Sanchez Cordero acuerda limpiar los nombres de alumnos del Tec asesinados en 2010

Comparte este artículo:

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a limpiar los nombres de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados el 19 de marzo del 2010 en el campus central de la institución.

Alberto Arnaut, director del documental “Hasta los Dientes”, que narra el episodio trágico ocurrido en esta ciudad, señaló que la disculpa pública será efectuada precisamente el próximo 19 de marzo, cuando se cumplan nueve años del homicidio.

El cineasta, quien era amigo personal de Javier Francisco, y ha acompañado a los padres de las víctimas en su demanda de justicia, señaló que desde el año pasada, la ex ministra de la Suprema Corte, que era parte del equipo de transición cuando era presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a ofrecer una disculpa pública de parte del Gobierno de México y afirmar que los jóvenes masacrados eran estudiantes y no sicarios como, inicialmente, señalaron autoridades estatales y federales.

Ahora que ya es secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas se reunieron con los padres de Jorge Antonio, Rosy y Joel, para expresarles que los directivos del Tecnológico de Monterrey aceptaron que el campus donde ocurrió la ejecución sea el escenario donde las autoridades cumplan con el acto de reparación.

En la reunión de los padres de la víctima con los funcionarios también estuvo Paulina Suárez, directora del Festival Ambulante, que ha impulsado la laureada película que fue estrenada en el presente año.

Fue en una de estas presentaciones de la cinta, a las que asistió Sánchez Cordero, donde se comprometió, como futura funcionaria federal, a limpiar los nombres de los jóvenes que fueron acribillados por elementos del Ejército, homicidio doble que derivó en un juicio que ha estado marcado por la opacidad y la impunidad.

“Ahí hicimos la solicitud formal a Olga Sánchez Cordero, diciéndole que queríamos una disculpa pública, para que se limpiaran los nombres de Jorge y Javier. Aceptaron desde el primer momento, sólo que entonces ella no era secretaria de Gobernación, por lo que nos esperamos a que tomara el cargo y  apenas ayer se volvieron a reunir y ratificó el compromiso”, señaló en entrevista telefónica el cineasta.

Lo que se espera en ese acto es que acudan representantes de los tres Poderes de la Unión, de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, muy probablemente, de la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó Arnaut Estrada.

“Básicamente se espera que se diga lo que le pasó a Jorge y Javier: que su muerte fue por una ejecución extrajudicial y que se limpien sus nombres, que se diga que eran estudiantes y no sicarios, como se manejó en un principio”, manifestó.

En los próximos días, los familiares darán a conocer más detalles sobre el acto protocolario, concluyó.

CNDH acusa colusión entre autoridades y crimen organizado que permitió el caso Ayotzinapa

Comparte este artículo:

A escasos tres días de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó las conclusiones de la organización sobre los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La CNDH emitió la Recomendación 15VG/201816 autoridades federales, estatales y municipales en torno a la desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

El documento contiene 128 puntos recomendatorios en los que se aclara que con esta instancia no se da por terminada la investigación del caso, sino que constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer.

En la sede del Club de Periodistas, en el Centro Histórico, González Pérez indicó que el documento sintetiza más de un millón de hojas y mil 255 tomos, resultado de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas de “la cual constituye la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”.

Uno de los señalamientos que destaca la CNDH es que al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, las cuales podrían estar vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que corresponderá a las nuevas autoridades continuar con las investigaciones penales del caso.

De acuerdo con el organismo autónomo, autoridades de los tres niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y ésta situación “sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.

Al afirmar que se trata del caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, comentó que en las pesquisas que realizó se vio obstaculizada por la falta de cooperación de diversas autoridades que recurrentemente le negaron acceso a la información en su poder, o bien entregaron información de manera parcial, incompleta o desordenada.

Además, de manera negligente o dolosa se negaron a llevar a cabo diligencias o ejecutar acciones que habrían permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos, evitar que elementos probatorios se perdieran o contaminaran.

El titular de la CNDH resaltó que la verdad es el mejor instrumento para la justicia, sin embargo en diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

Comparte este artículo:

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

“Confundieron a hija de Diputada”, aseguró de Gobierno de Veracruz

Comparte este artículo:

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer que Valeria Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel, fue confundida con una mujer vinculada al crimen organizado, quien acudía al mismo gimnasio al que acudía la estudiante de 22 años.

Yunes, presentó fotos del presunto asesino material, alias “El Richy”, quien fue localizado asesinado dentro de la camioneta Mazda vinculada a los hechos, cerca de las 9 de la noche.

“Pudimos detener a dos individuos en posesión de armas de fuego y chalecos tácticos, ellos promocionaron información relevante para identificar al autor material”, dijo Yunes en conferencia de prensa.

Valeria, era originaria del municipio Coazacoalcos, pero estudiaba Medicina en el campus de la Universidad Veracruzana ubicado en Mendoza.

El asesinato de la hija de la legisladora fue dada a conocer durante la sesión que se celebraba este jueves en la Cámara de Diputados. Debido a la noticia, la diputada sufrió una crisis nerviosa, por lo que la sesión fue suspendida por unos minutos, para que recibiera atención médica y fuera sacada del recinto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la joven, y expresó sus más sentidas condolencias a la diputada y sus familiares. Además llamó a las autoridades correspondientes a que otorguen medidas de protección a la legisladora y sus familiares, y que se les otorgue la contención emocional.

“La CNDH demanda a las autoridades la articulación de esfuerzos para llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral de ese delito, a efecto de que los responsables respondan de sus actos conforme a derecho proceda y se evite que dicho homicidio quede en la impunidad”, se lee en la misiva de la CNDH.

Por “ser inútil” proponen eliminar la CNDH y crear la “Defensoría del Pueblo”

Comparte este artículo:

El Senador del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, anuncio que el día de hoy presentara una iniciativa para eliminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en su lugar crear la Defensora del Pueblo, al considerar que la primera ha sido inútil.

“Se trata de sustituir, de acabar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque lo consideramos un espacio, una instancia, prácticamente inútil, dicho por las voces de las víctimas”, sostuvo González Yáñez.

El legislador insistió que la CNDH será sustituida por un órgano defensor del pueblo, el cual tendría el agregado sustancial de que sus desiciones serán vinculantes para poder cumplir con su función y evitar cualquier abuso.

El petista, dijo que la actual Comisión “no está a la altura de la problemática nacional”, no porque no quiera estarlo, sino porque le hacen falta dientes.

Aseguró que la Defensoría será completamente autónoma para que se haga justicia y proteja a las víctimas en lugar de los victimarios.

#ElNidoDelGavilán: “Reflexiones sobre el motín de La Toma, Veracruz”

Comparte este artículo:

En su informe anual de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que entre los problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano están sus malas condiciones, la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado.

Veracruz no es un estado que se caracterice por incidentes en materia penitenciaria en los últimos 10 años, me refiero a motines y riñas, por mencionar dos, de acuerdo con los Cuadernos de Información Penitenciaria del OADPRS de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, es un estado donde los hechos violentos en las calles no paran por diferentes circunstancias. El motín que se registró hace días en La Toma, municipio de Amatlán, dejó 8 muertos en un intento de traslado de 4 internos a otros centros. 6 de los muertos son policías de diversas corporaciones de policía del Estado que apoyaban el traslado.

El martes, en los medios, se presenta un llamamiento de la ONU a que desarrollen a la mayor brevedad una investigación exhaustiva. Eso y una palmadita en la espalda sirven para lo mismo.

El gobierno del Estado es responsable de no prever medidas precautorias para estos incidentes, sin embargo, es fácil golpetear al gobernador Yunes o al procurador de Justicia. El problema es crónico.

En este espacio se han comentado incidentes especialmente en Cadereyta y el Topo Chico en Nuevo León, pero también otros en Sinaloa y Tamaulipas. Las características de los incidentes son similares.

Falta de profesionalismo en las corporaciones que conlleva a procesos mal llevados y hechos casi artesanalmente, un desdén de los gobiernos estatales a invertir en materia penitenciaria y un casi nulo apoyo de la sociedad para mejorar la infraestructura y la vida de las personas que laboran y que viven en estos centros, bajo un juicio inquisidor y reduccionista.

Habrá que ver los resultados de la investigación (si es que los publican), pero el que 6 miembros hayan sido asesinados muestra que los procedimientos fueron inadecuados y habla mal de la logística y diseño de los pabellones del centro. El operativo para trasladar a las personas se convirtió en un motín y según palabras del Gobernador Miguel Ángel Yunes, los 6 asesinados fueron recluidos en un espacio donde murieron asfixiados a causa del humo del fuego que prendieron los internos. Básicamente, los acorralaron y mataron.

Endurecer las medidas contra la población no es la solución, sino invertir en un mayor equipamiento de la gente a cargo de los centros y mejorar los sistemas de seguridad y logísticos del centro, donde en algunos, ni detector de metales existe.

Al menos Yunes hizo presencia en el lugar horas después del incidente para atender a familiares y evitar que la zozobra y la desesperación de los familiares genere altercados con las autoridades. En Nuevo León, ningún gobernador puso un pie y atendió a los familiares.

Lo dicho, dicho está.

Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

Comparte este artículo:

En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

Comparte este artículo:

Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

Comparte este artículo:

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

Comparte este artículo:

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.

Ir a la barra de herramientas