La libre expresión en Internet también es un derecho humano

Tras los desafortunados incidentes registrados en la Macroplaza el día 5 de enero por un reducido número de encapuchados – que entre otras cosas, desacreditaron la protesta social de más de 30.000 ciudadanos de Nuevo León – el Gobernador Jaime Rodríguez señaló en declaraciones oficiales que iba a vigilar y a dar con quienes en redes sociales inciten a la violencia y el daño al patrimonio público del estado.




En ese sentido, Redesquintopoder es categórico al repudiar este tipo de actos vandálicos que nada tienen que ver con la movilización social y la manifestación de la ciudadanía de forma pacífica.

Asimismo, Redesquintopoder valora el papel que tuvieron las Redes Sociales para documentar y difundir la protesta, ya que miles de ciudadanos transmitieron en vivo las marchas que reunieron a un número importante de nuevoleoneses ante el gasolinazo y otras medidas del Gobierno Estatal y Federal.

Por lo demás, Redesquintopoder considera pertinente señalar que las declaraciones del Gobernador merecen ser analizadas objetivamente. Así las cosas, reconocemos que existen personas que aprovechan el anonimato y la viralidad de las redes sociales para hacer “apología a la protesta violenta”. Sin embargo, estas personas no son más que una parte mínima de la población de Nuevo León. Por contraste, la mayoría de la ciudadanía no celebra ni aplaude este tipo de invitaciones a la violencia ni mucho menos participa de ella.




No obstante, el Gobernador del Estado pretende establecer un Estado de Vigilancia sobre el uso de las Redes Sociales, como si toda la ciudadanía aprobara este tipo de prácticas reprochables.

Esto tiene una serie de efectos negativos que contravienen el derecho humano a la libertad de expresión en Internet establecido por la ONU, así como los Art. 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los Art. 6 y 7 De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Bajo la justificación de implementar un Estado de Vigilancia, como lo desea el Gobernador Jaime Rodríguez, se puede coartar la libertad de expresión y manifestación de ideas de toda la ciudadanía. ¿Quiénes conformaran ese cuerpo de vigilancia? ¿Cuáles serán los límites de este cuerpo de vigilancia? ¿Cómo se determinará qué usuarios hacen apología a la protesta violenta y alteración del orden público?

Estos y otros interrogantes se desprenden de las declaraciones del Gobernador durante la rueda prensa realizada en Palacio de gobierno este viernes 6 de enero de 2017.

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¡Cuidado, México! La guerra puede empeorar




Ha pasado ya una década desde que empezó la guerra contra las drogas en México, y vaya que hemos sufrido las consecuencias. Oficialmente, se estima que entre 2007 y 2014 fueron asesinadas más de 164,000 personas y, para que se den una mejor idea de la magnitud de esta cifra, lo pongo en el siguiente contexto: en Afganistán e Irak fueron asesinadas 103,000 personas en total durante ese mismo periodo [1].

Aunque a paso de tortuga, todo indica que el mundo occidental está abriéndose al debate de estrategias alternas. La guerra contra las drogas no se puede ganar, y esto ha sido evidenciado en el estable incremento de consumo de narcóticos. Un número cada vez mayor de académicos y políticos busca que se le atienda como un tema de salud pública, y no de defensa nacional [2].

Enrique Peña Nieto se abrió al debate [3], pero el gobierno mexicano ha mantenido una postura bastante conservadora, lejos del ejemplo del ex-presidente uruguayo, José Mujica [4]. Pero a esta administración le quedan dos años, y por eso es importante conocer las posturas de quienes pretenden sustituirla. Si no tenemos cuidado, la guerra pudiera ponerse peor.

¿Cómo es que nuestra situación actual puede empeorar? Es cuestión de mirar hacia Filipinas. Filipinas ya tiene tiempo con problemas de drogas; de acuerdo con la ONU, en 2012 este país era el mayor consumidor de metanfetaminas en Asia del este [5]. La guerra contra las drogas en este país apenas va por su tercer mes, y se estima que la cifra de muertos fue de casi 1,800 personas en sus primeras siete semanas [6].




El presidente, recientemente electo, Rodrigo Duterte, es conocido a nivel internacional por sus comentarios desatinados, como: “estaba enojado porque la violaron (…) Pero era tan bonita, que [Duterte] debió haberlo hecho primero. Qué desperdicio.” [7] O, la semana pasada, cuando llamó al presidente Barack Obama “hijo de perra,” provocando la cancelación de su reunión en Laos [8].

Además de ofrecernos titulares escandalosos, este hombre también sirve como una advertencia para México. Las tácticas de guerra de Duterte deben ser evitadas por nuestro país a toda costa. En Filipinas se le ha dado libertad a autoridades y civiles de matar bajo el cobijo del ejecutivo a quienes se sospeche de comercializar o consumir drogas.

A Duterte no le interesan los derechos humanos y ha sido vocal al respecto, ignorando las protestas de la comunidad internacional [9].

Dejemos de lado la cuestionabilidad de la misma guerra contra las drogas, además de las violaciones a los derechos humanos que la estrategia particular de Duterte implica, la falta de un debido proceso judicial pone en duda la criminalidad de los asesinados. Cómo confiar en policías y justicieros que no se basan en evidencias sólidas al fijar un objetivo. Cómo respaldar una estrategia que puede llegar a camuflajear de heroísmo alguna vendetta personal. Es una estrategia explosiva, y no cabe duda que los estragos de la misma se dejarán ver en los próximos meses.

A pesar de esto, Duterte cuenta con la aprobación de la mayoría de los filipinos; del 91% para ser exactos [10]. El pueblo mexicano debe rechazar a candidatos con propuestas parecidas a las de Duterte. La guerra debe terminar ya, y una táctica así la prolongaría indefinidamente.

Analicemos con cuidado a los presidenciables, desde hoy, vigilemos las posturas que tienen ante la guerra contra las drogas. Apoyemos a un candidato que abogue por el diálogo y el debate, y que base sus decisiones en investigaciones científicas; un candidato que pretenda limpiar y reforzar el sistema judicial, en lugar de hacerlo a un lado; un candidato que sea incluyente y que busque parar esta guerra que vamos perdiendo desde hace 10 años.




[1] Jason M. Breslow. “The Staggering Death Toll of Mexico’s Drug War.” PBS. 27 julio 2015. http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-staggering-death-toll-of-mexicos-drug-war/.

[2] Eduardo Porter. “Numbers Tell of Failure in Drug War.” The New York Times. 2 julio 2012. http://www.nytimes.com/2012/07/04/business/in-rethinking-the-war-on-drugs-start-with-the-numbers.html?_r=0.

[3] Presidencia de la República. “Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana.” 21 abril 2016. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conclusiones-del-debate-nacional-sobre-el-uso-de-la-marihuana-29292.

[4] Gerardo Lissardy. “José Mujica sobre la legalización de la marihuana: ‘Los retrógrados se van a asustar’.” BBC Mundo. 7 mayo 2014. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140506_uruguay_entrevista_jose_mujica_jgc.

[5] Manuel Mogato y John Chalmers. “As Duterte takes over in Philippines, police killings stir fear.” Reuters. 29 junio 2016. http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-killings-idUSKCN0ZE300?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=
Social&utm_campaign=
Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
.

[6] Rishi Iyengar. “Almost 1,800 People Have Died in Seven Weeks in the Philippines’ War on Drugs.” Time. 23 agosto 2016. http://time.com/4462382/philippines-duterte-1800-killed-drug-war/.

[7] Travis M. Andrews. “Leading Philippine presidential contender: Gang rape victim ‘so beautiful’ he wishes he had ‘been first’.” The Washington Post. 18 abril 2016. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/18/leading-philippines-presidential-contender-gang-rape-victim-so-beautiful-he-wishes-he-had-been-first/?tid=a_inl.

[8] Sheena McKenzie y Kevin Liptak. “After cursing Obama, Duterte expresses regret.” CNN Politics. 6 septiembre 2016. http://edition.cnn.com/2016/09/05/politics/philippines-president-rodrigo-duterte-barack-obama/

[9] Simon Lewis. “U.N. Experts Condemn Duterte’s ‘Incitement to Violence’ in the Philippines.” Time. 7 junio 2016. http://time.com/4359466/un-duterte-philippines-incitement-violence/.

[10] Miguel Syjuco, “This Is Why Philippine President Rodrigo Duterte Will Get Away With Murder.” Time. 16 agosto 2016. http://time.com/4453587/philippines-rodrigo-duterte-dictator-impunity-marcos/.

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

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México: el país donde nada pasa

El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 65/209 declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Para la Asamblea General en su resolución 47/133, son víctimas de desaparición forzada, las personas que sean arrestadas, detenidas o trasladadas contra su voluntad, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra manera por agentes estatales, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno, ya sea con su apoyo directo o indirecto, autorización o asentimiento, y que después se niegan a revelar la suerte o el paradero de estas personas o niegan reconocer que están privadas de la libertad.

Las desapariciones forzadas comenzaron siendo una práctica común de las dictaduras militares con el propósito de infundir terror en la sociedad y como método de represión política. En la actualidad se considera un problema mundial, es decir no solamente le afecta a una región o país; es una enfermedad que la padecen o padecieron países, entre los que se encuentran Siria, Egipto, España, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Camerún, Ruanda y muchos más.

En nuestro país ha sido una realidad constante, una práctica por parte de las autoridades que se fue haciendo más frecuente, hasta el punto de convertirse en costumbre. Si eres sospechoso de estar involucrado en actividades políticas, sociales, o delictivas, método de solución es la desaparición.

La CIDH señaló en su último informe, que México atraviesa una preocupante crisis de derechos humanos, existe una brecha abismal entre el marco jurídico y su situación social. Mencionó que en los años de la guerra sucia, las autoridades gubernamentales, utilizaban la desaparición forzada para reprimir a los activistas políticos y en la actualidad se extendió a cualquier persona.

De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas para el año del 2015 se reportaban 26.789 no localizadas. La Secretaría de Gobernación determinó que el número eran de 16, 000 y la CNDH estableció que hasta el momento no existe certeza ni cifras claras, o estadísticas claras de personas desaparecidas.

El Estado mexicano solo ha demostrado su incapacidad para realizar investigaciones concretas, sancionar, y garantizar justicia a las víctimas y sus familiares. En vez de realizar y activar mecanismos efectivos para realizar búsquedas serias, imparciales y expeditas a las víctimas, el gobierno se ha enfocado en intentar “desmentir” a todos los organismos protectores de derechos humanos, internacionales como nacionales.

Cuando el relator para la tortura de la ONU Juan Méndez, manifestó que en México la tortura es una práctica generalizada, la SRE solo se limitó a contestar: “eso es incongruente, esto no corresponde con la realidad”.

En la última recomendación que emitió la CNDH respecto a las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán respecto a las 22 ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y manipulación de evidencia, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló de “radical” el informe, estableció que los policías se encontraban actuando en legítima defensa. Respuestas como estas ocurren cada vez que alguien cuestiona a la autoridad, vivimos en un país donde cuestionar y pedir justicia se traduce en exageraciones por parte de la sociedad.

Para el gobierno mexicano, aquí nada pasa. ¿Desapariciones? No, ¿tortura? No es generalizada, ¿muertes extrajudiciales? No existe el tipo penal. Desconocer y justificarse ha sido el único método de solución para la autoridad. ¿Hasta cuándo tanta impunidad?

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Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada




Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

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Machismo que re victimiza

No tenemos ninguna evidencia nosotros, solamente que pase y no lo denuncien, puede ser. Pero denuncia nosotros no tenemos ninguna de un secuestro o una desaparición forzada sobre alguna mujer”, declaró el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” al ser cuestionado este lunes pasado sobre las desapariciones de las mujeres en Nuevo León.

Vamos por partes.

Es un hecho que la mayoría de los casos no se denuncian: la cifra negra de las desapariciones forzadas es altísima. El Informe de “Misión a México”, grupo de trabajo de las Naciones Unidas, presentado en 2011, estimó que la cifra negra por estos delitos supera el 75%. Ésto quiere decir que se denuncian menos del 25% de los casos que se dan y, a demás, los que resultan en sentencia condenatoria son del 2%. Cabe recalcarse que este grupo lamentó la carencia de información pública disponible sobre mujeres víctimas de desaparición forzada.

Empero, aunque la mayoría de los casos no se denuncien, existen datos concretos de personas desaparecidas en Nuevo León y, más concretamente, de mujeres desaparecidas.

Empero, aunque la mayoría de los casos no se denuncien, existen datos concretos de personas desaparecidas en Nuevo León y, más concretamente, de mujeres desaparecidas.

Según el Informe “Situación de Derechos Humanos en México” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 2015, respecto a desapariciones del fuero común, se registraron de 2011 a abril de 2015 un total de 7 mil 060 mujeres desaparecidas o extraviadas en México, de las cuales 549 desaparecieron en Nuevo León.

Asimismo, respecto a desapariciones del fuero federal, se registraron de 2014 a abril de 2015 un total de 125 en todo el país, de las cuales 2 desaparecieron en Nuevo León. Esta información la sacó la CIDH de lo que le fue proporcionado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas (con base en datos de averiguaciones previas, carpetas de investigación, etcétera).Entonces, junto con fuero federal y común han desaparecido 551 mujeres en el estado, de acuerdo a la CIDH. Ésto es sin contar la cifra negra.

Nosotros no tenemos ninguna denuncia del secuestro de una mujer, quizás se van con el novio, no tenemos ninguna denuncia sobre el secuestro de una mujer en lo que va de la administración, puede ser que el novio se las lleve sin el permiso de los papás, sí hay eso que una adolescente se enamora de un mayor de edad y se va con él”, sentenció el Gobernador.

Asimismo, respecto a desapariciones del fuero federal, se registraron de 2014 a abril de 2015 un total de 125 en todo el país, de las cuales 2 desaparecieron en Nuevo León.

Claro que tienen denuncias de desapariciones de mujeres; tan es así, que en marzo pasado se reunieron integrantes de la Procuraduría General de Justicia del estado con personas de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León (FUNDENL) y Agrupación de Mujeres por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) para revisar el avance de 33 expedientes que incluyen a 88 personas desaparecidas en el estado, de las cuales 19 son mujeres.

Nuevo León es el tercer estado de la República con más personas desaparecidas. ¿En serio no tienen datos? Aunado a lo anterior, está la información actualizada a abril de este año del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la cual muestra que hay 3 averiguaciones previas abiertas del fuero federal y 564 del fuero común por mujeres desaparecidas, sin contar la cifra negra.

Nuevo León es el tercer estado de la República con más personas desaparecidas. ¿En serio no tienen datos?…

Habiendo expuesto los datos, paso al tema de la ignorancia y la misoginia en las declaraciones del Gobernador.

Para empezar, el decir que las mujeres desaparecidas se van con el novio denota discriminación heteronormativa. Además, denota machismo que minimice la situación y reduzca la importancia, estigmatizando a las víctimas. En último lugar, preocupa que de cómo solución a su paradero el que se encuentren con el novio, lo que termina por ser un deslinde de su gobierno a actuar para resolver el problema.

Rodríguez Calderón prometió poner en funcionamiento las Fiscalías Especializadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas a partir de enero del presente año, de acuerdo a una carta abierta de integrantes de FUNDENL, y hasta el momento es otra promesa no cumplida.

Un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León realizaron un estudio sobre las desapariciones de mujeres en el estado este 2016. El Dr. Arun Kumar Acharya, parte de este grupo y experto en la materia, explicó este lunes pasado que las desapariciones de mujeres van en aumento y que en el 70% de los casos son menores de 15 años. Éstos datos lo llevan a considerar que se debe al alza en la demanda de mujeres jóvenes por parte de los tratantes.

Rodríguez Calderón prometió poner en funcionamiento las Fiscalías Especializadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas a partir de enero del presente año, de acuerdo a una carta abierta de integrantes de FUNDENL, y hasta el momento es otra promesa no cumplida.

En todos los delitos de los que las víctimas son mujeres, estas sufren de revictimización por parte de las autoridades cuando denuncian. En el caso de las desapariciones, son las familias de las víctimas las que sufren de ello y además de tortura psicológica al ver que el gobierno no hace nada para encontrar a sus hijas.

El Gobernador ignora los datos oficiales, la presión por parte de organizaciones de la sociedad civil, la angustia de las familias y la opinión de los expertos y termina por dar una opinión altamente discriminatoria, sexista, misógina, ignorante e insensible.

El machismo del mandatario revictimiza a las mujeres desaparecidas y a sus familias y termina por propagar pensamientos, actitudes y conductas misóginas que contribuyen a perpetuar la violencia machista de la que todas las mujeres sufrimos día con día y que muchas personas feministas luchamos para erradicar.

La situación está muy mal cuando un mandatario es sujeto activo de violencia de género.

A leer, que se ocupa, Gobernador.

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Superman y otras hierbas

No. No se trata del mundialmente reconocido y fortachón súper héroe. Hoy se trata lisa y llanamente de drogas.

El narcotráfico es una de las industrias que mueve más dinero, y para ello se sirve de redes que se conectan a través de todo el globo terráqueo. Redes de las que forman parte desde políticos poderosos, empresarios, fuerzas policiales, ejércitos, hasta mujeres y niños que ofician de mulas. También han llegado a cooptar a muchos organismos que se encargan, en teoría de acabar con ellos; como ha quedado más que claro tras los repetidos hechos de corrupción en los que se ha visto involucrada a la DEA (Drug Enforcement Administration).

Las redes de narcotráfico ya no implican solamente la venta o el tráfico. Su accionar se ha ido complejizando, y por qué no, profesionalizando. Obtención de insumos, fabricación, distribución y venta; son sólo algunas de las partes de este intrincado proceso que lleva la droga cada rincón del mundo.

Las redes de narcotráfico ya no implican solamente la venta o el tráfico. Su accionar se ha ido complejizando, y por qué no, profesionalizando. Obtención de insumos, fabricación, distribución y venta; son sólo algunas de las partes de este intrincado proceso…

Según el Informe Mundial sobre la Drogas 2014 de la ONU, los laboratorios de droga se las rebuscan cada vez más para no ser impedidos. Es así como ante el reforzamiento mundial de la fiscalización de precursores (sustancias que son necesarias para sintetizar las drogas, como por ejemplo la efedrina) ahora forman parte de un intrincado proceso para la obtención de ellos. De esta manera se sirven de los países con sistemas de fiscalización débiles, como por ejemplo a través del establecimiento de empresas ficticias para ocultar importaciones ilegales. También utilizan preparados farmacéuticos (en particular los que contienen efedrina y seudoefedrina) y buscan nuevos precursores no sujetos a fiscalización, incluidos varios preprecursores de fácil conversión en los precursores necesarios.

Otro de los eslabones principales de las redes de narcotráfico es, lamentablemente, la política. Este involucramiento se puede dar desde la negligencia o cobro de sobornos, hasta el cumplimiento de un rol activo facilitando la adquisición de los precursores o el ingreso o egreso de la droga a través de las fronteras.

A la desidia y la corrupción se le suman las políticas públicas débiles o ineficientes, fronteras sin vigilar, falta de transparencia, desidia, abandono; y por supuesto, en América Latina, la más que clásica distribución desigual de las riquezas. Estos factores hacen un país más permeable a la instalación y propagación del narcotráfico.

Otro de los eslabones principales de las redes de narcotráfico es, lamentablemente, la política. Este involucramiento se puede dar desde la negligencia o cobro de sobornos, hasta el cumplimiento de un rol activo facilitando la adquisición de los precursores o el ingreso o egreso de la droga a través de las fronteras.

Además de la conocida marihuana, y las drogas más comunes, últimamente el debate público se ha enfocado en las drogas de diseño, más precisamente pastillas como la mediatizada “Superman”. Tanto la Superman como las Love, Luna o NBOMe, son drogas que son habitualmente consumidas en fiestas electrónicas. Más precisamente Superman fue la responsable de la muerte de cinco jóvenes que asistieron a la edición argentina de la fiesta electrónica Time Warp. Otros cinco quedaron en terapia intensiva y difícilmente se logren recuperar por completo.

Este hecho abrió la puerta a una serie de debates que se centraron básicamente en: ¿La culpa es del chancho o de quién lo alimenta? ¿Los culpables fueron los narcotraficantes por no proveer un buen producto o de los consumidores por no tomar más recaudos a la hora de consumir sustancias?, ¿O tal vez fue su culpa por drogarse?

Es hora de tomarse esta discusión con mayor seriedad para poder comenzar a reflexionar sobre la complejidad del tema.

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Como luchar contra mi país

El miércoles pasado se terminaron las clases en algunas preparatorias privadas del Estado, durante el semestre me atrevo a afirmar que les di a mis alumnos herramientas para que lucharan contra las adversidades que el sistema pudiera generarles. Les enseñé que es más importante luchar por lo que creen correcto que dejarse vencer. Les dije que nadie, ni siquiera el sistema en el que nos regimos en México puede determinar lo que quieren hacer con su vida.

Aprendimos durante el semestre que debemos construir un mejor México. Aprendimos que nadie tiene la verdad absoluta y que debemos ser críticos ante todo, a escoger bien sus batallas y que la bandera/causa que decidan tomar la lleven con orgullo siempre. Intenté brindarles herramientas que creí necesarias para su vida, pero nunca tomé la precaución de enseñarles a defenderse de su propio país.

De acuerdo a un estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre 55 y 62 por ciento de los niños en México sufrió maltrato y según el INEGI, una tercera parte de los hogares mexicanos padece de violencia. Esto se traduce para los niños, en el mejor de los casos en deserción escolar, y es que la violencia infantil es una de las principales causas de muerte en México.

De acuerdo a un estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre 55 y 62 por ciento de los niños en México sufrió maltrato y según el INEGI, una tercera parte de los hogares mexicanos padece de violencia.

Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen en un contexto de violencia perpetuada no solo por sus seres queridos sino por el sistema en el que se rige este país. De acuerdo a cifras de UNICEF mueren 2 niños(as) menores de 14 años cada día. Estos niños y niñas sufren de violencia física, psicológica y sexual todos los días, en la mayoría de los casos permanece oculta o es aprobada socialmente. ¿Cómo impacta esto en el futuro? Si logan escapar de la muerte se traduce en violencia de género (ambos géneros se ven afectados).

El abuso infantil es un tema común y normalizado en el país. El 77% de las víctimas de abuso infantil son niñas entre 5 y 7 años. Existe en México una toda una red de trata de personas y de turismo sexual infantil, de acuerdo al Senado de la República cada año son explotados más de 30 mil infantes en ciudades de la Riviera Maya, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara y Tijuana, generando ganancias por más de 24 mil millones de dólares anuales.

El abuso infantil es un tema común y normalizado en el país. El 77% de las víctimas de abuso infantil son niñas entre 5 y 7 años. Existe en México una toda una red de trata de personas y de turismo sexual infantil, de acuerdo al Senado de la República cada año son explotados más de 30 mil infantes…

Según el estudio Trata en el sector turístico, elaborado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez para la Secretaría de Turismo, “hay paquetes exclusivos para pederastas que incluyen hotel y niño, con costos de 200 a 2 mil dólares”. Luego del turismo y venta de drogas, la explotación sexual infantil es la actividad que más ingresos deja a Cancún. ¿Cómo puede progresar México si seguimos permitiendo estás actividades? ¿Dónde estamos nosotros como sociedad que exige y denuncia? ¿Dónde está el gobierno ejerciendo sus facultades de proteger a todos sus ciudadanos?

La violencia infantil sigue siendo la causa de muchos problemas que tenemos en el país, por qué los desprotegemos. ¿Cómo podemos enseñarles a luchar y cambiar el mundo, si muy pocos los están cuidando? ¿Cómo mejoramos su situación para que puedan ser parte del cambio que México necesita?

¿Qué necesitamos para darnos cuenta que la situación en la que estamos en México es indignante?

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ELECCIONES 2016: LA ONU

Han sido casi diez años ya desde que el surcoreano Ban Ki-moon fue electo como Secretario General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en el sucesor de Kofi Annan y quien fue reelecto de manera unánime para mantenerse en su puesto durante un segundo periodo a finales del 2011. Para el 1° de enero de 2017, las Naciones Unidas elegirán a su nuevo mandamás y, como si fuera elección presidencial en México, ya de a poco van saliendo los nombres y algunas manos temerosas se van alzando. La diferencia: las mujeres están haciendo cada vez más ruido.

Me permito dar una breve semblanza de lo que son las Naciones Unidas en opinión de un servidor. Creada en 1945 con motivo del fin de la Segunda Guerra Mundial y con la intención de dar continuidad a la idea de Woodrow Wilson y la ‘Liga de Naciones’; y con el objetivo de establecer buenas relaciones diplomáticas y de paz a nivel internacional, la ONU –podría decirse– es el máximo órgano redentor a nivel global que existe. Funciona en base a secretarías (como ‘departamentos’) y cada una de ellas se especializa en un tema. Claro está, la Secretaría General es la más importante de todas, pues coordina al resto.

Sin embargo, dentro de las Naciones Unidas existen muchas cláusulas, convenios, métodos, y otras prácticas que hoy podrían considerarse como fuera de tiempo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las secretarías más importantes del organismo, sigue contando con la presencia del ‘veto’ por parte de las delegaciones de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia, por lo que si llegara a haber alguna decisión que tomar (como la de elegir al nuevo Secretario General, por ejemplo), basta con que alguno de estos cinco den su voto en contra para que el proceso se deseche por completo. Haciendo un acercamiento a estos cinco miembros, podemos darnos cuenta de que todos son parte de las fuerzas que resultaron victoriosas tras la SGM.

Para el 1° de enero de 2017, las Naciones Unidas elegirán a su nuevo mandamás y, como si fuera elección presidencial en México, ya de a poco van saliendo los nombres y algunas manos temerosas se van alzando. La diferencia: las mujeres están haciendo cada vez más ruido.

Pero, sin afán de perder el punto, lo relevante es que la inquietud porque la mujer sea quien asuma el cargo para la(s) próxima(s) gestión(es)… y las candidatas ya están listas. Algunas de ellas son Irina Bokova (Directora General de la UNESCO), Vesna Pusic (ex Ministra de Relaciones Exteriores de Croacia), Natalia Gherman (ex Ministra de Relaciones Exteriores de Moldavia) y Natalia Clark (administradora del PNUD). La iniciativa ha sido impulsada por diversas naciones, pero sobre todo por la delegación Colombiana, quienes además de esto buscan también que se dé un giro al país de origen del Secretario y se consideren países de Europa del Este para ser elegidos.

Desafortunadamente, y así como previsto al inicio de este espacio, los y las candidatas tendrán que hacerle ojitos a las cinco potencias permanentes del CS, pues son ellas las que tienen el poder, de alguna forma, de quitar y poner a quien les venga en gana.

Sin el afán de sonar misógino, ¿Será acaso que la agenda de las Naciones Unidas está ad hoc para que por primera vez una mujer se convierta en Secretaria General? Recordemos que, aunque en el discurso siempre se maneja la cuestión de la paridad y la neutralidad, en la práctica nos seguimos encontrando con situaciones como estas hasta en el plano internacional, pues sólo pocas mujeres ocupan cargos de alta coyuntura, como Christine Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional.

Considero importante –y muy a pesar de que la ONU ha quedado mal con el tema de los levantamientos en el Medio Oriente– que nos debemos abocar a conocer con detalle el proceso por el que tendrán que pasar los candidatos, pues aunque no participemos directamente en él, sí sufriremos las consecuencias de estar o no dentro de los primeros temas de la agenda. Desafortunadamente, y así como previsto al inicio de este espacio, los y las candidatas tendrán que hacerle ojitos a las cinco potencias permanentes del CS, pues son ellas las que tienen el poder, de alguna forma, de quitar y poner a quien les venga en gana.

Me pregunto qué pasaría Alicia Bárcena (secretaria ejecutiva de la Cepal) quedara como Secretaria General. ¡Ah, no! Se me olvidaba que nuestro principio de “no intervención” no nos deja participar en tanta cosa…

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Migrantes: ¿Acaso son solo números?

En el libro “72 migrantes” que publicó la editorial Almadía, Víctor Núñez cuenta la historia de Miguel Ángel, un jornalero hondureño, harto de su miseria y cansado de enviar a sus hijas e hijos a la cama antes de las seis de las tarde para que se les olvidara el hambre, quien decidió emprender su camino para obtener una mejor vida, viéndose en la necesidad de salir de la tierra que lo acogía por más de 40 años y de abandonar sus recuerdos y a su familia. [1]

Así como Miguel Ángel, existen más de 80,000 [2] personas al año que intentan cruzar la frontera, hartos de su pobreza, ilusionados con su futuro y muertos de miedo por su presente, se van a la aventura rodeados/as de desconocidos/as con las y los cuales comparten sus mismas esperanzas de buscar un mundo desconocido, olvidar su dolor y poder obtener más oportunidades en un nuevo país, ya que el suyo se las arrebató.

En su último informe, “Situación de derechos humanos en México”, la CIDH determinó que las y los migrantes se encuentran en constante situación de vulnerabilidad toda vez, que son víctimas de secuestros, asesinatos, robos, y desapariciones por parte del crimen organizado y/o de la propia autoridad,

En el año 2013 la Relatoría de la Migración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad en México”, destacó que México se caracterizaba por ser un país de: origen, transito y destino de migrantes; considerándolo como el segundo país con mayor emigración a nivel mundial. A consecuencia de su posición geográfica, se ha convertido en el medio de paso de las y los migrantes, entre los que se encuentran: centroamericanos(as), caribeños(as) y sudamericanos(as). De igual forma, también considerando a la frontera Guatemala – México como una de las más peligrosas para cruzar hoy en día [3]. La CIDH también determinó que existía un fuerte problema entre organizaciones criminales -las cuales habían podido establecer un régimen de violencia generalizada, además de cometer graves violaciones a derechos humanos de las personas en especial las que intentaban cruzar la frontera-, y la participación de las autoridades mexicanas, generando un ambiente de impunidad y violencia sistematizada [4].

En su último informe, “Situación de derechos humanos en México”, la CIDH determinó que las y los migrantes se encuentran en constante situación de vulnerabilidad toda vez, que son víctimas de secuestros, asesinatos, robos, y desapariciones por parte del crimen organizado y/o de la propia autoridad. Asimismo, sacó a relucir la práctica retirada y sistemática de las autoridades al momento de proceder a la detención de una persona por considerarla “ilegal”, -como si las personas fueran ilegales- la cual es sometida a tortura, y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes [5].

Por su parte, las mujeres que deciden emprender su viaje por nuestro país saben que serán víctimas de violación sexual –se estiman alrededor de 45,000 mujeres migrantes al año de las cuales más del 70% son víctimas de agresión sexual–,tal es su realidad que se tienen que poner la llamada “inyección anti-México” para no quedar embarazadas, pues son mujeres, migrantes y pobres, entrando a una país donde esas tres características significan no ser nadie.

…diversas organizaciones internacionales como son la: CIDH, ONU, Amnistía Internacional , Red Fronteriza por los Derechos Humanos, entre otras, han reportado y exhortado en diversas ocasiones a las autoridades mexicanas respecto al tema de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las y los migrantes, de los cuales su situación no sólo ha empeorado sino agravado estratosféricamente en el país.

El Comité de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas también ha manifestado su preocupación por la numerosa cantidad de desapariciones de migrantes y la violación de derechos humanos de los niños y niñas, la cual va en aumento.

Considero importante mencionar que la CIDH señaló a Nuevo León junto con Tamaulipas como focos rojos de destino de migración, y también los apuntó como lugares estratégicos de localización de fosas clandestinas para los restos de migrantes.

Las organizaciones de la sociedad civil y el equipo de expertos forenses de Argentina denunciaron alrededor de 814 casos de migrantes desaparecidos, de los cuales una inmensa mayoría no han podido ser identificados [6]. Además diversas organizaciones internacionales como son la: CIDH, ONU, Amnistía Internacional [7], Red Fronteriza por los Derechos Humanos, entre otras, han reportado y exhortado en diversas ocasiones a las autoridades mexicanas respecto al tema de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las y los migrantes, de los cuales su situación no sólo ha empeorado sino agravado estratosféricamente en el país. Y como es costumbre, el gobierno decidió excusarse de la forma que mejor lo sabe hacer: descalificando el informe argumentando que no eran prácticas generalizadas, sin presentar prueba alguna que lo sustentara.

Miguel Ángel, cuenta Víctor Núñez, dejó de llamarse así cuando cruzó a territorio mexicano, pasó a ser reconocido como el número 27 -la última vez que se le vio fue en una bolsa negra- y a su paso le siguieron otros y otras más hasta que se llegó al número 72 al cual no se logró identificar.

[1] Víctor Núñez Jaime, 72 migrantes, Almadia, pág. 29 y 30.

[2]Amnistía Internacional México, Contenido. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/03/27/amnistia-internacional-teme-por-la-vida-de-personas-migrantes-secuestradas-en-tamaulipas/; Instituto Nacional de Migración, Numeralia Migratoria. Disponible en: http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Numeralia_Migratoria; Instituto Nacional de Migración, Datos abiertos. Disponible en: http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Datos_Abiertos

[3]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, OEA/Ser.L/V/II Doc. 48/12, 30 de diciembre 2013, pág. 27. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, op.cit., pág. 98

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación de derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2016, págs. 89-91. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación de derechos humanos en México, op.cit, pág. 105.

[7]Aministia Interncional. Verguenza la falta de respuesta del gobierno de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamulipas, 1 de marzo de 2016. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/?s=anti+mexico&imageField_x=0&imageField_y=0

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