Dimes y Diretes: “Pugnas en el PAN”

Las pugnas dentro de los partidos políticos no son nuevas. Todos los partidos tienen grupos internos que se pelean por los huesos, digo puestos. Pero es raro ver que un partido saque a la luz estos problemas y desacuerdos internos.




Este fue el caso el día de ayer con el Partido Acción Nacional (PAN). El ex presidente Felipe Calderón, tal vez después de echarse unos buenos tragos, se puso a darle retweet a mensajes en contra de Ricardo Anaya, actual dirigente nacional del partido albiazul.

Desde hace varios meses se viene hablando sobre esta pugna interna en el partido. Margarita Zavala ve a Anaya como una seria amenaza para sus aspiraciones presidenciales en el 2018. Además, la historia que salió la semana pasada de un supuesto pacto entre Enrique “Henry Monster” Peña Nieto y Ricardo Anaya, pone en una posición débil a la ex primera dama.

Por otro lado, la derrota de Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos, fue un golpe duro para la pre, pre, pre, campaña de Zavala, algo que ha tenido en jaque al equipo de Margarita, pues ven que se les están yendo las posibilidades de ser candidata o ganar en el 2018.




Los ataques del ex presidente Calderón, fueron por donde le han tratado de llegar desde hace meses a Anaya, su “promoción personal”. En uno, Calderón llama indirectamente a que los panistas renueven su registro con el fin de evitar que Anaya siga manipulando al partido para beneficio personal.

En otro, Calderón cuestiona, igual indirectamente, que Anaya siga haciéndose promoción personal en los spots del PAN.

Que esta pugna interna salga a la luz debe de preocupar a los panistas rumbo al 2018. Mostrar desunión e incluso desunir al partido internamente nunca les ha beneficiado, no olvidemos que fue así como perdieron la elección en Nuevo León.

Desde mi punto de vista la mejor opción del PAN es irse por Anaya, Margarita tiene muchos puntos débiles donde sus adversarios le estarán pegando. Una de las más contundentes es la guerra contra el narcotráfico de su esposo, y la otra su falta de experiencia en como administradora pública.

Panistas, pongan su casa en orden, sino en el 2018 se los cargará AMLO.

¡Ahí Se Leen!

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¡Cuidado, México! La guerra puede empeorar




Ha pasado ya una década desde que empezó la guerra contra las drogas en México, y vaya que hemos sufrido las consecuencias. Oficialmente, se estima que entre 2007 y 2014 fueron asesinadas más de 164,000 personas y, para que se den una mejor idea de la magnitud de esta cifra, lo pongo en el siguiente contexto: en Afganistán e Irak fueron asesinadas 103,000 personas en total durante ese mismo periodo [1].

Aunque a paso de tortuga, todo indica que el mundo occidental está abriéndose al debate de estrategias alternas. La guerra contra las drogas no se puede ganar, y esto ha sido evidenciado en el estable incremento de consumo de narcóticos. Un número cada vez mayor de académicos y políticos busca que se le atienda como un tema de salud pública, y no de defensa nacional [2].

Enrique Peña Nieto se abrió al debate [3], pero el gobierno mexicano ha mantenido una postura bastante conservadora, lejos del ejemplo del ex-presidente uruguayo, José Mujica [4]. Pero a esta administración le quedan dos años, y por eso es importante conocer las posturas de quienes pretenden sustituirla. Si no tenemos cuidado, la guerra pudiera ponerse peor.

¿Cómo es que nuestra situación actual puede empeorar? Es cuestión de mirar hacia Filipinas. Filipinas ya tiene tiempo con problemas de drogas; de acuerdo con la ONU, en 2012 este país era el mayor consumidor de metanfetaminas en Asia del este [5]. La guerra contra las drogas en este país apenas va por su tercer mes, y se estima que la cifra de muertos fue de casi 1,800 personas en sus primeras siete semanas [6].




El presidente, recientemente electo, Rodrigo Duterte, es conocido a nivel internacional por sus comentarios desatinados, como: “estaba enojado porque la violaron (…) Pero era tan bonita, que [Duterte] debió haberlo hecho primero. Qué desperdicio.” [7] O, la semana pasada, cuando llamó al presidente Barack Obama “hijo de perra,” provocando la cancelación de su reunión en Laos [8].

Además de ofrecernos titulares escandalosos, este hombre también sirve como una advertencia para México. Las tácticas de guerra de Duterte deben ser evitadas por nuestro país a toda costa. En Filipinas se le ha dado libertad a autoridades y civiles de matar bajo el cobijo del ejecutivo a quienes se sospeche de comercializar o consumir drogas.

A Duterte no le interesan los derechos humanos y ha sido vocal al respecto, ignorando las protestas de la comunidad internacional [9].

Dejemos de lado la cuestionabilidad de la misma guerra contra las drogas, además de las violaciones a los derechos humanos que la estrategia particular de Duterte implica, la falta de un debido proceso judicial pone en duda la criminalidad de los asesinados. Cómo confiar en policías y justicieros que no se basan en evidencias sólidas al fijar un objetivo. Cómo respaldar una estrategia que puede llegar a camuflajear de heroísmo alguna vendetta personal. Es una estrategia explosiva, y no cabe duda que los estragos de la misma se dejarán ver en los próximos meses.

A pesar de esto, Duterte cuenta con la aprobación de la mayoría de los filipinos; del 91% para ser exactos [10]. El pueblo mexicano debe rechazar a candidatos con propuestas parecidas a las de Duterte. La guerra debe terminar ya, y una táctica así la prolongaría indefinidamente.

Analicemos con cuidado a los presidenciables, desde hoy, vigilemos las posturas que tienen ante la guerra contra las drogas. Apoyemos a un candidato que abogue por el diálogo y el debate, y que base sus decisiones en investigaciones científicas; un candidato que pretenda limpiar y reforzar el sistema judicial, en lugar de hacerlo a un lado; un candidato que sea incluyente y que busque parar esta guerra que vamos perdiendo desde hace 10 años.




[1] Jason M. Breslow. “The Staggering Death Toll of Mexico’s Drug War.” PBS. 27 julio 2015. http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-staggering-death-toll-of-mexicos-drug-war/.

[2] Eduardo Porter. “Numbers Tell of Failure in Drug War.” The New York Times. 2 julio 2012. http://www.nytimes.com/2012/07/04/business/in-rethinking-the-war-on-drugs-start-with-the-numbers.html?_r=0.

[3] Presidencia de la República. “Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana.” 21 abril 2016. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conclusiones-del-debate-nacional-sobre-el-uso-de-la-marihuana-29292.

[4] Gerardo Lissardy. “José Mujica sobre la legalización de la marihuana: ‘Los retrógrados se van a asustar’.” BBC Mundo. 7 mayo 2014. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140506_uruguay_entrevista_jose_mujica_jgc.

[5] Manuel Mogato y John Chalmers. “As Duterte takes over in Philippines, police killings stir fear.” Reuters. 29 junio 2016. http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-killings-idUSKCN0ZE300?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=
Social&utm_campaign=
Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
.

[6] Rishi Iyengar. “Almost 1,800 People Have Died in Seven Weeks in the Philippines’ War on Drugs.” Time. 23 agosto 2016. http://time.com/4462382/philippines-duterte-1800-killed-drug-war/.

[7] Travis M. Andrews. “Leading Philippine presidential contender: Gang rape victim ‘so beautiful’ he wishes he had ‘been first’.” The Washington Post. 18 abril 2016. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/18/leading-philippines-presidential-contender-gang-rape-victim-so-beautiful-he-wishes-he-had-been-first/?tid=a_inl.

[8] Sheena McKenzie y Kevin Liptak. “After cursing Obama, Duterte expresses regret.” CNN Politics. 6 septiembre 2016. http://edition.cnn.com/2016/09/05/politics/philippines-president-rodrigo-duterte-barack-obama/

[9] Simon Lewis. “U.N. Experts Condemn Duterte’s ‘Incitement to Violence’ in the Philippines.” Time. 7 junio 2016. http://time.com/4359466/un-duterte-philippines-incitement-violence/.

[10] Miguel Syjuco, “This Is Why Philippine President Rodrigo Duterte Will Get Away With Murder.” Time. 16 agosto 2016. http://time.com/4453587/philippines-rodrigo-duterte-dictator-impunity-marcos/.

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

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Dimes y Diretes: “Alfredo Castillo: Chapulineo Olímpico”




Uno de los que se llevado los galardones por ser el más quejumbroso y estar echándole la culpa a otros por las tragedias de la delegación mexicana en los juegos olímpicos de Rio de Janeiro 2016, es el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo.

Para los que no sepan la “gran trayectoria” de nuestro querido titular de la CONADE, se las resumo: es abogado y político mexicano, en el 2010 se desempeñó como Procurador de Justicia del Estado de México (yes, durante el gobierno de Peña Nieto), en el 2012 se integra al equipo de campaña a la presidencia del “copetón”, en el 2013 lo designan cómo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el 2014 lo mandan a arreglar los problemas en Michoacán con el narcotráfico (no arreglo ni maíz) y el 16 de abril del 2015 lo designan como titular de la CONADE, en lugar del medallista olímpico Jesús Mena Campos.

Es decir, analizando la trayectoria del Alfredo “Quejas” Castillo, es muy probable que el señor no fue ni campeón en los torneos de canicas, trompo, rayuela y balero. ¿Qué hace este señor siendo la máxima autoridad del deporte en nuestro país?

Claramente no tiene experiencia, en su vida a practicado un deporte (no, Alfredo, andar chapulineando de puesto en puesto no es un deporte) como lo hacen nuestros atletas.

La cosa no queda ahí, desde el inicio de estos juegos hubo controversia cuando, se dio a conocer que nuestros representantes en Rio iban a utilizar uniformes hechos por la marca alemana, Hugo Boss, con un precio de $14,444.00 pesos cada uno, más aparte gastos por arreglos. En total la CONADE gasto casi 4 millones de pesos en uniformes y ¡parece que hasta les sobraron!




Pues la revista Record dio a conocer que Alfredo Castillo aprovecho e hizo su viaje a Rio con su pareja, misma que portaba el uniforme de la Delegación Mexicana. Según Herrara, el uniforme fue uno de los que les sobro y que no le quedaron a ninguna deportista (¿qué?) y pues decidió que su pareja lo utilizará y así los dos fueran a representar a México…

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No, no es broma. En resumidas cuentas, Castillo regalo un traje de $14,444 pesos a su pareja, no con su dinero, sino con el nuestro.

Esto es lo que sucede cuando se mezcla la política con el deporte, y por supuesto, la corrupción con el deporte, pues no debemos culpar a nuestros atletas por los pobres resultados que existen hasta el día de hoy en Rio 2016.

Esto al contrario, es una prueba de que las cosas no se están haciendo bien, desde el momento que pones a tu compadre con 0 experiencia deportiva en una institución que a eso se dedica.

Alfredo Castillo, te damos la medalla de oro… Por deficiente. Bravo.

Ahí se leen.

P.D. Ni empecemos con el mero mero del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, con decirle que fue alcalde de Xalapa, Veracruz de 1979 – 1982 y Consejero Político Nacional del PRI de 1983 al 2000… Usted juzgue.

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Dimes y Diretes: “La triple crisis de confianza en México”




En México nos han enseñado que el Estado, centro del poder político, se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde éstos Poderes, conformados principalmente mediante elecciones democráticas, se ejerce el Gobierno, todo lo anterior de acuerdo a lo que marca la Constitución.

Por ello, señalan las enseñanzas tradicionales, en nuestro país tenemos una democracia funcional, y un Estado de Derecho basados en el dominio de la Constitución, ejercido por las instituciones del Estado.

Y colorín colorado, este cuento ha terminado.

La realidad es que el sistema político en México nace, crece y se reproduce mediante una serie de prácticas que asignan poder de acuerdo a mecanismos extralegales, mientras que las elecciones son un juego de simulaciones, que por tanto, no aseguran un Estado de Derecho ni constituyen una democracia.




Me explico:

El poder en México se ejerce no por tres Poderes del Estado, sino por tres grupos de operación política, unidos por un pacto de impunidad.

El primer grupo, el más pequeño es la partidocracia. Ésta se compone por el gobierno, los partidos políticos y sus líderes.

Ellos controlan la llave para acceder a los puestos de elección popular, que son la puerta de entrada para robar.

El segundo conjunto, más numeroso, constituye los llamados grupos de interés, que son las cámaras empresariales, los medios de comunicación, los líderes sindicales, empresarios gigantes o grandes corporativos, el narcotráfico, las agrupaciones religiosas, poderes extranjeros y bancos. Ellos se encargan de legitimar social, financiera y mediáticamente a los gobernantes corruptos, a cambio de privilegios de todo tipo.

Finalmente, el conjunto más grande o numeroso, son las bases de apoyo, compuesto por los cientos de miles de afiliados a gremios, centrales obreras, sindicatos, partidos, empleados públicos, asociaciones, clubes, empresas, etc., mismos que son presionados por sus líderes para brindar apoyo electoral a los elegidos del sistema.

Esta manifestación dinámica del poder en México es el legado del PRI, adoptado posteriormente por el PAN, PRD y demás partidos, y es la esencia de la partidocracia mexicana.

Su pacto de impunidad es de lo más sencillo, y tiene solo un mandamiento: “Entre los integrantes de esta mafia, nadie, nunca, estará sujeto a los dictados de la Ley.”

Sin embargo, algo huele a podrido…

Este sistema autoritario pseudo democrático (el más longevo que se haya visto en la historia de la Humanidad), se encuentra actualmente en una profunda crisis, que se manifiesta claramente en el enfrentamiento entre Gobierno, empresarios y maestros de la CNTE y SNTE.

Recordemos: Como parte del Pacto por México, los partidos políticos y Peña Nieto plantearon una “reforma educativa” que evaluaría a los maestros, expulsando a los malos elementos de acuerdo a la Ley.

Esta expulsión de miles de maestros mediocres sería en efecto el fin de los privilegios obtenidos por las mafias sindicales de la educación durante décadas, un golpe maestro que debilitaría mortalmente a la CNTE y el SNTE, principal oposición para privatizar el sistema educativo nacional, dejándolo listo para ser entregado a la agrupación empresarial “Mexicanos Primero”, a quienes se les prometió este coto de poder.

Todo ello constituye, evidentemente, una ruptura del pacto mafioso de impunidad, puesto que los sindicatos de la educación, habiendo apoyado al PRI, al PAN y al PRD durante décadas, no están dispuestos a que sus privilegios hereditarios sean eliminados.

Para estos sindicatos, el sistema educativo es suyo, y no se lo pueden “asignar” a nadie… más que a ellos. Para los empresarios, es suyo, porque se los prometió el gobierno. Y para el gobierno, es suyo, puesto que la Ley le da la autoridad…

El saberse deshonestos, les impide sentarse a negociar.

Así de simple y así de vulgar es la crisis triple crisis de confianza que tiene paralizado a medio México:

Los maestros no confían en el gobierno ni en los empresarios;
Los empresarios no confían en el gobierno ni en los maestros;
El gobierno no confía ni en los maestros ni en los empresarios.

En resumen, los sospechosos de siempre, los que garantizaron la “paz social” a cambio de privilegios, han llegado a un punto de choque que puede ser el epitafio del verdadero sistema político mexicano.

Todos ellos quieren controlar la manzana de la discordia: el sistema educativo nacional. Ninguno está dispuesto a ceder. Por lo anterior, solo la fuerza permitirá que alguno de ellos prevalezca sobre los demás.

Y en este momento, la fuerza está en manos de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra acorralado, en el peor momento de su sexenio y empeorando, mientras el 2018 se acerca rápidamente…

Dios nos agarre confesados.

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Cinco etapas del duelo: la negación de Nicolás Maduro




Hace unos días el presidente estrella Nicolás Maduro firmó un decreto en el que ordenaba a todas las empresas, tanto públicas como privadas, a poner a disposición del gobierno sus trabajadores para que fueran al campo y ayudaran al desarrollo agroalimentario del país por un lapso de 60 días.

Para el que no lo vea de manera evidente, intentar abordar la severa crisis que sufre Venezuela por la falta de alimentos forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar sanar una pierna fracturada con una curita.

Pero al parecer para Maduro y sus seguidores ésta es una solución bastante viable que va a solventar el 80% de escasez de productos básicos que sufren los supermercados. Y es que desde que Maduro llegó al poder en 2013 su política se ha basado en una constante negación de la verdad y el bienestar: NO a la liberación de los presos políticos, NO a la aprobación de divisas, NO a la ayuda humanitaria, NO al reconocimiento constitucional, NO al respeto de la Asamblea, etc.




Tanto él como los interesados en seguir robando hasta el último bolívar se han negado a aceptar el hambre y la enfermedad y se seguirán negando a implementar medidas verdaderamente positivas que le eviten más sufrimiento al país. Escogieron cegarse ante una realidad de miseria que aumenta cada día más.

Y es que todo esto tendría un poco más de lógica si todos los simpatizantes del gobierno fueran inmunes a la crisis, pero resulta que hace un mes aproximadamente el hermano menor del difunto Hugo Chávez falleció a causa de una afección gastrointestinal que no fue tratada a tiempo por falta de insumos en la localidad donde era alcalde. Después de esto cabe preguntarse, ¿cuál es el objetivo de la negación de Maduro si todos caen en desgracia?

Por los vientos que soplan, las medidas de Maduro no dirigen a una solución a la crisis: además de querer mandar gente al campo por 60 días para tapar la incapacidad del gobierno, la designación de Vladimir Padrino López como Ministro de Defensa hace aún más difícil la solución.

Para quienes no sepan, Padrino López está acusado por Estados Unidos de colaboración con el narcotráfico. No hay que ser un gran analista político para darse cuenta de que ambas medidas son puntos clave para hundir aún más el país.

Todo parece indicar que tener las reservas petroleras probadas más grandes del mundo e infinidad de riquezas no es suficiente para querer mantener el país a flote.

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PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? EL CONFLICTO ARMADO EN SU PRIMERA FASE

El 23 de junio de 2016 se firma en la Habana, Cuba, el cese al fuego entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

¿Estamos siendo testigos del fin de un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia (54 años para ser exactos)? Para entender el significado de dicho acuerdo, conviene recordar las raíces históricas del conflicto y hacer un repaso de las intentos (abortados y “exitosos”) para alcanzar la paz en Colombia.

Solo así podremos evaluar sus prospectos de éxito. Naturalmente, esta labor no se puede realizar en un corto artículo de opinión, por lo que dedicaré varias columnas al tema. Este mes muestro las particularidades históricas de la primera fase de este conflicto. Más adelante, revisaré los obstáculos a la paz, analizaré la historia de este proceso, y disertaré sobre sus probabilidades de “exito”.

Las particularidades del conflicto armado colombiano

Durante la Guerra Fría, se desarrolla en el “Tercer Mundo” lo que se identifica como “Guerras de Baja Intensidad”. Se trata de enfrentamientos militares entre grupos armados patrocinados por las superpotencias – los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) – y Estados soberanos, pero cuyos efectos se limitan a nivel local.

Para algunos, estas son guerras idealistas, sobre todo si se compara con la violencia étnica, la cual parece a primera vista irracional (los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda son dos claros ejemplos al respecto), y a la “narco-violencia”, alimentada supuestamente por la codicia y el egoísmo individual de criminales que buscan enriquecerse a toda costa.




En los “años dorados”, señala la versión romántica del guerrillero asociada al Che Guevara, se defendían ideales progresistas solidarios ligados entre otros a la justicia social.

En América Latina, la mayoría de esfuerzos revolucionarios fueron de “izquierda” (contra dictaduras “de derecha”), aunque también hubo esfuerzos contrarrevolucionarios, es decir de grupos armados apoyados por la derecha, que se levantaron contra gobiernos de izquierda ajenos a la definición convencional de democracia. Esta imagen es, por supuesto, reduccionista.

Se ignora, por ejemplo, que en la mayoría de los casos latinoamericanos, la URSS no tuvo un rol directo en el expansionismo revolucionario (la influencia de Fidel Castro es más significativa). Además, esta imagen desatiende factores internos como pobreza, injusticia, desigualdades, y represión, que han alimentado legítimamente reivindicaciones sociopolíticas en la región.

En fin, desconoce que movimientos revolucionarios de izquierda iniciaron guerras contra gobiernos de centro-izquierda elegidos democráticamente, como lo hizo Sendero Luminoso en el Perú. Es decir, cada actor armado en América Latina es particular, y en ese sentido, los actores armados colombianos no son la excepción.

Las FARC no fueron, al menos en sus inicios, una guerrilla ideológica con un universo conceptual claro y un proyecto alterno de sociedad. Al contrario, son el prototipo de la guerrilla campesina que nace como grupo de autodefensa, y cuyo ideario ideológico es definido por primera vez en los años 1970s.

Además, las FARC nunca recibieron grandes sumas de dinero de patronos externos, sino que desde un inicio financian su esfuerzo de guerra de manera interna, principalmente por medio de la extorsión, los secuestros, y el pago de peajes o cuotas. El conflicto en Colombia es entonces “diferente”, pues no obedeció a factores geopolíticos internacionales.

Además, el esfuerzo revolucionario nunca se hizo en contra de una dictadura, sino más bien contra el Frente Nacional, un régimen que si bien no era democrático en el sentido liberal del término, tampoco cuadraba con el autoritarismo tradicional latinoamericano. Y a partir de 1991, la lucha fue contra lo que muchos expertos coinciden en definir como una democracia representativa.

La transformación del conflicto armado colombiano a través del tiempo

La violencia política en Colombia solo se entiende si se enmarca en un contexto histórico que, para los efectos de este ensayo, ubicaré en el periodo conocido como “La Violencia”, una guerra civil entre los partidos Liberal y Conservador que se desata oficialmente en abril de 1948, con el homicidio del José Eliecer Gaitán (líder del Partido Liberal para las elecciones de 1949).

Asesinatos, agresiones, persecuciones, y otros, son parte de ese marco de violencia perpetrado por paramilitares, reclutados por los conservadores, para defender el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-50) ante la inestabilidad creada por “el Bogotazo” (turbas populares generadas por el asesinato de Gaitán).

Para poner fin a “La Violencia”, liberales y conservadores acuerdan en 1956 la creación del “Frente Nacional” (el cual entra en vigencia en 1958), un pacto que distribuye equitativamente los puestos administrativos estatales entre ambos partidos (Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) y determina previamente los resultados electorales (alternancia entre los dos partidos tradicionales) durante 16 años (1958-76).

El acuerdo permitió poner fin al único gobierno que ha llegado al poder en Colombia por medio de Golpe de Estado en el siglo XX, el del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-57), respetando la despolitización de la policía por él iniciada y la desmovilización de algunas de las guerrillas liberales activadas durante “La Violencia”. Pero el pacto también generó resistencia.

En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) atacó una de las “Repúblicas Independientes” (que no reconocían la autoridad estatal), bajo control de una comunidad de campesinos que se habían negado a entregar las armas, y que se habían refugiado en esa zona para escapar del acoso de las autoridades. Este es el inicio de ataques destinados a “pacificar” el país y a extender el imperio de la ley del Estado colombiano en su territorio.

En 1964, estos grupos se reagruparon en el denominado “Bloque Sur”, y en 1966 se convirtieron en las FARC. Un origen igualmente contestatario ante el Frente Nacional tiene el Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana que se levantó en 1974 ante el “fraude electoral” cometido en 1970 sobre el General Rojas Pinilla (candidato presidencial que perdió frente al del Frente Nacional).

Comunidades indígenas también se armaron en 1984 para defenderse de los ataques de militares, terratenientes, Gobierno, y otros grupos, creando el Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL). Orígenes más ideológicos tienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo fundado en enero de 1965 por sacerdotes armados (Teología de la Liberación) y estudiantes universitarios recién llegados de Cuba (adeptos al “foquismo” del Che), y el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla originalmente maoísta, fundada en julio de 1967, que en 1975 viró hacia la línea marxista-leninista. Pero estos modelos “socialistas” sirvieron, en el mejor de los casos, tan solo como marcos de referencia.

Sin el afán de adentrarnos en la minucia de las diferencias ideológicas de las guerrillas, deseo destacar que otros fenómenos de igual importancia para explicar la violencia en Colombia han quedado por fuera de este análisis, como lo son el financiamiento, por parte de las élites agrarias (con el entrenamiento del Ejército), de grupos de autodefensas (o paramilitares), y el surgimiento de una élite económica rural ligada al florecimiento del narcotráfico (que luego se reagrupó en los Carteles de Medellín y de Cali).

La conjunción de todos estos factores hacen que la década 1980 sea especialmente violenta en Colombia, con cinco grupos guerrilleros activos luchando contra el Estado (en esa época el país se gana la reputación de ser un “laboratorio guerrillero”), paramilitares atacando a las guerrillas, y dos carteles de droga luchando entre sí, contra el Estado, y contra las guerrillas.

El clímax de este cuadro se alcanzó a finales de la década, cuando cuatro aspirantes presidenciales, Jaime Pardo Leal (Partido Unión Patriótica), Bernardo Jaramillo Ossa (sustituto de Pardo Leal), Luis Carlos Galán (Partido Liberal), y Carlos Pizarro Leongómez (Alianza Democrática M-19) son asesinados.

Colombia está al borde del colapso, y probablemente en parte gracias a ello, se abre una oportunidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permite, entre otros, eliminar los rezagos del Frente Nacional.

Procesos de Paz de Colombia (primera parte)

Durante esta primera fase del conflicto armado (1962-90), se llevan a cabo dos procesos de paz. El primero, liderado por el Presidente Belisario Betancur (1982-86) es severamente criticado, pues se señala que consistió en un cese al fuego sin punto de llegada. Fue como detener el enfrentamiento armado en la teoría (lo cual además no sucedió en la práctica), sin discutir los términos de la paz.

El proceso, que se alarga por tres años, termina abruptamente en 1985, con la trágicamente recordada toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El ejército contraataca y produce un baño de sangre en donde mueren 98 personas, entre ellos once magistrados.

El segundo proceso tuvo lugar durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-90), y produjo la desmovilización de tres movimientos guerrilleros. El M-19 firmó un acuerdo de paz el 26 de abril de 1990, el EPL lo hizo el 16 de mayo (una parte del grupo rehusó a desmovilizarse), y en mayo de 1991, se llega pacta con el MAQL.

Se aprobó, con participación de los exguerrilleros desmovilizados, la nueva constitución política, que entró en vigencia en 1991. Pero el ELN y las FARC-EP no participaron en ese proceso. Conversaciones adicionales entre estos dos grupos y el Gobierno de César Gaviria (1990-94), tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México) en 1991 y 1992. El ELN se fragmentó y un acuerdo de paz con un sector del mismo, la denominada “Corriente Renovación Socialista” es alcanzado el 9 de abril de 1994.

Dos son los elementos que deseo rescatar aquí. Por un lado, las FARC-EP y el ELN, las guerrillas más antiguas de Colombia, han siempre sido reacias a negociar. De ahí el valor del acuerdo recientemente alcanzado en la Habana. Por el otro, el conflicto armado colombiano entra a inicios de los años 1990 en una segunda fase.

Los paramilitares crecerán y fundarán las “Autodefensas Unidas de Colombia”; las FARC-EP entran en un nuevo proceso de expansión vinculado a su incursión en la economía del narcotráfico (eso es lo que la “historia oficial” reza), y el ELN, junto a los rezagos del EPL, continúan en actividad.

Se trata de un contexto de “paz fragmentada”, es decir de un marco en donde se logró el tan ansiado cese al fuego definitivo con tres guerrillas menores, pero en donde los dos grupos revolucionarios históricamente más importantes de Colombia, el ELN, y las FARC-EP, se levantaron más fuerte que nunca. A este nuevo marco es al que le dedicaré mi atención en la próxima entrega de esta columna.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Julio 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Pan y circo: Cómo se manipula a las masas

Bien se sabe de los artilugios que en la antigüedad empleaban o aprovechaban los gobiernos para mantener controlada a la población; casos que se remontan a la antigua Roma, donde se incurría al entretenimiento a través de peleas entre gladiadores, muestran claramente lo ancestral que resulta utilizar al elemento previo, y a los respectivos empleadores del mismo, para conservar a los ciudadanos ocupados y alejados de los asuntos que les conciernen directamente (dicho de otra forma, los asuntos políticos). La trascendencia de dichas maniobras ha sido tal, que en la época moderna han podido observarse estas mismas en nuestro país.

Ahora bien, cabe resaltar que, si bien los elementos repetitivos e hiperbólicos de tales recursos empleados por algunos medios de comunicación, logran aumentar considerablemente las posibilidades de distanciar (más de lo que ya esta) al mexicano de los asuntos públicos de la nación, estos no deben encuadrarse de forma absoluta en las infames “cortinas de humo”, o más recientemente “cajas chinas”.

Hay que ser realistas: no siempre es el gobierno el responsable de utilizar estos mismos recursos para el cometido mencionado anteriormente, si no que en diversas ocasiones aquellos llegan a ser el producto de tener unos medios con una ínfima calidad que han visto en programas y noticias que no cultivan el intelecto, la forma perfecta de mantener sus niveles de rating.

… casos que se remontan a la antigua Roma, donde se incurría al entretenimiento a través de peleas entre gladiadores, muestran claramente lo ancestral que resulta utilizar al elemento previo, y a los respectivos empleadores del mismo, para conservar a los ciudadanos ocupados y alejados de los asuntos que les conciernen directamente…

NO OBSTANTE, esto no quiere decir que los servidores públicos no tomen ventaja, por ejemplo, de la programación pobre y repetitiva en los canales principales de la televisión, para así poder realizar libremente sus prácticas habituales consistentes en engañar a los votantes, traicionarlos y saquear las arcas de la nación.

Asimismo, ejemplos no muy distantes del presente sobran; de los casos actuales, cabe mencionar a aquel famoso “romance”, entre el nuevamente capturado Joaquín “El chapo” Guzmán, y Kate del Castillo, el cual ocupó semanas al aire de los noticieros de las televisoras principales, y dentro de aquellas semanas, una conversación filtrada de whatssapp donde incluso se contaba con intérpretes que dramáticamente leían cada uno de los supuestos mensajes enviados por parte de la “aparente pareja”.

Definitivamente, tal dramatización de los supuestos hechos no solo resulta en una pérdida de espacio informativo que pudo ser ocupado en asuntos de mayor relevancia, sino que también insultan y degradan la inteligencia del mexicano. Tristemente, el mencionado caso no es el primero que se presencia. Es, igualmente destacable el suceso ocurrido hace un par de años, que ganó los reflectores mediáticos por más de un mes: el caso Paulette.

…esto no quiere decir que los servidores públicos no tomen ventaja, por ejemplo, de la programación pobre y repetitiva en los canales principales de la televisión, para así poder realizar libremente sus prácticas habituales consistentes en engañar a los votantes, traicionarlos y saquear las arcas de la nación.

Tocando el tema asiduamente por los presentadores de noticias en horarios estelares, dicho suceso despertaba diversas preguntas: Siendo México, un país catalogado como uno donde se violan constantemente los derechos humanos, donde hay un considerable número de desaparecidos y de fallecidos producto del narcotráfico ¿Por qué hubo tanto empeño, por parte de los noticieros, en un solo caso, siendo que hay miles de ellos en todo el país? ¿Por qué no se le dedicó (y se le dedica) la misma cobertura a los demás aún desaparecidos de México?

Tales interrogantes, aunadas a la incapacidad del gobierno para responder de manera fehaciente y efectiva a los problemas que encara la nación, así como la todavía pobre y vergonzosa programación que se aprecia por parte de las principales televisoras, nos dejan clara una cosa: o exigimos y luchamos por tener el gobierno que merecemos, o continuamos en este círculo vicioso, hasta que este llegue a las generaciones venideras.

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Superman y otras hierbas

No. No se trata del mundialmente reconocido y fortachón súper héroe. Hoy se trata lisa y llanamente de drogas.

El narcotráfico es una de las industrias que mueve más dinero, y para ello se sirve de redes que se conectan a través de todo el globo terráqueo. Redes de las que forman parte desde políticos poderosos, empresarios, fuerzas policiales, ejércitos, hasta mujeres y niños que ofician de mulas. También han llegado a cooptar a muchos organismos que se encargan, en teoría de acabar con ellos; como ha quedado más que claro tras los repetidos hechos de corrupción en los que se ha visto involucrada a la DEA (Drug Enforcement Administration).

Las redes de narcotráfico ya no implican solamente la venta o el tráfico. Su accionar se ha ido complejizando, y por qué no, profesionalizando. Obtención de insumos, fabricación, distribución y venta; son sólo algunas de las partes de este intrincado proceso que lleva la droga cada rincón del mundo.

Las redes de narcotráfico ya no implican solamente la venta o el tráfico. Su accionar se ha ido complejizando, y por qué no, profesionalizando. Obtención de insumos, fabricación, distribución y venta; son sólo algunas de las partes de este intrincado proceso…

Según el Informe Mundial sobre la Drogas 2014 de la ONU, los laboratorios de droga se las rebuscan cada vez más para no ser impedidos. Es así como ante el reforzamiento mundial de la fiscalización de precursores (sustancias que son necesarias para sintetizar las drogas, como por ejemplo la efedrina) ahora forman parte de un intrincado proceso para la obtención de ellos. De esta manera se sirven de los países con sistemas de fiscalización débiles, como por ejemplo a través del establecimiento de empresas ficticias para ocultar importaciones ilegales. También utilizan preparados farmacéuticos (en particular los que contienen efedrina y seudoefedrina) y buscan nuevos precursores no sujetos a fiscalización, incluidos varios preprecursores de fácil conversión en los precursores necesarios.

Otro de los eslabones principales de las redes de narcotráfico es, lamentablemente, la política. Este involucramiento se puede dar desde la negligencia o cobro de sobornos, hasta el cumplimiento de un rol activo facilitando la adquisición de los precursores o el ingreso o egreso de la droga a través de las fronteras.

A la desidia y la corrupción se le suman las políticas públicas débiles o ineficientes, fronteras sin vigilar, falta de transparencia, desidia, abandono; y por supuesto, en América Latina, la más que clásica distribución desigual de las riquezas. Estos factores hacen un país más permeable a la instalación y propagación del narcotráfico.

Otro de los eslabones principales de las redes de narcotráfico es, lamentablemente, la política. Este involucramiento se puede dar desde la negligencia o cobro de sobornos, hasta el cumplimiento de un rol activo facilitando la adquisición de los precursores o el ingreso o egreso de la droga a través de las fronteras.

Además de la conocida marihuana, y las drogas más comunes, últimamente el debate público se ha enfocado en las drogas de diseño, más precisamente pastillas como la mediatizada “Superman”. Tanto la Superman como las Love, Luna o NBOMe, son drogas que son habitualmente consumidas en fiestas electrónicas. Más precisamente Superman fue la responsable de la muerte de cinco jóvenes que asistieron a la edición argentina de la fiesta electrónica Time Warp. Otros cinco quedaron en terapia intensiva y difícilmente se logren recuperar por completo.

Este hecho abrió la puerta a una serie de debates que se centraron básicamente en: ¿La culpa es del chancho o de quién lo alimenta? ¿Los culpables fueron los narcotraficantes por no proveer un buen producto o de los consumidores por no tomar más recaudos a la hora de consumir sustancias?, ¿O tal vez fue su culpa por drogarse?

Es hora de tomarse esta discusión con mayor seriedad para poder comenzar a reflexionar sobre la complejidad del tema.

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FUNDENL: Madres al pie de lucha

“En efecto, la sociedad no es más que una familia más grande”
Mahatma Gandhi

Para muchos, el 10 de mayo representa una fecha para celebrar y reconocer a aquellas mujeres que les dieron la vida; para otros, esta fecha simboliza un día más de resistencia y lucha por encontrar a aquellos que estarían festejando a estas mismas: a las madres de las personas desaparecidas. Sea en el norte o sur del país, las desapariciones forzadas han constituido un calvario para los ciudadanos, tanto para los que viven sumergidos en el temor de pensar como sus seres queridos podrían ser los próximos en tener la calidad de desaparecido, como para los mexicanos que lo viven en carne propia y repentinamente no encuentran y desconocen el paradero de algún familiar o conocido.

Estos mismos, al observar la respuesta ineficiente (si no es que nula) de las autoridades, han optado por organizarse y buscar por ellos mismos a su gente (que, por cierto, también es nuestra gente). Tal es el caso de FUNDENL (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos “as” en Nuevo León) colectivo compuesto por madres de hijos, los cuales actualmente tienen calidad de desaparecidos.

Sea en el norte o sur del país, las desapariciones forzadas han constituido un calvario para los ciudadanos, tanto para los que viven sumergidos en el temor de pensar como sus seres queridos podrían ser los próximos en tener la calidad de desaparecido, como para los mexicanos que lo viven en carne propia…

Ha sido por medio de marchas, conferencias, así como mediatización, que las madres y padres pertenecientes a FUNDENL, han dado a conocer la realidad que vive una parte considerable de la población. Con ello, también han puesto en alto la bandera de todos los ciudadanos de Nuevo León que se encuentran encarando estas situaciones, las cuales son el resultado de una guerra “contra las drogas” que no tenía razón de ser, y a su vez, de la corrupción y el autoritarismo de las mismas autoridades de las que es bien sabido, han contribuido directamente a la perpetración de tales crímenes contra el pueblo mexicano (Ayotzinapa, por ejemplo).

Ha sido por medio de marchas, conferencias, así como mediatización, que las madres y padres pertenecientes a FUNDENL, han dado a conocer la realidad que vive una parte considerable de la población. Con ello, también han puesto en alto la bandera de todos los ciudadanos de Nuevo León que se encuentran encarando estas situaciones…

Asimismo, ha sido gracias a estos esfuerzos llevados a cabo por los colectivos, y los ciudadanos que se han unido en las movilizaciones sociales, lo que nos ha abierto, no solo los ojos, sino nuestro corazón, y con ello hemos vislumbrado lo siguiente: Nuestra gente desaparecida, ES MÁS QUE UNA CIFRA que irá a archivarse en un conjunto de estadísticas las cuales tratarán de ser atenuadas con el fin de tranquilizar a sociedad; nuestra gente que seguimos buscando trasciende a los fríos números que pretenden encuadran toda vida, la esperanza, el amor y los sueños que se esconden tras esa historia irrepetible que nuestros mexicanos aún por encontrar guarda dentro de su ser.

Por otra parte, tales esfuerzos conjuntos demuestran el poder que surge de la unidad entre los ciudadanos y hacen ver que, gracias a esta misma, es posible plantar cara frente a las situaciones de adversidad, pero más que eso, que es posible encarar el olvido y el miedo, provocado por grupos delincuenciales y servidores públicos que solo se sirven a ellos mismos.

La lucha sigue, y FUNDENL pone el ejemplo al encontrarse en resistencia permanente, movilizándose el día de las madres con motivo de la marcha de la dignidad nacional, y defendiendo el pilar de la memoria colectiva frente a un estado que no cumple con su función más básica: proteger a la población y defender los derechos humanos. Este conjunto de acciones habrían de recordarnos lo que siempre hemos sabido: no hay amor más grande, que el de una madre hacia su hijo.

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