La cancelación del nuevo aeropuerto

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El domingo pasado finalizó la mal llamada consulta popular llevada a cabo por el presidente electo López Obrador y financiada a partir de las aportaciones voluntarias de integrantes del partido Morena. 

Hace falta recalcar la situación jurídica de esta “consulta popular”, la cual desde este momento la llamaré encuesta, puesto que ese es, creo yo, el concepto correcto con el cual debe ser designada.

El artículo 35º constitucional determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para una consulta popular. Entre sus múltiples requisitos me interesa resaltar aquel de su procedencia. 

La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de las Cámaras o los ciudadanos siempre que acumulen el equivalente al dos por ciento de la lista nominal. 

Como puede verse ningún particular puede solicitar una consulta popular. Y en esto radica la cuestión de porqué la encuesta de López Obrador no debe ser considerada ilegal. En tanto presidente electo, López Obrador no es una autoridad, por lo cual ningún control de constitucionalidad podría existir, puesto que no existe como tal un acto de autoridad que atente contra la supremacía constitucional. 

López Obrador es y lo será hasta el 1 de diciembre un particular que llevó a cabo una encuesta, por lo tanto no tiene la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos previstos en el artículo 35º. 

De ahí se desprende que la encuesta no puede tener efectos vinculatorios, es decir, López Obrador no se encuentra obligado a respetar el resultado de la encuesta. La única  obligación que podría existir es de carácter político al cumplir aquello que había prometido en su campaña presidencial. 

No hay duda de que la encuesta construida por López Obrador carece de un sustento metodológico y que se encontraba sesgada políticamente. Asimismo, se puede argumentar que la decisión trascendental de cancelar el NAICM en ningún sentido representa un ejercicio democrático.

Como explica Silva-Herzog, la encuesta fue una jugada demagógica que tenía como objetivo la completa absolución de la responsabilidad de López Obrador. El presidente electo, en un sentido inverso a su mesianismo, podrá decir: “la decisión del aeropuerto no vino de mí, sino del pueblo; yo simplemente hago su voluntad”.

Este tipo de instrumentos demagógicos pueden resultar peligrosos, ya que en general estas decisiones se orientan por elementos emocionales y no racionales, los cuales pueden ser contraproducentes para el mismo régimen entrante: la misma demagogia promovida por Robespierre lo condujo al final del día a la guillotina. 

Empero, el resultado de esta encuesta no debe de reducirse a la persona de López Obrador, tampoco se deben simplificar sus causas. La historia política de México siempre se ha enfocado más en los grandes personajes que en los movimientos populares. Nuestra herencia caudillista convertida en presidencialista en el siglo XX ha generado una tendencia a ver la causa de todo lo bueno y lo malo del país en el titular del Poder Ejecutivo. 

La lucha contra el nuevo aeropuerto no es de López Obrador, es de un movimiento popular que busca proteger sus intereses frente el avasallador poder del gran capital.

La lucha por el lago no es sólo, aunque es fundamental, por cuestiones ambientales, sino también sociales. Es hacerle frente al extractivismo, a la salvaje urbanización promovida por los intereses inmobiliarios, es proteger la economía del campesino y detener la concentración de las licitaciones en un puñado de empresarios.  

Por otro lado, se habla mucho acerca de las nocivas consecuencias económicas a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la inevitable hecatombe financiera. Aunque exagerado, la reacción de los mercados ante dicho suceso no es menor. 

Los ajustes a la baja en la calificación de la deuda del país provocarían una disminución en los precios de los bonos y un alza en las tasas de interés, lo que se traduce en una mayor dificultad del gobierno para financiarse a través de deuda en el futuro.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, la desconfianza del inversor puede reducir el volumen de inversiones que entran al país en los próximos años y desacelerar el crecimiento económico.

Por último, y a mi parecer es la consecuencia más preocupante debido a que afecta directamente a la seguridad social, la cancelación del aeropuerto pone en riesgo las pensiones de millones de mexicanos. Me explico. 

Un alto porcentaje del financiamiento para la construcción del aeropuerto se hizo a través del vehículo financiero denominado FIBRA. En conjunto, las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Afore XXI Banorte adquirieron el 45% de una de las emisiones (13, 500 millones de pesos) el equivalente al 0.9% del universo total de activos que manejan las cuatro afores. Ello implica que si no se puede solventar el pago por incumplimiento (¡con la TUA no alcanza!) podríamos hablar de un fuerte impacto al sistema de pensiones y la afectación directa a millones de mexicanos.

El panorama se ve nubloso para México. Es difícil tomar una postura ante la complejidad de la situación actual. Hará falta esperar a que López Obrador tome posesión y sus decisiones se conviertan en actos de autoridad. Conocemos la volatilidad del presidente electo, puede que revierta su decisión. Sin embargo, debemos de recordar algo: nada genera más pánico que el pánico en sí.  

AMLO anuncia que su sueldo será de 108 mil pesos mensuales

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El virtual Presidente electoAndrés Manuel López Obrador, anunció que su salario como titular del Ejecutivo será de 108 mil pesos mensuales, que representa el 40 por ciento de lo que percibe actualmente Enrique Peña Nieto.

En conferencia, López Obrador dijo que, de acuerdo con la información que le dio el Secretario de Hacienda propuesto, Carlos Urzúa, el Presidente Peña Nieto, contabilizando todas las prestaciones de las que goza, recibe mensualmente 270 mil pesos.

Los 108 mil pesos que ganará a partir del 1 de diciembre, advirtió, serán el techo salarial universal para toda la administración pública y los poderes.

Esto significa, detalló, que ningún diputado, senador o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ganar más de esa cantidad.

La Constitución, dijo, ya establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, y señaló que su administración hará que este principio se cumpla.

La medida, adelantó, será incorporada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponderá a la Cámara de Diputados, cuya mayoría tiene Morena, aprobarla.

López Obrador reiteró que habrá una reducción de salario a todos los funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y aumentará las percepciones de los que menos ganen.

Reforma adelantó la semana pasada que el plan de austeridad y anticorrupción del morenista contempla 50 medidas, entre ellas la reducción de los salarios en el Gobierno federal.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.

Critica EPN a los que no reconocen avances de su Gobierno

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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, criticó a aquellos que no reconocen los avances de otros gobierno, puesto que considera que al hacer eso se esta faltando a la verdad y se degrada la política.

Durante su último discurso en la conmemoración de la Constitución, Peña Nieto aseguró que lo más sano para un país es que se construya a partir de lo que se logró en gobiernos pasados, tal y como lo hicieran los Constituyentes en 1917.

“Nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México”, comento el mandatario.

En el evento, el presidente de México, presumió algunos de sus logros, mismo que dijo que se pudieron lograr gracias al Pacto por México.

La Constitución no puede ser usada como pretexto para olvidar los derechos humanos: Aguilar Morales

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La Constitución, bajo ningún concepto, puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos humanos reconocidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a favor de las víctimas como a los imputados por un delito, dijo el ministro presidente de la Corte Luis María Aguilar Morales.

El ministro presidente de la SCJN presentó este viernes su Tercer Informa Anual de Labores ante los Plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral; como invitados asistieron el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Ernesto Cordero y Jorge Carlos Ramírez Marín.

También recordó que “tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.

De igual forma expresó su enérgica condena a los funcionarios o empleados que “sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público”.

Reiteró que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación.

Entre las acciones emprendidas durante el presente ejercicio, detalló, debe destacarse que se aprobó la elaboración de un manual de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, con el que se busca establecer una base metodológica de inclusión de la perspectiva de género desde un enfoque de derechos humanos en la labor jurisdiccional.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

Coordinación Ejecutiva duplica funciones

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Algunas de los puestos burocráticos que fueron creados en la Coordinación Ejecutiva duplican funciones de otras dependencias del Gobierno Central de Nuevo León:

La Coordinación de Enlace con la Sociedad Civil, por ejemplo que lejos de auxiliar burocratiza el acercamiento de las organizaciones de la sociedad con el gobierno central.

Lorenia Canavati cobra como Coordinadora de Enlace con la Sociedad Civil 88 Mil 801 pesos, es el mismo sueldo de un Diputado.

Canavati además dispone de un chofer, vehículo oficial y una asistente ejecutiva que cobra 28 MIL 681 pesos al mes.

Crearon dentro de esta burocracia otra burocracia, que claramente duplica funciones del DIF, Desarrollo Social inclusive de la Oficina Ejecutiva del Gobernador y la propia Secretaria General de Gobierno.

José Davalos Siller que cobra como Director de Enlace Ciudadano 67 MIL pesos al mes.

Concepción Guadalupe Garza Rodríguez que cobra como Coordinadora de Enlace con grupos Vulnerables 76 MIL 209 pesos al mes.

Esto lejos de ayudar a la ciudadanía organizada, burocratiza y complica su comunicación directa con las áreas de interés de cada una. No debemos perder de vista que en cada dependencia cobran funcionarios como Jefes, Coordinadores y hasta directores de atención ciudadana. Ademas se garantizan en la Constitución y Ley de Participación Ciudadana los derechos de audiencias.

En su carta de renuncia al Gobernador el Sr. Fernando Elizondo dijo que “las principales contribuciones a su gobierno ya han sido hechas”.

Si ya está hecho el trabajo y las principales contribuciones de la COORDINACIÓN EJECUTIVA, es momento de analizar la posibilidad de desaparecer este monstruo burocrático, que no transparenta su trabajo y no le rinde cuentas a sus jefes directos, los contribuyentes de Nuevo León.

LINK NÓMINA COORDINACIÓN EJECUTIVA DIC 2016  https://goo.gl/p3T7js 




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

100 años de la Constitución

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Felices o no. Pacíficos o no. Estamos cumpliendo 100 años desde aquel 5 de febrero de 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza promulgó en el Teatro de la República de Querétaro la constitución que hoy todos conocemos.

Dicha constitución validaba las modificaciones a la carta magna de 1857 resaltando el heroísmo y patriotismo popular que reivindicaba la soberanía contra aquellos que querían apoderarse de nuestras tierras. Marcaba el fin de la lucha armada y el inicio de un orden legal.

¿Pero que nos pasó? ¿Porque hoy tenemos menos orden legal y más lucha armada?

Hoy a la constitución no hay que adorarla, hay que respetarla, ensancharla y aplicarla. ¡Ya es tiempo!
Y es que mientras decimos que hay derecho a la vivienda digna, esta se contrasta con la realidad de miles de personas que viven en una situación de pobreza y que día a día luchan por sobrevivir.




Mientras pregonamos el derecho a la educación gratuita y de calidad, nos damos cuenta que hoy todavía existen miles de niños analfabetas.

Mientras el gobierno aplaude el principio de igualdad, nos damos cuenta que efectivamente en México todos somos iguales, solo que unos son más iguales que otros.

Mientras repasamos el principio de legalidad, diariamente somos testigos que muchos políticos, empresarios y ciudadanos se lo pasan por las patas.

Que mientras no respetemos a todos aquellos que tienen gustos, preferencias e ideas diferentes a nuestra forma de pensar, no podremos cumplir con el principio de no discriminación. Que mientras nuestra libertad de expresión se vea cada vez más coartada, no podremos sentirnos seguros de nuestra palabra.

Y que mientras sigamos teniendo una libertad de prensa inexistente, no habrá medios de comunicación que hablen de la realidad en México sin temor a ser castigados. Y si no, pregúntenle a Aristegui, Brozo o Ferriz de Con.

Mexicanos, tenemos que trabajar por ensanchar la constitución de manera que se contemple a todos. Donde se respete y aplique el derecho al empleo, a la vivienda digna, a la sanidad y la educación. Una constitución donde nuestros derechos no estén solamente escritos, sino que sean reconocibles y palpables en el día a día. Ensanchar para buscar una justicia independiente que garantice la lucha contra la corrupción.

A 100 años el reto de la constitución no está en el establecimiento, sino en poder garantizar que se cumpla por todos y todas.




Si no nos vemos, pues nos escribimos.

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La Revolución descafeinada y light en 2016

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Un aniversario más se cumple del movimiento social que sacudió al país hace 106 años. Y más allá de las facciones o analizar cómo se desenvolvió el proceso, la pregunta es ¿qué queda de la Revolución?

Alguna vez aquel que iba a defender el peso como un “perro”, José López Portillo, se autonombró el último presidente de la Revolución… Y es que conforme pasó el tiempo, los ideales, las personas, las instituciones, el imaginario colectivo que dejó este proceso, cambió.

 




Hasta los años cuarentas, había un buen número de Veteranos, exlíderes que tenían cierta influencia todavía. Para que ir más lejos, el General Lázaro Cárdenas, un baluarte de la revolución institucionalizada, si es que el término se puede acuñar.

En los años cincuenta, se fundó el PARM por ex veteranos de la Revolución, pero sin lugar a dudas, la herencia más grande de la Revolución fueron la Constitución y el PRI. Algunos me dirán que Pemex es parte de esa herencia, puede ser, pero está algo influido con la visión socialista de gobierno del General Cárdenas.

La Constitución Mexicana y el PRI son los dos últimos rastros que viven de la Revolución. La Secretaría de la Reforma Agraria también perduró, pero duró años en el olvido desde los noventas.

La pregunta es ¿vale seguir viviendo de los ideales de la Revolución o sentirse parte de la Revolución? El mundo cambió y la sociedad mexicana también, los contextos cambiaron, las leyes mismas cambiaron.

Por eso, tenemos una Constitución que es reformada cada media hora, la visión de los constituyentes de 1917 ya no es la del 2016. Y en cuanto al PRI, seguir viviendo de la trasnochada idea de la Revolución cuando no tiene a un solo miembro activo que haya sido veterano te deja más preguntas que respuestas.

Pongámonos a pensar en todo lo que creó la Revolución y ya no existe. La repartición agraria, los ejidos, el PARM, la no reelección, PEMEX en venta de garaje, leyes referentes al Distrito Federal, entre otras.

El salto histórico no lo quieren dar los partidos porque la Revolución es un ideal nebuloso que todos amamos, celebramos y vemos como algo idílico y sin matices. Un ideal del que los partidos y en específico los partidos de izquierda siguen haciendo negocio mental.

Para cerrar, hay dos temas interesantes y algo absurdos pero que sobreviven herencia y producto de la Revolución. En los requisitos para ser diputado o senador se exige ser “MEXICANO POR NACIMIENTO”, si usted ve los requisitos en la comunidad europea, Estados Unidos y algunos países de América Latina, el requisito es ser ciudadano solamente.

Esto hace y crea que todo mexicano por naturalización es un ciudadano de segundo nivel y eso que hasta hace pocos se ha reconocido la posibilidad de poseer una doble nacionalidad. Para muestra, vea el registro de debates de 1917 sobre los artículos que abordan el tema de la nacionalidad y el estatus de los extranjeros donde se ve un nacionalismo reacio y un claro desprecio al extranjero.

El mismo Vicente Fox, en los años cincuenta, no hubiera podido ser presidente al tener una madre de origen español. Dicha modificación vino en los noventas que suavizó el requerimiento para ser presidente diciendo que al menos uno de los padres fuera mexicano por nacimiento.

Y finalmente, el absurdo más grande que aún permanece es la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución (DOF, 7-I-1950). Una ley, repito, vigente, que protege a toda y todo aquel que haya prestado servicios activos a la Revolución entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917.

Así, si usted se enroló a los 16 años, el 4 de febrero de 1917, al cuarto a las 12 de la noche, tienen derecho, usted, a sus 115 años de edad, su esposa y concubina y sus hijos… menores de 18 años. Excepto, para todo aquel que luchó junto con Victoriano Huerta.




Cuando era niño, recuerdo que en Cumbres 1er sector, enfrente del parque donde termina la Avenida Enrique C. Livas existía una casa sola y casi abandonada que decía que ahí era la Asociación de familiares de los Constituyentes por Nuevo León en 1917. Ese lugar en poco tiempo se convirtió en una taquería….

En 1946, don Daniel Cosío Villegas anunció que la Revolución había muerto. La visión de país para el siglo XXI debe valorar la herencia de 1917 pero de ninguna manera seguir viendo este movimiento anárquico y disruptivo como un ideal de gloria y plenitud que no fue ni buscó ser.

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Dilemas normativos de la reelección

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En 2018 no solamente acudiremos a las urnas para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la República. En algunos estados, como en Nuevo León, también saldremos a votar por la posible reelección consecutiva de Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías. No es menor la decisión polítca que en el orden local deberemos de tomar: Ahora más que nunca debemos tener información confiable para refrendar, o no, a ciertas personas en sus cargos públicos electivos.

Sin embargo, para que la institución de la reelección consecutiva opere jurídicamente, como en muchas otras ocasiones, se precisa de la labor de desarrollo normativo del legislador ordinario, en este caso, del Congreso del Estado de Nuevo León.

Aunque puede existir un número importante de situaciones a regular jurídicamente, me parece que las esenciales son las siguientes cuatro:

Primero, si la reelección consecutiva es un derecho de las personas o es un derecho de los partidos políticos. Segundo, si las personas electas en 2015 vía una candidatura independiente pueden ser reelectas y, en su caso, si deben volver a recabar firmas de apoyo ciudadano. Tercero, si la reelección es una excepción para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. Y cuarto, ¿qué reglas específicas deberá seguir una persona a reelegirse para no afectar la equidad en la competencia? Si bien cada uno de estos problemas tiene de por si respuestas complejas, ensayo en las siguientes líneas algunas propuestas de solución.

Primer dilema normativo

El primer dilema normativo se deriva de la manera en que se redactaron las normas constitucionales que ahora permiten la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, para los Ayuntamientos, la disposición constitucional establece que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partidos político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (art. 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM).

 




 

Sin embargo, cualquier intento de las élites partidistas de interpretar estas palabras en el sentido de que la titularidad de este derecho recae en los partidos se desvanece frente al reconocimiento claro del derecho humano a ser votado para todos los cargos de elección popular en la propia Constitución (art. 35, fracción II CPEUM), y en el artículo 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es decir, los titulares del derecho a ser reelecto, como faceta inobjetable del derecho a ser votado, son las personas, no los partidos políticos.

Segundo dilema normativo

Esta propuesta de respuesta al primero de los dilemas, en cierta forma, nos ayuda a responder que una persona electa por la vía de candidaturas independientes, también tiene reconocido el derecho a ser reelecta de forma consecutiva, porque de lo contrario se haría una distinción injustificada entre personas electas a propuesta de los partidos políticos y personas electas por la vía independiente.

Y, además, porque las candidaturas independientes, una vez reconocidas constitucionalmente, son un mecanismo más de refortalecimiento de los derechos políticos y de la democracia, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 204).

 




Sin embargo, ello implica que los gobernantes electos a través de candidaturas independientes deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano, porque ese es su vehículo normativo para la postulación, tal como las personas propuestas por partidos políticos deben cumplir con los estatutos para ser postulados por sus partidos (incluso participar en contiendas internas).

Tercer dilema normativo

La posibilidad de ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones. Esto en razón de que el principio de paridad en la postulación reconoce una necesidad de igualación material entre mujeres y hombres.

Asumir una posición distinta podría reeditar problemas de incumplimiento de la paridad en razón de la faceta mayoritaria de la democracia, desatendiendo la cara de la garantía de derechos de igualdad substancial y no meramente formal.

Cuarto dilema normativo

Por último, si uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la equidad en la competencia, las reglas que se delimiten por el legislador local deben buscar inhibir conductas de utilización de recursos públicos a favor de las personas postuladas para ser reelectas.

 




En otras palabras, a diferencia del sistema norteamericano en donde el Presidente Obama pudo trasladarse en el Air Force One para su campaña de reelección, en México, en Nuevo León, deben crearse reglas específicas para mantener un piso igual para todas las personas contendientes.

En resumen, la reelección es un derecho de las personas y no de los partidos políticos. Las personas electas en 2015 a través de candidaturas independientes sí pueden ser reelectas, aunque deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano. La postulación para ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género.

Y, por último, Las personas que sean postuladas para ser reelectas deben cumplir reglas claras y estrictas para no desequilibrar la equidad en la competencia.

Por si esto no fuera suficiente, además, todo debe quedar legislado en el primer semestre de 2017. Una tarea por demás compleja tiene el Congreso del Estado.

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