Paranoia: Caja China




Fin de las vacaciones, pero este periodo de descanso no tuvo cabida en la agenda que concierne a la política y a los medios de comunicación. Que, entre días festivos religiosos y asuetos, en una semana la actual administración federal se embelleció con dos noticias que sacudieron y asombraron a más de uno.

La captura de dos exgobernadores de tan finísimo perfil, si de corrupción se está hablando.

El primero, Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, priista hasta su expulsión en 2012, deslindándose –el partido– de Yarrington debido a las acusaciones de las presuntas anexiones con el narcotráfico, capturado en Italia el 9 del mes y año presente y con aún un proceso de extradición y destino inciertos.

Y el segundo, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, igualmente priista hasta que el mismo partido dictaminó su destitución el año pasado, por “falta de probidad”, palabras que se quedaron cortas a la verdadera situación de desfalco que dejo al estado.

Ambos de la misma camaradería del presidente Enrique Peña Nieto, mostrándose afín a ellos en los inicios de sus respectivas gubernaturas, pero que en este momento tanto él como el PRI hace lo que sea por lavarse las manos de la antigua correlación que mantenían. De colegas a prófugos de la justicia, enemigos públicos, y chivos expiatorios del partido.

Dos noticias que sin conocer el contexto en el que se encuentra la política mexicana hablaría de un logro sin lugar a dudas.

Pero el ciudadano mexicano ha caído en una total incredulidad hacia cualquier noticia que se le presente en el día a día del país y su política, por una parte, la falta de confianza hacía con las instituciones, sea cual fuere y, por otra parte, un poco de paranoia social.

Sí, paranoia social, es decir, cualquier noticia por buena que fuese siempre será impregnada con una doble intención oculta para mantener enajenada y mal informada a la sociedad, noticias que distraen el foco público de situaciones de delicada índole.

Acontecimientos creados por el mismo gobierno para despistar a las masas y, por consiguiente, su manipulación cuya finalidad normalmente recae en asuntos electorales.

Podría afirmar que en este país no existen las buenas noticias, porque cada una de ellas siempre esconderá una maquiavélica, falsa y mal intencionada acción. Una aseveración un tanto dramática que bien puede ser tomada como cualquier otra teoría conspirativa donde internet está más que plagada de este tipo de historias.

Así que me gustaría concluir con un poco menos de paranoia y darles cabida a las buenas intenciones de gente buena que, en mi parecer, aún existen en este mundo, sin desmeritar las buenas acciones que estas pocas personas están creando para tener un mejor país. Sin defender a nadie, ni partidos, ni mandatarios o servidores públicos, solamente dejando de lado esa manía por desacreditar toda noticia donde la única razón de su existencia proviene de ser una caja china.

Siempre será mejor que si alguien quiere realmente mantenerse interesado por los acontecimientos del país, este se informará bien, comparará noticias comprobando su veracidad y sin dejarse llevar por temas amarillistas y falsas noticas, cuestionará las fuentes y dará espacio a la desconfianza hasta rectificar una noticia como verdadera o falsa. Sin distribuirla solo por alentar esta paranoia y desacreditar al gobierno.

Una sociedad bien informada no es manipulable y seguir con esta paranoia social no beneficia a nadie. Si no queremos ser títeres de un gobierno vil seamos nosotros los que pongamos alto a esta demencia informativa e informémonos con historias verdaderas.




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Los gringos destapan a las autoridades mexicanas

El domingo por la noche nos fuimos a dormir sabiendo que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, había sido detenido en Italia, por autoridades de ese mismo país. La versión original que dio la Procuraduría General de la República, fue que autoridades mexicanas habían colaborado con sus contrapartes italianas, con el fin de detener al ex mandatario tamaulipeco, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.

Durante el transcurso del día de ayer esta versión dada por la PGR se ha ido desmintiendo en varios medios internacionales, y ahora se habla de una tensión diplomática entre Estados Unidos y México, dado que ambos buscan la extradición de Yarrington a su país.

Según las autoridades de la Homeland Security de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas poco o nada tuvieron que ver con la detención del ex gobernador de Tamaulipas. Al contrario, fuentes oficiales de Estados Unidos han hablado sobre el tiempo que llevan rastreando a Yarrington, mismo que acusan en el vecino país del norte de ser operador de una empresa criminal, lavado de dinero y narcotráfico.

Han dado a conocer que fueron ellos, en colaboración con las autoridades italianas los que lograron la detención de Yarrington. Esto contradice, directamente lo dicho por la PGR en su comunicado del domingo por la noche donde textualmente declaraba lo siguiente:

“La Procuraduría General de la República informa que el día de hoy, gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal, así como las autoridades del gobierno de Italia, se logró la ubicación y detención del señor TOMÁS JESÚS YÁRRINGTON RUVALCABA, en Italia.”

Ayer durante la mañana Altavoz MX y otros medios de comunicación, dimos a conocer un video donde se ve el momento exacto cuando detienen a Tomás Yarrington, que en ese momento se encontraba acompañado por otra persona de nacionalidad polaca.




Si uno ve el video con detenimiento, en una parte sale un agente del Homeland Security en específico de la Immigration and Customs Enforcement (ICE), quedando así demostrado que Estados Unidos incluso envió agentes para tratar con las autoridades italianas y lograr la detención.

Lo último que se ha estado comentando, es que al igual que con el caso Humberto Moreira, cuando fue detenido en España, donde la Embajada de México en Madrid se volcó totalmente a liberar al ex gobernador de Coahuila, lo mismo está sucediendo en el caso de Yarrington. La Embajada de México en Roma, pelea a capa y espada que el ex mandatario de Tamaulipas sea extraditado a México y no Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de Yarrington?

Probablemente sea en una prisión en los Estados Unidos, en específico en Texas, entidad donde se ha girado la orden de aprehensión en su contra. Aunque, Yarrington es de nacionalidad mexicana, el país que más delitos le impute, es el que lleva la preferencia en la extradición, es decir en este caso Estados Unidos, que le imputa cuatro, entre ellos narcotráfico y lavado de dinero.

Pero de esta historia, lo que es hartamente interesante, es el proceder de las autoridades mexicanas. El domingo se colgaron la medallita de haber sido ellos los que lograron la detención de Tomás Yarrington, para luego ser penosamente desmentidos por parte de las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, hasta el día de hoy las autoridades mexicanas pelean la extradición del ex mandatario, lo que huele a que es con el fin de que este interponga un famoso amparo, y salga en unas cuantas horas libre y vuelva a escapar.

No olvidemos que todo este teatro viene también en plena época electoral y en el momento en el cual el PRI está en peligro de perder el Estado de México, lo joya de la corona, Nayarit y Coahuila. Por lo tanto, no nos debe de sorprender que esta administración haya tratado de colgarse la medalla de combatir la corrupción.




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Sergio González Rodríguez: ‘Estamos contemplando la crisis integral de las instituciones Publicas en México’

México ha perdido a una de sus voces más importantes dentro del periodismo y la literatura en una etapa en la que era imprescindible. Si el presente vislumbra un futuro complicado para el país, los libros de Sergio González Rodríguez ayudan a comprender nuestra terrible actualidad a través de un pasado que no deja de actualizarse.

En octubre de 2015, Sergio vino a Monterrey para presentar su libro Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos. Meses atrás había leído Campo de Guerra, por el que se hizo acreedor del Premio Anagrama de ensayo 2014 y tuve la oportunidad de entrevistarlo por su generosidad de otorgarme 10 minutos después de que ya había concluido su tiempo de prensa.

Campo de Guerra analiza el problema geopolítico en México y su relación con Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico, por eso mismo me pareció imposible no relacionarlo con el libro que estaba presentando, una estupenda crónica e investigación sobre lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Revivo esta entrevista con la intención de recordar algunas ideas – de tantas – de Sergio González Rodríguez derivadas de algunas preguntas torpes que le hice. Desearía no hacerlo alrededor de esta terrible noticia que nos afecta a todos, porque a partir de hoy nos hemos quedado, como ya lo dije, sin una de las voces más importantes dentro del periodismo, que investigó y denunció los feminicidios en Ciudad Juárez y por eso Roberto Bolaño lo incluyó en su libro 2666 con su nombre original, por el simple hecho de ser el periodista que investigó los crímenes.

¿De qué forma el contexto que rodea a la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón influyó en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

La vinculación que señalas es, desde luego, cierta. Campo de guerra es un estudio geopolítico, es un informe sobre la situación geopolítica de México y tiene como centro de la investigación la guerra contra el narcotráfico que se realizó en México entre el año 2007 y 2012, y el caso del libro actual, un año después, los 43 de Iguala, es un estudio de caso donde se documentan los asuntos que estaban planteados, algunos de ellos a nivel teórico, otros empíricos y se explica por qué pudo darse este episodio tan atroz. Yo creo que sí hay una continuidad en la investigación, en la documentación, pero sobre todo, en la comprobación de las tesis que manejé en Campo de Guerra.




A partir de lo que pasó en Iguala aquella noche, ¿cómo inicias la investigación que se materializa en este libro?

Creo que como todos los que escuchamos las noticias, al principio teníamos datos muy aislados y versiones muy poco claras de lo que había sucedido esa noche; a la fecha seguimos preguntando qué es lo que sucedió realmente. Yo lo que traté de hacer desde el principio es responder estas preguntas en vez de circular información sobre los hechos, circulaban versiones a favor o en contra, es decir: se estableció una narrativa de buenos contra malos que fue la que persistió a lo largo de los meses contra la idea de reducir los hechos a una simple visión de partidarismo, por una u otra parte es lo que yo trato de contradecir porque lo rechazo en mi libro; trato de proporcionar los elementos informativos y documentar los diversos niveles que confluyen en la tragedia de esa noche.

Esteban Illades, editor de la revista Nexos, tituló uno de sus reportajes sobre el tema: El polvorín que nadie olió, ¿crees que realmente nadie estaba al tanto de lo que sucedía en Guerrero, en Iguala?

Está demostrado por las propias declaraciones gubernamentales que sí existía información al respecto, no solamente a nivel de información de inteligencia por la coordinación de Seguridad Nacional, que es el organismo de inteligencia del Estado Mexicano, sino también se sabe por las propias declaraciones de las autoridades que estos hechos estaban siendo monitoreados, no solamente por las instituciones de la seguridad pública, también por la oficina de la presidencia y las distintas corporaciones policiacas de distintos niveles.

En el momento de los hechos se tuvo un conocimiento en tiempo real de lo que estaba aconteciendo, de manera que hablar de algo que no se previó, es más bien hablar de irresponsabilidad gubernamental para responder a tiempo sobre este asunto. Hay que considerar que también en el ejército y la marina tenían conocimiento sobre estos hechos y sus agentes están en actuación permanente, no solamente los que están destacamentados por razones de combate al narcotráfico, también las organizaciones de inteligencia estaban absolutamente al tanto de todo lo que iba a suceder y sucedió esa noche.

 

¿De qué forma podemos relacionar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a sus padres, a sus familiares, con lo que en Campo de guerra denominas como la “Anamorfosis de la víctima”?

Así es. El problema aquí es que estamos contemplando un país donde todos somos víctimas reales o potenciales del crimen organizado y fuerzas armadas o corporaciones policiacas, es un estado “Alegal”, como menciono en Campo de guerra, un “An-Estado”, que quiere decir: contra y fuera de la legalidad y que simula defender la ley.

Este asunto es muy claro, es una Normal tradicionalmente opuesta al gobierno y al estado mexicano y en los últimos años se ha radicalizado esta postura y su actitud ha sido cada vez más beligerante en confluencia con otros grupos como los anarquistas que tienen alcance internacional y actúan en México; esto hizo que el año anterior tuviéramos una efervescencia muy fuerte contra el Estado y contra el Gobierno en México, no sólo el Federal, sino también con los municipales y estatales, de modo que tenemos que encuadrar estos fenómenos de una manera más amplia, más allá del reduccionismo a hechos aislados de nota roja o un hecho excepcional o esporádico como se llegó a decir. Estamos contemplando en la noche de Iguala una atrocidad que esperamos nunca se repita, la crisis integral de las instituciones Publicas en México.




Recordamos el caso de Radilla Pacheco y vemos la influencia que tuvo para que hubiera cambios en la Constitución sobre el procedimiento e investigación de los desaparecidos, ¿vislumbras al caso de los 43 estudiantes como posible detonador de cambios en las leyes?

Creo que tenemos la legislación suficiente, tenemos las normas constitucionales ya inscritas en el derecho convencional internacional que atañe  a la defensa de Derechos Humanos en México y lo que no tenemos es el cumplimiento de estas normas constitucionales. Yo creo que el caso de Iguala nos debe llevar a exigir el cumplimiento de estas.

Es inaceptable que el ejército mexicano nos explique que no intervino porque hay una limitación de tipo legal: sólo interviene el ejército a petición de la autoridad civil y creo que este es un error porque la constitución indica que el poder ejecutivo, y en este caso las fuerzas armadas son un ramo del poder ejecutivo, están responsabilizadas, son las garantes del respeto a los Derechos Humanos y no es posible que no expliquen con una razón procedimental la vulneración a derechos constitucionales, esto es lo que no podemos aceptar.

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La piratería en México

De acuerdo con Enrique Guillén, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) el contrabando y la piratería en México cuestan alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos. Por ello, la piratería representa el segundo delito que más preocupa a las autoridades, justo después del narcotráfico. Habría de decirse que el segundo delito que más debería preocupar a los mexicanos es la piratería.

Los sectores con mayor vulnerabilidad ante esta situación son el de vinos, cigarros, libros y acero. Algunos datos al respecto muestran el alcance de la piratería en esos terrenos, por ejemplo: en la industria tabacalera creció del dos al 17 por ciento entre 2011-2014, dicho en términos netos: 340 millones de cajetillas de cigarros que entran al territorio nacional no pagan impuestos, esto representa un grave riesgo a la salud y habría que atenderlo a la prontitud. Ahora hay que imaginar cuántas escuelas se dejaron de construir o en su caso de equipar debido a hábitos de consumo nocivos para la ciudadanía y para las instituciones.

Por otro lado, explica Salvador Quesada, Director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), que en la industria del acero ha ingresado varilla china que sólo cuenta con el 15% de fortaleza que la nacional, esto quedó demostrado al efectuarse pruebas de calidad, sin embargo es más barata y se vende sin ningún tipo de problema aunque ponga en riesgo las construcciones donde se instala. Se ahorran unos pesos y se pone en riesgo el patrimonio de miles de familias que son sus hogares, y aún de terceros.




Por ello la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor la propuesta presentada por el suscrito y los también diputados Jorge Ramos del PAN y Enrique Jackson del PRI para decretar el 11 de Octubre de cada año “Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. El problema de la llamada piratería implica un vector fundamental de las sociedades modernas que es la propiedad intelectual, esto es, el mundo de las patentes, los procesos, las técnicas y los materiales con que se genera riqueza.

Ahora bien, la tarea no es menor porque si bien pueden crearse herramientas legislativas para tratar de combatir este mal, también es cierto, como lo comentan los legisladores en el cuerpo dictamen que se turnará al Pleno de Diputados para su valoración y votación, la necesidad de fomentar una cultura de la legalidad con participación de ciudadanos, sector productivo y autoridades.

Esto es importante ya que de acuerdo con el estudio “Piratería: entendiendo el mercado sombra en México” realizado por la American Chamber of Commerce of México y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) en general el 50% de los encuestados no ven a la piratería como un delito grave, incluso es algo que forma parte de su vida cotidiana, de ahí que tampoco se considere problemático consumir productos que tienen un origen ilegal.

Por último, tomando en consideración la “Cuarta encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificado” realizada por el mismo instituto se obtuvo como resultado que ocho de cada diez personas han comprado un producto pirata y que los productos que más se consumen son: películas, calzado, ropa, textiles y perfumes.




La cultura de la legalidad en el consumo es primordial por varias razones, primero, porque con la piratería se fractura la innovación y la investigación, segundo, porque se pone en riesgo el trabajo de cientos de miles de personas; tercero, porque se adquieren productos de mala calidad con riesgos reales para el consumidor;  y cuarto porque se crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y así la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Por tanto, deben reforzarse las acciones orientadas a la cultura de la legalidad y hacer visibles los problemas que se crean al consumir productos de origen “pirata” particularmente por su vinculación con el crimen organizado. Que las ciudadanías financien con sus compras lo que más las lastima que es la delincuencia organizada resulta una paradoja, sin embargo, es real y evidente que se incentiva la evasión fiscal, el daño a la propiedad intelectual, el trabajo honesto de hombres y mujeres y la inversión económica. La economía de la piratería es de suma cero en términos de desarrollo público: todos pierden menos la delincuencia.
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En sus marcas, listos…casi fuera: 2017

Dentro de una semana en nuestro país se vivirá la segunda jornada electoral del actual sexenio de Enrique Peña Nieto, donde los ciudadanos le pusieron un revés histórico al PRI ya que perdieron Estados clave en sus operaciones políticas a manos del PAN.

Muchos de estos estados viven por primera vez la alternancia política, esto significa que siempre habían vivido bajo un mismo sistema de gobierno impuesto por un solo partido político dominante, en algunos casos dominante y corrupto como Veracruz, Chihuahua o Durango, los ciudadanos respondieron a los pésimos e inoperantes  gobiernos que tenían (casualmente del PRI), enviando un mensaje de que no solo los independientes pueden cambiar el rumbo de una elección.

Esta vez le toca a Nayarit, Coahuila y Estado de México entrar a la escena electoral, ya que con las renovaciones de sus respectivos poderes ejecutivos, Coahuila y Estado de México, bastiones históricos del PRI ahora en peligro y Nayarit con alternancia intermitente desde 2005, estos son la antesala de lo que viviéremos los mexicanos en el 2018, ya que es ahí donde el PRI se juega sus mejores tranzas o cartas para llegar al año entrante con posibilidades de mantenerse en el ejecutivo federal.

De Nayarit podemos decir muchas cosas, pero resumiéremos solo en que el alcalde que robo “poquito” alias “Layin”, no llegue a gobernar el estado de los nayaritas por la via independiente, ya que al parecer la polémica es su mejor y al parecer única carta de presentación con la ciudadanía.

Un poco más al norte, esta nuestro vecino, Coahuila, quien en recientes resultados electorales ha cambiado su composición política, esto debido a que poco a poco la corrupción encarnada en la dinastía Moreira ha cansado a los lastimados ciudadanos de la tierra del sarape y el pan de pulque, desde la caída del PRI en Saltillo, hasta lo fuerte que luce su oposición en el norte del estado, el priismo debe tener una operación excelsa y por excelsa me refiero a tener un gran arsenal de fechorías y dinero público desviado en la compra del voto como siempre lo hacen, ya que Riquelme, su candidato y ex alcalde de Torreón, es el abanderado para los tricolores en esta elección.




Miguel Riquelme carga con una pésima gestión como Presidente Municipal de la Comarca Lagunera, plagada de escándalos y desvíos a favor del PRI; ahora, del lado de MORENA, un aspirante independiente se cuelga del efecto de AMLO en esta ocasión y usa a la plataforma política del tabasqueño como bandera para esta elección, muy al estilo del Bronco, hasta para hablar, este empresario buscara gobernar el vecino estado con la esperanza que Rodríguez Calderón le dio a ex priistas para seguir en la política nacional; y quien sin duda está muy cerca de sepultar a los fragmentados Moreira, es el panista Guillermo Anaya, ex Senador, ex Candidato a Gobernador del PAN y uno de los principales opositores históricamente de los hermanos corrupción, las encuestas más conservadoras lo colocan entre 3 y 7 puntos arriba de Riquelme, lo que genera un ambiente propicio para la tan anhelada alternancia.

Así empezaron las 7 de 12 entidades donde el PRI perdió el poder las elecciones del 2016, aunque el PRI no está del todo derrotado en Coahuila, es un gigante herido en muchos aspectos, perdiendo la capital, Saltillo, la zona norte del estado, donde la industria está presente, es gobernada por el PAN, los municipios fronterizos como Nadadores, Morelos y Villa Unión, son panistas, en Torreón, el PAN estuvo a punto de dar la campanada la elección pasada, perdiendo por las alianzas que el PRI hizo con otras fuerzas políticas, de lo contrario sería una losa muy pesada de cargar en la espalda de los Moreira.

Antes de irnos a la joya de la corona de este proceso electoral, no se me puede ir uno de los Ex Gobernadores más corruptos de este país y no, esta vez no es Medina, ni cualquiera de los Duarte, Borgue, Montiel, Peña Nieto, Murat, Osario, Yarrington o Natividad, esta vez hay novedades de parte de Humberto Moreira Valdés, y es que esta vez después de solicitar ser candidato del PRI a la alcaldía de Saltillo, a ser considerado para ser Diputado Local, esta institución le cerró las puertas a su creador.

Así es, dejaron fuera a uno de los creadores de uno de los priismos, más peligrosos, violentos y corruptos del país, y esto es por las investigaciones que Moreira ha tenido y tiene en su contra, en lo particular, la ´última realizada que culminó en su detención en Madrid, España.

Y no pensemos que el Señor Moreira se fue a refugiar o a esconder como Duarte para llamar menos la atención y evadir la justicia que lo persigue, esta vez nos sorprendió y nos hizo ver que a demás de que la corrupción puede tomar formas humanas, ahora el cinismo también, ya que el “maestro Moreira” competirá como ¡Candidato a diputado plurinominal por el Partido Joven de Coahuila!

Asegurando que el PRI injustamente lo excluyó de los próximos lugares para ser candidato y que el Partido “joven” le abrió generosamente las puertas, arranca el maestro Moreira presumiendo su distanciamiento con su hermano Rubén Moreira y diciendo como esposo violento que ya cambió, que esta vez las cosas serán diferentes, que confíen en él, y ya sabemos cómo terminan estas historias, así que prepárense por que Moreira quiere venganza, el PAN esta como puntero en las encuestas y el PRI no está del todo derrotado en Coahuila, pero puede caer noqueado.




Como  lo mencionaba, ahora un vistazo rápido a la joya de la corona porque nunca terminaría con tanto por opinar de los tres candidatos protagonistas de este 2017, primero las damas, Josefina Vázquez Mota regresa a una contienda como Candidata a la Gubernatura del EdoMex, un estado azotado por la corrupción, la desigualdad y el bastión mas fuerte del PRI históricamente.

Josefina llega al parecer en una fuerte unidad panista, donde será clave para el regreso del blanquiazul a los pinos, ya se quitó de encima las acusaciones por su Fundación Pro migrante con todas las de la ley, ahora esperemos que pueda ser esa mujer aguerrida que vimos al final de su campaña presidencial en 2012.

Por el lado de MORENA, la mujer predilecta de López Obrador, la maestra Delfina, se ha convertido en una candidata competitiva y no creamos que por su talento natural de hacer política ni por sus palabras tan elocuentes, si no porque Andrés Manuel, siente como suya esta elección también, encabezando spots, imágenes y todo lo relacionado a la maestra Delfina, lo que posiciona a las dos mujeres candidatas y a Del Mazo, con un empate técnico en el inicio de las campañas electorales de este año.

Hablando de Del Mazo, el PRI vio en el primo del Primer Priista del País, a una excelente opción para alargar su legado en las tierras del centro del país. El Grupo Atlacomulco, los Montiel y los grupos ahí sueltos, le dieron el espaldarazo de confianza, no había de otra, al primo del presidente para guiarlos en esta, la elección donde el 79% de los mexiquenses, según encuestas de Animal Político, desean la alternancia en el EdoMex, una tarea titánica para el priismo que recuperó Los Pinos.

Con el panorama en empate, la elección inclinada hacia cualquiera de los candidatos, el flamante Gobierno Federal no se quiere quedar con los brazos cruzados y ni tardo, ni perezoso, envió a todos los hombres y mujeres cercanos a EPN a “visitar” el Estado de México, para llevar a este país al desarrollo y garantizar la vida digna de sus habitantes, ojalá fuera así, ya que hay que ser muy inocente para no ver el evidente botín político detrás de las acciones de los Secretarios de Estado y del propio Eruviel Ávila, Gobernador del Edo Mex, desesperados por estar presentes en la población, porque cuando no vemos a Eruviel Ávila entregando 5000 computadoras a estudiantes, vemos a Rosario Robles echando la casa por la ventana con el programa de vivienda digna. También vemos a Aurelio Nuño con su programa “PRImero los niños”.




Esto se convirtió en un circo con payasos muy malos y no me refiero a que se acoten los apoyos a los mexiquenses que más lo necesiten, está muy bien que lo hagan, tener a ciudadanos preparados, con mejores condiciones de vida, nos hace un mejor país, pero eso también se puede hacer desde el primer día y no a una semana de la veda electoral, como dato.

Queremos un Estado de Mexico sin feminicidios y corrupción rampante, un Coahuila sin deuda y nexos con el narcotráfico y un Nayarit listo para ser protagonista de la zona del pacifico, queremos estados sin gobiernos como los que tienen ahora, queremos estados libres, queremos estados sin corrupción, aquí hay un común denominador y lamentablemente usa los colores de nuestra hermosa bandera.

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Dimes y Diretes: “Pugnas en el PAN”

Las pugnas dentro de los partidos políticos no son nuevas. Todos los partidos tienen grupos internos que se pelean por los huesos, digo puestos. Pero es raro ver que un partido saque a la luz estos problemas y desacuerdos internos.




Este fue el caso el día de ayer con el Partido Acción Nacional (PAN). El ex presidente Felipe Calderón, tal vez después de echarse unos buenos tragos, se puso a darle retweet a mensajes en contra de Ricardo Anaya, actual dirigente nacional del partido albiazul.

Desde hace varios meses se viene hablando sobre esta pugna interna en el partido. Margarita Zavala ve a Anaya como una seria amenaza para sus aspiraciones presidenciales en el 2018. Además, la historia que salió la semana pasada de un supuesto pacto entre Enrique “Henry Monster” Peña Nieto y Ricardo Anaya, pone en una posición débil a la ex primera dama.

Por otro lado, la derrota de Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos, fue un golpe duro para la pre, pre, pre, campaña de Zavala, algo que ha tenido en jaque al equipo de Margarita, pues ven que se les están yendo las posibilidades de ser candidata o ganar en el 2018.




Los ataques del ex presidente Calderón, fueron por donde le han tratado de llegar desde hace meses a Anaya, su “promoción personal”. En uno, Calderón llama indirectamente a que los panistas renueven su registro con el fin de evitar que Anaya siga manipulando al partido para beneficio personal.

En otro, Calderón cuestiona, igual indirectamente, que Anaya siga haciéndose promoción personal en los spots del PAN.

Que esta pugna interna salga a la luz debe de preocupar a los panistas rumbo al 2018. Mostrar desunión e incluso desunir al partido internamente nunca les ha beneficiado, no olvidemos que fue así como perdieron la elección en Nuevo León.

Desde mi punto de vista la mejor opción del PAN es irse por Anaya, Margarita tiene muchos puntos débiles donde sus adversarios le estarán pegando. Una de las más contundentes es la guerra contra el narcotráfico de su esposo, y la otra su falta de experiencia en como administradora pública.

Panistas, pongan su casa en orden, sino en el 2018 se los cargará AMLO.

¡Ahí Se Leen!

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¡Cuidado, México! La guerra puede empeorar




Ha pasado ya una década desde que empezó la guerra contra las drogas en México, y vaya que hemos sufrido las consecuencias. Oficialmente, se estima que entre 2007 y 2014 fueron asesinadas más de 164,000 personas y, para que se den una mejor idea de la magnitud de esta cifra, lo pongo en el siguiente contexto: en Afganistán e Irak fueron asesinadas 103,000 personas en total durante ese mismo periodo [1].

Aunque a paso de tortuga, todo indica que el mundo occidental está abriéndose al debate de estrategias alternas. La guerra contra las drogas no se puede ganar, y esto ha sido evidenciado en el estable incremento de consumo de narcóticos. Un número cada vez mayor de académicos y políticos busca que se le atienda como un tema de salud pública, y no de defensa nacional [2].

Enrique Peña Nieto se abrió al debate [3], pero el gobierno mexicano ha mantenido una postura bastante conservadora, lejos del ejemplo del ex-presidente uruguayo, José Mujica [4]. Pero a esta administración le quedan dos años, y por eso es importante conocer las posturas de quienes pretenden sustituirla. Si no tenemos cuidado, la guerra pudiera ponerse peor.

¿Cómo es que nuestra situación actual puede empeorar? Es cuestión de mirar hacia Filipinas. Filipinas ya tiene tiempo con problemas de drogas; de acuerdo con la ONU, en 2012 este país era el mayor consumidor de metanfetaminas en Asia del este [5]. La guerra contra las drogas en este país apenas va por su tercer mes, y se estima que la cifra de muertos fue de casi 1,800 personas en sus primeras siete semanas [6].




El presidente, recientemente electo, Rodrigo Duterte, es conocido a nivel internacional por sus comentarios desatinados, como: “estaba enojado porque la violaron (…) Pero era tan bonita, que [Duterte] debió haberlo hecho primero. Qué desperdicio.” [7] O, la semana pasada, cuando llamó al presidente Barack Obama “hijo de perra,” provocando la cancelación de su reunión en Laos [8].

Además de ofrecernos titulares escandalosos, este hombre también sirve como una advertencia para México. Las tácticas de guerra de Duterte deben ser evitadas por nuestro país a toda costa. En Filipinas se le ha dado libertad a autoridades y civiles de matar bajo el cobijo del ejecutivo a quienes se sospeche de comercializar o consumir drogas.

A Duterte no le interesan los derechos humanos y ha sido vocal al respecto, ignorando las protestas de la comunidad internacional [9].

Dejemos de lado la cuestionabilidad de la misma guerra contra las drogas, además de las violaciones a los derechos humanos que la estrategia particular de Duterte implica, la falta de un debido proceso judicial pone en duda la criminalidad de los asesinados. Cómo confiar en policías y justicieros que no se basan en evidencias sólidas al fijar un objetivo. Cómo respaldar una estrategia que puede llegar a camuflajear de heroísmo alguna vendetta personal. Es una estrategia explosiva, y no cabe duda que los estragos de la misma se dejarán ver en los próximos meses.

A pesar de esto, Duterte cuenta con la aprobación de la mayoría de los filipinos; del 91% para ser exactos [10]. El pueblo mexicano debe rechazar a candidatos con propuestas parecidas a las de Duterte. La guerra debe terminar ya, y una táctica así la prolongaría indefinidamente.

Analicemos con cuidado a los presidenciables, desde hoy, vigilemos las posturas que tienen ante la guerra contra las drogas. Apoyemos a un candidato que abogue por el diálogo y el debate, y que base sus decisiones en investigaciones científicas; un candidato que pretenda limpiar y reforzar el sistema judicial, en lugar de hacerlo a un lado; un candidato que sea incluyente y que busque parar esta guerra que vamos perdiendo desde hace 10 años.




[1] Jason M. Breslow. “The Staggering Death Toll of Mexico’s Drug War.” PBS. 27 julio 2015. http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-staggering-death-toll-of-mexicos-drug-war/.

[2] Eduardo Porter. “Numbers Tell of Failure in Drug War.” The New York Times. 2 julio 2012. http://www.nytimes.com/2012/07/04/business/in-rethinking-the-war-on-drugs-start-with-the-numbers.html?_r=0.

[3] Presidencia de la República. “Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana.” 21 abril 2016. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conclusiones-del-debate-nacional-sobre-el-uso-de-la-marihuana-29292.

[4] Gerardo Lissardy. “José Mujica sobre la legalización de la marihuana: ‘Los retrógrados se van a asustar’.” BBC Mundo. 7 mayo 2014. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140506_uruguay_entrevista_jose_mujica_jgc.

[5] Manuel Mogato y John Chalmers. “As Duterte takes over in Philippines, police killings stir fear.” Reuters. 29 junio 2016. http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-killings-idUSKCN0ZE300?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=
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[6] Rishi Iyengar. “Almost 1,800 People Have Died in Seven Weeks in the Philippines’ War on Drugs.” Time. 23 agosto 2016. http://time.com/4462382/philippines-duterte-1800-killed-drug-war/.

[7] Travis M. Andrews. “Leading Philippine presidential contender: Gang rape victim ‘so beautiful’ he wishes he had ‘been first’.” The Washington Post. 18 abril 2016. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/18/leading-philippines-presidential-contender-gang-rape-victim-so-beautiful-he-wishes-he-had-been-first/?tid=a_inl.

[8] Sheena McKenzie y Kevin Liptak. “After cursing Obama, Duterte expresses regret.” CNN Politics. 6 septiembre 2016. http://edition.cnn.com/2016/09/05/politics/philippines-president-rodrigo-duterte-barack-obama/

[9] Simon Lewis. “U.N. Experts Condemn Duterte’s ‘Incitement to Violence’ in the Philippines.” Time. 7 junio 2016. http://time.com/4359466/un-duterte-philippines-incitement-violence/.

[10] Miguel Syjuco, “This Is Why Philippine President Rodrigo Duterte Will Get Away With Murder.” Time. 16 agosto 2016. http://time.com/4453587/philippines-rodrigo-duterte-dictator-impunity-marcos/.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

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Dimes y Diretes: “Alfredo Castillo: Chapulineo Olímpico”




Uno de los que se llevado los galardones por ser el más quejumbroso y estar echándole la culpa a otros por las tragedias de la delegación mexicana en los juegos olímpicos de Rio de Janeiro 2016, es el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo.

Para los que no sepan la “gran trayectoria” de nuestro querido titular de la CONADE, se las resumo: es abogado y político mexicano, en el 2010 se desempeñó como Procurador de Justicia del Estado de México (yes, durante el gobierno de Peña Nieto), en el 2012 se integra al equipo de campaña a la presidencia del “copetón”, en el 2013 lo designan cómo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el 2014 lo mandan a arreglar los problemas en Michoacán con el narcotráfico (no arreglo ni maíz) y el 16 de abril del 2015 lo designan como titular de la CONADE, en lugar del medallista olímpico Jesús Mena Campos.

Es decir, analizando la trayectoria del Alfredo “Quejas” Castillo, es muy probable que el señor no fue ni campeón en los torneos de canicas, trompo, rayuela y balero. ¿Qué hace este señor siendo la máxima autoridad del deporte en nuestro país?

Claramente no tiene experiencia, en su vida a practicado un deporte (no, Alfredo, andar chapulineando de puesto en puesto no es un deporte) como lo hacen nuestros atletas.

La cosa no queda ahí, desde el inicio de estos juegos hubo controversia cuando, se dio a conocer que nuestros representantes en Rio iban a utilizar uniformes hechos por la marca alemana, Hugo Boss, con un precio de $14,444.00 pesos cada uno, más aparte gastos por arreglos. En total la CONADE gasto casi 4 millones de pesos en uniformes y ¡parece que hasta les sobraron!




Pues la revista Record dio a conocer que Alfredo Castillo aprovecho e hizo su viaje a Rio con su pareja, misma que portaba el uniforme de la Delegación Mexicana. Según Herrara, el uniforme fue uno de los que les sobro y que no le quedaron a ninguna deportista (¿qué?) y pues decidió que su pareja lo utilizará y así los dos fueran a representar a México…

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No, no es broma. En resumidas cuentas, Castillo regalo un traje de $14,444 pesos a su pareja, no con su dinero, sino con el nuestro.

Esto es lo que sucede cuando se mezcla la política con el deporte, y por supuesto, la corrupción con el deporte, pues no debemos culpar a nuestros atletas por los pobres resultados que existen hasta el día de hoy en Rio 2016.

Esto al contrario, es una prueba de que las cosas no se están haciendo bien, desde el momento que pones a tu compadre con 0 experiencia deportiva en una institución que a eso se dedica.

Alfredo Castillo, te damos la medalla de oro… Por deficiente. Bravo.

Ahí se leen.

P.D. Ni empecemos con el mero mero del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, con decirle que fue alcalde de Xalapa, Veracruz de 1979 – 1982 y Consejero Político Nacional del PRI de 1983 al 2000… Usted juzgue.

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Dimes y Diretes: “La triple crisis de confianza en México”




En México nos han enseñado que el Estado, centro del poder político, se divide en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde éstos Poderes, conformados principalmente mediante elecciones democráticas, se ejerce el Gobierno, todo lo anterior de acuerdo a lo que marca la Constitución.

Por ello, señalan las enseñanzas tradicionales, en nuestro país tenemos una democracia funcional, y un Estado de Derecho basados en el dominio de la Constitución, ejercido por las instituciones del Estado.

Y colorín colorado, este cuento ha terminado.

La realidad es que el sistema político en México nace, crece y se reproduce mediante una serie de prácticas que asignan poder de acuerdo a mecanismos extralegales, mientras que las elecciones son un juego de simulaciones, que por tanto, no aseguran un Estado de Derecho ni constituyen una democracia.




Me explico:

El poder en México se ejerce no por tres Poderes del Estado, sino por tres grupos de operación política, unidos por un pacto de impunidad.

El primer grupo, el más pequeño es la partidocracia. Ésta se compone por el gobierno, los partidos políticos y sus líderes.

Ellos controlan la llave para acceder a los puestos de elección popular, que son la puerta de entrada para robar.

El segundo conjunto, más numeroso, constituye los llamados grupos de interés, que son las cámaras empresariales, los medios de comunicación, los líderes sindicales, empresarios gigantes o grandes corporativos, el narcotráfico, las agrupaciones religiosas, poderes extranjeros y bancos. Ellos se encargan de legitimar social, financiera y mediáticamente a los gobernantes corruptos, a cambio de privilegios de todo tipo.

Finalmente, el conjunto más grande o numeroso, son las bases de apoyo, compuesto por los cientos de miles de afiliados a gremios, centrales obreras, sindicatos, partidos, empleados públicos, asociaciones, clubes, empresas, etc., mismos que son presionados por sus líderes para brindar apoyo electoral a los elegidos del sistema.

Esta manifestación dinámica del poder en México es el legado del PRI, adoptado posteriormente por el PAN, PRD y demás partidos, y es la esencia de la partidocracia mexicana.

Su pacto de impunidad es de lo más sencillo, y tiene solo un mandamiento: “Entre los integrantes de esta mafia, nadie, nunca, estará sujeto a los dictados de la Ley.”

Sin embargo, algo huele a podrido…

Este sistema autoritario pseudo democrático (el más longevo que se haya visto en la historia de la Humanidad), se encuentra actualmente en una profunda crisis, que se manifiesta claramente en el enfrentamiento entre Gobierno, empresarios y maestros de la CNTE y SNTE.

Recordemos: Como parte del Pacto por México, los partidos políticos y Peña Nieto plantearon una “reforma educativa” que evaluaría a los maestros, expulsando a los malos elementos de acuerdo a la Ley.

Esta expulsión de miles de maestros mediocres sería en efecto el fin de los privilegios obtenidos por las mafias sindicales de la educación durante décadas, un golpe maestro que debilitaría mortalmente a la CNTE y el SNTE, principal oposición para privatizar el sistema educativo nacional, dejándolo listo para ser entregado a la agrupación empresarial “Mexicanos Primero”, a quienes se les prometió este coto de poder.

Todo ello constituye, evidentemente, una ruptura del pacto mafioso de impunidad, puesto que los sindicatos de la educación, habiendo apoyado al PRI, al PAN y al PRD durante décadas, no están dispuestos a que sus privilegios hereditarios sean eliminados.

Para estos sindicatos, el sistema educativo es suyo, y no se lo pueden “asignar” a nadie… más que a ellos. Para los empresarios, es suyo, porque se los prometió el gobierno. Y para el gobierno, es suyo, puesto que la Ley le da la autoridad…

El saberse deshonestos, les impide sentarse a negociar.

Así de simple y así de vulgar es la crisis triple crisis de confianza que tiene paralizado a medio México:

Los maestros no confían en el gobierno ni en los empresarios;
Los empresarios no confían en el gobierno ni en los maestros;
El gobierno no confía ni en los maestros ni en los empresarios.

En resumen, los sospechosos de siempre, los que garantizaron la “paz social” a cambio de privilegios, han llegado a un punto de choque que puede ser el epitafio del verdadero sistema político mexicano.

Todos ellos quieren controlar la manzana de la discordia: el sistema educativo nacional. Ninguno está dispuesto a ceder. Por lo anterior, solo la fuerza permitirá que alguno de ellos prevalezca sobre los demás.

Y en este momento, la fuerza está en manos de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra acorralado, en el peor momento de su sexenio y empeorando, mientras el 2018 se acerca rápidamente…

Dios nos agarre confesados.

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