México también se separa a niños migrantes de sus padres: Unicef

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Las autoridades migratorias de México separan de sus familias a niños migrantes mayores de 12 años provenientes de Centroamérica, lo que causa un “estrés tóxico” en los menores, afirmó la jefa de Protección a la Infancia de Unicef México, Dora Giusti.

En su informe “Desarraigados en Centroamérica y México”, que aborda los flujos migratorios entre América Central y América del Norte, Unicef señala que no solo Estados Unidos separa a familias migrantes, sino también lo hace México, país en que se establecen muchos migrantes ante las dificultades de alcanzar la frontera norte.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las autoridades mexicanas suelen detener y llevar a los niños de 12 años a una zona separada de sus familias, mientras que se permite a las madres quedarse con los niños más pequeños.

Ante esto, Giusti pidió acelerar la reunificación de familias, tanto en México como en Estados Unidos, y advirtió que “el impacto que tiene la separación y la detención genera un estrés tóxico que puede generar repercusiones de por vida, como trastornos psicológicos”.

El informe, divulgado este miércoles, indica queal menos 286 mil 290 migrantes que viajaban a Estados Unidos fueron interceptados en la frontera norte de México entre octubre de 2017 y junio de 2018. De ellos, 37 mil 450 eran menores de edad que emprendieron la travesía en solitario.

Los que viajan solos suelen ser víctimas de “explotación por parte de bandas criminales y violencia sexual en el caso de las chicas“, así como discriminación y rechazo en las comunidades por donde pasan, indicó Giusti.

Además, Unicef calcula que, entre 2016 y 2017, casi 60 mil menores de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron retenidos en estaciones migratorias, en lugar de ser hospedados en albergues como marca la ley.

Dora Giusti explicó que se han detectado casos de menores que pasan hasta tres meses detenidos, lo que les genera “una desesperación muy fuerte” y muchos de ellos prefieren ser retornados a sus países e intentar la travesía de nuevo antes que seguir encerrados y solicitar refugio.

Añadió que la fiscalía especializada en protección de niños debería realizar “un análisis en detalle de los derechos” de cada menor, pero ello “no ocurre en el 100 % de los casos y muchos chicos son retornados rápidamente en tres días”.

Solo 167 solicitudes de asilo y refugio fueron aprobadas en México en 2017, año en que se detectaron 18 mil menores, por lo que el resto fueron sometidos a procesos de deportación.

En los casos de niños de Guatemala, son retornados en camión y ubicados en un albergue en la frontera, desde donde se contactan las familias.

El proceso con los hondureños y salvadoreños se tarda más, puesto que las deportaciones se hacen en avión y deben ser costeadas por las autoridades del estado mexicano donde se detuvo al menor, y no siempre tienen el presupuesto para hacerlo.

La jefa de Protección a la Infancia de Unicef México indicó que aunque la inmensa mayoría de menores huyen de la violencia y buscan reencontrarse con familiares afincados en Estados Unidos, están “dispuestos a quedarse en México si se le ofrece un proyecto de vida”, como trabajo o formación profesional.

Unicef insta a México a poner fin a la práctica de detención de niños por su condición de migrantes, así como a protegerlos de la violencia, mantener sus familias unidas y abordar las causas estructurales que les obligan a huir de sus países de origen, como la falta de desarrollo económico y la violencia en Centroamérica.

Giusti explicó que estas demandas ya han sido trasladadas al equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia el 1 de diciembre.

#Kleroterion: “Es momento de hablar de la pena de muerte…”

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Tomó mucho más tiempo encontrar el cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth Polina de 8 años de edad, que enterarnos sobre los antecedentes delictivos de su asesino, Juan Fernando R. que, por cierto, era buscado desde 2014, pero tras la indignación social que ocasionó dicho crimen, fue capturado en pocas horas.

Este delincuente y ex-policía estatal, a lo largo de su vida ya había sido procesado en tres ocasiones, una por lesiones y otras dos por abuso sexual de dos menores más, incluso había cumplido una sentencia en prisión, una pena privativa de la libertad que de nada sirvió, pues lo volvió a hacer y ahora además, incluyó el homicidio doloso en su lista de crímenes.

El caso de Ana es y seguirá siendo la punta del iceberg, pero cuántas familias lloran a sus muertos arrebatados por personas sin alma y sin escrúpulos, sobre todo por asesinos que nunca tendrán una readaptación social y que se insiste en seguir invirtiendo en ellos sin tener resultado alguno. En algunas ocasiones se encuentran a los delincuentes, pero en la mayoría  de los casos siguen libres y por supuesto cometiendo delitos cada vez más atroces.

Siguiendo este tipo de delitos, en el caso de feminicidios, existen más de 23 mil asesinadas en lo que va de la década, por lo que coloca a México con una tasa de las más altas de América Latina y lo dejan por debajo de los dos países más peligrosos del mundo, Honduras y el Salvador, de acuerdo al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, en su último informe sobre violencia de género dice que las mujeres son privadas de su vida con mayor saña y violencia.

Ahora bien, cuando los hechos de violencia escalan de esta manera, el primer instinto que se tiene como ciudadano es culpar a las Fuerzas Armadas, al sistema político, a la policía y al gobierno, exigiendo mejores resultados, sin embargo, cuando el delincuente es detenido, juzgado y sentenciado, para la mayoría de los ciudadanos esto no es suficiente. Esto no quita el sufrimiento de las personas por encontrar a sus familiares asesinados de maneras inhumanas y darse cuenta que el culpable nunca se readaptará en esta sociedad y que cada día se vuelva más peligroso.

Es por esto, que cuando una niña de 8 años es secuestrada, abusada y asesinada, o como el caso de  Fátima Quintana del Estado de México, que con tan solo 12 años, fue violada, apuñalada, cercenada y fracturada, se hace necesario replantear estos temas que están latentes y lastiman cada vez más a nuestra sociedad a nivel nacional, me refiero a las penas corporales, específicamente a la pena de muerte.

Dentro de esta sociedad tan lastimada se han manejado conceptos como pena de muerte, castración química, cadena perpetua, por ejemplo, en los días previos al hallazgo del cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth, los comentarios no sólo son realizados por los familiares de la víctima o la turba enardecida de las redes sociales, sino también están siendo debatidos por activistas sociales y académicos, por lo que no podemos abstraernos de esta situación.

Tengo muy claro que nuestra Constitución no nos permite aplicar la pena de muerte, especificado en el artículo 22 y que a la letra dice: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Pero me parece necesario replantearnos las siguientes preguntas, ¿será momento de modificar este artículo?, ¿será momento de proponer excepciones?, ¿será momento de ser más estrictos y duros con las penas para estos casos?; es evidente que hay individuos como Juan Fernando, que tienen pocas o nulas posibilidades de reinsertarse.

También estoy totalmente seguro que tenemos un sistema de justicia garantista, en el que se toman en cuenta los derechos humanos, así como un riguroso proceso para asegurar que la persona que está vinculada cuente con un trato justo y profesional, se realiza así para tener la certeza de la culpabilidad del individuo sobre una conducta delictiva antes de imponer una sentencia, pero también me queda claro que el sistema penal actúa conforme a lo que tiene en su marco jurídico.

Concluyo con otra pregunta, el Estado Mexicano en su conjunto y los ciudadanos a través de sus impuestos, ¿debemos estar manteniendo artificialmente a individuos que no tienen ninguna posibilidad de ser reinsertados en sociedad?.

Me parece que ha llegado el momento de ponerlo sobre la mesa, iniciemos este debate de manera razonada y real, pero sobre todo con la premisa de que “una sociedad no puede vivir sin justicia y con impotencia”.

 

21 niños mexicanos han sido separados de sus familias: Videgaray

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El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, informó que la red consular de México en Estados Unidos reportó que 21 niños migrantes mexicanos han sido separados de sus familias de abril a la fecha y que sólo siete de estos menores permanecen en albergues temporales.

En conferencia de prensa desde las oficinas de la dependencia, el canciller detalló que esta cifra es similar a los 25 casos de niños mexicanos dados a conocer por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos la semana pasada.

“Quiero compartirles que de los mil 995 casos que han sido informados por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos de niños que han sido separados de sus padres con motivo de la aplicación de la política de tolerancia cero desde el mes de abril, menos de 25 casos, es decir menos de 1%, son niños de origen mexicano“, destacó.

Reiteró que del grupo de menores mexicanos, actualmente sólo siete permanecen en albergues y que el resto ya fueron repatriados o entregados a familiares residentes en Estados Unidos; sin embargo, advirtió que esta cifra podría cambiar constantemente pues las detenciones de migrantes mexicanos continua diariamente.

Por otro lado, dio a conocer que la mayoría de los menores que fueron separados de sus padres provienen de Guatemala, el Salvador y Honduras, por lo que el gobierno mexicano puso a disposición de estos países su asesoría y apoyo a través de la red consulares en EU para la identificación y repatriación de los menores.

Videgaray caso condenó esta política migratoria de separación de familias y la calificó como cruel e inhumana porque viola y vulnera los derechos de los hijos de los padres deportados.

México reconoce y respeta la soberanía de Estados Unidos. México en ningún momento promueve la migración ilegal; sin embargo, no podemos ser indiferentes a un hecho que viola los derechos humanos y pone en situación de vulnerabilidad a niños“, manifestó.

Acompañado del subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana, abundó que el gobierno mexicano ya envió una nota diplomática a Estados Unidos con sus reclamos por esta política migratoria, e informó, que agotará todos sus recursos en instancias internacionales para detener esta situación.

Asimismo, exhortó a las autoridades estadounidenses a tener una mejor comunicación entre las agencias de seguridad y los albergues de modo que sea más fácil la identificación de los menores, y así proceder a una repatriación o entrega a familiares más rápida.

Por último, el encargado de la política exterior mexicana, afirmó que seguirán en contacto permanente con todos los niveles de gobierno en Estados Unidos, con los consulados y con la embajada de México en Washington, para reiterar la posición de México y hacer los esfuerzos diplomáticos en todos los frentes a fin de brindar la atención que requieran.

Padres de normalistas desaparecidos en Iguala reclaman verdad en la CIDH

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Padres de dos de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, México, desaparecidos en 2014, reclamaron hoy verdad y justicia en este caso, durante la segunda jornada de las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Santo Domingo.

Joaquina García, madre de Martín Sánchez, acusó al Gobierno de su país de “no hacer nada” para esclarecer este caso y decir a los familiares “solo puras mentiras”.

En México, agregó, “no hay justicia” pero sí “miles de desaparecidos”, al tiempo que se expresó opuesta a que las audiencias sobre este caso se realicen fuera de su país.

“Queremos verdad y justicia y que el Estado no se siga burlando de nosotros”, subrayó en la audiencia.

Mientras que Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó que continuarán su lucha “hasta llegar a la verdad pase lo que pase”.

“Qué cometieron nuestros hijos para merecer esto”, se preguntó Navarrete, quien señaló que el Gobierno “quiere cerrar cada línea haciendo como que investigan” e invitó a los comisionados de la CIDH a que presenten su informe en México sobre este caso.

Precisamente ayer, el Gobierno de México destacó sus acciones de seguimiento a presuntas irregularidades en la investigación de la desaparición de los 43 alumnos y reiteró su determinación de agotar las pesquisas con el objetivo de llegar a conclusiones este año.

El Ejecutivo indicó que ha entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en Ginebra, Suiza, un documento con las observaciones al reporte “Doble injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa“, divulgado el 15 de marzo y que también fue remitido este lunes al mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

Por su parte, Santiago Aguirre, activista de los derechos humanos y acompañante de los familiares de los jóvenes desaparecidos, expresó su temor de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto cierre este caso “dadas las altas posibilidades de que quienes confeccionaron la llamada comisión de verdad histórica salgan del poder” tras las próximas elecciones.

La representación del Estado de México dijo, sin embargo, en la audiencia de hoy que “nunca se ha detenido el esfuerzo” de la búsqueda de los 43 estudiantes y que espera “brindar las respuestas que legitimamente exigen los familiares” de los desaparecidos.

La presencia en esta audiencia de una delegación de alto nivel “ilustra la determinación de fortalecer la comunicación con los beneficiarios y sus representantes y nos permite reiterar el compromiso indeclinable del Gobierno de México con el esclarecimiento de este caso con la seguridad de que se haga justicia y con procurar la atención integral a las víctimas”, dijo.

Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Pero los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en dicho vertedero.

El caso de Ayotzinapa formó parte del segundo día de audiencias públicas que la CIDH celebra esta semana en Santo Domingo en el marco de su 168 Periodo de Sesiones.

La CIDH abrió ayer una semana de audiencias públicas en Santo Domingo cuya agenda incluye audiencias sobre Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

Candidato en El Salvador llama “imbécil” a EPN

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El candidato a la Presidencia de El Salvador, Nayib Bukele, llamó “imbécil” al Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Hay un presidente en México que se llama Peña Nieto que básicamente es un imbécil, que lo pusieron y los medios de comunicación lo crearon, es decir, pusieron su foto y pusieron lo que dice, pero lo que dice no lo dijo él, sino se lo escribieron”, dijo el candidato presidencial durante un evento el 11 de marzo de este año.

Bukele, también dijo que México “lastimosamente cayó en la trama, votó por él y ahí está México sufriendo a Peña Nieto. Gracias a Dios ya se va”.

El salvadoreño se disculpó horas después durante una entrevista en una televisora de El Salvador, puesto que reconocía que no había usado el calificativo “adecuado”, pero aclaró que la disculpa no era a Peña Nieto, sino a los mexicanos.

“Pido disculpas a la población, pero no al presidente de México”, dijo Bukele.

“El adjetivo que ocupé hacia el presidente de México no fue el más adecuado (…) ¿de qué nos debemos indignar, de una palabra o de 43 estudiantes desaparecidos con el encubrimiento gubernamental en Ayotzinapa?”, añadió.

Hasta el momento el gobierno mexicano no se a pronunciado sobre estas declaraciones.

(Con información de Animal Político y El Salvador Times)

#ElTalónDeAquiles: “¡Hasta la vista, baby!”

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El domingo 11 de febrero cerré un ciclo de mi vida, un episodio que al final habrá durado seis años. Algún momento habrá para explicar las razones que me llevaron a hacer maletas y salir de México. Quienes me conocen bien, tanto adentro, pero sobre todo afuera del país, saben por qué Cholula se convirtió en la última página de este capítulo. Por ahora, yo que presuntuosamente me defino como una simbiosis cultural única, focalizo en lo que me llevo de este hermoso país, y que ya forma parte de mi cosmovisión.

Sin duda, la más hermosa idea que integro a mi bagaje cultural, es la celebración del día de los muertos, simbolizada por la famosa Catrina. Esta tradición lo tiene todo, iniciando por sus raíces revolucionarias. Algún día del siglo XIX, dice la historia, empezaron a aflorar en periódicos, caricaturas de calaveras bien “catrineadas”, a pie o a caballo, tomando pulque en fiestas de diversos estratos sociales. Dichas figuras retrataban la miseria y la hipocresía, así como las derivas políticas que ya desde ese entonces aquejaban a la sociedad mexicana, en manos de los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, y Porfirio Díaz. La imagen se fusionó luego con la tradición precolombina mesoamericana de rendir culto a los muertos. Presente en el calendario mexica, pero también, entre otras, en la cultura maya, dicho hábito, dirigido originalmente por la diosa Mictecacíhuatl, o “Dama de la Muerte”, es hoy relacionado con la Catrina. La celebración de la vida de los muertos, que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008, va mucho más allá que un desfile capitalino de James Bond. Es la más bella y profunda postura filosófica que injiero de México, y que tiene un impacto cotidiano: a la muerte no se le teme; se baila y se bromea con ella, pues es parte de la vida. Y cuando me lleve, pues con ella me iré, sin dramas.

La segunda tradición que integro a mi bagaje no es exclusiva de México, aunque ahí es donde más se ha desarrollado. Se trata de las posadas decembrinas, también celebradas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá. En Colombia y Ecuador toman el nombre de la “Novena de Aguinaldos”. Como costarricense, debo aceptar que no solo nunca celebré una posada, sino que la tradición la conocí en México. El aspecto religioso -el fundamental algunos dirán- es para mí insignificante, si bien la actividad recuerda el peregrinaje de María y José entre Nazaret y Belén. En mi opinión, la relevancia de las posadas radica en la muestra de solidaridad, tan necesaria hoy en día, que implica aceptar en su recinto a migrantes desconocidos. De 2012 a 2017, acudieron a mis apartamentos mexicanos personas de todas las edades, de múltiples nacionalidades, y de diversos estratos sociales. Festejamos todos, lejos de poses, estatus, y de posiciones de autoridad. Ese despojo, que nos hace simplemente ver como seres humanos, impregnados de vulnerabilidad, es un auténtico acto de generosidad, el cual es formador. 

Muchos Méxicos existen. Los problemas sociopolíticos que enfrenta el país en el corto y el mediano plazo, sobre todo en este año electoral, son complejos. Pronto me referiré a algunos de ellos. Desde un punto de vista cultural, creo que la simulación, una noción que aprendí este último año de residencia en el país, y que no desaparecerá de la noche a la mañana, es probablemente el problema más grave. También, otro momento habrá para dedicarle una columna al tema. Por el momento, México querido, te digo: me recibiste con los brazos abiertos y me diste oportunidades que ningún otro país me dio. De vos me sorprende tu diversidad y tus contrastes. Puntos negativos tenés, pero gracias por las entrañables amistades con las que me agasajaste, y que con gusto me llevo. ¡Hasta la vista, baby!

Fernando A. Chinchilla

San José (Costa Rica), febrero de 2018

The Economist: “México con libertad limitada”.

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Monterrey N.L. (1 de febrero 2018).- México pasa por un mal momento de Democracia y Libertad, y a pesar de no encontrarse en los últimos lugares del mundo, en ambos recibe bajas calificaciones así lo informa la Unidad de Inteligencia de The Economist.

En el reporte emitido por The Economist, México se encuentra con una calificación de 6 a 10 en libertad para medios de comunicación, agrupado con los países denominados como; “gran parte no libre”, en los que se encuentran Afganistan, Colombia, Ecuador, el Salvador, Honduras, Iraq, Sierra Leona, Sri Lanka entre otros más.

Al menos 97 países se encuentran en el mismo grupo de México, esto significa que la mitad de la población mundial no tiene acceso a medios de comunicación libres.

Según el reporte considera que Brasil, Honduras, Colombia y México son de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas.

Desde 2000 han sido asesinados 110 periodistas en México, lo que lo ubica sólo por debajo de Siria y Afganistán.

“En cuanto a niveles de democracia, México está en el sitio 66, empatado con Serbia, con 6.41 de promedio, resultado de obtener 7.83 en procesos electorales y pluralismo, 6.43 en funcionalidad del gobierno, 7.22 en participación política, 4.38 en cultura política y 6.18 en libertades civiles y se ubica en el grupo de las naciones con democracias defectuosas”, información de Animal Político.

Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Canadá, Australia, Finlandia y Suiza son los países con mejores calificaciones, mientras que República Democrática del Congo, República Centroafricana, Chad, Siria y Corea del Norte son los peores calificados.

 

Estatus de Protección Temporal

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El Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) es un estatus del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica otorgado a países que por un conflicto bélico en curso, desastre natural o causa extraordinaria no pueden recibir a los inmigrantes ilegales residentes en EUA procedentes del país designado con el estatus. 
Esta semana el gobierno estadounidense anunció la terminación de este estatus para los ciudadanos de El Salvador, cuyos beneficiados por el programa ascienden a más de 200,000 personas convirtiéndolo en el país con más beneficiados en Estados Unidos (el estatus fue otorgado tras el sismo del 2001 en dicho país centroamericano). El gobierno salvadoreño ya ha expresado su preocupación al respecto mencionando que no está listo para recibir a estos migrantes que son fáciles de localizar y deportar porque se encuentran registrados con muchos beneficios que tienen los residentes legales.
La dura política migratoria de Trump ha hecho que ya se hayan anunciado fechas a 2019 de fin de estos estatus como Haití con más de 50,000 amparados, Nicaragua con 5,600 y Honduras que es el único país continental que queda dentro del programa con 86,000 amparados. El error en este tipo de políticas radica en la descomposición social que causaría deportar a personas que formaron una familia en EUA con ese estatus y cuyos hijos menores de edad quedarían separados de uno o ambos padres de familia.
También el fin acelerado a estos estatus disminuiría la oferta laboral en ciertas zonas y causaría problemas graves de inseguridad y desempleo en los países que recibirían a sus conciudadanos de regreso. Hace falta atender los casos de quienes llevan suficiente tiempo con el programa y que merecen tener una asesoría legal y evitar una deportación con implicaciones negativas para sus familias.

Refugiados: ¿Legal o ilegal?

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Un tema que definitivamente ha venido tomando importancia en los últimos años a nivel mundial es el tema de los refugiados. Esta semana, la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica autorizó al Presidente Donald Trump de aplicar más partes de su veto migratorio, en especial los relacionados con prohibir el ingreso de los refugiados. Este fallo de la suprema corte viene a contrarrestar un fallo que dio la semana pasada el juez distrital Derrick Watson donde ordenaba al gobierno permitir la entrada de refugiados provenientes de países como Siria y varias naciones en conflicto. Aún así el fallo de la suprema corte excluye del veto a los refugiados con familiares cercanos en Estados Unidos quienes siguen reteniendo su derecho de ingreso a esa nación.

Primero, es importante definir el concepto de refugiado. Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”. No debe confundirse el concepto con el de migrante o inmigrante ya que estos tienen más motivos para desplazarse (estudios, trabajo, salud, etc) y no son forzados a hacerlo.

Históricamente hablando México no ha sido ajeno al tema, durante la Revolución Española se dio asilo a miles de españoles que huían del gobierno de Francisco Franco y años después durante la Segunda Guerra Mundial, México dio asilo a miles de judíos y perseguidos políticos del régimen nazi provenientes de distintos países de Europa, inclusive Gilberto Bosques quien es considerado el Oskar Schindler mexicano salvó a más de 30,000 personas al darles pasaportes para escapar a México durante su estancia en la Francia controlada por los nazis. En la década de los 80s durante los conflictos armados en Guatemala, México dio asilo a más de 45 mil guatemaltecos que vinieron a refugiarse principalmente en el centro y sur del país.

Según la agencia de la ONU para los refugiados (UNHCR – ACNUR) en 2016 se rompió un nuevo record para tiempos de paz en cuanto a personas desplazadas con 65.6 millones de refugiados a nivel mundial. En 2015 Alemania sola recibió 722,400 solicitudes de asilo principalmente de sirios e iraquíes, Canadá en 2016 acogió a 46,700 refugiados y Estados Unidos admitió a 96,900 refugiados durante el último año de Obama. Las solicitudes de asilo de Guatemala, El Salvador y Honduras a México y Estados Unidos han aumentado 27 veces con respecto a 2012 con 545,296 solicitudes pendientes.

Los países tienen derecho a regirse por si mismos como parte se su soberanía pero prácticamente todos son integrantes de las Naciones Unidas y reconocen varias convenciones sobre derechos humanos donde las más básicas incluyen el tema de los refugiados que ante un peligro inminente deberían de ser protegidos por el país receptor. Creo que es importante que cada nación tenga bien definido su marco legal para distinguir entre inmigrante y refugiado y buscar que a ambos se les de un trato digno séase para regresarlos a su país de origen o de no ser posible en el caso de los refugiados de darles asilo o auxiliarlo para que continúen su viaje aunque esto pueda traer consecuencias políticas con otros países receptores.

EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

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El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria, el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales.

Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas.

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

Fernando A. Chinchilla
New York City (Junio 2016)

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