¿Nuevos tiempos del Poder Judicial?

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La autodenominada Cuarta Transformación, a pesar de sus aciertos o desaciertos, ha desencadenado una serie de debates o nuevas reflexiones sobre la concepción de diversos hechos, instituciones y posicionamientos. En el imaginario colectivo, así como la comentocracia y sujetos políticos, hemos entrado en una nueva dinámica de preguntarnos y cuestionarnos si verdaderamente nuestro Estado funciona como debería o como se establece en la constitución, leyes o conforme a las necesidades sociales. Una de esas interesantes nuevas reflexiones, tiene que ver con el Poder Judicial, en específico, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su papel en el Estado-Moderno. A lo anterior, me refiero a las nuevas dinámicas en cómo se relacionan y accionan las instituciones públicas, el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad moderna con sus nuevas exigencias. 

Este repensar respecto al papel de la Corte, tienen como origen la renuncia de Medina Mora como Ministro, y la serie de comentarios, injerencias, acusaciones y advertencias sobre la autonomía e independencia de nuestro máximo tribunal respecto con otros poderes públicos. En algo sin precedentes y ante el panorama crítico, el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, utilizó las redes sociales para declarar que el Poder Judicial Mexicano no debe ser oposición sino contrapeso, y que dichos términos no pueden confundirse, ya que “la Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos”, y remató contundentemente: “los contrapesos deben estar en el Congreso”. 

La declaración del Ministro Presidente, generó una serie de controversias que podemos resumir en dos posiciones principales; para cierto grupo de personas, la Corte debe y es un contrapoder del Ejecutivo y Legislativo, y otro grupo que coincide con el Dr. Arturo Zaldívar. El declaración no coincide plenamente con los postulados básicos de los tres poder establecido por Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes”,  ya que desde la concepción del filósofo político, en todos los Estados se encuentran tres poderes (los antes mencionados) porque “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan en reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas al mismo modo”. En términos sencillos, debe de existir un poder dividido y no concentrado. En otro plano, Alexis de Tocqueville en “La Democracia en America” analizó la naciente y joven democracia estadounidense, en dicha obra dice que “la mayor dificultad no era saber cómo se iba a constituir el gobierno federal, sino como obedecerían las leyes”. Desde la perspectiva de Tocqueville la teoría debería llevarse a la práctica, por ello, necesitaron constituir un poder judicial independiente, ya que  “en los jueces descansa incesantemente la paz, la prosperidad y la existencia misma de la Unión, sin ellos, la Constitución es letra muerta” y en ese sentido, hacen un ejercicio de defensa de la constitución y del poder público. 

A pesar de todo lo anterior, lo que expresa el Ministro Presidente es también cierto, la Corte no es oposición, ya que no debe estar en constante conflicto de los demás poderes, sino accionarse cuando dichos entes han vulnerado la constitución, y en cambio, si pensamos que el Poder Judicial es oposición, se traduce en una dinámica repetitiva de oponerse, lo cual no es así. Lo que no está en debate, es la necesidad de consolidar una Corte y Poder Judicial independiente y separado del poder político. Sin duda, son tiempos complejos en los cuales estaremos en un continuo análisis de hasta lo que creíamos que era y no es. Cómo alguna vez escribió John Adams: “el Ejecutivo nunca ejercerá los poderes legislativo y judicial o uno de ambos, a fin de que sea un gobierno de leyes, y no de hombres”. 

¿Sigma o hecho anunciado?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad judicial y nuestro Tribunal Constitucional. Desde la concepción de Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu, cuando en 1748 publica su conocida obra “Del Espíritu de las leyes”, donde vislumbra y contempla la separación de poderes. Charles decía que “si no estuviera separado el poder, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos[…]”. En ese sentido, la SCJN ha tenido un largo, difícil y complejo recorrido para consolidarse lo que es en estos momentos. En días recientes, el Ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Corte, el cual hubiera concluido en el año 2030. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, de un lado están aquellos que gritan y aluden a una crisis dentro de la Corte; y por otro lado, aquellos que mencionan que el Ministro Medina Mora era un persona con un pasado denunciable y un presente aún peor, por lo cual no debe tomarnos por sorpresa este hecho. 

Podemos especular respecto al motivo del Ministro para renunciar a su cargo, sin embargo, ya que conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución, la renuncia de un ministro sólo es procedente por “causas graves” y debe enviarse al Presidente de la República para que, en su caso, acepte o niegue dicha renuncia. Sin embargo, el motivo de fondo que la opinión pública y la mayoría de los analistas atribuye a este hecho sin precedentes, es la columna de opinión escrita por Salvador García Soto y publicada en El Universal el 5 de mayo de este año. En dicha columna, el periodista hace publico un reporte de la National Crime Agency (Agencia Nacional del Delito) del Gobierno del Reino Unido, en donde detectan una actividad sospechosa respecto a “transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro Medina Mora, en el Banco HSBC del Reino Unido de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que fueron depositados en los últimos 2 años”. También, el periodista hace mención al Reporte emitido por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos el cual “documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años”:  

El tema generó en su momento tal nivel de controversia, que desde el Congreso de la Unión se tomaron tribuna por diversos legisladores para solicitar que el Ministro aclare dichos señalamientos. Lo cierto, es que estamos ante un hecho sin precedentes desde la reforma de 1994 que crea a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. El único registro conocido fue en 1989 con el retiro voluntario del entonces Ministro Ernesto Díaz Infante por “motivos de salud”, sin embargo, estaba involucrado por la prensa en temas de corrupción.  

Si bien, el tema del Ministro y su desempeño como servidor público es en sí mismo un tema, los motivos de su renuncia otro y independencia del Poder Judicial de la Federación otro. El Presidente de la SCJN, el Ministro Arturo Zaldívar, tuiteó de manera inmediata a este hecho, que “la SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos todas y todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad”, y en ese sentido debemos dirigir la discusión. Es equívoco pensar que la renunciar de Medina Mora es una influencia del Ejecutivo para cooptar, secuestrar o influir el máximo tribunal, ya que el pasado y desarrollo profesional de este personaje eran una carga que restaba credibilidad a la Corte, y que renuncia alguien que nunca debió llegar. Y de igual manera, este hecho se da en un contexto judicial interno en el cual el actual Presidente Zaldívar, tiene una política frontal contra la corrupción y los conflicto al interior del Poder Judicial, y por ello existe una probabilidad que la presión de su dimisión viniera desde dentro de la institución y no de fuera. 

Es de celebrar que el origen del debate respecto a este hecho, es porque en México estamos entendiendo, comprendiendo y asimilando el importante e imperativo papel que la SCJN tiene en el desarrollo jurídico, institucional, constitucional y democrático en toda nuestra vida pública. Pero como escriben Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre en The Washington Post el 4 de octubre: “Se trata no sólo de la primera renuncia de este tipo en 25 años en México, sino también de la dimisión de un político poderoso que abre la puerta a una reconfiguración del tribunal constitucional mexicano”. El proceso de designación de Ministros de la Corte como está estipulado en el artículo 96 constitucional, en el cual establece que el Presidente enviará al Senado una terna de donde se designará a un candidato, como hemos sido testigos (incluso con el proceso para designar a Medina Mora), es un proceso jurídico y político para designar a los miembros de la Corte que no es lo suficientemente estricto, que permita la contradicción y un escrutinio profundo, que tenga como consecuencia que el candidato designado por el Senado sea el idóneo y se procure la independencia e imparcialidad de la SCJN. Es evidente que los ojos estarán centrados en el Senado y en la terna que envié el Presidente Lopez Obrador para llenar la vacante, y será una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. 

Yucatán, transgénicos y la Suprema Corte

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Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió una Controversia Constitucional (233/2016) que promovió el Gobierno de Enrique Peña Nieto al Decreto 418/2016 emitido por el Gobernador Rolando Zapata, en el cual decretó al Estado de Yucatán como una “zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”. Antes que nada, debemos entender que un Organismo Genéticamente Modificado o conocido por sus siglas como OGM, es como su nombre menciona, un “organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o recombinación natural” (Schaper Marianne y Parada Soledad, 2001, pág. 8) o desde un aspecto jurídico, como menciona la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados:  “cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna”. Podemos apreciar desde una primera revisión, que los OGM son parte del avance e impacto tecnológico en el desarrollo, sin embargo, existe un extenso y complejo debate en torno a este fenómeno moderno. Si bien, existen beneficios en su uso como el producir cultivos resistentes a plagas y virus así como una mejora alimenticia, desde el aspecto social, se ha visto una dinámica empresarial peligrosa en donde existen casos documentados en los cuales se han violado de manera sistemática los derechos humanos de los pueblos originarios en la adquisición de los terrenos para el uso de cultivo, así como “procesos de monopolización que llevan hacia una concentración de actividades agroempresariales en manos de pocas empresas transnacionales[…]”(Oswald Úrsula, 2001). 

Independientemente de la discusión de fondo, la SCJN en dicha determinación invalidó el Decreto haciendo un análisis desde la competencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nuestro máximo tribunal estableció que la regulación en la materia de alimentos de esta naturaleza, pertenece a la Federación, debido a que la ley reguladora de los OGMs, establece explícitamente a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural como la autoridad responsable y ente obligado para poder involucrarse en toda la operatividad en las actividades que involucren a estos organismos. En ese sentido, las entidades federativas no pueden legislar en la materia argumentado desde una perspectiva del sistema federal, la distribución de competencias y que “ni constitucional ni legalmente pueda sostenerse que el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán tiene facultades conferidas expresamente para declarar zonas libres de organismos genéticamente modificados”. Aunado a esto, la Controversia resuelta por la Corte exhorta a la autoridad federal “para que dé respuesta a las solicitudes presentadas por diversas comunidades del Estado de Yucatán en relación con el establecimiento de zonas libres de OGMs”. Cabe mencionar, que la Ministra Piña Hernández expuso un argumento sumamente importante, haciendo referencia a  que la protección del medio ambiente y la salubridad es una competencia concurrente, lo cual significa que existe la facultad de ser regulada tanto a nivel federal como local. 

Sin duda alguna, el tono con el cual la SCJN resolvió el asunto tuvo un efecto de no entrarle a un estudio de fondo del tema y resolver respecto a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes que envuelven a dichos organismos, pudiendo ser una oportunidad perdida para delimitar las acciones estatales en estos temas. Podríamos especular en el porqué, pero es claro que desde nuestra trinchera local debemos apostar a escuchar y atender las demandas de las personas afectadas por cualquier practica que involucre los OGMs sin introducirnos a un falso debate político o ideológico. Como dijo la activista Greta Thunberg: “quizás los políticos no tienen la suficiente madurez para entenderlo”

Amnistía en México y su futuro

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“La justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las injusticias[…]” – Louise Arbour, Ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos

El pasado 16 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados, la iniciativa para crear una Ley de Amnistía en nuestro país. Si bien, este hecho se puede ubicar desde la campaña, cuando el entonces candidato mencionó por primera vez dicha propuesta, ahora podemos analizar con detalle las características de la ahora iniciativa, que tiene como panorama general, la violencia en México y sus víctimas indirectas.  Dentro de la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Ejecutivo tiene como principal sujeto a los grupos vulnerables, identificados especialmente para efectos de esa Ley, a las mujeres, jóvenes y personas indígenas. De igual manera, se hace referencia a un hecho histórico, cuando en 1810,  Don Miguel Hidalgo y Costilla liberó presos de la cárcel de Dolores, Hidalgo para que se unieran al movimiento independentista. Se puede vislumbrar, que el origen de la iniciativa está relacionado a un fenómeno vislumbrado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el cual refleja que la mayoría de delitos cometidos en el paìs son del fuero común, o sea, delitos simples, y al existir un panorama general de violencia y desigualdad, el sistema de justicia debe adaptarse en medida para brindar prerrogativas para  todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo y cabe recalcar, que los beneficios de esta iniciativa no serán para personas reincidentes, o aquellas que hayan cometido un delito grave (estipulados en el artículo. 19 constitucional) . 

Antes que nada, debemos entender que Amnistía es una “forma de perdón general otorgada por el Poder Legislativo”(Antemate Mendoza Ángel, 2018), sin embargo, no se traduce esto en una impunidad, ya que la figura entiende la dinámica del origen de estos delitos, que puede ser un conflicto en específico o una situación de desigualdad. Esto no es algo nuevo en nuestro país, ya que desde 1994 el presidente Carlos Salinas propuso una Ley de Amnistía dirigida a aquellas personas involucradas en el levantamiento zapatista del EZLN en Chiapas, y anterior a esa  se dio en 1978 por López Portillo durante la guerra sucia. Es importante precisar a quienes va dirigida la iniciativa de Ley: para aquellas mujeres (e incluso médicos) que hayan sido sentenciados por el delito de aborto; aquellos que fueron obligados por la pobreza, discriminación o exclusión a pertenecer al crimen organizado, como por ejemplo los agricultores que trabajaban forzosamente en plantíos de marihuana, amapola, etc.; a quienes no contaron con traductor y pertenecen a una etnia; los que cometieron robo simple sin violencia, como aquellos que robaron comida para poder comer; personas consumidoras de narcóticos que hayan sido detenidos por posesión con cantidades superiores a dos veces la cantidad máxima, y también  tiene delitos de orden político como sedición. La autoridad que tendrá la facultad de aplicar esta ley, será la Fiscalía General de la República. 

Esta iniciativa, pertenece a un fenómeno denominado “justicia tradicional”, que podemos entender como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la conciliación”(Naciones Unidas Derechos Humanos, Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2014). En ese entendido, puede funcionar como una opción para aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados. Incluso, en un documento de la CNDH y el CIDE en 2018, ya identificaban que estos mecanismos deben ser urgentes en un Estado donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Sin duda, el Legislativo tiene una tarea importante para afinar detalles dentro del sistema de justicia penal, para que esta iniciativa pueda ser completamente funcional. Los temas de presupuesto en materia de seguridad y justicia deben ser parte obligada de la discusión legislativa, y podría ser un momento histórico en México para revisar la injusticia y dolor que muchas personas han sufrido.

¿Está muriendo la izquierda “tradicional”?

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El siglo XX fue un episodio importante para la izquierda en el sureste, y en específico para Yucatán. Los congresos socialistas, obreros y feministas, son ejemplo del tinte progresista de la época y la serie de movimientos sociales y políticos con un génesis en temas preponderantemente de izquierda política de aquel siglo. La izquierda poseía en naturaleza, una afiliación a los temas sociales, pero sabía que desde su poca incidencia era imperativo el construir puentes con aquellas que no pensaban como ellos. 

El inicio del siglo XX, con los gobiernos de Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto, fue sustancial para entender el actual comportamiento público de muchas instituciones jurídicas y el intento de una estrategia social para la clase trabajadora y los pueblos originarios. Desde una perspectiva del positivismo jurídico, las reformas respecto a la tenencia de tierras, los derechos civiles y políticos, la inclusión del pueblo maya en las decisiones de gobierno y una serie de comportamientos institucionales, son ejemplo directo de la profunda presencia de la izquierda en los aparatos de gobierno y como corriente preponderante en el ámbito político de la época. De igual manera, medios de comunicación como la Revista Tierra y el periódico La Voz de la Revolución, también ejemplifican la presencia de líderes y personajes de izquierda en los diferentes ámbitos del acontecer social.

El ímpetu reformista de la época nos hace afirmar que el temprano siglo XX yucateco es donde se nace, se consolida y hace efectivo el liderazgo de la izquierda política en Yucatán. Ante la revisión somera del pasado yucateco, surge la pregunta ¿qué sucedió con la izquierda en Yucatán que presentaba lo mejor del movimiento de la época?

La historia es dinámica y en ese ejercicio se perdió el proyecto y aquellas deudas históricas que tiene izquierda con distintos sectores. Los personajes y movimientos socialistas se fueron poco a poco a la clandestinidad de lo político. Si bien no podemos afirmar que se quedaron al margen de lo público, ya que surgieron pequeños episodios y personajes que mantuvieron un fuego vivo, aún sigue, aunque podemos decir que está muriendo. La presencia de partidos políticos afines a la izquierda, como el PRD o Morena, no necesariamente se han traducido en la instauración de un proyecto socialdemócrata o social. La bandera los derechos sociales y los derechos del pueblo maya, así como el feminismo, la igualdad de derechos o temas sociales en general, ha sido tomada por la superficialidad de la clase política actual.

La izquierda se ha refugiado no en la acción política, sino en el sueño de la intelectualidad pasiva y en pocas organizaciones civiles. La socialdemocracia vive sólo en la mente de aquellos que la simpatizan, y vive lejana del actuar político de los liderazgos contemporáneos. El panorama local actual al igual que el federal están estrechamente relacionados. La izquierda podrá decir que gobierna desde Palacio Nacional, sin embargo, su comportamiento actual está lejos de ser igual que en los años dorados. 

¿La (Des) Esperanza de México?

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Escribo estas líneas desde la perspectiva de un ciudadano (más) atento a la cosa pública del país. Y es que en vísperas del Primer (o Tercer) Informe del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, la reflexión, autocrítica y conciliación, son esenciales para conducir la política contemporánea a buen puerto. Como muchos otros, la narrativa de campaña de nuestro ahora Presidente, me convenció y también generó inquietudes respecto a su comportamiento con sus contrincantes. Creo, sinceramente, que nuestro país está transitando por terrenos que pueden reconstruir lo perdido o destruir lo ganado. Porque el “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, son en mi parecer, sumamente fundamentales; pero creo, que existen aristas donde la falta de autocrítica está cegando a aquellos que prometieron ser diferentes a los indolentes, a los indiferentes, a los autoritarios. 

Escribo desde una naciente preocupación ante episodios que son intentos, a mi parecer, de elaborar un nuevo juego político bajo nuevas reglas, que beneficiarían sólo a los incondicionales del poder actual, sin embargo, el argumento de aquellos a favor es la construcción de un nuevo régimen político que abone a la joven democracia mexicana. Pero tenemos sucesos que nos generan una preocupación sobre focos rojos de la falta de principios democráticos de aquellos que dicen defenderla; sucesos como la Ley Bonilla en Baja California que intenta prolongar el periodo del Gobernador Electo Jaime Bonilla; el intento de permanencia de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; los calificativos a la prensa crítica a su gobierno; le remoción del Fiscal General del Estado de Veracruz por parte de la Comisión Permanente del Congreso Local, sin atender a lo estipulado en la Constitución y en la Ley; la voracidad de MORENA en Quintana Roo en donde la mayoría legislativa en el Congreso Quintanarroense aplicó una Ley sin vigencia pero a modo, para mantener control de la Presidencia; y ejemplo tras ejemplo de lo que a todas luces, es un intento deliberado de tener un entramado jurídico y político a modo, y tiene que ver con que uno de los límites que no se deben cruzar, es  modificar las reglas para evitar que exista un cambio o transición, apostando a la permanencia en el poder, y ello tiene una naturaleza autoritaria que va en contra del génesis del mismo movimiento que ahora ostenta el poder. 

Escribo con la intención de incitar la autocrítica de las personas afines a la Cuarta Transformación; escribo desde la estridencia y el apoyo para tener una verdadera transformación, porque nos urge, porque no tenemos más tiempo, porque vivir una verdadera democracia en México no se puede postergar aún más. Yo no quiero a un presidente omnipresente en la vida política, sino un presidente que sea intransigente con lo autoritario y lo antidemocrático. Porque celebro que ahora vayan primero los pobres, pero también es importante no caer en contradicciones al implementar la agenda social. Escribo desde la esperanza que prometió ser el Movimiento de Regeneración Nacional y el Presidente Andrés Manuel; escribo desde la intención de revirar y llegar a la tierra prometida. 

Oposición en la Cuarta Transformación

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Llegó el día del Presidente; un informe presidencial esperado, añorado por aquellos afines al movimiento, y despreciado por aquellos que han criticado sin éxito al líder de la 4T. Sin embargo, durante este episodio importante donde el Ejecutivo Federal y sus acciones estarán bajo el escrutinio generalizado, creo que existe una importancia similar en analizar a aquellos cuya responsabilidad democrática ha sido el funcionar como una supuesta oposición y contrapeso en los tiempos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  Antes que nada, debemos desentrañar dos tópicos distintos: Una cosa es ser oposición y otra es fungir como contrapeso, que si bien, tienen una relación simbiótica y orgánica, el segundo es consecuencia del primero y poseen dos funciones distintas dentro de la dinámica democrática. La oposición “es siempre una parcela del poder político, es su contraparte lógica, su complemento y no sólo su contradicción” (Loaeza Soledad, 2016) y esta definición es sumamente interesante, ya que existe la idea de que la oposición solo es aquella que como su nombre lo dice, se opone a absolutamente todo, pero en una democracia sana debe ser todo lo contrario, ya que, desde la crítica y el paralelismo, construye al igual que la mayoría (política) pero desde una visión distinta. Una oposición fuerte surge desde la pluralidad ideológica y social, sin embargo, tampoco puede convertirse en un ánimo de civilidad política, al no ejercer su responsabilidad de contrapeso, y es ahí donde nos tenemos que trasladar al otro punto importante de este texto. Una de las herencias de la democracia inglesa de 1688, fueron los contrapesos democráticos. Para un funcionamiento eficiente de un sistema de gobierno, sobretodo, uno democrático, deben existir mecanismos para ejercer un poder distinto y con naturaleza complementaria y crítica, ello para evitar un poder absoluto que trasgreda nuestra frágil democracia y estado de derecho. 

¿A qué voy con todo lo anterior? Bueno, es importante reconocer las características de la oposición y los contrapesos, porque podemos evaluarlo con nuestra realidad actual. Algo muy claro, es que la mayor oposición en los tiempos de la cuarta transformación, proviene de ella misma. Las renuncias de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, entre otros, son parte de esta afirmación. Los pronunciamientos que estos personajes realizaron al momento de su renuncia, fueron grandes y profundas críticas a la administración de López Obrador y sus decisiones. El impacto que generaron cada una de esas críticas al gobierno, tuvieron un impacto mediático e influenciaron de manera considerable en el imaginario colectivo, teniendo como resultado una serie de comentarios negativos en medios de comunicación, lo cual ocasionó que la administración tuviera que realizar maniobras de contención del impacto y revirar en ciertas políticas. Sin embargo, y durante este informe de gobierno, el gran ausente fue la oposición. Esa oposición constructiva e inteligente; una oposición que sea capaz de la negociación, pero ejercer la confrontación (en sentido cívico y político) cuando sea necesaria. Porque lo único que hemos visto como oposición en los Tiempos de la Cuarta Transformación, ha sido la misma Cuarta Transformación y no ha habido otra exterior, pero una oposición a modo no es la respuesta. Como dice Luis Rubio (2011) “la ausencia de contrapesos protege al statu quo y paraliza al país”, y estamos en un país donde se debe transitar de lo simbólico a lo real. Si queremos trasladarnos a una verdadera democracia, los partidos que hoy son oposición, deben aprender a serlo, porque como plantea Giovanni Sartori en 1980, existe una confusión democrática porque idealizamos esta forma de gobierno, pero no vivimos completamente sus postulados básicos. Justamente eso necesitamos hoy más que nunca, una oposición que no sólo se oponga, sino que aprenda a hacerlo y sobretodo que sepa construir. En palabras de Alexis de Tocqueville: “los problemas de la democracia se resuelven con más democracia” y la oposición es parte de ello. 

reneramirezbenitez@gmail.com 

¿Indignados por la indignación?

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Las redes sociales se convierten nuevamente en la arena de la discusión pública del país, en ese lugar donde se indignan con los indignados, ya sea por su forma de indignarse o por no indignarse lo suficiente. En esa ocasión, el debate nacional está centrado en la violencia que vive la mujer en México; el génesis de esta ola de exigencias se produce después de diversas denuncias contra la policía de la Ciudad de México, ya que de acuerdo con diversos colectivos feministas, el 10 de julio una mujer de 27 años fue violada por agentes de dicha institución de seguridad en el Centro Histórico de la Capital del país, también una adolescente de 17 años que fue agredida el pasado 3 de agosto y el 8 del mismo mes un policía abusó de una menor en el Museo Archivo de la Fotografía. Ello desembocó el odio nacional, lo que provocó la protesta, la indignación, la rabia, el enojo justificado y el grito necesitado de seguridad. A principios del siglo XX, Simone de Beauvoir escribió que “el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres”, y no podía estar tan vigente. Ellas salieron a las calles de dibujar la verdad; salieron al tenor de las 114 menores de edad asesinadas en México. Gritaron y corearon al tono de las 1,119 mujeres que perdieron la vida a manos de la violencia machista, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana. Salieron en honor a las que ya no están, y por las que quieren que estén, que no se lleven. Salieron, porque en los últimos 4 años, el feminicidio aumentó en un 97%. Gritaron y consignaron porque en nuestro país, el simple hecho de ser mujer, es mortífero. Salieron por la impunidad que las acalla, que las ata, que las victimiza una y otra vez. Salieron para denunciar que no tienen miedo, y decir ya basta. Salieron porque Rubí no pudo, porque el 7 de septiembre del 2012, Fernanda Rubí no llegó a casa en Orizaba, Veracruz, y como dolosamente mencionó la autoridad “se la llevaron por bonita”. 

En todo el país, tuvieron que salir no por gusto sino por necesidad; tuvieron que marchar y exigir porque las autoridades no lo harán por ellas. Y lamentablemente, el debate se ha centrado no en la violencia generalizada y sistemática que viven las mujeres en México, sino en la manera en que se hicieron escuchar. La forma en la que se llevaron a cabo las protestas para exigir respeto y combate a la violencia contra la mujer, se generaron por el silencio, la complicidad, la indiferencia, la impunidad, y la cotidianidad en la dolosamente viven. En este país, asesinan, torturan, violan, discriminan, y desprestigian a la mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Nos parece violenta su forma de protestar? Es consecuencia de la realidad en la que viven día con día. No comparto ciertas formas, pero los extremos de los fuimos testigos tampoco representan todo el movimiento, pero en ningún sentido lo condeno. ¿Por qué? Porque es mucho más condenable el contexto de violencia que vive la mujer. Yo escribo y vivo desde el horrible privilegio de ser hombre en México, pero hablo desde la necesidad de reformar a nuestra sociedad y sobre todo, a mí mismo. Ojalá y estemos viviendo un nuevo capítulo en nuestra vida pública, pero debemos entender que educar es lo más importante y lo que durará a largo plazo. La empatía y el dialogo serán fundamentales en los próximos días y debates. ¡Se va a caer! ¡Sí se va caer! pero también tenemos que construir algo nuevo.

Suprema Corte, Cannabis y Salud

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La cannabis sativa es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas biológicas, psicológicas, médicas y antropológicas, sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente (Ex Secretario de Salud y Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias) “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia” y es en ese sentido de eliminar estigmas, donde debemos ubicar el análisis y discusión en favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta los diferentes productos como la marihuana. 

Lo anterior viene a colación y a manera de introducción, ya que la semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el Amparo en Revisión 57/2019 la cual es una sentencia que va a situarse como de las más relevantes en los últimos años y marca un episodio importante respecto al uso medicinal de la marihuana en México. El caso se trata de una familia, cuyo hijo necesitaba urgentemente un tratamiento médico basado en dicha planta ya que posee a un diagnóstico de epilepsia, sin embargo, en el Congreso Federal el 20 de junio de 2017, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que permite que productos derivados de la marihuana, puedan ser usado con fines médicos, pero el Legislativo fue omiso al vencer el plazo de 180 días para emitir una legislación que facilite y permita las modificaciones hechas a la LGS. La sentencia en innovadora en muchos sentidos, ya que encuentra que la omisión de las autoridades en emitir legislación secundaria de la materia, atenta contra el derecho a la salud, y como el caso en el que se centra en un menor, de igual manera encuentra una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En dicha sentencia, la Corte sostiene que “el Estado tiene la obligación de asegurar el más alto nivel posible de salud de las personas” y además “destaca que el interés superior de la niñez (en este caso), no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, también implica la asignación de recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral, pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho se encontraría limitado”. Ello resulta interesante, al observar que nuestro máximo tribunal ahora tiene una labor más cercana y concreta a la hora de establecer directrices y principios en temas de políticas públicas específicas. 

Como podemos observar, esta sentencia tiene el mismo ánimo que las emitidas desde noviembre del 2015, en donde la Primera Sala de la SCJN, determinó que el uso recreativo de la marihuana “encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional” (Zaldívar Arturo, 2015). Es claro que estamos viendo un tema sumamente imperativo para nuestro sistema de salud y los tratamientos alternativos de diversas patologías, y como tema pendiente, la sentencia no es clara respecto a la generación y distribución de la marihuana, por lo cual todavía tenemos mucho que analizar, en palabras de Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”, y en ese tenor, las autoridades políticas y jurídicas deben entender los nuevos fenómenos en materia de salud. 

¿Por qué la reforma en Baja California resulta inconstitucional?

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El debate público nacional se ha centrado últimamente en una cuestionable decisión tomada por un Congreso Local, mismo que ha encendido las alarmas al respeto a los límites del pacto federal y los controles constitucionales al poder político. El Diputado Víctor Manuel Morán, propuso al Congreso de Baja California, una reforma que amplía el mandato constitucional del gobernador electo, Jaime Bonilla, para transitar de una administración de 2 años a 5. Con el voto de 21 diputados a favor, dicha reforma ha sido avalada incluso por 3 ayuntamientos, a excepción de Tijuana y Mexicali. Si bien, existe la probabilidad de que el actual gobernador de la entidad, Francisco Vega, no promulgue dicha reforma, el Pleno del Congreso puede publicarla en el Diario Oficial Local como una contramedida ante la negativa del ejecutivo estatal. Independientemente de las aristas políticas de esta modificación, en medios de comunicación, distintos académicos y analistas han calificado a dicha reforma como inconstitucional, sin embargo, y haciendo a un lado la obviedad, favoreciendo de antemano el debate y análisis, existe una pregunta importante: ¿Por qué la reforma en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo tiene una naturaleza inconstitucional?

Si bien, la misma pregunta podría parecernos sobrada, es necesario encontrar los puntos jurídicos precisos para declarar que esta reforma efectivamente posee dicha categoría. La modificación no era nueva, el antecedente de esta situación se dio en el Tribunal Electoral de Baja California, el cual  ordenó la inaplicación del decreto No. 112 de la Constitución local, lo que traería como efecto la ampliación del mandato del gobernador a 5 años, sin embargo,  dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC2272019. Al ser cosa juzgada en el aspecto Judicial-Electoral, el debate pasó al Poder Legislativo, presentándose un proyecto de reforma. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, era el disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral, y ampliando el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal. Otro de los argumentos en la exposición de motivos de dicha iniciativa, recae en la facultad de los estados en legislar materia electoral; otro es el volumen de votos con el que fue electo, ya que “si la ciudadanía eligió un opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernar únicamente por 2 años”, y también, esgrimieron que 2 años no son suficientes para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de gobierno. Respecto al contexto del periodo corto, debemos recordar que las autoridades electorales, impulsaron una reforma para homologar y empatar los calendarios electorales y  lograr tener de esta manera, una elección constitucional y una intermedia como sucede en Estados Unidos, el cual sí garantiza un ahorro presupuestal. Es por ello, que la convocatoria electoral de Baja California tiene un origen de temporalidad de 2 años. En primer término, la medida es desproporcionada al supuesto beneficio, ya que la planteada economía, en visión del legislador proponente, tiene un mayor valor que la voluntad popular. Desde un punto de vista axiológico-político, ampliar de esta manera el mandado constitucional de un gobernador electo es modificar los términos y condiciones por los cuales se llevó a cabo la elección, ya que dicho electorado tenía un conocimiento previo de la duración del mandato por el cual los partidos políticos propusieron candidatos, y en ese sentido se está violentado la voluntad popular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, y como podemos ver, el Congreso de Baja California no respetó lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la SCJN.  El artículo 105 en su fracción II de la CPEUM, menciona que, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformas las leyes electorales locales, estas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones. Continuando con el tema de la prórroga, la SCJN en el 2007 estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso, y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.  

Como podemos apreciar, los argumentos sobran para categorizar esta reforma de inconstitucional, sin embargo, estamos a la expectativa de ver el actuar de los diferentes mecanismos constitucionales de control político. En efecto, uno de dichos controles republicanos del poder es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política. Este debe ser un ejemplo de lo dispuesto por Montesquieu de que “por disposición de las cosas, el poder detiene al poder”, y es en esa lógica, que las instituciones pertinentes deben accionarse contra esta medida. En días recientes, la SCJN desechó dos demandas de controversia constitucional en contra de la reforma aprobada por el Congreso Local, presentadas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, por “notoria y manifiesta improcedencia” debido a que la reforma no ha sido publicada aún en el Diario Oficial Local, por lo cual no es derecho positivo impugnable por el momento. 

Otro argumento que han presentado en medios de comunicación los defensores de dicha reforma, es que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California. Sin embargo, las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la CPEUM, y ello no vulnera el Pacto Federal, al contrario, estipulando limites se fortalece, y al violar dichos límites, se está vulnerando la máxima disposición normativa del país, ya que todos los poderes locales (ejecutivo, legislativo y judicial) también son regulados por la constitución federal. 

Levitsky y Ziblatt mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender la constitución, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances instituciones y la debida defensa de la constitución.