Morena propone en la CDMX trabajo comunitario a quienes dañen monumentos en manifestaciones

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La bancada de Morena en el Congreso local de la Ciudad de México propuso trabajo comunitario a quienes dañen monumentos durante manifestaciones.

El diputado local Nazario Norberto Sánchez emitió la propuesta que castigará con trabajo comunitario de 36 horas a quienes realicen estos actos, reformando la fracción V del Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica.

Las sanciones se aplicarán por dañar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales, puentes, pasos peatonales, entre otros.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX.

Las intervenciones en monumentos han generado polémica en las últimas manifestaciones que han efectuado en la CDMX.

Hay quienes defienden las modificaciones a estos objetos, acusando que dicha acción es menos dañina que los problemas por los que se manifiestan, por ejemplo los feminicidios o la desaparición forzada.

Sin embargo, otros grupos defienden los monumentos y consideran su afectación un acto vandálico, llegando incluso a pedir a las autoridades ser más dura con quienes cometen estas acciones.

Acusan manifestantes de Frena a AMLO de impedir la libre manifestación

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Simpatizantes del Frente Nacional AntiAMLO (Frena), acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de impedir la libre manifestación, esto luego de que a partir del sábado, se desplegaran policías de la Ciudad de México para evitar que los integrantes pudieran llegar al Zócalo.

A través de Twitter, diferentes figuras de oposición acusaron que con el operativo de seguridad que se llevó a cabo era en contra de integrantes de Frena, por lo que al no permitirles el paso se impedía la libre manifestación,

El diputado local de la Ciudad de México de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, publicó un mensaje por medio del cual acusó que con el despliegue policiaco se exhibe la falta de pluralidad y democracia de López Obrador. Por otro lado, al acusar que los integrantes de Frena fueron “encapsulados” por los uniformados, Triana dijo que se puede coincidir o no con dicho movimiento, pero ni a ellos ni a nadie se les puede restringir sus derechos.

En la misma tónica, el diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías, recriminó que se hayan realizado acciones para evitar la “libre manifestación de ideas de un movimiento opositor”.

Asimismo, el panista criticó la postura asumida por el gobierno encabezado por López Obrador ante la oposición pues recordó que hace unas semanas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se plantaron libremente en el Zócalo, pero a los miembros de Frena se les negó el paso.

 

Va Morena por 2 millones de firmas para enjuiciar a expresidentes

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El Consejo Nacional de Morena determinó por unanimidad realizar una movilización nacional, con el objetivo de recabar las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por corrupción.

El líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que buscarán recolectar 2 millones de firmas, y no un millón 800 mil como los requiere la ley, “para que no haya pretextos”.

Mientras que el partido tomaba esta decisión, militantes y simpatizantes de Morena en diversas plazas del país y hasta en Nueva York, Estados Unidos, colocaron mesas receptoras en plazas y parques públicos para comenzar a recabar las firmas.

Por otro lado, en redes sociales también promovieron la consulta y habilitaron el portal www.juicioexpresidentes.mx para descargar los formatos de recolección de firmas. En el Zócalo de la CDMX se instalaron dos mesas de recepción, una en la esquina de Madero y Plaza de la Constitución y la segunda en la esquina de 5 de Mayo e Isabela Católica.

Con camisetas de color blanco que tiene impreso el mensaje: “Juicio a expresidentes ¡Ya!”, los activistas dijeron que hubo muy buena participación, pues alcanzaron a recolectar más de 300 firmas en nueve horas.

“Nosotros somos activistas, por eso lo haremos los fines de semana”, declaró Enrique Calles, quien agregó que desde hace años quieren llevar a juicio a los expresidente, pero no se había podido hacer, ahora, comentar, van a cumplir con el requisito legal de juntar más de un millón y medio a 2 millones de firmas, labor que consideró titánica.

Según la Constitución, sólo se puede solicitar la consulta popular del 1 al 15 de septiembre próximo, esa es la fecha límite o de lo contrario tendrán que esperar hasta la siguiente elección.

Ya cantó el testigo favorito de la 4T

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Este martes, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, dio a conocer a la opinión pública que el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos, donde explícitamente señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, como quienes -presuntamente- le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos provenientes de la empresa Odebrecht a varios asesores electorales extranjeros durante la campaña presidencial de 2012; además de entregar sobornos por 120 millones de pesos a un Diputado y cinco Senadores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, con mayor énfasis: la Reforma Energética.

Dos acusaciones más que tiene Lozoya en su contra son la compra de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, por un sobre precio altísimo para una planta que llevaba 14 años sin operar, y la triangulación de recursos que culminó en la compra de una casa en la Ciudad de México, donde se presume, se cerraron muchos de estos acuerdos entre políticos y empresarios de alto nivel. Ambos hechos también habrían sido ejecutados por Emilio bajo las órdenes directas del ex Presidente y su Secretario de Hacienda.

Sin duda este es un caso que da para analizarlo por lo menos desde 2 ópticas: la judicial y la político-electoral, siendo este último el que el Lopezobradorismo más disfruta; además de que el primero inevitablemente desembocará en el segundo, por lo que propongo centrarnos en este.

En el terreno de la especulación, analistas han puesto sobre la mesa una tesis interesante y la cual comparto: A Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, o algún otro ex Secretario involucrado va a “caer” cuando el Presidente así lo disponga, así funcionan las cosas en el Presidencialismo exacerbado mexicano. Y por otra parte, no me cabe la menor duda de que a Peña Nieto no se le tocará, no solo porque Andrés Manuel ha dicho que al país no le conviene juzgar a un ex Presidente, sino porque, aún sin prueba alguna, hay síntomas que nos hacen suponer que existe un pacto de impunidad entre ambos; pacto que por supuesto no es vitalicio, y se puede romper muy pronto si el Gobierno sigue escaso de resultados y con la premura de dar un golpe sobre la mesa a vísperas de las elecciones intermedias.

Los voceros de la autoproclamada “4ta Transformación” llevan más de 20 meses asegurando que son diferentes y que el país ha cambiado, pero vemos recurrentemente como la justicia se politiza en los casos más emblemáticos de corrupción y sigue siendo selectiva y discrecional su impartición. Dos ejemplos breves:

A raíz de la declaración del Fiscal Gertz, se ha manejando la versión de que el testigo favorito de la 4T ha entregado únicamente un video (no las 18 horas de videos como se había especulado) y recibos que incriminan a legisladores de esa época -hoy varios de ellos Gobernadores-, algunos otros liderazgos del PRI y hasta al Calderonísmo alcanzó por el caso de Etileno XXI. Sin embargo, llama la atención que en estas especulaciones y hechos aún sin comprobar, brille la ausencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la repartición de esos supuestos moches, lo cual abre la puerta al sospechosismo, pues cualquiera que sepa un mínimo de historia sabe de los escándalos en los que el Partido Verde ha participado. Preocupa el hecho de que el Presidente este utilizando este caso como intimidación a sus adversarios, y que por otro lado a quienes hoy son sus aliados electorales para 2021 los proteja, no solo a los de ese Partido sino también a quienes formaron parte del PRD y participaron en el Pacto por México, y hoy muchos de ellos, son funcionarios públicos y militantes de MORENA. 

Y segundo, en esta impartición discrecional de la justicia mexicana, observamos que mientras Rosario Robles esta en la cárcel, aún sin sentencia, Emilio está en la comodidad de su cama, que por cierto, para solo padecer anemia permaneció mucho tiempo en el hospital. ¿Y la prisión preventiva?, ¿Por qué Rosario sí y él no?, el huyó, ella no. ¿Le habrán ofrecido a Rosario acogerse también al criterio de oportunidad y ser “testigo colaborador”?, yo lo dudo, pero sería muy interesante escucharla señalar a sus cómplices de la llamada “estafa maestra”, aunque el discurso de que fueron utilizados y sistemáticamente instrumentados para cometer los delitos de los que hoy se les acusa, no es suficiente para salir exonerados.

Es difícil no ver este caso como un show mediático y un enorme distractor que le viene como anillo al dedo al Presidente López Obrador. Con este proceso que parece ser, será larguísimo, le alcanza para evitar que se hable -por lo menos en las próximas semanas- de los temas que notoriamente le incomodan: La caída histórica del PIB en el segundo trimestre del año en 18%, el pésimo manejo de la pandemia superando ya los 50,000 fallecidos, la inseguridad en sus máximos índices, más de 53,000 muertos según cifras oficiales, etc. 

El gran desafío esta en la cancha de la Fiscalía General, por una parte, cuidar el debido proceso y alejar todo “lo político” lo más posible de todos casos que se logren judicializar, y por otro lado, hacer valer el Estado de Derecho y demostrar su independencia y autonomía respecto de quien hoy despacha y vive en Palacio Nacional. El valor que tiene este caso para el Estado Mexicano es enorme, y de ese tamaño puede ser la decepción. Dijeron ser distintos, es momento de demostrarlo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Hospital General de la CDMX empieza desconversión de COVID-19

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EL Hospital General de México Eduardo Liceaga, el más grande del país, inició su proceso de desconversión como hospital especializado en COVID-19, esto ante una baja sostenida de pacientes graves y críticos que han requerido ser atendidos y también de intubados.

La doctora Guadalupe Guerrero Avedaño, quien es directora del hospital, explico que conferencia de prensa de este lunes que a partir del 23 de marzo se tuvo el primer paciente de coronavirus y el hospital llegó a su máxima capacidad el 31 de mayo, cuando tuvieron 202 camas ocupadas.

Desde el 31 de mayo y hasta la fecha, hemos ido en un franco descenso de ocupación hospitalaria y el día de hoy ya empezamos con la desconversión hospitalaria y tenemos ocupadas únicamente -bueno, son pocas para nosotras-  81 camas con 36 pacientes intubados y el resto no intubados“, señaló.

De 65 edificios que tiene el hospital, 45 para atención médica, se designaron seis únicamente para la atención de coronavirus: una torre de urgencias, el edificio de infectología, la torre de cardiología y neumonía, la torre quirúrgica y el edificio de infectología de pedriatría.

El hospital cuenta con mil 132 camas, de las que reconvirtieron 227, que pensaban aumentar a 300, pero no hizo falta, según cuentan. De las camas utilizadas para esta atención, se tomaron 70 de cardio-neumonía, 58 de observación y 12 de cuidados intensivos (UCI). Las primeras aumentando hasta 168, las segundas hasta 67, por lo que fue un incremento de 324% de la capacidad de camas del hospital.

La doctora Guerrero aseguró en el mismo sentido que nunca se dejó de atender a pacientes de otras enfermedades, aunque las atenciones bajaron porque existía el temor de contagiarse, por lo que al no atenderse muchos llegan en estado grave.

Actualmente el hospital cuenta con 140 camas ocupadas y en semáforo naranja. Se comenta que la próxima semana podría pasar a amarillo. Ante ello, la torre quirúrgica, una de las seis, ya ha vuelto a la normalidad. 

Finalmente comentó un poco sobre las pruebas que se han realizado en el hospital, la mayoría de ellas a personal del propio centro médico: 6 mil 387 exámenes en total. De ellos, 3 mil 829 al personal médico, enfermería o técnico, en los que hubieron 578 positivos. Mientras que a las personas que llegaron a ser revisadas, se les realizaron 2 mil 558 pruebas y mil 534 dieron positivo.

Con información de Animal Político

 

SCJN discutirá la despenalización del aborto en Veracruz

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Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar, por primera vez, que un Congreso estatal debe despenalizar el aborto, criminalizado en casi todo el país.

La Primera Sala de la SCJN discutirá un proyecto que respalda a un juez federal de Xalapa, en Veracruz, quien el año pasado resolvió un amparo en el que ordena al Congreso local reformar tres artículos del Código Penal porque criminalizan el aborto.

El proyecto, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, plantea que la actual legislación de Veracruz en materia de interrupción del embarazo es discriminatoria y obstaculiza los derechos de las mujeres. De aprobarse la propuesta por tres de los cinco ministros de la sala, sería la primera vez que la SCJN invalida el Código Penal de un estado por criminalizar el aborto.

Hasta el momento, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Renuncia Jiménez Espriú a la SCT por diferencias

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que Javier Jiménez Espriú deja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y será sustituido por el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal.

En un video difundido en sus redes sociales, López Obrador señaló que hubo una diferencia con Jiménez Espriú sobre la operación de los puertos y aduanas, porque el saliente secretario afirma que los puertos deben ser manejados por la dependencia, pero él cree que por la corrupción se necesita apoyo de la Secretaría de Marina.

“El ingeniero sostiene que los puertos deben de ser operados por la SCT y yo creo que por la circunstancia actual y últimamente también por la entrada de contrabando y droga necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad y protección”, señaló el mandatario mexicano.

“Agradecerle mucho al ingeniero Jiménez Espriú por su apoyo por su colaboración, va a ayudarnos ahora el ingeniero Jorge Arganis, es también ingeniero, cuidé que fuese ingeniero el que se hiciera cargo de la Secretaría porque durante mucho tiempo no eran ingenieros los secretarios”, indicó.

Por otro lado, el presidente reconoció que se requiere una reforma para militarizar las aduanas, por lo que por el momento, anunció que entrarán marinos retirados a aduanas y puertos.

Por su parte, Jiménez Espriú agradeció al político tabasqueño por haberle permitido acompañarlo en su Gobierno.

“Le agradezco también su comprensión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo y esta discrepancia. Yo sigo siendo fiel y leal a los propósitos de la Cuarta Transformación. Este propósito es muy loable y no se puede detener”, declaró en el video el ahora ex funcionario.

El ex titular de la SCT aseguró que ya no hay corrupción en la SCT.

“Me dio oportunidad de ingenierizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya no hay corrupción dentro de la SCT, cuando al principio estaba llena de podredumbre”.

Por su parte, el nuevo titular de la secretaría, señaló que los proyectos que lleva a cabo actualmente el gobierno van a ser un reactivado económico.

“Siento que por las circunstancias actuales y económicas, el desarrollo de infraestructura, mantenimiento y proyectos prioritarios como los del sureste son fundamentales para el desarrollo del país por la generación de empleo, la multiplicidad de industrias, va a ser un reactivado económico”, declaró Arganis Díaz, quien es ingeniero civil y fue director de Obras Públicas de la Ciudad de México durante la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno de la capital.

Diputada de Morena en la CDMX propone prohibir Airbnb

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La diputada local de la Ciudad de México, Leticia Estrada, propuso una nueva Ley de propiedad en condominio de inmuebles para la capital del país, en la que se busca prohibir la renta de espacios por Airbnb o por otras modalidades semejantes.

La iniciativa fue presenta el 15 de julio y en ella también establece que, en caso de que alguien incumpla con tal prohibición, se le podría imponer una sanción de 4 mil 344 a 26 mil 64 pesos.

Entre los argumentos de la diputada está que con su idea se busca “frenar los cambios en el destino de la vivienda, como los casos de renta por día, que son los denominados Airbnb”.

“Estos han instituido una nueva forma de hospedaje no regulada del todo pero que en los condominios afecta a las demás personas (…) pone en riesgo a las familias y sus bienes al introducir al condominio o unidad habitacional a personas extrañas sin más objetivo que el lucro o el esparcimiento sin límites”, se lee en la iniciativa de ley.

En su artículo 17, plantea: “Cada persona condóminos, y en general las y los habitantes del condominio, usarán su unidad de propiedad privativa en forma ordenada y tranquila. No podrán utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo autorizados ni hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la Escritura Constitutiva del Condominio”.

“En los inmuebles sujetos al régimen condominio, se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios en las unidades de propiedad privativa de uso habitacional, y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal como el que ofrecer la plataforma Air B & B u otras modalidades semejantes”, agrega.

De acuerdo con la propuesta, a los dueños que provoquen un daño patrimonial al condominio, mediquen el destino de la vivienda o invadan áreas comunes, “se les aplicará multa por el equivalente de 50 a 300 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente”, es decir, de 4 mil 344 a 26 mil 64 pesos.

Asimismo, en los inmuebles sujetos al régimen condominio, se prohibiría realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios en las unidades de uso habitacional.

La propuesta también plantea prohibir la realización de actividades que afectan la tranquilidad de los condóminos y poseedores y hacer obras en horario nocturno, o bien, trabajos de mantenimiento en fachadas, áreas verdes y exteriores sin que sean aprobados por una asamblea general.

La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.

 

Desconocían autoridades en España supuesto deterioro en la salud de Emilio Lozoya

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Fuentes de la Policía Nacional de España declararon a diversos medios mexicanos que desconocían que Emilio Lozoya Austin tuviera algún deterioro en su salud, como fue confirmado este viernes por un perito médico y un doctor privado solicitado por la familia del ex titular de Pemex. 

Las fuentes penitenciarias ibéricas revelaron que, si el detenido hubiera manifestado tener algún tipo de molestia física durante su traslado, hubiera sido llevado de inmediato a un centro médico, como indica la normativa española.

Explicaron que a todos los presos se les hace una revisión de su estado de salud desde el momento en que ingresan a prisión. Y que, a partir de entonces, tienen derecho a la atención médica cuando lo necesiten, o cuando lo pidan, puesto que hay doctores de manera permanente en las prisiones españolas, además de que quienes quieran tener asistencia médica privada dentro de prisión, también pueden solicitarlo.

Incluso, aseguraron que en el caso de que los internos requieran de tratamiento especializado se les traslada a un centro de salud fuera de la prisión o a un hospital.

Emilio Lozoya Austin arribó la madrugada de este viernes a la Ciudad de México, procedente de España, donde en febrero pasado fue detenido a petición de México, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

A su llegada a México, el ex director de Pemex fue trasladado a un hospital debido a problemas de salud, lo que fue ratificado por un médico de la propia familia del ex funcionario.

El perito médico de la Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, realizó la revisión física y médica correspondiente  del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital. La familia del extraditado pidió, y se le autorizó, que un médico particular hiciera también una revisión, en la que encontró los mismos síntomas. En razón de lo anterior, el MPF (Ministerio Público Federal) ordenó su traslado a un hospital”, informó la FGR en un comunicado.

El traslado de Lozoya ha sido cuestionado, pues se desconoce en qué consistió. Hay quienes dicen que del hangar de la FGR fue llevado al Reclusorio Norte y posteriormente enviado a un hospital al sur de la Ciudad.

Sin embargo, hay quienes aseguran que se fue al hospital privado directamente desde el hangar.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la audiencia inicial en contra del ex funcionario peñista sería a las 12 del día, cosa que aún no ha ocurrido.

(Fuente: El Mañanero Diario)

El Derecho a la Vivienda: El debate

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Las diputadas Martha Ávila y Valentina Batres del Congreso de la Ciudad de México, presentaron una Iniciativa para modificar el Código Civil de dicha entidad, cuya intención es dar frente a una problemática real y con efectos que serán exponencialmente mayores por la pandemia de COVID-19. Hay que recalcar que esta propuesta legislativa tiene como origen el esfuerzo de diversos activistas en materia de derechos humanos y colectivos como son la Coalición Internacional para el Hábitat, 06000 Plataforma Vecina, el Observatorio de la Colonia Juárez, entre otros. Ello, como bien plasma la iniciativa en su exposición de motivos, tiene como punto central el derecho a la vivienda, mismo se encuentra consagrado a nivel constitucional local en el artículo 9 apartado E; también y desde un plano internacional, la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales menciona que los Estados deberán tomar diversas medidas para poder ejercer plenamente el derecho a la vivienda, entre ellas, la iniciativa en cuestión hace énfasis en la seguridad jurídica, asequibilidad y gastos soportables, que al ser conjugados, nos permite garantizar una vivienda digna para todas las personas. 

El panorama mundial y nacional respecto a esta pandemia, nos ha obligado a tomar diversas medidas para mitigar sus efectos, entre ellas, el confinamiento y aislamiento social; sin embargo, ello presupondría que para tomar dichas medidas como “quedarse en casa” debemos analizar el estado que guarda el derecho a poder acceder a una casa. También, un gran problema que se añade a esta desigualdad de acceso, se encuentran los estragos económicos, ya que la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé un incremento del desempleo global entre 5.3 a 24.7 millones de personas y la disminución de ingresos, así como la incertidumbre económica y los efectos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, incrementado la pobreza y pobreza extrema a corto plazo. Es aquí donde radica la importancia de poner sobre la mesa una iniciativa de esta naturaleza,. 

Esta iniciativa modifica diversos artículos del Código Civil de la Ciudad de México en los cuales se propone, en primer término, reconocer una figura jurídica denominada “arrendamiento de vivienda” el cual es un contrato de arrendamiento pero con un fin social, ello para maximizar dicho derecho humano con alternativas jurídicas. Se establecen derechos del arrendatario haciendo énfasis en la seguridad jurídica de dicho contrato escrito; de igual manera, se contemplan mecanismos alternativos de solución de controversias sobre las condiciones que impidan el cumplimiento de un contrato para que pueda replantearse. 

Los tiempos actuales nos invitan reflexionar soluciones que puedan dar frente a las grandes dificultades, como son el acceso a derechos cuyo ejercicio se ve impedido aún más por este contexto. Por supuesto que las críticas y comentarios no se hicieron de esperar, generando que diversos sectores empresariales, políticos y de oposición de dicho partido proponente, califiquen la iniciativa como una medida “comunista” o que elimina la “propiedad privada”, sin embargo, considero sumamente grave que en lugar de reconocer un problema latente que afecta a miles de personas en la Ciudad de México, construir un producto legislativo de calidad y amplio, se prefiera simplemente el tergiversar y descalificar. Cualquier iniciativa es perfectible y habrá que ver el procedimiento legislativo y los comentarios que se realicen en la Comisión encargada de su Dictaminación, pero que no quede duda de la urgencia de soluciones, las dimensiones del problema y la necesidad de replantear figuras jurídicas con las necesidades y fenómenos sociales y económicos actuales, respetando en todo momento los derechos humanos y los principios constitucionales. Debate, dialogo y más debate. 

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