Piden al Congreso Local sensibilidad para legislar la paridad de género

Nuevo León (22 de Mayo 2017).-María Elena Chapa solicitará una reunión de trabajo con los integrantes de las comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales para sensibilizar al Congreso del Estado acerca de las consecuencias de aprobar el dictamen de reforma a Ley Electoral de Nuevo León con omisiones claras en materia de paridad.

La Comisión de Inteligencia Electoral en Pro de la Defensa de los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres en Nuevo León, en su carácter de presidenta, informó que entregarán una solicitud a través de  Karina Barrón, Coordinadora del Grupo Legislativo de Diputados Independientes, para sostener una junta que propondrá modificaciones sustanciales al proyecto que se discute en el Poder Legislativo.

La urgencia de legislar en pro de los derechos políticos electorales de las mujeres fue con lo que concluyó la reunión de trabajo.

“Sensibilizar a las mujeres que se les esta pretendiendo cancelar sus oportunidades de tomar decisiones político electorales de participar en las campañas. Esta es una primera acción, la segunda es que nos reciban en el Congreso, la tercera es que El Tribunal Estatal Electoral y la Comisión Estatal Electoral sepa cual es el sentido de todos nosotros con respecto a esta propuesta” indicó.

Además, se advirtió que se va a judicializar, pues no se quiere llegar al extremo de que solo a base de sentencias se logren las propuestas.

Se manifestó que las autoridades electorales y de impartición de justicia han establecido jurisprudencias a entidades sobre a la paridad de género horizontal y vertical.

Karina Barrón aprovechó para urgir a los Diputados que las fracciones mayoritarias del PRI y del PAN a sumarse para reformar la Ley Electoral, tomando en cuenta los derechos de las mujeres y no a favorecer una paridad simulada como la suscrita en la iniciativa.

“Es lamentable que hemos sido punta de lanza en muchos temas y como es posible que Nuevo León quede en el rezago, tenemos la esperanza de sensibilizar sobretodo a las compañeras Diputadas que tengan esa solidaridad y que no solamente hablen del tema de la mujer cuando es 8 de marzo. Muchas suscribieron la iniciativa del tema de paridad horizontal y vertical y hoy desgraciadamente están agachadas y ninguna de ellas ha dado su opinión al respecto” argumentó.

Gabinete paritario: primer acierto de Macron

El pasado miércoles, la presidencia francesa anunció a quienes integrarían el nuevo gobierno tras las históricas elecciones que dieron el triunfo a Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron.

De 24 vacantes, 12 serán ocupadas por el género femenino y lo más interesante es que Macron no se limitó a asignar a las mujeres en los puestos “feminizados” (aquellos que tengan que ver con la igualdad, la cultura, la niñez, la juventud, etcétera) sino que habrá féminas al frente de la secretaría del trabajo y de las fuerzas armadas, por mencionar algunas.

Lo anterior constituye un gran avance hacia una democracia paritaria en Francia, la cuna de los ideales de igualdad, libertad y fraternidad.

Pero la universalidad que hoy nos cobija a todas y todos, no existía antes como la conocemos: la normatividad internacional y local se encontraba redactada exclusivamente para que los hombres fueran sujetos de derechos, claro ejemplo de ello fue la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano (1789), un documento clave en la historia de la construcción de los derechos humanos y producto de la Revolución Francesa, pero que excluía a las mujeres.

Nicolás de Condorcet, conocido filósofo durante la época de la Ilustración, argumentaba que el alcance del progreso requería de la igualdad de género y, más a profundidad, sostenía la importancia de la inclusión de las mujeres en la función pública para evitar la restricción de la libertad de los electores y la privación de las mujeres de las ventajas concedidas a los hombres, planteando: “¿No han violado todos el principio de igualdad de los derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho a concurrir a la formación de las leyes, al excluir a las mujeres del derecho a la ciudadanía?”

Hoy las mujeres pueden votar y ser votadas gracias al movimiento sufragista. Pero pareciera que aún hay grandes batallas que conquistar para que la voz de ellas sea efectiva y tenga eco, es decir, para lograr colocarse en puestos de poder.  Por ello, esfuerzos como éste causan singular esperanza.

El presidente francés no es el primero en demostrar su compromiso por el alcance de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.  Por ejemplo, tan solo hace dos años, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, defendió su decisión por la integración 50/50 de su gabinete al declarar que estaba compuesto de esta manera “porque es 2015”.

Y tiene razón, en pleno 2015 (y ahora en 2017) el panorama debería ser distinto, la igualdad entre géneros debería ser ya una realidad. No debería extrañarnos que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de incidir, de administrar, de tomar las decisiones. Ante la ausencia de ello, existen luchas que buscan transformar las relaciones de poder y erradicar esta práctica de discriminación de las mujeres en el campo de la política. Mucho le tienen que aprender otros países a decisiones como éstas, en las que se actúa más allá de la norma con el objeto de garantizar efectivamente el acceso a los derechos civiles y políticos de las mujeres. Enhorabuena por Francia que se suma a este esfuerzo.

Más allá de la paridad

Alguna vez escuche que “la paridad ayudará a eliminar la exclusión de las mujeres en la política y en la sociedad” pero ¿es esto lo realmente lo que necesitamos para lograr acortar la brecha de género?

A lo largo de varios años, se ha buscado lograr la paridad en nuestro país con diferentes reformas político-electorales que han hecho posible que más mujeres participemos en la vida política y pública, que las mujeres tuviéramos el derecho a votar como lo hacían solo los hombres en su tiempo, que el mismo número de hombres y mujeres se postulen a cargos de elección popular en los congresos locales y federales así como en la integración de los ayuntamientos.

A mi punto de vista, lograr la paridad no es sólo cuestión de un porcentaje igualitario, de una cuota o de un mandato legal. Simplemente es darle el lugar que se merece un hombre o una mujer por sus capacidades, por sus logros, por su inteligencia, por sus cualidades y principalmente por su vocación.

La paridad depende de las oportunidades que tenemos los seres humanos a desarrollarnos en lugares donde se toman decisiones importantes como puede ser la familia, las empresas, los partidos políticos, los gobiernos, televisoras y organizaciones civiles, etcétera.

Pero más allá de la paridad tenemos un reto aún mayor, que es acotar esa brecha de género que pone a México en el lugar 66 de 144 países según el Foro Económico Mundial que evalúa la desigualdad de género.

Tenemos que mejorar la educación, la salud, oportunidades económicas, los salarios y el empoderamiento político; la seguridad y acabar con la corrupción. Tenemos que mejorar nuestras políticas públicas, implementarlas como se debe, evaluarlas e innovar el sector público. Tenemos que tomar decisiones a conciencia porque todas nuestras decisiones tienen impactos positivos y negativos, que directa o indirectamente impactan en la vida política y sobre todo en la sociedad, estemos en el lugar que estemos.

Más allá de la paridad lo que necesitamos es a la persona correcta esté en el lugar correcto para garantizar que México crezca como país.

#EspacioWiki: “Sobre la reforma electoral de la Wiki”

La política, palabra tan desgastada por las acciones de nuestras y nuestros servidores públicos, debe encontrar hoy formas de recuperar su sentido original, y así, regresar al espíritu que motivó su existencia, para dejar de lado aquella concepción que ha provocado aquel círculo vicioso de desesperanza popular y cinismo político. Por esto mismo,  si se quiere cambiar el sentido de la política, si se desea esperanzar nuevamente a la gente, para que esta incida en la deliberación de la cosa pública y detenga a la actual cleptocracia, debe entonces replantearse el sentido de varios pilares  que la sostienen.

En este sentido, y pensando en la imperiosa necesidad de reforzar aspectos como la inclusión, apertura, pluralidad, discusión, igualdad y legitimidad dentro de nuestro sistema, fue que, Wikipolítica Nuevo León, decidimos elaborar  una iniciativa de ley relativa al sistema electoral estatal.

Para que dichos aspectos sean llevados a la práctica, es imperativo generar figuras que reflejen el fondo de los mismos; por esto mismo, en la iniciativa de ley de la Wiki se han incorporado distintos mecanismos para llevar a la realidad el reforzamiento de los pilares que reivindicarán la política de nuestro país.

Una de las propuestas contenidas, en concordancia con los aspectos de apertura y discusión, es la propuesta de establecer como obligatorio, la celebración de debates públicos entre las diferentes candidaturas a diputaciones locales, por cada distrito electoral. Actualmente, la ley prevé la celebración de un solo debate para el cargo de diputación local, en el cual los partidos políticos pueden elegir como representante a cualquier candidato de cualquier distrito que ellos consideren; asimismo, del lado de las candidaturas independientes a diputación local, hoy, la ley contempla seleccionar a la candidatura que contenderá en el debate único, por medio de un sorteo; en virtud de la evidente ausencia de una confrontación y discusión de propuestas real, de una celebración notoriamente incompleta de un ejercicio, tan elemental para la democracia, como lo es el debate. Por ello, es que consideramos como vital el modificar nuestras leyes, para que cada distrito pueda presenciar un debate, celebrado en espacios públicos, entre aquellos y aquellas  que aspiran a representarles.

Por otra parte, un mecanismo que pretende robustecer el factor de la legitimidad, es la segunda vuelta electoral; por medio de ella, se plantea el requisito de contar la candidatura a la gubernatura, con un porcentaje frente a la segunda opción con mayor número de votos; o en su defecto, celebrar segundas votaciones entre las dos candidaturas más votadas.

Igualmente, entendiendo la relevancia de la inclusión, se ha formulado en la propuesta de ley, la creación de una diputación que represente a las y nuevoleoneses que residen en el extranjero. De esta forma, las y los neoloneses residentes en el extranjero podrán votar a una persona que vele por sus necesidades e intereses en el congreso local, asegurando así su derecho a ser representados.  

Por otro lado, se ha expuesto en la iniciativa de ley, como un factor para consolidar la inclusión, la igualdad  y reconocimiento del sexo femenino en la legislación, la realización del lenguaje incluyente; el cual, visibilice, incorpore y considere a las mujeres como personas sujetas a lo estipulado por las leyes, reconociendo así su existencia propia en el plano jurídico, y con ello garantizando los derechos más fundamentales, tal como siempre lo ha tenido el sexo masculino. No puede erigirse la igualdad y la inclusión en la política, ni pueden celebrarse iniciativas que aboguen por la paridad de género,  ni pueden combatirse las violencias machistas por las cuales actualmente adolece nuestra sociedad, si primero no se lucha por la incorporación de un lenguaje que brinde un  lugar a las mujeres en cada ordenamiento jurídico.

Finalmente, en congruencia con la pluralidad y la igualdad, principios sobre los cuales se materializa una democracia donde  a cada voz y a cada grupo le es dado un lugar en la deliberación, se ha planteado como propuesta la defensa y ampliación de la representación proporcional. No solo resulta congruente para una democracia plural, el defender el derecho de las minorías al acceso de un lugar en el poder legislativo, sino también congruente para con lo que estipula nuestra Carta Magna en relación al porcentaje de diputados por representación proporcional presentes en el Congreso.  Atendiendo lo anterior, se aprecia además, en  la iniciativa la ampliación de la representación proporcional a las candidaturas independientes; esto, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos, como la suscripción de un programa en común entre aquellas personas, que buscan contender a una diputación local y que su candidatura no aspira al mismo distrito electoral.

Al redactar esta serie de propuestas en la iniciativa, de exponerlas y de justificarlas frente a los diversos colectivos y frente a las diputadas y diputados en la mesa de trabajo celebrada en el congreso hace unos días, comprendemos el reto que constituye reformular la política desde las bases, y la constante lucha que implica el buscar lograr tal objetivo, la cual, no será  en definitiva, algo que se consiga en la brevedad.                                                                                                                                                        Sin embargo, hoy seguimos sin soltarnos, y nos encontramos construyendo el camino hacia la consolidación de una política que escuche nuestras voces; y que deje de ser, de una vez por todas, el arte de servirse a sí mismo, para dar paso a ser el arte de escuchar, servir y obedecer al pueblo.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Renuncia: La “solución” mexicana

De acuerdo a la Real Academia Española, renunciar significa dejar voluntariamente, dimitir, o apartarse de algo que se tiene.

La renuncia puede ser una solución correcta cuando los hechos en los que se ve involucrado el servidor público se presentan en una esfera meramente política. Así, por ejemplo, puede leerse la renuncia de Luis Videgaray como Secretario de Hacienda como consecuencia del fiasco del entonces candidato Donald Trump.

En México se ha acostumbrado que cuando un servidor público es señalado por presuntamente haber transgredido las normas jurídicas, es suficiente con la renuncia al cargo que ostentaba para “solucionar” la violación del orden jurídico.

No obstante, estimo que no puede calificarse como “solución” cuando la renuncia deja sin castigo una probable violación al orden normativo o, más aún, en los casos en que aun renunciando el riesgo de transgresión sigue latente.

Este último caso es, desde mi perspectiva, lo que aconteció con la renuncia al cargo de Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral que ostentaba hasta principios de noviembre pasado el Magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, como consecuencia de las declaraciones misóginas en las cuales afirmó que las mujeres deben llegar a los cargos públicos porque saben mandar, saben tomar decisiones, saben hacer una sentencia, y no por que “están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas.”




Por ello, Senadoras y Senadores exhortaron al Consejo de la Judicatura a investigar si esas declaraciones ameritaban ser sancionadas incluso con la destitución. Para el Senado “es aberrante que las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan por violentar a las mujeres” (Reforma).

En el mismo sentido, las y los integrantes recién designados de la Sala Superior prácticamente se estrenaron no con un caso jurisdiccional, sino con un posicionamiento al respecto de estas declaraciones. Es cierto que inmediatamente deslindaron al Tribunal Electoral de las afirmaciones del Magistrado Regional (Excélsior), sin embargo, parecería que esto no es suficiente.

En este sentido, no es suficiente con la renuncia. No lo es por lo siguiente.

Primero, porque las expresiones del Magistrado constituyen una forma de violencia hacia las mujeres. Es violencia si se expresa en privado y en el bar. Es violencia agravada cuando se manifiestan en un evento público acerca de la paridad de género. Peor aún, si el autor de las palabras es un impartidor de justicia.




Segundo, en razón de que quien expresó dichas voces es, justamente, un juez que necesariamente deberá juzgar temas de género, y, peor aún, en una circunscripción en la cual hay que agregar el tema indígena y el rezago social. ¿Qué justicia puede esperar una mujer indígena que acuda ante el Magistrado aduciendo violencia política en contra de ella?

Tercero, ¿qué efecto pedagógico puede tener que alguien encargado de impartir justicia con perspectiva de género emita dichas declaraciones y no sufra consecuencia alguna? ¿Vale la pena seguir invirtiendo tanto en la justicia electoral cuando impunemente se pueden tener conductas como las descritas? ¿Puede alguien creer que cumplir la Ley es benéfico cuando quien la incumple no tiene castigo alguno?

Las palabras formuladas por el Magistrado no fueron una broma. A fin de cuentas, el mundo lo conocemos a través de las palabras, por eso, no se trató de un mal chiste: Se trató de un hecho de violencia hacia las mujeres expresado por un funcionario judicial encargado de impartir justicia electoral.

Por ello, la “solución” mexicana a este hecho de violencia hacia las mujeres no debe quedar sólo como una anécdota más. Debe investigarse y, en su caso, sancionarse. De lo contrario, seguiremos abonando a una cultura de impunidad contraria al Estado de Derecho que deseamos consolidar en nuestro país.

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Dilemas normativos de la reelección

En 2018 no solamente acudiremos a las urnas para seleccionar a la persona que ocupará la Presidencia de la República. En algunos estados, como en Nuevo León, también saldremos a votar por la posible reelección consecutiva de Diputaciones, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías. No es menor la decisión polítca que en el orden local deberemos de tomar: Ahora más que nunca debemos tener información confiable para refrendar, o no, a ciertas personas en sus cargos públicos electivos.

Sin embargo, para que la institución de la reelección consecutiva opere jurídicamente, como en muchas otras ocasiones, se precisa de la labor de desarrollo normativo del legislador ordinario, en este caso, del Congreso del Estado de Nuevo León.

Aunque puede existir un número importante de situaciones a regular jurídicamente, me parece que las esenciales son las siguientes cuatro:

Primero, si la reelección consecutiva es un derecho de las personas o es un derecho de los partidos políticos. Segundo, si las personas electas en 2015 vía una candidatura independiente pueden ser reelectas y, en su caso, si deben volver a recabar firmas de apoyo ciudadano. Tercero, si la reelección es una excepción para cumplir con la paridad de género en las postulaciones. Y cuarto, ¿qué reglas específicas deberá seguir una persona a reelegirse para no afectar la equidad en la competencia? Si bien cada uno de estos problemas tiene de por si respuestas complejas, ensayo en las siguientes líneas algunas propuestas de solución.

Primer dilema normativo

El primer dilema normativo se deriva de la manera en que se redactaron las normas constitucionales que ahora permiten la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, para los Ayuntamientos, la disposición constitucional establece que “la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partidos político o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato” (art. 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM).

 




 

Sin embargo, cualquier intento de las élites partidistas de interpretar estas palabras en el sentido de que la titularidad de este derecho recae en los partidos se desvanece frente al reconocimiento claro del derecho humano a ser votado para todos los cargos de elección popular en la propia Constitución (art. 35, fracción II CPEUM), y en el artículo 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Es decir, los titulares del derecho a ser reelecto, como faceta inobjetable del derecho a ser votado, son las personas, no los partidos políticos.

Segundo dilema normativo

Esta propuesta de respuesta al primero de los dilemas, en cierta forma, nos ayuda a responder que una persona electa por la vía de candidaturas independientes, también tiene reconocido el derecho a ser reelecta de forma consecutiva, porque de lo contrario se haría una distinción injustificada entre personas electas a propuesta de los partidos políticos y personas electas por la vía independiente.

Y, además, porque las candidaturas independientes, una vez reconocidas constitucionalmente, son un mecanismo más de refortalecimiento de los derechos políticos y de la democracia, tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, párrafo 204).

 




Sin embargo, ello implica que los gobernantes electos a través de candidaturas independientes deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano, porque ese es su vehículo normativo para la postulación, tal como las personas propuestas por partidos políticos deben cumplir con los estatutos para ser postulados por sus partidos (incluso participar en contiendas internas).

Tercer dilema normativo

La posibilidad de ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones. Esto en razón de que el principio de paridad en la postulación reconoce una necesidad de igualación material entre mujeres y hombres.

Asumir una posición distinta podría reeditar problemas de incumplimiento de la paridad en razón de la faceta mayoritaria de la democracia, desatendiendo la cara de la garantía de derechos de igualdad substancial y no meramente formal.

Cuarto dilema normativo

Por último, si uno de los pilares de nuestro sistema electoral es la equidad en la competencia, las reglas que se delimiten por el legislador local deben buscar inhibir conductas de utilización de recursos públicos a favor de las personas postuladas para ser reelectas.

 




En otras palabras, a diferencia del sistema norteamericano en donde el Presidente Obama pudo trasladarse en el Air Force One para su campaña de reelección, en México, en Nuevo León, deben crearse reglas específicas para mantener un piso igual para todas las personas contendientes.

En resumen, la reelección es un derecho de las personas y no de los partidos políticos. Las personas electas en 2015 a través de candidaturas independientes sí pueden ser reelectas, aunque deben recabar de nuevo firmas de apoyo ciudadano. La postulación para ser reelecto no debe ser una excepción al cumplimiento de la paridad de género.

Y, por último, Las personas que sean postuladas para ser reelectas deben cumplir reglas claras y estrictas para no desequilibrar la equidad en la competencia.

Por si esto no fuera suficiente, además, todo debe quedar legislado en el primer semestre de 2017. Una tarea por demás compleja tiene el Congreso del Estado.

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En busca de la equidad de género

Nuestro país ha hecho grandes esfuerzos por crear las condiciones que coadyuven a la integración de las mujeres en espacios que anteriormente estaban dominados por lo hombres. La paridad de género debe de continuar siendo promovida en la vida social, educativa, laboral y política de nuestra nación, las acciones que hemos emprendido nos han acercado más al objetivo, pero somos conscientes que aún tenemos mucho por hacer.

La paridad de género debe de continuar siendo promovida en la vida social, educativa, laboral y política de nuestra nación, las acciones que hemos emprendido nos han acercado más al objetivo, pero somos conscientes que aún tenemos mucho por hacer.

Hace dos años se publicaron las normas referentes a la obligación de los partidos políticos para promover y garantizar la equidad de género en las candidaturas a los puestos de elección popular en el Congreso de la Unión y los Congresos Locales. Hoy en día nuestro Estado tiene un número importante de Diputadas Locales, 16 de las 42 diputaciones que tiene Nuevo León, en gran medida esto es consecuencia de la nueva legislación que promueve que las mujeres sean candidatas a un sitio en el Congreso.

Las medidas que incentivan la paridad de género en la participación política de mujeres y hombres no se han limitado al ámbito legislativo, también se han expedido normas y lineamientos que promueven la presencia de las mujeres en los ayuntamientos. Pero no solo el sector público está reaccionando positivamente, también el sector privado se ha unido a este movimiento y cada vez son más las empresas que establecen políticas que impulsan la presencia de mujeres en puestos directivos.

Apoyar a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres no significa que se les tenga que dar un puesto laboral solo por cubrir una cuota de género, sino que se valoren las cualidades y aptitudes que hacen que sean tan competitivas como lo son los hombres. Es importante que veamos a estas nuevas políticas como una forma de alinear de manera adecuada los incentivos hacia una debida ponderación de habilidades físicas y mentales de todas las personas, la cual va más allá del género.

Apoyar a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres no significa que se les tenga que dar un puesto laboral solo por cubrir una cuota de género, sino que se valoren las cualidades y aptitudes que hacen que sean tan competitivas como lo son los hombres.

Como país debemos de tomar la precaución de que en nuestro interés por alcanzar la equidad de género no tengamos efectos contraproducentes que puedan llegar a implicar mayores obstáculos para un adecuado desarrollo en la búsqueda de una auténtica igualdad de género y de una justa ponderación de las capacidades de mujeres y hombres. No se trata de inclinar la balanza hacia el género femenino, sino de mantener un equilibrio de oportunidades para todos. En México tenemos personas muy valiosas que si les brindamos una plataforma justa pueden desarrollarse con gran éxito en el ámbito económico, político y social.

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Deja tu Duarte… ¡Borge!

El próximo 5 de junio 10 entidades del país tendrán elecciones para gobernador, siendo una de estas el estado de Quintana Roo, entidad que es muy conocida por sus hermosas playas y su rico ecosistema, pero también por su gobernador, Roberto Borge Angulo. Actualmente Borge es uno de los principales factores por el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) puede llegar a perder la gubernatura en un estado que en su historia, nunca ha visto la alternancia política. ¿Por qué sucederá esto?

Borge Angulo ha sido acusado por cuestiones que van desde despojo de terrenos hasta opresión y violaciones a la libre expresión. Este mes 30 familias del municipio de Bacalar acusaron al gobernador de tratar de quitarles varios predios que son de su propiedad, la forma de despojarlos de los mismos es a través del Instituto de Patrimonio de la Administración del Estado (IPAE), el cual tiene las intenciones de invalidar las constancias de ocupación y ejidales que el municipio de Bacalar les concedió.

Los modus operanti de la administración de Borge para despojar propiedad son las siguientes: instigación como sucede en el caso de Bacalar y la otra y como lo investigo la periodista Lydia Cacho para Aristegui Noticias es el uso de la Secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social. Lo que hace esta Secretaria al mando directo/indirecto de Borge es inventar conflictos laborales por parte de empleados que demandan a propietarios de terrenos u hoteles, subsecuentemente la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen (en el ejemplo de Lydia Cacho) despoja a los propietarios de sus terrenos como parte de la solución al juicio.

Donde viene el descaro de Roberto Borge, es que él concede los terrenos despojados a desarrolladores de infraestructura y turísticos, muchos de ellos amigos suyos de la universidad y gente apegada a el. De hecho muchos de los terrenos están en zonas con alta vulnerabilidad ambiental, como fue el caso del famoso Manglar Tajamar que sufrió la destrucción de 57 hectáreas, donde las organizaciones de la sociedad civil culpan directamente a Borge de estar detrás del ecocidio.

Donde viene el descaro de Roberto Borge, es que él concede los terrenos despojados a desarrolladores de infraestructura y turísticos, muchos de ellos amigos suyos de la universidad y gente apegada a el.

Como si este abuso de poder no fuera poco, Quintana Roo sufrió el año pasado una ola de feminicidios donde un total de 20 mujeres fueron asesinadas y la mayoría de los casos quedaron impunes, pues para el gobernador de esta entidad, la mayoría de los casos se trataban de “crímenes pasionales”.

Adicionalmente, el gobierno de Borge ha promovido y aprobado dos controversiales leyes, una la denominada “Ley AntiBronco”, que pone trabas y candados para los candidatos independientes a cualquier puesto público en el estado. Adicional a esto, Quintana Roo es de los pocos Estados que voto en contra de la iniciativa de decreto para modificar la Ley Electoral y establecer la paridad de género, en este caso hasta diputadas del PRI votaron en contra.

La otra es la “Ley Borge” que deja sin protección a cualquier periodista que no tenga esta profesión de manera permanente y tampoco le sea remunerada, es decir personas que trabajen de manera freelance o en medios que no sean del conocimiento de Roberto Borge, no son considerados periodistas y por lo tanto no son protegidos como tal, en un estado que ocupa el segundo lugar con mayor número de agresiones contra la prensa, incluso adelante del estado de Veracruz.

Adicionalmente, el gobierno de Borge ha promovido y aprobado dos controversiales leyes, una la denominada “Ley AntiBronco”, que pone trabas y candados para los candidatos independientes a cualquier puesto público en el estado…La otra es la “Ley Borge” que deja sin protección a cualquier periodista que no tenga esta profesión de manera permanente y tampoco le sea remunerada…

Borge es el principal enemigo de su propio partido y ellos lo saben. El año pasado cuando el favorito de la dirigencia del PRI, Carlos Joaquín González, medio hermano del Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, buscaba la candidatura, Borge veto la misma y Joaquín González deserto a la alianza PAN-PRD, la cual actualmente lo tiene como candidato a la gubernatura del estado y adicionalmente lleva una ligera ventaja en las encuestas. Tras este suceso el PRI y el su candidato a la gubernatura han mantenido una seria distancia de Borge.

Es increíble ver como es que los gobernadores de varios estado tienen casi una competencia en ver quien es más corrupto o quien robo más, pues Quintana Roo es el estado con mayor deuda por habitante del país inclusive por encima de estados como Chihuahua, Veracruz y Nuevo León. Adicionalmente a la deuda le tenemos que echar encima todos los casos antes mencionados donde no existe solamente un mal manejo del gobierno, sino un claro abuso del poder por parte de Roberto Borge Angulo. Lo más triste de la situación es que es muy probable que sus desfalcos y sus tranzas se vayan a ir impunes, algo que nos debe de ya dejar de sorprender en nuestro país.

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