Venezuela: Estado Fallido

Esta semana en Cancún, Quintana Roo se inauguró la 47 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que por primera vez en su historia lleva a cabo su asamblea en nuestro país.  Uno de los temas más discutidos en la agenda de esta asamblea es el caso Venezuela que desde hace varios meses ha venido teniendo roces diplomáticos son un sinnúmero de naciones, entre ellas México, por los intentos del gobierno de Nicolás Maduro de disolver la asamblea nacional y convocar a una asamblea constituyente.

Solo para entrar en contexto, vale la pena recordar que en las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015 la coalición de oposición obtuvo 112 escaños contra 55 del PSUV, partido gobernante de Nicolás Maduro fundado por Hugo Chávez. Desde que esta nueva legislatura tomó protesta ha ido aprobando legislaciones y señalando malos manejos y abusos por parte del gobierno de Maduro quien tiene a Venezuela sumida en una crisis política, social y humanitaria de escala mayor. Desde que Hugo Chávez tomó protesta en 1998 este régimen se ha dedicado a pisotear los derechos de periodistas, empresarios y otros sectores de la población que han decidido abandonar Venezuela y continuar con su activismo desde el exterior. En los primeros años los altos precios del barril de petróleo le daban al estado venezolano los ingresos suficientes para llevar a cabo un plan de políticas populistas de subsidios y asistencialismos que terminaron por destrozar la economía interna.

Venezuela presenta todos los síntomas de un estado fallido, falta de credibilidad en las instituciones, procesos electorales cuestionados, según consultores privados se estima que hay un desabasto en alimentos y medicinas en Venezuela de 87% a finales de 2016, en ese mismo año tuvo una inflación de 141.5% y hay un intento calificado de “autogolpe” que tiene paralizado al poder legislativo. Muchísimos países se han expresado en contra del régimen de Maduro y de manera más enérgica después del reciente intento de formar una asamblea constituyente.

El populismo de Venezuela no tiene fronteras, la propia canciller de ese país calificó el martes a sus países vecinos de ser una “camada de perritos simpáticos para el imperio” y no lo es todo ya que originalmente Venezuela se había retirado de la mesa de negociación por la propuesta que presentó México para buscar forzar un diálogo entre el régimen y la oposición en Venezuela, pero no ha logrado los 23 votos necesarios para ser aprobada ya que solo obtuvo 20 de los 34 apoyos posibles.

Como patadas de ahogado hace unos días la propia cancillería venezolana en lugar de contestar a México los cuestionamientos sobre la asamblea constituyente, decidió contestar haciendo señalamientos a problemas internos que México desde hace años ha abierto y sujeto al escrutinio y análisis de organismos internacionales, cosa que Venezuela no ha hecho con su situación.

Creo que vale la pena estar al pendiente de lo que se discuta y decida en esta asamblea de la OEA, no me parece tan descabellado que se expulse o suspenda a Venezuela de la organización en caso de no aceptar reanudar el diálogo con la oposición, debido a que un gobierno respaldado por una asamblea constituyente como la que quieren instaurar sería a todas luces antidemocrática y en contra de varias convenciones internacionales. México siempre ha mantenido un papel importante en esta organización, recordemos aquella histórica votación de 1962 donde se expulsó a Cuba y México fue el único país que no votó a favor absteniéndose y promoviendo el dialogo y la reconciliación, como atinadamente busca hacerlo de nuevo buscando la reconciliación en Venezuela, con el apoyo de muchos otros estados americanos. En este debate se enfrentan no solo contra un gobierno venezolano anticonstitucional y fallido, sino contra la amenaza del populismo que bien puede servir como advertencia para otros países del continente.

PAN lleva caso de elecciones en Coahuila a la OEA

Este fin de semana el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya y el candidato a la gubernatura de Coahuila del mismo partido, Guillermo Anaya, sostuvieron una reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El objetivo fue exponer el caso de las elecciones a la gubernatura de Coahuila, donde el PAN asegura que hubo irregularidades y por la misma razón impugnaron la elección y buscan que sea anulada.

En un comunicado el PAN informo que tanto Ricardo Anaya y Guillermo Anaya le expusieron al Secretario General, el cúmulo de graves irregularidades ocurridas durante el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de Coahuila. También, mostraron las razones de la impugnación interpuesta ante los tribunales competentes, por el PAN y por otros cinco candidatos que integran el Frente por u  Coahuila Digno.

En el encuentro los panistas solicitaron al Luis Almagro, seguir de cerca lo que estaba sucediendo en Coahuila y le solicitaron que preparará una comitiva de observadores para los comicios presidenciales del 2018, con el fin de evitar que se repitiera lo sucedido en Coahuila.

#ElTalónDeAquiles: Hasta luego Venezuela

Se cumplen varias semanas de movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En marzo, catorce países de las Américas solicitaron a Caracas liberar sus presos políticos, permitir la creación de un canal humanitario para luchar contra la escasez, respetar la autonomía del Parlamento, y establecer un calendario electoral. Al 15 de mayo, más de 30 muertos y de quinientos heridos eran el saldo provisorio de este nuevo ciclo de conflicto social.

La situación venezolana viene degradándose desde hace tiempo, en una inexorable pero certera descomposición de la llamada revolución bolivariana. La trama es la misma: el proceso revolucionario bolivariano se enfrenta a una guerra económica, a un golpe continuado y fascista al poder para imponer por la fuerza una contrarrevolución de derecha. O, dicho al revés, la oposición democrática continúa resistiendo el avance de la cubanización de Venezuela dirigido por una trasnochada revolución que es todo menos progresista. Polarización. Hoy, en Venezuela, las instituciones, en vez de distribuir el poder, lo concentran, y por ello su control se convierte en el mayor baluarte de este juego de ajedrez en donde no existe posible ganador.

La crisis empeoró a fines de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, intentó adjudicarse las funciones del Legislativo, en manos de la oposición. Se comprueba así, según la oposición, el reino de una dictadura comunista disfrazada en el país. Además de solicitar que se reanudara el calendario electoral que preveía elecciones de gobernadores en 2016, se exigió entonces elecciones presidenciales anticipadas (las próximas están previstas para 2018). La oposición está envalentonada: siete de cada diez venezolanos no apoyan el gobierno de Maduro.

El Palacio de Miraflores (Casa Presidencial) reaccionó de tres formas. Primero, decretó medidas paliativas, como el aumento del salario mínimo mensual de 150,000 a 200,000 bolívares. Se trata de una medida cosmética, pues es Venezuela el país con la inflación más elevada del mundo (el FMI estima que para el 2017, será de 720%). Segundo, planteó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sorprende pues admite que la Carta Magna bolivariana de 1999 debe ser sustituida. Para la oposición, que sólo parece concebir la derrota como desenlace, esta “Asamblea Nacional Prostituyente” no es un chance para revertir el declive, sino un paso en la consolidación del golpe de Estado oficialista iniciado con la suspensión a la elección de gobernadores y el intento de anulación de poderes al poder legislativo. En fin, en medio de fuegos pirotécnicos diplomáticos dignos del chavismo en su apogeo, Venezuela anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Caracas, el ente practica, por medio de su defensa al régimen democrático, una inaceptable injerencia en asuntos soberanos internos.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA, desde el 26 de abril, una reunión de cancilleres de las Américas para evaluar la situación. En medio de varios esfuerzos y de mucha decepción, el ente no ha logrado concretizar la reunión (al 15 de mayo, se esperaba que la misma tuviera lugar el último día del mes). Claro, la salida de Venezuela de la organización está lejos de ser un hecho, no solo porque Maduro no puede tomar esa decisión, al menos no en el marco constitucional actual, sino también porque en los 24 meses que tarda el proceso, mucho puede suceder, incluyendo el colapso del gobierno.

Dos signos preocupantes, creo, sin embargo, deben ser resaltados. Primero, la OEA sigue siendo fiel a su persistente incapacidad a constituirse en foro político interregional. Aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de nada ayudaría a Venezuela e impondría una auto-exclusión del organismo del escenario nacional (como le sucedió con el caso hondureño en 2009). Segundo, si bien lo sé, hay que evitar ser marioneta de intereses privados (sobre todo en marcos tan polarizados como el venezolano), y soy el primero en argumentar que el primer creador del chavismo fue la miope y egoísta élite venezolana del Pacto de Punto Fijo, que vendió un proyecto de “democracia representativa” que con costos fue tal, se debe tener la lucidez de aceptar que la situación hoy no está bien en ese país: por poco no hay división de poderes, la economía es hoy más dependiente que nunca del petróleo, y el respeto de los derechos de las minorías no parece estar garantizado. ¿Hasta luego Venezuela? Esperemos que no.

Fernando A. Chinchilla

Lima (Perú) y Cholula (México), mayo de 2017

Trabajar por la honestidad en México

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”