Ordenan suspensión de dos ordenes de aprehención en contra de Javier Duarte

Monterrey (18 de julio 2017).- Una juez federal ordeno la suspensión de dos ordenes de aprehensión en contra de Javier Duarte, por los delitos imputados de abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, peculado, trafico de influencias y coalición.

Cabe destacar que esto no significa que Javier Duarte queda libre, si no que están suspendidas solo por el momento y no de manera definitiva.

La Juez del Primer Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, declaró que el tramite de la demanda de garantías 614/2017 se otorgó a la medida de suspensión provisional fijando un pago de garantia de 6 mil pesos a Duarte.

Este próximo 26 de julio se definirá si se le otorga o no una suspensión definitiva.

Las demandas de amparo son en contra de los jueces locales que ordenaron el arresto en Veracruz, jueces de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral del Distrito XI Judicial, de Xalapa.

Esta prevista una audiencia para este próximo sábado, en la que se definirá si entrara a proceso Javier Duarte, por los cargos federales en su contra, de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilisita y por lo tanto permanece en el Reclusorio Norte.

 

(Con información de Animal Político)

 

 

 

#MartesDeGrilla: “13 reasons why: El PRI no vuelve a los Pinos en 2018. (Parte I)”




Como anillo al dedo.

Partido Revolucionario Institucional, si me estás leyendo, este texto es para ti.

Haciendo referencia a la popular serie de Netflix y suponiendo que México es el actor principal de la mencionada serie, a continuación, le decimos al PRI las 13 principales razones por las que no regresarán a la presidencia en el 2018:

  1. Enrique Peña Nieto

De acuerdo con la encuesta de Grupo Reforma, EPN es el presidente peor evaluado de México en su era moderna. La falta de capacidad para dirigir al país, el alza en la impunidad, corrupción y falta de estrategia política y económica tienen a México cada vez peor.

  1. Javier Duarte

No hace falta describir lo sin vergüenza que fue el ex gobernador de Veracruz. Corrupción en su máxima expresión. Se robó hasta el último peso del estado y puso en evidencia que los compadrazgos y la impunidad son factores que pesan más que la justicia. Habrá que ver en que termina este caso, por mientras su esposa salió más lista. Dijo merecer abundancia y ya se escapó con ella hasta Londres.

  1. Ayotzinapa

El pésimo manejo de la situación, la falta de justicia y claridad en el tema serán la lápida del PRI en las próximas elecciones. Faltan 43 y el país entero no descansará hasta que los encuentren.

  1. Eduardo Bailey

Primero lo detienen. Lo llevan al hospital y se les escapa corriendo por la puerta trasera. Como las ratas. Así huyó Eduardo Bailey de la justicia, debilitando aún más la credibilidad en las instituciones del Estado mexicano.

  1. Casa Blanca

Ya nos explicó Angélica Rivera que la compró con sus ahorros. Ajá. Luego EPN nos pidió perdón. Ajá. Que se las crea otro porque a Chuchita ya la bolsearon muchas veces.

  1. La ira social

El hartazgo en su punto más crítico y listo para castigar en los próximos comicios. Devolverle la credibilidad a este gobierno se ve como una tarea compleja (casi imposible) y el panorama no es prometedor en lo que resta del sexenio.




El tema da para mucho más, y por eso que la próxima semana estaré mencionando en esta misma columna las 7 razones restantes.

No es Peña Nieto solamente. Es Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Los Duarte, Los Moreira, Yarrington, Fidel Herrera, Bailey y muchos más. Ya es necesario cortar la relación con el PRI. No soy yo, eres tú.

Si no nos vemos, pues nos escribimos.

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#HojadeRuta: La república de la sospecha




En corredores y a calle abierta; en las bocinas de los teléfonos y cada letra digital e impresa; entre las mesas y el tintinear de tazas, están los murmullos. “Renunció porque según quería dedicarse a x, pero realmente quiere y”; “se le ve demacrado, dicen que está enfermo y por eso mintieron del motivo de su operación”; “ya sabían dónde estaba. Lo agarraron ahorita porque vienen elecciones y porque ya negoció que no toquen a los suyos”.

Corría septiembre de 2004 cuando el entonces titular de la SEGOB, Santiago Creel, hizo su contribución más duradera a la política nacional al invitar a “dejar atrás la cultura del sospechosismo”. Aunque la academia se ha resistido a abrir los brazos del diccionario al peculiar término, la realidad es que a las y los mexicanos nos hizo perfecto sentido su existencia.

Si la cultura se define como el conjunto de modos de vida y costumbres, por supuesto que en este país existe tal cosa como la cultura del sospechosismo. Quizá sea un sinónimo informal de “desconfianza”, pero que conlleva una carga política muy particular: la idea de que en lo público no puede creerse.

Las traiciones políticas son tan viejas como las dagas que los senadores le clavaron a Julio César, pero en México la cosa va más allá: en un país donde el 70% de la gente dice que no se puede confiar en los demás, la desconfianza se ha vuelto parte del sistema. Y ese es un problema grave.

Ya en otras ocasiones hemos mencionado que el maestro Zygmunt Bauman definió la actual crisis global de la democracia como “el colapso de la confianza”. Desde luego que si existe tal nivel de suspicacia entre nosotros es porque no éramos ariscos, nos volvieron. Años de tradición oral, decepción ante la impunidad y amargas experiencias en carne propia, nos han curtido a ser recelosos. Pero aquí viene lo interesante: la desconfianza debería llevar al cuestionamiento, la reflexión y finalmente, al sentido crítico.

Sucede que el efecto es contrario: hoy, de acuerdo al barómetro de confianza de Edelman, que mide a 28 países (incluido México) confiamos más en “una persona como usted” que en oficiales de gobierno, directores de empresas y representantes de organizaciones civiles. Y ahí tenemos una dificultad seria: si nos creemos lo que dice mi amigo(a) de la primaria que no veo hace 20 años pero que me encontré en Facebook y le doy share a su noticia que relata como el líder norcoreano Kim Jong-un detonó 30 bombas nucleares y se ha declarado nuevo emperador del universo.

La duda, decía Borges, es uno de los nombres de la inteligencia. Y lo es, siempre y cuando esa duda no se quede en mero sospechosismo, pues dudar de todo pero creerse a pies juntillas las oleadas de “fake news” nos pone en el peor de lo mundos: el de los que no saben que no saben, y eso, paradójicamente, no lo sospechan.




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Dimes y Diretes: “Detener a Duarte no es un logro”




Como era ya de esperarse, el día de ayer el presidente de todos, Enrique “Henry Monster” Peña Nieto, salió a presumir la detención de Tomás Yarrington y especialmente la de Javier “Ñoño” Duarte.

En su discurso, Peña Nieto, dijo que las detenciones de los dos ex gobernadores, eran un claro mensaje en contra de la impunidad en nuestro país. El tema aquí es que en realidad no es un logro para el gobierno mexicano, sino algo que les debería de apenar.

Sí, correcto, el gobierno mexicano actuó, en contra de uno de los políticos más corruptos y odiados en la historia del país, pero lo hizo tarde, algo que ha levantado una serie de sospechas.

En primera instancia, nunca se les debió de haber pelado Javidu, mismo que se fugó con ayuda de Flavino Ríos y quien sabe cuántos más funcionarios del gobierno de Veracruz y por qué no del gobierno federal. Celebrar la detención de Duarte es como celebrar cuando Joaquín “el Chapo” Guzmán fue reaprendido tras escapar de la prisión en el 2015.

Por otro lado, también empiezan los cuestionamientos sobre la reacción tardía de la PGR. Ayer la Fiscal General de Guatemala, dio a conocer que a pesar de que ellos ya tenían ubicados a “Ñoño”, las autoridades mexicanas le enviaron la solicitud de arresto hasta el 15 de abril, es decir el día que Javidu fue detenido.

Es vergonzoso que México, sea en las últimas dos semanas, titular en varios diarios internacionales por el arresto de ex mandatarios, dejen ustedes que fueran narcotraficantes o criminales. Al contrario, políticos, autoridades, que están envueltas en negocios ilícitos o son acusados de corrupción. Es por esto que digo, que no es un logro para nadie, será logro, pero para el pueblo mexicano, cuando Duarte este formalmente tras las rejas y con una sentencia de años en la cárcel.

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La apatía queda fuera de nuestra lucha contra la corrupción

“Todos somos parte de la solución en el combate a la corrupción”, parecía una sentencia tan desgastada en un contexto social y político, como el de México, basto de ejemplos escandalosos y recientes. Sin embargo, en Nuevo León están sucediendo cosas distintas.

Más allá de la voluntad política por erradicar la crisis endémica de la corrupción, son los propios ciudadanos quienes estamos ejerciendo el derecho a participar de manera activa y propositiva en la creación de nuevas herramientas que contribuyan a cambiar nuestra realidad y erradicar la impunidad.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, luego de más de cinco meses de esfuerzos constantes de un grupo de ciudadanos, organizaciones civiles y cámaras integradas en la Coalición Anticorrupción.

En las reformas, en las que se incluyen el 90% de las propuestas de la Coalición, estamos demostrando que somos una ciudadanía participativa en busca de soluciones comunes para problemas que nos afectan a todos. Y si bien se trata del primer paso, ha sido preciso y acertado para tener leyes más eficaces.

¿Pero qué sigue ahora?, y ¿cómo puedo sumarme para que mi voz sea escuchada? Durante las próximas semanas, desde el Congreso local se estará legislando en la Leyes Secundarias del Sistema Anticorrupción, y tienen hasta julio de 2017 para culminar este proceso.




Y la demanda se apuntala con la exigencia nacional para que los sistemas estatales se lleven a cabo bajo el esquema de #ParlamentoAbiertoVSCorrupción. Esto es que los procesos legislativos se realicen bajo los pilares de transparencia y acceso a la información; participación ciudadana; rendición de cuentas y el uso de las tecnologías de la información.

Lo anterior es exigir que toda la información del proceso legislativo sea publicada de manera clara y oportuna vía online; que se realicen mesas de trabajo y audiencias públicas que fomenten la participación de los ciudadanos; que se explique con claridad los razonamientos sobre las leyes; y claro, transmitir las reuniones o encuentros de trabajo por medios electrónicos.

Es por eso fundamental que sigamos poniendo el ejemplo y dejemos la apatía fuera de esta lucha contra la corrupción, consideramos que se necesita la participación de todas y todos para dar legitimidad, transparencia y participación ciudadana a la reforma de estas ocho leyes.

Y también para cambiar nuestra realidad desde los entornos cotidianos diciendo “no a la corrupción”, recordemos que los grandes cambios inician desde casa, desde lo más básico de nuestros entornos.




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Dimes y Diretes: “México, el país de la impunidad”

En esta semana van dos casos que demuestran la impunidad en la que está sumergida el país. La primera fue, claro, la del amparo que se le concedió a Diego Cruz, uno de los Porkys, acusado de violar, junto con otros tres chavos, a una menor de edad en Veracruz.

El otro caso es el del diputado federal suplente priista, Antonio “El atrincherado” Tarín, a quien se le negó tomar protesta en San Lázaro por tener orden de aprehensión por actos de corrupción durante la administración de César Duarte en Chihuahua. Tras quedarse toda la noche en el recinto legislativo, alrededor de medio día un juez suspendió su orden de aprehensión y Tarín salió vivito y coleando.

Ambos casos están sin cerrarse, pero demuestran lo podrido que se encuentra el sistema de justicia de nuestro país. ¿En qué cabeza cabe decir que tocamiento en los senos y genitales no es una violación?

Solamente en la cabeza del juez Anuar González Hemadi, mejor conocido en las redes sociales como el #JuezPorky. Muy probablemente este juez, esposo y papá de dos niñas, obtuvo algunos beneficio$$$, con los cuales dictamino que en el caso de Diego Cruz, él no había cometido pederastia, ni tampoco había violado a la joven Daphne, a pesar de que hubo tocamientos.

A todo esto, el #JuezPorky, llamo todo como “incidental” y que no había pruebas de que hubo “apetito sexual” (¿¿¿???).




Cuando creíamos que este era el colmo, salió a relucir la historia del Diputado Federal Suplemente, Antonio “El atrincherado” Talín, mismo que tenía planeado tomar protesta el día martes en San Lázaro, esto después de la sospechosa muerte del diputado titular, Carlos Hermosillo.

El diputado de la trinchera, llegó muy rimbombante a la Cámara de Diputados. Pero el teatrito se le cayó cuando se decidió no tomarle protesto, pues el muy carita tenía orden de aprehensión en su contra por peculado durante el gobierno de César “El otro Duarte” Duarte. Sabiendo ya como es el sistema de justicia en este país, “el atricnherado” consiguió que la orden de aprehensión en su contra fuera suspendida.

El problema es que no son solamente estos dos casos, que ya de por si graves, los únicos que demuestran la impunidad en nuestro país. Uno solo tiene que voltear a Nuevo León, donde una jueza ha concedido en más de una ocasión amparos al ex gobernador de la entidad, Rodrigo “Golden Boy” Medina.Con tales amparos ha podido evadir la cárcel, incluso salir de la cárcel, y seguir viviendo con el dinero que le robó al pueblo de Nuevo León.

¿Cuándo cambiaran las cosas en nuestro México, lindo y querido? No sabemos, y no tenemos para cuando.

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Misoginia e impunidad a la orden del día: Caso del #JuezPorky

En México, no es ninguna novedad como, a pesar de los “grandes esfuerzos” de los que tanto se habla, relativos a la promoción de un sistema de justicia acusatorio fehaciente pintado como una de las grandes reformas que se han llevado a cabo, la impunidad y las leyes injustas continúan imperando en nuestro país.

Asimismo, cabe destacar cómo las acciones gubernamentales destinadas a enfrentar las violencias machistas, han sido insuficientes y ejercidas de una forma tardía. Dichas situaciones, impunidad y violencia hacia la mujer, han sido “encaradas” de una manera considerablemente escueta, y en el fondo, carentes de un verdadero compromiso para con la sociedad; tal como lo refleja un sistema de justicia que promete muchas cosas, pero que lamentablemente salta la tarea más importante de todas: empoderar al pueblo.




Sucede algo similar, en el caso de los mecanismos que pretenden reconocerles (y posibilitar, pues el reconocimiento en papel no es nada sin la práctica de dicho reconocimiento) a las mujeres que habitan en el territorio mexicano aquella dignidad inherente, y aquella igualdad frente al hombre: se establecen aspectos como la paridad de género, se emiten alertas de género y  nuevas figuras penales (como el acoso sexual en el estado de Nuevo León); pero no se lucha auténticamente contra una serie de prácticas sociales, políticas y culturales que fungen como la verdadera raíz de la violencia y la desigualdad contra la mujer.

Ahora bien, como habitantes de un estado cuya justicia es solo una palabra que parece no trascender al mundo real, una parte de nosotros ha aguantado una cantidad interminable de abusos: apreciar a ex gobernadores, como los Duartes, como Medina, como Borge en plena libertad; atestiguar el incipiente aumento de feminicidios, el disparo de los casos de acoso que viven diariamente las mujeres en las calles y en el transporte público.

Un sinfín de casos que nos revelan como la violencia y la inexistencia de la justicia (pues como diría Flores Magón, “La justicia con trabas no es justicia”) se han apoderado de nuestra sociedad. No obstante, llega un momento en que dicha tolerancia del pueblo se quebranta, ante casos, tan cínicos, tan inimaginables, que convierten en intolerable (por parte de una mayoría, pues personas luchando contra estos males y nunca tolerando los mismos siempre ha habido) el status quo.

Tal es el caso del reciente fallo emitido por el  juez Anuar González Hemadi, el cual ha concedido un amparo a Diego Cruz, mejor conocido como uno de los “porkys”, que junto a otros llevó a cabo lo que en Nuevo León se entendería como el delito equiparable a violación contra Daphne Fernández, mujer menor de edad.

Bajo el argumento de no haber “fines lascivos en la conducta”, el juzgador González Hemadi ha estipulado que el delito de pederastia imputado a Diego Cruz, no se encuentra comprobado; que el hecho de tocar los senos de la víctima, que meter la mano debajo de la ropa interior de la persona y que insertar sus dedos en los genitales de Daphne Fernández no constituyen un motivo suficiente para acreditar que había fines lascivos.

Más que no comprender, considero que cualquier persona con un poco de conciencia estará de acuerdo en que dicha resolución constituye una escupida para toda la sociedad, para nuestras madres, compañeras, amigas, hermanas; esta sentencia es la afirmación de la impunidad imperante en nuestro país, de la inmensa necesidad de, no fortalecer, sino de recuperar las instituciones, para así hacerlas del pueblo y para el pueblo.




Así mismo para refrendar la importancia del movimiento feminista y las luchas que este conlleva, para que no vuelva a haber ninguna otra víctima como Daphne, para que no estén en la administración de justicia personas como este juez; y por supuesto, para no hacer que esta situación termine en un lamento solamente, sino que exigir junto a las compañeras que abanderan la lucha del feminismo, así como junto a aquellos que abanderan la lucha por un gobierno popular, la revocación de la sentencia dictada por el juez, la impartición de una justicia real (pronta y expedita) hacia el caso de Daphne y de todas aquellas personas que han sufrido por este tipo de cinismo y de aplicación de la más pura injusticia, como la del juez “porky”.

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Dimes y Diretes: “Humberto Moreira regresa”

Vivimos en el país del Síndrome de Estocolmo. Para muestra de ello, tenemos la ya confirmada candidatura a diputado plurinominal de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, ex dirigente nacional del PRI y claro, controvertida figura acusada de corrupción y hasta de nexos con el crimen organizado.

Aunque es cierto que Humberto Moreira se está lanzando de manera plurinominal y que el PRI no es el que lo postula, sino un partido local llamado el Partido Joven, uno no puede dejar de reflexionar lo que sucede en la política mexicana.

Moreira, probablemente sí termine siendo diputado plurinominal, pues su popularidad en Coahuila, aunque parezca extraño, sigue siendo muy alta.

Mucha gente en el estado vecino, cree que Humberto hizo mucho bien por la entidad. Hizo obras públicas importantes y que a pesar de que robo, el maestro Moreira, ha sido uno de los mejores gobernadores en la historia de Coahuila. ¿Suena loco no? Pero es la verdad, así piensa la gente, es más les puedo apostar que si Humberto se lanzaba para la alcaldía de Saltillo, la ganaba.




Por otra parte, tenemos al Partido Joven, mismo que le está prestando la plataforma a un asesino, para agarrar fuero. ¿Acaso no le da pena al dirigente de este partido tener a un candidato como Moreira? No, para nada, de hecho, en entrevista Édgar Puente Sánchez, justificó la candidatura de Moreira, diciendo que “7 de cada 10 coahuilenses aprueban la gestión de Humberto”.

Es una tragedia ver como la impunidad impera en nuestro país. De quedar como diputado plurinominal, Moreira gozará de fuero, es decir estará protegido de la ley por lo menos por tres años.

La cuestión es que Moreira, no es cualquier otro politicucho que tenemos en el país, es alguien que tiene la fama de demandar a periodistas por “dañar su imagen” y tacharlo de “corrupto”. Gente ligada al Cártel de los Zetas, ha confirmado en cortes estadounidenses, que el gobierno de Humberto, dio rienda suelta al cártel para operar en el estado y si esto no fuera poco, también tiene serias acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos. Toda una fichita la del candidato del Partido Joven, que de joven no tiene nada.

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SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Los fracasos del gobierno de Enrique Peña Nieto han logrado hacer consenso nacional sobre la urgencia de erradicar la corrupción y de eliminar la impunidad que es su principal soporte. Tan es así que antes de tomar posesión, él mismo anunciaba un Sistema Nacional Anticorrupción, para desactivar sus antecedentes de gobernador corrupto.

Tardó más de tres años, necesitó los escándalos de la casa blanca de la Gaviota y de la de Malinalco de Luis Videgaray, la amenaza de escándalo internacional del tren rápido a Querétaro, para finalmente darle luz verde al PAN para presentar una propuesta.

¿Era lo más adecuado pedirle al PAN, cómplice de múltiples asaltos a la moral y al erario federal, ser el portavoz del combate a la corrupción? Probablemente no. Por esto salió un Sistema Nacional Anticorrupción descolorido, sin dientes y que no asusta a ningún político medianamente capacitado en asuntos de corrupción.

Los estados deben por mandato constitucional, elaborar un Sistema Estatal Anticorrupción, “equivalente” al Nacional. Pero en Nuevo León, después de los atracos de la familia Medina y de sus amigos de los cuales varios están todavía en posición de saquear las finanzas públicas, después de un cobijagate que reveló la falta de compromiso del nuevo gobierno contra la corrupción, la Sociedad Civil se levantó en armas legales y decidió acompañar de muy cerca la elaboración del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto dio nacimiento a la Coalición Anticorrupción, agrupación de ONG’s, de diferentes asociaciones enfocadas al combate a la corrupción y de un buen número de individuos comprometidos a contribuir a título personal en la elaboración de un Sistema Estatal Anticorrupción bastante más sólido que la copia pálida que nació en San Lázaro.




6 meses de trabajo constante, con innumerables reuniones, con mucha paciencia, con algo de creatividad y mucha comprensión mutua, permitieron demostrar que la democracia participativa es posible cuando existe fe, particularmente buena fe, suficiente confianza, dedicación y profesionalismo de los dos lados.

Las reformas constitucionales que permitirán el nacimiento del Sistema Estatal Anticorrupción que aprobaron las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Legislativos el día de martes en el HCNL, incluyen muchos elementos que la harán la base para diseñar el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país.




Falta todavía concretar la tarea con una labor titanesca de corrección y adaptación de siete leyes, que van desde la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, hasta las reformas al Código Penal, a la Ley de Fiscalización y la del Servicio Público y a otras tantas.

¿Se podrá realmente combatir la corrupción desde la Ley y la erradicación de la impunidad? La apuesta es muy alta. El compromiso ciudadano irrenunciable. En juego, se encuentra el deseo de restablecer una sociedad que tenga fe en si misma, en la cual el político haga política para contribuir al bien común y no para su provecho personal.

En juego, se encuentra el deseo de cambiar un sistema político fallido, pero sin violencia, en base a la Ley y a la Justicia.

¿Será posible? Sí, si todos colaboramos con nuestro granito de arena y mostramos que la Sociedad dispone de la voluntad y de los argumentos suficientes para construir un país mejor para todos.
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Los diputados se comprometieron a responder

A finales de diciembre 2016, el Congreso de Nuevo León concluyó la votación en primera vuelta de la iniciativa de reforma constitucional que crea las bases del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Luego de ese proceso, las comisiones unidas de Legislación, Puntos Constitucionales y Anticorrupción realizaron el 9 de febrero pasado una mesa de trabajo abierta, para revisar y comentar el dictamen de primera vuelta antes de la segunda.

Reconociendo que en primer proceso, el Congreso sí tomó en cuenta algunas aportaciones de la ciudadanía, pero que la reforma quedó incompleta, la Coalición Anticorrupción insistió nuevamente en la integración de las propuestas ciudadanas presentadas desde el año 2016.

En el análisis y discusión de la semana pasada, los miembros de la Coalición instaron a los integrantes de las Comisiones de Anticorrupción, Legislación y Puntos Constitucionales revisar a fondo las propuestas, al considerar que la reforma en su estado actual no permitirá sentar las bases del mejor SEA, ni atacar de manera frontal la corrupción y la impunidad.

La Coalición Anticorrupción planteó:

  • Que se le dé al Comité de Selección del SEA, integrado por ciudadanos, un rol preponderante en el diseño de las convocatorias, método de selección e integración de ternas, para todos los cargos clave del SEA. Asimismo, se propone que este Comité sea elegido por ciudadanos para evitar cualquier partidización.
  • Que los funcionarios culpables de actos de corrupción sean inhabilitados por un periodo igual o superior a 40 años.




  • Que el fiscal general y el fiscal anticorrupción ocupen sus cargos por cuatro años, con la posibilidad de una reelección.
  • Que la extinción de dominio sea independiente de los procesos penales y se tenga un término suficiente para recuperar bienes robados al erario.
  • Que haya corresponsabilidad de los funcionarios por actos de corrupción de lleven a cabo sus subalternos.




  • Que sean suspendidos de sus funciones quienes estén siendo procesados por hechos de corrupción.
  • Que la Auditoría Superior del Estado publique un resumen claro y entendible para cualquier ciudadano de las cuentas públicas que se entregan al Congreso, incluyendo resumen de observaciones más graves, montos, y seguimiento a sanciones impuestas a funcionarios y denuncias penales, entre otros.

Al respecto, los legisladores se comprometieron a tener reuniones posteriores a la mesa de la semana pasada, así como responder por escrito y punto por punto, sobre las propuestas que los ciudadanos tuvieron a bien hacerles llegar con respecto a la reforma constitucional. Por lo que ahora la Coalición se encuentra en espera de la fecha para recibir las respuestas.

Asimismo, los legisladores se comprometieron a llevar un diálogo abierto e incluyente con la ciudadanía, con el análisis de los aspectos jurídicos y definiciones básicas.

Recordemos que la Coalición Anticorrupción es un esfuerzo conjunto de organizaciones, especialistas y ciudadanos a título personal enfocados en crear el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país, que permita acabar con la impunidad, convirtiéndose así en un ejemplo nacional.

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