CNDH solicita parara labores no esenciales de Tren Maya

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para frenar labores no esenciales del Tren Maya.

En un comunicado, el organismo autónomo indicó que las medidas cautelares fueron dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Foantur), derivado de una queja interpuesta por pueblos indígenas de la Península de Yucatán.

Para la CNDH, con la crisis sanitaria por el COVID-19 se actualiza la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida de los habitantes de la región.

La medida cautelar estará vigente mientras dure la emergencia, aclaró la CNDH.

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que envió escrito al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario, Hugo López-Gatell, para que le informen si existen condiciones para viajar a Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco.

“Yo ya quiero reiniciar recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan son los especialistas, el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell me van a decir, yo ay les hice la solicitud porque ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que autoricen ellos”, señaló López Obrador en #LaMañanera.

Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

CNDH propone a John Ackerman en Comité para INE

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propuso a John Ackerman, esposo de Irma Sandoval, Secretaria de la Función Pública (SFP), como integrante del Comité Técnico Evaluador que calificará a los candidatos a formar parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de Twitter, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Mario Delgado, informó que recibió las propuestas de la CNDH para confirmar el Comité Técnico Evaluador.

“Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose”, dice el tweet de Delgado.

Carla Humphrey Jordan fue consejera electoral en la Ciudad de México y es Directora General Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Mientras que Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido consejero del Instituto de Formación Política de Morena.

Esta tarde se reúne la Junta de Coordinación Política para definir los tres nombres que la Cámara de Diputados propondrá para integrar el Comité.

La JUCOPO y los coordinadores parlamentarios han recibido propuestas de instituciones académicas y organizaciones sociales, pero no se ha precisado cómo se tomará la decisión, puesto que Delgado ha mantenido en la opacidad la forma en que se seleccionarán a los tres miembros.

 

CNDH pide medidas cautelares para padres de los 43

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobierno de Chiapas medidas cautelares, luego de la agresión cometida contra los familiares de los 43 normalistas, la cual la misma institución señaló como  un ‘acto de represión por parte de la autoridad estatal’, así lo manifestaron mediante un comunicado. 

Se exhorta al Gobierno federal, estatal y municipal a eliminar estas prácticas de represión que atentan contra el derecho a la libre manifestación y son evidencia de una política violatoria de derechos humanos”.

Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen métodos violentos y de represión”, añadió el organismo.

“Por lo que acciones represivas como las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los familiares y organizaciones (…) merecen un atento llamado a detener cualquier estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los manifestantes”.

Este domingo, la Policía estatal desalojó a normalistas de Chiapas y a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos que realizaban una movilización en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez.

Los padres y madres de los estudiantes acudieron a la Normal Rural de Mactumactzá, como parte de la “Caravana sur en busca de los 43”.

 

 

 

Con información de debate 

  

El sueño de transparencia y rendición de cuentas en el Sistema Anticorrupción de Nuevo León

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El sistema anticorrupción de México no podrá rendir frutos si no cumple con dos condiciones: Una, que si bien existe una instancia nacional de coordinación encargada de delimitar una política nacional anticorrupción, es en los estados y municipios en donde debe ponerse mayor énfasis en la prevención, combate y sanción de los hechos de corrupción; y dos, que la actuación de todos los órganos y estructuras anticorrupción se sometan a un escrutinio público reforzado bajo los principios de máxima divulgación, máxima eficacia y transparencia activa (Castilla Juárez 2012). La presente colaboración se centrará en esta segunda condición, particularmente respecto del carácter de sujeto obligado a transparentar y rendir cuentas de sus decisiones y procedimientos del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Nuevo León (SEANL).

En mayo de 2018 publiqué una colaboración relacionada con este tema (https://altavz.com/2018/05/11/la-designacion-de-la-magistratura-anticorrupcion-en-nuevo-leon-una-oportunidad-perdida/). La colaboración de ahora es el segundo capítulo de esta historia de opacidad y falta de rendición de cuentas.

Una vez concluido el procedimiento para la configuración de la lista de personas aspirantes al cargo de la Magistratura Anticorrupción a cargo del Comité de Selección del SEANL, para que el Congreso del Estado designara a quien desempeñaría dicho cargo, se formularon solicitudes de acceso a la información al referido Comité peticionando, entre otra información, lo siguiente: : (i) los criterios, parámetros o ponderación para la evaluación y el análisis de perfiles de las personas aspirantes y (ii) las razones y fundamentos legales de la integración final de la lista de aspirantes al cargo de Magistratura Anticorrupción que se propuso al Congreso. 

El referido Comité de Selección del SEANL jamás respondió a dichas solicitudes de acceso a la información. Esto es, el Comité incumplió con su deber constitucional no solamente de permitir el acceso a información pública, sino, sobre todo, de justificar la integración de la lista que remitió al Congreso, es decir, incumplió con su obligación de rendir cuentas para poder ser “monitoreado y vigilado.” (Schedler 2011, 81).

En contra de la falta de respuesta del Comité de Selección se interpuso el recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI). En esta instancia, la COTAI resolvió que el Comité de Selección del SEANL no contaba con el carácter de sujeto obligado porque, desde su perspectiva, “no reciben recursos públicos, pues su encomienda es de calidad honorífica”; además, porque “[t]ampoco ejercen recursos públicos” y en razón de que “dicho Comité, tampoco realiza actos de autoridad.” (RR/45/2018, 25-6. Énfasis en el original).

Afortunadamente, el pasado 22 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación resolvió que, efectivamente, el Comité de Selección del SEANL sí tiene el carácter de sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, de acuerdo con la Ley de Transparencia del Estado, porque, claramente, dicho órgano del SEANL: 

(i) Realiza actos de autoridad cuando genera y envía al Congreso del Estado la lista de candidatos que cumplen los requisitos para el cargo de Magistratura Anticorrupción, y con base en dicha lista el órgano legislativo elige a quien ocupará el cargo; (ii) este acto es equivalente al de una autoridad porque afecta los derechos de quienes participan en la convocatoria, dado que la conformación de la lista se elabora de forma unilateral, obligatoria y sin intervención de la voluntad de las personas aspirantes al cargo; y, finalmente, (iii) porque el Comité de Selección del SEANL, como autoridad, impone su voluntad hacia los particulares sin necesidad de que dicha voluntad sea refrendada por algún tribunal y, en ese sentido, las personas a quienes se incluye en la lista tienen una expectativa de derecho y, por otro lado, a quienes no se incluye en la lista, pierden su posibilidad de acceder al puesto. (746/2018, 13). 

Esto es, cuando el Comité de Selección conforma la lista para que el Congreso del Estado designe a quien ocupará el cargo, actúa como autoridad y, por consecuencia, es sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a su información. Más aún si se tiene en cuenta su importante función en el sistema anticorrupción: Permitir designaciones transparentes, abiertas y competitivas que logren la implementación de una política orientada “a la generación de capacidades centradas en el mérito, la legalidad, la certeza y la igualdad de oportunidades como el antídoto para evitar la captura de los puestos públicos…” (CIDE-RRC 2018, 7).

En este caso fue inconcebible que el Comité de Selección del SEANL se abstuviera de responder las solicitudes de acceso a la información y de rendir cuentas de sus decisiones; también resultó increíble que la COTAI, a pesar de los argumentos que se le presentaron en el recurso de revisión, concluyera que el Comité de Selección no tenía el carácter de sujeto obligado. 

Ojalá pudiera concluir que esta historia ha terminado y que, como manifestó el Juzgado de Distrito, la COTAI ha resuelto el asunto ordenando al Comité el acceso a la información solicitada hace un año y medio y rendir cuentas de sus decisiones, pero no, de forma decepcionante, y contrario a su función de órgano garante de nuestro derecho humano de acceso a la información y en contra de su función de defensor de uno de los pilares de la democracia en Nuevo León, la Comisión de Transparencia ha decidido prolongar más el asunto y ha combatido la sentencia del Juzgado de Distrito. Al no abstenerse de interponer la revisión de la sentencia, la COTAI está contribuyendo a que la transparencia y la rendición de cuentas en el Sistema Anticorrupción en Nuevo León sea solamente un sueño.

Fuentes consultadas.

Castilla Juárez, Karlos A. 2012. Libertad de expresión y derecho de acceso a la información en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México: CNDH.

CIDE-RRC. 2018. Hacia una política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública. (documento preliminar). México: CIDE.

COTAI. Resolución recaída al recurso de revisión RR/45/2018. 03 de agosto de 2018. 

Poder Judicial de la Federación. Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Sentencia recaída al Juicio de Amparo Indirecto 746/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Monterrey, N.L. 22 de noviembre de 2019.

Schedler, Andreas. 2011. ¿Qué es la rendición de cuentas? En Transparencia y rendición de cuentas, comp. José Sosa, 77-106. México: BBPAdf/Siglo XXI.

Amnistía en México y su futuro

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“La justicia transicional debe ayudar a convertir a las sociedades oprimidas en sociedades libres, haciendo frente a las injusticias[…]” – Louise Arbour, Ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos

En días recientes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ley de Amnistía en nuestro país, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, este hecho se puede ubicar desde la campaña, cuando el entonces candidato mencionó por primera vez dicha propuesta, ahora podemos analizar con detalle las características de la ahora iniciativa, que tiene como panorama general, la violencia en México y sus víctimas indirectas. En la discusión legislativa, vimos que la oposición (Partido Acción Nacional) realizó una estrategia nacional en donde se construyó una narrativa de peligro ante la inminente aprobación de la Ley; sin embargo, su estrategia no tuvo los efectos deseados y no construyó desde un aspecto o aportaciones jurídicas.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el Ejecutivo tiene como principal sujeto a los grupos vulnerables, identificados especialmente para efectos de esa Ley, a las mujeres, jóvenes y personas indígenas. De igual manera, se hace referencia a un hecho histórico, cuando en 1810,  Don Miguel Hidalgo y Costilla liberó presos de la cárcel de Dolores, Hidalgo para que se unieran al movimiento independentista. Se puede vislumbrar, que el origen de la iniciativa está relacionado a un fenómeno vislumbrado con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el cual refleja que la mayoría de delitos cometidos en el paìs son del fuero común, osea, delitos simples, y al existir un panorama general de violencia y desigualdad, el sistema de justicia debe adaptarse en medida para brindar prerrogativas para  todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo y cabe recalcar, que los beneficios de esta iniciativa no serán para personas reincidentes, o aquellas que hayan cometido un delito grave (estipulados en el artículo. 19 constitucional) .

Antes que nada, debemos entender que Amnistía es una “forma de perdón general otorgada por el Poder Legislativo”(Antemate Mendoza Ángel, 2018), que a diferencia de un indulto o perdón presidencial, la Amnistía tiene que ser procesada a través del procedimiento legislativo; sin embargo, no se traduce esto en una impunidad, ya que la figura entiende la dinámica del origen de estos delitos, que puede ser un conflicto en específico o una situación de desigualdad. Esto no es algo nuevo en nuestro país, ya que desde 1994 el presidente Carlos Salinas propuso una Ley de Amnistía dirigida a aquellas personas involucradas en el levantamiento zapatista del EZLN en Chiapas, y anterior a esa  se dio en 1978 por López Portillo durante la guerra sucia. Es importante precisar a quienes va dirigida la iniciativa de Ley: para aquellas mujeres (e incluso médicos) que hayan sido sentenciados por el delito de aborto; aquellos que fueron obligados por la pobreza, discriminación o exclusión a pertenecer al crimen organizado, como por ejemplo los agricultores que trabajaban forzosamente en plantíos de marihuana, amapola, etc.; a quienes no contaron con traductor y pertenecen a una etnia; los que cometieron robo simple sin violencia, como aquellos que robaron comida para poder comer; personas consumidoras de narcóticos que hayan sido detenidos por posesión con cantidades superiores a dos veces la cantidad máxima, y también  tiene delitos de orden político como sedición. La autoridad que tendrá la facultad de aplicar esta ley, será la Fiscalía General de la República.

Esta iniciativa, pertenece a un fenómeno denominado “justicia tradicional”, que podemos entender como “toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la conciliación”(Naciones Unidas Derechos Humanos, Justicia Transicional y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2014). En ese entendido, puede funcionar como una opción para aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados. Incluso, en un documento de la CNDH y el CIDE en 2018, ya identificaban que estos mecanismos deben ser urgentes en un Estado donde se vulneran de forma sistemática los derechos humanos. Sin duda, el Legislativo tiene una tarea importante para afinar detalles dentro del sistema de justicia penal, para que esta iniciativa pueda ser completamente funcional. Los temas de presupuesto en materia de seguridad y justicia deben ser parte obligada de la discusión legislativa, y podría ser un momento histórico en México para revisar la injusticia y dolor que muchas personas han sufrido.

Da Rosario Piedra su respaldo a Evo Morales

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La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dio su respaldo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, esto durante la conferencia que dio el bolivariano en el Centro Cultural Ollin Yoliztli en la Ciudad de México.

“Evo es el presidente legítimo de Bolivia”, dijo Piedra Ibarra.

La presidenta de la CNDH aparte dio su respaldo a Morales Ayma y aseguró que tanto para ella, como para el pueblo de México, sigue siendo el presidente legítimo de Bolivia.

Cabe mencionar que en la conferencia hubo protestas en contra del exmandatario bolivariano, pero el grupo de opositores, que llevaron carteles con las frases “¡Fraude!” y “No se invita a un dictador”, fueron retirados del recinto.

Al evento acudieron casi mil personas, en las que destacaron poetas, académicos de la UNAM como John Ackerman, diputados de Oaxaca y estudiantes universitarios.

#ContraPortada: “¿Dónde quedó Andrés Manuel López Obrador?”

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Hace poco más de tres décadas apareció en escena un joven genuinamente preocupado por los más pobres, una especie de justiciero social protector de los indígenas y una persona que, por sobre todas las cosas, se mostraba incorruptible.

Aquel joven vivió ascensos meteóricos como figura de la izquierda mexicana desde 1988 como candidato por el Frente Democrático Nacional, partido que también postularía a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato a la presidencia de México.

Su historia es digna de destacar desde el primer escándalo en donde él mismo alude-con pruebas sólidas, que le robaron la gubernatura de Tabasco, hasta el 2006 donde se proclamó presidente legítimo luego de afirmar que el candidato del PAN le había ‘robado’ la presidencia de México.

En todo momento las derrotas lejos de sepultarlo lo convirtieron en el opositor más importante del sistema, en el político más popular de México y, no es cosa menor, en el hombre más querido por los más de 60 millones de pobres que [sobre] viven en este país.

Su recorrido puede ser presumido en récord como el hombre que le ha dado la vuelta al territorio nacional en innumerables ocasiones recogiendo-al menos ese es el sentido- las necesidades y encomiendas de los que no pertenecen a los privilegios de la clase opulenta.

El 23 de Noviembre de 1991 emprendió un recorrido de protesta que se convertiría en el segundo más largo de la historia política de México con un recorrido de más de mil cien kilómetros desde Tabasco hasta el entonces Distrito Federal, reclamándole al gobierno de Carlos Salinas [a quien considera uno de los artífices de la mafia del poder] la falta de democracia en los procesos electorales de su Estado.

Su trayectoria de protesta incluye el bloqueo de 59 pozos petroleros que se convirtieron en amenaza a la seguridad nacional, la batalla contra el rescate bancario, la austeridad republicana y la famosa frase del “voto por voto, casilla por casilla”; sus desencuentros con los empresarios más poderosos de México, las disputas con Fox al que llamó “chachalaca” y las acusaciones de monopolio contra Televisa.

Todo lo anterior logró colocar a Andrés Manuel López Obrador como el fenómeno que sacaría del gobierno a la fórmula más poderosa de la política y el sistema mexicano: el PRIAN.

Su triunfó fue tan contundente que ambos partidos quedaron tan lejos donde ni sumando sus votos alcanzaban al líder de la izquierda. López Obrador llegó con la mayoría en el Congreso de la Unión, con un gran número de diputados locales, alcaldes, gobernadores y con el poder absoluto de hacer lo que se le antoje.

Muchos esperaban con grandes expectativas las reformas y transformaciones que vendrían de su mano y de la 4T, se creía que llegarían menos detalles imperiales y un resurgimiento absoluto de la vida en democracia.

Todo lo contrario, al presidente se le ve resentido, vengativo y caprichoso. No acepta un “no” por respuesta, no le gusta la crítica y descalifica toda postura de la oposición. Un presidente que no impulsa procesos democráticos al interior de su partido, donde permite la entrada de impresentables en las filas de MORENA y se queda callado ante la imposición de una de las suyas en la CNDH que vive del respeto y la esencia de su autonomía.

No se ve gobernando al justiciero social, al hombre inquebrantable y a la persona capaz de entender la importancia de la libertad de expresión en un país donde, sin estar en guerra, se matan periodistas con total impunidad.

Dicen que el poder corrompe, envenena y deforma… cuestión que parece padecer Andrés, el joven que luchaba por lo que hoy al parecer ha olvidado.

¿Dónde quedó Andrés Manuel López Obrador? Solo él tiene la respuesta.

La terna de AMLO para la SCJN: todo se puede desconfigurar en el Senado

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de conocimiento público la terna que enviará al Senado de la República para sustituir a Eduardo Medina Mora, quien renunció a su cargo a principios de Octubre de este año. Este era un tema en el cual todos estábamos a la expectativa y espera desde lo sucedido con la CNDH y el proceso caprichoso, ilegitimo y sin tacto político en la designación de Rosario Piedra Ibarra como ombudswoman nacional. La 4T traía consigo la niebla antidemocrática y sin transparencia en los procesos de designación de cargos con naturaleza autónoma o  imparcial o de constante vigilancia al poder actual. Sin embargo, de manera sorpresiva durante una mañanera, el presidente dijo que la terna para la Suprema Corte está conformada exclusivamente por mujeres y ellas son: la Dra. Margarita Ríos Farjat, Diana Álvarez y la Dra. Ana Laura Magaloni. Debemos mencionar que dentro de dicha terna para Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , el cual es nuestro máximo órgano garante de la constitución y contrapeso constitucional, dos de las tres las candidatas resultan sumamente respetables tanto en el servicio público como la academia. Otro acierto de la presidencia  fue el nombrar una  terna exclusiva de mujeres, ya que formalmente abona a una equidad de género dentro del máximo tribunal del país y sería un hecho sin precedentes el contar con 3 mujeres en la SCJN. Por supuesto que esto no se traduce de manera automática y absoluta en una mejoría de la perspectiva judicial en la protección de los derechos de las mujeres, pero impacta de manera positiva en una composición más equilibrada desde el aspecto del género.

Sin embargo, “la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias” (Garza Onofre Juan y Martín  Reyes Javier, 2019). Y es dentro de este aspecto en el que me quiero centrar, ya que si bien vemos que las Doctoras Margarita Ríos y  Ana  Laura tiene un excelente perfil profesional, y esta última sería una ministra que elevaría el nivel de discusión constitucional de la Corte, no podemos dejar pasar el pobre diseño jurídico-constitucional de los procesos de designación de ministros y ministras en los casos anteriores, como el de Medina Mora o el más reciente, en donde no se generaron mecanismos efectivos desde el aspecto legislativo. En la constitución se le otorga la facultad al Presidente de formular una terna y enviarla al Senado para que designen a un candidato en un plazo de 30 días, sin embargo, es el Senado donde no se cumple una dinámica de inspeccionar y garantizar que los candidatos y  candidatas posean un perfil de máxima idoneidad y credenciales profesionales, donde se privilegie de igual manera desde esa naturaleza de contrapeso legislativo, perfiles que abonen a la autonomía de la Corte y el Poder Judicial, siendo que la “independencia judicial es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento  de las altas cortes (Ríos García, 2019).

Retomo el tema del Senado, ya que conforme al artículo 96 constitucional de manera artificial y en primera lectura, pensaríamos que  el Senado tiene el papel protagónico, pero todo empieza desde la conformación de las ternas cuando dentro de ellas encontramos un perfil más fuerte desde el ámbito político y profesional que otros, generando poco equilibro y visibilizando una cierta preferencia del ejecutivo a ciertos candidatos y candidatas. Urge modificar el proceso de designación ante el senado para garantizar “transparencia y  costo político” (Martín Reyes Javier, 2015), ante coyunturas  de nuevas mayorías y régimen político, institucionalizar la autonomía de la corte desde el proceso de designación de sus miembros será fundamental para la consolidación de una verdeara democracia mexicana.

reneramirezbenitez@gmail.com   

CNDH: Tiene razón Monreal

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH) es un organismo cuyo objeto esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos contenidos y/o reconocidos en el orden jurídico mexicano.

Ahora bien, como es público, en sesión del 12 de noviembre de 2019, se dio una trifulca en el Senado de la República entre Senadores de MORENA y del Partido Acción Nacional (PAN), pues estos últimos pretendían evitar que rindiera protesta como presidenta de la CNDH la C. Rosario Piedra Ibarra y, solicitaban además una reposición del procedimiento pues a su consideración en el proceso de elección no se había alcanzado la mayoría calificada.

Sin embargo, en la referida sesión, no se realizó reposición del procedimiento alguna y la C. Rosario Piedra Ibarra logró rendir protesta como presidenta de la CNDH, por un periodo de 5 años.

Derivado de lo anterior, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (en adelante GOAN) por twitter señaló que “No reconocemos ni reconoceremos la autoridad de quien es producto de un fraude. Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho” y “No acataremos sus recomendaciones, no son vinculatorias legal ni moralmente”.

Por su parte, el Gobernador Panista de Querétaro Francisco Domínguez, señaló en entrevista que su entidad no acataría las recomendaciones que vengan de la CNDH.

De igual forma, por twitter la Asociación Nacional de Alcaldes (en adelante ANAC) expresó “Al igual que la @GOAN_MX no reconocemos ni haremos caso a recomendaciones de Rosario Piedra como titular de la @CNDH se eligió sin transparencia, en un proceso amañado, además de no cumplir con la institucionalidad que se requiere siendo militante de MORENA.”

No obstante, las manifestaciones anteriores constituyen un auténtico dislate, una violación flagrante a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deben resultar preocupantes para todos los mexicanos.

Lo anterior, pues en términos del artículo 102, inciso B) párrafo segundo de la Constitución todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la CNDH.

Siendo oportuno precisar, que atendiendo al mismo numeral, si bien es cierto las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, cuando los servidores públicos decidan no aceptarlas o cumplirlas, estos deberán hacer pública su negativa de manera fundada y motivada.

Es decir, en su negativa deberá expresarse con precisión el precepto legal aplicable en la que se funda y además, señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En este orden de ideas, la negativa de cumplir con las recomendaciones de la CNDH por mandato Constitucional constituye un acto formal de autoridad.

Por esto, si los Gobernadores y Alcaldes del PAN, pretendieron negarse a atender las recomendaciones formuladas por la CNDH, resultaba imperativo, primeramente que existiera una recomendación que atender y segundo que la negativa cumpliera con las formalidades de todo acto de autoridad y además se encontrara debidamente fundada y motivada.

Al no haberlo hecho así, resulta inconcuso que la negativa genérica realizada en redes sociales de atender cualquier recomendación de la CNDH formulada por los Gobernadores y Alcaldes del PAN no es más que una violación flagrante al texto Constitucional.

Finalmente, es oportuno señalar que tenía razón el Senador Ricardo Monreal, cuando replicó que todo servidor público esta obligado a responder las recomendaciones de la CNDH, pues independientemente de su acatamiento o no, la recomendación de la CNDH debe reconocerse y responderse.