Tribunal insiste en creación de Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa

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El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre Ayotzinapa, determinó que no existe impedimento de ningún tipo para su integración.

Ante las impugnaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvieron, de forma unánime, que la Comisión es acorde con la Constitución.

Los magistrados señalaron que existe sustento jurídico para su creación, además de que no se puede invocar la legislación de México para no cumplir compromisos internacionales.

En particular, mencionaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.

Aseguraron que, conforme a “diversos métodos de interpretación”, el ministerio público no tiene la exclusividad para investigar.

Incluso, apuntaron que hay investigaciones formales reconocidas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los magistrados precisaron que en el caso de la participación de la CNDH no se trata de que el organismo investigue delitos, sino los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Dijeron que, según sus facultades, la CNDH podría hacer recomendaciones a las autoridades que considere.

Además, señalaron, el ministerio público federal podría ejercer acción penal contra quien considere como resultado de una nueva investigación.

La CNDH emite recomendación a la SEDENA y SSP de Puebla por caso Palmarito

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Elementos del Ejército ejecutaron de forma arbitraria a dos personas durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, Puebla, ocurrido el pasado 3 de mayo de 2017, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo.

Al emitir la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves, el organismo reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares.

Otras violaciones graves que cometieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla fueron: siembra de armas en los cadáveres de dos personas, detenciones arbitrarias de dos infantes, además de trato cruel contra 12 personas, incluidos tres menores de edad.

Policía Federal detuvo arbitrariamente a 8 personas, entre ellos 5 niños: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, por violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de cinco menores de edad y tres personas adultas (2 mujeres y 1 hombre), atribuibles a elementos de la Policía Federal en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de ocho personas; al interés superior de la niñez de cinco menores de edad; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres personas adultas, lo que propició dilación en la puesta a disposición, además de que una persona adulta fue objeto de tortura, lesionando con ello sus derechos humanos a la integridad personal y dignidad.

La CNDH acreditó que los elementos aprehensores se introdujeron en el domicilio donde se encontraban las ocho víctimas sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente, procediendo a la detención de las tres personas adultas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los agentes aprehensores trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones sin que prevaleciera la protección y cuidado de los cinco menores de edad, entre ellos una bebé de seis meses.

Además tres víctimas adultas quienes fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, permaneciendo injustificadamente retenidos 13 horas con 20 minutos en custodia de los agentes aprehensores, sin que existieran razones fácticas comprobables para presentarlos sin dilación alguna ante dicha autoridad.

Además, una de las víctimas fue objeto de actos de tortura por parte de los elementos de la Policía Federal, motivo por el cual fuera referido a un hospital, donde se determinó que presentó sangrado en la cavidad pulmonar (hemotórax).

Por ello, la Comisión Nacional recomendó al titular de la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño, incluida atención psicológica y una compensación.

Señalan error en detención sobre Iguala

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La Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) se confundieron al detener y procesar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, sujeto apodado “La Rana”, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Desde el 17 de marzo, REFORMA publicó que Sandoval Rodríguez alegó en su declaración preparatoria que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera.

La CNDH confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial sólo hacen referencia a los apodos de “La Rana” o “El Güereque” y ninguno da un nombre o apellido específico, mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez.

“Este nombre aparece por primera vez en el expediente, de la nada, en el primer pliego de consignación“, advierte la CNDH.

“En ninguna actuación consta cómo se determinó el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como ‘La Rana’ o ‘El Güereque’.

Según el expediente, Patrio Reyes Landa, “El Pato”, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, y Gildardo López Astudillo, alias”El Gil”, “La Rana” intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.

Mientras que Jonathan Orozco Cortés, “El Jona”, describió que “La Rana” tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, y Salvador Reza Jacobo, “Lucas”, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.

“Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a ‘El Güereque’ no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, sentenció la CNDH.

“Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo”.

La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez fue informada el 12 de marzo en una conferencia conjunta entre la PF y la PGR, en la que lo vincularon con los hechos de Iguala, Guerrero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) aseguró que tiene información de que el verdadero nombre del implicado en la desaparición de los normalistas es “Édgar”.

El dato es coincidente con lo que Sandoval Rodríguez declaró el 15 de marzo al referir que la persona a la que buscaban las autoridades era Édgar Albarán Sandoval y vive al lado del Centro de Salud en Cocula.

Para llegar a esa conclusión, la CNDH realizó 13 entrevistas en las que todos los testigos identificaron fotográficamente a “Édgar”, a quien señalaron como parte de Guerreros Unidos.

También contactó a quien le hizo el tatuaje a Édgar e incluso esta persona reprodujo en una hoja la figura de rana que tatuó en la espalda a “El Güereque”.

Desde el 23 de mayo, la CNDH entregó a la PGR una carpeta confidencial con copias certificadas de todas las evidencias que obtuvo, por lo que lamentó que la instancia ministerial haya dado respuesta 15 días después y se haya negado a aceptarlas.

“Agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente que dichas medidas debían ser planteadas ante el Juez que sigue el caso del ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, reprochó.

Tribunal ordena crear Comisión de la Verdad para caso Iguala

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Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos“.

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.

#ElNidoDelGavilán: “Reflexiones sobre el motín de La Toma, Veracruz”

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En su informe anual de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que entre los problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano están sus malas condiciones, la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado.

Veracruz no es un estado que se caracterice por incidentes en materia penitenciaria en los últimos 10 años, me refiero a motines y riñas, por mencionar dos, de acuerdo con los Cuadernos de Información Penitenciaria del OADPRS de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, es un estado donde los hechos violentos en las calles no paran por diferentes circunstancias. El motín que se registró hace días en La Toma, municipio de Amatlán, dejó 8 muertos en un intento de traslado de 4 internos a otros centros. 6 de los muertos son policías de diversas corporaciones de policía del Estado que apoyaban el traslado.

El martes, en los medios, se presenta un llamamiento de la ONU a que desarrollen a la mayor brevedad una investigación exhaustiva. Eso y una palmadita en la espalda sirven para lo mismo.

El gobierno del Estado es responsable de no prever medidas precautorias para estos incidentes, sin embargo, es fácil golpetear al gobernador Yunes o al procurador de Justicia. El problema es crónico.

En este espacio se han comentado incidentes especialmente en Cadereyta y el Topo Chico en Nuevo León, pero también otros en Sinaloa y Tamaulipas. Las características de los incidentes son similares.

Falta de profesionalismo en las corporaciones que conlleva a procesos mal llevados y hechos casi artesanalmente, un desdén de los gobiernos estatales a invertir en materia penitenciaria y un casi nulo apoyo de la sociedad para mejorar la infraestructura y la vida de las personas que laboran y que viven en estos centros, bajo un juicio inquisidor y reduccionista.

Habrá que ver los resultados de la investigación (si es que los publican), pero el que 6 miembros hayan sido asesinados muestra que los procedimientos fueron inadecuados y habla mal de la logística y diseño de los pabellones del centro. El operativo para trasladar a las personas se convirtió en un motín y según palabras del Gobernador Miguel Ángel Yunes, los 6 asesinados fueron recluidos en un espacio donde murieron asfixiados a causa del humo del fuego que prendieron los internos. Básicamente, los acorralaron y mataron.

Endurecer las medidas contra la población no es la solución, sino invertir en un mayor equipamiento de la gente a cargo de los centros y mejorar los sistemas de seguridad y logísticos del centro, donde en algunos, ni detector de metales existe.

Al menos Yunes hizo presencia en el lugar horas después del incidente para atender a familiares y evitar que la zozobra y la desesperación de los familiares genere altercados con las autoridades. En Nuevo León, ningún gobernador puso un pie y atendió a los familiares.

Lo dicho, dicho está.

Policías municipales de Allende, Coahuila implicados en masacre: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la recomendación por violaciones graves 10VG/2018, implicó a policías municipales de Allende, Coahuila en la desaparición y asesinato de por lo menos 38 personas, entre ellas tres menores de edad, en esa entidad del norte del país.

De acuerdo al documento, los agentes municipales autorizaron o dieron apoyo a grupos de “Los Zetas” para saquear casas, cometer desapariciones forzadas y asesinatos de pobladores en marzo del 2011.

La CNDH señala que hubo complicidad de los agentes en la privación ilegal de la libertad de dos personas, también en la detención arbitraria de 34 personas y privaron de la libertad a 5 menores de manera ilegal.

El organismo aseguró que presentara pronto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de servidores públicos del Gobierno estatal de Coahuila y del Municipio de Allende, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Además presentará una quejaste la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Allende en contra de los agentes por participar en los hechos de marzo del 2011.

La comisión también da un plazo no mayor a seis meses, para que el Ayuntamiento de Allende y otros municipios de la región fronteriza, lleve a cabo procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales.

 

Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

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En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

Aseguran que Elba Esther Gordillo puede recurrir a Derechos Humanos

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Monterrey N.L. (16 de febrero 2017).- Miguel Salim, diputado de la bancada panista afirmó que Elba Esther Gordillo, misma que se encuentra en prisión domiciliaria, puede acudir a la Comisiona Nacional de los Derechos Humanos por las restricciones que la PGR impone al considerar su arraigo en una oficina de despacho.

El panista aseguró que no se le puede imitar el derecho a de que hable libremente con quien quiera, como pretende la dependencia federal.

“Yo creo que la señora Elba Esther tiene todo el derecho de acudir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hasta donde abarca legalmente el arraigo domiciliario? ¿Si el arraigo domiciliario abarca hasta las familias, hasta las llamadas telefónicas, hasta sus aseos personales? Eso no está especificado en la ley”, comentó en rueda de prensa.

“La ley dice que al arraigo domiciliario está ubicado en un solo lugar, pero yo creo que ahí ella tendría que defenderse a través de los Derechos Humanos”, agregó.

“La señora es un personaje nacional en nuestro País y tiene todo el derecho de hacer su vida libre, en cuanto a lo que le corresponde por ley”, afirmó.

 

 

Perfilan a Navarrete para Segob

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Alfonso Navarrete Prida encabezará la Secretaría de Gobernación pues el actual titular, Miguel Ángel Osorio, decidió postularse para una candidatura al Senado de la República y dejará su cargo en el Ejecutivo, informaron fuentes oficiales.

El cambio ocurriría esta semana, junto con otras modificaciones en el gabinete.

Navarrete es secretario del Trabajo desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña. Abogado de profesión, ha sido procurador de Justicia del Estado de México y diputado federal. No desconoce la Secretaría de Gobernación pues fue Secretario particular de quien fuera titular de la política interior, Jorge Carpizo Mc Gregor. De hecho, la carrera política de Navarrete inició bajo la tutela de Carpizo cuando este fue titular de la CNDH entre 1991 y 1992 y luego procurador general de la República entre 1993 y 1994.

Como procurador en el Estado de México, bajo la gubernatura de Enrique Peña, Navarrete Prida llevó a cabo la indagatoria por enriquecimiento ilícito contra el gobernador mexiquense Arturo Montiel, pero al final envió a reserva el caso.

Osorio Chong dejará Gobernación luego de que no fuera designado candidato a la presidencia de la República por el PRI. Osorio era el puntero en encuestas de preferencias entre priistas, pero al final la determinación recayó en el titular de Hacienda, José Antonio Meade.