Pedro Garza seguirá luchando en caso de fallo por parte del Tribunal

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A horas de que pueda darse la resolución de la Sala Regional del Trife para definir las Alcaldías de Monterrey y Guadalupe, el panista Pedro Garza señaló que si el fallo no le favorece seguirá en pie de lucha e irá hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En compañía de Diputados federales y el Senador por Nuevo León, Victor Fuentes, el ex candidato al cruce de Chapultepec y Arteaga, en Guadalupe para saludar a los automovilistas.

Después de que el Tribunal del Estado revirtió el triunfo del PAN en ambos municipios para serle otorgados al PRI, Garza aseguró que la guerra sucia en su contra no ha parado, pero que ellos siguen firmes por el apoyo de los ciudadanos.

“Confiamos muchísimo en que siguen con la tendencia de priorizar la voluntad de los ciudadanos, como es el respeto al voto, vamos a recibir nuevamente la victoria y el triunfo que la ciudadanía nos dio el 1 de julio

En su lugar, los políticos también aprovecharon para entregar volantes  sobre sus propuestas para la Cámara de Diputados, como la eliminación del impuesto especial a los combustibles.

#ElTalónDeAquiles: “Ortega”

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Lo que pasa en Nicaragua es imperdonable. Por seis meses, la crisis en ese país ha nutrido las noticias internacionales. Lo que inició como protesta contra de las reformas al Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS) – se proponía aumentar las contribuciones de patronos, empleados, y pensionados al seguro social para evitar su quiebra (la cual, según previsiones del Fondo Monetario Internacional, acontecerá en 2019) – se convirtió en una lucha por la justicia y la democracia. Hoy, la precariedad de Ortega proviene dos factores.

Primero, su estilo, autoritario, cansó. Si bien en un inicio las protestas fueron entre la coalición opositora, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y la Juventud Sandinista, los primeros muertos y el despliegue del ejército caldearon los ánimos. Pronto, los campesinos llamaron a la huelga y solicitaron la renuncia del polémico presidente. Luego, con la aparición de paramilitares y el uso intensivo de antimotines, los manifestantes pidieron el cese de la violencia, la liberación de detenidos (se denuncian torturas) y el cese de la censura (cuatro canales de televisión fueron sacados del aire temporalmente). En mayo, patronos y sindicatos, adversarios al principio, hacían frente común para condenar “las masacre”, la censura, y la represión. Buses, camiones, y camionetas se unieron al movimiento. La cantidad de muertos, la mayoría por la represión del Estado, se calcula hoy en alrededor de 400; el número de heridos ronda los 2500. 

Segundo, los apoyos a Ortega se disiparon. A nivel internacional, ya desde antes de la crisis, su gobierno no era bien visto, sobre todo entre aquellos países con los que ha mantenido contenciosos por razones diversas. Ningún Castro está hoy al frente de Cuba, Rafael Correa vive en Bélgica, y la Venezuela de Maduro es un desastre. Además, ordenar la salida de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no ayudó a mostrar la buena voluntad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido investigando hechos de violencia (su presencia fue exigida por los universitarios como parte del diálogo) y se ha referido en múltiples ocasiones al tema.

A nivel interno, Ortega tampoco pisa terreno firme. Por un lado, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobierna es un trozo del existente en las décadas 1970 y 1980. Muchos de sus excompañeros, que por cierto lo acusan de aventar al FSLN hacia el populismo, están en la oposición (Movimiento Renovador Sandinista, MRS). Por el otro, en un marco en donde el gobierno aceptó la entrada de la CIDH al tiempo que siguió desplegando los antimotines, la Iglesia suspendió el diálogo, con lo que se generó mayor frustración, y más protestas. Ortega, quien desde la campaña de 2006 comenzó a hacer constantes referencias a Dios, y que había logrado mantener relaciones cordiales con la Iglesia, recibió un ultimátum de la Conferencia episcopal. Cansada de intentar inútilmente de propiciar el diálogo, le exigió que generara las condiciones necesarias para el éxito del mismo. 

Las reformas al seguro social fueron revocadas menos de una semana después de la detonación inicial. Pero ya era demasiado tarde. La olla de presión explotó porque lo que Ortega ha hecho a Nicaragua, es imperdonable. Olvidemos que este privilegiado líder tuvo tres oportunidades para cambiar su país. Perdonémosle sus dos primeros intentos: el inicial, porque la Junta de Reconstrucción Nacional (1979-85) fue un grupo heterogéneo que dificultó la adopción de una agenda común. Y el segundo, como presidente democráticamente electo (1985-90), porque enfrentó una contrarrevolución financiada por la administración de Ronald Reagan. Aún en tales circunstancias, el legado de Ortega es inaceptable.

Además de querer perpetuarse en el poder, a este líder de oposición a la dictadura de Anastasio Somoza se le ha acusado de querer adueñarse de los bienes del FSLN, de acumular fortuna, e incluso de haber abusado sexualmente de su hijastra, Zoila América Narváez. También se le califica de nepotista, al haber propuesto como candidata a la vicepresidencia en su última reelección a su esposa, la poeta y exguerrillera, Rosario Murillo. También se le achaca el haber perdido la brújula ideológica. El Ortega del siglo XXI es corporatista: no solo gobierna a la derecha, con el apoyo de empresarios y de los sectores más conservadores de la Iglesia católica, sino que además cuenta con el apoyo tácito de sindicatos (que se acostumbraron a su tajada del pastel). Es también este Ortega el que negoció con el expresidente Arnoldo Aleman (1997-2002), un exomosista considerado uno de los políticos más corruptos del mundo, condiciones más favorables para la aplicación de su pena, a cambio de apoyo político.

¿Alguien mencionó “pensamiento progresista”? Porque si algo brilla por su ausencia en este país desde hace décadas, es esa noción. El presidente Ortega debe irse antes de terminar como Somoza, el dictador que, en su juventud, ayudó a derrocar. Y debe hacerlo rápido, porque la verdad, la dignidad ya se le acabó. 

Para información sobre la situación en Nicaragua, consulta:

Fernando A. Chinchilla 

Nouakchott (Mauritania), 23 de septiembre de 2018

#HojaDeRuta: “Ayotzinapa: el pasado que no pasa”

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El problema del pasado es que no pasa. Así se refirió el sociólogo portugués Boaventura de Sousa a la revolución rusa al reflexionar sobre su centenario en 2017. Lo mismo podría decirse de la desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Es un pasado que, por más que algunos quieran desterrar, no se irá a ninguna parte.

El crimen ahí ocurrido dejó una marca indeleble no solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino en la historia mexicana. A la conmoción nacional e internacional se sumó la burda actuación de la entonces Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial de los hechos.

Lo único que pasó a la historia fue la incapacidad del gobierno federal de llevar y facilitar un proceso convincente que permitiera esclarecer el caso y acceder a esa tierra que rara vez está a la vista de los tripulantes del navío mexicano: la justicia.

En días pasados, el caso Ayotzinapa tuvo una importante novedad: un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó crear una Comisión de la Verdad para reponer la investigación de la PGR, considerando que la indagatoria hecha por la dependencia federal “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La reacción internacional no se dejó esperar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a cumplir la sentencia del tribunal. 

Esta novedad jurídica se da justo en el contexto de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, AMLO ha sido el único candidato que ha pisado Iguala, Guerrero. En un mitin celebrado hace un par de semanas, se comprometió frente a los padres de los normalistas a crear una comisión de la verdad. Tras la noticia de la sentencia por el tribunal tamaulipeco, Ricardo Anaya se pronunció a favor de reabrir el caso.

Aunque también hay un debate jurídico respecto a los alcances de la sentencia emitida por el tribunal federal, es un hecho que la narrativa se ha instalado: la versión existente no es confiable, por ende, para saber la verdad se requiere una nueva indagatoria. Pase lo que pase el primero de julio, las condiciones parecen estar dadas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Además de abrirse un camino a una eventual justicia para las víctimas y sus deudos, una nueva investigación sobre los 43 también rompería con la nociva práctica de pretender enterrar verdades incómodas. Crímenes como Tlatelolco, el Halconazo, Acteal y Aguas Blancas siguen sin ser resueltos de manera convincente.

Contrastan casos como el chileno. Tras la dictadura de Pinochet y el retorno del sistema democrático en 1990, han existido 4 comisiones de la verdad que han buscado conocer con claridad el número de víctimas, las circunstancias de sus decesos, señalar a los responsables y buscar hacer reparaciones. La más reciente dio su informe en 2011.

Además de las obvias razones humanitarias, éticas y legales, hay un argumento político para reabrir el caso: si se pretende retomar una transición democrática, pasando de un sistema autoritario a uno democrático por la vía pacífica e institucional, esto no puede hacerse sin una reconciliación con el pasado, sin el reconocimiento de las víctimas y el señalamiento público a los victimarios. Sin memoria no hay democracia.

En este sentido, una eventual Comisión de la Verdad, el reconocimiento de las víctimas y la limpieza de sus nombres, así como el procesamiento de quienes resulten responsables, sería oxígeno puro para recuperar un poco de credibilidad y legitimidad en las instituciones del Estado Mexicano.

El pasado no pasa. Está entre nosotros, y solo hay un camino para avanzar: verlo a los ojos, hacerle justicia y mantenerlo en la memoria. 

“The past is what you remember, imagine you remember, convince yourself you remember, or pretend you remember.”

PGR critica fallo de Tribunal Colegiado por caso Ayotzinapa

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La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que los magistrados desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público de la Federación, esto tras el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, donde se solicita que se haga una Comisión de la Verdad para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014.

El Tribunal Colegiado considero que respectos a la investigación hecha por la PGR del caso Iguala no fue pronta, efectiva, independiente, ni imparcial, por lo que ordena crear una Comisión de la Verdad.

Por su parte, la PGR respondió que hasta el momento no ha sido notificada de la resolución del amparo otorgado a las víctimas del caso Ayotzinapa, pero que realiza un análisis sobre la versión pública para determinar las acciones que correspondan conforma a derechos.

También la PGR, critica que los magistrados desconozcan la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política, corresponde al Ministerio Público de la Federación.

Por otro lado, respecto a las acusaciones de tortura, la PGR indica que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

Al final, aclaro que la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

(Con información de Noticias MVS)

 

Detienen a Presunto implicado en desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Esta tarde la Procuraduría General de la República (PGR) informo la detención de Erick Uriel “N”, uno de las personas con las tuvieron contacto los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014.

La detención por parte de elementos de la Policía Federal se realizó en las inmediaciones del municipio de Cocula, Guerrero, así lo informó el titular de la Unidad Antisecuestro de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez.

De acuerdo a autoridades, Erick Uriel “N”, tuvo una “intervención decisiva”, en la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ramírez Gutiérrez señaló que el detenido es un probable integrante del grupo criminal Guerrero Unidos, mismos que están ligados al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Erick “N” es también señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas.

El detenido es acusado y tiene orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro, por oposición que el titular de la SEIDO anunció que será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.

El pasado 3 de marzo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz Cabañas, dijo durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Bogotá, Colombia que la PGR esperaba cerrar el caso Ayotzinapa antes de que concluya el sexenio de Peña Nieto.

(Con información de Animal Político)

PGR y Gobierno Federal aseguran que indagaciones por los 43 de Ayotzinapa continúan

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A través de comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno Federal aseguraron que las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, continúan. Esto debido a que hoy se cumple tres años desde el este suceso que conmociono a la opinión pública y que hasta el momento pocas respuestas ha tenido.

La PGR informo que seguirán agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a víctimas y sus familiares.

También la institución aseguro que en estos tres años se ha continuado avanzando en las investigaciones y la búsqueda de los 43 estudiantes, que desaparecieron en la noche del 26 de septiembre, pero siempre teniendo una amplia comunicación con sus familiares y representantes, ademas de la atención a los requerimientos del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).”, dijo la PGR en el comunicado de prensa.

Exige la CIDH investigación independiente en intento espionaje al GIEI

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El tema del espionaje por parte del gobierno federal sigue en punta de lanza, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano una investigación independiente sobre los presuntos espionajes realizados en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa, el cual intenta ubicar responsables.

José Eguiguren, presidente de la CIDH, declaró que: “debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales del espionaje”.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que en marzo del 2016 uno de los miembros del GIEI fue víctima del programa de espionaje Pegasus, donde se realizaron llamadas con el fin de infectar su móvil y así extraer información. Cabe resaltar que, durante estas fechas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba preparando su informe final sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El programa de espionaje Pegasus, es un software creado por el grupo israelí NSO, con el fin de persecución de criminales y terroristas, el cual este software se vende únicamente a gobiernos con el fin antes mencionado.

Gobierno Federal ha intentado volcar la realidad sobre el uso del programa Pegasus.

¿Quién les dijo que nos podían matar?

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Paola, Alessa, Itzel, Laura, Krizana, Tania, Alma, Dulce, y por lo menos una mujer transexual cada tres días es asesinada. Algunas murieron por impacto de bala, otras por asfixia, tortura y/ o violación, golpes, entre otras maneras atroces de terminar con la vida de una persona.

Sus muertes han sido documentadas o investigadas por diferentes periodistas, activistas, y organizaciones civiles, pero hasta el momento no han sido investigadas y sancionadas por alguna autoridad.

Juan Pablo Proal en su libro “Vivir en el cuerpo equivocado” cuenta la historia de Laura una mujer transexual dedicada al sexoservicio, la cual una noche estaba en espera de un cliente y en ese momento la rodearon dos coches. Desde el interior de los automóviles, unos jóvenes le dispararon dardos, otros se bajaron con tubos y la golpearon, la dejaron tan destrozada que, en sus propias palabras: “su cuerpo siente cuando un hombre le hará daño”.

Historias como estas las encontramos día a día: mujeres transexuales golpeadas, torturadas, denigradas, exhibidas y sobre todo asesinadas.

El Informe de Crímenes de Odio por Homofobia en México (un concepto en construcción) 1995-2008 elaborado por Rodrigo Parrni y Alejandro Brito, señala por lo menos 80 homicidios cometidos en contra de personas transexuales en todo el país.

De Igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Violencia en Contra de la Comunidad LGBTI”, manifestó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, expresó su preocupación respecto a las cifras y la naturaleza cada vez más violenta de los delitos por prejuicio contra las personas LGBTI.

 




La organización de la sociedad civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., ha pronunciado en diversas ocasiones que en México se tiene registro por lo menos de 1,218 asesinatos cometidos en contra de la comunidad LGBTI. En el mismo sentido, el documento “Crímenes de Mujeres Trans en México: Invisibilidad = Impunidad” realizado por el Centro de Apoyo de las Identidades Trans expresa que la cifra haciende a 164 asesinatos de mujeres transexuales entre los años de 2007 y 2012, teniendo tendencia de ir a la alta.

En las últimas semanas se han visualizado los asesinatos de mujeres transexuales en el país, tan sólo un pequeño sector de la sociedad se ha llenado de indignación y conmoción, otro un poco más grande solo ha mostrado su constante indiferencia.

En lo personal yo sólo he podido externar mi impotencia, por vivir en un país en donde se mata la diferencia. En un país donde se están matando mujeres, y la sociedad no exige justicia.

 




Hace algunos meses comencé a despertar una gran inquietud sobre los crímenes cometidos por razones de género. Me cuestionaba ¿Si asesinan a una mujer transexual será feminicidio? Desate criticas y debates, la mayoría se oponía a mi cuestionamiento, y sobre todo me refutaban la cifras de mujeres transexuales que son asesinadas. Porque para algunas personas “las cifras no son suficientes” para considerar que existe un problema real. ¿Qué será más real que la muerte? Me preguntaba yo.

Algunos días leí a Estefanía Vela Barba en El Universal, su columna titulado “¿Qué será suficiente?” en la cual terminó con una frase que a mi parecer fue excelente: “Tenemos que demostrar que esto nos importa. Que nada justifica un feminicidio” refiriéndose al asesinato de Paola.

Ahora me cuestiono ¿Por qué razón vivo en ese país donde matar es justificado? ¿A caso es correcto marchar para denegar y limitar derechos? ¿Cuándo será el día que nos indignaremos por la violencia y la muerte de todo ser humano? Tenemos que dejar de justificar lo injustificable.

Al final todo se traduce en conductas sociales “normales”. Las tasa tan elevada de violencia de género, no es más que la reproducción de una sociedad intolerante y machista.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA

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Más que un insulto, se trató de una mirada condescendiente que mezcló pobreza, raza, e ignorancia. En una cena en casa, uno de los invitados se refirió despectivamente hacia los africanos. El comentario no duró cinco segundos, pero fue suficiente para que decidiera, en ese momento, que esa persona no volvería, pues no abalaría ni aprobaría, ni siendo ni dejando ser, el racismo en cualquiera de sus formas.

La decisión la tomé allá por 2002, y me hizo descubrir lo que luego llamé la “Paradoja de la Tolerancia”: la mejor forma de contribuir a la construcción de un mundo más tolerante, es denunciando pública y enérgicamente a los intolerantes, entre ellos, por supuesto, a los racistas.

Que no se malentienda: mi lucha es por un mundo más tolerante, y si existiera otra forma de contribuir activamente a ese ideal, la promovería. Hoy, retomo este tema en el contexto de la discusión sobre la familia diversa en México, y lo hago en dos partes: primero recuerdo algunos de los hechos que han acontecido recientemente al respecto; luego, golpeo en el Talón de Aquiles del movimiento.  

Los hechos

El 17 de mayo de 2016, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa federal conocida como de “matrimonio sin discriminación”. La misma busca modificar el primer párrafo del artículo 4 de la constitución, para garantizar que cualquier persona mayor de 18 años, residente en México, pueda casarse sin ser discriminada por cuestiones étnicas, de género, de discapacidad, por su condición social, su salud, su religión, o sus preferencias sexuales, entre otros.

También propuso un decreto para reformar el Código Civil Federal para asegurar el “matrimonio igualitario”. Algo de Pink Washing Político – estrategia marketing que consiste en mostrarse gay-friendly para ganar simpatía ante la opinión pública y desviar así la atención sobre otros problemas – hay en las iniciativas, pero igual, existen criterios jurídicos que obligan al gobierno a moverse en esa dirección.

 Por un lado, es innegable que existe discriminación entre los gays residentes en los estados en donde sí se reconoce el matrimonio igualitario (Campeche, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, y Quintana Roo), y en los que no.

México es una federación, y cada Estado posee un código civil que regula la cuestión del matrimonio. Pero el acceso a los derechos no puede ni debe variar en función del Estado de residencia. ¿Qué sucede con las parejas legalmente casadas en un Estado que se mudan a uno en donde su matrimonio no es válido?

Por el otro, la Resolución de Jurisprudencia 43 2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (12/06/2015) señala que no es idóneo, en términos constitucionales, defender que la finalidad del matrimonio es la procreación.

Es entonces imposible vincular los requisitos del mismo a las preferencias sexuales, pues se excluyen injustificadamente del acceso al matrimonio (con ello se discrimina) a los gays. En los principios de igualdad ante la ley de las que se inspiran las sociedades modernas, la discriminación basada en la orientación sexual está prohibida.

Por lo tanto, ningún juez en México, incluso en un Estado en donde no se permite el matrimonio igualitario, puede negar ese derecho. En ambos casos, la acción del gobierno federal es pertinente y necesaria, y la misma deberá ser discutida en el congreso mexicano en un futuro cercano.

Ahora bien, a fines de agosto de 2016, la “Coordinadora Nacional Pro Familia” anunció que el movimiento mexicano contra el matrimonio gay, aglutinaba 250,000 firmas. Se advierte que la inclusión de la “ideología” de género en la educación de los niños y adolescentes, y la inclusión de México en la lista de países que desean promover esa “ideología” a nivel mundial, genera problemas.

Marcial Padilla, Director de la Asociación Conciencia y Participación, señaló que “la ideología de género es una forma de oponerse a la biología, donde el género de una persona se describe como un hombre o una mujer, sin embargo, con la nueva ideología se establece que los seres humanos son una entidad psíquica y pensante”.

Indica el movimiento que la sociedad debe saber que el gobierno federal planea entregar a niños en adopción a parejas del mismo sexo, incorporar el divorcio exprés, eliminar los exámenes prenupciales, y permitir el cambio legal de sexo a cualquier ciudadano.

Los que defendieron las manifestaciones adujeron que no se trataba de una actitud homofóbica, sino que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos y a incidir sobre el contenido de los libros de texto educativos. Al fin y al cabo, México es una democracia; el respeto a la diversidad, que tanto defienden los gays, debe ser una actitud que va en ambas direcciones, pues existe libertad de pensamiento.  

El pensamiento

Antes de continuar, desearía aclarar que “género” no es una ideología, sino un campo de estudios interdisciplinario académico-científico, compuesto por diversas corrientes teóricas, en donde se incluye, en efecto, estudios LGBT y, a veces, la sexualidad, pero en donde también se desarrollan estudios feministas y sobre masculinidad. No se necesita un PhD. para saber esto: esta definición viene de Wikipedia y la obtuve googleando “teoría de género”.

Existe, además, una serie de resoluciones internacionales y de documentos para proteger a la comunidad LGBT, porque se le vulneran una serie de derechos humanos, entre los que se encuentra, precisamente, la discriminación en relación al acceso de servicios básicos como la vivienda y la asistencia sanitaria. Cualquier intento del Gobierno Federal por cambiar el artículo cuarto de la constitución, para adecuarlo a las normas internacionales en la materia, no es mera coincidencia, como se verá más adelante.

A nivel internacional, se acepta hoy que la orientación sexual forma parte de la dignidad de la persona. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que se trata de una parte fundamental de la vida privada de las personas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la misma forma también parte del concepto de libertad y del derecho de auto-determinación individual.

Los Principios de Yogyakarta (Indonesia, 2007), que buscan facilitar la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, indican, en su principio # 24, que “toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y responsabiliza al Estado para crear el contexto normativo que lo permita.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de Naciones Unidas, y en los tratados internacionales en la materia.

Es decir, sabíamos que la tierra es redonda y que somos nosotros los que damos la vuelta alrededor del sol. Ahora, nos enteramos que existen diversas configuraciones familiares, que existen derechos internacionales (que México, por cierto, ha firmado), y que los Estados deben actuar para proteger.  

Claro, con un poco de perspicacia, se podría señalar que el famoso artículo 4 no aborda la cuestión del “matrimonio”, y aunque sí hace referencia a la “familia”, en ningún lado se indica que el mismo debe ser obligatoriamente entre hombre y mujer. Entonces, si se desean defender los derechos de los heterosexuales, habría que cambiar la constitución para que restrinja claramente este derecho. El asunto, precisamente, es que no se puede restringir el acceso a la familia. Sería inconstitucional.

También se podría señalar que al ser el matrimonio un concepto religioso, se debería poder preservar la integridad de la institución. Es decir, la unión entre personas del mismo sexo podría llamarse “Unión Civil” o cualquier otra analogía. Al fin y al cabo, si se pide respeto: ¿Por qué no darlo? ¿Y qué más da si se le cambia el nombre con tal que elimine la discriminación?

Ahora bien, el susodicho artículo 4 indica que todos tienen derecho, además de la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable, a la cultura, a vivienda digna y decorosa, y a una alimentación sana, a decidir sobre el número y ritmo de los hijos. Confiere también al Estado la labor de cumplir con el principio de interés superior de la niñez (los derechos de los niños pasan primero). Y este es el meollo del asunto. No es una cuestión religiosa: es una cuestión de educación.  

Como el matrimonio está a la base de la familia, la cual es el entorno de la niñez, entonces si se desea proteger la infancia, se debe evitar que las uniones entre personas del mismo sexo sean consideradas “familia”, para lo cual se debe impedir el matrimonio igualitario. Como los mismos manifestantes lo dicen, no se trata de discriminar a parejas gays, sino de proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Claro, no hay discriminación, solo preocupación: no vaya a ser que “se les pegue” esa “condición”, que se “vayan a confundir” por tener ese tipo de “modelos”, o que vayan a ser víctima de acoso en las escuelas (porque claro, la sociedad va a continuar siendo igual de intolerante). Pero no es discriminación. Y aquí es en donde el argumento cae por su propio peso.

Este movimiento lo que intenta es preservar el “derecho” de esos padres para educar a sus hijos de forma tal que no sean gays. O a evitar que haya “mal suertudos”, infantes dados en adopción, que podrían caer en ambientes gays. Tal vez no todos lo ven así, pero sospecho que muchos sí adhieren implícitamente a esta idea.

En el momento en que se defiende la idea que los gays no nacen, sino que se hacen, se asumen posturas homofóbicas en donde sí se discrimina. Un homosexual, no es, digamos, como un gordo, el cual, en la gran mayoría de los casos, no nace, sino que se hace (excepción hecha a casos de tiroides o de metabolismos lentos).

Un gay nace y, si se le respeta su derecho de auto-determinación y a su privacidad, vivirá su vida gay, bien gay, aunque haya sido educado en un ambiente heterosexual. Lo contrario también es cierto: así como lo heterosexual no es contagioso, lo homosexual tampoco lo es.  

Conclusión: me declaro en contra de la ideología de la gordura

Quisiera yo que esta columna fuera una pérdida de tiempo, que no sirviera para nada. Pero no es así. Todavía falta mucha educación, aunque la paradoja de la intolerancia no nos deja mucho espacio para caminar hacia atrás. Señalo que me declaro en contra del matrimonio entre las personas obesas. No es natural tener sobrepeso. La ciencia es clara sobre cuál es el índice de grasa corporal “normal” y saludable.

Además, y sin tomar en cuenta el “bullying” al que pueden ser expuestos en las escuelas los niños de condición redonda, todos sabemos que por comer chatarra se contraen enfermedades crónicas incurables, como la diabetes. ¿No castiga así “Dios” la gula? El objetivo primero de la alimentación es nuestra supervivencia.

 

 

Comamos entonces sencillito, en las proporciones recomendadas. Y no nos hagamos de la vista gorda: en varias partes de la Biblia se intuye que la gordura es pecado. Para muestra varios ejemplos: bebedores y comelones empobrecerán; el hijo glotón es vergüenza de su padre; no debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen; y la habilidad de decir “no”, el “auto-dominio”, es uno de los frutos del Espíritu.

¿Quién ha visto a un Jesús regordete? Nadie, porque nuestro Cristo es flaco. Así lo quiso nuestro Señor. Y como él también quiere que seamos a su imagen y semejanza, entonces todos debemos ser delgados. Imagínese la degeneración de un mundo en donde infantes, inocentes criaturas, se contagien de la gordura de sus padres.

La paradoja de la intolerancia me lleva hoy a ponerle un alto a los eufemismos, y a llamar las cosas como son. Tolerar la homofobia escondida detrás de la defensa de la “diversidad del pensamiento” es dar un paso atrás. La “ideología de género” que tanto incomoda, es la misma que censura la ablación de clítoris (por razones culturales o religiosas) en Asia y África.

Comencemos a defender los relativismos culturales, y perderemos entonces los avances universales que hemos alcanzando durante el siglo XX, y que diferencian el mundo moderno de otras etapas de la historia humana. Hoy, debemos denunciar la intolerancia para parar su progreso. Por cierto, se me olvidaba aclarar: no soy “gordofóbico”: no tengo nada en contra de los gorditos.

De hecho, tengo varios amigos y amigas con ese estilo de vida (o “condición”). Los quiero mucho, (no los promuevo, pero) los tolero e, incluso, los respeto. ¿O ahora resulta que no puedo ejercer mi “derecho humano” a no estar de acuerdo con la “ideología” de la gordura?    

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México, octubre de 2016

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¿Ocupa “dientes” la CNDH?

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No es ningún secreto que nuestro país tiene, desde hace varias décadas, una crisis en lo concerniente al respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eventos como la matanza de Tlatelolco, Acteal, Ayotzinapa, y más recientemente, Nochixtlán, corroboran el latente problema que hoy se vive, el cual es causado en numerosas ocasiones por las mismas autoridades (nótese que, en todos los casos mencionados, existen supuestos de la participación de funcionarios públicos, además de las sospechas de intervención policial y militar).

Por otra parte, ¿qué medidas ha llevado a cabo el gobierno para solucionar esta evidente crisis? Desde hace tiempo, México se ha incorporado a organismos internacionales que velan por la protección a los derechos humanos, tales como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), o bien, el CDH (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).

Dichos organismos han señalado, en más de una ocasión, la falta de consideración que se tiene en torno al aseguramiento de los derechos fundamentales para con su población; ¿cuáles han sido las repercusiones de la integración de México a estas agrupaciones internacionales?

Si bien cabe destacar que, desde que México comenzó a fungir como miembro de diversos grupos de cooperación para el resguardo y protección de las antes llamadas garantías individuales, este ha tenido que darle una mayor ponderación a las mismas, así como aceptar la intervención de aquellos grupos, en casos que han causado gran difusión mediática, el problema no ha logrado disminuir más que de forma tenue.

A pesar de este supuesto “compromiso” para mejorar la defensa de nuestros derechos por medio de la subscripción antes dictada, los ataques y la represión continúan formando parte de la vida diaria de los mexicanos, sin importar si estos tienen como profesión el periodismo (México es calificado como el país con mayor riesgo para tal empresa), o si son maestros o aspirantes a los mismos (previamente mencionado de Ayotzinapa), o bien si son campesinos (San Quintín).

Ahora bien, ¿qué es lo que falta hacer para mejorar esta situación y garantizarle la dignidad y la existencia a cada miembro de la nación? Lo primero que habría que hacer es, reforzar nuestras instituciones antes de estar firmando acuerdos que sabemos, no vamos a cumplir; actualmente tenemos instituciones como la CNDH, la cual tiene por objeto la defensa de derechos humanos. No obstante, ¿cómo es posible que esta misma pueda defender nuestros derechos si su función se encuentra limitada a la “emisión de recomendaciones”?

Es preocupante observar casos, como lo ocurrido en Veracruz, donde pudimos ser testigos de una abierta represión hacia el periodismo y hacia todo aquel que se opusiera al gobernador, Javier Duarte, en donde las recomendaciones del organismo mencionado no trascendieron, a lo mucho, a un “jalón de orejas”.

Si en verdad queremos mejorar esta deplorable situación por la que pasamos, si en verdad queremos construir una nación más prospera y garantista de derechos, deberíamos empezar por darle “dientes” a nuestras instituciones protectoras de derechos fundamentales.

¿Cómo empezar con dicho cambio? Con algo tan simple como hacer de carácter vinculatorio (obligatorio) aquellas “recomendaciones” de la CNDH, para que así el poder judicial se encuentre obligado a investigar a los servidores públicos que la comisión ha señalado como posibles responsables de violaciones hacía los derechos reconocidos en la carta magna.

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