La CIDH advierte desaceleración en el caso Ayotzinapa por falta de información relevante

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que el proceso de esclarecimiento en torno a la desaparición de los 43 estudiantes ha experimentado una «desaceleración» debido a la falta de información pública relevante.

La comisión, que ha estado supervisando el caso mediante la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), destacó los asuntos pendientes relacionados con este caso, haciendo hincapié en que hasta la fecha no se ha logrado esclarecer lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, ni se ha sancionado a las personas responsables.

En términos de avances, la CIDH señaló que valora de manera «positiva» la reanudación de las búsquedas en el terreno y la identificación genética de estudiantes desaparecidos. Asimismo, destacó la emisión de órdenes de aprehensión dirigidas más allá del ámbito municipal o estatal, dirigidas contra agentes de procuración de justicia y miembros del ejército.

Sin embargo, la CIDH expresó su preocupación por la desaceleración de los avances debido a la falta de entrega de información relevante por parte de la SEDENA, como se menciona en el documento.

En este sentido, la CIDH recomienda una evaluación de los mecanismos para determinar la participación y la responsabilidad de los agentes militares en relación con posibles violaciones de los derechos humanos.

La CIDH también reconoció los esfuerzos de la actual administración, incluyendo la creación e implementación de un modelo institucional, la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ), la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), así como la reactivación del GIEI.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

El país en donde los delitos no se castigan

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La impunidad es la inexistencia de responsabilidad y sanción legal cuando se cometen delitos o violaciones de derechos humanos. Generalmente surge como consecuencia de la falta de prevención, investigación y sanción por parte de la autoridad, lo que termina por afectar a las víctimas, quienes muchas veces no obtienen una reparación integral del daño.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de Derechos Humanos en México (2015), asentó que la crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa el país es, en parte, consecuencia de la impunidad, la cual alcanza más del 98% de los delitos cometidos en México. En otras palabras, solo se sanciona el 2% de los delitos o violaciones de derechos humanos cometidas en el país. 

Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), menciona que en el país se han abierto 15,848 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura desde diciembre de 2006, no obstante, solamente se tiene registro de 8 sentencias condenatorias desde 1991 por ese delito. La CMDPDH también menciona que, en México, han sido desaparecidas de manera forzada más de 35,000 personas en los últimos años, sin embargo, se tiene conocimiento de que el poder Judicial Federal solamente ha emitido 9 sentencias por ese delito.

En nuestro país la impunidad tiene sus orígenes, por una parte, en la falta de denuncia de delitos, la cual es consecuencia directa de la falta de confianza en las instituciones. Por otra, la falta de procesos claros y transparentes, así como las barreras en el acceso a la justicia para todas las personas hace que las estadísticas se disparen, convirtiéndonos en uno de los países con mayor índice de impunidad. Al final, quien sufre las consecuencias es la sociedad y las víctimas. 

Si bien se han empezado procesos importantes de reformas legislativas y fortalecimiento de distintas instituciones para disminuir los índices de impunidad, es necesario que esos mismos esfuerzos se conjuguen con políticas públicas que generen más confianza en las instituciones y, además, impacten integralmente en la prevención, investigación, sanción y reparación de delitos y violaciones de los derechos humanos. 

La migración en México, un preocupante escenario

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En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez con mayor intensidad, retorno de personas migrantes. Debido a su ubicación geográfica, nuestro país se encuentra en una posición estratégica para toda clase de flujos migratorios y comerciales.

De acuerdo con información oficial de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno Federal, durante el año 2022 se registraron más de 30 millones de entradas de personas extranjeras al territorio nacional. Es importante mencionar que el número probablemente sea mayor, dado que existe un alto índice de personas indocumentadas que entran al país sin ser detectadas.

Lo anterior nos lleva a entender que en México existen distintas caras de la migración. Por un lado, están las personas que llegan de Estados Unidos o Europa con una oferta laboral o para invertir  en México; por otro, tenemos a las miles de personas que todos los años salen de sus países en centroamérica para encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, pero que invariablemente tienen que atravesar nuestro país para llegar a su destino.

Sobre este último grupo de personas migrantes me quiero centrar, porque son ellas quienes viven una serie de violaciones a sus derechos humanos todos los días. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas personas son víctimas de discriminación, agresiones, secuestros, violencia sexual, trata de personas, asesinatos y desapariciones. La mayoría de estos delitos son perpetrados por grupos del crimen organizado, pero también se ha tenido conocimiento de múltiples casos que involucran la participación de funcionarios públicos.

En México ha sido la sociedad civil quien más se ha preocupado por ayudar a las personas migrantes indocumentadas que se encuentran de paso por México, brindando hospedaje, alimentación e incluso asesoría jurídica. Si no fuera por las organizaciones civiles miles de personas migrantes quedarían en una total desprotección.

Es fundamental que las empresas y la academia se unan con las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las personas migrantes indocumentadas que atraviesan México en busca de una vida mejor. Todas y todos podemos ayudar desde nuestras trincheras y posibilidades, ya sea donando tiempo o recursos a organizaciones que trabajan en la atención y protección de las personas migrantes, o bien promoviendo políticas públicas más humanas y justas. La solidaridad y la empatía son valores que debemos fomentar como sociedad para construir un mundo más igualitario y equitativo para todas las personas, independientemente de su origen o situación migratoria.

¿Realmente vivimos una crisis de derechos humanos?

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Cuando hablamos de derechos humanos se generan opiniones diversas. Por un lado, estamos las personas que observamos con preocupación las estadísticas de violencia, inseguridad y discriminación, pero pensamos que muchas cosas positivas se pueden hacer si logramos trabajar en conjunto sociedad y gobierno. También están las personas que con escepticismo consideran que los derechos humanos estorban más de lo que ayudan, y que al final terminan por “beneficiar más a los delincuentes que a las personas buenas”. Incluso están quienes sin saber exactamente de qué se tratan, optan por el rostro de la indiferencia, pensando ingenuamente que “mientras que a mí no me toque, no me afecta”.

La finalidad de esta columna (y las que siguen) es brindar un contexto objetivo sobre la situación de derechos humanos en México y en el mundo, todo desde una mirada que plantea ser objetiva, clara y sencilla ante situaciones complejas. Hablar de derechos humanos nos permite no solo conocer los problemas actuales, sino también enterarnos de lo que se está haciendo y lo que aún queda por realizar. 

Por ejemplo, es importante saber que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestro país atraviesa, desde hace varios años, una grave crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos. En efecto, los datos no son alentadores y nos muestran indicadores preocupantes: al día de hoy más de 100 mil personas continúan desaparecidas; desde el año 2018 se registran más de 35 mil homicidios dolosos anuales; del año 2000 a la fecha la organización Artículo 19 ha documentado más de 150 asesinatos de periodistas; solo en 2022 se tiene registro de más de 600 presuntos feminicidios en todo el país, y de acuerdo con diversas estadísticas en México tenemos más del 98% de impunidad; por mencionar algunas cifras.

Sin embargo, vale la pena mencionar que no todo ha sido malo, también se han hecho acciones positivas en favor de los derechos humanos. Por ejemplo en el año 2011 se consolidó una importante reforma constitucional que trajo como consecuencia la adopción de criterios muy favorables por parte de la Suprema Corte de Justicia en temas como derechos de personas indígenas, derechos de personas con discapacidad, matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y libertad de expresión, solo por mencionar algunos. 

También, a través del sector social y privado se ha realizado una importante labor en favor de los derechos humanos. Por un lado, desde la sociedad civil se han gestado esfuerzos muy valiosos, mismos que están reflejados en reformas de ley, políticas públicas y sentencias paradigmáticas en favor de los derechos de todas las personas. 

Por su parte, las empresas también han comenzado a demostrar que existe un genuino interés de algunas de ellas por implementar principios y valores en favor de la dignidad humana en los centros laborales. Un claro ejemplo es el trabajo que realiza el Centro Eugenio Garza Sada que, en conjunto con sus empresas aliadas, busca potenciar la capacidad transformadora de las y los empresarios con la finalidad de generar una sociedad responsable, participativa y solidaria.

Al final del día el objetivo de los derechos humanos es que todas las personas alcancemos un desarrollo integral, que podamos vivir en un ambiente que nos permita realizar nuestros sueños y aspiraciones. Esto solo se logrará si trabajamos de manera coordinada sociedad, empresas y gobierno; ningún cambio será permanente sin la concurrencia de voluntades de estos tres sectores sociales.

La promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso. Nos toca, como diría Eleanor Roosevelt, empezar con cambios en lo más íntimo de nuestras comunidades para continuar afrontando los problemas de un país que exige unidad, coordinación y sensibilidad. ¿Todo está perdido? Claro que no, pero si queremos que los derechos humanos dejen de ser solo un discurso cada diez de diciembre nos corresponde no rendirnos y continuar caminando hacia el horizonte de desarrollo y bienestar que nos presenta un mundo en donde los derechos humanos sean una realidad para todas las personas.

CNDH no promoverá acciones de inconstitucionalidad contra reforma a la GN

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitirá alguna acción de inconstitucionalidad ante la inclusión, recién aprobada en el Senado, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un documento difundido, la comisión señaló que “entiende y atiende” la situación de emergencia en materia de seguridad y que justifica las reformas recién aprobadas.

No obstante, indicó que coadyuvará a la preservación del carácter civil de la propia Guardia Nacional.

“(La CNDH) supervisará su apego a los derechos humanos, porque sin reservas ni titubeos está del lado del pueblo”, señaló.

El posicionamiento de la CNDH se da después de que otras organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) y la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron su preocupación por la reforma recién aprobada.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Elementos de Marina manipularon pruebas en caso Ayotzinapa: GIEI

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), informó que la Marina ocultó y manipuló pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa.

Expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),presentaron un informe que se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante seis años. 

Aunque el acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del mandatario. 

El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso. 

También, indica que el Ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real, además de mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los jóvenes. 

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Amnistía Internacional denuncia represión de manifestaciones de mujeres en México

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Amnistía Internacional y Organizaciones de la Sociedad Civil denunciaron en la audiencia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los movimientos de mujeres y de derechos humanos son reprimidos y estigmatizados por el estado mexicano.

Las exposiciones y denuncias de las organizaciones estuvieron relacionadas con las leyes que restringen o criminalizan la protesta social.

En el marco del 181 periodo de sesiones de la CIDH, las representantes de las organizaciones destacaron que las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han sido estigmatizadas como violentas, perjudicando con ello el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, que está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos.

Señalaron que durante 2020 y 2021 documentaron la represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos nueve estados de la República.

Finalmente, advirtieron que durante los traslados de las mujeres detenidas varias de ellas, incluidas niñas, sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abuso verbal y sexual basado en estereotipos de género.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Pide CIDH reconsiderar el “Quién es Quién en las mentiras”

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El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, pidió al Gobierno de México reconsiderar la sección “Quién es Quién en las mentiras de la semana” en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El espacio de ‘Quién es Quién’ debe reconsiderarse en la medida en la que pueda estar afectando las garantías para un debate libre informado, de señalamiento público. Un señalamiento no puede trazase bajo la culpabilidad del reprendimiento, y tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia”, expresó.

Vaca hizo estas declaraciones en el marco de una sesión centrada en la “Protección de los derechos humanos de las personas defensoras y comunicadoras en México”, que puso énfasis en la situación de comunicadores y defensores de derechos humanos y ambientales en México.

En representación del Estado mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, afirmó que el propósito de esta sección es simplemente “poner en relieve el daño que pueden hacer las noticias falsas” y que no tiene la intención de estigmatizar a periodistas ni medios de comunicación.

“Tomamos en cuenta que se sigan estándares internacionales para enriquecer este debate público que es tan necesario”, comentó.

Por su parte, Vaca cuestionó también el papel de las conferencias matutinas del presidente López Obrador y el impacto que estas tienen en el debate público, particularmente el efecto de estigmatización del discurso del mandatario.

El relator advirtió que este tipo de discursos podrían dar paso a agresiones.

Pese a reclamo internacional, Bukele anticipa más destituciones en El Salvador

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asomó este lunes la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución de un grupo de magistrados y del fiscal general por parte del Parlamento el fin de semana.

“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.

La junta directiva de diputados de la Asamblea Legislativa, luego de una reunión, acordó volver a sesionar el próximo miércoles.

Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 84 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.

También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la “profunda preocupación” de Washington “por la democracia de El Salvador”.

Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria.

A los reclamos se sumó este lunes la Unión Europea (UE). Su portavoz de política exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones “atentan contra el Estado de derecho” y pidió “salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador”.

– China interviene –

Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó “a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz” de 1992 [fin de la guerra civil], dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

“Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas”, respondió Bukele.

En tanto, la embajada de China en San Salvador sostuvo que “la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la carta de la ONU”, en clara sintonía con lo que exige Bukele a sus críticos.

El apoyo de China llega en momentos en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado retomar relaciones con Taiwán, considerado por los chinos una provincia rebelde.

– “Ejercer la soberanía” –

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la carta magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

Bukele los había criticado duramente y acusado de no permitirles cuidar de la vida de sus ciudadanos.

Los magistrados destituidos y el fiscal general habían sido electos por la anterior legislatura controlada por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy minoría opositora.

Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.

“Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”, subrayó Bukele este lunes.

Su vicepresidente, Félix Ulloa, cuestionó también las críticas internacionales: “para una superpotencia no hay señalamientos, pero para un pequeño país que comienza a ejercer la soberanía de su pueblo y a liberarse de las cadenas con la que las élites, los políticos y funcionarios corruptos lo tenían sometido, le salen al paso hipócritas y mojigatos”.

– Socava negociación con el FMI –

Para Rubén Zamora, un exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Bukele “está metiendo al país a una crisis tremenda”.

Según reportes financieros, los bonos soberanos de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un 6%, mientras los de vencimiento a 2052 se derrumbaron hasta un 10%.

Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento de al menos 1.300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90% del PIB.

Según un reporte del banco de inversión Barclays, difundido por la prensa, la “agenda política [de El Salvador] socava la negociación” con el FMI y su relación con Washington y organismos internacionales.

(Fuente: AFP)

Política anticorrupción en México y derechos humanos

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El treinta de agosto del año pasado se publicó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 del Presidente López Obrador. Por su parte, el veintinueve de enero pasado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó finalmente la Política Nacional Anticorrupción. Por su parte, el pasado seis de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó un documento denominado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos.

Esta colaboración se centrará, en primer lugar, en hacer una breve descripción del contenido de ambos documentos; y, posteriormente, en delimitar cuál debe ser un enfoque de derechos humanos en cualquier política anticorrupción, según el referido documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Programa del Ejecutivo se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y parece delimitar su problematización con los siguientes elementos: Por una parte, identificando a la corrupción como el principal problema del país, pero también subrayando a la impunidad como su principal; además, las consecuencias de la corrupción se describen en el sentido de que afecta a la sociedad, debilita la credibilidad en las instituciones estatales, disminuye el Estado de derecho y propicia  inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer derechos fundamentales.

El Programa cuenta con cinco objetivos prioritarios y dos de ellos son: combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción y combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal. Respecto de estos dos objetivos prioritarios, el Programa se desagrega en 11 estrategias prioritarias y 91 acciones específicas; asimismo, se propone alcanzar 6 metas que denomina de bienestar.

La Política Nacional Anticorrupción (PNA), por su parte, pone el foco del problema en la “incapacidad para controlar la corrupción en México, esto es, prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente, que favorece a unos cuantos en detrimento de la mayoría.”

Entre las causas de la corrupción, según la PNA, están: (i) altos niveles de impunidad, (ii) discrecionalidad excesiva y arbitrariedad, (iii) débil participación social y (iv) distorsión de puntos de contacto entre instituciones gubernamentales y la sociedad.

Como consecuencias de la corrupción se menciona que propicia formas de intercambio particulares, arbitrarias y excluyentes; fomenta el ejercicio ineficiente del gasto público y restringe el acceso a bienes y servicios públicos, particularmente a la población en situación de vulnerabilidad.

En la PNA se delinean cuatro ejes estratégicos: (1) combatir la corrupción y la impunidad, (2) combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, (3) promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, y (4) involucrar a la sociedad y al sector privado. Como ejes transversales se aprobaron la coordinación, los derechos humanos, el gobierno abierto y la participación social, y la inteligencia y las tecnologías.

Para lograr su implementación, en la PNA se fijan 10 objetivos específicos y 40 prioridades de política, de las cuales 16 son de corto plazo (tres años o menos); 15, de mediano plazo (entre tres y seis años) y 9, de largo plazo (más de seis años). Además, se identifican los vínculos de coordinación que deberán existir entre todos los integrantes del Comité Coordinador del SNA al efecto de que se emitan los programas de implementación con sus objetivos específicos, estrategias, líneas de acción e indicadores para su evaluación. Por lo que hace a las políticas estatales anticorrupción que deben emitirse en los estados, en la PNA se expresa claramente que, si bien las políticas locales deben estar alineadas a los contenidos estratégicos  de la política nacional, también deberán contextualizar sus propios temas, diagnósticos y prioridades.

Por otra parte, en lo que hace al enfoque de derechos humanos de una política anticorrupción,  la Comisión Interamericana de derechos Humanos parte de la premisa de que “no sólo la corrupción viola derechos humanos, sino que se debe prestar atención a la forma en que diversos contextos de corrupción facilitan y/o fomentan la vulneración de derechos humanos.”

Específicamente, para la CIDH se debe prestar atención al impacto y afectación de la corrupción en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y al agua. Con relación a estos derechos, no solo puede existir una violación directa, sino que, incluso, al desviarse recursos públicos se estarían evitándose el desarrollo progresivo de los mismos porque no se hace alcanza el máximo de los recursos disponibles debido a los actos de corrupción.

Con relación a la prohibición de discriminación, común para todas las categorías de derechos, la CIDH subraya que los actos de corrupción pueden afectar de una manera desproporcional a las personas históricamente discriminadas y excluidas. La Comisión Interamericana también resalta el impacto que la corrupción tiene en la institucionalidad democrática, en la libertad de expresión, el acceso a la información. Resalto que para la CIDH es muy importante que “las informaciones y opiniones sobre figuras públicas con relación a hechos de corrupción deben gozar de una especial protección.”

La propuesta de la CIDH es que toda política anticorrupción con enfoque de derechos humanos coloque en su centro a las víctimas de la corrupción como principio orientador y punto de partida: “las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra este fenómeno y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación…” Esto es, “no es posible pensar la corrupción como un ilícito sin víctimas.”

La CIDH establece en su documento que, además de la centralidad de las víctimas, cualquier política anticorrupción con enfoque de derechos humanos debe tomar en cuenta los siguientes principios: (a) La igualdad y la no discriminación, para lograr enfocar esfuerzos en los grupos de personas que tienen alguna desventaja de acceso a los derechos. (b) La participación y la inclusión social, teniendo cuidado de no identificar esta participación como “la voluntad de las mayorías”. (c) Garantía de mecanismos de reclamo y acceso a la justicia. (d) La transparencia y rendición de cuentas garantizada con la producción y acceso a la información, en el sentido de información desde las dimensiones cuantitativa y cualitativa, pero también desagregada por segmentos de población que han sufrido discriminación histórica. (e) La protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. Y (f) la inclusión de la perspectiva de género y diversidad.

Adicionalmente, la CIDH considera como supuestos positivos de la política anticorrupción con enfoque de derechos humanos, una eficiente coordinación horizontal y vertical para potenciar todos los esfuerzos anticorrupción; considerar medidas dirigidas a erradicar la cultura de la tolerancia hacia la corrupción; y, por último, la relevancia de la cooperación internacional y una perspectiva que considere también la corrupción transnacional.

Hecha esta breve descripción, en la siguiente colaboración se estudiará si el Programa del Ejecutivo y la Política Nacional Anticorrupción tienen un enfoque de derechos humanos.

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

COMITÉ COORDINADOR DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto.