Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.

Citan a Gerardo Ruíz Esparza y Graco Ramírez en el Congreso por socavón en Paso Exprés.

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para invitar al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a una reunión de trabajo en un plazo no mayor a 15 días naturales, para que informen sobre las investigaciones del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

En la sesión de este martes, el pleno votó el punto de acuerdo para que ambos funcionarios se reúnan con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador Ernesto Cordero.

Asimismo, se aprobó solicitar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las auditorías ya practicadas a la obra referida, a cargo del Consorcio Construcciones Aldesem y Epccor Construcción.

Exhortó a que se incluyan los procedimientos sancionatorios ya iniciados, así como de la viabilidad de realizar una nueva auditoría en caso de detectarse nuevos elementos.

Por último, se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en un plazo no mayor a 15 días naturales remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las investigaciones en torno a la muerte de dos personas en ese lugar el mes pasado.

#HojaDeRuta: ¿Segunda Vuelta Electoral es necesaria?

Decir que la democracia se trata de mayorías es una obviedad, pero decir que un sistema político democrático se trata montar un entramado legal institucional para construir mayorías legítimas, nos acerca más al meollo del asunto. México tiene un serio problema en su forma de construir mayorías consecuencia directa de décadas de autoritarismo expresadas a través del que por mucho tiempo fuera el partido hegemónico y un férreo sistema presidencialista. Pasamos de las mayorías aplastantes pero falsas, propias de un sistema de simulación democrática, a la fragmentación pragmática.

Es cierto que el sistema ha venido cambiando: la oxigenación del legislativo a través de las reformas políticas; estados que comenzaron a vivir alternancia (aunque aún hay otros que tienen casi un siglo sin conocerla); la separación del ejecutivo de la instancia encargada de organizar y vigilar las elecciones; el cambio de sistema político en la capital del país; la existencia de organismos descentralizados como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, sobre todo, la alternancia a nivel presidencial y una mayor separación de poderes. Pero esa luna tiene un lado oscuro que inevitablemente parte de la incertidumbre respecto a la legalidad y, por ende, legitimidad de los procesos electorales. Aunado a esto, los ganadores de las últimas tres elecciones presidenciales han alcanzado un umbral de victoria de 38% en promedio, lo que en términos reales significa que únicamente cerca del 20% de los mexicanos acaban eligiendo a nuestra máxima autoridad.

En este contexto, por supuesto que tiene sentido discutir el establecimiento de la segunda vuelta, pero no por sí misma. Una segunda vuelta no solamente se trata de crear una mayoría más realista y, por ende, legitima. Se trata también de negociar apoyos que se vuelvan coaliciones, lo que en sistemas semi-presidenciales y parlamentarios implica compromisos programáticos e incluso el control de ciertas áreas del gabinete por otras fuerzas políticas. De ahí viene la idea de “formar” gobierno. En un escenario donde el PRI, aun debilitado, logra triunfos con poco más de 30%, la necesidad de cambio es evidente.

Un sistema que acepta mayorías débiles no da incentivos para coaliciones sólidas y hace casi imposible cambiar de gobernantes dentro de los periodos establecidos (que un presidente o un gobernador en México pierdan su puesto es más que difícil). Además este tipo de sistema inevitablemente favorece a la política del dinero y la movilización electoral clientelar sobre la de las ideas y el convencimiento.

Aunque es muy poco probable observar cambios del sistema político de alto calado antes de la elección de 2018, la realidad está marcando el paso a las fuerzas políticas exigiendo la formación de alianzas sustanciosas que no dependan de la coyuntura ni tengan como fin último la mera supervivencia.

Como país urge comenzar a perder el miedo a destruir gobiernos y armarlos de nuevo. Dice un viejo principio taoísta que la rama verde, aunque sea más suave y débil en apariencia, resiste más que la rama seca en apariencia fuerte, pero que se quebrará a la primera ventisca. Este sistema político endurecido, rígido y, sobre todo, drenado de legitimidad, quizá no vaya a romperse de buenas a primeras, pero de seguir por el mismo camino continuará secándose y haciéndose más débil, hasta que un día el viento no le perdonará

El secreto de Antúnez: Los beneficios de la impunidad

El próximo 19 de marzo se cumplen 6 años del lamentable enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada en el cual murieron Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Hasta el día de hoy, y a pesar de la exigencia de la sociedad civil regiomontana y del ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, los hechos no han sido esclarecidos.

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública…

Fue el mismísimo actual Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien en ese entonces era comandante de la Séptima Zona Militar ubicada en el municipio de Escobedo, que redacto un informe con fecha de 5 de abril de 2010, con atención “a la superioridad” y con folio 08739.

En el documento al cual Mexicoleaks y el medio de comunicación Proceso tuvieron acceso, el General Antúnez comenta que en la noche del 19 de marzo de ese año, varios individuos en una camioneta tipo Yukón dispararon contra las fuerzas militares en las inmediaciones del Tec de Monterrey sobre la Av. Eugenio Garza Sada, adicionalmente a esto Antúnez escribió, “Descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”.

En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos.

Aunque desde el 20 de marzo del 2010 se había informado que las dos personas abatidas durante el enfrentamiento eran estudiantes del la institución educativa y no miembros del crimen organizado, e incluso el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa enviaron condolencias a las familias de los dos jóvenes a través de un comunicado, el General Antúnez siguió defendiendo la versión de que los dos estudiantes de excelencia habían agredido a los militares.

A 10 días del enfrentamiento el ombudsman nacional, Raúl Pascencia Villanueva, abrió la queja CNDH/2/2010/1508/Q por la muerte de los dos jóvenes estudiantes. En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos. Adicional a esto, el ombudsman solicitó que se limpiara el nombre de Javier y Jorge puesto que no eran miembros de la delincuencia organizada como lo había manejado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública. Tal parece como si fuera un regalo tras tal irresponsabilidad del militar, esos son los beneficios de la impunidad.

#TodosSomosJorgeyJavier

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