Gobernadores quieren Guardia Nacional con mando civil

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Con la presencia de gobernadores, senadores y diputados iniciaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro las audiencias públicas para discutir y enriquecer el dictamen de la Guardia Nacional.

Seis gobernadores se pronunciaron a favor de la Guardia Nacional pero con ciertas condiciones: que sea temporal, con un mando civil y sin facultades para investigar delitos.

Mientras que el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, pidió no perder el tiempo en el debate por ideologías, prejuicios y temores.

“No podemos tener un falso debate, una simulación o una simplificación de términos. Hay que analizar lo que está ocurriendo en nuestro país y la respuesta que vamos a dar”, expresó y en ese sentido sostuvo que es responsabilidad de todos terminar con la estrategia de guerra, para dar inicio a la construcción de la paz.

Delgado Carrillo agregó que hay una propuesta que ha hecho el presidente de la República para, desde la Constitución, diseñar una institución que sea capaz de enfrentar la ola de inseguridad.

Los legisladores convocaron a audiencias públicas entre el 8 y 12 de enero en la Cámara de Diputados, para escuchar las opiniones de especialistas y ciudadanos, previo a la discusión del dictamen con el que se crearía la Guardia Nacional.

En la primera audiencia pública participaron los gobernadores de Campeche, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Colima y Zacatecas. Estos fueron sus posicionamientos:

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Gobernador de Campeche y Presidente de la CONAGO

Dijo que es “bienvenida la Guardia Nacional” siempre y cuando se respete el federalismo, las soberanía estatales y que prive el trabajo conjunto y respeto a los derechos humanos.

Reiteró su gratitud a las Fuerzas Armadas. “Su nacionalismo está fuera de toda duda y mucho le agradecemos lo que han hecho por nuestro país. Por ello consideramos que la Guardia no debe ser una institución clonada de las fuerzas Armadas ni militarizar al país. hay que profesionalizar policías pero es una labor que llevará años”.

Silvano Aureoles. Gobernador de Michoacán

El michoacano agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas pero rechazó que éstas se encarguen de la seguridad pública.

Aunque dijo que es necesario un marco legal de actuación. “Es falso que el problema de seguridad pública se va a resolver sólo con el Ejército y la Marina y las calles”.

Se pronunció por fortalecer a las policías civiles de manera paralela a las tareas que realice la Guardia Nacional, la cual debe “transitoria” y debe estar regulada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Es muy riesgoso dejarla exclusivamente a la Guardia bajo un régimen militar“.

Gobernador de Guerrero. Héctor Antonio Astudillo Flores

“La Guardia Nacional no va a resolver el problema de la inseguridad pero algo tenemos que hacer. Sería una responsabilidad dejar las cosas como están” dijo Astudillo.

Gobernador de Querétaro. Francisco Domínguez.

Señaló que la Guardia Nacional debe respetar la soberanía de los estados y aseguró que no todos los policías del país son corruptos.

Dijo estar a favor de que se privilegie la coordinación institucional y recalcó que la Guardia Nacional debe tener mando civil.

Gobernador de Colima. José Ignacio Peralta.

El mandatario dijo que está de acuerdo en que se ha debilitado la respuesta del Estado ante la actividad delictiva y que la inseguridad pública es un fenómeno multifactorial.

Por ello consideró que la Guardia Nacional puede ser una respuesta adecuada frente a los poderes criminales, no obstante dijo que es necesario que se cree un Sistema Nacional de Prevención del delito, así como dar mayores recursos para la seguridad a los estados.

“Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas las cosas estarían peor en mi estado. Por ello les agradezco. Propongo que la permanencia de la Guardia sea evaluada periódicamente. La situación es de emergencia”, concluyó.

Gobernador de Zacatecas. Alejandro Tello Cristerna.

Se pronunció a favor de la Guardia Nacional pero con mando civil.

Señaló que no se puede olvidar el desarrollo de las policías municipales y que la Guardia no debe ser permanente, además de que se debe aplicar control de confianza a sus elementos.

También rechaza que este nuevo cuerpo de seguridad tenga facultades de investigación pues eso corresponde a las fiscalías autónomas.

¡Gana AMLO su primer quincena! Regresará 22 mil pesos

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante su conferencia de prensa matutina, que recibidnos su primer quincena por 76 mil 159.59 pesos, pero que devolverá a la Tesorería 22 mil 313.29 pesos, con el fin de tener un salario de 108 mil pesos mensuales.

“Les informo que ya recibí mi primera quincena como Presidente, de 76,159.59, o sea que me rayé, pero esto está definido con la antigua ley, por eso voy a devolver 22 mil 313 pesos con 29 centavos. De acuerdo a la ley, cumpliendo con la Constitución, con el artículo 127 y del ajuste que se hizo por el plan de austeridad, yo voy a recibir 53 mil 843 pesos”, informó López Obrador.

El político tabasqueño presumió que con esto esta cumpliendo su compromiso de austeridad y pidió a otros funcionarios a hacer lo mismo.

“Le estoy pidiendo a todos los servidores públicos que hagan lo mismo”.

#Kleroterion: ¡La Toma de Protesta!

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En estos días, una gran cantidad de mexicanas y mexicanos a nivel nacional, seguimos de cerca la toma de protesta del Lic. Andrés Manuel López Obrador, en la Cámara de Diputados, acto que demuestra sin duda, lo que significa la perseverancia; ahora bien, me parece pertinente en primer lugar mencionar por qué debe ser en ese lugar y los supuestos que podrían darse, además de saber cuáles son las facultades que a partir del 1 de diciembre tuvo el nuevo Presidente de la República.

De acuerdo al artículo 87 de nuestra constitución política, el Presidente tomará posesión y protesta de su cargo ante el Congreso de Unión, si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en estos términos, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión,  pero en el caso de que esto tampoco sea posible, lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Siendo entonces Presidente Constitucional de México, es necesario saber cuáles serán las facultades y obligaciones, que de acuerdo al artículo 89 de la misma Constitución Política, tendrá el Lic. Andrés Manuel López Obrador, dentro de este precepto se establece que puede promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión; nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, así como los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y presentar la terna para la designación de Ministros de la SCJ (éstas con aprobación del Senado); nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, también podrá disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, convocar al Congreso a sesiones extraordinarias y facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de sus funciones, habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación, conceder indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales; conceder privilegios exclusivos a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y, en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, además de las que confiera expresamente la Constitución.

Retomando el tema de tan comentada y para muchos, esperada toma de posesión presidencial, se contó con distintos funcionarios y personalidades en diversos ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional, entre los que estuvieron el Vicepresidente de EUA Mike Pence y el secretario de Energía Rick Perry, así como Ivanka Trump, el rey de España Felipe VI;  el embajador de Finlandia en México, Roy Eriksson; Antonio Costa, Primer Ministro de Portugal; Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la República del Perú y Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República de El Salvador.

También estuvieron presentes diversos Gobernadores de México como Manuel Velasco, Cuauhtémoc Blanco, Javier Corral, Jaime Rodríguez Calderón, Carlos Mendoza Davis, Héctor Astudillo, Alejandro Moreno, Silvano Aureoles, Alejandro Murat, entro otros; asimismo, Evo Morales, el mandatario de Bolivia; el Secretario de Relaciones Exteriores de Ghana, Charles Owiredulos; empresarios como Joaquín Vargas, presidente de Grupo MVS; Germán Larrea, dueño de Grupo México; José María Rioboó y Carlos Slim, también el cantautor Silvio Rodríguez; Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia; Brahim Ghali, Presidente de la República Arabe Saharahui Democrática; Kim Yong Nam, Presidente de la Asamblea de la República Popular Democrática de Corea; Mario Abdo Benítez, Presidente de la República del Paraguay; el obispo Norberto Rivera; el Presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel; así como parte del gabinete entrante, entre muchos invitados más.

Dentro de lo expuesto en el primer discurso oficial de más de una hora del Presidente entrante, destacó en primer instancia el agradecimiento al ex mandatario Peña Nieto, al no intervenir en el proceso electoral, posteriormente,  su promesa de combatir a la corrupción y emprender la cuarta transformación; asimismo, mencionó que no tiene derecho a fallar, además de comprometerse a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo, también comentó que el Presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo, así como decir que van a bajar los sueldos de los de arriba, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo, otro punto que muchos simpatizantes no han recibido con mucha agrado, es reiterar que no habrá un enjuiciamiento de administraciones anteriores, diciendo que su fuerte no es la venganza, que si bien no olvida, sí es partidario del perdón y la indulgencia, un mensaje muy importante fue el de su plan para construir refinerías y suspender la importación de hidrocarburos, por mencionar algunos.

Concluyo deseando un gran éxito para México y para el nuevo Presidente de la República, nuevamente se tiene la esperanza de un verdadero cambio, millones de mexicanas y mexicanos confían en esta nueva administración, pero es muy importante entender que el cambio no sólo se da a través del ejecutivo federal, es responsabilidad de todos nosotros ser respetuosos de las leyes y de las instituciones, transitando en una sociedad con derechos y obligaciones, pero sobre todo seguir luchando para bien desde nuestros hogares, eso sería un gran aliado para la administración entrante, por lo que ahora que se tiene la idea de un nuevo comienzo político, también debe tenerse  la idea de una buena relación con el gobierno en todas sus instancias, trabajemos duro, estemos orgullos de ser mexicanos y de pertenecer a una sociedad que ha podido salir de cualquier adversidad, comencemos pues con esta cuarta transformación, adoptando como propia, la toma de protesta…

La cancelación del nuevo aeropuerto

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El domingo pasado finalizó la mal llamada consulta popular llevada a cabo por el presidente electo López Obrador y financiada a partir de las aportaciones voluntarias de integrantes del partido Morena. 

Hace falta recalcar la situación jurídica de esta “consulta popular”, la cual desde este momento la llamaré encuesta, puesto que ese es, creo yo, el concepto correcto con el cual debe ser designada.

El artículo 35º constitucional determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para una consulta popular. Entre sus múltiples requisitos me interesa resaltar aquel de su procedencia. 

La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de las Cámaras o los ciudadanos siempre que acumulen el equivalente al dos por ciento de la lista nominal. 

Como puede verse ningún particular puede solicitar una consulta popular. Y en esto radica la cuestión de porqué la encuesta de López Obrador no debe ser considerada ilegal. En tanto presidente electo, López Obrador no es una autoridad, por lo cual ningún control de constitucionalidad podría existir, puesto que no existe como tal un acto de autoridad que atente contra la supremacía constitucional. 

López Obrador es y lo será hasta el 1 de diciembre un particular que llevó a cabo una encuesta, por lo tanto no tiene la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos previstos en el artículo 35º. 

De ahí se desprende que la encuesta no puede tener efectos vinculatorios, es decir, López Obrador no se encuentra obligado a respetar el resultado de la encuesta. La única  obligación que podría existir es de carácter político al cumplir aquello que había prometido en su campaña presidencial. 

No hay duda de que la encuesta construida por López Obrador carece de un sustento metodológico y que se encontraba sesgada políticamente. Asimismo, se puede argumentar que la decisión trascendental de cancelar el NAICM en ningún sentido representa un ejercicio democrático.

Como explica Silva-Herzog, la encuesta fue una jugada demagógica que tenía como objetivo la completa absolución de la responsabilidad de López Obrador. El presidente electo, en un sentido inverso a su mesianismo, podrá decir: “la decisión del aeropuerto no vino de mí, sino del pueblo; yo simplemente hago su voluntad”.

Este tipo de instrumentos demagógicos pueden resultar peligrosos, ya que en general estas decisiones se orientan por elementos emocionales y no racionales, los cuales pueden ser contraproducentes para el mismo régimen entrante: la misma demagogia promovida por Robespierre lo condujo al final del día a la guillotina. 

Empero, el resultado de esta encuesta no debe de reducirse a la persona de López Obrador, tampoco se deben simplificar sus causas. La historia política de México siempre se ha enfocado más en los grandes personajes que en los movimientos populares. Nuestra herencia caudillista convertida en presidencialista en el siglo XX ha generado una tendencia a ver la causa de todo lo bueno y lo malo del país en el titular del Poder Ejecutivo. 

La lucha contra el nuevo aeropuerto no es de López Obrador, es de un movimiento popular que busca proteger sus intereses frente el avasallador poder del gran capital.

La lucha por el lago no es sólo, aunque es fundamental, por cuestiones ambientales, sino también sociales. Es hacerle frente al extractivismo, a la salvaje urbanización promovida por los intereses inmobiliarios, es proteger la economía del campesino y detener la concentración de las licitaciones en un puñado de empresarios.  

Por otro lado, se habla mucho acerca de las nocivas consecuencias económicas a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la inevitable hecatombe financiera. Aunque exagerado, la reacción de los mercados ante dicho suceso no es menor. 

Los ajustes a la baja en la calificación de la deuda del país provocarían una disminución en los precios de los bonos y un alza en las tasas de interés, lo que se traduce en una mayor dificultad del gobierno para financiarse a través de deuda en el futuro.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, la desconfianza del inversor puede reducir el volumen de inversiones que entran al país en los próximos años y desacelerar el crecimiento económico.

Por último, y a mi parecer es la consecuencia más preocupante debido a que afecta directamente a la seguridad social, la cancelación del aeropuerto pone en riesgo las pensiones de millones de mexicanos. Me explico. 

Un alto porcentaje del financiamiento para la construcción del aeropuerto se hizo a través del vehículo financiero denominado FIBRA. En conjunto, las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Afore XXI Banorte adquirieron el 45% de una de las emisiones (13, 500 millones de pesos) el equivalente al 0.9% del universo total de activos que manejan las cuatro afores. Ello implica que si no se puede solventar el pago por incumplimiento (¡con la TUA no alcanza!) podríamos hablar de un fuerte impacto al sistema de pensiones y la afectación directa a millones de mexicanos.

El panorama se ve nubloso para México. Es difícil tomar una postura ante la complejidad de la situación actual. Hará falta esperar a que López Obrador tome posesión y sus decisiones se conviertan en actos de autoridad. Conocemos la volatilidad del presidente electo, puede que revierta su decisión. Sin embargo, debemos de recordar algo: nada genera más pánico que el pánico en sí.  

AMLO anuncia que su sueldo será de 108 mil pesos mensuales

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El virtual Presidente electoAndrés Manuel López Obrador, anunció que su salario como titular del Ejecutivo será de 108 mil pesos mensuales, que representa el 40 por ciento de lo que percibe actualmente Enrique Peña Nieto.

En conferencia, López Obrador dijo que, de acuerdo con la información que le dio el Secretario de Hacienda propuesto, Carlos Urzúa, el Presidente Peña Nieto, contabilizando todas las prestaciones de las que goza, recibe mensualmente 270 mil pesos.

Los 108 mil pesos que ganará a partir del 1 de diciembre, advirtió, serán el techo salarial universal para toda la administración pública y los poderes.

Esto significa, detalló, que ningún diputado, senador o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ganar más de esa cantidad.

La Constitución, dijo, ya establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, y señaló que su administración hará que este principio se cumpla.

La medida, adelantó, será incorporada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponderá a la Cámara de Diputados, cuya mayoría tiene Morena, aprobarla.

López Obrador reiteró que habrá una reducción de salario a todos los funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y aumentará las percepciones de los que menos ganen.

Reforma adelantó la semana pasada que el plan de austeridad y anticorrupción del morenista contempla 50 medidas, entre ellas la reducción de los salarios en el Gobierno federal.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.

Critica EPN a los que no reconocen avances de su Gobierno

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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, criticó a aquellos que no reconocen los avances de otros gobierno, puesto que considera que al hacer eso se esta faltando a la verdad y se degrada la política.

Durante su último discurso en la conmemoración de la Constitución, Peña Nieto aseguró que lo más sano para un país es que se construya a partir de lo que se logró en gobiernos pasados, tal y como lo hicieran los Constituyentes en 1917.

“Nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México”, comento el mandatario.

En el evento, el presidente de México, presumió algunos de sus logros, mismo que dijo que se pudieron lograr gracias al Pacto por México.

La Constitución no puede ser usada como pretexto para olvidar los derechos humanos: Aguilar Morales

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La Constitución, bajo ningún concepto, puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos humanos reconocidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal tanto a favor de las víctimas como a los imputados por un delito, dijo el ministro presidente de la Corte Luis María Aguilar Morales.

El ministro presidente de la SCJN presentó este viernes su Tercer Informa Anual de Labores ante los Plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral; como invitados asistieron el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Ernesto Cordero y Jorge Carlos Ramírez Marín.

También recordó que “tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”.

De igual forma expresó su enérgica condena a los funcionarios o empleados que “sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público”.

Reiteró que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación.

Entre las acciones emprendidas durante el presente ejercicio, detalló, debe destacarse que se aprobó la elaboración de un manual de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, con el que se busca establecer una base metodológica de inclusión de la perspectiva de género desde un enfoque de derechos humanos en la labor jurisdiccional.

Seguridad Nacional e intervención de comunicaciones

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La mayoría de las Naciones del Mundo disponen de leyes, instituciones y políticas destinadas a enfrentar riesgos o en su caso amenazas sean efectivas o latentes contra sus aspiraciones, objetivos e intereses nacionales. Para ello disponen de recursos materiales, humanos, logísticos y organizacionales que les permitan anticiparse a los riesgos o amenazas o en su caso enfrentarlos.  En nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.

Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional. Sobra decir que los actores estatales y no estatales que podrían actuar contra los intereses y objetivos nacionales disponen de capacidades financieras, tecnologías, armas y demás elementos que pueden causar un daño, tal y como ha ocurrido en diferentes momentos de nuestra historia nacional.  Por ello, el Estado mexicano no sólo tiene, sino que debe tener la tecnología para dar seguimiento a las actividades de grupos, organizaciones o personas que puedan atentar contra la seguridad nacional o interior.

Existe un programa llamado Pegasus, creado por la empresa NSO Group, se trata de un software que recaba información de teléfonos móviles. El programa sólo se vende a gobiernos y su propósito es vigilar organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con datos del NYTimes cada instalación exitosa del programa cuesta unos US$77,000.

Debe subrayarse que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo. Lo anterior se establece de manera detallada en la Ley de Seguridad Nacional en materia de información de inteligencia y contrainteligencia en los artículos que van del 29 al 49 que establecen con todo rigor el procedimiento para  intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional. Desobedecer la ley implica sanciones.

Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados. La organización Reporteros sin Fronteras señala que el 90 por ciento de los asesinatos de comunicadores en México siguen impunes. Por su parte, la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión asienta que en poco más de seis años se  registraron 798 denuncias por actos cometidos contra periodistas, de estos 47 fueron de asesinato y sólo se tiene registro de tres sentencias condenatorias, es decir el 99.7% de las agresiones no han recibido sentencia. Por último asentar, que de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 120 periodistas han sido asesinados en el país.

La polémica por la vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos dejó el siguiente saldo: a) la necesidad de una investigación que establezca qué sucedió; b) hoy es conocido que México dispone de un programa de alta tecnología para intervenir comunicaciones, una pena que ya NO pueda usarse en México contra la delincuencia organizada o que vaya a perder efectividad al ventilarse su existencia ; c) la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico;  d)  es normal ver que en las campañas se cuestione a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas; f) el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez; g) la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas; h) es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión. Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje. Es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista, pero también a la persona político, a la persona personaje público, es decir a las personas sea cual sea su profesión. #HagamosloJuntos

Coordinación Ejecutiva duplica funciones

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Algunas de los puestos burocráticos que fueron creados en la Coordinación Ejecutiva duplican funciones de otras dependencias del Gobierno Central de Nuevo León:

La Coordinación de Enlace con la Sociedad Civil, por ejemplo que lejos de auxiliar burocratiza el acercamiento de las organizaciones de la sociedad con el gobierno central.

Lorenia Canavati cobra como Coordinadora de Enlace con la Sociedad Civil 88 Mil 801 pesos, es el mismo sueldo de un Diputado.

Canavati además dispone de un chofer, vehículo oficial y una asistente ejecutiva que cobra 28 MIL 681 pesos al mes.

Crearon dentro de esta burocracia otra burocracia, que claramente duplica funciones del DIF, Desarrollo Social inclusive de la Oficina Ejecutiva del Gobernador y la propia Secretaria General de Gobierno.

José Davalos Siller que cobra como Director de Enlace Ciudadano 67 MIL pesos al mes.

Concepción Guadalupe Garza Rodríguez que cobra como Coordinadora de Enlace con grupos Vulnerables 76 MIL 209 pesos al mes.

Esto lejos de ayudar a la ciudadanía organizada, burocratiza y complica su comunicación directa con las áreas de interés de cada una. No debemos perder de vista que en cada dependencia cobran funcionarios como Jefes, Coordinadores y hasta directores de atención ciudadana. Ademas se garantizan en la Constitución y Ley de Participación Ciudadana los derechos de audiencias.

En su carta de renuncia al Gobernador el Sr. Fernando Elizondo dijo que “las principales contribuciones a su gobierno ya han sido hechas”.

Si ya está hecho el trabajo y las principales contribuciones de la COORDINACIÓN EJECUTIVA, es momento de analizar la posibilidad de desaparecer este monstruo burocrático, que no transparenta su trabajo y no le rinde cuentas a sus jefes directos, los contribuyentes de Nuevo León.

LINK NÓMINA COORDINACIÓN EJECUTIVA DIC 2016  https://goo.gl/p3T7js 




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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”