El sueño de transparencia y rendición de cuentas en el Sistema Anticorrupción de Nuevo León

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El sistema anticorrupción de México no podrá rendir frutos si no cumple con dos condiciones: Una, que si bien existe una instancia nacional de coordinación encargada de delimitar una política nacional anticorrupción, es en los estados y municipios en donde debe ponerse mayor énfasis en la prevención, combate y sanción de los hechos de corrupción; y dos, que la actuación de todos los órganos y estructuras anticorrupción se sometan a un escrutinio público reforzado bajo los principios de máxima divulgación, máxima eficacia y transparencia activa (Castilla Juárez 2012). La presente colaboración se centrará en esta segunda condición, particularmente respecto del carácter de sujeto obligado a transparentar y rendir cuentas de sus decisiones y procedimientos del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León (SEANL).

En mayo de 2018 publiqué una colaboración relacionada con este tema (https://altavz.com/2018/05/11/la-designacion-de-la-magistratura-anticorrupcion-en-nuevo-leon-una-oportunidad-perdida/). La colaboración de ahora es el segundo capítulo de esta historia de opacidad y falta de rendición de cuentas.

Una vez concluido el procedimiento para la configuración de la lista de personas aspirantes al cargo de la Magistratura Anticorrupción a cargo del Comité de Selección del SEANL, para que el Congreso del Estado designara a quien desempeñaría dicho cargo, se formularon solicitudes de acceso a la información al referido Comité peticionando, entre otra información, lo siguiente: : (i) los criterios, parámetros o ponderación para la evaluación y el análisis de perfiles de las personas aspirantes y (ii) las razones y fundamentos legales de la integración final de la lista de aspirantes al cargo de Magistratura Anticorrupción que se propuso al Congreso. 

El referido Comité de Selección del SEANL jamás respondió a dichas solicitudes de acceso a la información. Esto es, el Comité incumplió con su deber constitucional no solamente de permitir el acceso a información pública, sino, sobre todo, de justificar la integración de la lista que remitió al Congreso, es decir, incumplió con su obligación de rendir cuentas para poder ser “monitoreado y vigilado.” (Schedler 2011, 81).

En contra de la falta de respuesta del Comité de Selección se interpuso el recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI). En esta instancia, la COTAI resolvió que el Comité de Selección del SEANL no contaba con el carácter de sujeto obligado porque, desde su perspectiva, “no reciben recursos públicos, pues su encomienda es de calidad honorífica”; además, porque “[t]ampoco ejercen recursos públicos” y en razón de que “dicho Comité, tampoco realiza actos de autoridad.” (RR/45/2018, 25-6. Énfasis en el original).

Afortunadamente, el pasado 22 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación resolvió que, efectivamente, el Comité de Selección del SEANL sí tiene el carácter de sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, de acuerdo con la Ley de Transparencia del Estado, porque, claramente, dicho órgano del SEANL: 

(i) Realiza actos de autoridad cuando genera y envía al Congreso del Estado la lista de candidatos que cumplen los requisitos para el cargo de Magistratura Anticorrupción, y con base en dicha lista el órgano legislativo elige a quien ocupará el cargo; (ii) este acto es equivalente al de una autoridad porque afecta los derechos de quienes participan en la convocatoria, dado que la conformación de la lista se elabora de forma unilateral, obligatoria y sin intervención de la voluntad de las personas aspirantes al cargo; y, finalmente, (iii) porque el Comité de Selección del SEANL, como autoridad, impone su voluntad hacia los particulares sin necesidad de que dicha voluntad sea refrendada por algún tribunal y, en ese sentido, las personas a quienes se incluye en la lista tienen una expectativa de derecho y, por otro lado, a quienes no se incluye en la lista, pierden su posibilidad de acceder al puesto. (746/2018, 13). 

Esto es, cuando el Comité de Selección conforma la lista para que el Congreso del Estado designe a quien ocupará el cargo, actúa como autoridad y, por consecuencia, es sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información. Más aún si se tiene en cuenta su importante función en el sistema anticorrupción: Permitir designaciones transparentes, abiertas y competitivas que logren la implementación de una política orientada “a la generación de capacidades centradas en el mérito, la legalidad, la certeza y la igualdad de oportunidades como el antídoto para evitar la captura de los puestos públicos…” (CIDE-RRC 2018, 7).

En este caso fue inconcebible que el Comité de Selección del SEANL se abstuviera de responder las solicitudes de acceso a la información y de rendir cuentas de sus decisiones; también resultó increíble que la COTAI, a pesar de los argumentos que se le presentaron en el recurso de revisión, concluyera que el Comité de Selección no tenía el carácter de sujeto obligado. 

Ojalá pudiera concluir que esta historia ha terminado y que, como manifestó el Juzgado de Distrito, la COTAI ha resuelto el asunto ordenando al Comité el acceso a la información solicitada hace un año y medio y rendir cuentas de sus decisiones, pero no, de forma decepcionante, y contrario a su función de órgano garante de nuestro derecho humano de acceso a la información y en contra de su función de defensor de uno de los pilares de la democracia en Nuevo León, la Comisión de Transparencia ha decidido prolongar más el asunto y ha combatido la sentencia del Juzgado de Distrito. Al no abstenerse de interponer la revisión de la sentencia, la COTAI está contribuyendo a que la transparencia y la rendición de cuentas en el Sistema Anticorrupción en Nuevo León sea solamente un sueño.

Fuentes consultadas.

Castilla Juárez, Karlos A. 2012. Libertad de expresión y derecho de acceso a la información en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México: CNDH.

CIDE-RRC. 2018. Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública. (documento preliminar). México: CIDE.

COTAI. Resolución recaída al recurso de revisión RR/45/2018. 03 de agosto de 2018. 

Poder Judicial de la Federación. Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Sentencia recaída al Juicio de Amparo Indirecto 746/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Monterrey, N.L. 22 de noviembre de 2019.

Schedler, Andreas. 2011. ¿Qué es la rendición de cuentas? En Transparencia y rendición de cuentas, comp. José Sosa, 77-106. México: BBPAdf/Siglo XXI.

Amnistía en México y su futuro

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“La justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las injusticias[…]” – Louise Arbour, Ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos

En días recientes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de Amnistía en nuestro país, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, este hecho se puede ubicar desde la campaña, cuando el entonces candidato mencionó por primera vez dicha propuesta, ahora podemos analizar con detalle las características de la ahora iniciativa, que tiene como panorama general, la violencia en México y sus víctimas indirectas. En la discusión legislativa, vimos que la oposición (Partido Acción Nacional) realizó una estrategia nacional en donde se construyó una narrativa de peligro ante la inminente aprobación de la Ley; sin embargo, su estrategia no tuvo los efectos deseados y no construyó desde un aspecto o aportaciones jurídicas.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Ejecutivo tiene como principal sujeto a los grupos vulnerables, identificados especialmente para efectos de esa Ley, a las mujeres, jóvenes y personas indígenas. De igual manera, se hace referencia a un hecho histórico, cuando en 1810,  Don Miguel Hidalgo y Costilla liberó presos de la cárcel de Dolores, Hidalgo para que se unieran al movimiento independentista. Se puede vislumbrar, que el origen de la iniciativa está relacionado a un fenómeno vislumbrado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el cual refleja que la mayoría de delitos cometidos en el paìs son del fuero común, osea, delitos simples, y al existir un panorama general de violencia y desigualdad, el sistema de justicia debe adaptarse en medida para brindar prerrogativas para  todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo y cabe recalcar, que los beneficios de esta iniciativa no serán para personas reincidentes, o aquellas que hayan cometido un delito grave (estipulados en el artículo. 19 constitucional) .

Antes que nada, debemos entender que Amnistía es una “forma de perdón general otorgada por el Poder Legislativo”(Antemate Mendoza Ángel, 2018), que a diferencia de un indulto o perdón presidencial, la Amnistía tiene que ser procesada a través del procedimiento legislativo; sin embargo, no se traduce esto en una impunidad, ya que la figura entiende la dinámica del origen de estos delitos, que puede ser un conflicto en específico o una situación de desigualdad. Esto no es algo nuevo en nuestro país, ya que desde 1994 el presidente Carlos Salinas propuso una Ley de Amnistía dirigida a aquellas personas involucradas en el levantamiento zapatista del EZLN en Chiapas, y anterior a esa  se dio en 1978 por López Portillo durante la guerra sucia. Es importante precisar a quienes va dirigida la iniciativa de Ley: para aquellas mujeres (e incluso médicos) que hayan sido sentenciados por el delito de aborto; aquellos que fueron obligados por la pobreza, discriminación o exclusión a pertenecer al crimen organizado, como por ejemplo los agricultores que trabajaban forzosamente en plantíos de marihuana, amapola, etc.; a quienes no contaron con traductor y pertenecen a una etnia; los que cometieron robo simple sin violencia, como aquellos que robaron comida para poder comer; personas consumidoras de narcóticos que hayan sido detenidos por posesión con cantidades superiores a dos veces la cantidad máxima, y también  tiene delitos de orden político como sedición. La autoridad que tendrá la facultad de aplicar esta ley, será la Fiscalía General de la República.

Esta iniciativa, pertenece a un fenómeno denominado “justicia tradicional”, que podemos entender como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la conciliación”(Naciones Unidas Derechos Humanos, Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2014). En ese entendido, puede funcionar como una opción para aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados. Incluso, en un documento de la CNDH y el CIDE en 2018, ya identificaban que estos mecanismos deben ser urgentes en un Estado donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Sin duda, el Legislativo tiene una tarea importante para afinar detalles dentro del sistema de justicia penal, para que esta iniciativa pueda ser completamente funcional. Los temas de presupuesto en materia de seguridad y justicia deben ser parte obligada de la discusión legislativa, y podría ser un momento histórico en México para revisar la injusticia y dolor que muchas personas han sufrido.

Da Rosario Piedra su respaldo a Evo Morales

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La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dio su respaldo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, esto durante la conferencia que dio el bolivariano en el Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Ciudad de México.

“Evo es el presidente legítimo de Bolivia”, dijo Piedra Ibarra.

La presidenta de la CNDH aparte dio su respaldo a Morales Ayma y aseguró que tanto para ella, como para el pueblo de México, sigue siendo el presidente legítimo de Bolivia.

Cabe mencionar que en la conferencia hubo protestas en contra del exmandatario bolivariano, pero el grupo de opositores, que llevaron carteles con las frases “¡Fraude!” y “No se invita a un dictador”, fueron retirados del recinto.

Al evento acudieron casi mil personas, en las que destacaron poetas, académicos de la UNAM como John Ackerman, diputados de Oaxaca y estudiantes universitarios.

#ContraPortada: “¿Dónde quedó Andrés Manuel López Obrador?”

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Hace poco más de tres décadas apareció en escena un joven genuinamente preocupado por los más pobres, una especie de justiciero social protector de los indígenas y una persona que, por sobre todas las cosas, se mostraba incorruptible.

Aquel joven vivió ascensos meteóricos como figura de la izquierda mexicana desde 1988 como candidato por el Frente Democrático Nacional, partido que también postularía a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato a la presidencia de México.

Su historia es digna de destacar desde el primer escándalo en donde él mismo alude-con pruebas sólidas, que le robaron la gubernatura de Tabasco, hasta el 2006 donde se proclamó presidente legítimo luego de afirmar que el candidato del PAN le había ‘robado’ la presidencia de México.

En todo momento las derrotas lejos de sepultarlo lo convirtieron en el opositor más importante del sistema, en el político más popular de México y, no es cosa menor, en el hombre más querido por los más de 60 millones de pobres que [sobre] viven en este país.

Su recorrido puede ser presumido en récord como el hombre que le ha dado la vuelta al territorio nacional en innumerables ocasiones recogiendo-al menos ese es el sentido- las necesidades y encomiendas de los que no pertenecen a los privilegios de la clase opulenta.

El 23 de Noviembre de 1991 emprendió un recorrido de protesta que se convertiría en el segundo más largo de la historia política de México con un recorrido de más de mil cien kilómetros desde Tabasco hasta el entonces Distrito Federal, reclamándole al gobierno de Carlos Salinas [a quien considera uno de los artífices de la mafia del poder] la falta de democracia en los procesos electorales de su Estado.

Su trayectoria de protesta incluye el bloqueo de 59 pozos petroleros que se convirtieron en amenaza a la seguridad nacional, la batalla contra el rescate bancario, la austeridad republicana y la famosa frase del “voto por voto, casilla por casilla”; sus desencuentros con los empresarios más poderosos de México, las disputas con Fox al que llamó “chachalaca” y las acusaciones de monopolio contra Televisa.

Todo lo anterior logró colocar a Andrés Manuel López Obrador como el fenómeno que sacaría del gobierno a la fórmula más poderosa de la política y el sistema mexicano: el PRIAN.

Su triunfó fue tan contundente que ambos partidos quedaron tan lejos donde ni sumando sus votos alcanzaban al líder de la izquierda. López Obrador llegó con la mayoría en el Congreso de la Unión, con un gran número de diputados locales, alcaldes, gobernadores y con el poder absoluto de hacer lo que se le antoje.

Muchos esperaban con grandes expectativas las reformas y transformaciones que vendrían de su mano y de la 4T, se creía que llegarían menos detalles imperiales y un resurgimiento absoluto de la vida en democracia.

Todo lo contrario, al presidente se le ve resentido, vengativo y caprichoso. No acepta un “no” por respuesta, no le gusta la crítica y descalifica toda postura de la oposición. Un presidente que no impulsa procesos democráticos al interior de su partido, donde permite la entrada de impresentables en las filas de MORENA y se queda callado ante la imposición de una de las suyas en la CNDH que vive del respeto y la esencia de su autonomía.

No se ve gobernando al justiciero social, al hombre inquebrantable y a la persona capaz de entender la importancia de la libertad de expresión en un país donde, sin estar en guerra, se matan periodistas con total impunidad.

Dicen que el poder corrompe, envenena y deforma… cuestión que parece padecer Andrés, el joven que luchaba por lo que hoy al parecer ha olvidado.

¿Dónde quedó Andrés Manuel López Obrador? Solo él tiene la respuesta.

La terna de AMLO para la SCJN: todo se puede desconfigurar en el Senado

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de conocimiento público la terna que enviará al Senado de la República para sustituir a Eduardo Medina Mora, quien renunció a su cargo a principios de Octubre de este año. Este era un tema en el cual todos estábamos a la expectativa y espera desde lo sucedido con la CNDH y el proceso caprichoso, ilegitimo y sin tacto político en la designación de Rosario Piedra Ibarra como ombudswoman nacional. La 4T traía consigo la niebla antidemocrática y sin transparencia en los procesos de designación de cargos con naturaleza autónoma o  imparcial o de constante vigilancia al poder actual. Sin embargo, de manera sorpresiva durante una mañanera, el presidente dijo que la terna para la Suprema Corte está conformada exclusivamente por mujeres y ellas son: la Dra. Margarita Ríos Farjat, Diana Álvarez y la Dra. Ana Laura Magaloni. Debemos mencionar que dentro de dicha terna para Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , el cual es nuestro máximo órgano garante de la constitución y contrapeso constitucional, dos de las tres las candidatas resultan sumamente respetables tanto en el servicio público como la academia. Otro acierto de la presidencia  fue el nombrar una  terna exclusiva de mujeres, ya que formalmente abona a una equidad de género dentro del máximo tribunal del país y sería un hecho sin precedentes el contar con 3 mujeres en la SCJN. Por supuesto que esto no se traduce de manera automática y absoluta en una mejoría de la perspectiva judicial en la protección de los derechos de las mujeres, pero impacta de manera positiva en una composición más equilibrada desde el aspecto del género.

Sin embargo, “la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias” (Garza Onofre Juan y Martín  Reyes Javier, 2019). Y es dentro de este aspecto en el que me quiero centrar, ya que si bien vemos que las Doctoras Margarita Ríos y  Ana  Laura tiene un excelente perfil profesional, y esta última sería una ministra que elevaría el nivel de discusión constitucional de la Corte, no podemos dejar pasar el pobre diseño jurídico-constitucional de los procesos de designación de ministros y ministras en los casos anteriores, como el de Medina Mora o el más reciente, en donde no se generaron mecanismos efectivos desde el aspecto legislativo. En la constitución se le otorga la facultad al Presidente de formular una terna y enviarla al Senado para que designen a un candidato en un plazo de 30 días, sin embargo, es el Senado donde no se cumple una dinámica de inspeccionar y garantizar que los candidatos y  candidatas posean un perfil de máxima idoneidad y credenciales profesionales, donde se privilegie de igual manera desde esa naturaleza de contrapeso legislativo, perfiles que abonen a la autonomía de la Corte y el Poder Judicial, siendo que la “independencia judicial es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento  de las altas cortes (Ríos García, 2019).

Retomo el tema del Senado, ya que conforme al artículo 96 constitucional de manera artificial y en primera lectura, pensaríamos que  el Senado tiene el papel protagónico, pero todo empieza desde la conformación de las ternas cuando dentro de ellas encontramos un perfil más fuerte desde el ámbito político y profesional que otros, generando poco equilibro y visibilizando una cierta preferencia del ejecutivo a ciertos candidatos y candidatas. Urge modificar el proceso de designación ante el senado para garantizar “transparencia y  costo político” (Martín Reyes Javier, 2015), ante coyunturas  de nuevas mayorías y régimen político, institucionalizar la autonomía de la corte desde el proceso de designación de sus miembros será fundamental para la consolidación de una verdeara democracia mexicana.

reneramirezbenitez@gmail.com   

CNDH: Tiene razón Monreal

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH) es un organismo cuyo objeto esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos contenidos y/o reconocidos en el orden jurídico mexicano.

Ahora bien, como es público, en sesión del 12 de noviembre de 2019, se dio una trifulca en el Senado de la República entre Senadores de MORENA y del Partido Acción Nacional (PAN), pues estos últimos pretendían evitar que rindiera protesta como presidenta de la CNDH la C. Rosario Piedra Ibarra y, solicitaban además una reposición del procedimiento pues a su consideración en el proceso de elección no se había alcanzado la mayoría calificada.

Sin embargo, en la referida sesión, no se realizó reposición del procedimiento alguna y la C. Rosario Piedra Ibarra logró rendir protesta como presidenta de la CNDH, por un periodo de 5 años.

Derivado de lo anterior, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (en adelante GOAN) por twitter señaló que “No reconocemos ni reconoceremos la autoridad de quien es producto de un fraude. Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho” y “No acataremos sus recomendaciones, no son vinculatorias legal ni moralmente”.

Por su parte, el Gobernador Panista de Querétaro Francisco Domínguez, señaló en entrevista que su entidad no acataría las recomendaciones que vengan de la CNDH.

De igual forma, por twitter la Asociación Nacional de Alcaldes (en adelante ANAC) expresó “Al igual que la @GOAN_MX no reconocemos ni haremos caso a recomendaciones de Rosario Piedra como titular de la @CNDH se eligió sin transparencia, en un proceso amañado, además de no cumplir con la institucionalidad que se requiere siendo militante de MORENA.”

No obstante, las manifestaciones anteriores constituyen un auténtico dislate, una violación flagrante a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deben resultar preocupantes para todos los mexicanos.

Lo anterior, pues en términos del artículo 102, inciso B) párrafo segundo de la Constitución todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la CNDH.

Siendo oportuno precisar, que atendiendo al mismo numeral, si bien es cierto las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, cuando los servidores públicos decidan no aceptarlas o cumplirlas, estos deberán hacer pública su negativa de manera fundada y motivada.

Es decir, en su negativa deberá expresarse con precisión el precepto legal aplicable en la que se funda y además, señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En este orden de ideas, la negativa de cumplir con las recomendaciones de la CNDH por mandato Constitucional constituye un acto formal de autoridad.

Por esto, si los Gobernadores y Alcaldes del PAN, pretendieron negarse a atender las recomendaciones formuladas por la CNDH, resultaba imperativo, primeramente que existiera una recomendación que atender y segundo que la negativa cumpliera con las formalidades de todo acto de autoridad y además se encontrara debidamente fundada y motivada.

Al no haberlo hecho así, resulta inconcuso que la negativa genérica realizada en redes sociales de atender cualquier recomendación de la CNDH formulada por los Gobernadores y Alcaldes del PAN no es más que una violación flagrante al texto Constitucional.

Finalmente, es oportuno señalar que tenía razón el Senador Ricardo Monreal, cuando replicó que todo servidor público esta obligado a responder las recomendaciones de la CNDH, pues independientemente de su acatamiento o no, la recomendación de la CNDH debe reconocerse y responderse.

#ElNidoDelGavilán: “Oposición de agua y defensa de plástico”

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En sintonía con las palabras del profeta Ángel Reyna en aquellos aciagos días de crisis en el América, el PANismo, lo que queda del PRI y uno que otro adormilado, se han visto de agua y con una retórica de plástico al buscar cualquier cosa para darse a notar y fungir como supuesto “contrapeso” al gobierno de Andrés Manuel.

La polémica de la elección de titular de la CNDH sigue y ya hasta salió el gobernador de Querétaro a “desconocerla”. Lo cierto es que Monreal les anotó otro golazo político a muchos con la notoria imposición de doña Rosario Piedra Ibarra.

Si bien es cierto que la decisión de elegirla vino de más arriba, es innegable, la calidad moral de Piedra Ibarra para abordar una dependencia de gobierno tan importante para un país de desaparecidos y fosas como el nuestro.

Pero esto no es suficiente para la mezquindad de Acción Nacional, por eso van de ridículo en ridículo, el tema de los embutidos de Julen Rementería, las pifias de Xóchitl Gálvez, las contradicciones de Romero Hicks y la reciente visita a la muy polémica OEA por parte de Mariana Gómez del Campo para quejarse de la elección de Piedra Ibarra.

El arranque de la gestión de Piedra Ibarra ha tenido algunos tropiezos como sus declaraciones iniciales, pero es obvio que cualquier cosa que diga será usada en su contra.

Y es precisamente, el gran problema de la oposición, buscan poner como negativo todo lo que diga o haga un miembro de la 4T, cuando lo que debieran hacer es impulsar iniciativas de ley que resuenen positivamente entre los votantes. El PAN, hoy en día, funge el rol del soplón con la maestra en el salón de clases y no el de alumno sobresaliente.

En un momento histórico donde el partido del Presidente tiene mayoría en ambas cámaras, es preocupante que en el más mínimo nombramiento exista polémica. Si bien la 4T comete errores y han demostrado incapacidad en determinados rubros, la oposición no puede seguir ese juego.

Estamos a noviembre de 2019 y la oposición fragmentada quiere -increíblemente- llevar a nivel internacional una derrota de una votación del Senado, ¿El desarrollo económico? ¿La desigualdad? ¿El campo? A quien le importa, lo que importa es que no gane la 4T…

Democracia en peligro: la invasión de lo político al universo jurídico

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Las leyes sucumben ante la autocracia. Se acumulan las fisuras en la arquitectura institucional. Nada más grotesco que la escena en el Senado. Una escenografía deplorable, entre panistas y morenistas, mientras que Mónica Fernández con gritos le toma protesta a Rosario Piedra Ibarra. Y para rematar, la fotografía de Monreal y Martínez Cázares dando cínicamente el aplauso con el cual abren otra grieta a la democracia.

Porque la democracia no se reduce a la dimensión electoral del voto, sino que se reinventa cotidianamente en el libre discurrir de las instituciones: poderes que se contraponen al poder mismo. El discurso de los líderes de Morena alude a la preservación de la democracia, pero no como un fin en sí, sino como un medio; un medio que ya agotó su propósito, que ya cumplió con la primera parte de la Cuarta Transformación.

La democracia les otorgó a López Obrador y a sus partidarios el poder y, por ello, su cometido ha finiquitado, es momento de dejar al poder gestarse, dirigido por la voluntad omnisciente y omnipresente del gran caudillo para emprender el camino de la trasformación. Como bien señala Jesús Silva Herzog en su última columna (Reforma 18/11/2019): pervertir la democracia en nombre de la democracia misma.

La modernidad dotó a los Estados del derecho racional. La legitimidad transitó de los rituales sustanciales y los decretos de líderes carismáticos para vincularse exclusivamente con la legalidad. ¿Y en qué se sustenta esa legalidad? En lo procedimental de lo jurídico; las formas se imponen al contenido. No es que el contenido no sea relevante, sólo implica que éste debe de ajustarse a los procedimientos estipulados en las leyes. Y si alguna de las etapas no se cumple, entonces el procedimiento se anula y todo aquellos que haya si engendrado a través de éste pierde toda validez jurídica, toda legalidad y, por ende, toda legitimidad.

Este es el derecho positivo, el derecho racional, el que surge de la filosofía kantiana de las formas y que Kelsen introdujo al universo jurídico. Es esa racionalidad que se separa de la voluntad a posteriori de los hombres y que responde exclusivamente a la esfera misma de lo jurídico; es decir, el universo jurídico es inmune a la racionalidad de otras esferas sociales como la política o la económica. Con ello, este sistema de la legalidad, es decir, aquel que por su misma lógica determina aquello que es legal o ilegal, se cierra en sí mismo, genera un hermetismo para que dicha lógica no sea pervertida. De esta manera es como las instituciones se blindan contra las invasiones de poderes ajenos a ellas: las leyes son su escudo.

Contra esto la mayoría morenista actuó la semana pasada en el pleno del Senado. Fueron contra aquello que López Obrador supuestamente defiende “nadie por encima de la ley”. Incurrieron en una falta en el procedimiento por lo cual la elección de Rosario Piedra Ibarra es inválida y, por ende, ilegítima. Violaron las formas que rigen el universo jurídico e introdujeron a su interior algo ajeno, propio del sistema político, y con ello lo contaminaron.

Poco importa que Piedra Ibarra sea hija de Rosario Ibarra de Piedra o que tenga la autoridad moral para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nuevamente, todo aquello que se encuentra fuera del universo jurídico -lo moral, lo político, lo económico, etc.- no debe de tener incidencia en su funcionamiento.

El caso de Rosario Piedra Ibarra representa la invasión de lo político al universo jurídico. Las formas fueron violentadas y el decreto presidencial de colocar a un partidario se impusieron a la lógica propia del derecho, aquella lógica que sólo debe de responder en sí misma, a los elementos propios de dicho universo. Y así, el Poder Ejecutivo se expande hacia otros poderes que fueron creados puntualmente para fungir como contrapeso al poder mismo. Y con ello, otro organismo autónomo queda supeditado al mandato del gran caudillo; el nuevo objetivo es el órgano electoral. Si llegara a ocurrir, verdaderamente retrocederíamos treinta años.

Democracia y ciudadanía

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Hace una semana, Soledad Loaeza aceptó la invitación al “Tragaluz” que Fernando del Collado ha inventado para someter a sus invitados a un juego cerrado de preguntas agudas y respuestas que también deben serlo. Muy interesante entrevista (Milenio, domingo 10 de noviembre de 2019). Algunos días después, seguramente muy impresionado por la agilidad de las preguntas y respuestas, Héctor Aguilar Camín hizo una reseña de dicha entrevista. Sin embargo, por desgracia, omitió incorporar en su “antología” la pregunta y la respuesta que para mí, le daban todo su sabor al intercambio.

Fernando del Collado pregunta: “¿Sin ciudadanía  no hay democracia?”, a lo cual Soledad Loaeza contesta: “Claro que no”. La pregunta y la respuesta tocan a lo más hondo del problema político de un México cuya sociedad no encuentra su identidad. ¿El problema esencial de México, es la ausencia de democracia o la ausencia de ciudadanía? ¿La ausencia de democracia es problema de procesos y de leyes, o es problema de la ausencia de ciudadanía?

La partidocracia no sería posible con una ciudadanía activa y participativa que no permitiría que los malos políticos busquen el poder para servirse de él en lugar de usarlo para servir al bien común. Es hora que la partidocracia no se ha dado cuenta de los golpes mortales que le están dando y siguen pavoneándose en las calles con sus chalecos rojos.

La ciudadanía activa no permitiría que un poder abusivo confisque a su provecho la presidencia de la CDNH, para someterla a sus intereses, una ciudadanía activa no permitiría una Ley Bonilla que atropella el voto, una ciudadanía activa rechazaría airadamente las manifestaciones de narco gobierno que se exhiben descaradamente bajo la cuarta transformación, en Culiacán por un lado, con Evo Morales y su desfachatez, por otro lado, con el debilitamiento del ejercicio para acabar de rematar.

El poder pretende destruir la prensa a base de descalificarla. Pero también, el poder está haciendo pedazos de una ciudadanía endeble y tímida que solamente se queja en las redes sociales y con burlas y memes. Pronto será demasiado tarde y la ciudadanía ya no tendrá capacidad de reaccionar. ¿Qué pasa con los 60 millones de electores que no votaron por la cuarta transformación? ¿Son ciudadanía o son solamente pasajeros inofensivos en un escenario que no les interesa? 

En Cuba y en Venezuela también entendieron demasiado tarde. En Cuba, ya son dos generaciones que vieron frustradas  sus esperanzas; en Venezuela ya va la primera. En el primer año de la cuarta transformación, quedó claro en México que el problema de la democracia que se va muriendo es la ausencia de una ciudadanía decidida y voluntaria. 

Monreal pide al PAN no mandar al diablo a las instituciones

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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, criticó a los gobernadores pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN) que declararon que no reconocerán Rosario Piedra como la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“El artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la @CNDH. La autoridad que no lo haga incurre en desacato, en términos del 108 constitucional. Mandar al diablo las instituciones no es una decisión correcta”, dijo Monreal vía su cuenta de Twitter.

Tal solo el día de ayer, Francisco Domínguez, Gobernador de Querétaro, confirmó su decisión de no seguir las recomendaciones de la CNDH. 

“Los gobernadores de Acción Nacional lo dijimos públicamente, lo dijimos en Twitter, desconocemos a la titular de los Derechos Humanos que fue elegida ilegalmente en el Senado de la República, no vamos a obedecer ni recibir ninguna recomendación”, indicó Domínguez. 

 

Con información de El Norte.