Pide Mario Aburto a la CNDH que se reabra su caso

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Mario Aburto, quien se encuentra preso por el asesinato en 1994 del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su intervención para la reapertura de su caso.

De acuerdo con el organismo que dirige Rosario Piedra, Aburto Martínez denunció que desde su detención ha sido víctima de tratos crueles y tortura. 

La CNDH aceptó indagar los hechos, por lo que inició ya una investigación y emitió medidas cautelares a favor de Aburto dirigidas al titular del Organo Desconcentrado Administrativo de Prevención y Readaptación Social.

“Atendiendo a la queja, la CNDH emprenderá las acciones que en ejercicio de sus funciones constitucionales le sea menester realizar, a efecto de que el llamado Caso Colosio sea revisado a la luz de las nuevas evidencias y declaraciones que el peticionario aporte”, expuso el organismo.

En un principio, de acuerdo con la CNDH, la queja fue interpuesta por familiares de Aburto, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social 12, en Guanajuato.

Luego, derivado de la queja, personal del organismo se entrevistó con él, quien ratificó la queja.

“Expresó, de viva voz, que además es víctima de discriminación, pues se le obstaculiza el acceso y ejercicio de todos sus derechos por la causa que originó la privación de su libertad”, agregó la CNDH.

“Por lo que hizo la petición de la reapertura de su caso, toda vez que considera necesario que se le dé a conocer toda la verdad del mismo a la sociedad”.

En las medidas cautelares emitidas, el organismo pide que se realicen todas las acciones urgentes que garanticen y protejan sus derechos a la salud y a su integridad personal.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Sigue la violación de derechos humanos; suman cuerpos de seguridad en México tres quejas al día

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Durante este 2020, las instituciones federales de seguridad pública un acumulado, en promedio, de tres acusaciones diarias por presuntas violaciones a derechos humanos.

Entre enero y septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 864 quejas por actos cometidos por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), y el resto de dependencias federales de seguridad.

Aunque el pasado 25 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos, los registros de la CNDH muestran que la población sigue acusando a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad civiles por supuestamente incurrir en irregularidades en su actuar.

“El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violación de los derechos humanos, no hay impunidad”, aseguró López Obrador en su conferencia matutina del 25 de noviembre.

Las acusaciones contra esas instituciones on detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura, intimidaciones, agresiones contra migrantes, transgredir los derechos de la mujer, uso arbitrario de la fuerza, efectuar detenciones sin órdenes de aprehensión, incomunicar, desaparición forzada, privación de la vida y retención ilegal.

También por apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento del dueño, irregularidades en las órdenes de cateo, omitir brindar protección y auxilio o imputar hechos indebidamente.

Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, el Ejército, la GN y la FGR están dentro del top 10 de instituciones con más quejas al sumar, respectivamente, 237, 209 y 203.

De acuerdo a especialistas consultados por el periódico El Universal, estos abusos siguen ocurriendo porque las Fuerzas Armadas tienen un papel protagonista en el combate a la delincuencia, pese a que no tienen la formación necesaria para realizar ese trabajo.

En este sexenio la tendencia de violaciones a derechos humanos por parte del Estado se ha mantenido. De hecho, en 2019 las quejas por abusos cometidos en el sector seguridad incrementaron 17% respecto a 2018.

“Aunque el gobierno en su discurso dice que ya se acabaron las violaciones a los derechos, no se terminan por decreto ni con cursos o manuales, como lo han intentado hacer”, dijo David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa.

Agregó que los abusos estañan relacionados con la formación de las Fuerzas Armadas, entrenadas para eliminar a un enemigo.

Por su parte, Mariclaire Acosta Urquidi, defensora de derechos humanos, consideró que el gobierno ha seguido una “política fallida” de seguridad pública basada en el uso de la fuerza.

Anuncian diálogo entre colectivas que mantienen toma de sede de la CNDH y Sánchez Cordero

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, visitará este jueves a las 11:00 horas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México para entablar un diálogo con las colectivas que mantienen tomado la sede del órgano autónomo.

La manifestante y madre de una víctima de feminicidio, Yesenia Zamudio, fue quien anunció la reunión con la funcionaria federal.

Cabe recordar que el pasado lunes 14 de septiembre, afuera de las instalaciones de la CNDH se llevó a cabo la “Antigrita”, que consistió en una jornada donde narraron testimonios de violencia de género y lanzaron consignas contra las autoridades.

Por su parte, la CNDH informó en un comunicado que ha buscado acercarse a las colectivas que mantienen tomado el edificio del organismo para iniciar un diálogo.

En respuesta, las mujeres del Frente Nacional Ni Una Menos manifestaron que quieren que se escuche a las madres de las víctimas de feminicidio; además reiteraron que mantendrán tomado el edificio de manera indefinida.

Fue el pasado 2 de septiembre que un grupo de 15 personas arribaron a la sede, en República de Cuba número 60, para una reunión con la ombusperson, Rosario Piedra Ibarra y fue al considerar que no habían recibido una atención adecuado, que decidieron permanecer en las instalaciones.

Las activistas feministas exigen a las autoridades que se resuelvan los casos de desapariciones de personas, así como los feminicidios en el país.

La Marina implicada en desaparición de 27 personas: CNDH

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La Marina fue implicada en la desaparición de 27 personas en 2018 y se le pidió indemnizar a las familias de las víctimas, informó el martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La entidad dijo en una nota que investigó la desaparición en Tamaulipas de 27 personas “detenidas arbitrariamente y desaparecidas (…) por elementos de la Marina”, de las cuales 12 fueron encontradas muertas, y  “logró acreditar” su probable responsabilidad.

La Comisión dijo que solicitó a la Marina “la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos que incluya una compensación por la desaparición forzada”.

La Marina respondió en cuenta de Twitter que aceptó la petición.

Del grupo de personas desaparecidas, entre marzo y mayo de 2018, “12 fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y ‘entierros clandestinos’, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León”, añadió la CNDH.

La CNDH pidió también a la fiscalía federal que continúe con la búsqueda de “forma exhaustiva” de las 15 personas aún sin localizar e investigue a los marinos señalados por los familiares de las víctimas.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se congratuló por la recomendación de la CNDH.

Autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “habían negado que la Marina hubiese participado en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, dijo a la AFP Ramos.

Añadió que las víctimas pertenecen a “distintos estratos sociales, hay una ama de casa, un panadero, un menor de 16 años (…) y pudiera pensarse que se los llevaron para obtener información de inteligencia”.

Tamaulipas, con costas en el golfo de México y fronterizo con Estados Unidos, es una de las regiones más violentas del país por ser una de las rutas para el trasiego de drogas.

El gobierno de México tiene registro de 73.201 personas desaparecidas, la mayoría tras una ofensiva militar antidrogas desplegada en 2006.

Desde el inicio de dicha estrategia se han registrado más de 290.000 asesinatos, según cifras oficiales pero sin detallar su vinculación con la criminalidad.

(Fuente: AFP)

Titular de la CNDH denuncia amenazas de muerte en su contra

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció este jueves haber sido víctima de amenazas de muerte contra ella y su familia a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, lo cual atribuyó a su labor al frente del organismo defensor.

Piedra Ibarra informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por estos hechos suscitados el pasado 8 de junio.

“El domingo 8 de junio fue víctima de un ataque cibernético, una serie de amenazas vía mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Las amanezcas eran de varias personas de diversos estados del país y fueron más de cien números telefónicos registrados y documentados, que no solo me amenazaban a mí, sino que involucraban a mi familia”, dijo la activista en conferencia de prensa.

Por otro lado, consideró que las amenazas tiene que ver con su labor en la CNDH y el cambió a una defensora del pueblo, lo que “destapó una campaña mediática donde decían que yo solamente quería atender a los pobres, solo que es falso, ya que es un concepto que engloba a todo al decir defensora del pueblo”.

También señaló que las amenazas surgen a raíz de la investigación que realiza la Comisión por la muerte del joven Giovanni López, quien fue asesinado por la policía el pasado 4 de junio en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

“Las amenazas no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder impedir que en este país no se sigan violentando los derechos humanos”, agregó.

Proponen transformar a la CNDH en la Procuraduría de los Pobres

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso transformar la CNDH en una “Procuraduría de Pobres”.

Piedra Ibarra expuso que a través de una reforma Constitucional al artículo 102, apartado B, de nuestra Carta Magna, solicitará que sus recomendaciones sean vinculantes.

En un pronunciamiento con motivo de los 30 años de este organismo autónomo nacional, para justificar su propuesta, Piedra Ibarra, se remitió al año de 1947, cuando se aprobó “la propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, que tenían el propósito de proteger a los pobres”.

Argumentó que, en ese entonces, dicho organismo, además de defender los derechos humanos de personas de escasos recursos contra los abusos de una autoridad, contaba con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que correspondería.

“Esa es la tradición del Defensor del Pueblo en nuestro país. y que la hemos de reivindicar ahora, a 30 años del nacimiento de la CNDH y del agotamiento de su modelo de operación. Fracaso evidente en el enorme costo que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados logrados, algo que no decimos nosotros sino que han documentado infinidad de ONGs y organismos tanto nacionales como internacionales”, se lee en el pronunciamiento.

“Entonces, una parte de la lucha es lograr que las recomendaciones tengan carácter vinculante, que las autoridades las acaten y reparen el daño consecuencia de sus actos, tener sobre todo mayor incidencia en las políticas públicas. Reducir los gastos de la Comisión, optimizar los recursos, y centrarnos en lo que nos corresponde hacer: atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a quienes están en riesgo de serlo”.

Rosario Piedra Ibarra añadió que la tradición internacional, mantiene a los organismos defensores de los derechos humanos, al margen de la competencia de todo tribunal u órgano jurisdiccional, pero también de una conciencia efectiva en la prevención y respeto de los derechos humanos.

Por lo anterior, enfatizó que es tiempo de dejar atrás un modelo que privilegió la promoción y divulgación de los derechos humanos, pero descuidó lo esencial de su misión: su protección y defensa.

 

CNDH solicita parara labores no esenciales de Tren Maya

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para frenar labores no esenciales del Tren Maya.

En un comunicado, el organismo autónomo indicó que las medidas cautelares fueron dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Foantur), derivado de una queja interpuesta por pueblos indígenas de la Península de Yucatán.

Para la CNDH, con la crisis sanitaria por el COVID-19 se actualiza la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida de los habitantes de la región.

La medida cautelar estará vigente mientras dure la emergencia, aclaró la CNDH.

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que envió escrito al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario, Hugo López-Gatell, para que le informen si existen condiciones para viajar a Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco.

“Yo ya quiero reiniciar recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan son los especialistas, el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell me van a decir, yo ay les hice la solicitud porque ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que autoricen ellos”, señaló López Obrador en #LaMañanera.

Pesos y contrapesos: La Suprema Corte y el caso Bonilla

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En 1803 en Estados Unidos, la Corte Suprema resolvió una de las sentencias más paradigmáticas en la historia jurídica de dicho país y del mundo entero, abriendo las puertas del constitucionalismo moderno: Marbury vs Madison. El caso envuelve la sucesión presidencial de John Adams y Thomas Jefferson, la pugna sobre la designación de William Marbury y Madison al cargo de Juez de Paz y el Secretario de Estado John Marshall. En esta sentencia, se estableció la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y los actos del Poder Ejecutivo, denominada Judicial Review, ello, para que la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial ejerza su autoridad. 

Esta sentencia es relevante, no sólo en el aspecto jurídico sino también en sus consecuencias políticas. Algo fundamental de este asunto, es la afirmación de la naturaleza del Poder Judicial como parte de los órganos del Estado. Con Marbury vs Madison, la Corte determinó que es la autoridad facultada para decir el significado de la Constitución y creó el modelo de Control Constitucional que implica una especie de poder-deber de declarar la nulidad por inconstitucionalidad de todo aquello que contravenga la norma máxima, y  también, que el papel fundamental del Poder Judicial es ser un contrapeso de los otros poderes para proteger los derechos de todos. A pesar de los avances sociales y tecnológicos, esta sentencia continúa vigente en nuestros tiempos. 

Esto viene a colación, ya que el día lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la Acción de Inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, la cual tiene que ver con reforma de ampliación de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos políticos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y el PRI. Este asunto, sin duda, pondrá a prueba nuestro máximo tribunal y revelará las debilidades de las configuración actual de la Corte. Fernando Franco González Salas Ministro a cargo del proyecto de sentencia, propone declarar la invalidez por inconstitucional de la reforma al artículo 8vo transitorio de la Constitución Política de Baja California que amplía el mandato del Gobernador Bonilla de 2 a 5 años. 

El primer antecedente de este caso se dio cuando el Tribunal Electoral de Baja California ordenó la inaplicación de dicha reforma, no obstante, la sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC22/2019. Al ser cosa juzgada en el ámbito judicial-electoral, el debate pasó al poder legislativo, presentándose el mencionado proyecto de reforma a la Constitución local. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, consistió en disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral; de tal manera, que al ampliar el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal, lo que generó que la CNDH y diversos partidos políticos impugnaran esta reforma ante nuestra máxima autoridad jurídica en el país.

Este tema ya se ha discutido en la SCJN, y en los precedentes se ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad”(Acción de Inconstitucionalidad 13/2015). Asimismo, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformar las leyes electorales locales, éstas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones, tal y como lo determinó nuestro tribunal constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 55/2006. Y, por si no fuese suficiente, la SCJN estableció en la jurisprudencia 82/2007 derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 47/2006, que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.

Lamentablemente, existen ciertos argumentos que podrían dificultar los 8 votos necesarios para obtener una sentencia que invalide esta reforma, como bien escribe Martín Vivanco Lira en Nexos “la constitución federal no contiene una norma que, expresamente, prohíba la extensión de mandato. El artículo 116 constitucional sólo señala que el periodo de un gobernador no podrá exceder los 6 años. Y nada más” también entra al debate la legitimidad de democrática de los legisladores que realizaron dicha reforma. 

Levitsky y Ziblatt en su obra How democracies die mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender el orden constitucional, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison, al igual, que la voluntad para accionar dichas normas e instituciones construidas para ello. Esta sentencia se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances, instituciones y los controles del poder, así como la independencia judicial y la capacidad de nuestros ministros de actuar como lo que son: defensores de la constitución y operadores de la justicia. 

Detenciones de migrantes en México crecieron 23% durante 2019: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que las detenciones de personas migrantes en México creció 23% durante el primer año del gobierno de AMLO.

En el marco del Día Internacional del Migrante, el organismo autónomo apuntó que la cifra de detenciones en México pasó de 131 mil 445 personas en el año de 2018 a 169 mil 932 durante los primeros diez meses de 2019, por lo que la cifra crecerá.

Ante esta situación, la CNDH pidió a las autoridades mexicanas a “respetar y reconocer los derechos de todas las personas en contexto de migración” y poner especial atención en grupos en situación de vulnerabilidad, siguiendo siempre lo establecido en la Constitución y tratados internacionales firmados.

Es de vital importancia que el personal del servicio público garantice y reconozca tales derechos en todas las personas, sin importar su origen o nacionalidad, centrándose en la persona y su dignidad sin importar su contexto migratorio”

El Estado mexicano tiene el gran reto de ser congruente con su postura internacional y asumirla con responsabilidad, así como combatir en México los discursos que promueven el racismo y la xenofobia, y buscar un trato igualitario y de equidad para todas las personas en territorio nacional” aclaró la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
(Con información de Grupo SDP)

CNDH: Tiene razón Monreal

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante CNDH) es un organismo cuyo objeto esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos contenidos y/o reconocidos en el orden jurídico mexicano.

Ahora bien, como es público, en sesión del 12 de noviembre de 2019, se dio una trifulca en el Senado de la República entre Senadores de MORENA y del Partido Acción Nacional (PAN), pues estos últimos pretendían evitar que rindiera protesta como presidenta de la CNDH la C. Rosario Piedra Ibarra y, solicitaban además una reposición del procedimiento pues a su consideración en el proceso de elección no se había alcanzado la mayoría calificada.

Sin embargo, en la referida sesión, no se realizó reposición del procedimiento alguna y la C. Rosario Piedra Ibarra logró rendir protesta como presidenta de la CNDH, por un periodo de 5 años.

Derivado de lo anterior, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (en adelante GOAN) por twitter señaló que “No reconocemos ni reconoceremos la autoridad de quien es producto de un fraude. Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho” y “No acataremos sus recomendaciones, no son vinculatorias legal ni moralmente”.

Por su parte, el Gobernador Panista de Querétaro Francisco Domínguez, señaló en entrevista que su entidad no acataría las recomendaciones que vengan de la CNDH.

De igual forma, por twitter la Asociación Nacional de Alcaldes (en adelante ANAC) expresó “Al igual que la @GOAN_MX no reconocemos ni haremos caso a recomendaciones de Rosario Piedra como titular de la @CNDH se eligió sin transparencia, en un proceso amañado, además de no cumplir con la institucionalidad que se requiere siendo militante de MORENA.”

No obstante, las manifestaciones anteriores constituyen un auténtico dislate, una violación flagrante a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deben resultar preocupantes para todos los mexicanos.

Lo anterior, pues en términos del artículo 102, inciso B) párrafo segundo de la Constitución todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la CNDH.

Siendo oportuno precisar, que atendiendo al mismo numeral, si bien es cierto las recomendaciones de la CNDH no son vinculantes, cuando los servidores públicos decidan no aceptarlas o cumplirlas, estos deberán hacer pública su negativa de manera fundada y motivada.

Es decir, en su negativa deberá expresarse con precisión el precepto legal aplicable en la que se funda y además, señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En este orden de ideas, la negativa de cumplir con las recomendaciones de la CNDH por mandato Constitucional constituye un acto formal de autoridad.

Por esto, si los Gobernadores y Alcaldes del PAN, pretendieron negarse a atender las recomendaciones formuladas por la CNDH, resultaba imperativo, primeramente que existiera una recomendación que atender y segundo que la negativa cumpliera con las formalidades de todo acto de autoridad y además se encontrara debidamente fundada y motivada.

Al no haberlo hecho así, resulta inconcuso que la negativa genérica realizada en redes sociales de atender cualquier recomendación de la CNDH formulada por los Gobernadores y Alcaldes del PAN no es más que una violación flagrante al texto Constitucional.

Finalmente, es oportuno señalar que tenía razón el Senador Ricardo Monreal, cuando replicó que todo servidor público esta obligado a responder las recomendaciones de la CNDH, pues independientemente de su acatamiento o no, la recomendación de la CNDH debe reconocerse y responderse.