Señalan error en detención sobre Iguala

Comparte este artículo:

La Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) se confundieron al detener y procesar a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, sujeto apodado “La Rana”, implicado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Desde el 17 de marzo, REFORMA publicó que Sandoval Rodríguez alegó en su declaración preparatoria que lo confundieron con Édgar Albarán Sandoval, a quien apodan de la misma manera.

La CNDH confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial sólo hacen referencia a los apodos de “La Rana” o “El Güereque” y ninguno da un nombre o apellido específico, mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez.

“Este nombre aparece por primera vez en el expediente, de la nada, en el primer pliego de consignación“, advierte la CNDH.

“En ninguna actuación consta cómo se determinó el nombre de la persona a la que los perpetradores identificaron como ‘La Rana’ o ‘El Güereque’.

Según el expediente, Patrio Reyes Landa, “El Pato”, declaró que por órdenes de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, y Gildardo López Astudillo, alias”El Gil”, “La Rana” intervino en la ejecución de los estudiantes y hasta él mismo levantó sus cenizas.

Mientras que Jonathan Orozco Cortés, “El Jona”, describió que “La Rana” tiene un tatuaje de una flama y una rana en la parte izquierda de la espalda, y Salvador Reza Jacobo, “Lucas”, lo describió como un hombre gordo de 1.70 metros de altura.

“Las características personales y señas particulares referidas por los acusados para identificar a ‘El Güereque’ no corresponden con las de Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, sentenció la CNDH.

“Ante la duda del juez de que el detenido pudiera haberse borrado los tatuajes, la CNDH practicó examen médico pericial al detenido y determinó que no existe indicio alguno que indique que la persona haya modificado o eliminado algún tatuaje en su cuerpo”.

La detención de Erick Uriel Sandoval Rodríguez fue informada el 12 de marzo en una conferencia conjunta entre la PF y la PGR, en la que lo vincularon con los hechos de Iguala, Guerrero.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CHDH) aseguró que tiene información de que el verdadero nombre del implicado en la desaparición de los normalistas es “Édgar”.

El dato es coincidente con lo que Sandoval Rodríguez declaró el 15 de marzo al referir que la persona a la que buscaban las autoridades era Édgar Albarán Sandoval y vive al lado del Centro de Salud en Cocula.

Para llegar a esa conclusión, la CNDH realizó 13 entrevistas en las que todos los testigos identificaron fotográficamente a “Édgar”, a quien señalaron como parte de Guerreros Unidos.

También contactó a quien le hizo el tatuaje a Édgar e incluso esta persona reprodujo en una hoja la figura de rana que tatuó en la espalda a “El Güereque”.

Desde el 23 de mayo, la CNDH entregó a la PGR una carpeta confidencial con copias certificadas de todas las evidencias que obtuvo, por lo que lamentó que la instancia ministerial haya dado respuesta 15 días después y se haya negado a aceptarlas.

“Agentes de la autoridad se negaron a emitir las medidas precautorias solicitadas, aduciendo irracionalmente que dichas medidas debían ser planteadas ante el Juez que sigue el caso del ilegalmente detenido Erick Uriel Sandoval Rodríguez“, reprochó.

Tribunal ordena crear Comisión de la Verdad para caso Iguala

Comparte este artículo:

Un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para reponer la investigación sobre el Caso Ayotzinapa, ya que la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Los magistrados de Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, resolvieron que existen “indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Los magistrados ordenaron también reponer el procedimiento y pidieron al Ministerio Público de la Federación presentar dictámenes elaborados por peritos independientes, que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.

De esta forma, el tribunal señala que por las “graves violaciones a los derechos humanos” a los coacusados, como: tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales debe crearse la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Dicha comisión, estableció el tribunal, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación”, aunque serán los familiares de las víctimas y la CNDH los que decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar. Además podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados basan su decisión en la necesidad de hacer valer “el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos“.

En marzo pasado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU exhortó al gobierno mexicano a perseguir y sancionar abusos y actos de tortura contra detenidos en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

En su informe “Doble injusticia”, que analiza los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones del caso, precisó que han sido detenidas y procesadas 129 personas.

Tras analizar 34 de estos casos, el Alto Comisionado encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos.

#ElNidoDelGavilán: “Reflexiones sobre el motín de La Toma, Veracruz”

Comparte este artículo:

En su informe anual de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que entre los problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano están sus malas condiciones, la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado.

Veracruz no es un estado que se caracterice por incidentes en materia penitenciaria en los últimos 10 años, me refiero a motines y riñas, por mencionar dos, de acuerdo con los Cuadernos de Información Penitenciaria del OADPRS de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, es un estado donde los hechos violentos en las calles no paran por diferentes circunstancias. El motín que se registró hace días en La Toma, municipio de Amatlán, dejó 8 muertos en un intento de traslado de 4 internos a otros centros. 6 de los muertos son policías de diversas corporaciones de policía del Estado que apoyaban el traslado.

El martes, en los medios, se presenta un llamamiento de la ONU a que desarrollen a la mayor brevedad una investigación exhaustiva. Eso y una palmadita en la espalda sirven para lo mismo.

El gobierno del Estado es responsable de no prever medidas precautorias para estos incidentes, sin embargo, es fácil golpetear al gobernador Yunes o al procurador de Justicia. El problema es crónico.

En este espacio se han comentado incidentes especialmente en Cadereyta y el Topo Chico en Nuevo León, pero también otros en Sinaloa y Tamaulipas. Las características de los incidentes son similares.

Falta de profesionalismo en las corporaciones que conlleva a procesos mal llevados y hechos casi artesanalmente, un desdén de los gobiernos estatales a invertir en materia penitenciaria y un casi nulo apoyo de la sociedad para mejorar la infraestructura y la vida de las personas que laboran y que viven en estos centros, bajo un juicio inquisidor y reduccionista.

Habrá que ver los resultados de la investigación (si es que los publican), pero el que 6 miembros hayan sido asesinados muestra que los procedimientos fueron inadecuados y habla mal de la logística y diseño de los pabellones del centro. El operativo para trasladar a las personas se convirtió en un motín y según palabras del Gobernador Miguel Ángel Yunes, los 6 asesinados fueron recluidos en un espacio donde murieron asfixiados a causa del humo del fuego que prendieron los internos. Básicamente, los acorralaron y mataron.

Endurecer las medidas contra la población no es la solución, sino invertir en un mayor equipamiento de la gente a cargo de los centros y mejorar los sistemas de seguridad y logísticos del centro, donde en algunos, ni detector de metales existe.

Al menos Yunes hizo presencia en el lugar horas después del incidente para atender a familiares y evitar que la zozobra y la desesperación de los familiares genere altercados con las autoridades. En Nuevo León, ningún gobernador puso un pie y atendió a los familiares.

Lo dicho, dicho está.

Policías municipales de Allende, Coahuila implicados en masacre: CNDH

Comparte este artículo:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de la recomendación por violaciones graves 10VG/2018, implicó a policías municipales de Allende, Coahuila en la desaparición y asesinato de por lo menos 38 personas, entre ellas tres menores de edad, en esa entidad del norte del país.

De acuerdo al documento, los agentes municipales autorizaron o dieron apoyo a grupos de “Los Zetas” para saquear casas, cometer desapariciones forzadas y asesinatos de pobladores en marzo del 2011.

La CNDH señala que hubo complicidad de los agentes en la privación ilegal de la libertad de dos personas, también en la detención arbitraria de 34 personas y privaron de la libertad a 5 menores de manera ilegal.

El organismo aseguró que presentara pronto una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de servidores públicos del Gobierno estatal de Coahuila y del Municipio de Allende, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Además presentará una quejaste la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Allende en contra de los agentes por participar en los hechos de marzo del 2011.

La comisión también da un plazo no mayor a seis meses, para que el Ayuntamiento de Allende y otros municipios de la región fronteriza, lleve a cabo procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales.

 

Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

Comparte este artículo:

En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

Aseguran que Elba Esther Gordillo puede recurrir a Derechos Humanos

Comparte este artículo:

Monterrey N.L. (16 de febrero 2017).- Miguel Salim, diputado de la bancada panista afirmó que Elba Esther Gordillo, misma que se encuentra en prisión domiciliaria, puede acudir a la Comisiona Nacional de los Derechos Humanos por las restricciones que la PGR impone al considerar su arraigo en una oficina de despacho.

El panista aseguró que no se le puede imitar el derecho a de que hable libremente con quien quiera, como pretende la dependencia federal.

“Yo creo que la señora Elba Esther tiene todo el derecho de acudir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hasta donde abarca legalmente el arraigo domiciliario? ¿Si el arraigo domiciliario abarca hasta las familias, hasta las llamadas telefónicas, hasta sus aseos personales? Eso no está especificado en la ley”, comentó en rueda de prensa.

“La ley dice que al arraigo domiciliario está ubicado en un solo lugar, pero yo creo que ahí ella tendría que defenderse a través de los Derechos Humanos”, agregó.

“La señora es un personaje nacional en nuestro País y tiene todo el derecho de hacer su vida libre, en cuanto a lo que le corresponde por ley”, afirmó.

 

 

Perfilan a Navarrete para Segob

Comparte este artículo:

Alfonso Navarrete Prida encabezará la Secretaría de Gobernación pues el actual titular, Miguel Ángel Osorio, decidió postularse para una candidatura al Senado de la República y dejará su cargo en el Ejecutivo, informaron fuentes oficiales.

El cambio ocurriría esta semana, junto con otras modificaciones en el gabinete.

Navarrete es secretario del Trabajo desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña. Abogado de profesión, ha sido procurador de Justicia del Estado de México y diputado federal. No desconoce la Secretaría de Gobernación pues fue Secretario particular de quien fuera titular de la política interior, Jorge Carpizo Mc Gregor. De hecho, la carrera política de Navarrete inició bajo la tutela de Carpizo cuando este fue titular de la CNDH entre 1991 y 1992 y luego procurador general de la República entre 1993 y 1994.

Como procurador en el Estado de México, bajo la gubernatura de Enrique Peña, Navarrete Prida llevó a cabo la indagatoria por enriquecimiento ilícito contra el gobernador mexiquense Arturo Montiel, pero al final envió a reserva el caso.

Osorio Chong dejará Gobernación luego de que no fuera designado candidato a la presidencia de la República por el PRI. Osorio era el puntero en encuestas de preferencias entre priistas, pero al final la determinación recayó en el titular de Hacienda, José Antonio Meade.

Mueren 8 recién nacidos en Guerrero

Comparte este artículo:

Monterrey N.L (03 de Enero 2017).- La falta de recursos económicos y las medidas sanitarias correspondientes fueron las causantes de que al menos ocho recién nacidos murieran en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, según información emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH aseguró que “existían coincidencias en los procedimiento y complicaciones asociadas a la prematurez de bebés, lo que ameritaba atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”, pero esta se encontraba inhabilitada por trabajos de ampliación.

Se responsabilizó al hospital de improvisar en 2015 áreas de vigilancia que no contaban con los cuidados necesarios de sanidad.

Informó que las madres de los bebes, no fueron informadas del estado de salud en el que se encontraban los recién nacidos, ni del motivo o motivos de fallecimiento e incluso la Fiscalia General y el Gobierno estatal mantuvieron al menos 18 meses inactiva la investigación del caso.

Por ello se le solicitó al Gobernador, Héctor Astudillo Flores, reparar el daño a madres y padres de las victimas fallecidas.

 

 

Al menos 22 menores fueron traficados y hubo anomalías en adopción de cientos durante el Gobierno de Padrés

Comparte este artículo:

Por lo menos 22 menores de edad, fueron traficados por empleados de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, en Hermosillo, Sonora, durante el gobierno de Guillermo Padrés.

De acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentaron al menos 22 casos en los que se traficó con niños, entre 2009 y 2015; adopciones ilegales y maltrato físico.

Según la dependencia, las irregularidades, cometidas contra los menores además de involucrar agente del DIF, también participaron agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal, y el IMSS.

Desde el 2015, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea telefónica Protege, creada para reportar a niños en situación vulnerable y adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fue acusado de cobrar hasta 20 mil dólares por entregar un pequeño en adopción de manera irregular.

Pero de acuerdo con la CNDH, no se sabe el destino de por lo menos 682 niños, por las imprecisiones del DIF estatal.

Otras garantías vulneradas son a la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 niños, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estatal.

También acreditó la supresión y tráfico de 18 menores, con lo que se violaron los derechos a la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas.

En lo que corresponde a los servidores públicos del IMSS, la CNDH halló que estos expidieron certificados de nacimiento de 17 menores, “los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas”.

Por ello, la CNDH mandó hacer varias recomendaciones a los servidores públicos señalados: a la gobernadora y al titular del IMSS les ordenó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de los 22 menores víctimas de supresión y tráfico de infantes, al igual que a todos aquellos que fueron víctimas de los trámites irregulares de adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes.

Gobierno de Coahuila subsidio a los Zetas

Comparte este artículo:

Entre 2010 y 2011 a la prisión estatal de Piedras Negras, Coahuila, a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entraban vacas vivas cuya carne era para armar fiestas del cártel de Los Zetas, así como vehículos que eran modificados para transportar droga, personas secuestradas y cadáveres para ser quemados.

Los únicos que no pudieron entrar, “por la inseguridad al interior de la cárcel”, en 2011, fueron los visitadores de la CNDH, quienes por calificación le dieron un cero. Bajo conocimiento del gobierno estatal y federal, el penal de Piedras Negras funcionó como un búnker para el cártel de los Zetas, de acuerdo con el informe “El Yugo Zeta”, elaborado por El Colegio de México.

Según el estudio, la situación de autogobierno en cárceles era parecida en otros centros, pero tan sólo en 2011 el presupuesto público dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

El informe resalta que el penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales a los Zetas, y les servía también para reclutar sicarios, para esconderse de la policía, para castigar a sus rivales, inclusive el jefe de cártel elegía entre las esposas de los internos a mujeres para tener sexo y el área de seguridad de la prisión servía para ejecutar y deshacerse de los cuerpos.

El estudio también incluye la venganza Zeta entre el 18 y el 22 de marzo de 2011.

Luego de una filtración de información desde la DEA, los sicarios Zetas, policías municipales e internos de piedras negras asesinaron hasta 60 personas en Piedras Negras y Allende. Sin embargo, el informe se centra en el búnker zeta de piedras negras.

Si bien en el estudio no hay acusaciones directas, sus autores afirman que esta situación era del conocimiento del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira, hermano del actual gobernante, Rubén Moreira.