En 6 meses, se tendrán primeros resultados de la comisión para la verdad de Ayotzinapa

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la cual estará dirigida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y estará conformada por tres padres y madres de los normalistas, tres funcionarios, un representante de grupos civiles y un secretariado técnico.

“El compromiso y la primera orden directa que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su administración a todos los integrantes de su gabinete de seguridad, es aclarar los hechos que ocurrieron en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas, dar a conocer la verdad al pueblo de México e impartir justicia, para fincar responsabilidades y hacer valer la ley“, Olga Sánchez Cordero.

La comisión sesionará al menos una vez al mes y tendrá un plazo de 6 meses para informar los primeros resultados. Entre sus tareas inmediatas estará la aprobación de sus lineamientos de operación en una primera reunión ordinaria, el próximo 23 de enero.

Derechos Humanos pide al gobierno de AMLO se garantice suministro de gasolinas

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a garantizar la venta de gasolina en el país y con ello prevenir la vulneración de los derechos humanos de los mexicanos.

A través de un comunicado, el organismo nacional reconoció la pertinencia del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos y su venta ilícita pero consideró necesario que se revise la problemática que se está presentando en varias regiones de la República en cuanto al suministro de gasolinas y combustibles como consecuencia de los cierres de ductos y otras acciones emprendidas contra el robo de combustible.

“La CNDH hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles“.

La Comisión también pidió contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán las mismas.

“En particular se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”.

La CNDH aseguró que es necesario investigar de manera objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos “que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad”.

La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la publicación de la recomendación por las violaciones graves cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa tengan alguna consideración política, y que su contenido no estuvo condicionado a la llamada “verdad histórica”.

A través de un comunicado, la CNDH señaló que se encuentra comprometida “con las víctimas y la obtención de la verdad”, y aclaró que “la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole”.

De acuerdo con la Comisión, su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”.

“Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos, la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, aseveró.

El organismo nacional dijo que no avala la denominada “teoría de la verdad histórica”, pero sostiene que las críticas y cuestionamientos que se hubieran hecho en contra de esta u otras teorías “no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento vinculado con las mismas”.

La CNDH explicó que ha sido su prioridad básica determinar el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y que es por ello que llamó la atención “sobre la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el Basurero de Cocula y en el Río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República“.

“Esta acción puede ser de inmediata atención, con independencia de la revisión que eventualmente se haga del demás material probatorio”, indicó.

Acerca de las irregularidades u omisiones que pudieran comprobar que se cometieron durante la obtención de los fragmentos óseos aludidos, “implicaría la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”.

La Comisión dijo estar dispuesta a que se estudien las evidencias de su investigación, que ha hecho públicas, y que “dejemos que la ciencia hable. Si bien aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso tendrá en el trabajo desarrollado por la CNDH una guía y orientación”.

CNDH acusa colusión entre autoridades y crimen organizado que permitió el caso Ayotzinapa

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A escasos tres días de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó las conclusiones de la organización sobre los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La CNDH emitió la Recomendación 15VG/201816 autoridades federales, estatales y municipales en torno a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El documento contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.

En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.

Uno de los señalamientos que destaca la CNDH es que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, las cuales podrían estar vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso.

De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.

Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.

El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

“Confundieron a hija de Diputada”, aseguró de Gobierno de Veracruz

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El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer que Valeria Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel, fue confundida con una mujer vinculada al crimen organizado, quien acudía al mismo gimnasio al que acudía la estudiante de 22 años.

Yunes, presentó fotos del presunto asesino material, alias “El Richy”, quien fue localizado asesinado dentro de la camioneta Mazda vinculada a los hechos, cerca de las 9 de la noche.

“Pudimos detener a dos individuos en posesión de armas de fuego y chalecos tácticos, ellos promocionaron información relevante para identificar al autor material”, dijo Yunes en conferencia de prensa.

Valeria, era originaria del municipio Coazacoalcos, pero estudiaba Medicina en el campus de la Universidad Veracruzana ubicado en Mendoza.

El asesinato de la hija de la legisladora fue dada a conocer durante la sesión que se celebraba este jueves en la Cámara de Diputados. Debido a la noticia, la diputada sufrió una crisis nerviosa, por lo que la sesión fue suspendida por unos minutos, para que recibiera atención médica y fuera sacada del recinto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la joven, y expresó sus más sentidas condolencias a la diputada y sus familiares. Además llamó a las autoridades correspondientes a que otorguen medidas de protección a la legisladora y sus familiares, y que se les otorgue la contención emocional.

“La CNDH demanda a las autoridades la articulación de esfuerzos para llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral de ese delito, a efecto de que los responsables respondan de sus actos conforme a derecho proceda y se evite que dicho homicidio quede en la impunidad”, se lee en la misiva de la CNDH.

Desaparecen dos camionetas con 90 migrantes en Puebla

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El coordinador de la Pastoral Migrante en Puebla, Gustavo Rodríguez Zarate, denunció que dos camionetas que transportaban a cerca de 90 ciudadanos centroamericanos que son parte de la Caravana Migrante desaparecieron al llegar a la capital poblana.

Rodríguez dio a conocer que la desaparición se dio por la zona de la colonia La María y la autopista de México. Mientras que testigos señalaron que hombres que portaban máscaras de calavera y armados, quienes viajaban en tres camionetas, interceptaron los vehículos y encañonaron al chofer y a las personas a bordo. Minutos después se retiraron sin dañar a nadie.

Sin embargo, hay quienes aseguran que las camionetas desaparecieron porque después de los hechos algunos no encontraron a sus familiares.

El parróco Gustavo Rodríguez indicó que el sábado 3 de noviembre, alrededor de las 21:00 horas los sujetos, se llevaron los transportes donde viajaban mujeres y niños migrantes, por lo que no descartó que estas personas puedan ser víctimas de trata y comercio sexual.

Además, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana para que acudan a Puebla a resguardar a los migrantes.

La Fiscalía de Puebla informó que sólo se sabe del hecho por la declaración del coordinador de la organización de apoyo a migrantes, ya que no existe algún otro reporte.

Por “ser inútil” proponen eliminar la CNDH y crear la “Defensoría del Pueblo”

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El Senador del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, anuncio que el día de hoy presentara una iniciativa para eliminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en su lugar crear la Defensora del Pueblo, al considerar que la primera ha sido inútil.

“Se trata de sustituir, de acabar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque lo consideramos un espacio, una instancia, prácticamente inútil, dicho por las voces de las víctimas”, sostuvo González Yáñez.

El legislador insistió que la CNDH será sustituida por un órgano defensor del pueblo, el cual tendría el agregado sustancial de que sus desiciones serán vinculantes para poder cumplir con su función y evitar cualquier abuso.

El petista, dijo que la actual Comisión “no está a la altura de la problemática nacional”, no porque no quiera estarlo, sino porque le hacen falta dientes.

Aseguró que la Defensoría será completamente autónoma para que se haga justicia y proteja a las víctimas en lugar de los victimarios.

CNDH responsabiliza a la SCT por socavón en Paso Exprés

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca.

La CNDH determinó que la SCT es responsable de las irregularidades en el socavón donde murieron dos personas, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la investigación, la negligencia y posible corrupción fueron el origen de la tragedia en el libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

“Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública investigue el caso de manera integral y no dispersa”, dijo en un comunicado.

Según la CNDH, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes y a otros servidores públicos.

 

Tribunal insiste en creación de Comisión de la Verdad para caso Ayotzinapa

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El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia sobre Ayotzinapa, determinó que no existe impedimento de ningún tipo para su integración.

Ante las impugnaciones por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas resolvieron, de forma unánime, que la Comisión es acorde con la Constitución.

Los magistrados señalaron que existe sustento jurídico para su creación, además de que no se puede invocar la legislación de México para no cumplir compromisos internacionales.

En particular, mencionaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Viena.

Aseguraron que, conforme a “diversos métodos de interpretación”, el ministerio público no tiene la exclusividad para investigar.

Incluso, apuntaron que hay investigaciones formales reconocidas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Los magistrados precisaron que en el caso de la participación de la CNDH no se trata de que el organismo investigue delitos, sino los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Dijeron que, según sus facultades, la CNDH podría hacer recomendaciones a las autoridades que considere.

Además, señalaron, el ministerio público federal podría ejercer acción penal contra quien considere como resultado de una nueva investigación.