El gobierno de AMLO ha triplicado deportaciones de migrantes centroamericanos

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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de deportaciones de migrantes centroamericanos se ha disparado, a tal grado que casi se ha triplicado comparado con el 2018, donde se registraron 5 mil 717 expulsados en diciembre y 14 mil 970 en el mes de abril.

De tal forma que en lo que va de la actual administración se han deportado 45 mil 370 personas, la mayoría centroamericanos.

En abril fueron deportados casi 15 mil migrantes, la cifra más alta en los últimos tres años. El aumento llega después de que el Gobierno mexicano declarara la necesidad de “ordenar” la migración, un cambio respecto a principios de año, cuando permitió la entrada masiva de miles de migrantes, agrupados en caravanas que pretendían llegar a Estados Unidos.

En los primeros dos meses del gobierno morenista, antes del cambio de política migratoria, el número de deportaciones se situó por debajo de los 6 mil, un descenso importante si se compara con las 10 mil personas que sacó del país la Administración de Peña Nieto en noviembre pasado.

A pesar de las cifras, el Gobierno mexicano insiste en que no ha habido cambio de política respecto al inicio de sexenio.

A decir del Instituto Nacional de Migración (INM), el incremento se debe al aumento del flujo migratorio, sin embargo, los datos muestran que las entradas de extranjeros al estado de Chiapas, principal punto de ingreso de los migrantes centroamericanos, han descendido ligeramente en los primeros meses del año.

Jorge Andrade, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, considera que el enfoque mas humanitario para enfrentar la migración de este gobierno solo fue un discurso, del cual “ha reculado, posiblemente por las presiones de Estados Unidos”.

Alexandra Délano, experta en migración de The New School de Nueva York, cree que existe una posible discrecionalidad, donde “no hay protocolos muy claros; el Gobierno ha ido cambiando sus prioridades sobre cómo, cuándo y a quién deporta”.

Este incremento de detenciones ha desbordado la capacidad de las estaciones migratorias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha criticado las condiciones de hacinamiento y varias ONG han denunciado falta de alimentos y servicios médicos.

En ese escenario, cientos de migrantes han escapado en los últimos meses de los centros donde permanecían detenidos.

Hace dos semanas, López Obrador argumentó que los operativos policiacos contra los migrantes, eran por seguridad y para combatir al crimen organizado.

Por su parte, Ramón Verdugo, miembro de la ONG, Todo por Ellos afirma que “arrestar a los líderes es una estrategia para debilitar las caravanas”, pues se está criminalizando a los activistas como si pertenecieran al crimen organizado.

Cabe recordar que a principios de año, el Gobierno otorgaba “visas humanitarias”, un permiso renovable de un año que permitía a los migrantes trabajar y vivir legalmente es México, pero en febrero el acceso a tal documento se volvió más estricto, y descendió de las 11 mil otorgadas en enero, a unas 1 mil 500 en marzo.

A cambio, se está promoviendo las “tarjetas de visitante regional” que limita la movilidad a cuatro estados del sureste del país, buscando que no lleguen a la frontera norte, y al mismo tiempo apoyar con mano de obra la construcción de proyectos como el Tren Maya, pues a finales de abril, el presidente aseguró que “estamos otorgando posibilidades para que (los migrantes) trabajen en el sur del país”.

AMLO asegura que comunidades aprobaron proyecto de corredor interoceánico

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este sábado que comunidades indígenas del sur del país aprobaron la construcción de un corredor interoceánico tras una consulta popular realizada a finales de marzo, pese a protestas de grupos que se oponen a la obra.

“Ya se hizo la consulta y la gente está a favor del proyecto”, dijo López Obrador, durante una rueda de prensa en el estado de Veracruz, sin dar detalles sobre los resultados.

“Les vamos a informar, lo que pasa es que se hizo el trabajo abajo, en los pueblos, ya se llevó a cabo la consulta, ni modo, perdieron. Porque la gente sí quiere que haya trabajo y que haya bienestar”, agregó aludiendo a sus opositores políticos.

El corredor, otra de las obras emblemáticas de López Obrador, busca unir los puertos de Salina Cruz, en la costa del Pacífico del estado de Oaxaca, y Coatzacoalcos, que da al Atlántico por Veracruz.

Pretende además establecer una zona franca y promover la llegada de industrias a la región, una de las más pobres de México.

Sin embargo, un grupo de más de 40 organizaciones sociales se pronunció el jueves señalando que la consulta, realizada el 30 y 31 de marzo, fue “simulada”, ya que no se informó adecuadamente ni se consideró la opinión de los pueblos afectados.

“Expresamos nuestro rotundo rechazo a este proyecto que es (…) la continuación de los proyectos de muerte impulsados por los gobiernos neoliberales”, añade el pronunciamiento.

Antes de la votación, el ombudsman nacional, CNDH, solicitó medidas cautelares para respetar la decisión de los ciudadanos.

Las consultas populares, un mecanismo no contemplado en las leyes mexicanas y en el que no participan autoridades electorales, han sido la herramienta de López Obrador para avalar algunas de sus propuestas más polémicas.

En octubre pasado, antes de asumir la presidencia, sometió a voto la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco valuado en 13 mil millones de dólares y que había prometido anular desde su campaña, tachándolo de ser una obra “faraónica”, bajo sospecha de corrupción.

En febrero, hizo lo mismo para aprobar la conclusión de una central termoeléctrica en el centro del país, días después de que un activista ambiental que se oponía al proyecto fue asesinado.

Detractores califican a las consultas de “farsa”, mientras analistas advierten que son un foco de incertidumbre entre potenciales inversionistas.

¡El descaro! Odebrecht reclama 2 mil 245 millones de pesos al gobierno mexicano

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Odebrecht se envalentona y ahora pretende cobrar al Gobierno mexicano 2 mil 245 millones de pesos por el finiquito por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo y en Salamanca, Guanajuato.

La constructora brasileña que ha sido sancionada en múltiples países latinoamericanos acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quejarse por violaciones a sus garantías.

Entre los reclamos se encuentra el cálculo del finiquito que busca cobrar a Pemex por la terminación anticipada de los contratos en las dos refinerías.

Sacando sus cuentas, Odebrecht estima que se le deben casi 432 millones de pesos por el finiquito en Salamanca, y por el de Tula, 1 mil 813 millones de pesos.

Así que, si el Gobierno de México pretende cobrarle más de 1 mil millones de pesos por finiquitar los contratos, la empresa alega ahora tener saldo a favor.

Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma asegura que “el Poder Ejecutivo federal pretende que mis representadas realicen un pago de más de 1 mil 149 millones 289 mil 878.08 pesos con base en actos sin sustento y de manera unilateral”.

Pero asegura que “en realidad existe un saldo a favor de mis representadas de aproximadamente 2 mil 245 millones de pesos” derivado de daños y saldos de obra pendiente en Tula y Salamanca.

Y detalla que en relación al contrato para el desarrollo de la Fase 1 del proyecto de conversión de residuales de la refinería de Salamanca, firmado en 2014, la constructora señala que Pemex Transformación Industrial desconoce adeudos por 32 millones 451 mil 908 dólares con los contratistas.

En tal convenio, ICA Flour Daniel y Flour Enterprises participaron con Odebrecht, la cual reclama 22 millones 369 mil 503 dólares, equivalentes al actual tipo de cambio a 431 millones 955 mil 102 pesos.

La empresa sudamericana se quejó ante la CNDH que en el acta de finiquito del 14 de enero de 2019 (la cual acusa que Pemex ya tenía elaborada, previo a la reunión) de manera unilateral la petrolera impuso un supuesto saldo a su favor por 51 mil 453.57 dólares, que al tipo de cambio actual son 993 mil 568 pesos.

Los 1 mil 813 millones de pesos restantes que reclama Odebrecht corresponden al contrato de construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

Esta cifra está estimada al tipo de cambio actual, que es más bajo que el que presentó la empresa en diciembre pasado, cuando dieron a conocer una demanda civil por este caso y calculó los adeudos en 1 mil 878 millones de pesos.

Desde su queja original del 14 de diciembre en la CNDH, Odebrecht se quejó de un dictamen contable presuntamente ilícito, empleado por la Secretaría de la Función Pública para inhabilitarla por cuatro años, derivados del contrato de plataformas de Tula.

Como van las cosas, en una de esas no solo nadie terminará en la cárcel por la corrupción relacionada a los sobornos, que la empresa reconoció como práctica recurrente para conseguir contratos sino hasta terminaremos pagándole y ofreciendo disculpas.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Militar en activo dirigirá la Guardia Nacional

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo.

A pesar de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de que se nombrara a un mando civil al frente del nuevo cuerpo de seguridad, López Obrador defendió que los militares que integren a la Guardia tomarán un curso de respeto a los derechos humanos y uso moderado de la fuerza.

“Le explique que por qué consideraba que debía ser un militar el comandante el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del Ejército y necesitamos elementos de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo y ya lo tenemos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Zapopan, Jalisco.

El político tabasqueño adelantó que la próxima semana dará a conocer los nombres de los mandos que integrarán el cuerpo colegiado interinstitucional que conducirá la Guardia Nacional.

“Vamos a dar a conocer ya a los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un estado mayor que lo integran la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el Comandante de la Guardia Nacional. La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al Comandante en Jefe de la Guardia Nacional”.

CNDH alerta por posible desaparición de CONADIS

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta que la eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad.

El organismo nacional refiere que esto les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.

En Oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Comisión Nacional hizo siete consideraciones en relación a los recientes anuncios de la posible desaparición del CONADIS.
Una es la importancia que tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a la aplicación de la Convención. Considera que lejos de suprimirlo, el nuevo Gobierno debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales, y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad.
La CNDH enfatiza que la Convención establece en su Artículo 4° los compromisos que deberán asumir los Estados Nacionales a fin de garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad sin discriminación alguna.

Entre otros, adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos; tener en cuenta, en las políticas y los programas, la protección y promoción de sus derechos humanos, y abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.

Día de la mujer: momento de reflexión

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El día de hoy se conmemora la lucha que desde hace ya más de un siglo, las mujeres han venido teniendo en busca del reconocimiento de sus derechos. Sin duda, es digno de reconocerse los avances que el movimiento feminista ha ido generando paulatinamente en materia de equidad de género. Pero la realidad no es tan optimista como los discursos políticamente correctos que en este día varios actores de la vida pública intentan colocar en la sociedad. Cito, brevemente, algunos ejemplos en los planos local y federal.

El pasado 6 de marzo la legislatura local de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución local para establecer el derecho a la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, aún y cuando no “tocaron” el Código Penal del Estado, donde se establecen casos de excepción para no penalizar el aborto: cuando la concepción sea producto de una violación, o cuando se ponga en riesgo la vida de la madre. Considero que dicha reforma es violatoria de garantías individuales y derechos de la mujer pues, desde 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterio la despenalización del aborto y a favor de los derechos a la vida, salud, integridad y privacidad de las mujeres. En fin, habrá que esperar a ver qué dice la SCJN una vez que, como es de esperarse, los opositores a la reforma impugnen ante esa instancia a través de los controles de constitucionalidad.

Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recortó casi 50% del presupuesto destinado al Programa de Estancias Infantiles lo cual, indudablemente, va a generar un gasto extra en las familias que contaban con esta opción para el cuidado de sus hijos durante sus jornadas laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras se verán forzadas quizás a renunciar a sus empleos para poder cuidar de sus hijos. El cambio será, sin duda, brusco. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció y advirtió que dicha decisión impactará de manera negativa en las garantías de los menores de edad y sus familias. 

En fin, son tantos los ejemplos donde el rol masculino se impone sobre el femenino (violaciones, feminicidios, violencia laboral, etc.) que la pregunta es si vamos a seguir politizando temas tan sensibles, o de una vez por todas nos convertimos en una comunidad real con todo lo que eso implica. Las mujeres exigen políticas públicas que les permitan tener un trato justo en todos los ámbitos de su vida. Son varias las lecciones que el mundo recientemente nos muestra para pensar que la dirección correcta no es por donde nuestro país transita.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Bodas entre personas del mismo género son legalizadas en Monterrey

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El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en Nuevo León, esto al anular las normas que solo permitían el vínculo entre hombres y mujeres.

Los Ministros de la SCJN declararon por unanimidad, la inconstitucionalidad de tres apartados del Código Civil de la entidad que restringían las uniones en función del género, al considerarlos violatorios de los derechos a la igualdad y el libre desarrollo de personalidad.

El recurso de inconstitucionalidad en contra del Código Civil de Nuevo León, fue promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“La porción impugnada de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León se estima inconstitucional, ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. Y, de manera implícita, genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de este propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo”, argumentó el Ministro Jorge Pardo Rebolledo.

El máximo tribunal del País también invalidó el Artículo 147 del mismo Código, que concibe el enlace a “un solo hombre y una sola mujer” con la finalidad de “perpetuar la especie”.

“Toda aquella ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de éste a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es, exclusivamente, la procreación, resultan inconstitucionales, ya que conllevan un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un Estado de Derecho como el nuestro, el cual no sólo debe estar abierto a la pluralidad, sino que, además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos”, dijo Pardo.

Por otro lado, el Ministro Luis María Aguilar, expuso que negar el matrimonio de las personas homoparentales, implica también negarles el acceso a diversos beneficios, como los médicos, fiscales, hereditarios y alimentarios que pueden obtenerse únicamente a través de esta figura legal, con lo que indirectamente se les estaría menoscabando otros derechos fundamentales.

El Congreso de Nuevo León recibirá una notificación de los puntos resolutivos, y tendrán que hacer los cambios respectivos al Código.

CNDH asegura que recorte a estancias infantiles impacta derechos de niñas y niños

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el impacto en los derechos de niñas y niños, y sus familias, que puede generar el recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.

De acuerdo con la Comisión, dicho recorte podría restringir su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral.

A su vez, “puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos derivando en un gasto familiar que impacte en la subsistencia, o bien, se vean forzados a dejarlos al cuidado de personas sin preparación, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad“, mencionó a través de un comunicado.

Al igual que otras organizaciones, la CNDH considera que esta medida aumentaría las brechas de desigualdad de género en el país, “pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica“.

Es necesario analizar si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños, pues es probable que los apoyos económicos se destinen a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez, aseguró el organismo.

Finalmente, la CNDH informó que ya recibió escrito de queja por los recortes presupuestales anunciados al programa de Estancias Infantiles, “al que se dará el debido trámite porque el Estado tiene obligaciones que cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores”.

(Fuente: SDP Noticias)

En 6 meses, se tendrán primeros resultados de la comisión para la verdad de Ayotzinapa

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la cual estará dirigida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y estará conformada por tres padres y madres de los normalistas, tres funcionarios, un representante de grupos civiles y un secretariado técnico.

“El compromiso y la primera orden directa que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su administración a todos los integrantes de su gabinete de seguridad, es aclarar los hechos que ocurrieron en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas, dar a conocer la verdad al pueblo de México e impartir justicia, para fincar responsabilidades y hacer valer la ley“, Olga Sánchez Cordero.

La comisión sesionará al menos una vez al mes y tendrá un plazo de 6 meses para informar los primeros resultados. Entre sus tareas inmediatas estará la aprobación de sus lineamientos de operación en una primera reunión ordinaria, el próximo 23 de enero.

Derechos Humanos pide al gobierno de AMLO se garantice suministro de gasolinas

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a garantizar la venta de gasolina en el país y con ello prevenir la vulneración de los derechos humanos de los mexicanos.

A través de un comunicado, el organismo nacional reconoció la pertinencia del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos y su venta ilícita pero consideró necesario que se revise la problemática que se está presentando en varias regiones de la República en cuanto al suministro de gasolinas y combustibles como consecuencia de los cierres de ductos y otras acciones emprendidas contra el robo de combustible.

“La CNDH hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles“.

La Comisión también pidió contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán las mismas.

“En particular se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”.

La CNDH aseguró que es necesario investigar de manera objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos “que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad”.