CNDH alerta por posible desaparición de CONADIS

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alerta que la eventual desaparición del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) generaría una afectación directa a los derechos de las personas con discapacidad, quienes históricamente han sido víctimas de discriminación y estigmatización por parte de la sociedad.

El organismo nacional refiere que esto les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos humanos en condiciones de igualdad con el resto de la población.

En Oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Comisión Nacional hizo siete consideraciones en relación a los recientes anuncios de la posible desaparición del CONADIS.
Una es la importancia que tiene esa instancia como mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de las medidas relativas a la aplicación de la Convención. Considera que lejos de suprimirlo, el nuevo Gobierno debería fortalecerlo para transformarlo en un mecanismo de planeación estratégica que asegure la transversalidad en las acciones gubernamentales, y que pueda asesorar a los tres órdenes de gobierno en el diseño de políticas y acciones para la atención de las personas con discapacidad.
La CNDH enfatiza que la Convención establece en su Artículo 4° los compromisos que deberán asumir los Estados Nacionales a fin de garantizar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad sin discriminación alguna.

Entre otros, adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos; tener en cuenta, en las políticas y los programas, la protección y promoción de sus derechos humanos, y abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.

Día de la mujer: momento de reflexión

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El día de hoy se conmemora la lucha que desde hace ya más de un siglo, las mujeres han venido teniendo en busca del reconocimiento de sus derechos. Sin duda, es digno de reconocerse los avances que el movimiento feminista ha ido generando paulatinamente en materia de equidad de género. Pero la realidad no es tan optimista como los discursos políticamente correctos que en este día varios actores de la vida pública intentan colocar en la sociedad. Cito, brevemente, algunos ejemplos en los planos local y federal.

El pasado 6 de marzo la legislatura local de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución local para establecer el derecho a la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, aún y cuando no “tocaron” el Código Penal del Estado, donde se establecen casos de excepción para no penalizar el aborto: cuando la concepción sea producto de una violación, o cuando se ponga en riesgo la vida de la madre. Considero que dicha reforma es violatoria de garantías individuales y derechos de la mujer pues, desde 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterio la despenalización del aborto y a favor de los derechos a la vida, salud, integridad y privacidad de las mujeres. En fin, habrá que esperar a ver qué dice la SCJN una vez que, como es de esperarse, los opositores a la reforma impugnen ante esa instancia a través de los controles de constitucionalidad.

Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recortó casi 50% del presupuesto destinado al Programa de Estancias Infantiles lo cual, indudablemente, va a generar un gasto extra en las familias que contaban con esta opción para el cuidado de sus hijos durante sus jornadas laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras se verán forzadas quizás a renunciar a sus empleos para poder cuidar de sus hijos. El cambio será, sin duda, brusco. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció y advirtió que dicha decisión impactará de manera negativa en las garantías de los menores de edad y sus familias. 

En fin, son tantos los ejemplos donde el rol masculino se impone sobre el femenino (violaciones, feminicidios, violencia laboral, etc.) que la pregunta es si vamos a seguir politizando temas tan sensibles, o de una vez por todas nos convertimos en una comunidad real con todo lo que eso implica. Las mujeres exigen políticas públicas que les permitan tener un trato justo en todos los ámbitos de su vida. Son varias las lecciones que el mundo recientemente nos muestra para pensar que la dirección correcta no es por donde nuestro país transita.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Bodas entre personas del mismo género son legalizadas en Monterrey

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El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo en Nuevo León, esto al anular las normas que solo permitían el vínculo entre hombres y mujeres.

Los Ministros de la SCJN declararon por unanimidad, la inconstitucionalidad de tres apartados del Código Civil de la entidad que restringían las uniones en función del género, al considerarlos violatorios de los derechos a la igualdad y el libre desarrollo de personalidad.

El recurso de inconstitucionalidad en contra del Código Civil de Nuevo León, fue promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“La porción impugnada de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León se estima inconstitucional, ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo. Y, de manera implícita, genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de este propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo”, argumentó el Ministro Jorge Pardo Rebolledo.

El máximo tribunal del País también invalidó el Artículo 147 del mismo Código, que concibe el enlace a “un solo hombre y una sola mujer” con la finalidad de “perpetuar la especie”.

“Toda aquella ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de éste a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es, exclusivamente, la procreación, resultan inconstitucionales, ya que conllevan un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un Estado de Derecho como el nuestro, el cual no sólo debe estar abierto a la pluralidad, sino que, además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos”, dijo Pardo.

Por otro lado, el Ministro Luis María Aguilar, expuso que negar el matrimonio de las personas homoparentales, implica también negarles el acceso a diversos beneficios, como los médicos, fiscales, hereditarios y alimentarios que pueden obtenerse únicamente a través de esta figura legal, con lo que indirectamente se les estaría menoscabando otros derechos fundamentales.

El Congreso de Nuevo León recibirá una notificación de los puntos resolutivos, y tendrán que hacer los cambios respectivos al Código.

CNDH asegura que recorte a estancias infantiles impacta derechos de niñas y niños

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el impacto en los derechos de niñas y niños, y sus familias, que puede generar el recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.

De acuerdo con la Comisión, dicho recorte podría restringir su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral.

A su vez, “puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos derivando en un gasto familiar que impacte en la subsistencia, o bien, se vean forzados a dejarlos al cuidado de personas sin preparación, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad“, mencionó a través de un comunicado.

Al igual que otras organizaciones, la CNDH considera que esta medida aumentaría las brechas de desigualdad de género en el país, “pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica“.

Es necesario analizar si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños, pues es probable que los apoyos económicos se destinen a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez, aseguró el organismo.

Finalmente, la CNDH informó que ya recibió escrito de queja por los recortes presupuestales anunciados al programa de Estancias Infantiles, “al que se dará el debido trámite porque el Estado tiene obligaciones que cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores”.

(Fuente: SDP Noticias)

En 6 meses, se tendrán primeros resultados de la comisión para la verdad de Ayotzinapa

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, la cual estará dirigida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y estará conformada por tres padres y madres de los normalistas, tres funcionarios, un representante de grupos civiles y un secretariado técnico.

“El compromiso y la primera orden directa que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su administración a todos los integrantes de su gabinete de seguridad, es aclarar los hechos que ocurrieron en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas, dar a conocer la verdad al pueblo de México e impartir justicia, para fincar responsabilidades y hacer valer la ley“, Olga Sánchez Cordero.

La comisión sesionará al menos una vez al mes y tendrá un plazo de 6 meses para informar los primeros resultados. Entre sus tareas inmediatas estará la aprobación de sus lineamientos de operación en una primera reunión ordinaria, el próximo 23 de enero.

Derechos Humanos pide al gobierno de AMLO se garantice suministro de gasolinas

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a garantizar la venta de gasolina en el país y con ello prevenir la vulneración de los derechos humanos de los mexicanos.

A través de un comunicado, el organismo nacional reconoció la pertinencia del gobierno federal de emprender acciones para combatir el robo de hidrocarburos y su venta ilícita pero consideró necesario que se revise la problemática que se está presentando en varias regiones de la República en cuanto al suministro de gasolinas y combustibles como consecuencia de los cierres de ductos y otras acciones emprendidas contra el robo de combustible.

“La CNDH hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles“.

La Comisión también pidió contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán las mismas.

“En particular se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”.

La CNDH aseguró que es necesario investigar de manera objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos “que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad”.

La CNDH defiende su recomendación sobre Ayotzinapa

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la publicación de la recomendación por las violaciones graves cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa tengan alguna consideración política, y que su contenido no estuvo condicionado a la llamada “verdad histórica”.

A través de un comunicado, la CNDH señaló que se encuentra comprometida “con las víctimas y la obtención de la verdad”, y aclaró que “la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole”.

De acuerdo con la Comisión, su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”.

“Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos, la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, aseveró.

El organismo nacional dijo que no avala la denominada “teoría de la verdad histórica”, pero sostiene que las críticas y cuestionamientos que se hubieran hecho en contra de esta u otras teorías “no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento vinculado con las mismas”.

La CNDH explicó que ha sido su prioridad básica determinar el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y que es por ello que llamó la atención “sobre la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el Basurero de Cocula y en el Río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República“.

“Esta acción puede ser de inmediata atención, con independencia de la revisión que eventualmente se haga del demás material probatorio”, indicó.

Acerca de las irregularidades u omisiones que pudieran comprobar que se cometieron durante la obtención de los fragmentos óseos aludidos, “implicaría la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”.

La Comisión dijo estar dispuesta a que se estudien las evidencias de su investigación, que ha hecho públicas, y que “dejemos que la ciencia hable. Si bien aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso tendrá en el trabajo desarrollado por la CNDH una guía y orientación”.

CNDH acusa colusión entre autoridades y crimen organizado que permitió el caso Ayotzinapa

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A escasos tres días de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó las conclusiones de la organización sobre los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La CNDH emitió la Recomendación 15VG/201816 autoridades federales, estatales y municipales en torno a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El documento contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.

En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.

Uno de los señalamientos que destaca la CNDH es que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, las cuales podrían estar vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso.

De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.

Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.

El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

“Confundieron a hija de Diputada”, aseguró de Gobierno de Veracruz

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El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer que Valeria Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel, fue confundida con una mujer vinculada al crimen organizado, quien acudía al mismo gimnasio al que acudía la estudiante de 22 años.

Yunes, presentó fotos del presunto asesino material, alias “El Richy”, quien fue localizado asesinado dentro de la camioneta Mazda vinculada a los hechos, cerca de las 9 de la noche.

“Pudimos detener a dos individuos en posesión de armas de fuego y chalecos tácticos, ellos promocionaron información relevante para identificar al autor material”, dijo Yunes en conferencia de prensa.

Valeria, era originaria del municipio Coazacoalcos, pero estudiaba Medicina en el campus de la Universidad Veracruzana ubicado en Mendoza.

El asesinato de la hija de la legisladora fue dada a conocer durante la sesión que se celebraba este jueves en la Cámara de Diputados. Debido a la noticia, la diputada sufrió una crisis nerviosa, por lo que la sesión fue suspendida por unos minutos, para que recibiera atención médica y fuera sacada del recinto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la joven, y expresó sus más sentidas condolencias a la diputada y sus familiares. Además llamó a las autoridades correspondientes a que otorguen medidas de protección a la legisladora y sus familiares, y que se les otorgue la contención emocional.

“La CNDH demanda a las autoridades la articulación de esfuerzos para llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral de ese delito, a efecto de que los responsables respondan de sus actos conforme a derecho proceda y se evite que dicho homicidio quede en la impunidad”, se lee en la misiva de la CNDH.