“Confundieron a hija de Diputada”, aseguró de Gobierno de Veracruz

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El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dio a conocer que Valeria Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel, fue confundida con una mujer vinculada al crimen organizado, quien acudía al mismo gimnasio al que acudía la estudiante de 22 años.

Yunes, presentó fotos del presunto asesino material, alias “El Richy”, quien fue localizado asesinado dentro de la camioneta Mazda vinculada a los hechos, cerca de las 9 de la noche.

“Pudimos detener a dos individuos en posesión de armas de fuego y chalecos tácticos, ellos promocionaron información relevante para identificar al autor material”, dijo Yunes en conferencia de prensa.

Valeria, era originaria del municipio Coazacoalcos, pero estudiaba Medicina en el campus de la Universidad Veracruzana ubicado en Mendoza.

El asesinato de la hija de la legisladora fue dada a conocer durante la sesión que se celebraba este jueves en la Cámara de Diputados. Debido a la noticia, la diputada sufrió una crisis nerviosa, por lo que la sesión fue suspendida por unos minutos, para que recibiera atención médica y fuera sacada del recinto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio de la joven, y expresó sus más sentidas condolencias a la diputada y sus familiares. Además llamó a las autoridades correspondientes a que otorguen medidas de protección a la legisladora y sus familiares, y que se les otorgue la contención emocional.

“La CNDH demanda a las autoridades la articulación de esfuerzos para llevar a cabo una investigación pronta, objetiva e integral de ese delito, a efecto de que los responsables respondan de sus actos conforme a derecho proceda y se evite que dicho homicidio quede en la impunidad”, se lee en la misiva de la CNDH.

Por “ser inútil” proponen eliminar la CNDH y crear la “Defensoría del Pueblo”

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El Senador del Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez, anuncio que el día de hoy presentara una iniciativa para eliminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en su lugar crear la Defensora del Pueblo, al considerar que la primera ha sido inútil.

“Se trata de sustituir, de acabar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque lo consideramos un espacio, una instancia, prácticamente inútil, dicho por las voces de las víctimas”, sostuvo González Yáñez.

El legislador insistió que la CNDH será sustituida por un órgano defensor del pueblo, el cual tendría el agregado sustancial de que sus desiciones serán vinculantes para poder cumplir con su función y evitar cualquier abuso.

El petista, dijo que la actual Comisión “no está a la altura de la problemática nacional”, no porque no quiera estarlo, sino porque le hacen falta dientes.

Aseguró que la Defensoría será completamente autónoma para que se haga justicia y proteja a las víctimas en lugar de los victimarios.

#ElNidoDelGavilán: “Reflexiones sobre el motín de La Toma, Veracruz”

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En su informe anual de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que entre los problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano están sus malas condiciones, la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado.

Veracruz no es un estado que se caracterice por incidentes en materia penitenciaria en los últimos 10 años, me refiero a motines y riñas, por mencionar dos, de acuerdo con los Cuadernos de Información Penitenciaria del OADPRS de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, es un estado donde los hechos violentos en las calles no paran por diferentes circunstancias. El motín que se registró hace días en La Toma, municipio de Amatlán, dejó 8 muertos en un intento de traslado de 4 internos a otros centros. 6 de los muertos son policías de diversas corporaciones de policía del Estado que apoyaban el traslado.

El martes, en los medios, se presenta un llamamiento de la ONU a que desarrollen a la mayor brevedad una investigación exhaustiva. Eso y una palmadita en la espalda sirven para lo mismo.

El gobierno del Estado es responsable de no prever medidas precautorias para estos incidentes, sin embargo, es fácil golpetear al gobernador Yunes o al procurador de Justicia. El problema es crónico.

En este espacio se han comentado incidentes especialmente en Cadereyta y el Topo Chico en Nuevo León, pero también otros en Sinaloa y Tamaulipas. Las características de los incidentes son similares.

Falta de profesionalismo en las corporaciones que conlleva a procesos mal llevados y hechos casi artesanalmente, un desdén de los gobiernos estatales a invertir en materia penitenciaria y un casi nulo apoyo de la sociedad para mejorar la infraestructura y la vida de las personas que laboran y que viven en estos centros, bajo un juicio inquisidor y reduccionista.

Habrá que ver los resultados de la investigación (si es que los publican), pero el que 6 miembros hayan sido asesinados muestra que los procedimientos fueron inadecuados y habla mal de la logística y diseño de los pabellones del centro. El operativo para trasladar a las personas se convirtió en un motín y según palabras del Gobernador Miguel Ángel Yunes, los 6 asesinados fueron recluidos en un espacio donde murieron asfixiados a causa del humo del fuego que prendieron los internos. Básicamente, los acorralaron y mataron.

Endurecer las medidas contra la población no es la solución, sino invertir en un mayor equipamiento de la gente a cargo de los centros y mejorar los sistemas de seguridad y logísticos del centro, donde en algunos, ni detector de metales existe.

Al menos Yunes hizo presencia en el lugar horas después del incidente para atender a familiares y evitar que la zozobra y la desesperación de los familiares genere altercados con las autoridades. En Nuevo León, ningún gobernador puso un pie y atendió a los familiares.

Lo dicho, dicho está.

Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

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En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

ONGs acuden a Corte contra Ley de Seguridad

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Representantes de organizaciones civiles acudieron a la Suprema Corte de Justicia a interponer un recurso contra la Ley de Seguridad Interior.

Román Díaz Vázquez, presidente de la Agrupación Política Nacional Acción Ciudadana Asociación Profesional Interdisciplinaria de México (Apimac), afirmó que aglutinan a más de 25 organizaciones firmantes a nivel nacional.

Se trata, dijo, de un amicus curiae, que, explicó, permite intervenir a terceros interesados para emitir su opinión sobre un tema.

Díaz recordó que dichas organizaciones también iniciaron un procedimiento el 6 de diciembre del año pasado en el Senado de la República para solicitar la consulta ciudadana. Sin embargo, reclamó, su voz no fue escuchada.

“No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos atendieron. Por eso interpusimos los primeros juicios de amparo y las primeras quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos“, expuso.

Indicó que han sido más de cinco recursos interpuestos ante diversas instancias.

Román Díaz señaló que el documento presentado contiene objeciones como que la ley viola el Artículo 129 constitucional, el Primero y el 21 de la Constitución.

“Ya casi el plazo vence para interponer inconformidades, le calculamos que esto estará resuelto en unos de dos a cuatro meses, más o menos. Confiamos en ser escuchados, ahora sí, en la Suprema Corte“.

Ante la SCJN también han acudido diputados y senadores pidiendo la abolición de esta legislación.

Amnistía Internacional pide a Peña vetar la Ley de Seguridad Interior

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La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la Ley de Seguridad Interior aprobada el pasado viernes 15, porque en los términos en los que está planteada “es contraria a las obligaciones del país bajo el derecho internacional” y “pone en serio riesgo” los derechos humanos en México.

Amnistía Internacional le insta, de manera inequívoca, a vetar dicha ley y reenviarla al Congreso para permitir un amplio y auténtico debate nacional sobre este tema”, puntualizó Salil Shetty, secretario general de AI, en una misiva enviada al Ejecutivo mexicano.

Shetty relata que en febrero de 2014 se reunió con Peña y miembros de su gabinete, y durante ese encuentro “nuestra delegación le advirtió sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrentaba su país y el impacto preocupante que tenía el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, además de otras estrategias militarizadas que su gobierno ansiaba continuar”.

Subraya que tanto a defensoras y defensores de derechos humanos en México, así como a organismos internacionales, “nos preocupa enormemente” que la implementación de la Ley de Seguridad Interna “no hará más que aumentar la larga lista de violaciones graves a los derechos humanos en México, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

“Esto a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad durante más de una década, desde que se desplegaron militares en las calles de México. Asimismo, la ley no contiene mecanismos efectivos de supervisión o control del trabajo de las fuerzas armadas y, en particular, no asegura que estén subordinadas y bajo el comando de las autoridades civiles”.

Conforme esta ley, agrega, las fuerzas armadas guiarían sus propias operaciones e incluso coordinarían a policías en un peligroso sometimiento de las fuerzas civiles a las militares. Amnistía Internacional “está también alarmada por la autorización que esta ley brinda a las fuerzas armadas para intervenir en manifestaciones”.

Amnistía Internacional asegura que de ser promulgada la ley violaría el derecho a la privacidad y debilitaría enormemente a los órganos autónomos, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al obligarles a entregar cualquier información que requieran las fuerzas armadas, sin control judicial.

“Esto supone un riesgo para millones de mexicanos y mexicanas cuyos datos son guardados por estas instituciones“.

En lugar de esta ley, remata, “México necesita un proceso que lleve al retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y a desarrollar fuerzas policiacas civiles con recursos suficientes”.

Exigen Aprobación de Ley de Desaparición Forzada

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó al Poder Legislativo federal a que en el próximo periodo de sesiones se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual se detuvo en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de abril.

En su discurso de apertura del foro “Sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza”, en Chilpancingo, Guerrero, el ombudsman nacional aseguró que la desaparición y la desaparición forzada sigue siendo una “realidad en el país”, porque no se ha hecho “lo suficiente para atenderlo, solucionarlo y prevenir que se repita.

“No podremos hablar de que en nuestro país logremos por completo el respeto y vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones, determinando el destino y ubicación de cada persona desaparecida, sancionando a los responsables de cada caso”, mencionó.

González Pérez criticó que al Estado Mexicano no ha atendido las demandas de la sociedad civil y las víctimas respecto a un marco legislativo que atienda de manera adecuada estos delitos.

Esto es, una ley que enmarque un tipo penal en el que se sancione las desapariciones cometidas por particulares, además de las desapariciones forzadas; que incorpore un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas con marcadores genéticos; y en el que se obligue a los ministerios públicos a contar con agencias especializadas en la materia, entre otras de las 102 propuestas que presentó la CNDH desde abril pasado.

“Esta Comisión Nacional enfatiza el compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas y reitera la importancia y urgencia de que el Estado Mexicano, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, genere condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y de la desaparición cometida por particulares“, concluyó.

Citan a Gerardo Ruíz Esparza y Graco Ramírez en el Congreso por socavón en Paso Exprés.

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El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para invitar al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a una reunión de trabajo en un plazo no mayor a 15 días naturales, para que informen sobre las investigaciones del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.

En la sesión de este martes, el pleno votó el punto de acuerdo para que ambos funcionarios se reúnan con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador Ernesto Cordero.

Asimismo, se aprobó solicitar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las auditorías ya practicadas a la obra referida, a cargo del Consorcio Construcciones Aldesem y Epccor Construcción.

Exhortó a que se incluyan los procedimientos sancionatorios ya iniciados, así como de la viabilidad de realizar una nueva auditoría en caso de detectarse nuevos elementos.

Por último, se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en un plazo no mayor a 15 días naturales remita un informe pormenorizado respecto del estado que guardan las investigaciones en torno a la muerte de dos personas en ese lugar el mes pasado.

#HojaDeRuta: ¿Segunda Vuelta Electoral es necesaria?

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Decir que la democracia se trata de mayorías es una obviedad, pero decir que un sistema político democrático se trata montar un entramado legal institucional para construir mayorías legítimas, nos acerca más al meollo del asunto. México tiene un serio problema en su forma de construir mayorías consecuencia directa de décadas de autoritarismo expresadas a través del que por mucho tiempo fuera el partido hegemónico y un férreo sistema presidencialista. Pasamos de las mayorías aplastantes pero falsas, propias de un sistema de simulación democrática, a la fragmentación pragmática.

Es cierto que el sistema ha venido cambiando: la oxigenación del legislativo a través de las reformas políticas; estados que comenzaron a vivir alternancia (aunque aún hay otros que tienen casi un siglo sin conocerla); la separación del ejecutivo de la instancia encargada de organizar y vigilar las elecciones; el cambio de sistema político en la capital del país; la existencia de organismos descentralizados como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, sobre todo, la alternancia a nivel presidencial y una mayor separación de poderes. Pero esa luna tiene un lado oscuro que inevitablemente parte de la incertidumbre respecto a la legalidad y, por ende, legitimidad de los procesos electorales. Aunado a esto, los ganadores de las últimas tres elecciones presidenciales han alcanzado un umbral de victoria de 38% en promedio, lo que en términos reales significa que únicamente cerca del 20% de los mexicanos acaban eligiendo a nuestra máxima autoridad.

En este contexto, por supuesto que tiene sentido discutir el establecimiento de la segunda vuelta, pero no por sí misma. Una segunda vuelta no solamente se trata de crear una mayoría más realista y, por ende, legitima. Se trata también de negociar apoyos que se vuelvan coaliciones, lo que en sistemas semi-presidenciales y parlamentarios implica compromisos programáticos e incluso el control de ciertas áreas del gabinete por otras fuerzas políticas. De ahí viene la idea de “formar” gobierno. En un escenario donde el PRI, aun debilitado, logra triunfos con poco más de 30%, la necesidad de cambio es evidente.

Un sistema que acepta mayorías débiles no da incentivos para coaliciones sólidas y hace casi imposible cambiar de gobernantes dentro de los periodos establecidos (que un presidente o un gobernador en México pierdan su puesto es más que difícil). Además este tipo de sistema inevitablemente favorece a la política del dinero y la movilización electoral clientelar sobre la de las ideas y el convencimiento.

Aunque es muy poco probable observar cambios del sistema político de alto calado antes de la elección de 2018, la realidad está marcando el paso a las fuerzas políticas exigiendo la formación de alianzas sustanciosas que no dependan de la coyuntura ni tengan como fin último la mera supervivencia.

Como país urge comenzar a perder el miedo a destruir gobiernos y armarlos de nuevo. Dice un viejo principio taoísta que la rama verde, aunque sea más suave y débil en apariencia, resiste más que la rama seca en apariencia fuerte, pero que se quebrará a la primera ventisca. Este sistema político endurecido, rígido y, sobre todo, drenado de legitimidad, quizá no vaya a romperse de buenas a primeras, pero de seguir por el mismo camino continuará secándose y haciéndose más débil, hasta que un día el viento no le perdonará

El secreto de Antúnez: Los beneficios de la impunidad

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El próximo 19 de marzo se cumplen 6 años del lamentable enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada en el cual murieron Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Hasta el día de hoy, y a pesar de la exigencia de la sociedad civil regiomontana y del ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, los hechos no han sido esclarecidos.

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública…

Fue el mismísimo actual Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien en ese entonces era comandante de la Séptima Zona Militar ubicada en el municipio de Escobedo, que redacto un informe con fecha de 5 de abril de 2010, con atención “a la superioridad” y con folio 08739.

En el documento al cual Mexicoleaks y el medio de comunicación Proceso tuvieron acceso, el General Antúnez comenta que en la noche del 19 de marzo de ese año, varios individuos en una camioneta tipo Yukón dispararon contra las fuerzas militares en las inmediaciones del Tec de Monterrey sobre la Av. Eugenio Garza Sada, adicionalmente a esto Antúnez escribió, “Descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”.

En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos.

Aunque desde el 20 de marzo del 2010 se había informado que las dos personas abatidas durante el enfrentamiento eran estudiantes del la institución educativa y no miembros del crimen organizado, e incluso el presidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa enviaron condolencias a las familias de los dos jóvenes a través de un comunicado, el General Antúnez siguió defendiendo la versión de que los dos estudiantes de excelencia habían agredido a los militares.

A 10 días del enfrentamiento el ombudsman nacional, Raúl Pascencia Villanueva, abrió la queja CNDH/2/2010/1508/Q por la muerte de los dos jóvenes estudiantes. En agosto del 2010, el ombudsman concluyó la indagación del caso y arrojó como conclusión que el ejercitó había disparado en contra de los estudiantes y que la escena del crimen había sido manipulada, ya que se le sembraron armas a los cuerpos. Adicional a esto, el ombudsman solicitó que se limpiara el nombre de Javier y Jorge puesto que no eran miembros de la delincuencia organizada como lo había manejado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Estamos a 6 años de aquel día en el mes de marzo del 2010. A pesar del informe equivocado del General Antúnez, de la reclamación de organizaciones civiles y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia al gobierno federal, Jaime Rodríguez “el Bronco”, decidió designar a Antúnez Pérez como Secretario de Seguridad Pública. Tal parece como si fuera un regalo tras tal irresponsabilidad del militar, esos son los beneficios de la impunidad.

#TodosSomosJorgeyJavier

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

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