#HojaDeRuta: “No se mata la verdad matando periodistas”

Consigna máxima, potente en estas horas bajas para una de las profesiones más hermosas del mundo y oxígeno necesario para cualquier democracia. Dice Elena Poniatowska que en América Latina se hace periodismo desde la indignación porque la realidad entra en tu casa, te ahorca. La frase también podría invertirse con los sucesos actuales: en México el periodismo digno se hace desde el miedo.

Trágicamente, el dato no es nuevo: vivimos en el país más peligroso del continente para ejercer el oficio. Las balas que derrumbaron a Javier Valdez en Sinaloa han perforado también al gremio entero, estremeciendo al país a tal grado que el Presidente EPN ─a menos de 72 horas del suceso─ convocó a una reunión especial de la CONAGO para abordar la crisis. El mandatario anunció diversas acciones como fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (instancia que, bien se sabe, ha tenido magros resultados) y fortalecer la estructura y presupuesto del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales más de un tercio son periodistas.

Si bien el Estado Mexicano está obligado a garantizar el derecho constitucional a la libre expresión y la integridad de los periodistas, el debate es mucho más hondo. Un grupo de medios y Organizaciones de la Sociedad Civil entre los que están Article 19, Animal Político, Vice México, Horizontal y Amnistía Internacional, han propuesto una agenda de discusión inmediata sobre medidas urgentes para la protección a periodistas.

Movidos por el asesinato de Javier Valdez y en aras de reforzar la solidaridad del gremio, proponen 6 elementos como punto de partida de la discusión:

1. Corrupción y/o ineficiencia de instancias locales de procuración y administración de justicia.

2. Inoperancia de mecanismos nacionales de seguridad para periodistas.

3. Publicidad oficial excesiva y opaca. Falta de recursos económicos, operativos y de seguridad de organizaciones sociales de protección a periodistas.

4. Autocensura de medios locales como reacción a la violencia.

5. Informalidad y desprotección laboral de periodistas.

6. Falta de involucramiento de dueños y cuerpos directivos de medios de comunicación.

Cada uno de estos elementos será abordado en una mesa de discusión, para las que ya existen preguntas detonadoras: ¿Cómo construir un sistema de mapeo de riesgo eficaz, colaborativo y de acceso público? ¿Cómo garantizamos que la consecuencia de una agresión no sea el silencio, sino la multiplicación de la información? ¿Cómo favorecer el surgimiento de organizaciones locales de protección a periodistas? ¿Qué responsabilidad tienen los dueños y directores de los medios? ¿Qué deben hacer las instituciones de seguridad pública para desincentivar el asesinato de periodistas, tanto en términos tácticos como de comunicación? ¿Qué representa socialmente la violencia contra periodistas?

Este esfuerzo constituye el principal corpus que existe actualmente para iniciar el vital debate de forma sustancial. Sería fundamental que la solidaridad y diálogo se repliquen por toda la república para que esta coyuntura se traduzca en conciencia, agenda y acciones concretas.

El debilitamiento del periodismo crítico es una daga que se hunde en la sociedad entera, sobre todo ante el espejismo de las redes sociales como supuesto sustituto de la labor periodística profesional. Nada más falso. Hoy más que nunca requerimos información verificada para formar criterio, y sobre todo, la linterna periodística para echar luz sobre las acciones de los poderosos, haciéndolos responder ante sus actos.

Javier Valdez, en uno de sus últimos tuits (recogido por el portal Sin Embargo), escribió: “Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio”. El silencio del periodismo es el paraíso de la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. De ahí que el Washington Post haya acertado en la definición de su nuevo lema, inspirado por los tiempos que corren: “La democracia muere en la oscuridad”. No dejemos que este país se nos oscurezca más.

(Puedes consultar la agenda VIOLENCIA CONTRA LA PRENSA en esta liga: http://horizontal.mx/violencia-contra-la-prensa/)

EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria, el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales.

Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas.

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

Fernando A. Chinchilla
New York City (Junio 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Vagones Exclusivos para Mujeres en el Metro de Monterrey: ¿Una medida de prevención, o simple segregación?

El acoso sexual en México es una realidad crítica. Nacionalmente, “63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia ya sea en el ámbito público o privado.” (Amnistía Internacional, 2015). La Procuraduría General de la República, reportó que en el 2012 se realizaron alrededor de 14,000 denuncias por violación ante los Ministerios Públicos. Sin embargo, Pablo Navarrete, de INMUJERES (2013) afirma que solo 1 de cada 9 delitos de violación, son revelados antes las autoridades.

Fue apenas en el 2007 cuando el gobierno mexicano publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (reformada por última vez en el 2015). Fue hasta ese año cuando se reconoció el acoso sexual como una forma de violencia que forma parte de la vida laboral y docente de los mexicanos; en la mayoría de los casos, las víctimas son las mujeres.

¿Y por qué son las mujeres las víctimas? Antes de caer en la errónea idea de que los hombres tienen un “apetito” sexual mayor que el de las mujeres, y que por eso llegan a tener estas actitudes hacia las mismas, hay que pensar un poco más en la cultura de nuestro país. El mismo sitio web de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (2014) establece que el acoso sexual puede ser la “expresión de una cultura en la que se han normalizado la violencia y discriminación sustentada en los estereotipos y roles de género, y en la existencia de roles desiguales de poder entre mujeres y hombres.”

¿Hasta que punto podremos sentirnos seguras en nuestra ciudad? Existen varias medidas que pueden disminuir los casos de violencia en contra de las mujeres… Una de estas medidas, que ya fue aplicada por la Ciudad de México, así como ciudades en Brasil, Egipto, India y Japón, es la implementación de transporte público exclusivo para mujeres.

La idea de que está en nuestra “naturaleza” seguir ciertos patrones sexuales (dominación masculina y subordinación femenina), el acoso sexual es más bien una construcción social que nace de la libre práctica del machismo en nuestro país, sin repercusión alguna de parte de nuestras autoridades, o de nuestra misma comunidad.

Ahora bien, existen diferentes esferas privadas y públicas en las que se puede dar el acoso sexual, como el hogar, el trabajo, la escuela, el transporte público y en las calles de la ciudad. Edith Flores Pérez (2014), de la Universidad Autónoma Metropolitana, escribe un artículo académico para la Revista “Ángulo Recto”, sobre lo que significa ser mujer en la Ciudad de México. Entre los muchos relatos que ella nos comparte, se leen historias de vulnerabilidad, riesgo e inseguridad de parte de todo tipo de mujeres, sin importar edad, ocupación, o apariencia física: la mayoría de ellas han pasado por una situación de acoso, o conocen alguna otra mujer a la que le ha pasado.

¿Hasta que punto podremos sentirnos seguras en nuestra ciudad? Existen varias medidas que pueden disminuir los casos de violencia en contra de las mujeres, específicamente el acosos sexual en la esfera pública. Una de estas medidas, que ya fue aplicada por la Ciudad de México, así como ciudades en Brasil, Egipto, India y Japón, es la implementación de transporte público exclusivo para mujeres. Existen diferentes argumentos a favor de esta medida, así como existen en contra.

…es cierto que la medida de restringir a las mujeres a ciertos espacios para que eviten situaciones de acoso sexual puede parecer superficial. Sin embargo, no me parece justo que en el tiempo que toma cambiar la mentalidad machista que se observa en la mayoría de la sociedad mexicana, las mujeres tengan que seguir soportando estas manifestaciones de violencia, sin ninguna medida preventiva o correctiva.

Al realizar encuestas generales sobre que tan seguras las mujeres se sienten, o se podrían sentir, con transportación exclusiva para mujeres, se encontraron resultados positivos. De una muestra de 6,300 mujeres encuestadas por Thompson Reuters Foundation y YouGov en el 2014 (Adler et al, 2015), en 15 diferentes grandes capitales en el mundo (400 mujeres por ciudad aproximadamente), se reportó que 7 de cada 10 mujeres afirmaron que se sentirían mas seguras en trenes y autobuses exclusivos para mujeres.

Sin embargo, también existen los argumentos en contra de dicha implementación. Algunas de las culturas más progresistas en cuánto a la equidad de género, piensan que esta medida es otro tipo de discriminación sexual, y la verdadera medida con la que las mujeres podrán viajar seguras por la ciudad, se basa en la educación y el respeto humano (Adler et al, 2015).

El … sitio web de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (2014) establece que el acoso sexual puede ser la “expresión de una cultura en la que se han normalizado la violencia y discriminación sustentada en los estereotipos y roles de género, y en la existencia de roles desiguales de poder entre mujeres y hombres.”

Esto es lo que yo opino al respecto: es cierto que la medida de restringir a las mujeres a ciertos espacios para que eviten situaciones de acoso sexual puede parecer superficial. Sin embargo, no me parece justo que en el tiempo que toma cambiar la mentalidad machista que se observa en la mayoría de la sociedad mexicana, las mujeres tengan que seguir soportando estas manifestaciones de violencia, sin ninguna medida preventiva o correctiva.

Mi equipo y yo, quienes proponemos la implementación de vagones exclusivos para mujeres en el Metro de Monterrey, no pensamos que esto sea lo único por hacer por nuestra comunidad. Crear espacios así, si bien de forma práctica podrían disminuir los incidentes de acoso sexual contra la mujer, también pueden utilizarse para promover la equidad de género, la libre denuncia y el resto a los derechos humanos fundamentales.

…nosotros queremos preguntarle a la comunidad: ¿son necesarios los vagones exclusivos para mujeres en el Metro de Monterrey? Nuestra propuesta es que si se deben de implementar estos vagones, pero también queremos tomar en cuenta la opinión de los demás regiomontanos. Contesta nuestra encuesta aquí.

Monterrey aun no tiene la magnitud que tiene la Ciudad de México en cuánto a población y necesidad de transporte público. Sin embargo, tampoco hay que dejar que lleguemos a la magnitud de casos de violencia contra la mujer. Algunos podrían argumentar que en nuestra ciudad no se dan tantos casos como en la capital. Sin embargo, yo quisiera saber…¿Cuántos casos serán suficientes? ¿Cuántas más mujeres tendrán que sufrir un abuso para que se tome en serio esta problemática? La prevención puede ser la clave para Monterrey.

Es por eso que, nosotros queremos preguntarle a la comunidad: ¿son necesarios los vagones exclusivos para mujeres en el Metro de Monterrey? Nuestra propuesta es que si se deben de implementar estos vagones, pero también queremos tomar en cuenta la opinión de los demás regiomontanos. Contesta nuestra encuesta aquí y compártenos lo que piensas.

COLABORACIÓN TAMBIÉN POR: ALEJANDRA MONCADA, MARIANA RINCÓN Y GUILLERMO GONZÁLEZ.

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La lucha por nuestra integridad

“El reconocimiento de los derechos humanos depende del momento histórico que se esté contando”, me dijo alguna vez una maestra. La lucha por los derechos humanos ha sido muy larga, dolorosa y sobre todo constante. A lo largo de nuestra historia hemos vivido acontecimientos atroces que nos han marcado profundamente, dejando un rastro de indignación imborrable.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dejó un mundo adolorido, espantado y con poca esperanza.Por esta razón, los países decidieron unirse y realizar un compromiso: reconocer y respetar los derechos humanos, entendiéndose estos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna; considerándolos universales, inalienables, independientes e indivisibles.

Durante las últimas semanas en Nuevo León, se ha suscitado un debate entre el poder ejecutivo y legislativo, en contra de los criterios implementados por el Poder Judicial. Algunos Alcaldes y legisladores han realizado un llamado de advertencia, en especial al Magistrado Arenas Bátiz (Presidente del TSJNL), considerando sus criterios como ineficientes para la implementación de justicia, trayendo como consecuencia la liberación de “delincuentes”.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad.

A través de este conflicto, me ha tocado escuchar diferentes opiniones, pero la que más me llamó la atención, fue la siguiente: “los derechos humanos para algunas cosas están bien, pero para otras no, como por ejemplo cuando dejan delincuentes sueltos”. Entonces: ¿La culpa es de los derechos humanos o de las autoridades encargadas de realizar el proceso?

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia. Se estima que por lo menos 80.000 personas son victimas de actos violentos relacionados con las detenciones realizadas por el Ejercito, La Marina o la policía [1]. En el año 2014 se presentaron más de 7.000 denuncias de personas que afirmaron haber sufrido tortura durante su detención y sólo 7 tuvieron una condena por un tribunal federal [2].

En Nuevo León la tortura por parte de las autoridades, no es un tema exento, sino todo lo contrario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo LeónCEDHNL– emitió en el año 2015, 116 recomendaciones [3] , de las cuales más del 80% son sobre casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. La autoridad responsable de detener al presunto delincuente, en principio tiene la costumbre de no contar con una orden de aprehensión, pues se determina que han sido detenidos al momento de cometer el delito. Asimismo es una conducta reiterada no poner a la persona a disposición del Ministerio Público más cercano, la autoridad decide la mayoría de las veces llevarla a una casa abandona, lote baldío o en el mismo carro de la autoridad, para proceder al más viejo método de investigación –aceptado por muchos–, el cual consiste en proporcionar: patadas, puñetazos, asfixia (con bolsas de plástico o trapos de tela), toques eléctricos (en los genitales de la persona), y hasta en algunas ocasiones se llega al extremo de la violación sexual; con la finalidad de obtener una confesión y/o infringir un castigo.

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia.

Si para algunas cosas están bien los derechos humanos y para otras no ¿Entonces no dejarían de ser derechos humanos?, la propia definición lo dice, no están sujetos a ninguna condición. Ahora respecto a los comentarios de un Alcalde, en donde manifiesta que no se está haciendo justicia, yo le diría que si la justicia significa ir en contra de la dignidad humana, no respetar la integridad del acusado, así como no aplicar los derechos constitucionales e internacionales respecto al debido proceso, entonces no sé de qué tipo de justicia estamos hablando, al momento de no respetar el principio de presunción de inocencia que tanto nos costó conseguir y salvaguardar.

El problema no lo tienen los derechos humanos, no lo tienen los jueces y tampoco la ley, el problema lo tienen las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, negadas a ir conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en la materia, las cuales siguen rigiendo por las practicas inhumanas y arraigadas de un sistema que lo único que han conseguido es tener a más gente inocente adentro. Si existen presuntos delincuentes libres sólo se puede traducir a la baja capacidad investigadora de los policías y el Ministerio Público en México, si se desea que las personas que han cometido un delito, vayan a la cárcel para cumplir su condena, entonces deberían de exhortar a sus policías en realizar una investigación integra, conforme al marco jurídico y respetar en todo momento los derechos humanos.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad [4]. Es inadmisible que se tome el estereotipo – en este caso de criminales – como método de justificación de la tortura, para conseguir una supuesta justicia.

[1] Amnistía Internacional, “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, 2014, pág. 10. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf

[2] Amnistía Internacional, Op.cit. págs. 11-12.

[3] Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Recomendaciones 2015. Disponible en: http://www.cedhnl.org.mx/recomendaciones.html

[4] Amnistía Internacional, contra la tortura. Disponible en: http://amnistia.org.mx/hacemosn/tortura/

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Migrantes: ¿Acaso son solo números?

En el libro “72 migrantes” que publicó la editorial Almadía, Víctor Núñez cuenta la historia de Miguel Ángel, un jornalero hondureño, harto de su miseria y cansado de enviar a sus hijas e hijos a la cama antes de las seis de las tarde para que se les olvidara el hambre, quien decidió emprender su camino para obtener una mejor vida, viéndose en la necesidad de salir de la tierra que lo acogía por más de 40 años y de abandonar sus recuerdos y a su familia. [1]

Así como Miguel Ángel, existen más de 80,000 [2] personas al año que intentan cruzar la frontera, hartos de su pobreza, ilusionados con su futuro y muertos de miedo por su presente, se van a la aventura rodeados/as de desconocidos/as con las y los cuales comparten sus mismas esperanzas de buscar un mundo desconocido, olvidar su dolor y poder obtener más oportunidades en un nuevo país, ya que el suyo se las arrebató.

En su último informe, “Situación de derechos humanos en México”, la CIDH determinó que las y los migrantes se encuentran en constante situación de vulnerabilidad toda vez, que son víctimas de secuestros, asesinatos, robos, y desapariciones por parte del crimen organizado y/o de la propia autoridad,

En el año 2013 la Relatoría de la Migración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad en México”, destacó que México se caracterizaba por ser un país de: origen, transito y destino de migrantes; considerándolo como el segundo país con mayor emigración a nivel mundial. A consecuencia de su posición geográfica, se ha convertido en el medio de paso de las y los migrantes, entre los que se encuentran: centroamericanos(as), caribeños(as) y sudamericanos(as). De igual forma, también considerando a la frontera Guatemala – México como una de las más peligrosas para cruzar hoy en día [3]. La CIDH también determinó que existía un fuerte problema entre organizaciones criminales -las cuales habían podido establecer un régimen de violencia generalizada, además de cometer graves violaciones a derechos humanos de las personas en especial las que intentaban cruzar la frontera-, y la participación de las autoridades mexicanas, generando un ambiente de impunidad y violencia sistematizada [4].

En su último informe, “Situación de derechos humanos en México”, la CIDH determinó que las y los migrantes se encuentran en constante situación de vulnerabilidad toda vez, que son víctimas de secuestros, asesinatos, robos, y desapariciones por parte del crimen organizado y/o de la propia autoridad. Asimismo, sacó a relucir la práctica retirada y sistemática de las autoridades al momento de proceder a la detención de una persona por considerarla “ilegal”, -como si las personas fueran ilegales- la cual es sometida a tortura, y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes [5].

Por su parte, las mujeres que deciden emprender su viaje por nuestro país saben que serán víctimas de violación sexual –se estiman alrededor de 45,000 mujeres migrantes al año de las cuales más del 70% son víctimas de agresión sexual–,tal es su realidad que se tienen que poner la llamada “inyección anti-México” para no quedar embarazadas, pues son mujeres, migrantes y pobres, entrando a una país donde esas tres características significan no ser nadie.

…diversas organizaciones internacionales como son la: CIDH, ONU, Amnistía Internacional , Red Fronteriza por los Derechos Humanos, entre otras, han reportado y exhortado en diversas ocasiones a las autoridades mexicanas respecto al tema de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las y los migrantes, de los cuales su situación no sólo ha empeorado sino agravado estratosféricamente en el país.

El Comité de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas también ha manifestado su preocupación por la numerosa cantidad de desapariciones de migrantes y la violación de derechos humanos de los niños y niñas, la cual va en aumento.

Considero importante mencionar que la CIDH señaló a Nuevo León junto con Tamaulipas como focos rojos de destino de migración, y también los apuntó como lugares estratégicos de localización de fosas clandestinas para los restos de migrantes.

Las organizaciones de la sociedad civil y el equipo de expertos forenses de Argentina denunciaron alrededor de 814 casos de migrantes desaparecidos, de los cuales una inmensa mayoría no han podido ser identificados [6]. Además diversas organizaciones internacionales como son la: CIDH, ONU, Amnistía Internacional [7], Red Fronteriza por los Derechos Humanos, entre otras, han reportado y exhortado en diversas ocasiones a las autoridades mexicanas respecto al tema de protección y reconocimiento de los derechos humanos de las y los migrantes, de los cuales su situación no sólo ha empeorado sino agravado estratosféricamente en el país. Y como es costumbre, el gobierno decidió excusarse de la forma que mejor lo sabe hacer: descalificando el informe argumentando que no eran prácticas generalizadas, sin presentar prueba alguna que lo sustentara.

Miguel Ángel, cuenta Víctor Núñez, dejó de llamarse así cuando cruzó a territorio mexicano, pasó a ser reconocido como el número 27 -la última vez que se le vio fue en una bolsa negra- y a su paso le siguieron otros y otras más hasta que se llegó al número 72 al cual no se logró identificar.

[1] Víctor Núñez Jaime, 72 migrantes, Almadia, pág. 29 y 30.

[2]Amnistía Internacional México, Contenido. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/03/27/amnistia-internacional-teme-por-la-vida-de-personas-migrantes-secuestradas-en-tamaulipas/; Instituto Nacional de Migración, Numeralia Migratoria. Disponible en: http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Numeralia_Migratoria; Instituto Nacional de Migración, Datos abiertos. Disponible en: http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Datos_Abiertos

[3]Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, OEA/Ser.L/V/II Doc. 48/12, 30 de diciembre 2013, pág. 27. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, op.cit., pág. 98

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación de derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2016, págs. 89-91. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación de derechos humanos en México, op.cit, pág. 105.

[7]Aministia Interncional. Verguenza la falta de respuesta del gobierno de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamulipas, 1 de marzo de 2016. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/?s=anti+mexico&imageField_x=0&imageField_y=0

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.

¿Quién discrimina más a los migrantes? ¿México o Estados Unidos?

Después del desconcertante resultado del Super Tuesday en Estados Unidos, es inevitable preocuparnos por la forma exponencial en la que están creciendo los seguidores de Donald Trump.

Al principio de la precampaña, pensé, como muchos otros mexicanos, que su postulación para contender por la candidatura republicana era un chiste (malo, por cierto).

Pero entre más avanzan las elecciones primarias en nuestro vecino del norte, más preocupante se vuelve la pre-candidatura de Donald Trump, puesto que ya no parece ser un mal chiste: parece ser que sí va en serio.

Es preocupante, por sobre todo, por el discurso de odio que profesa en cada una de sus apariciones en medios de comunicación. Musulmanes, homosexuales, migrantes, mujeres… Donald Trump no parece tener un target específico de ataque: lo importante es generar ruido y atención por medio de declaraciones controversiales.

Pero el discurso de odio dirigido a los migrantes es lo que más ha molestado a la opinión pública en México, ya que Trump se enfoca especialmente en atacar a los latinos (que según él, todos los latinos somos mexicanos).

A mí también me molesta bastante el discurso de odio de Trump en contra de los migrantes mexicanos. Estimo que hace aseveraciones que ni siquiera se sostienen por sí mismas[1]. Pero la verdad es que quiero tocar este tema desde otra perspectiva: la política migratoria mexicana. La verdad es que México arresta y deporta a más migrantes que Estados Unidos.

¿Por qué nuestros gobernantes se ofenden con las declaraciones de Trump cuando ejecutan prácticamente la misma política anti-inmigrantes que él quiere implementar?

Por supuesto que no lo expresan directamente como Donald Trump, pero las acciones del Gobierno en contra de los inmigrantes centroamericanos demuestran que son igual de xenófobos (aunque en silencio).

De acuerdo a un estudio de la Washington Office on Latin America, de octubre de 2014 a abril de 2015, Estados Unidos arrestó y deportó a 70,440 inmigrantes. En el mismo periodo, México hizo lo mismo con 92,889 inmigrantes centroamericanos [2].

Ya lo dijo hace un año Jorge Castañeda Gutman: la verdad es que el Gobierno de México le hace el trabajo sucio a Estados Unidos [3] a cambio de nada.

En junio del año pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto presumió que el país se está acercando a una tasa de inmigración neta de 0% [4]. Según el Pew Research Center, en 2015 México deportó a 150,000 inmigrantes (lo que representa un aumento del 44% respecto del 2014).

De acuerdo a lo reportado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en 2014, los principales delitos y violaciones a los derechos humanos contra los migrantes son robos, lesiones, detenciones arbitrarias y extorsiones. Los que más cometen el delito de extorsión contra los migrantes, de acuerdo a este reporte, son la el Instituto Nacional de Migración, el Ejército y la Marina [5].

La información oficial del Gobierno Federal indica que de 2013 a 2014, las denuncias sobre secuestros a migrantes aumentaron en un 1000%. Esta cifra es sin contar, por supuesto, a los incidentes no denunciados y la información no oficial.

Amnistía Internacional ha revelado que el 64% de los mexicanos tienen miedo a ser torturados por las autoridades si son detenidos [6]. Imagínense los migrantes… La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que de 2007 a 2012 47,000 inmigrantes fueron asesinados y 70,000 desaparecieron[7].

Toda esta información, aunada a los cientos de testimonios de migrantes centroamericanos que sufren terribles violaciones a sus derechos humanos durante su paso por México, hacen imposible no reflexionar sobre la hipocresía del Gobierno Federal al indignarse por el discurso anti-inmigrantes del pre-candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump.

Los migrantes y las violaciones a sus derechos no pueden continuar siendo invisibles para nosotros. De seguir siendo un tema ignorado por la sociedad, peligran su bienestar (e, incluso, su vida).

Por supuesto que el aberrante discurso de Donald Trump es regresivo con todos los logros que activistas han alcanzado a lo largo de todos estos años en materia de derechos humanos. Y sí, sus declaraciones han ocasionado ataques con motivos xenófobos y racistas a migrantes latinoamericanos [8]. Sin duda alguna, me repugna el hombre. Pero también me repugna que lo mismo suceda en mi país [9] y en manos de mis autoridades.

Tenemos que reflexionar sobre esto. Debemos de hacer una introspección y responder la pregunta: ¿quién discrimina más a los migrantes? ¿México o Donald Trump?

Y, como reacción a la respuesta de esa pregunta, ¿qué vamos a hacer como mexicanos para cambiar?

[1]María Santos Villarreal. Carta abierta a Donald Trump. Leer online: <https://redaccion.lamula.pe/2015/06/28/sabe-que-senor-trump-vayase-a-chingar-a-su-madre/albertoniquen/>

[2]Washington Office on Latin America. Mexico now detains more Central American migrants than the United States. Leer online: <http://www.wola.org/news/mexico_now_detains_more_central_american_migrants_than_the_united_states>.

[3]Jorge Castañeda Gutman. Estados Unidos sabe cómo. Leer online: <http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/estados-unidos-sabe-como>.

[4]El Economista. México se acerca a tasa 0 en migración. Leer online: <http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/11/mexico-se-acerca-tasa-0-migracion-pena-nieto>.

[5]CIDE Comunicación y Difusión. La política migratoria mexicana hacia Centroamérica. Leer online: <https://cidecyd.wordpress.com/2015/11/04/la-politica-migratoria-mexicana-hacia-centroamerica/>.

[6]Amnistía Internacional. Cifras para entender la violencia que sacude México. Leer online: <http://www.huffingtonpost.es/2014/11/03/cifras-violencia-mexico_n_6092856.html>.

[7]CNDH. Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México. Leer online: <http://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/Diagnostico_Trata.pdf>.

[8]The Boston Globe. Passionate Trump fans behind homeless man’s beating? Leer online: <https://www.bostonglobe.com/metro/2015/08/20/after-two-brothers-allegedly-beat-homeless-man-one-them-admiringly-quote-donald-trump-deporting-illegals/I4NXR3Dr7litLi2NB4f9TN/story.html>.

[9]Revolución 3.0. Mil 800 niños migrantes mueren en México. Leer online: <http://revoluciontrespuntocero.com/mil-800-ninos-migrantes-mueren-en-mexico-en-ese-pais-o-lo-logras-o-te-matan-wilber-menor-salvadoreno/>.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”