¿Quién les dijo que nos podían matar?

Paola, Alessa, Itzel, Laura, Krizana, Tania, Alma, Dulce, y por lo menos una mujer transexual cada tres días es asesinada. Algunas murieron por impacto de bala, otras por asfixia, tortura y/ o violación, golpes, entre otras maneras atroces de terminar con la vida de una persona.

Sus muertes han sido documentadas o investigadas por diferentes periodistas, activistas, y organizaciones civiles, pero hasta el momento no han sido investigadas y sancionadas por alguna autoridad.

Juan Pablo Proal en su libro “Vivir en el cuerpo equivocado” cuenta la historia de Laura una mujer transexual dedicada al sexoservicio, la cual una noche estaba en espera de un cliente y en ese momento la rodearon dos coches. Desde el interior de los automóviles, unos jóvenes le dispararon dardos, otros se bajaron con tubos y la golpearon, la dejaron tan destrozada que, en sus propias palabras: “su cuerpo siente cuando un hombre le hará daño”.

Historias como estas las encontramos día a día: mujeres transexuales golpeadas, torturadas, denigradas, exhibidas y sobre todo asesinadas.

El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia en México (un concepto en construcción) 1995-2008 elaborado por Rodrigo Parrni y Alejandro Brito, señala por lo menos 80 homicidios cometidos en contra de personas transexuales en todo el país.

De Igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Violencia en Contra de la Comunidad LGBTI”, manifestó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, expresó su preocupación respecto a las cifras y la naturaleza cada vez más violenta de los delitos por prejuicio contra las personas LGBTI.

 




La organización de la sociedad civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., ha pronunciado en diversas ocasiones que en México se tiene registro por lo menos de 1,218 asesinatos cometidos en contra de la comunidad LGBTI. En el mismo sentido, el documento “Crímenes de Mujeres Trans en México: Invisibilidad = Impunidad” realizado por el Centro de Apoyo de las Identidades Trans expresa que la cifra haciende a 164 asesinatos de mujeres transexuales entre los años de 2007 y 2012, teniendo tendencia de ir a la alta.

En las últimas semanas se han visualizado los asesinatos de mujeres transexuales en el país, tan sólo un pequeño sector de la sociedad se ha llenado de indignación y conmoción, otro un poco más grande solo ha mostrado su constante indiferencia.

En lo personal yo sólo he podido externar mi impotencia, por vivir en un país en donde se mata la diferencia. En un país donde se están matando mujeres, y la sociedad no exige justicia.

 




Hace algunos meses comencé a despertar una gran inquietud sobre los crímenes cometidos por razones de género. Me cuestionaba ¿Si asesinan a una mujer transexual será feminicidio? Desate criticas y debates, la mayoría se oponía a mi cuestionamiento, y sobre todo me refutaban la cifras de mujeres transexuales que son asesinadas. Porque para algunas personas “las cifras no son suficientes” para considerar que existe un problema real. ¿Qué será más real que la muerte? Me preguntaba yo.

Algunos días leí a Estefanía Vela Barba en El Universal, su columna titulado “¿Qué será suficiente?” en la cual terminó con una frase que a mi parecer fue excelente: “Tenemos que demostrar que esto nos importa. Que nada justifica un feminicidio” refiriéndose al asesinato de Paola.

Ahora me cuestiono ¿Por qué razón vivo en ese país donde matar es justificado? ¿A caso es correcto marchar para denegar y limitar derechos? ¿Cuándo será el día que nos indignaremos por la violencia y la muerte de todo ser humano? Tenemos que dejar de justificar lo injustificable.

Al final todo se traduce en conductas sociales “normales”. Las tasa tan elevada de violencia de género, no es más que la reproducción de una sociedad intolerante y machista.

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LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA

Más que un insulto, se trató de una mirada condescendiente que mezcló pobreza, raza, e ignorancia. En una cena en casa, uno de los invitados se refirió despectivamente hacia los africanos. El comentario no duró cinco segundos, pero fue suficiente para que decidiera, en ese momento, que esa persona no volvería, pues no abalaría ni aprobaría, ni siendo ni dejando ser, el racismo en cualquiera de sus formas.

La decisión la tomé allá por 2002, y me hizo descubrir lo que luego llamé la “Paradoja de la Tolerancia”: la mejor forma de contribuir a la construcción de un mundo más tolerante, es denunciando pública y enérgicamente a los intolerantes, entre ellos, por supuesto, a los racistas.

Que no se malentienda: mi lucha es por un mundo más tolerante, y si existiera otra forma de contribuir activamente a ese ideal, la promovería. Hoy, retomo este tema en el contexto de la discusión sobre la familia diversa en México, y lo hago en dos partes: primero recuerdo algunos de los hechos que han acontecido recientemente al respecto; luego, golpeo en el Talón de Aquiles del movimiento.  

Los hechos

El 17 de mayo de 2016, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa federal conocida como de “matrimonio sin discriminación”. La misma busca modificar el primer párrafo del artículo 4 de la constitución, para garantizar que cualquier persona mayor de 18 años, residente en México, pueda casarse sin ser discriminada por cuestiones étnicas, de género, de discapacidad, por su condición social, su salud, su religión, o sus preferencias sexuales, entre otros.

También propuso un decreto para reformar el Código Civil Federal para asegurar el “matrimonio igualitario”. Algo de Pink Washing Político – estrategia marketing que consiste en mostrarse gay-friendly para ganar simpatía ante la opinión pública y desviar así la atención sobre otros problemas – hay en las iniciativas, pero igual, existen criterios jurídicos que obligan al gobierno a moverse en esa dirección.

 Por un lado, es innegable que existe discriminación entre los gays residentes en los estados en donde sí se reconoce el matrimonio igualitario (Campeche, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, y Quintana Roo), y en los que no.

México es una federación, y cada Estado posee un código civil que regula la cuestión del matrimonio. Pero el acceso a los derechos no puede ni debe variar en función del Estado de residencia. ¿Qué sucede con las parejas legalmente casadas en un Estado que se mudan a uno en donde su matrimonio no es válido?

Por el otro, la Resolución de Jurisprudencia 43 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (12/06/2015) señala que no es idóneo, en términos constitucionales, defender que la finalidad del matrimonio es la procreación.

Es entonces imposible vincular los requisitos del mismo a las preferencias sexuales, pues se excluyen injustificadamente del acceso al matrimonio (con ello se discrimina) a los gays. En los principios de igualdad ante la ley de las que se inspiran las sociedades modernas, la discriminación basada en la orientación sexual está prohibida.

Por lo tanto, ningún juez en México, incluso en un Estado en donde no se permite el matrimonio igualitario, puede negar ese derecho. En ambos casos, la acción del gobierno federal es pertinente y necesaria, y la misma deberá ser discutida en el congreso mexicano en un futuro cercano.

Ahora bien, a fines de agosto de 2016, la “Coordinadora Nacional Pro Familia” anunció que el movimiento mexicano contra el matrimonio gay, aglutinaba 250,000 firmas. Se advierte que la inclusión de la “ideología” de género en la educación de los niños y adolescentes, y la inclusión de México en la lista de países que desean promover esa “ideología” a nivel mundial, genera problemas.

Marcial Padilla, Director de la Asociación Conciencia y Participación, señaló que “la ideología de género es una forma de oponerse a la biología, donde el género de una persona se describe como un hombre o una mujer, sin embargo, con la nueva ideología se establece que los seres humanos son una entidad psíquica y pensante”.

Indica el movimiento que la sociedad debe saber que el gobierno federal planea entregar a niños en adopción a parejas del mismo sexo, incorporar el divorcio exprés, eliminar los exámenes prenupciales, y permitir el cambio legal de sexo a cualquier ciudadano.

Los que defendieron las manifestaciones adujeron que no se trataba de una actitud homofóbica, sino que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos y a incidir sobre el contenido de los libros de texto educativos. Al fin y al cabo, México es una democracia; el respeto a la diversidad, que tanto defienden los gays, debe ser una actitud que va en ambas direcciones, pues existe libertad de pensamiento.  

El pensamiento

Antes de continuar, desearía aclarar que “género” no es una ideología, sino un campo de estudios interdisciplinario académico-científico, compuesto por diversas corrientes teóricas, en donde se incluye, en efecto, estudios LGBT y, a veces, la sexualidad, pero en donde también se desarrollan estudios feministas y sobre masculinidad. No se necesita un PhD. para saber esto: esta definición viene de Wikipedia y la obtuve googleando “teoría de género”.

Existe, además, una serie de resoluciones internacionales y de documentos para proteger a la comunidad LGBT, porque se le vulneran una serie de derechos humanos, entre los que se encuentra, precisamente, la discriminación en relación al acceso de servicios básicos como la vivienda y la asistencia sanitaria. Cualquier intento del Gobierno Federal por cambiar el artículo cuarto de la constitución, para adecuarlo a las normas internacionales en la materia, no es mera coincidencia, como se verá más adelante.

A nivel internacional, se acepta hoy que la orientación sexual forma parte de la dignidad de la persona. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que se trata de una parte fundamental de la vida privada de las personas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la misma forma también parte del concepto de libertad y del derecho de auto-determinación individual.

Los Principios de Yogyakarta (Indonesia, 2007), que buscan facilitar la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, indican, en su principio # 24, que “toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y responsabiliza al Estado para crear el contexto normativo que lo permita.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas, y en los tratados internacionales en la materia.

Es decir, sabíamos que la tierra es redonda y que somos nosotros los que damos la vuelta alrededor del sol. Ahora, nos enteramos que existen diversas configuraciones familiares, que existen derechos internacionales (que México, por cierto, ha firmado), y que los Estados deben actuar para proteger.  

Claro, con un poco de perspicacia, se podría señalar que el famoso artículo 4 no aborda la cuestión del “matrimonio”, y aunque sí hace referencia a la “familia”, en ningún lado se indica que el mismo debe ser obligatoriamente entre hombre y mujer. Entonces, si se desean defender los derechos de los heterosexuales, habría que cambiar la constitución para que restrinja claramente este derecho. El asunto, precisamente, es que no se puede restringir el acceso a la familia. Sería inconstitucional.

También se podría señalar que al ser el matrimonio un concepto religioso, se debería poder preservar la integridad de la institución. Es decir, la unión entre personas del mismo sexo podría llamarse “Unión Civil” o cualquier otra analogía. Al fin y al cabo, si se pide respeto: ¿Por qué no darlo? ¿Y qué más da si se le cambia el nombre con tal que elimine la discriminación?

Ahora bien, el susodicho artículo 4 indica que todos tienen derecho, además de la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable, a la cultura, a vivienda digna y decorosa, y a una alimentación sana, a decidir sobre el número y ritmo de los hijos. Confiere también al Estado la labor de cumplir con el principio de interés superior de la niñez (los derechos de los niños pasan primero). Y este es el meollo del asunto. No es una cuestión religiosa: es una cuestión de educación.  

Como el matrimonio está a la base de la familia, la cual es el entorno de la niñez, entonces si se desea proteger la infancia, se debe evitar que las uniones entre personas del mismo sexo sean consideradas “familia”, para lo cual se debe impedir el matrimonio igualitario. Como los mismos manifestantes lo dicen, no se trata de discriminar a parejas gays, sino de proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Claro, no hay discriminación, solo preocupación: no vaya a ser que “se les pegue” esa “condición”, que se “vayan a confundir” por tener ese tipo de “modelos”, o que vayan a ser víctima de acoso en las escuelas (porque claro, la sociedad va a continuar siendo igual de intolerante). Pero no es discriminación. Y aquí es en donde el argumento cae por su propio peso.

Este movimiento lo que intenta es preservar el “derecho” de esos padres para educar a sus hijos de forma tal que no sean gays. O a evitar que haya “mal suertudos”, infantes dados en adopción, que podrían caer en ambientes gays. Tal vez no todos lo ven así, pero sospecho que muchos sí adhieren implícitamente a esta idea.

En el momento en que se defiende la idea que los gays no nacen, sino que se hacen, se asumen posturas homofóbicas en donde sí se discrimina. Un homosexual, no es, digamos, como un gordo, el cual, en la gran mayoría de los casos, no nace, sino que se hace (excepción hecha a casos de tiroides o de metabolismos lentos).

Un gay nace y, si se le respeta su derecho de auto-determinación y a su privacidad, vivirá su vida gay, bien gay, aunque haya sido educado en un ambiente heterosexual. Lo contrario también es cierto: así como lo heterosexual no es contagioso, lo homosexual tampoco lo es.  

Conclusión: me declaro en contra de la ideología de la gordura

Quisiera yo que esta columna fuera una pérdida de tiempo, que no sirviera para nada. Pero no es así. Todavía falta mucha educación, aunque la paradoja de la intolerancia no nos deja mucho espacio para caminar hacia atrás. Señalo que me declaro en contra del matrimonio entre las personas obesas. No es natural tener sobrepeso. La ciencia es clara sobre cuál es el índice de grasa corporal “normal” y saludable.

Además, y sin tomar en cuenta el “bullying” al que pueden ser expuestos en las escuelas los niños de condición redonda, todos sabemos que por comer chatarra se contraen enfermedades crónicas incurables, como la diabetes. ¿No castiga así “Dios” la gula? El objetivo primero de la alimentación es nuestra supervivencia.

 

 

Comamos entonces sencillito, en las proporciones recomendadas. Y no nos hagamos de la vista gorda: en varias partes de la Biblia se intuye que la gordura es pecado. Para muestra varios ejemplos: bebedores y comelones empobrecerán; el hijo glotón es vergüenza de su padre; no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen; y la habilidad de decir “no”, el “auto-dominio”, es uno de los frutos del Espíritu.

¿Quién ha visto a un Jesús regordete? Nadie, porque nuestro Cristo es flaco. Así lo quiso nuestro Señor. Y como él también quiere que seamos a su imagen y semejanza, entonces todos debemos ser delgados. Imagínese la degeneración de un mundo en donde infantes, inocentes criaturas, se contagien de la gordura de sus padres.

La paradoja de la intolerancia me lleva hoy a ponerle un alto a los eufemismos, y a llamar las cosas como son. Tolerar la homofobia escondida detrás de la defensa de la “diversidad del pensamiento” es dar un paso atrás. La “ideología de género” que tanto incomoda, es la misma que censura la ablación de clítoris (por razones culturales o religiosas) en Asia y África.

Comencemos a defender los relativismos culturales, y perderemos entonces los avances universales que hemos alcanzando durante el siglo XX, y que diferencian el mundo moderno de otras etapas de la historia humana. Hoy, debemos denunciar la intolerancia para parar su progreso. Por cierto, se me olvidaba aclarar: no soy “gordofóbico”: no tengo nada en contra de los gorditos.

De hecho, tengo varios amigos y amigas con ese estilo de vida (o “condición”). Los quiero mucho, (no los promuevo, pero) los tolero e, incluso, los respeto. ¿O ahora resulta que no puedo ejercer mi “derecho humano” a no estar de acuerdo con la “ideología” de la gordura?    

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México, octubre de 2016

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¿Ocupa “dientes” la CNDH?

No es ningún secreto que nuestro país tiene, desde hace varias décadas, una crisis en lo concerniente al respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eventos como la matanza de Tlatelolco, Acteal, Ayotzinapa, y más recientemente, Nochixtlán, corroboran el latente problema que hoy se vive, el cual es causado en numerosas ocasiones por las mismas autoridades (nótese que, en todos los casos mencionados, existen supuestos de la participación de funcionarios públicos, además de las sospechas de intervención policial y militar).

Por otra parte, ¿qué medidas ha llevado a cabo el gobierno para solucionar esta evidente crisis? Desde hace tiempo, México se ha incorporado a organismos internacionales que velan por la protección a los derechos humanos, tales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), o bien, el CDH (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

Dichos organismos han señalado, en más de una ocasión, la falta de consideración que se tiene en torno al aseguramiento de los derechos fundamentales para con su población; ¿cuáles han sido las repercusiones de la integración de México a estas agrupaciones internacionales?

Si bien cabe destacar que, desde que México comenzó a fungir como miembro de diversos grupos de cooperación para el resguardo y protección de las antes llamadas garantías individuales, este ha tenido que darle una mayor ponderación a las mismas, así como aceptar la intervención de aquellos grupos, en casos que han causado gran difusión mediática, el problema no ha logrado disminuir más que de forma tenue.

A pesar de este supuesto “compromiso” para mejorar la defensa de nuestros derechos por medio de la subscripción antes dictada, los ataques y la represión continúan formando parte de la vida diaria de los mexicanos, sin importar si estos tienen como profesión el periodismo (México es calificado como el país con mayor riesgo para tal empresa), o si son maestros o aspirantes a los mismos (previamente mencionado de Ayotzinapa), o bien si son campesinos (San Quintín).

Ahora bien, ¿qué es lo que falta hacer para mejorar esta situación y garantizarle la dignidad y la existencia a cada miembro de la nación? Lo primero que habría que hacer es, reforzar nuestras instituciones antes de estar firmando acuerdos que sabemos, no vamos a cumplir; actualmente tenemos instituciones como la CNDH, la cual tiene por objeto la defensa de derechos humanos. No obstante, ¿cómo es posible que esta misma pueda defender nuestros derechos si su función se encuentra limitada a la “emisión de recomendaciones”?

Es preocupante observar casos, como lo ocurrido en Veracruz, donde pudimos ser testigos de una abierta represión hacia el periodismo y hacia todo aquel que se opusiera al gobernador, Javier Duarte, en donde las recomendaciones del organismo mencionado no trascendieron, a lo mucho, a un “jalón de orejas”.

Si en verdad queremos mejorar esta deplorable situación por la que pasamos, si en verdad queremos construir una nación más prospera y garantista de derechos, deberíamos empezar por darle “dientes” a nuestras instituciones protectoras de derechos fundamentales.

¿Cómo empezar con dicho cambio? Con algo tan simple como hacer de carácter vinculatorio (obligatorio) aquellas “recomendaciones” de la CNDH, para que así el poder judicial se encuentre obligado a investigar a los servidores públicos que la comisión ha señalado como posibles responsables de violaciones hacía los derechos reconocidos en la carta magna.

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Caso Ayotzinapa: El desinterés en su máxima expresión

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surge a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de las víctimas con el propósito de brindar asistencia técnica para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Su trabajo comenzó desde marzo de 2015 y por decisión del gobierno mexicano de no renovar por segunda vez, concluyó este fin de semana.

En el mes de diciembre del año pasado cuando el gobierno mexicano decidió renovar el mandato del GIEI, éste presentó nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República. El GIEI afirmó en su informe “Informe Ayotzinapa II : Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” que efectivamente se tuvieron avances en el mes de diciembre, pero todo esto cambio drásticamente en enero, [1] el gobierno optó constantemente por obstaculizar el trabajo del grupo, con ello limitando la investigación, además de no contar con la independencia ni información necesaria y primordial para poder llevar a cabo su investigación.[2]

En la conferencia del domingo pasado el GIEI sentenció dilación y demora intencional por parte del Estado al no haber realizado las pruebas solicitadas, además de la obstrucción para acceder a la información, así como a las declaraciones realizadas, incluyendo también que existieron pruebas con las cuales contaba la PGR y no les permitieron acceso.

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos.

El segundo informe contempla la posible manipulación de evidencia por parte de la PGR, se dio a conocer un video en donde el directo de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón se ve recolectando información un día después de los hechos y ésta no estaba incluida en el expediente, así como el incumplimiento por parte del gobierno a las líneas de investigación propuestas en el informe pasado, y por último manifestaron que en el basurero de Cocula no había sido posible llevar acabo el acto atroz de quemar a los estudiantes. El GIEI concluyó que en el sistema mexicano existía una formalidad y burocracia que entorpece a las investigaciones, se consideró que existe una deficiencia para el análisis de pruebas, además de encontrar una ausencia por parte de las autoridades al análisis del contexto de los hechos. [3]

Ayer leí la columna de Jorge Fernández Menéndez titulada “GIEI: al diablo con la realidad” en donde decidió tajantemente desacreditar el trabajo realizado por el grupo, alegó que, su informe es de “pena ajena, algo indigno de llamarse producto de grupos expertos”. Para él el informe sólo sembró desconfianza, se basó en meras hipótesis, en esta misma línea argumentativa se sumó Carlos Marín defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam llamándola: “precisa y concisa”.

Yo quisiera saber cómo se le puede exigir un informe completo a un grupo que no dejaron trabajar, que desacreditaron con constantes mensajes en los medios de comunicación, cuando todo indica a que el gobierno sólo esperaba de ellos una absurda aprobación de su parte de su tan querida verdad histórica.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala…

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos. El Estado no entiende que realizar más cambios legislativos no significa garantizar los derechos humanos, sino que deben de existir una serie de mecanismos efectivos y eficientes los cuales permitan acceder a la justicia.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, porque 19 meses después los familiares y el país entero queremos y exigimos saber la verdad histórica, y no una débil, contradictoria y parcial verdad histórica.

México tiene un claro desinterés por el caso Ayotzinapa, tanto así que nadie del gobierno se presentó a la conferencia ofrecida por el GIEI. Al Presidente Enrique Peña Nieto sólo le alcanzó para escribir un tweet agradeciendo al GIEI por su informe.

[1] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág. 161, 2016. Disponible en: https://drive.google.com/a/udem.edu/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view
[2] Id.
[3] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág.

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Migrantes: ¿Acaso son solo números?

En el libro “72 migrantes” que publicó la editorial Almadía, Víctor Núñez cuenta la historia de Miguel Ángel, un jornalero hondureño, harto de su miseria y cansado de enviar a sus hijas e hijos a la cama antes de las seis de las tarde para que se les olvidara el hambre, quien decidió emprender su camino para obtener una mejor vida, viéndose en la necesidad de salir de la tierra que lo acogía por más de 40 años y de abandonar sus recuerdos y a su familia. [1]

Así como Miguel Ángel, existen más de 80,000 [2] personas al año que intentan cruzar la frontera, hartos de su pobreza, ilusionados con su futuro y muertos de miedo por su presente, se van a la aventura rodeados/as de desconocidos/as con las y los cuales comparten sus mismas esperanzas de buscar un mundo desconocido, olvidar su dolor y poder obtener más oportunidades en un nuevo país, ya que el suyo se las arrebató.

En su último informe, “Situación de derechos humanos en México”, la CIDH determinó que las y los migrantes se encuentran en constante situación de vulnerabilidad toda vez, que son víctimas de secuestros, asesinatos, robos, y desapariciones por parte del crimen organizado y/o de la propia autoridad,

En el año 2013 la Relatoría de la Migración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad en México”, destacó que México se caracterizaba por ser un país de: origen, transito y destino de migrantes; considerándolo como el segundo país con mayor emigración a nivel mundial. A consecuencia de su posición geográfica, se ha convertido en el medio de paso de las y los migrantes, entre los que se encuentran: centroamericanos(as), caribeños(as) y sudamericanos(as). De igual forma, también considerando a la frontera Guatemala – México como una de las más peligrosas para cruzar hoy en día [3]. La CIDH también determinó que existía un fuerte problema entre organizaciones criminales -las cuales habían podido establecer un régimen de violencia generalizada, además de cometer graves violaciones a derechos humanos de las personas en especial las que intentaban cruzar la frontera-, y la participación de las autoridades mexicanas, generando un ambiente de impunidad y violencia sistematizada [4].

En su último informe, “Situación de derechos humanos en México”, la CIDH determinó que las y los migrantes se encuentran en constante situación de vulnerabilidad toda vez, que son víctimas de secuestros, asesinatos, robos, y desapariciones por parte del crimen organizado y/o de la propia autoridad. Asimismo, sacó a relucir la práctica retirada y sistemática de las autoridades al momento de proceder a la detención de una persona por considerarla “ilegal”, -como si las personas fueran ilegales- la cual es sometida a tortura, y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes [5].

Por su parte, las mujeres que deciden emprender su viaje por nuestro país saben que serán víctimas de violación sexual –se estiman alrededor de 45,000 mujeres migrantes al año de las cuales más del 70% son víctimas de agresión sexual–,tal es su realidad que se tienen que poner la llamada “inyección anti-México” para no quedar embarazadas, pues son mujeres, migrantes y pobres, entrando a una país donde esas tres características significan no ser nadie.

…diversas organizaciones internacionales como son la: CIDH, ONU, Amnistía Internacional , Red Fronteriza por los Derechos Humanos, entre otras, han reportado y exhortado en diversas ocasiones a las autoridades mexicanas respecto al tema de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las y los migrantes, de los cuales su situación no sólo ha empeorado sino agravado estratosféricamente en el país.

El Comité de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas también ha manifestado su preocupación por la numerosa cantidad de desapariciones de migrantes y la violación de derechos humanos de los niños y niñas, la cual va en aumento.

Considero importante mencionar que la CIDH señaló a Nuevo León junto con Tamaulipas como focos rojos de destino de migración, y también los apuntó como lugares estratégicos de localización de fosas clandestinas para los restos de migrantes.

Las organizaciones de la sociedad civil y el equipo de expertos forenses de Argentina denunciaron alrededor de 814 casos de migrantes desaparecidos, de los cuales una inmensa mayoría no han podido ser identificados [6]. Además diversas organizaciones internacionales como son la: CIDH, ONU, Amnistía Internacional [7], Red Fronteriza por los Derechos Humanos, entre otras, han reportado y exhortado en diversas ocasiones a las autoridades mexicanas respecto al tema de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las y los migrantes, de los cuales su situación no sólo ha empeorado sino agravado estratosféricamente en el país. Y como es costumbre, el gobierno decidió excusarse de la forma que mejor lo sabe hacer: descalificando el informe argumentando que no eran prácticas generalizadas, sin presentar prueba alguna que lo sustentara.

Miguel Ángel, cuenta Víctor Núñez, dejó de llamarse así cuando cruzó a territorio mexicano, pasó a ser reconocido como el número 27 -la última vez que se le vio fue en una bolsa negra- y a su paso le siguieron otros y otras más hasta que se llegó al número 72 al cual no se logró identificar.

[1] Víctor Núñez Jaime, 72 migrantes, Almadia, pág. 29 y 30.

[2]Amnistía Internacional México, Contenido. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/03/27/amnistia-internacional-teme-por-la-vida-de-personas-migrantes-secuestradas-en-tamaulipas/; Instituto Nacional de Migración, Numeralia Migratoria. Disponible en: http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Numeralia_Migratoria; Instituto Nacional de Migración, Datos abiertos. Disponible en: http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Datos_Abiertos

[3]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, OEA/Ser.L/V/II Doc. 48/12, 30 de diciembre 2013, pág. 27. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, op.cit., pág. 98

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación de derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2016, págs. 89-91. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación de derechos humanos en México, op.cit, pág. 105.

[7]Aministia Interncional. Verguenza la falta de respuesta del gobierno de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamulipas, 1 de marzo de 2016. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/?s=anti+mexico&imageField_x=0&imageField_y=0

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.