Quintana Roo Feminicida

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Nuevamente una víctima  más de feminicidio en Cancún. El 7 de noviembre reportada como desparecida y la noche del 8 fue encontrada sin vida la joven Alexis (Bianca Alejandrina) quien había salido porque había vendido un cigarro electrónico. Nuevamente la omisión e incapacidad de las instituciones de procuración de justicia en Quintana Roo cobraron una víctima más. Ante una situación de violencia machista sistemática y generalizada surge la pregunta obligada: ¿Por qué existen tantos casos de violencia de género y Feminicidios en Quintana Roo?

Si bien, responder esta pregunta resulta sumamente complejo, existen datos e indicios que nos permiten determinar las características del fenómeno. En primer término, es importante analizar la impunidad en el sistema de justicia local, siendo que Quintana Roo es uno de las entidades federativas con mayores violaciones a derechos humanos en procedimientos judiciales penales (juicios penales), teniendo retrocesos importantes entre 2018-2019 en derechos humanos, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 que realiza el World Justice Project. El principal objetivo del sistema de justicia acusatorio era reducir la omisión en las obligaciones de las investigaciones criminales, sin embargo, en esta entidad está lejos de cumplirse, cómo bien puede verse con el dato anterior. 

En segundo término, Quintana Roo tiene un enorme rezago judicial, lo que significa que la mayoría de los investigaciones penales no llegan ante un juez, y peor aún, se quedan simplemente en una Carpeta de Investigación sin actos de investigación, sin pronunciamientos de la autoridad, por lo tanto, no se resuelven, violentando el derecho a la verdad y  acceso a la justicia, teniendo un 96.9% de impunidad judicial, según datos de la organización México Evalúa. 

Quintana Roo es de los estados menos pacíficos del país, estando dentro de las 4 entidades con el mayor índice de violencia, conforme a datos del Índice de Paz México 2019, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, ya que no existen estrategias ni esfuerzos para atender y reconstruir un tejido social sumamente lesionado por la desigualdad, pobreza y discriminación generalizada.

En 2018, en Quintana Roo, las personas sólo denunciaron el 12% de los delitos cometidos, y de este porcentaje, sólo en el 63.9% de los casos se inició una Carpeta de Investigación, lo que refleja la gran desconfianza de la ciudadanía en las autoridades y la enorme ineficacia de las autoridades para atender los pocos delitos que se denuncian. Quintana Roo es el 5to estado con mayor índice de Feminicidios en mujeres menores de 30 años, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2019 realizada por el INEGI. 

Un dato muy fuerte, conforme a la encuesta anterior, la mayoría de los Víctimas de violencia de género sufrieron violencia por parte de sus parejas (21.8%) y el 20.0% por personas desconocidas. Siguiendo la misma encuesta, de las víctimas de Feminicidio, el 57.2% fue asesinada con arma de fuego y el 18.3% mediante otras formas (ahorcada, estrangulada, sofocada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o herida de arma punzocortante), reflejando una clara evidencia sobre la enorme violencia y crueldad que viven las mujeres a diferencia los hombres, los cuales en su mayoría mueren por arma de fuego; este dato resulta importante porque configura un panorama estatal de violencia de género de tal nivel de gravedad , equiparable a estados fallidos.  

Sumando todos los datos anteriores, en Quintana Roo no existen políticas públicas de prevención del delito ni campañas para atender la masculinidad tóxica, y las políticas actuales carecen de perspectiva de género. En ningún momento se le ha apostado a combatir los orígenes de la violencia machista o mínimo generar los datos para ubicarla, medirla y evaluarla constantemente.

Todos estos datos ilustran la magnitud y gravedad de la violencia Feminicida en Quintana Roo. Repitiendo la pregunta inicial: ¿Por qué se siguen cometiendo? De manera sencilla: Porque NO SE SANCIONAN NI SE INVESTIGAN NI SE PREVIENEN. Un sistema de justicia que no funciona cómo debería, y que no funciona en absoluto para las mujeres. Cambiar esto será una tarea enorme, pero las autoridades no pueden seguir perdiendo el tiempo. Cada día que pasa es una víctima más, una mujer, hija, hermana, amiga, madre, tía, sobrina. Esto no se acaba con una reforma o iniciativa que aumente penas o crea tipos penales, ni creando protocolos, ni poniendo cámaras de video; se soluciona cumpliendo la constitución, la ley, y los tratos Internacionales en la materia, junto con voluntad política y personal capacitado para atender una realidad que duele día a día.

Al momento de escribir estas líneas, durante las marchas de las colectivas feministas, la policía estatal reprimió la libertad de expresión de todas aquellas que salieron buscando justicia por Alexis, esto significa que estamos no sólo ante un Estado feminicida sino represor. Y es imperativo recordar las palabras de Alexis del 12 de diciembre de 2018 que describen perfectamente la situación de las mujeres en Quintana Roo: “tengo de salir de mi casa y no volver a ver a mi mamá”. 

La justicia necesaria

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En días recientes y por todos los medios de comunicación así como redes sociales, se habló y analizó el paquete de iniciativas en materia de Justicia del Fiscal General de la República, la Consejería Jurídica y el Senador Ricardo Monreal. Esta supuesta iniciativa filtrada a medios de comunicación, fue sumamente criticada por académicos, especialistas y analistas debido a su contenido que iba en sentido contrario al nuevo sistema de justicia penal del año 2008, la reforma en 2011 en materia de derechos humanos, y su naturaleza de respeto a los derechos humanos de todas las personas (partes) involucradas  en el proceso de justicia. Sin la intención que analizar a profundidad dicho paquete de iniciativas, la realidad es que este hecho abrió la puerta para discutir y reflexionar sobre una situación de trascendencia y relevancia para nuestro país: el sistema de justicia mexicano.

En esencia, un sistema de justicia es un factor determinante para la consolidación del Estado de Derecho, instituciones y una vida democrática ,  generando una mayor satisfacción confianza y educación ciudadana con los aparatos del Estado; en ese sentido, si verdaderamente queremos combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, tenemos que apostarle a transformar nuestro sistema de  procuración de impartición de justicia. Sin embargo, una modificación tan ambiciosa y con  una  supuesta de  intención de cambiar las cosas de fondo, obliga a incluir a los diversos actores involucrados como Universidades, activistas, Centros de Investigación, Colegios Profesionales, el mismo Poder Judicial, etc, cuyas opiniones y aportaciones son necesarias y fundamentales para realizar una reforma integral. En segundo término, hay que entender la realidad social para conocer los flagelos del sistema judicial.

De acuerdo con la organización World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 2019, México ocupa el puesto 99 de 126 países evaluados, lo que representa una caída de 2 posiciones en comparación con las evaluaciones 2017-2018; siguiendo el mismo Índice, una de las mayores preocupaciones de la organización, es el deterioro general del Estado de Derecho y  los controles al poder gubernamental. Los datos anteriores resultan alarmantes, ya que el apego a la ley y a las arbitrariedades del poder, son imperativos para poder soluciones los problemas de la sociedad. Como afirmar una destacada constitucionalista : “la justicia es un instrumento de pacificación”, y en esa lógica, debemos fortalecer estos mecanismos de pacificación cotidiana o extraordinaria. También, existen temas urgentes como el expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en México el 98% de de los delitos permanecen en total impunidad, lo que reduce la confianza de los ciudadanos con los aparatos del Estado, incrementaron aún más la cifra negra de delitos no denunciados, generando un circulo vicioso de injusticia sistemática. De igual manera, para aquellos dentro del sistema penitenciario, existe una violación sistemática del debido proceso y  presunción de inocencia, así como otros  derechos humanos, ya que en el 2016, el 35% de las personas en cárceles no ha sido sentenciado . Sumando los datos anteriores, vemos que en nuestro país solo se resuelven el 5% de los homicidios y 5 condenas por cada 100 víctimas. Vemos que realmente existe un  sistema deficiente, cuando la alta carga de casos en los Ministerios Públicos llega a ser inquietante cuando en lugares como en Guerrero cada fiscal tiene 900 casos pendientes y en términos generales son 102 crímenes sin respuesta por cada policía de investigación; lo que nos hace afirmar que “esclarecer un homicidio en México es una excepción y no una regla” en donde somos el penúltimo lugar (58 de 59) de países evaluados en impunidad en torno a seguridad, justicia y derechos humanos. Cómo podemos ver analizando datos generales y de una fracción del universo de problemas relacionados al comportamiento del aparato de justicia mexicano, estamos pasando una crisis identificada y urgente. Por ello, resulta ser de toda trascendencia, sin embargo, necesitamos abordarlo desde la realidad y no de la realidad política. En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni en el Senado de la República: “Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca nos hemos propuesto seriamente derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza y exclusión. Una cuestión tan básica como darles abogados a quienes no pueden pagar uno ha sido, hasta ahora, un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante. Una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición un sociedad desigual”.