierno federal y su oposición, sin abonar al dialogo, apostándole solo a la confrontación, como escribió Lorenzo Meyer: “suponer que hoy en México un líder de la derecha decidiera apelar a la ética y al patriotismo de sus correligionarios para convocarlos a desactivar temporalmente los ataques al gobierno que debe hacer frente a una emergencia nacional, es tanto como suponer que se puede arar en el mar”.

Resulta desconcertante ver que todo el sector opositor es reactivo y no proactivo, ya que pareciera que se oponen por el simple hecho de oponerse, sin mayor consenso o ejercicio político. Considero fundamental e imperativo ver un nuevo papel y desarrollo de aquellos opositores, no podemos esperar que todo  falle para decir “se los dije”, al contrario, su trabajo es contribuir a la buena administración de la crisis sanitaria que vivimos, ello sin menoscabar su papel crítico y de vigilancia. 

Sobre los métodos y aspectos generales de este sector, creo que es importante retomar el análisis que Steven Levitksy y Daniel Ziblatt hicieron respecto a la situación de Estados Unidos en su obra How Democracies Die, que si bien, existen diferencias, podemos vislumbrar similitudes y aprendizajes. En dicho país, el Partido Demócrata ha sido fuertemente criticado por la ausencia de una estrategia agresiva contra el Partido Republicano, a diferencia de México, en nuestro vecino del norte, la oposición no ha utilizado los mismo métodos que el partido en el poder utiliza contra ellos, “deberían luchar como republicanos” dicen algunos. Para Levitsky y Ziblatt, realizar una estrategia política de este tipo es errada, ya que “estarían jugando a favor de los autócratas”, y a esto le denominan “tácticas de tierra arrasada” las cuales tienen una tendencia a beneficiar más al partido en el poder, ya que los indecisos o moderados no encuentran un  atractivo a este tipo de tácticas, solo ven confrontación vacía. Para llegar a esta conclusión, analizaron los casos de Venezuela y Colombia. En el primero, en tiempos de Hugo Chávez, la oposición apoyó un golpe militar que terminó fallando y erosionando su discurso demócrata, posteriormente hicieron un llamado de paro nacional que duró dos meses y le costó a su economía 4 mil quinientos millones de dólares aproximadamente, dejando un panorama aún más difícil, todo esto le dio mayor fuerza al partido en el poder en las elecciones intermedias para el Congreso, dandole la mayoría a Chávez; en el caso colombiano, la situación y estrategia fueron totalmente distintas, durante le presidencia de Álvaro Uribe, quien intentó adjudicarse facultades extraconstitucionales, generó que su oposición utilizara los Congresos y Tribunales para combatirlo, la situación llegó a tal punto, que incluso la Corte Constitucional colombiana declaró como Inconstitucional la postulación de Uribe para un tercer mandato. Como concluyen estos autores que analizaron a Venezuela y Colombia, utilizando el caso de Estados Unidos en contextos de profundo conflicto entre oposición y gobierno, las oposiciones deben ser “firmes, pero destinadas a preservar, en lugar de vulnerar, las reglas y normas democráticas”, para ello es necesario generar legitimidad en el Poder Legislativo y Judicial, y ello no se logra con sólo una confrontación agresiva, si la oposición utiliza los métodos institucionales y constitucionales, con prácticas de dialogo y construcción mutua, es más efectivo insertar en la agenda del gobierno en turno los puntos de vista y sus contrapropuesta, y ello se refleja, indudablemente, en el electorado. 

Las formas son importantes, porque determinan el fondo. Es urgente una reformulación de los ejercicios opositores, vemos pequeños destellos de liderazgo opositor, pero no se puede percibir una agenda conjunta y alternativa, y esto tiene que ver con su desdibujamiento del debate público y un intento desesperado, no por construir un mejor país, sino por ganar poder político. Estamos en un momento de mucha reflexión y acción por parte de los actores públicos, y sería un buen punto de inicio una agenda única nacional de ambos sectores para lograr, no una cuarta transformación, simplemente una cambio y bienestar para todos, sin importar el espectro ideológico. Es hora de que la oposición evolucione a la modernidad, y vea los puntos en común para construir y no para destruir. 

COVID-19 y el Derecho de Acceso a la Salud

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La situación del Coronavirus en nuestro país ha posicionado en el debate público,  a uno de los problemas más graves del Estado mexicano: la desigualdad, ineficacia y situación del sistema de salud público en México. Como he escrito en mis anteriores textos, hablar de Coronavirus es también hablar de desigualdad, y un ámbito sumamente visible es la estructura del sistema de salud y cómo impacta en este derecho de humano. Nuestro Sistema de Salud, tal y como lo conocemos, es creado en 1943 y comprende de dos sectores generales: el público y privado. La configuración actual, no garantiza un acceso y servicios de salud de calidad para toda la población, ya sea desde el sistema universal como el de los derechohabientes del seguro social. Esto no es nuevo, es un problema profundo de las instituciones del sistema de salud pública, y se debe en gran medida la denominada fragmentación, que se configura tanto jurídica como institucionalmente, generando una serie de inequidades, ineficiencias y rezagos en el acceso a dichos servicios. Ello ocasiona una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017).

Si vemos las cifras históricas, tan sólo en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo con datos de la OCDE, la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. 

En términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, según los Estudios sobre los  Sistemas de Salud (OCDE, 2016), obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica , poniendo incluso en peligro la subsistencia   financiera de dicha  familia. 

La desigualdad es otro tema preocupante, ya que según datos de la Fundación W.K Kellog, a pesar de que en México existen 8 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, un niño indígena tiene 2.5 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que un niño no indígena, y si bien, a nivel nacional hay una unidad médica por cada 2 mil 645 mexicanos, en estos municipios sólo hay una por cada 3 mil 445 habitantes, lo que deja ver la gran brecha de servicios de salud en comunidades habitadas por pueblos indígenas. En un nuevo texto publicado en Nexos por Mariana Campos y Xhail Balam de México Evalúa, uno de los problemas principales en este rubro ha sido la mala aplicación del gasto público, y ello es totalmente visible en las desigualdades del acceso y calidad, ya que el 33% del total a nivel nacional de las unidades de tercer nivel de atención se ubican en la CDMX, evidenciando una distribución poco equitativa del presupuesto de salud en relación con otras entidades federativas, las cuales cuentan con un menor número de unidades de segundo y tercer nivel. De igual manara, como señalan Campos y Balam, “México destaca, dentro de los países de la OCDE, por tener infraestructura hospitalaria y recursos humanos insuficientes en el sector salud”, ya que nuestro país está “28 % por debajo del promedio de médicos y 68 % del promedio de enfermeras, y el promedio de médicos en estos países por cada 1 000 habitantes es de 3.4, y 8.7 de enfermeras”, que en comparación en México “tenemos 2.4 médicos y 2.9 enfermeras por cada 1 000 habitantes”. 

Todo este escenario de nuestro sistema de salud público, sumado a una contingencia sanitaria como la actual, nos obliga a poner especial énfasis en la formulación de políticas públicas para resolver la dura y dolorosa realidad  de la salud en México. Porque si bien, existen profesionales de la salud comprometidos, dedicados y altamente capacitados, en la mayoría de los casos laboran en condiciones adversas que no deben ser permitidas ni toleradas ni normalizadas. Por ello, las autoridades mexicanas deben recordar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en el caso Yanomami Vs. Brasil, donde declaró la obligación de los Estados a formular medidas oportunas y eficaces para preservar la salud y el bienestar, ya que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 26 permite la justiciabilidad de los derechos sociales, y el art. 10 del Protocolo de San Salvador el derecho a la salud. En ese sentido, el máximo órgano de justicia en materia de derechos humanos del continente,  ya ha establecido que la salud  va mas allá de una simple garantía, ya que debe ser ejercida y no quedarse en una simple voluntad política sino en responsabilidad esencial constante. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el art. 4to de la Constitución, no sólo establece un derecho de acceso a la salud en nuestro país, sino que el sistema de salud debe procurar un bienestar físico y mental, y “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud” (Amparo en Revisión 251/2016) porque en ningún momento se trata de cumplir a medias, sino de subsanar totalmente la necesidad, como bien resolvió nuestro máximo tribunal, el cual ha precisado que el derecho a la salud en México tiene una “doble dimensión: una privada y una púbica”, ya que una persona en un determinado caso puede exigir el cumplimiento a dicho derecho, y la segunda es la generación de las condiciones por parte del Estado, “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud” (Amparo  en Revisión 237/2014), siendo en este último donde podemos  enfocar la obligación a mejorar  el sistema de salud, ya que si revisamos los precedentes de la Corte, nos daremos cuenta del énfasis para “tutelar el máximo umbral posible de protección del derecho a la salud” (Ortiz Mena, 2017), y en una verdadera responsabilidad de establecer al derecho a la salud, no  como un derecho humano de papel cuyo cumplimento puede estar sujeto a una visión política, sino todo lo contrario. 

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH emitió la Resolución 1/2020 para el enfoque de derechos humanos ante dicha contingencia sanitaria, en su Inciso B)  apartado I,   se le menciona a los Estado la efectividad  de este derecho, para que transite del papel a la realidad. Una crisis de salud como la actual, nos hace ver la dimensión del problema y su enorme deuda histórica. Los fenómenos de desigualdad y limitaciones en nuestro sistema público de salud ha nsido normalizado por todos, y son cientos y miles de casos y nombres y personas que se han perdido en los claroscuros del sistema público,  pero es hora de cortar esta situación cíclica que va de sexenio en sexenio. En palabras de Arthur Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”. 

Federalismo y COVID-19

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La complicada situación del Coronavirus en todo el país, ha forzado que el gobierno federal tome medidas a través del Consejo General de Salubridad. Este órgano está previsto en la Ley General de Salud, como la autoridad sanitaria que “define prioridades, la expedición de acuerdos y la formulación de opiniones al Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema Nacional de Salud” y todas sus disposiciones son obligatorias para las autoridades administrativas del país, en términos de los artículos 73 fracción XVI, Base 1a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4to fracción III de la Ley General de Salud. Toda la estrategia nacional la ha dictado el Consejo a través de los Acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de marzo, ello para poder darle validez jurídica a todas las medidas institucionales de combate y mitigación del COVID-19. Desde mi perspectiva, el Gobierno Federal ha mantenido un control positivo de la situación desde el aspecto de salud, sin embargo, existen deficiencias y vacíos jurídicos que han dado pie a diversas acciones desde gobiernos estatales (y lamentablemente también municipales), en donde se atribuyen facultades que no tienen, realizando acciones preocupantes, vulnerando así la constitución y diversos derechos humanos. Este escenario genera un desorden institucional dejando en clara evidencia una nula coordinación entre la federación y las entidades federativas sobre la pandemia. 

Este actuar por parte de gobernadores, es parte de ese frágil federalismo en México, establecido en el artículo 40 constitucional. Para aquella persona ajena al término, federalismo  significa un “arreglo político institucional basado en la distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central o ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución” (Olamendi, 2000). De una manera sencilla, el federalismo nos permite un mayor control y orden sobre todo el ejercicio público, como decía Alexis de Tocqueville “el federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjunto, integren el gran cuerpo de la unión”. Ello ha implicado diversos retos en México, ya que presume un mayor control al ejercicio del poder, y un “arbitraje de la fuerza” (Vázquez Pando, 1996). En lo que llevamos de contingencia y medidas extraordinarias, el Consejo General de Salubridad ha actuado de manera eficiente desde una visión centralizada del fenómeno, sin embargo, ese ha sido su error constante. En el desarrollo de estos hechos, se ha obviado la participación de los gobierno estatales o su papel durante la emergencia, haciendo que ante este vacío de participación las entidades federativas reaccionen, en muchas ocasiones, violentando de manera flagrante la constitución. De lo anterior, tenemos a estados como Yucatán, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur  y Tamaulipas, entre otros, que han aprobado medidas que violan el derecho a libre tránsito, seguridad jurídica, libertad, a la salud, y atribuciones de índole federal, entre otros. También resulta sumamente peligroso el camino que diversos municipios están tomando, como cerrando municipios enteros como en el caso de Yucatán, e incluso impiden el acceso a personas no originarias de su comunidad. Los gobierno estatales y municipales, deben apegarse al art. 13 de la Ley General de Salud, el cual nos define las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y que de igual manera dicta que la autoridad máxima en estas situaciones es la Secretaría de Salud Federal. Todo este panorama delicado, podría generar un conflicto grave de gobernabilidad y falta de certeza en las políticas de emergencia, pudiendo contrarrestar todos los esfuerzos institucionales de mitigación del virus, vulnerando de manera sistemática derechos humanos. Una emergencia de esta naturaleza no debe dar entrada a vulneración de la constitución y los ordenamientos jurídicos, ya que al hacerlo, se abre una puerta muy peligrosa que terminaría por destruir un Estado de Derecho que sigue en constante construcción. 

Las autoridades federales, y en especifico, el Consejo General de Salubridad, debe construir un protocolo o lineamientos básicos que deben seguir los gobierno estatales y municipales, es urgente una política integral en donde se oriente e de linea a las figuras locales dentro de la ecuación contra el COVID-19. Es claro que el punto más débil de las políticas sanitarias de emergencia, son justamente las entidades federativas, que parafraseando a M. Cejudo y Gómez Álvarez, “los gobiernos (locales) han actuado en las últimas semanas sin entenderse como parte de una estrategia integral, sino como respuestas específicas a diversos estímulos: la presión ciudadana o mediática, la oportunidad política y, en algunos casos, la falta de conocimiento científico”. En ningún momento se trata de una centralización absoluta, sino de un respeto de esferas de actuación constitucional y administrativa, entender la dinámica de reparto de tareas. Ahora más que nunca, necesitamos medidas homologadas y una coordinación entre la administración pública federal y  las estatales. La precisión de las políticas públicas y la respuesta eficaz son pilares fundamentales dentro del combate al virus, sin embargo, la federación debe evitar a toda costa un vacío de autoridad debido a la falta de claridad de las medidas en las esferas estatales, y las “autoridades tienen a su disposición un cúmulo de herramientas con márgenes de flexibilidad”(Tortolero, 2020) que permiten un respeto a nuestro orden jurídico nacional. No podemos argumentar que una situación compleja como la actual, sea motivo para iniciar una serie de acciones sin fundamento jurídico básico, al contrario, podemos utilizar al COVID-19 como una oportunidad de mejorar, afinar y reconstruir un federalismo endeble y difuso en situaciones de emergencia. Estos son tiempos de dejar las popularidades políticas a un lado, y tener el cuidado de la salud como un máximo institucional con total apego a los cánones constitucionales. Como bien dijo el Dr. Hugo López Gatell: “De lograr una disminución en los casos del virus, no será un logro del Gobierno de México, será un logro del pueblo mexicano”. 

El virus de la desigualdad

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A principios de los 70s, Eduardo Galeano escribió en su obra Las Venas abiertas de America Latina que el desarrollo desarrolla la desigualdad y que es un viaje con más náufragos que navegantes. El intelectual uruguayo argumentaba que desde los orígenes latinoamericanos, ha existido una fuerte y arraigada desigualdad económica y fáctica. El conocido comúnmente como Coronavirus o COVID-19 por su nombre científico, viene a quitar nuevamente y de manera abrupta la venda en los ojos de todos sobre esa mortal desigualdad. Este virus que se esparce de manera rápida por nuestro territorio, viene a recordarnos que la desigualdad puede matar de muchas maneras, y una emergencia de salud pública es una de ellas. 

El escenario de posible propagación, forzó a empresas y gobierno a instar a todos a quedarnos en nuestros respectivos hogares, el paro de actividades económicas y la disminución de cualquier asunto no esencial. Sin embargo, esta medida puede sonar razonable en un país con ingresos justos, con una economía incluyente sin pobres y sin informalidad o para aquellos privilegiados que pueden hacer uso de las nuevas tecnologías para continuar sus labores. Sin embargo, esto es una realidad para sólo un pequeño grupo de la sociedad mexicana; porque vivimos en un plugar donde el 10%  más rico concentra el 64.4% de todo la riqueza del país (Esquivel 2015, pág. 16), porque vivimos en un país donde el 60% de la población laboral se encuentra en el empleo informal. Porque como país nos desarrollamos, pero como escribió Galeano, también  desarrollamos una desigualdad que sigue viva, que continúa creciendo, que late y late fuerte en  un  momento de suma vulnerabilidad.

Aquellos que no pueden encerrarse, no lo hacen por gusto sino por necesidad, porque el país no creció para ellos; el país no procura un sistema de salud para ellos; el país no procura un ingreso justo y las mismas oportunidades y una educación de calidad y servicios básicos. Porque aquellos que no sufrirán por el contagio del Coronavirus, sí sufrirán por el contagio del virus de la desigualdad. Esto no es nuevo, pero debido a su estructural origen, como sociedad lo hemos normalizado, porque México del periodo de 2008 a 2015, los ingresos de la clase media se redujeron en un 2% (OCDE, 2016). Esta desigualdad también tiene un componente de género, ya que las mujeres en México perciben 60% menos que los hombres  y esta brecha tardará 257 años en cerrarse (FEM, 2019).  Este problema es grave, no sólo por las implicaciones económicas y de crecimiento que esto conlleva, sino porque vemos que es una doble vulnerabilidad, ya que en esa situación de una disminución de consumo y contingencia,  las personas del sector informal y que vivan en situación de pobreza, serán las más afectadas, a pesar de que por cada 100 pesos generados en el país, 23 pesos provienen el sector informal (INEGI, 2019), lo cual nos deja ver la magnitud de esta afectación. Con esto no incentivo medidas contrarias a las señaladas por las autoridades, sin embargo, debemos dejar de normalizar la desigualdad y ver  las múltiples formas en cómo esta puede matar a millones de mexicanos. 

El quedarse en casa para combatir al Coronavirus está demostrando ser también un tema de clases, un tema de pocos contra uno de muchos, porque hablar de porcentajes es hablar de millones de mexicanos que no pueden darse ese lujo de parar porque viven día a día, porque la sociedad los ha olvidado, los ha normalizado. Vimos en un México donde 3 de cada 4 personas que hablan una lengua indígena o pertenecer a un pueblo originario, son pobres; ¿ellos como combatirán el COVID-19? ¿si el 38%  de la población indígena vive en pobreza extrema, como podrán quedarse en sus casas sin poder tener su día a día para sobrevivir y no para vivir? Como dicen vecinos del asentamiento La Guadalupana en Mérida, Yucatán: “aquí no hay compras de pánico, ni siquiera tenemos dinero”. Estos días deben de servir para que como sociedad, y en especial, para que los involucrados en la toma de decisiones públicas, reflexionen sobre cómo la desigualdad mata; cómo la desigualdad es un factor de riesgo importante en diversos escenarios como el actual. La ausencia de justicia (hasta la justicia económica) es la gran deuda de este país.

El Estado y los hombres

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A principios del siglo XX, Simone de Beauvoir escribió que “el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres”, y no podía estar tan vigente. Las mujeres están tomando los espacios y debates públicos para reclamar justicia, seguridad, derechos, y exigir que nuestra sociedad elimine uno de sus grandes  comportamientos asesinos: el machismo. Ellas salieron a las calles a dibujar la verdad; salieron al tenor de las 114 menores de edad asesinadas en México. Gritaron y corearon al tono de las mil 119 mujeres que perdieron la vida a manos de la violencia machista, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las mujeres salieron y harán un paro porque en nuestro país, 10 mujeres son asesinadas diariamente, según datos del SESNSP y el INEGI. Salieron en honor a las que ya no están, y por las que quieren que estén, salieron por aquellas que vienen. Salieron, porque en los últimos cuatro años el feminicidio aumentó en un 97 por ciento. Gritaron y consignaron porque en nuestro país, el simple hecho de ser mujer, es mortífero. Salieron por la impunidad que las acalla, que las ata, que las victimiza una y otra vez. Salieron para denunciar y decir ya basta. Salieron porque las que están, el 66% ha sufre agresión física, el 34% violencia emocional y sexual el 41.3%, de acuerdo a la ENDIREH. Las mujeres en México tuvieron que salir, porque como escribe Denise Dresser:  “porque a las mujeres en mi país las están matando, violentando, violando, humillando, ignorando. Su dolor, que es el nuestro, merece ser reconocido y dignificado. Y  en esta tragedia mexicana, existen dos sujetos obligados: los hombres y el Estado. 

El primero por su obligación intrínseca de prevenir, investigar, atender y sancionar esta violencia sistemática y dolosamente naturalizada por las autoridades ante casos de violencia contra la mujer. Al Estado Mexicano le toca responder ante un panorama oscuro y sombrío y violento y que calla ante la violencia feminicida. Pero también nos toca a los hombres; he aquí el punto más importante. Todos los hombres somos, en menor o mayor medida, culpables de lo está pasando en México. Porque ellas no tendrían que salir a marchar, gritar, protestar y parar, si sus maestros no las acosaran, si sus parejas no las violentaran y golpearan, si sus amigos y conocidos no las humillaran, si las autoridades no las ignoraran, si la sociedad no las juzgara. 

Porque a nosotros nos toca callar, escuchar y transformar esos patrones que matan y lastiman y violan y humillan a tantas miles y millones de mujeres en México. Nos toca eliminar las masculinidades tóxicas y violentas. Masculinidades que permitan una sociedad segura y justa para ellas. Eliminar todo rastro de comportamientos estereotipados de supremacía masculina de dominio y control, que sean tanto sutiles como extremos y que llegan a violencias. Nos toca eliminar la violencia de género, pero también la homofobia y transfobia, y ver qué existen otras formas de ser hombre en México, formas que no maten, formas que permitan una igualdad sustantiva, porque no se trata de hombres justos, sino de hombres distintos. Nos toca fomentar y educar una visión de responsabilidades familiares compartidas y de nuevos paradigmas sociales. 

 Yo escribo y vivo desde el horrible privilegio de ser hombre en México, pero hablo desde la necesidad de reformar a los hombres y sobre todo, a mí mismo. Ojalá y estemos viviendo un nuevo capítulo en nuestra vida pública; ojalá y el movimiento feminista logre transformar profundamente la sociedad mexicana. La empatía y el diálogo serán fundamentales en los próximos días y debates. ¡Se va a caer! ¡Sí se va caer! Y tendremos que construir algo nuevo.

México y Cannabis: la aprobación que viene

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El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que regula el consumo de cannabis en nuestro país, el cual resultó ser un tema que dividió a los Senadores ante un escenario delicado respecto a la violencia relacionada al crimen organizado. La cannabis sativa (marihuana) es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas jurídicas, políticas, médicas y sociales. 

Sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente: “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia”.Y es, en este sentido, libre de preconcepciones que aluden a una catástrofe de salud debido a una asociación a la violencia o adicciones, donde debemos ubicar el análisis y discusión a favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta las distintas visiones médicas y científicas con perspectiva de derechos humanos tiene como origen la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde finales del  2019, en donde mandaba que el Senado de la República debe emitir legislación en la materia. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud desde dos dimensiones; una, individual que se traduce en la atención específica de la salud y bienestar de una persona y; otra, la social en donde se encuentran las “acciones necesarias para alcanzar ese fin, como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud que afecten al conglomerado social”. En ese tenor, podemos encontrar estos mecanismos de política en materia de salud, que pretenden colocarse como un método de tratamiento médico como otros existentes. 

Como podemos ver, la discusión en México sobre la regulación del consumo del cannabis se encuentra en dos sentidos: en términos del derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad, siendo este último, un derecho privilegiado por el mismo tribunal constitucional declarando inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana.  El Dictamen propone reformas a la  Ley  General de Salud, al Código Penal Federal y crea la  Ley General para la Regulación y Controles Cannabis. En primer término, dicha propuesta intenta reformar los artículos de la legislación en materia de salud y legislación penal que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, además de reformar y adicionar artículos  para que estén conformes a la permisión del consumo de esta planta, permitiendo hasta cuatro plantas  de cannabis controlados y posesión hasta 28 gramos, generando un uso lúdico para asociaciones formalizadas y de investigación, farmacéutico, paliativo e industrial. El punto más importante de la propuesta de Ley en este tema, es la creación del Instituto Mexicano del Cannbis, el cual dependerá de la Secretaría  de Gobernación, el cual tendría como objeto la regulación del uso, control sanitario y coadyuvar con autoridades. La discusión en Comisiones fue sumamente diversa. La bancada del Partido Acción Nacional se posicionó en contra de esta regulación, argumentando que esto no abona a la lucha contra el crimen organizado y que se convierte en una amenaza para el sistema de salud. El PRI fue  sumamente cauteloso al decir que votaban el Dictamen en lo general  pero presentarían propuestas en la discusión particular. Sin  embargo, a pesar de su  aprobación general, existen varios temas pendientes que deben ser aclarados lo más pronto posible. Esta regulación no va más allá respecto a la participación privada en el ramo, que sí bien, plantea una centralización de las semillas, no analiza con mayor profundidad una mayor dinámica en este sector. Otro tema pendiente es una regulación sobre las asociaciones de cannabis y sus requisitos, autoridades de vigilancia a estos centros y cuales serán las condiciones para sus usuarios, así como medidas de atención. Los dos grandes temas que deben plantear los Senadores, son esquemas para la prevención de adicciones y políticas desde un sentido de atención integral con la entrada en vigor de la permisión del consumo de cannabis, y sobretodo, eliminar y armonizar con respeto al principio a un principio de exactitud de los delitos, ya que no queda claro el esquema de penas y delitos en esta materia. Desde otra perspectiva, tampoco queda claro cual será la participación de los estados dentro de esta discusión, ya que los impuestos establecidos para esta planta no son claros sobre si las entidades federativas podrán generar impuestos estatales o serán exclusivamente federales, así como el papel regulatorio de las entidades. 

Debemos celebrar que transitamos de un modelo de criminaliza y penaliza a los consumidores, a uno que respeta sus derechos humanos y que genera nuevos mecanismos para que las personas que decidan consumir esta sustancias, puedan hacerlo en ambientes controlados que reduzcan  algún impacto negativo en la sociedad Sin duda la discusión no es legalizar o no legalizar, sino cómo hacerlo. Estamos ante una oportunidad histórica de justicia social y de iniciar un tramo de justicia transicional con enfoque en derechos humanos que permita un México justo, tanto para los consumidores como los agricultores como los comerciantes y la salud pública. 

Populismos legislativos: “La pena de muerte en México”

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El debate público de nuestro país está centrado en estos momentos, en la violencia contra la mujer y con principal énfasis en los feminicidios. Los colectivos feministas han logrado posicionar el tema como una prioridad urgente en las políticas públicas nacionales, generando que partidos políticos, asociaciones, empresas y sociedad en general, compartan la urgencia de combatir el panorama de inseguridad contra las  mujeres en México. Sin embargo, dentro de esta discusión y debate público, resurgió un tema que parecía (al menos dentro aspecto jurídico) sobrepasado o superado: la pena de muerte como pena para sentenciados por delitos de índole sexual. Amnistía Internacional la define cómo: “una pena capital que es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Viola el derecho a  la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante”. (Mendoza Octavio, 2006, p.  78)

Diversos partidos en la Cámara de Diputados, así como en Congresos Locales, posicionaron propuestas al respecto, llegando incluso a presentar iniciativas para insertar dichas penas en códigos penales. Los proponentes argumentan que este tipo de medidas son las “proporcionales y suficientes para disminuir el índice de delitos sexuales”. Sin embargo, los legisladores solo necesitaban buscar un poco de información sobre la inconstitucionalidad y su contradicción a los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, e incluso. Este tipo de iniciativas pertenecen a algo denominado: populismo legislativo. A populismo legislativo me refiero a medidas que “proponen” los legisladores utilizando contextos sin resolverlos; iniciativas que no solucionan problemas sino los politizan, con medidas irreales que se nutren de clamores populares inoperantes. 

Ante el panorama de exigencia de justicia y seguridad para las mujeres en México, estos legisladores populistas, intentan sacar una ventaja política al puro estilo de las épocas precolombinas e inquisición española. Hay que recordarles a los legisladores que la abolición de la pena de muerte inició en Puebla en 1891 y posteriormente a nivel federal en 1929, siendo en 2005 cuando es completamente eliminada de la Constitución Federal en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. También tenemos que recordar la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derecho Humanos, y en específico el artículo 4 párrafo tercero del Pacto de San José, donde el Estado Mexicano se compromete a que una vez abolida la pena de muerte, no se puede restablecer, esto en respeto al principio de progresividad de los derechos humanos. Dichos legisladores que proponen este tipo de medidas, desean que nuestro país se una a otros países como Irán, Arabia Saudí, China, Irak, Pakistán y Estados Unidos, los cuales tienen en común sistemas de justicia “profundamente injustos, con circunstancias turbias y poco claras con muchas condenas basadas en confesiones obtenidas mediante torturas”(Pérez Salvador, 2019, p. 6). De igual manera y conectando el  tema con el populismo penal, el derecho penal no es un disuasivo social sino una forma de proteger los bienes jurídicos fundamentales para la sociedad, que impone penas cuando estos son vulnerados, y existe suficiente evidencia sobre  las penas de muerte, ya que no disminuyen la incidencia en el crimen. Otro argumento es que especialistas afirman que se usa de manera discriminatoria, ya que “si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia”(Pérez Salvador, 2019, p. 11). 

Es claro que los legisladores a favor de la pena de muerte no entienden que el fondo del asunto es la impunidad, los claroscuros de la procuración e impartición de justicia mexicano y la situación generalizada de inseguridad para las mujeres. La pena de muerte en ningún sentido soluciona la violencia de género y desvía la atención donde realmente debe estar. Es un país sumamente injusto en su sistema de justicia, pensar en la pena de muerte es aumentar una injusticia más.

La carrera por los Estados Unidos

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Theodore Roosevelt una vez afirmó: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”. El espíritu de Roosevelt era decirle a la sociedad que la defensa de la democracia es cotidiana, no es sólo con el ejercicio del voto durante las contiendas electorales,  sino con los personajes que se desarrollan en ella, las instituciones encargadas de protegerla y una ciudadanía activa dispuesta a defender las instituciones que dan contrapeso al poder. El vigésimo sexto presidente estadunidense previó lo que sucede actualmente en su país y fuimos ciegos; todos pensaron que el simple hecho de elegir a un presidente afroamericano, el racismo se terminaría; muchos afirmaron que una jueza latina en la Corte Suprema acabaría la xenofobía y el odio a los migrantes; muchos afirmaron que la sentencia del máximo tribunal norteamericano legalizando el matrimonio igualitario generaría un fin al odio a la comunidad LGBT. En tiempos de una sociedad dividida y polarizada, el lado progresista y liberal tiene mucho que aprender del pasado y visualizar el futuro, no sólo para el lado izquierdo, sino para todos. 

Estados Unidos acaba de ser testigo de un cumulo de situaciones que tendrán un impacto en las elecciones por la presidencia y en tablero político, desde el esperado resultado del juicio político contra Donald Trump donde fue absuelto por el Senado; el discurso del Estado de la Unión y la líder de la minoría rompiendo el discurso del presidente en televisión nacional, hasta el debate de candidatos demócratas en New Hampshire y el desastre o caos en las primarias de Iowa, estamos viendo que las cosas no se ven bien para los contrincantes del Trump. 

El primer reto que enfrentan los demócratas frente a los republicanos es la unión y consolidación de una narrativa alterna. Los republicanos han conformado un sólido bloque partidista en apoyo a Trump para su reelección, en contrario, los demócratas continuan con una clara división por quién encabezará la candidatura por la presidencia. Por un lado, vemos que Biden, Sanders, Warren y Buttigieg mantienen una confrontación directa que en nada abona a consolidar un proyecto que pueda dar frente a un presidente con altas probabilidades de reelección. Un debate de fondo es el espectro ideológico que pueda incentivar el voto de latinos, afroamericanos, indecisos y centros; el partido demócrata se encuentra en una encrucijada del camino que debe de tomar, y ante un personaje como Trump, mantenerse demasiado en el centro puede ser una estrategia fallida. Sin embargo, la izquierda norteamericana sabe que irse demasiado a la izquierda tampoco es beneficioso para ser competitivos electoralmente. 

Algo que tampoco beneficia a los demócratas, es el resultado de las primarias en Iowa, ya que el retraso en la emisión de resultados donde van con una pequeña diferencia entre Sanders y Buttigieg por el primer lugar,  ha generado incertidumbre y un aire de conflicto interno agravado, mismo que ha capitalizado a Trump y los hace ver como incapaces para gobernar. 

Desde la segunda guerra mundial, solo tres presidentes de Estados Unidos han sido derrotados para la reelección: Gerald Ford, Jimmy Carter y George H. W. Bush, y como escribe John Cassidy en  The New Yorker, “dichos personajes tenían un elemento en común: la economía era percibida o estaba en crisis”, este escenario no se configura completamente en la actual con Trump, que si bien existe evidencia de una inminente complicación económica para Estados Unidos, aún no se sienten los efectos como en la Gran Depresión o en el 2008. 

Sí los demócratas quieren ser verdaderamente competitivos, deben aprender de los errores del pasado, entender que la política actual no se gana con lo simbólico sino con lo real, y desde esta reflexión, poder unirse para enfrentar a un adversario sumamente poderoso, impulsado por la intolerancia y con una estrategia de comunicación basada en el enojo, deberán demostrar una narrativa esencial de la política en Estados Unidos y en palabras de Abraham Lincoln: “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra”.

La justicia necesaria

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En días recientes y por todos los medios de comunicación así como redes sociales, se habló y analizó el paquete de iniciativas en materia de Justicia del Fiscal General de la República, la Consejería Jurídica y el Senador Ricardo Monreal. Esta supuesta iniciativa filtrada a medios de comunicación, fue sumamente criticada por académicos, especialistas y analistas debido a su contenido que iba en sentido contrario al nuevo sistema de justicia penal del año 2008, la reforma en 2011 en materia de derechos humanos, y su naturaleza de respeto a los derechos humanos de todas las personas (partes) involucradas  en el proceso de justicia. Sin la intención que analizar a profundidad dicho paquete de iniciativas, la realidad es que este hecho abrió la puerta para discutir y reflexionar sobre una situación de trascendencia y relevancia para nuestro país: el sistema de justicia mexicano.

En esencia, un sistema de justicia es un factor determinante para la consolidación del Estado de Derecho, instituciones y una vida democrática ,  generando una mayor satisfacción confianza y educación ciudadana con los aparatos del Estado; en ese sentido, si verdaderamente queremos combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, tenemos que apostarle a transformar nuestro sistema de  procuración de impartición de justicia. Sin embargo, una modificación tan ambiciosa y con  una  supuesta de  intención de cambiar las cosas de fondo, obliga a incluir a los diversos actores involucrados como Universidades, activistas, Centros de Investigación, Colegios Profesionales, el mismo Poder Judicial, etc, cuyas opiniones y aportaciones son necesarias y fundamentales para realizar una reforma integral. En segundo término, hay que entender la realidad social para conocer los flagelos del sistema judicial.

De acuerdo con la organización World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 2019, México ocupa el puesto 99 de 126 países evaluados, lo que representa una caída de 2 posiciones en comparación con las evaluaciones 2017-2018; siguiendo el mismo Índice, una de las mayores preocupaciones de la organización, es el deterioro general del Estado de Derecho y  los controles al poder gubernamental. Los datos anteriores resultan alarmantes, ya que el apego a la ley y a las arbitrariedades del poder, son imperativos para poder soluciones los problemas de la sociedad. Como afirmar una destacada constitucionalista : “la justicia es un instrumento de pacificación”, y en esa lógica, debemos fortalecer estos mecanismos de pacificación cotidiana o extraordinaria. También, existen temas urgentes como el expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en México el 98% de de los delitos permanecen en total impunidad, lo que reduce la confianza de los ciudadanos con los aparatos del Estado, incrementaron aún más la cifra negra de delitos no denunciados, generando un circulo vicioso de injusticia sistemática. De igual manera, para aquellos dentro del sistema penitenciario, existe una violación sistemática del debido proceso y  presunción de inocencia, así como otros  derechos humanos, ya que en el 2016, el 35% de las personas en cárceles no ha sido sentenciado . Sumando los datos anteriores, vemos que en nuestro país solo se resuelven el 5% de los homicidios y 5 condenas por cada 100 víctimas. Vemos que realmente existe un  sistema deficiente, cuando la alta carga de casos en los Ministerios Públicos llega a ser inquietante cuando en lugares como en Guerrero cada fiscal tiene 900 casos pendientes y en términos generales son 102 crímenes sin respuesta por cada policía de investigación; lo que nos hace afirmar que “esclarecer un homicidio en México es una excepción y no una regla” en donde somos el penúltimo lugar (58 de 59) de países evaluados en impunidad en torno a seguridad, justicia y derechos humanos. Cómo podemos ver analizando datos generales y de una fracción del universo de problemas relacionados al comportamiento del aparato de justicia mexicano, estamos pasando una crisis identificada y urgente. Por ello, resulta ser de toda trascendencia, sin embargo, necesitamos abordarlo desde la realidad y no de la realidad política. En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni en el Senado de la República: “Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca nos hemos propuesto seriamente derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza y exclusión. Una cuestión tan básica como darles abogados a quienes no pueden pagar uno ha sido, hasta ahora, un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante. Una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición un sociedad desigual”.