Niegan amparo a Trauwitz para evitar ser detenido por FGR

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Ante el urgente arresto por una investigación en su contra por robo de huachicol, el general Eduardo León Trauwitz, tramitó un amparo para evitar ser detenido por autoridades federales. 

El amparo fue presentado en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Toluca. De acuerdo al expediente 629/2019, el general presentó el recurso después de que las autoridades federales lo buscaran en su domicilio en el Estado de México, el 17 de mayo.

El recurso fue recibido por el juez Eutemio Ordóñez Gutiérrez, sin embargo al ser analizado, se declaró incompetente para resolver la petición. Gracias a esto, requirió que sea enviado a un juzgado con residencia en Naucalpan, Estado de México, para que el recurso sea analizado, concedido o negado.

“Resulta inconcluso que si, como refiere el quejoso en su escrito inicial de demanda en el apartado de los antecedentes del acto reclamado se presentaron en su domicilio particular a ejecutar dicha orden de captura, el cual, bajo protesta de decir verdad en el escrito aclaratorio de cuenta refuere que es el ubicado en calle… en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de garantías, se surte a favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez”, expuso el juez.

Trauwitz es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), por el robo de huachicol durante el tiempo que fue Subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petroleos Mexicanos (PEMEX). La investigación incluye a 20 personas, en las que se encuentran mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Aumenta el costo del aeropuerto de Santa Lucía… ¡No consideraron cerro!

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El gobierno de México tendrá que desembolsar más de 8 mil millones de pesos a los 70 mil millones originalmente presupuestados para la construcción del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, esto en consecuencia de que en el Plan Maestro presentado por el ingeniero y asesor José María Riobóo no se considero un cerro cercano que intervendría con la construcción de una de las pistas de la terminal.

De acuerdo con el semanario Proceso, un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), titulado “Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional, del Proyecto ‘Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar No.1′” confirma una serie de gastos no previstos en el proyecto original, entre los que se encuentra la presencia del Cerro de Paula, con una altura máxima de 2 mil 626 metros sobre el nivel del mar, y que se ubica a 10 kilómetros del terreno asignado para la construcción de la Pista 3.

Por lo tanto, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador deberá destinar 3 mil 30 millones de peso para la compra de los terrenos ubicados en el cerro. Además, por la poca distancia de separación entre el obstáculo natural y la Pista 3, esta será de uso exclusivo de los militares, a fin de evitar cualquier afectación a la operación de vuelos comerciales.

Otros 6 mil 275 millones de pesos extra serán erogados durante 2019 y 2020 por diversos conceptos, entre los que se incluye la pista colindante con el Cerro de Paula. A esos montos se suman otros 885 millones de pesos para los “Estudios de reinversión”.

Este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó 15 mil millones de pesos, sin embargo la serie de adecuaciones realizadas por la presencia del Cerro de Paula, requiere elevar a 23 mil 415 millones de pesos los recursos necesarios para este año.

El Plan Maestro elaborado por Grupo Riobóo no tomaba en cuenta ninguno de los gastos extraordinarios y consideraba que con los 70 mil 342 millones de pesos, originalmente presupuestados, se podían construir: el Edificio Central, la Torre de Control, los Hangares de Mantenimiento y la remodelación de las pistas 1 y 2.

 

Será Luis Rodríguez Bucio el comandante de la Guardia Nacional

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El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al coordinador de la Guardia Nacional, el general de brigada del Estado Mayor en trámite de retiro, Luis Rodríguez Bucio.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección, Alfonso Durazo, también anunció a los ademas coordinadores de la Guardia integrado por: Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez, de la Sedena; Gabriel García Chávez, de la Semar; Patricia Trujillo Mariel, de la Policía Federal.

Durazo detalló que Rodríguez Bucio y Núñez Márquez tienen en trámite su retiro de las Fuerzas Armadas, el rimero lo concluirá en agosto y el segundo en julio.

López Obrador dijo se escogieron militares en retiro debido a que se escucharon las peticiones de las organizaciones civiles.

Distribuidoras ‘vetadas’ piden audiencia con AMLO

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Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ‘vetó’ a tres distribuidoras de medicamentos “consentidas” en el sexenio pasado, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) solicitó una audiencia con el Presidente para reiterar su compromiso de apertura y transparencia.

El organismo aseguró que dos de las empresas vetadas por el Mandatario federal, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA) y Farmacéuticos Maypo, forman parte de la asociación y cumplen con los estándares de Ética y Transparencia.

“Han manifestado su compromiso de apertura para responder cuestionamientos y compartir cualquier información que la autoridad les señale”, dijo la ANDIS.

La Asociación detalló que ambas empresas han participado en los diversos procesos de licitación de compras consolidadas, cuyo mecanismo es evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría de la Función Pública (SFP), los Organos Internos de Control de todas las dependencias y Testigos Sociales.

Señaló que la distribución de medicamentos no representa ningún gasto para las instituciones.

“El precio de compra de los medicamentos ya incluye el costo de la distribución para los dos mil puntos de entrega”, reportó el organismo a través de un desplegado.

Indicó que los miembros de la ANDIS representan a más de 200 laboratorios nacionales y extranjeros, que abastecen a las instituciones y entidades de salud que participan en la compra consolidada.

En 2018, distribuyeron casi mil 300 millones de piezas de productos, con un nivel de entrega promedio de 98 por ciento en dos mil puntos de entrega.

Abastecen medicamentos en almacenes, hospitales y farmacias del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y otros centros hospitalarios de Sedena, Semar y Pemex.

Por otra parte, el Organo Interno de Control de la Secretaría de Salud investiga a las distribuidoras “consentidas” del Gobierno de Enrique Peña Nieto para la venta de fármacos en el sector salud.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, a la fecha, la Ssa no ha detectado ninguna irregularidad.

Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicinas y Equipo Médico concentraron el 58.3 por ciento del gasto que corresponde a la compra de medicamentos en el IMSS e ISSSTE durante el sexenio pasado, lo que equivale a 176 mil 583 millones de pesos, así como 42 por ciento del gasto de las ventas de medicina a los estados, es decir, otros 3 mil 134 millones de pesos.

Peña Nieto no ha solicitado seguridad, informa AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su antecesor Enrique Peña Nieto no ha solicitado escoltas.

La revelación de López Obrador se da, después de que diversos sectores de la sociedad se han manifestado en contra de la seguridad que se asignó a los expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón.

“La protección es para el caso de los expresidente Calderón y Fox. No ha solicitado protección el expresidente Peña… ni ningún otro expresidente”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño detalló que se les asignaron ocho elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) que se le asignaron a Fox y Calderón.

Además, aseguró que la protección asignada es equivalente a alrededor del 10% de los privilegios que antes se le otorgaban.

Terrenos de Sedena en Santa Fe no serán un desarrollo inmobiliario

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El presidente Andrés Manuel López anunció que ya no se construirá un proyecto inmobiliario en el Campo Militar 1-F, el cual se encuentra en el distrito moderno de Santa Fe. En lugar del mencionado desarrollo, se hará una cuarta sección del Bosque de Chapultepec e instalado mes de la Guardia Nacional.

“Va a ser un parque, un espacio. La cuarta sección del Bosque de Chapultepec y va a quedar a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Sólo se va a construir muy pocas viviendas, unidades habitacionales para la Secretaría de la Defensa”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario apuntó que el espacio ya no será un desarrollo inmobiliario, sino que se le dará privilegio al medio ambiente.

Presenta ONG contrapropuesta de Guardia Nacional

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El colectivo Seguridad sin Guerra entregó al Senado su contrapropuesta para la Guardia Nacional, la cual contempla no otorgar a sus integrantes fuero militar y que su capacitación sea absolutamente civil.

La agrupación, que afirma tener el respaldo de 300 organizaciones civiles, busca quitar toda influencia militar de la minuta aprobada por diputados, la cual se discute en la Cámara alta.

Plantea que la convocatoria vaya dirigida a policías federales, sociedad en general y militares en retiro, no en activo.

“La Guardia Nacional es una institución policial de carácter y dirección civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana“, indica la propuesta.

Piden que no exista un mando mixto- entre Defensa Nacional, Marina y SSPC– sino sólo a cargo de la Secretaría de Seguridad.

Además que, a partir de la entrada en vigor de la Guardia, el Gobierno tendrá 180 días para presentar un programa calendarizado para la desmilitarización paulatina.

“Con plazos escalonados definidos a partir de un diagnóstico construido con evidencia e indicadores verificables construidos por instituciones imparciales e independientes“, indica el documento entregado.

También demandan que el Gobierno tenga máximo un año para anunciar un plan “de desarrollo penitenciario efectivo y análogo”, que garantice una carrera profesional de custodios y mejoramiento de prestaciones y protección mínima de seguridad.

Además de exigir un reporte trimestral -no anual como quedó aprobado- sobre las acciones de la Guardia.

También quieren crear una comisión, conformada por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que, junto con las autoridades, elabore un informe semestral sobre su actuación.

Las organizaciones demandan que las leyes secundarias en las que se detalle la actuación de la Guardia sean aprobadas por las dos terceras partes de las Cámaras, y no por mayoría calificada como cualquier otra legislación.

Acompañado por representantes de organizaciones y senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, en conferencia, el senador sin partido Emilio Álvarez, confió en que la disposición de analizar la minuta a través de un Parlamento Abierto permita aceptar las propuestas ciudadanas.

“La discusión pública ha estado marcada por la simulación y la distorsión entre lo que está en la minuta y el discurso público”, advirtió María Elena Morera, de Causa en Común.

“El mando militar, la capacitación y mando operativo a cargo de la Sedena, así como la intención de un artículo transitorio que permita que las Fuerzas Armadas hacer labores de seguridad pública, como lo hacen y por tiempo indefinido, son algunos de los elementos más peligrosos de lo que se podría aprobar en los próximos días”.

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz

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Una juez federal rechazó levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauwitz, quien es investigado por la Fiscalía General de la República por el presunto delito de robo de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex).

MILENIO publicó que las cuentas de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron congeladas por su probable participación en la red que desde el interior de Pemex permitía la operación de bandas de huachicoleros.

Asimismo, por distintos actos ilegales, incluidos la “siembra” de válvulas falsas para ordeña de combustible, además de no reportar al Ministerio Público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.

El mando de alto rango de la Sedena, quien hasta hace unos días se encontraba de agregado militar en Panamá, y se le pidió regresar como parte de la pesquisa que hay en curso por el robo de hidrocarburo de la paraestatal, tramitó un amparo para que sus cuentas bancarias no permanezcan congeladas.

La juez Alma Delia Aguilar Chávez admitió a trámite la demanda de garantías, pero se negó a concederle la suspensión provisional al general, quien buscaba tener el manejo de sus recursos económicos.

Trawuitz pidió la protección de la justicia contra la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, precepto que ha provocado la sorpresa de la Fiscalía General de la República por los criterios adoptados por jueces federales y por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Y es que dicho artículo ha sido impugnado por una infinidad de personas, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congelaba de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que se presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, sin existir previa orden judicial.

La juez tampoco concedió la suspensión ante dicho acto reclamado.

Alma Delia Aguilar fijó para el próximo 13 de febrero la celebración de la audiencia incidental, donde determinará si otorga o no la suspensión definitiva al quejoso.

En enero pasado, el general Eduardo León promovió otro amparo contra cualquier orden de aprehensión librada en su contra, pero la FGR señaló al juzgado que por el momento no ha solicitado su captura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que hay pruebas de que militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex “tenían información sobre el robo y no actuaban”.

La pesquisa de la FGR, como dio a conocer MILENIO también involucra a otros militares, porque de acuerdo con una denuncia presentada por trabajadores de Pemex ante la FGR, otros seis soldados fueron denunciados y forman parte de las indagatorias.

Se trata de Ramón Márquez Ledesma, sargento segundo y coordinador de la subgerencia de Salvaguardia Estratégica en Tampico; Arturo Villa Adame, teniente de infantería y jefe del Departamento de Seguridad Física de Tampico; Francisco Casas Sánchez, comandante y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Marcelino Mesinas García, teniente de infantería y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Oziel Aldana Portugal, teniente de caballería y jefe de departamento de Pemex para Administración de Bienes Materiales, Cuerpo de Seguridad, Vigilancia y Supervisión en Ciudad de México, e Isaac García Pulido, sargento segundo y jefe de Departamento de Pemex en Camargo, Chihuahua, para funciones de vigilancia.

Tales funcionarios presuntamente ordenaban a trabajadores que dejaran sin inhabilitar tomas clandestinas descubiertas, que no hicieran ningún reporte por escrito y otras acciones, además de que si no obedecían, los hacían parecer ante otras autoridades como delincuentes.

Otro año, otro desembolso para el Avión Presidencial

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En 2019, el Gobierno federal desembolsará 416.9 millones de pesos por concepto de arrendamiento financiero del avión presidencial, que desde diciembre está “almacenado” en un hangar en los Estados Unidos, pues el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hacer uso de él.

Así lo refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibirá los recursos para continuar con el proyecto de inversión 12071320003 iniciado en 2012, que permitió la compra del Boeing Dreamliner 787-8.

La Sedena tiene la obligación contractual de seguir pagando con recursos del erario las mensualidades del arrendamiento financiero a 15 años pactado con Banobras, que fue la institución que aportó los 3 mil 156 millones de pesos que cobró la empresa Boeing por la manufactura del avión y equipos auxiliares.

El avión pasaría a propiedad de la Sedena una vez que ejerza la opción de compra, que se activa al final del arrendamiento en 2027.

El avión y los equipos por sí solos costaron 3 mil 156 millones de pesos, a los que se deben sumar 2 mil 761 millones por el costo financiero del arrendamiento, según las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda.

La anualidad de 416.9 millones en 2019 es menor en 7.6 por ciento a las de años anteriores, que fueron de 451.5 millones.

El contrato podría vencer anticipadamente si en algún momento Sedena incumple el pago de las mensualidades, lo que obligaría a la dependencia a liquidar a Banobras todo el saldo pendiente de capital e intereses (unos 3 mil 590 millones de pesos) en una sola exhibición.

Adicionalmente, la Sedena también tendrá este año 281.9 millones de pesos para otro arrendamiento firmado en 2015 con Banobras hasta por 2 mil 497 millones de pesos más intereses y comisiones, que sirvió para comprar dos aviones Boeing 737-800 para el Escuadrón Aéreo 502.

Arma gobierno decreto exprés para las nuevas pipas

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El Gobierno creó una nueva modalidad de autotransporte federal que estará vigente durante un año para facilitar la operación de la flota de 671 pipas que auxiliarán en el reparto de combustibles en todo el País.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, publicó hoy un Acuerdo para establecer una modalidad “para la operación y explotación del servicio de autotransporte federal de carga especializada de hidrocarburos“.

En el Acuerdo solo se autoriza a Pemex y sus empresas subsidiarias o filiales, “en coordinación” con la Sedena, que está contratando a los 2 mil choferes para las pipas.

Aunque el documento refiere varias normas y reglamentos de autotransporte aplicables a esta nueva modalidad, no menciona el Permiso para Transporte de Petrolíferos por Autotanque, que expide la Comisión Reguladora de Energía mediante procedimiento administrativo que puede tomar más de tres meses.

Jiménez Espriú justificó la medida por seguridad nacional y por la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar el abasto, en el contexto del combate al huachicoleo.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte solo reconoce tres modalidades de autotransporte federal: turismo, pasajeros y carga, prestados por permisionarios

El artículo 12 de la misma ley faculta a la SCT para crear, por vía administrativa, “las modalidades en la explotación de caminos y puentes y en la prestación de los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, sólo por el tiempo que resulte estrictamente necesario”.

La semana pasada, el Gobierno anunció la compra de 671 autotanques por 92 millones de dólares, negociada en Estados Unidos por una comisión de Secretarios de Estado, aunque el dinero salió de PMI Norteamérica, filial de Pemex que comercializa exportaciones de crudo.

Según el Acuerdo, la responsabilidad y los costos de emplacar y mantener las pipas en óptimas condiciones estarán en manos de Pemex, que en agosto de 2018 trató de librarse de este tipo de gastos mediante una licitación para arrendar 322 autotanques, que fue cancelada.

El Acuerdo especifica que los vehículos tendrán capacidad máxima de 43 mil litros y deberán contar con dos pólizas de seguro: una con cobertura hasta por 1.6 millones de pesos por responsabilidad civil y daños a terceros, y otra hasta por 900 mil pesos por daño ambiental.

También se permitirá que las unidades usen llantas unitarias de base ancha, en vez de la configuración de llantas duales, y se requerirá que los choferes cuenten con licencia federal tipo E para transporte de materiales peligrosos.

Luego de la reforma energética de 2014, las gasolineras pueden contratar su abasto libremente, y en la práctica se surten de tres maneras: con mil 463 pipas de Pemex controladas por el sindicato petrolero, con fleteros privados y, en algunos casos, por autoabastecimiento.

Las 671 nuevas pipas parecen tener la misión más amplia de sustituir parcialmente los ductos que llevan combustible hacia las 76 Terminales de Almacenamiento de Pemex, que es de donde se surten las gasolineras.

Ayer, Monserrat Ramiro renunció a su cargo como comisionada ante el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía, lo que dejó al organismo sin quórum para sesionar y aprobar permisos, como el de las pipas.