Gobierno de Coahuila subsidio a los Zetas

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Entre 2010 y 2011 a la prisión estatal de Piedras Negras, Coahuila, a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entraban vacas vivas cuya carne era para armar fiestas del cártel de Los Zetas, así como vehículos que eran modificados para transportar droga, personas secuestradas y cadáveres para ser quemados.

Los únicos que no pudieron entrar, “por la inseguridad al interior de la cárcel”, en 2011, fueron los visitadores de la CNDH, quienes por calificación le dieron un cero. Bajo conocimiento del gobierno estatal y federal, el penal de Piedras Negras funcionó como un búnker para el cártel de los Zetas, de acuerdo con el informe “El Yugo Zeta”, elaborado por El Colegio de México.

Según el estudio, la situación de autogobierno en cárceles era parecida en otros centros, pero tan sólo en 2011 el presupuesto público dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

El informe resalta que el penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales a los Zetas, y les servía también para reclutar sicarios, para esconderse de la policía, para castigar a sus rivales, inclusive el jefe de cártel elegía entre las esposas de los internos a mujeres para tener sexo y el área de seguridad de la prisión servía para ejecutar y deshacerse de los cuerpos.

El estudio también incluye la venganza Zeta entre el 18 y el 22 de marzo de 2011.

Luego de una filtración de información desde la DEA, los sicarios Zetas, policías municipales e internos de piedras negras asesinaron hasta 60 personas en Piedras Negras y Allende. Sin embargo, el informe se centra en el búnker zeta de piedras negras.

Si bien en el estudio no hay acusaciones directas, sus autores afirman que esta situación era del conocimiento del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira, hermano del actual gobernante, Rubén Moreira.

 

IMSS niega pensión por viudez a tres concubinarios gays; CNDH interviene

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) declaró improcedente el otorgamiento de pensión por viudez a tres concubinarios cuyas parejas eran del mismo sexo.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general Mikel Arriola.

De acuerdo a la recomendación 53/2017, el IMSS violó los derechos al acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica de los tres agraviados.

“De la información recabada por este Organismo Nacional, se pudo acreditar que las autoridades del IMSS omitieron proteger y garantizar los derechos humanos a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que restringieron el acceso de los quejosos a la pensión por viudez en su modalidad de concubinato”, detalló la CNDH.

Sostuvo que no hubo justificación “racional y normativa” para declarar improcedente la solicitud de pensión al no haber presentado acta de matrimonio civil. “Ello implicó negar a estas parejas homosexuales, los beneficios que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato”.

En ese sentido la CNDH consideró procedente la reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas, incluyendo se brinde trámite a las solicitudes de pensión planteadas, sin que se exija el dictamen de beneficiario incapacitado, ni acreditar la dependencia económica.

También pidió que “se implementen las acciones necesarias para que pueda otorgarse la pensión a que tengan derecho”.

CNDH confirma violación de derechos humanos durante operativo en Nochixtlán

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En los hechos del 19 de junio del año pasado en Nochixtlán, Oaxaca, hubo uso excesivo de la fuerza tanto de elementos policiacos estatales y federales, todos los funcionarios involucrados en el operativo policiaco deberán ser investigados y en su caso fincar responsabilidades, además de pedir disculpas públicas indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar la Recomendación 7VG/2017, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que el operativo del 19 de junio de 2016, al mando de la Policía Federal para desalojar un bloqueo carretero en Oaxaca tuvo un “pésimo diseño y una ejecución totalmente mala” que propició que durante 12 horas se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera.

De estos enfrentamientos, siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones físicas, 45 de ellos por arma de fuego; 106 elementos policiales también fueron heridos, cuatro de ellos por lesiones de arma de fuego.

“El grupo de coordinación Oaxaca este grupo fue el que estuvo coordinando el diseño del operativo, estamos pidiendo que se finquen responsabilidades, que se procesen previo investigación a quienes intervinieron en el diseño ejecución del operativo. El grupo de coordinación Oaxaca hizo un pésimo diseño una ejecución totalmente mala que propició estas consecuencias, la instrucción fue que no fueran armados”, indicó.

Enrique Guadarrama López, Segundo visitador general de la CNDH, señaló que se acreditó con testimonios de los propios mandos de los policías que el operativo del 19 de junio fue monitoreado en un hotel ubicado en la Ciudad de Oaxaca, por el denominado Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por autoridades estatales y federales, además de que en ese mismo hotel la Policía Federal estableció un puesto de mando que se encargó de llevar a cabo cuestiones de enlace y operatividad entre los elementos policiales que acudieron al operativo y los mandos superiores.

Según los testimonios recabados por las CNDH, elementos de la Gendarmería declararon que fue su propio instinto o la autodeterminación lo que los llevó a accionar sus armas. El testimonio de uno de ellos indicó “nadie dio esa orden, todo fue sentido de supervivencia”.

Ante estos hechos la CNDH recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad, en materia de satisfacción a las victimas una disculpa pública en coordinación con el gobierno del Estado; asimismo se pide la colaboración en los procedimientos administrativos  y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a los mandos por la operación del operativo.

También recomendó el uso obligatorio de cámaras fotográficas, de vídeo y audio en los operativos, así como la revisión del marco normativo aplicable al uso de la fuerza de la Policía Federal.

Pide la ONU que gobierno de Nuevo León investigue hechos en el Penal de Cadereyta

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Las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortaron indagar los recientes hechos violentos que se han dado en los penales de Nuevo León.

Mediante un comunicado, condenaron el motín en el penal de Cadereyta, donde han fallecidos 17 personas y se calcula que más de 30 resultaron con heridas.

Las oficinas de la ONU consideraron que es necesario ir más allá de la investigación, sin embargo, esta debe ser pronta, diligente y respetuosa al duelo de los familiares, esto con el fin de que se haga justicia a las víctimas.

Tras el respaldo del uso de fuerza letal dentro del Penal de Cadereyta, las oficinas recalcaron la responsabilidad de la autoridad ante esta situación, por lo que se tendría que realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, esto con el fin de verificar si se aplicó la fuerza letal en orden de la ley.

Con anterioridad la CNDH en su Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria evidenció las graves deficiencias del Cereso de Cadereyta, esto en 2016. Ese mismo año el INEGI mediante su Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad marcaba que el 40.5% de los reos se sentían amenazados e inseguros dentro del Penal y un 28.9% dentro de su propia celda.

Ambas oficinas se solidarizaron con los familiares de las víctimas y reiteran su compromiso para brindar la asistencia técnica necesaria para el fortalecimiento de los Ceresos y de las capacidades institucionales del Estado en manejo de los sistemas penitenciarios.

#ElTalónDeAquiles: “Violencia de Género”

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Pasó lo que se temía: el terremoto que todos en Ciudad de México (CDMX) esperaron por años, aconteció el 19 de septiembre de 2017. El derrumbe de edificios no debe sorprender: se sabía de la precariedad estructural en varios sectores capitalinos y, por el epicentro y tipo de sismo, poco era lo que se podía hacer. Vino después lo de siempre: medios de comunicación reportaron el dolor de CDMX (olvidándose del resto del país); el sensacionalismo hizo de Frida Sofía, una niña inexistente, una heroína precoz; se vaticinó un movimiento telúrico mayor: nada mejor que las redes sociales para anunciar el fin del mundo. Los políticos fueron víctima de la indignación ante el patético intento de escabullirse ante las demandas ciudadanas de donar fondos de la campaña electoral a la reconstrucción. Hubo intentos de fraude de inescrupulosos que trataron de aprovecharse de la desgracia. Y claro, salieron las banderas. Ni siquiera en estos casos me gusta el nacionalismo, pero lo acepto, hubo solidaridad. La historia dirá que los mexicanos se unieron para levantarse, como debe ser, y como todo pueblo lo hace, en estas circunstancias.

¿Pero en dónde estábamos antes del drama? Un día antes del fatídico terremoto, ciudadanos indignados de al menos cinco Estados mexicanos, manifestaban por el asesinato de Mara Fernanda Castilla, una estudiante de Ciencia Política originaria de Xalapa (Veracruz), de 19 años de edad, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Castilla perdió la vida presumiblemente el 8 de septiembre, al abordar un taxi para regresar a su casa. Estuvo desaparecida durante ocho días.

Para una persona como yo, que siempre ha trabajado con mujeres brillantes y fuertes, colegas de las que he aprendido un mundo, fue toda una revelación el poder ver, por vez primera, con ojos de mujer, a Cholula, ese pueblo masculinamente tranquilo y amigable que me recibió en enero. Claro, desde mi primer día en México (2012), me percaté del fastidioso machismo que aqueja a esta sociedad. Pero ahora comprendí, gracias a los testimonios de mis estudiantes, que el asesinato de una joven universitaria puede tan sólo ser la punta del iceberg, pues el acoso es constante, y la inseguridad creciente, para todas las mujeres. Contrariamente al hombre, las residentes de San Andrés de Cholula se exponen a diario a situaciones que van desde lo desagradable (piropos, vulgaridades) hasta cuadros potencialmente peligrosos para su integridad física.

Aplaudí su indignación e iniciativa, pero les indiqué que el reto no consistía en hacer conciencia sobre la importancia del tema hoy, sino en mantener la violencia de género en un lugar prioritario en la agenda de discusión de problemas nacionales. Al fin y al cabo, entre 2013 y 2015 ocurrió un feminicidio por semana; solo en 2017, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos contó 83, y en el primer semestre de 2017, se contabilizaron, en promedio, 35 denuncias diarias de violación sexual, la gran mayoría de parte de mujeres, para un total de 6,444. Además, entre 2007 y 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 17,274 casos de presunción de homicidios de mujeres. En síntesis, la situación es alarmante.

No estoy ignorando la amplitud de la catástrofe originada por el terremoto del 19 de septiembre, ni la necesidad de ayuda inmediata. Sin embargo, este es un ejemplo de cómo un evento coyuntural, de alto impacto, puede alterar la agenda pública, y sacar del reflector un problema crónico, estructural, y de gran magnitud. El pecado de Mara es salir a divertirse, con tanta libertad como la mía; nuestro pecado, sería olvidarlo. Ante lo coyuntural, no perdamos de vista lo estructural. El reto es re-visibilizar la tragedia de la violencia de género sin parecer insensible ante el drama causado por el movimiento sísmico. Y para ello, un recordatorio de en donde estábamos antes del desastre, puede ser un buen comienzo.

Fernando A. Chinchilla

San Andrés de Cholula, 5 de octubre de 2017

Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.

CNDH recibió quejas por el caso Tláhuac.

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Han sido dos las quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido por el caso Tláhuac, así lo dio a conocer su titular, Luis Raúl González Pérez.

En entrevista al término de la reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el ombudsman nacional detalló que una de estas quejas fue para agilizar la entrega de los restos mortales de Felipe de Jesús Pérez Luna, ‘El Ojos’.

“Se presentó una queja para que pudieran entregarles el cuerpo de este señor que perdió la vida, Pérez. Se hicieron todas las gestiones para que se agilizaran los trámites para que fuera entregado el cuerpo a la familia. Hay otra queja de otra persona que se queja de allanamiento a su domicilio”.

Respecto a los señalamientos en contra del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado; González Pérez manifestó que deben ser las investigaciones las que determinen si existe un vínculo del funcionario con la organización criminal que encabezaba ‘El Ojos’.

“Las investigaciones son las que deben de determinar cualquier involucramiento de cualquier persona, trátese de quien se trate, pero debe ser a partir de información sólida, comprobable, acreditable con evidencias y que se actúe conforme a la ley”.

El titular de la CNDH destacó que quien cometa una conducta delictiva debe de ser investigado, mientras que los jueces deben imponer el mayor rigor de la ley a quien comete un acto ilícito, pero con respeto a los derechos humanos.

ONG acusa manipulación de 19 cuerpos en Tlatlaya

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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) identifico alteraciones en las escenas en torno a los 19 de los 22 cuerpos de las personas abatidas en Tlataya el 30 de Junio de 2014.

Como defensa de Clara Gómez, sobreviviente de la masacre, las abogadas del centro Prodh obtuvieron fotografías del caso contenidas en el expediente militar 338/2014, las cuales fueron cortejadas con las que tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Estas imágenes no se encuentran dentro de la investigación de la PGR debido a que la dependencia no solicito la integración del expediente militar.

A tres años del suceso, el colectivo formado por mas de una veintena de organizaciones y defensores de derechos humanos, también hicieron criticas a la PGR por no realizar una investigación sobre la cadena de mando que ordeno abatir a los delincuentes en horas de oscuridad.

Refirieron que solo se ha llamado a declarar al Teniente Coronel de Infantería Sandro Diaz Rodríguez  quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras ordenes con las mismas instrucciones.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

Denuncian casos de espionaje

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Periodistas, activistas y defensores denunciaron a la Procuraduría General de la República (PGR) casos de espionaje gubernamental, por lo cual pidieron una investigación.

Dentro de  las víctimas se encuentran Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, entre otros, quienes en una rueda de prensa en donde se afirmó que recibieron mensajes sobre  los temas que abordan, como el caso de Ayotzinapa, la Ley 3de3 o la  Casa Blanca de la Primera Dama.

“Exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables.” indicó Ana Cristina Ruelas, directora  de la organización Artículo 19.

Además, pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) medidas para general más controles gubernamentales de herramientas de espionaje. Se documentaron un total de 88 casos de espionaje en México

“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a los derechos humanos, activistas y periodistas” afirmó Ruelas.