Exige la CIDH investigación independiente en intento espionaje al GIEI

El tema del espionaje por parte del gobierno federal sigue en punta de lanza, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano una investigación independiente sobre los presuntos espionajes realizados en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa, el cual intenta ubicar responsables.

José Eguiguren, presidente de la CIDH, declaró que: “debe haber una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad, que establezca las responsabilidades tanto materiales como intelectuales del espionaje”.

El Citizen Lab de la Universidad de Toronto, confirmó que en marzo del 2016 uno de los miembros del GIEI fue víctima del programa de espionaje Pegasus, donde se realizaron llamadas con el fin de infectar su móvil y así extraer información. Cabe resaltar que, durante estas fechas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estaba preparando su informe final sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El programa de espionaje Pegasus, es un software creado por el grupo israelí NSO, con el fin de persecución de criminales y terroristas, el cual este software se vende únicamente a gobiernos con el fin antes mencionado.

Gobierno Federal ha intentado volcar la realidad sobre el uso del programa Pegasus.

Expertos del caso Ayotzinapa acusan que fueron victimas del software Pegasus.

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podrían haber sido víctimas de los ataques de mensajes espías, presuntamente emitidos del software espía Pegasus, que el gobierno mexicano compró.

El GIEI explicó ante la comisión que mientras investigaron la desaparición y ataque de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, recibieron mensajes semejantes a los denunciados por periodistas, activistas e incluso políticos del PAN para ser espiados.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) informó que al menos tres dependencias del gobierno federal cuentan con el software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México y titular del Mecanismo de Seguimiento del GIEI cuestionó al Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Roberto Campa, sobre la ilegalidad de los intentos de espionaje. Detalló que ha entregado al Estado Mexicano un segundo cuestionario para dar seguimiento a temas puntuales.

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) Ricardo Sánchez Pérez, explicó ante la CIDH que el organismo a su cargo invitó a un grupo de expertos al Instituto Politécnico Nacional para ayudaran en la identificación de este tipo de software y que equipo se utiliza para este tipo de intervenciones.

Y recordó que se pidió a las personas que han denunciado la intervención ilegal de sus conversaciones que entreguen sus equipos de cómputo y autoricen el acceso a sus sábanas de llamadas.

 

Más respeto para los criminales

Cuando el video de la tortura de Elvira Santibañez Margarito se hizo público, muchos criticaron que se castigara a los culpables. Sí, Santibañez era miembro del crímen organizado, pero esto no justifica lo que le hicieron. El rol de la policía y de los militares no es el de saciar la sed de venganza de la sociedad, sino procesar y castigar a los culpables con apego a la ley.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes. Cuando esto sucede (porque se da seguido en este país), entonces esas mismas voces que aplauden la tortura de esta mujer, protestan ante la tortura de los detenidos inocentes.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes.

Este problema no es endémico, hace poco más de un año la CIA se vio envuelta en un escándalo cuando se publicó que se recurría a éstas prácticas. Muchos pensarán que la tortura es necesaria, que es la única forma en la que se puede sacar información a los detenidos, pero la realidad es que la mayoría de la gente tiene una noción equivocada de lo que se logra a través de la tortura.

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos. De hecho, hasta se menciona que uno de los torturados “confesó” sobre una acción de reclutamiento terrorista, que al final de cuentas resultó ser falsa. [1]

No es nada difícil imaginar que las confesiones que son extraídas bajo tortura sean falsas, ¡y es que uno diría cualquier cosa! Recordemos que hace unos siglos muchas mujeres fueron obligadas de esta manera a confesar que eran brujas… ¡Confesaron algo físicamente imposible con tal de no ser torturadas! Entonces, por ejemplo, cuando el GIEI dice que hubo tortura de testigos en el caso Ayotzinapa, ¿cuál es la credibilidad de estas declaraciones?

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos.

La tortura y las matanzas extrajudiciales perpetradas por las autoridades les restan legitimidad y credibilidad y afectan la imagen de nuestro país a nivel internacional. Pero, ¿cuáles son los métodos alternos? Jack Cloonan, ex-agente del FBI, argumenta que la mejor forma de lograr que un detenido coopere es ofrecerle una alternativa; hacer que acepte que no puede volver a su vida anterior, pero que al ayudarle a las autoridades podría, por lo menos, llegar a un compromiso. [2]

Nuestras autoridades deben de seguir las reglas hasta cuando se trata de asesinos. El imitar las tácticas inservibles de otros criminales (un ojo por ojo), no logra más que una sensación de desquite temporal. La tortura no funciona, está comprobado y ellos deben estar entrenados para seguir las tácticas más efectivas y no brincarse los procesos legales. Porque, nunca sabes… si te llegas a ver en un malentendido ¿qué garantiza que no se los vayan a brincar contigo?

[1] LastWeekTonight, Last Week Tonight With John Oliver: Torture (HBO), YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=zmeF2rzsZSU.

[2] Ibid.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Caso Ayotzinapa: El desinterés en su máxima expresión

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) surge a través de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de las víctimas con el propósito de brindar asistencia técnica para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Su trabajo comenzó desde marzo de 2015 y por decisión del gobierno mexicano de no renovar por segunda vez, concluyó este fin de semana.

En el mes de diciembre del año pasado cuando el gobierno mexicano decidió renovar el mandato del GIEI, éste presentó nuevas líneas de investigación a la Procuraduría General de la República. El GIEI afirmó en su informe “Informe Ayotzinapa II : Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas” que efectivamente se tuvieron avances en el mes de diciembre, pero todo esto cambio drásticamente en enero, [1] el gobierno optó constantemente por obstaculizar el trabajo del grupo, con ello limitando la investigación, además de no contar con la independencia ni información necesaria y primordial para poder llevar a cabo su investigación.[2]

En la conferencia del domingo pasado el GIEI sentenció dilación y demora intencional por parte del Estado al no haber realizado las pruebas solicitadas, además de la obstrucción para acceder a la información, así como a las declaraciones realizadas, incluyendo también que existieron pruebas con las cuales contaba la PGR y no les permitieron acceso.

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos.

El segundo informe contempla la posible manipulación de evidencia por parte de la PGR, se dio a conocer un video en donde el directo de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón se ve recolectando información un día después de los hechos y ésta no estaba incluida en el expediente, así como el incumplimiento por parte del gobierno a las líneas de investigación propuestas en el informe pasado, y por último manifestaron que en el basurero de Cocula no había sido posible llevar acabo el acto atroz de quemar a los estudiantes. El GIEI concluyó que en el sistema mexicano existía una formalidad y burocracia que entorpece a las investigaciones, se consideró que existe una deficiencia para el análisis de pruebas, además de encontrar una ausencia por parte de las autoridades al análisis del contexto de los hechos. [3]

Ayer leí la columna de Jorge Fernández Menéndez titulada “GIEI: al diablo con la realidad” en donde decidió tajantemente desacreditar el trabajo realizado por el grupo, alegó que, su informe es de “pena ajena, algo indigno de llamarse producto de grupos expertos”. Para él el informe sólo sembró desconfianza, se basó en meras hipótesis, en esta misma línea argumentativa se sumó Carlos Marín defendiendo la verdad histórica de Murillo Karam llamándola: “precisa y concisa”.

Yo quisiera saber cómo se le puede exigir un informe completo a un grupo que no dejaron trabajar, que desacreditaron con constantes mensajes en los medios de comunicación, cuando todo indica a que el gobierno sólo esperaba de ellos una absurda aprobación de su parte de su tan querida verdad histórica.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala…

México en el año 2014 no garantizó el derecho a la vida, garantía y protección judicial a las víctimas, México 19 meses después no ha garantizado el derecho a la verdad de los familiares, el derecho a saber dónde están sus hijos. El Estado no entiende que realizar más cambios legislativos no significa garantizar los derechos humanos, sino que deben de existir una serie de mecanismos efectivos y eficientes los cuales permitan acceder a la justicia.

En nuestro país existe una brecha enorme entre la ley y su verdadera aplicación, el tener un marco legal protector de derechos humanos no significa garantizarlos, era crucial que el gobierno trabajara de la mano con el GIEI para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, porque 19 meses después los familiares y el país entero queremos y exigimos saber la verdad histórica, y no una débil, contradictoria y parcial verdad histórica.

México tiene un claro desinterés por el caso Ayotzinapa, tanto así que nadie del gobierno se presentó a la conferencia ofrecida por el GIEI. Al Presidente Enrique Peña Nieto sólo le alcanzó para escribir un tweet agradeciendo al GIEI por su informe.

[1] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág. 161, 2016. Disponible en: https://drive.google.com/a/udem.edu/file/d/0B3wuz7S3S9urNFFlZUNMSldQUlk/view
[2] Id.
[3] Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, pág.

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“Intimidades Públicas”: La “verdad” histórica de los 43

“Hay para quienes la única verdad resultó ser mentira.”– Esolam

Hace más de un año, sucedieron los hechos lamentables de la noche de Iguala con la que empezaría un capítulo en la historia política y social de nuestro país que para muchos aún no concluye.

Conocer el verdadero paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa —los cuales para muchos aún se encuentran con vida— se convirtió en el principal reclamo de un sector de la población que sin conocer a fondo la situación, buscaba cualquier línea de investigación distinta a la estipulada por el gobierno.

Este problema escalo rápidamente la esfera local, y dada la gravedad de la situación, impactó al Gobierno Federal de una forma en la que nunca se recuperaría: se convirtió en uno de los principales aspectos por los que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha sido fuertemente criticado.

Las críticas al gobierno se acentuaron cuando las investigaciones de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), difirieron de lo que meses antes el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, denominó como la verdad histórica.

Las críticas al gobierno se acentuaron cuando las investigaciones de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), difirieron de lo que meses antes el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, denominó como la verdad histórica: los normalistas no habían sido calcinados.

A decir verdad, el estudio por parte de GIEI arrojó distintas líneas de investigación, las cuales aún no han sido comprobadas. Pero independientemente de lo anterior, propiciaron un golpe devastador a la credibilidad de las instituciones del gobierno mexicano.

Aún no se sabe que fue lo que realmente sucedió durante esa trágica noche. Lo único que se sabe son los dos estudios —el de la PGR y el del GIEI— que contemplan conclusiones diferentes ante este mismo hecho.

Hoy es fecha que aún no se sabe que fue lo que realmente sucedió durante esa trágica noche. Lo único que se sabe son los dos estudios —el de la PGR y el del GIEI— que contemplan conclusiones diferentes ante este mismo hecho.

Lo lamentable es que cualquier grupo de personas o institución ajena al gobierno puede dejar en entredicho lo que este último expone. Esto no sólo refleja la débil percepción que existe hacia las instituciones gubernamentales de nuestro país, sino también la falta de credibilidad que tenemos hacia cualquier asunto que este mínimamente involucrado con lo público.

¿Y qué si la verdad histórica de la PGR resulta ser cierta? ¿Cambiará la percepción que tenemos hacia las instituciones gubernamentales de nuestro país?

Habrá que preguntarnos: ¿y qué si la verdad histórica de la PGR resulta ser cierta? ¿Cambiará la percepción que tenemos hacia las instituciones gubernamentales de nuestro país? Sinceramente creo que no.

Desafortunadamente, en México se ocupa mucho más que una serie de verdades para que dejemos de creer que son mentiras.

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