Aseguran que Elba Esther Gordillo puede recurrir a Derechos Humanos

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Monterrey N.L. (16 de febrero 2017).- Miguel Salim, diputado de la bancada panista afirmó que Elba Esther Gordillo, misma que se encuentra en prisión domiciliaria, puede acudir a la Comisiona Nacional de los Derechos Humanos por las restricciones que la PGR impone al considerar su arraigo en una oficina de despacho.

El panista aseguró que no se le puede imitar el derecho a de que hable libremente con quien quiera, como pretende la dependencia federal.

“Yo creo que la señora Elba Esther tiene todo el derecho de acudir a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hasta donde abarca legalmente el arraigo domiciliario? ¿Si el arraigo domiciliario abarca hasta las familias, hasta las llamadas telefónicas, hasta sus aseos personales? Eso no está especificado en la ley”, comentó en rueda de prensa.

“La ley dice que al arraigo domiciliario está ubicado en un solo lugar, pero yo creo que ahí ella tendría que defenderse a través de los Derechos Humanos”, agregó.

“La señora es un personaje nacional en nuestro País y tiene todo el derecho de hacer su vida libre, en cuanto a lo que le corresponde por ley”, afirmó.

 

 

Perfilan a Navarrete para Segob

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Alfonso Navarrete Prida encabezará la Secretaría de Gobernación pues el actual titular, Miguel Ángel Osorio, decidió postularse para una candidatura al Senado de la República y dejará su cargo en el Ejecutivo, informaron fuentes oficiales.

El cambio ocurriría esta semana, junto con otras modificaciones en el gabinete.

Navarrete es secretario del Trabajo desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña. Abogado de profesión, ha sido procurador de Justicia del Estado de México y diputado federal. No desconoce la Secretaría de Gobernación pues fue Secretario particular de quien fuera titular de la política interior, Jorge Carpizo Mc Gregor. De hecho, la carrera política de Navarrete inició bajo la tutela de Carpizo cuando este fue titular de la CNDH entre 1991 y 1992 y luego procurador general de la República entre 1993 y 1994.

Como procurador en el Estado de México, bajo la gubernatura de Enrique Peña, Navarrete Prida llevó a cabo la indagatoria por enriquecimiento ilícito contra el gobernador mexiquense Arturo Montiel, pero al final envió a reserva el caso.

Osorio Chong dejará Gobernación luego de que no fuera designado candidato a la presidencia de la República por el PRI. Osorio era el puntero en encuestas de preferencias entre priistas, pero al final la determinación recayó en el titular de Hacienda, José Antonio Meade.

Mueren 8 recién nacidos en Guerrero

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Monterrey N.L (03 de Enero 2017).- La falta de recursos económicos y las medidas sanitarias correspondientes fueron las causantes de que al menos ocho recién nacidos murieran en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, según información emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH aseguró que “existían coincidencias en los procedimiento y complicaciones asociadas a la prematurez de bebés, lo que ameritaba atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”, pero esta se encontraba inhabilitada por trabajos de ampliación.

Se responsabilizó al hospital de improvisar en 2015 áreas de vigilancia que no contaban con los cuidados necesarios de sanidad.

Informó que las madres de los bebes, no fueron informadas del estado de salud en el que se encontraban los recién nacidos, ni del motivo o motivos de fallecimiento e incluso la Fiscalia General y el Gobierno estatal mantuvieron al menos 18 meses inactiva la investigación del caso.

Por ello se le solicitó al Gobernador, Héctor Astudillo Flores, reparar el daño a madres y padres de las victimas fallecidas.

 

 

Al menos 22 menores fueron traficados y hubo anomalías en adopción de cientos durante el Gobierno de Padrés

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Por lo menos 22 menores de edad, fueron traficados por empleados de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, en Hermosillo, Sonora, durante el gobierno de Guillermo Padrés.

De acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se documentaron al menos 22 casos en los que se traficó con niños, entre 2009 y 2015; adopciones ilegales y maltrato físico.

Según la dependencia, las irregularidades, cometidas contra los menores además de involucrar agente del DIF, también participaron agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal, y el IMSS.

Desde el 2015, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, coordinador de la línea telefónica Protege, creada para reportar a niños en situación vulnerable y adscrita a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, fue acusado de cobrar hasta 20 mil dólares por entregar un pequeño en adopción de manera irregular.

Pero de acuerdo con la CNDH, no se sabe el destino de por lo menos 682 niños, por las imprecisiones del DIF estatal.

Otras garantías vulneradas son a la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 niños, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estatal.

También acreditó la supresión y tráfico de 18 menores, con lo que se violaron los derechos a la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas.

En lo que corresponde a los servidores públicos del IMSS, la CNDH halló que estos expidieron certificados de nacimiento de 17 menores, “los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas”.

Por ello, la CNDH mandó hacer varias recomendaciones a los servidores públicos señalados: a la gobernadora y al titular del IMSS les ordenó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de los 22 menores víctimas de supresión y tráfico de infantes, al igual que a todos aquellos que fueron víctimas de los trámites irregulares de adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes.

Gobierno de Coahuila subsidio a los Zetas

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Entre 2010 y 2011 a la prisión estatal de Piedras Negras, Coahuila, a 6 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, entraban vacas vivas cuya carne era para armar fiestas del cártel de Los Zetas, así como vehículos que eran modificados para transportar droga, personas secuestradas y cadáveres para ser quemados.

Los únicos que no pudieron entrar, “por la inseguridad al interior de la cárcel”, en 2011, fueron los visitadores de la CNDH, quienes por calificación le dieron un cero. Bajo conocimiento del gobierno estatal y federal, el penal de Piedras Negras funcionó como un búnker para el cártel de los Zetas, de acuerdo con el informe “El Yugo Zeta”, elaborado por El Colegio de México.

Según el estudio, la situación de autogobierno en cárceles era parecida en otros centros, pero tan sólo en 2011 el presupuesto público dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos.

El informe resalta que el penal era un centro de negocios que le daba hasta 75 mil dólares anuales a los Zetas, y les servía también para reclutar sicarios, para esconderse de la policía, para castigar a sus rivales, inclusive el jefe de cártel elegía entre las esposas de los internos a mujeres para tener sexo y el área de seguridad de la prisión servía para ejecutar y deshacerse de los cuerpos.

El estudio también incluye la venganza Zeta entre el 18 y el 22 de marzo de 2011.

Luego de una filtración de información desde la DEA, los sicarios Zetas, policías municipales e internos de piedras negras asesinaron hasta 60 personas en Piedras Negras y Allende. Sin embargo, el informe se centra en el búnker zeta de piedras negras.

Si bien en el estudio no hay acusaciones directas, sus autores afirman que esta situación era del conocimiento del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira, hermano del actual gobernante, Rubén Moreira.

 

IMSS niega pensión por viudez a tres concubinarios gays; CNDH interviene

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) declaró improcedente el otorgamiento de pensión por viudez a tres concubinarios cuyas parejas eran del mismo sexo.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director general Mikel Arriola.

De acuerdo a la recomendación 53/2017, el IMSS violó los derechos al acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica de los tres agraviados.

“De la información recabada por este Organismo Nacional, se pudo acreditar que las autoridades del IMSS omitieron proteger y garantizar los derechos humanos a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que restringieron el acceso de los quejosos a la pensión por viudez en su modalidad de concubinato”, detalló la CNDH.

Sostuvo que no hubo justificación “racional y normativa” para declarar improcedente la solicitud de pensión al no haber presentado acta de matrimonio civil. “Ello implicó negar a estas parejas homosexuales, los beneficios que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato”.

En ese sentido la CNDH consideró procedente la reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas, incluyendo se brinde trámite a las solicitudes de pensión planteadas, sin que se exija el dictamen de beneficiario incapacitado, ni acreditar la dependencia económica.

También pidió que “se implementen las acciones necesarias para que pueda otorgarse la pensión a que tengan derecho”.

CNDH confirma violación de derechos humanos durante operativo en Nochixtlán

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En los hechos del 19 de junio del año pasado en Nochixtlán, Oaxaca, hubo uso excesivo de la fuerza tanto de elementos policiacos estatales y federales, todos los funcionarios involucrados en el operativo policiaco deberán ser investigados y en su caso fincar responsabilidades, además de pedir disculpas públicas indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar la Recomendación 7VG/2017, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que el operativo del 19 de junio de 2016, al mando de la Policía Federal para desalojar un bloqueo carretero en Oaxaca tuvo un “pésimo diseño y una ejecución totalmente mala” que propició que durante 12 horas se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera.

De estos enfrentamientos, siete personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones físicas, 45 de ellos por arma de fuego; 106 elementos policiales también fueron heridos, cuatro de ellos por lesiones de arma de fuego.

“El grupo de coordinación Oaxaca este grupo fue el que estuvo coordinando el diseño del operativo, estamos pidiendo que se finquen responsabilidades, que se procesen previo investigación a quienes intervinieron en el diseño ejecución del operativo. El grupo de coordinación Oaxaca hizo un pésimo diseño una ejecución totalmente mala que propició estas consecuencias, la instrucción fue que no fueran armados”, indicó.

Enrique Guadarrama López, Segundo visitador general de la CNDH, señaló que se acreditó con testimonios de los propios mandos de los policías que el operativo del 19 de junio fue monitoreado en un hotel ubicado en la Ciudad de Oaxaca, por el denominado Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por autoridades estatales y federales, además de que en ese mismo hotel la Policía Federal estableció un puesto de mando que se encargó de llevar a cabo cuestiones de enlace y operatividad entre los elementos policiales que acudieron al operativo y los mandos superiores.

Según los testimonios recabados por las CNDH, elementos de la Gendarmería declararon que fue su propio instinto o la autodeterminación lo que los llevó a accionar sus armas. El testimonio de uno de ellos indicó “nadie dio esa orden, todo fue sentido de supervivencia”.

Ante estos hechos la CNDH recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad, en materia de satisfacción a las victimas una disculpa pública en coordinación con el gobierno del Estado; asimismo se pide la colaboración en los procedimientos administrativos  y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a los mandos por la operación del operativo.

También recomendó el uso obligatorio de cámaras fotográficas, de vídeo y audio en los operativos, así como la revisión del marco normativo aplicable al uso de la fuerza de la Policía Federal.

Pide la ONU que gobierno de Nuevo León investigue hechos en el Penal de Cadereyta

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Las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortaron indagar los recientes hechos violentos que se han dado en los penales de Nuevo León.

Mediante un comunicado, condenaron el motín en el penal de Cadereyta, donde han fallecidos 17 personas y se calcula que más de 30 resultaron con heridas.

Las oficinas de la ONU consideraron que es necesario ir más allá de la investigación, sin embargo, esta debe ser pronta, diligente y respetuosa al duelo de los familiares, esto con el fin de que se haga justicia a las víctimas.

Tras el respaldo del uso de fuerza letal dentro del Penal de Cadereyta, las oficinas recalcaron la responsabilidad de la autoridad ante esta situación, por lo que se tendría que realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, esto con el fin de verificar si se aplicó la fuerza letal en orden de la ley.

Con anterioridad la CNDH en su Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria evidenció las graves deficiencias del Cereso de Cadereyta, esto en 2016. Ese mismo año el INEGI mediante su Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad marcaba que el 40.5% de los reos se sentían amenazados e inseguros dentro del Penal y un 28.9% dentro de su propia celda.

Ambas oficinas se solidarizaron con los familiares de las víctimas y reiteran su compromiso para brindar la asistencia técnica necesaria para el fortalecimiento de los Ceresos y de las capacidades institucionales del Estado en manejo de los sistemas penitenciarios.

#ElTalónDeAquiles: “Violencia de Género”

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Pasó lo que se temía: el terremoto que todos en Ciudad de México (CDMX) esperaron por años, aconteció el 19 de septiembre de 2017. El derrumbe de edificios no debe sorprender: se sabía de la precariedad estructural en varios sectores capitalinos y, por el epicentro y tipo de sismo, poco era lo que se podía hacer. Vino después lo de siempre: medios de comunicación reportaron el dolor de CDMX (olvidándose del resto del país); el sensacionalismo hizo de Frida Sofía, una niña inexistente, una heroína precoz; se vaticinó un movimiento telúrico mayor: nada mejor que las redes sociales para anunciar el fin del mundo. Los políticos fueron víctima de la indignación ante el patético intento de escabullirse ante las demandas ciudadanas de donar fondos de la campaña electoral a la reconstrucción. Hubo intentos de fraude de inescrupulosos que trataron de aprovecharse de la desgracia. Y claro, salieron las banderas. Ni siquiera en estos casos me gusta el nacionalismo, pero lo acepto, hubo solidaridad. La historia dirá que los mexicanos se unieron para levantarse, como debe ser, y como todo pueblo lo hace, en estas circunstancias.

¿Pero en dónde estábamos antes del drama? Un día antes del fatídico terremoto, ciudadanos indignados de al menos cinco Estados mexicanos, manifestaban por el asesinato de Mara Fernanda Castilla, una estudiante de Ciencia Política originaria de Xalapa (Veracruz), de 19 años de edad, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Castilla perdió la vida presumiblemente el 8 de septiembre, al abordar un taxi para regresar a su casa. Estuvo desaparecida durante ocho días.

Para una persona como yo, que siempre ha trabajado con mujeres brillantes y fuertes, colegas de las que he aprendido un mundo, fue toda una revelación el poder ver, por vez primera, con ojos de mujer, a Cholula, ese pueblo masculinamente tranquilo y amigable que me recibió en enero. Claro, desde mi primer día en México (2012), me percaté del fastidioso machismo que aqueja a esta sociedad. Pero ahora comprendí, gracias a los testimonios de mis estudiantes, que el asesinato de una joven universitaria puede tan sólo ser la punta del iceberg, pues el acoso es constante, y la inseguridad creciente, para todas las mujeres. Contrariamente al hombre, las residentes de San Andrés de Cholula se exponen a diario a situaciones que van desde lo desagradable (piropos, vulgaridades) hasta cuadros potencialmente peligrosos para su integridad física.

Aplaudí su indignación e iniciativa, pero les indiqué que el reto no consistía en hacer conciencia sobre la importancia del tema hoy, sino en mantener la violencia de género en un lugar prioritario en la agenda de discusión de problemas nacionales. Al fin y al cabo, entre 2013 y 2015 ocurrió un feminicidio por semana; solo en 2017, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos contó 83, y en el primer semestre de 2017, se contabilizaron, en promedio, 35 denuncias diarias de violación sexual, la gran mayoría de parte de mujeres, para un total de 6,444. Además, entre 2007 y 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 17,274 casos de presunción de homicidios de mujeres. En síntesis, la situación es alarmante.

No estoy ignorando la amplitud de la catástrofe originada por el terremoto del 19 de septiembre, ni la necesidad de ayuda inmediata. Sin embargo, este es un ejemplo de cómo un evento coyuntural, de alto impacto, puede alterar la agenda pública, y sacar del reflector un problema crónico, estructural, y de gran magnitud. El pecado de Mara es salir a divertirse, con tanta libertad como la mía; nuestro pecado, sería olvidarlo. Ante lo coyuntural, no perdamos de vista lo estructural. El reto es re-visibilizar la tragedia de la violencia de género sin parecer insensible ante el drama causado por el movimiento sísmico. Y para ello, un recordatorio de en donde estábamos antes del desastre, puede ser un buen comienzo.

Fernando A. Chinchilla

San Andrés de Cholula, 5 de octubre de 2017

Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.