Refugiados: ¿Legal o ilegal?

Un tema que definitivamente ha venido tomando importancia en los últimos años a nivel mundial es el tema de los refugiados. Esta semana, la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica autorizó al Presidente Donald Trump de aplicar más partes de su veto migratorio, en especial los relacionados con prohibir el ingreso de los refugiados. Este fallo de la suprema corte viene a contrarrestar un fallo que dio la semana pasada el juez distrital Derrick Watson donde ordenaba al gobierno permitir la entrada de refugiados provenientes de países como Siria y varias naciones en conflicto. Aún así el fallo de la suprema corte excluye del veto a los refugiados con familiares cercanos en Estados Unidos quienes siguen reteniendo su derecho de ingreso a esa nación.

Primero, es importante definir el concepto de refugiado. Según la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”. No debe confundirse el concepto con el de migrante o inmigrante ya que estos tienen más motivos para desplazarse (estudios, trabajo, salud, etc) y no son forzados a hacerlo.

Históricamente hablando México no ha sido ajeno al tema, durante la Revolución Española se dio asilo a miles de españoles que huían del gobierno de Francisco Franco y años después durante la Segunda Guerra Mundial, México dio asilo a miles de judíos y perseguidos políticos del régimen nazi provenientes de distintos países de Europa, inclusive Gilberto Bosques quien es considerado el Oskar Schindler mexicano salvó a más de 30,000 personas al darles pasaportes para escapar a México durante su estancia en la Francia controlada por los nazis. En la década de los 80s durante los conflictos armados en Guatemala, México dio asilo a más de 45 mil guatemaltecos que vinieron a refugiarse principalmente en el centro y sur del país.

Según la agencia de la ONU para los refugiados (UNHCR – ACNUR) en 2016 se rompió un nuevo record para tiempos de paz en cuanto a personas desplazadas con 65.6 millones de refugiados a nivel mundial. En 2015 Alemania sola recibió 722,400 solicitudes de asilo principalmente de sirios e iraquíes, Canadá en 2016 acogió a 46,700 refugiados y Estados Unidos admitió a 96,900 refugiados durante el último año de Obama. Las solicitudes de asilo de Guatemala, El Salvador y Honduras a México y Estados Unidos han aumentado 27 veces con respecto a 2012 con 545,296 solicitudes pendientes.

Los países tienen derecho a regirse por si mismos como parte se su soberanía pero prácticamente todos son integrantes de las Naciones Unidas y reconocen varias convenciones sobre derechos humanos donde las más básicas incluyen el tema de los refugiados que ante un peligro inminente deberían de ser protegidos por el país receptor. Creo que es importante que cada nación tenga bien definido su marco legal para distinguir entre inmigrante y refugiado y buscar que a ambos se les de un trato digno séase para regresarlos a su país de origen o de no ser posible en el caso de los refugiados de darles asilo o auxiliarlo para que continúen su viaje aunque esto pueda traer consecuencias políticas con otros países receptores.

EL TRATADO DE COMERCIO DE ARMAS CONVENCIONALES

El Tratado de Comercio de Armas (o Arms Trade Treaty, ATT) es un acuerdo internacional que entró en vigencia en diciembre de 2014, y que busca regular el comercio internacional ilegal de armas convencionales a escala planetaria. El objetivo del acuerdo es evitar el trasiego de “armas pequeñas”, es decir de revólveres, rifles, carabinas, fusiles de asalto, etc., de minas terrestres y marítimas, y de todas las armas que no son de destrucción masiva. Las bombas (y las bombas de racimo), los cohetes, y todo tipo de misil, pueden entonces ser considerados como “armas ligeras”, siempre y cuando no lleven, por supuesto, ojivas biológicas, nucleares o químicas.

Criticado por unos treinta Estados que siguen reclamando, con un anacrónico discurso antiglobalización, la primacía de su soberanía en el sistema internacional sobre la de los tratados internacionales (de seguro como excusa para proteger intereses ligados a la compra de armas) y por diversos actores sociales de derecha, que ven en él una amenaza a la libertad a la autodefensa–esto sucede sobre todo en los Estados Unidos (p.ej. la National Rifle Association) pues en América Latina los grupos sociales más bien presentan el tema como una cuestión humanitaria, el ATT merece nuestra atención. No solo los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que al menos el 41% de los crímenes que se cometieron en el 2013 fueron perpetrados con armas pequeñas, sino que América Latina y el Caribe sigue siendo la zona más insegura del mundo. En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia. Debe entonces ser de nuestro interés conocer, investigar, y darle seguimiento a cualquier iniciativa que, de una forma u otra, pueda contribuir a poner freno a la inseguridad que viven los ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

En 2015 once de los veinte países más violentos del orbe se encontraban en América Latina y el Caribe: Honduras, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Colombia, y Trinidad y Tobago son más inseguros que República Democrática del Congo (RDC); Ruanda es más seguro que Brasil, y la violencia letal en México es más alta que la de Nigeria, Guinea Ecuatorial, Botsuana, y Namibia.

De la institucionalización del régimen de regulación del comercio de armas

Desde los años 1990s, sectores sociales en diversas partes del mundo se movilizaron para denunciar la existencia de un comercio internacional no regulado de armas. El tema saltó a las prioridades en la agenda internacional porque el fin de la guerra fría marcó el término del “equilibrio del terror”, aquella “estabilidad” resultante de la amenaza de un cataclismo mayor (en caso de que alguna de las superpotencias accionara el gatillo nuclear). La prioridad en términos de seguridad pasó entonces a cuestiones de desarme y de control nuclear. Algunos expertos podrán indicar, no sin razón, que la popularización del paradigma de la “seguritización”, según el cual la seguridad debe ser entendida como una construcción social y una disputa política (ver, por ejemplo, Carla Álvarez Velazco, 2016), explica el aumento de interés en el control de armas convencionales.

Pero lo cierto es que objetivamente se registró a partir de los años 1990 un aumento en las muertes por homicidio en la mayoría de países en vías de desarrollo.

En 1997, premios Nobel de la paz como Oscar Arias, Elie Wiesel, Jody Williams, el Dalai Lama, y José Ramos-Horta, apoyados por organizaciones como Amnistía Internacional, presentaron la idea de establecer estándares éticos para el comercio de armas. En 2001 se adoptó una iniciativa (voluntaria), por parte de la United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms, llamada “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects” (PoA) y en 2007 se creó un grupo de expertos para elaborar un reporte de factibilidad que llevó a la aprobación, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de abril de 2013, del ATT. Al respecto, hay que señalar que este instrumento legal debe apenas ser considerado un primer paso en la larga reglamentación del comercio de armas, pues claramente no interfiere en el comercio de armas a lo interno de los Estados, y no reglamenta nada en torno al derecho ciudadano a portar armas. Tampoco prohíbe la exportación de tipos específicos de armas ni cuestiona regulaciones nacionales existentes. El tratado solo obliga a sus signatarios a monitorear el movimiento del comercio de armas, para asegurarse que se respeten los embargos existentes y que las armas comerciadas no terminen en manos equivocadas.

Tres retos de la cooperación interamericana en la materia

Es claro que cualquier intento por regular el comercio de armas convencionales se enfrentará a poderosos intereses económicos de las industrias de los países exportadores más importantes, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y Rusia). Pero más allá de lo obvio, desearía resaltar que en la actualidad, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Surinam, todos países firmantes, no han ratificado el tratado. Dos países, Nicaragua y Venezuela, ni siquiera aparecen como signatarios. Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

Un primer reto para América Latina y el Caribe consiste entonces en asegurarse que el conjunto de países firmen y ratifiquen el tratado, a pesar de las presiones económicas nacionales e internacionales que pueden existir para debilitar su implementación.

En segundo lugar, se deben fortalecer los diferentes escenarios de cooperación regional y sub-regional, desde la ONU hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), y la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Así como en otras épocas se denunció la “condicionalidad cruzada” al referir a los requisitos bancarios exigidos por diversos organismos internacionales para otorgar préstamos a los países aquejados por la crisis económica de los años 1980s, ojalá podamos pronto referir a la “cooperación cruzada” para señalar redes horizontales de cooperación transnacional. Y para evitar escaramuzas políticas, tal vez lo mejor sea privilegiar la cooperación técnica. Al fin y al cabo, deben existir estrategias consistentes, objetivas, y no-discriminatorias que aseguren la vigencia del tratado. Las partes deben establecer y mantener sistemas nacionales de control para generar datos comparables con otros Estados, no solo por transparencia–las listas nacionales son remitidas y compartidas con las otras partes–sino también para permitir evaluar el avance en su cumplimiento. Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas. Los escenarios multilaterales antes mencionados pueden, en su conjunto, ayudar a establecer y a implementar criterios técnicos que permitirán alcanzar grados de eficacia de la cooperación en la materia.

En tercer lugar–y esto puede ser más complicado–se trata también de darle contenido a la declaración de la Segunda cumbre de la CELAC (2014), según la cual América Latina y el Caribe son una “zona de paz”. Ello puede toparse con dos obstáculos mayores. Por un lado, los Estados no tienen la capacidad institucional para hacer valer el imperio de la ley en todo su territorio. La ausencia estatal es más fuerte en las zonas fronterizas, alejadas de los centros urbanos y políticos. Mientras esta siga siendo la regla, seguirá el comercio ilegal floreciendo sin dificultad, no por intención de las autoridades, sino por omisión en el control de las actividades ilícitas. Este problema no será resuelto mañana, pero su complejidad no es excusa para no avanzar en una solución. Por el otro, algunos de los gobiernos actuales en la región tienen concepciones diferentes sobre cómo reforzar su seguridad. Sin buscar discutir las mutaciones recientes y el significado actual de la noción de “seguridad”, debo señalar que en abril de 2016 se anunció la adquisición a Rusia, por parte de Nicaragua, de 50 tanques de guerra T-72B, 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, un lote de vehículos blindados, lanchas patrulleras y coheteras, y otros. El gobierno de Ortega, que maneja un discurso de paz, de lucha contra el narcotráfico y de reforzamiento de las capacidades del Ejército para la atención de desastres naturales, no ha explicado las razones y objetivos de dicha compra. Lo mismo puede ser argüido en el caso de Venezuela, que, según el Instituto de Investigaciones de Paz, ocupa el 18 lugar a nivel mundial en cuanto a países compradores de armamentos, y que habría gastado en 2015 USD 162 millones en compras de armas a China (147 millones), Estados Unidos (6 millones), Austria (5 millones) y Holanda (4 millones).

Deben también designar un punto nacional de contacto para compartir información, y considerar medidas de reforzamiento de la confianza para reducir los riesgos a la paz y a la seguridad internacionales y, finalmente, tomar medidas para que las armas comerciadas no sean desviadas.

Conclusión: lo importante no es inventar la rueda, sino hacerla rodar

El comercio internacional de armas abarca tanto transferencias legales (generalmente en el marco de acuerdos gubernamentales), ilegales (si autorización gubernamental), y las que se encuentran en “zonas grises” (cuya legalidad es incierta pero su ilegalidad es dudosa). El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral. Hasta ahora, 85 Estados han ratificado el ATT, y 47 más están en proceso de hacerlo. Desde su entrada en vigencia, se organizó la primera conferencia de los Estados parte, que tuvo lugar en Cancún (México) del 24 al 27 de agosto de 2015. En esa reunión, se logró tomar decisiones básicas como escoger una sede para la Secretaría del tratado (Ginebra), pero no logró adoptar las plantillas de documentos necesarias para que los Estados completaran su reporte inicial de implementación en diciembre de ese año. Es decir, a los obstáculos políticos y propios a la región latinoamericana, se añaden los obstáculos técnicos propios a la implementación de nuevos regímenes de cooperación internacional. La segunda conferencia de Estados parte del tratado tendrá lugar durante el segundo semestre de 2016, y sus resultados deberán ser analizados con detalle.

El ATT busca reglamentar un fenómeno mundial que se concentra en donde existen conflictos armados, violencia, y crimen organizado. Por ello es que América Latina y el Caribe son regiones especialmente interesadas en darle seguimiento a la implementación de este nuevo instrumento de cooperación multilateral.

Las compras de armas de Nicaragua y Venezuela son transacciones legales. Y aunque no lo fueran, estos países no aparecen como signatarios del tratado, por lo que no están sujetos a sus disposiciones. El ATT representa, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero se trata también de un muy tímido progreso, pues la problemática relacionada a las armas de fuego no tiene que ver únicamente con las armas que son comerciadas ilegalmente–es cierto que el trasiego ilegal es un problema–sino también con aquellas que son comercializadas legalmente. Es aquí, me parece, en donde se encuentra el meollo del asunto. La lucha será entonces intensa, no solo contra las cúpulas de poder locales que pueden usar la compra de armas como un botín político, sino también contra la industria manufacturera, que gana billones anualmente. Y si se habla de construir una cultura de paz, entonces habrá también que trabajar a nivel local en cada uno de los países signatarios para forjar usos y costumbres que vayan más acorde con el espíritu de este esfuerzo de reglamentación.

Fernando A. Chinchilla
New York City (Junio 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El Talón de Aquiles: “El Cuento de Tía Coyote”

Durante la próxima semana, informó el Canciller costarricense, Manuel González, el primer grupo de cubanos varados en los albergues instalados por el Gobierno de Costa Rica en su frontera con Nicaragua, un grupo de 135 familias con niños (son 7,802 cubanos los que están en espera), continuarán su viaje a Estados Unidos. El plan acordado el 28 de diciembre en Guatemala por ese país, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, y la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), abre la puerta para que salgan hacia El Salvador, vía aérea, estos viajeros. De ahí, abordarán autobuses hacia Guatemala, y luego a México, país que anunció que les dará un documento temporal. Parece así resolverse una crisis migratoria que estalló el 15 de noviembre de 2015, cuando Nicaragua decidió negar la entrada a su territorio a los 1,791 cubanos que se reportaban en ese momento en Costa Rica. ¿Por qué estalló la crisis migratoria? ¿Se resolvió realmente el problema?

¿Por qué estalló la crisis migratoria? ¿Se resolvió realmente el problema?

La investigación. La historia no inicia el 15 de noviembre sino en enero de 2015, cuando autoridades ticas detienen a cinco ciudadanos cubanos. Al informárseles que se iniciaría el proceso para eventualmente otorgarles el refugio, uno de ellos indicó que no sería necesario, pues iban de paso hacia los Estados Unidos. Se conoció además que llegaban a Ecuador, atravesaban Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, y México, antes de llegar a Estados Unidos. La Ley de Ajuste Cubano, que rige en ese país desde 1966, otorga a los isleños beneficios una vez que tocan suelo estadounidense. Ante temores (infundados) de cambio de esta ley (debido al acercamiento entre Washington y la Habana), y dado el peligro de naufragio y/o de captura por parte de autoridades estadounidenses o cubanas, la ruta por Ecuador se popularizó. El ingreso de cubanos a Costa Rica por Panamá aumentó de 132% entre 2014 y 2015. Y a pesar del peligro —el tramo entre Colombia y Panamá es de los más peligrosos— entre octubre de 2014 y octubre de 2015 entraron 23,213 cubanos a Estados Unidos por México. Solo 8,101 lo hicieron por Miami.

A pesar del peligro —el tramo entre Colombia y Panamá es de los más peligrosos— entre octubre de 2014 y octubre de 2015 entraron 23,213 cubanos a Estados Unidos por México. Solo 8,101 lo hicieron por Miami.

Se determinó además que, desde su salida, las reglas del juego eran claras: sabían los cubanos a quien contactar en cada país, donde comprar el chip telefónico para hacerlo, y cuanto debían pagar (entre USD 7,000 y USD 15,000 en total). En Costa Rica, debían contactar a quien aquí denominaremos La Tía, una coyote encargada de recogerlos en Paso Canoas (frontera con Panamá) y trasladarlos a Peñas Blancas (frontera con Nicaragua). El 10 de noviembre, La Tía y once de sus secuaces son detenidos en un operativo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Policía Profesional de Migración, la Unidad de Intervención Policial (UIP), y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública y del Servicio de Vigilancia Aérea. A partir de ese momento, cubanos en Panamá trataron de contactarla, sin encontrar respuesta. Decidieron aventurarse, y el 13 de noviembre de 2015, cuando se empezaron a acumular, San José debió darles, por razones humanitarias, una visa temporal de siete días. Sin embargo, el 15 de noviembre, Nicaragua cerró su frontera. Para el 20 de diciembre, cuando el Gobierno decidió suspender la entrega de visas, el número de cubanos amontonados en su frontera norte llegaba casi a los 8,000.

En Costa Rica, debían contactar a quien aquí denominaremos La Tía, una coyote encargada de recogerlos en Paso Canoas (frontera con Panamá) y trasladarlos a Peñas Blancas (frontera con Nicaragua).

La crisis humanitaria y política. La tensión entre Managua y San José, alta por desavenencias fronterizas ventiladas recientemente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), escaló: el Ejército de Nicaragua devolvió a 800 cubanos que intentaron entrar “por la fuerza” al país. Managua alegó violación de su territorio e indicó que la causa de la crisis era la irresponsabilidad tica, que deliberadamente le lanzó miles de ciudadanos a su territorio. Para Daniel Ortega, permitir la travesía era exponer a los cubanos a graves peligros, situaciones inseguras, indignas, desordenadas, e ilegales. Costa Rica y Panamá instalaron entonces albergues para crear condiciones sanitarias mínimas y algo de seguridad.

El 24 de noviembre, los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, Cuba, Ecuador y México se reunieron, sin llegar a un acuerdo. Cada país anunciaría las medidas para resolver la crisis, pero Guatemala se negó a permitir el paso de los cubanos (no habían suficientes garantías que no se quedarían ahí) y Belice adujo carecer de los recursos para garantizar el orden y la seguridad. Luis Guillermo Solís ordenó entonces suspender la participación de Costa Rica en la mesa política del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), como protesta por la falta de solidaridad regional. La crisis humanitaria se convertía así en una crisis política.

El 28 de diciembre, sin embargo, en Ciudad de Guatemala, se llega por fin a un acuerdo: El Salvador aceptó recibir a los cubanos, Guatemala accedió a integrarse al corredor humanitario, y México reiteró su disposición a dejarlos pasar.

El 28 de diciembre, sin embargo, en Ciudad de Guatemala, se llega por fin a un acuerdo: El Salvador aceptó recibir a los cubanos, Guatemala accedió a integrarse al corredor humanitario, y México reiteró su disposición a dejarlos pasar. No se conocen los detalles de la negociación, pero un mes antes, Quito había anunciado que impondría de nuevo la visa a los cubanos. ¿Constituye este un final feliz para este cuento de Tía Coyote?

Conclusión. Aunque la investigación que capturó a La Tía se realizó en conjunto con la Fiscalía colombiana y la Embajada de estadounidense en Costa Rica, lo que esta crisis destapó fue una flagrante falta de cooperación regional para resolver un problema que evidentemente es transnacional. Los coyotes de los otros países no fueron capturados. Y aunque el flujo de cubanos se contrae, Costa Rica determinó que el lucrativo negocio también incluye a personas provenientes de países África y Asia. De hecho, el 30 de diciembre, tan solo dos días después del acuerdo regional, 51 extranjeros indocumentados fueron capturados en la costa pacífica costarricense: 26 nepalíes, 9 bangladeshíes, 9 somalíes, 4 eritreos, 2 Iraquíes, y un pakistaní. ¿Parece este ser un final feliz?

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