El gobierno de AMLO ha triplicado deportaciones de migrantes centroamericanos

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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número de deportaciones de migrantes centroamericanos se ha disparado, a tal grado que casi se ha triplicado comparado con el 2018, donde se registraron 5 mil 717 expulsados en diciembre y 14 mil 970 en el mes de abril.

De tal forma que en lo que va de la actual administración se han deportado 45 mil 370 personas, la mayoría centroamericanos.

En abril fueron deportados casi 15 mil migrantes, la cifra más alta en los últimos tres años. El aumento llega después de que el Gobierno mexicano declarara la necesidad de “ordenar” la migración, un cambio respecto a principios de año, cuando permitió la entrada masiva de miles de migrantes, agrupados en caravanas que pretendían llegar a Estados Unidos.

En los primeros dos meses del gobierno morenista, antes del cambio de política migratoria, el número de deportaciones se situó por debajo de los 6 mil, un descenso importante si se compara con las 10 mil personas que sacó del país la Administración de Peña Nieto en noviembre pasado.

A pesar de las cifras, el Gobierno mexicano insiste en que no ha habido cambio de política respecto al inicio de sexenio.

A decir del Instituto Nacional de Migración (INM), el incremento se debe al aumento del flujo migratorio, sin embargo, los datos muestran que las entradas de extranjeros al estado de Chiapas, principal punto de ingreso de los migrantes centroamericanos, han descendido ligeramente en los primeros meses del año.

Jorge Andrade, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, considera que el enfoque mas humanitario para enfrentar la migración de este gobierno solo fue un discurso, del cual “ha reculado, posiblemente por las presiones de Estados Unidos”.

Alexandra Délano, experta en migración de The New School de Nueva York, cree que existe una posible discrecionalidad, donde “no hay protocolos muy claros; el Gobierno ha ido cambiando sus prioridades sobre cómo, cuándo y a quién deporta”.

Este incremento de detenciones ha desbordado la capacidad de las estaciones migratorias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha criticado las condiciones de hacinamiento y varias ONG han denunciado falta de alimentos y servicios médicos.

En ese escenario, cientos de migrantes han escapado en los últimos meses de los centros donde permanecían detenidos.

Hace dos semanas, López Obrador argumentó que los operativos policiacos contra los migrantes, eran por seguridad y para combatir al crimen organizado.

Por su parte, Ramón Verdugo, miembro de la ONG, Todo por Ellos afirma que “arrestar a los líderes es una estrategia para debilitar las caravanas”, pues se está criminalizando a los activistas como si pertenecieran al crimen organizado.

Cabe recordar que a principios de año, el Gobierno otorgaba “visas humanitarias”, un permiso renovable de un año que permitía a los migrantes trabajar y vivir legalmente es México, pero en febrero el acceso a tal documento se volvió más estricto, y descendió de las 11 mil otorgadas en enero, a unas 1 mil 500 en marzo.

A cambio, se está promoviendo las “tarjetas de visitante regional” que limita la movilidad a cuatro estados del sureste del país, buscando que no lleguen a la frontera norte, y al mismo tiempo apoyar con mano de obra la construcción de proyectos como el Tren Maya, pues a finales de abril, el presidente aseguró que “estamos otorgando posibilidades para que (los migrantes) trabajen en el sur del país”.

Militar en activo dirigirá la Guardia Nacional

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional será encabezada por un militar en activo.

A pesar de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de que se nombrara a un mando civil al frente del nuevo cuerpo de seguridad, López Obrador defendió que los militares que integren a la Guardia tomarán un curso de respeto a los derechos humanos y uso moderado de la fuerza.

“Le explique que por qué consideraba que debía ser un militar el comandante el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del Ejército y necesitamos elementos de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo y ya lo tenemos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Zapopan, Jalisco.

El político tabasqueño adelantó que la próxima semana dará a conocer los nombres de los mandos que integrarán el cuerpo colegiado interinstitucional que conducirá la Guardia Nacional.

“Vamos a dar a conocer ya a los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un estado mayor que lo integran la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el Comandante de la Guardia Nacional. La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al Comandante en Jefe de la Guardia Nacional”.

Día de la mujer: momento de reflexión

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El día de hoy se conmemora la lucha que desde hace ya más de un siglo, las mujeres han venido teniendo en busca del reconocimiento de sus derechos. Sin duda, es digno de reconocerse los avances que el movimiento feminista ha ido generando paulatinamente en materia de equidad de género. Pero la realidad no es tan optimista como los discursos políticamente correctos que en este día varios actores de la vida pública intentan colocar en la sociedad. Cito, brevemente, algunos ejemplos en los planos local y federal.

El pasado 6 de marzo la legislatura local de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución local para establecer el derecho a la vida del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, aún y cuando no “tocaron” el Código Penal del Estado, donde se establecen casos de excepción para no penalizar el aborto: cuando la concepción sea producto de una violación, o cuando se ponga en riesgo la vida de la madre. Considero que dicha reforma es violatoria de garantías individuales y derechos de la mujer pues, desde 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterio la despenalización del aborto y a favor de los derechos a la vida, salud, integridad y privacidad de las mujeres. En fin, habrá que esperar a ver qué dice la SCJN una vez que, como es de esperarse, los opositores a la reforma impugnen ante esa instancia a través de los controles de constitucionalidad.

Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recortó casi 50% del presupuesto destinado al Programa de Estancias Infantiles lo cual, indudablemente, va a generar un gasto extra en las familias que contaban con esta opción para el cuidado de sus hijos durante sus jornadas laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras se verán forzadas quizás a renunciar a sus empleos para poder cuidar de sus hijos. El cambio será, sin duda, brusco. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció y advirtió que dicha decisión impactará de manera negativa en las garantías de los menores de edad y sus familias. 

En fin, son tantos los ejemplos donde el rol masculino se impone sobre el femenino (violaciones, feminicidios, violencia laboral, etc.) que la pregunta es si vamos a seguir politizando temas tan sensibles, o de una vez por todas nos convertimos en una comunidad real con todo lo que eso implica. Las mujeres exigen políticas públicas que les permitan tener un trato justo en todos los ámbitos de su vida. Son varias las lecciones que el mundo recientemente nos muestra para pensar que la dirección correcta no es por donde nuestro país transita.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

CNDH asegura que recorte a estancias infantiles impacta derechos de niñas y niños

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el impacto en los derechos de niñas y niños, y sus familias, que puede generar el recorte presupuestal de casi 50% al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y Padres Solos”.

De acuerdo con la Comisión, dicho recorte podría restringir su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo integral.

A su vez, “puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos derivando en un gasto familiar que impacte en la subsistencia, o bien, se vean forzados a dejarlos al cuidado de personas sin preparación, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad“, mencionó a través de un comunicado.

Al igual que otras organizaciones, la CNDH considera que esta medida aumentaría las brechas de desigualdad de género en el país, “pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica“.

Es necesario analizar si las transferencias económicas directas a las familias resultan pertinentes y viables para garantizar los derechos de niñas y niños, pues es probable que los apoyos económicos se destinen a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez, aseguró el organismo.

Finalmente, la CNDH informó que ya recibió escrito de queja por los recortes presupuestales anunciados al programa de Estancias Infantiles, “al que se dará el debido trámite porque el Estado tiene obligaciones que cumplir para hacer vigentes los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores”.

(Fuente: SDP Noticias)

Presenta ONG contrapropuesta de Guardia Nacional

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El colectivo Seguridad sin Guerra entregó al Senado su contrapropuesta para la Guardia Nacional, la cual contempla no otorgar a sus integrantes fuero militar y que su capacitación sea absolutamente civil.

La agrupación, que afirma tener el respaldo de 300 organizaciones civiles, busca quitar toda influencia militar de la minuta aprobada por diputados, la cual se discute en la Cámara alta.

Plantea que la convocatoria vaya dirigida a policías federales, sociedad en general y militares en retiro, no en activo.

“La Guardia Nacional es una institución policial de carácter y dirección civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana“, indica la propuesta.

Piden que no exista un mando mixto- entre Defensa Nacional, Marina y SSPC– sino sólo a cargo de la Secretaría de Seguridad.

Además que, a partir de la entrada en vigor de la Guardia, el Gobierno tendrá 180 días para presentar un programa calendarizado para la desmilitarización paulatina.

“Con plazos escalonados definidos a partir de un diagnóstico construido con evidencia e indicadores verificables construidos por instituciones imparciales e independientes“, indica el documento entregado.

También demandan que el Gobierno tenga máximo un año para anunciar un plan “de desarrollo penitenciario efectivo y análogo”, que garantice una carrera profesional de custodios y mejoramiento de prestaciones y protección mínima de seguridad.

Además de exigir un reporte trimestral -no anual como quedó aprobado- sobre las acciones de la Guardia.

También quieren crear una comisión, conformada por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que, junto con las autoridades, elabore un informe semestral sobre su actuación.

Las organizaciones demandan que las leyes secundarias en las que se detalle la actuación de la Guardia sean aprobadas por las dos terceras partes de las Cámaras, y no por mayoría calificada como cualquier otra legislación.

Acompañado por representantes de organizaciones y senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, en conferencia, el senador sin partido Emilio Álvarez, confió en que la disposición de analizar la minuta a través de un Parlamento Abierto permita aceptar las propuestas ciudadanas.

“La discusión pública ha estado marcada por la simulación y la distorsión entre lo que está en la minuta y el discurso público”, advirtió María Elena Morera, de Causa en Común.

“El mando militar, la capacitación y mando operativo a cargo de la Sedena, así como la intención de un artículo transitorio que permita que las Fuerzas Armadas hacer labores de seguridad pública, como lo hacen y por tiempo indefinido, son algunos de los elementos más peligrosos de lo que se podría aprobar en los próximos días”.

Sanchez Cordero acuerda limpiar los nombres de alumnos del Tec asesinados en 2010

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a limpiar los nombres de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados el 19 de marzo del 2010 en el campus central de la institución.

Alberto Arnaut, director del documental “Hasta los Dientes”, que narra el episodio trágico ocurrido en esta ciudad, señaló que la disculpa pública será efectuada precisamente el próximo 19 de marzo, cuando se cumplan nueve años del homicidio.

El cineasta, quien era amigo personal de Javier Francisco, y ha acompañado a los padres de las víctimas en su demanda de justicia, señaló que desde el año pasada, la ex ministra de la Suprema Corte, que era parte del equipo de transición cuando era presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a ofrecer una disculpa pública de parte del Gobierno de México y afirmar que los jóvenes masacrados eran estudiantes y no sicarios como, inicialmente, señalaron autoridades estatales y federales.

Ahora que ya es secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas se reunieron con los padres de Jorge Antonio, Rosy y Joel, para expresarles que los directivos del Tecnológico de Monterrey aceptaron que el campus donde ocurrió la ejecución sea el escenario donde las autoridades cumplan con el acto de reparación.

En la reunión de los padres de la víctima con los funcionarios también estuvo Paulina Suárez, directora del Festival Ambulante, que ha impulsado la laureada película que fue estrenada en el presente año.

Fue en una de estas presentaciones de la cinta, a las que asistió Sánchez Cordero, donde se comprometió, como futura funcionaria federal, a limpiar los nombres de los jóvenes que fueron acribillados por elementos del Ejército, homicidio doble que derivó en un juicio que ha estado marcado por la opacidad y la impunidad.

“Ahí hicimos la solicitud formal a Olga Sánchez Cordero, diciéndole que queríamos una disculpa pública, para que se limpiaran los nombres de Jorge y Javier. Aceptaron desde el primer momento, sólo que entonces ella no era secretaria de Gobernación, por lo que nos esperamos a que tomara el cargo y  apenas ayer se volvieron a reunir y ratificó el compromiso”, señaló en entrevista telefónica el cineasta.

Lo que se espera en ese acto es que acudan representantes de los tres Poderes de la Unión, de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, muy probablemente, de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó Arnaut Estrada.

“Básicamente se espera que se diga lo que le pasó a Jorge y Javier: que su muerte fue por una ejecución extrajudicial y que se limpien sus nombres, que se diga que eran estudiantes y no sicarios, como se manejó en un principio”, manifestó.

En los próximos días, los familiares darán a conocer más detalles sobre el acto protocolario, concluyó.

CNDH acusa colusión entre autoridades y crimen organizado que permitió el caso Ayotzinapa

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A escasos tres días de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó las conclusiones de la organización sobre los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La CNDH emitió la Recomendación 15VG/201816 autoridades federales, estatales y municipales en torno a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El documento contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.

En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.

Uno de los señalamientos que destaca la CNDH es que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, las cuales podrían estar vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso.

De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.

Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.

El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

“Confundieron a hija de Diputada”, aseguró de Gobierno de Veracruz

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El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer que Valeria Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel, fue confundida con una mujer vinculada al crimen organizado, quien acudía al mismo gimnasio al que acudía la estudiante de 22 años.

Yunes, presentó fotos del presunto asesino material, alias “El Richy”, quien fue localizado asesinado dentro de la camioneta Mazda vinculada a los hechos, cerca de las 9 de la noche.

“Pudimos detener a dos individuos en posesión de armas de fuego y chalecos tácticos, ellos promocionaron información relevante para identificar al autor material”, dijo Yunes en conferencia de prensa.

Valeria, era originaria del municipio Coazacoalcos, pero estudiaba Medicina en el campus de la Universidad Veracruzana ubicado en Mendoza.

El asesinato de la hija de la legisladora fue dada a conocer durante la sesión que se celebraba este jueves en la Cámara de Diputados. Debido a la noticia, la diputada sufrió una crisis nerviosa, por lo que la sesión fue suspendida por unos minutos, para que recibiera atención médica y fuera sacada del recinto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la joven, y expresó sus más sentidas condolencias a la diputada y sus familiares. Además llamó a las autoridades correspondientes a que otorguen medidas de protección a la legisladora y sus familiares, y que se les otorgue la contención emocional.

“La CNDH demanda a las autoridades la articulación de esfuerzos para llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral de ese delito, a efecto de que los responsables respondan de sus actos conforme a derecho proceda y se evite que dicho homicidio quede en la impunidad”, se lee en la misiva de la CNDH.

Por “ser inútil” proponen eliminar la CNDH y crear la “Defensoría del Pueblo”

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El Senador del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, anuncio que el día de hoy presentara una iniciativa para eliminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en su lugar crear la Defensora del Pueblo, al considerar que la primera ha sido inútil.

“Se trata de sustituir, de acabar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque lo consideramos un espacio, una instancia, prácticamente inútil, dicho por las voces de las víctimas”, sostuvo González Yáñez.

El legislador insistió que la CNDH será sustituida por un órgano defensor del pueblo, el cual tendría el agregado sustancial de que sus desiciones serán vinculantes para poder cumplir con su función y evitar cualquier abuso.

El petista, dijo que la actual Comisión “no está a la altura de la problemática nacional”, no porque no quiera estarlo, sino porque le hacen falta dientes.

Aseguró que la Defensoría será completamente autónoma para que se haga justicia y proteja a las víctimas en lugar de los victimarios.